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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2025-00133-00

Fecha
17 de julio de 2026
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2025-00133-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra la sentencia proferida el 18 de septiembre de 2024 por el Tribunal Administrativo de Caquetá, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con radicado núm. 18001-33-33-002-2017-00869-02. SEGUNDO: CONDENAR en costas al recurrente, que serán liquidadas, en la medida de su comprobación, por la Secretaría de la Sección, teniéndose en cuenta 69 “Artículo 5. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: […] 9. Recursos extraordinarios. Entre 1 y 20 S.M.M.L.V. […]”. 70 “Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”. 26 Radicado: 11001-03-26-000-2025-00133-00 (73488) Recurrente: Wilson Hernán Bermeo Torres la fijación de agencias en derecho a favor de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares por un (1) salario mínimo mensual legal vigente. TERCERO: RECONOCER personería a la abogada Sandra Viviana Gutiérrez Torres, identificada con cédula de ciudadanía número 55.197.084 y portadora de la tarjeta profesional número 210.883, para que represente los intereses judiciales del recurrente, en los términos y para los efectos del poder que obra en el índice 37 de SAMAI. CUARTO: Ejecutoriada esta decisión, ARCHÍVESE el expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-26-000-2025-00133-00

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

17 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

MAGISTRADA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-26-000-2025-00133-00 (73488)
Recurrente: Wilson Hernán Bermeo Torres
Demandado: Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Referencia: Recurso extraordinario de revisión

TEMAS: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – procedencia – no es una instancia
adicional para reabrir aspectos debatidos y resueltos en el proceso inicial. CAUSALES – son
taxativas y de interpretación restrictiva. CAUSAL 5ª DEL ARTÍCULO 250 DEL CPACA - nulidad
originada en la sentencia que puso fin al proceso – presupuestos para su configuración.
NULIDAD ORIGINADA EN LA SENTENCIA POR FALTA DE CONGRUENCIA – se presenta
cuando existe disparidad protuberante entre lo pedido, lo debatido y lo probado. INDEBIDA
VALORACIÓN PROBATORIA Y FALSA MOTIVACIÓN – no configuran la causal de nulidad
originada en la sentencia. DECLARA INFUNDADO EL RECURSO – No se acredita la falta de
congruencia y la indebida valoración probatoria y falsa motivación no constituyen un vicio formal
de la sentencia. CONDENA EN COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO – Al declararse
infundado el recurso extraordinario de revisión, se condena en costas a la parte recurrente, de
conformidad con los artículos 188 del CPACA y 365.1 del CGP. Se fijan agencias en derecho a
favor de la entidad demandada, conforme al artículo 5 del Acuerdo PSAA16-10554 de 2016.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia1, el recurso extraordinario de revisión interpuesto
por Wilson Hernán Bermeo Torres contra la sentencia proferida el 18 de septiembre
de 2024 por el Tribunal Administrativo de Caquetá, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 18001-33-33-002-
2017-00869-02.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La Agencia Logística de las Fuerzas Militares adelantó un proceso de selección
abreviada de menor cuantía, con el objeto de contratar la adquisición de víveres
para los comedores de tropa y centros de abastecimiento y distribución de distintas
unidades militares, en el que participó como oferente Wilson Hernán Bermeo Torres,
propietario del establecimiento de comercio Súper Carnes Uno A.

1 Artículos 243, 243ª, 249 y 255 del CPACA. Al sub júdice le resultan aplicables las disposiciones

procesales vigentes para la fecha de presentación de la demanda de revisión, las cuales
corresponden a las contenidas en la Ley 1437 de 2011, modificada por la Ley 2080 de 2021, así
como a las disposiciones del C.G.P., en virtud de la integración normativa dispuesta por el artículo
306 del primero de los estatutos mencionados.

Radicado: 11001-03-26-000-2025-00133-00 (73488)
Recurrente: Wilson Hernán Bermeo Torres

Wilson Hernán Bermeo Torres presentó demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, con el fin de que se
declarara la nulidad del informe de reevaluación técnica de su oferta y de las
resoluciones que declararon desierto el proceso de selección y resolvieron el
recurso de reposición interpuesto contra dicha decisión, y que se condenara, a título
de restablecimiento del derecho, al pago de los perjuicios causados.

El 31 de marzo de 2023, el Juzgado Quinto Administrativo de Florencia accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, al declarar la nulidad de las
resoluciones acusadas y condenar al pago de una indemnización por pérdida de
oportunidad contractual. El 18 de septiembre de 2024, el Tribunal Administrativo del
Caquetá revocó parcialmente la decisión de primera instancia y, aunque mantuvo la
nulidad de los actos demandados, negó las pretensiones relacionadas con el
restablecimiento del derecho.

El demandante interpuso recurso extraordinario de revisión contra la sentencia
dictada por el Tribunal Administrativo de Caquetá, afirmando que se materializó la
causal 5ª del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, es decir, por “[e]xistir nulidad originada en la sentencia
que puso fin al proceso”. A su juicio, la sentencia cuestionada incurrió en: (i)
vulneración del principio de congruencia, (ii) indebida valoración de las pruebas y
(iii) falsa motivación.

II. ANTECEDENTES

1. El proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se profirió
la sentencia objeto de revisión

El recurrente narró que, en fecha indeterminada, la Agencia Logística de las Fuerzas
Militares invitó a presentar ofertas en el proceso de selección abreviada de menor
cuantía núm. 006-008 de 2017, con el objeto de contratar la adquisición de víveres
para los comedores de tropa y centros de abastecimiento y distribución de distintas
unidades militares ubicadas en Caquetá y Putumayo, dentro del cual participó como
oferente.

Sostuvo que, el 13 de febrero de 2017, la entidad contratante publicó el informe de
evaluación de las ofertas, en el cual su propuesta fue habilitada jurídica, financiera
y técnicamente. Sin embargo, el 27 de febrero siguiente expidió una reevaluación
técnica, en la que concluyó que su oferta no cumplía con el requisito relacionado
con el acta sanitaria del vehículo ofertado, debido a que el concepto favorable
aportado hacía referencia al transporte de productos cárnicos.

Informó que, mediante Resolución DR-037 de 27 de febrero de 2017, la entidad
declaró desierto el proceso de selección, al considerar que ninguno de los
proponentes cumplía con los requisitos técnicos exigidos en el pliego de condiciones

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Recurrente: Wilson Hernán Bermeo Torres

y, mediante la Resolución DR-123 de 12 de mayo de 2017, negó el recurso de
reposición interpuesto contra dicha decisión.

Afirmó que, por lo anterior, el 14 de noviembre de 2017, demandó en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho a la Agencia Logística
de las Fuerzas Militares, para que se declarara la nulidad del informe de
reevaluación técnica de su oferta, así como de las resoluciones mediante las cuales
se declaró desierto el proceso de selección y se resolvió el recurso de reposición
interpuesto contra dicha decisión, y se condenara a la entidad al pago de los
perjuicios ocasionados2.

Indicó que, mediante sentencia de 31 de marzo de 2023, el Juzgado Quinto
Administrativo de Florencia accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda,
declaró la nulidad de las resoluciones DR-037 de 27 de febrero de 2017 y DR-123
de 12 de mayo de 2017 y condenó a la entidad al pago de perjuicios derivados de
la no adjudicación del contrato, fijando la indemnización de la pérdida de la utilidad
con fundamento en criterios jurisprudenciales3.

Refirió que, el 21 de abril de 2023, la parte demandada apeló la decisión, con
fundamento en que el demandante conocía plenamente las condiciones y requisitos
previstos en el pliego del proceso de selección y que la decisión de declarar desierto
el proceso de selección obedeció al incumplimiento de las exigencias técnicas
relacionadas con el certificado sanitario del vehículo ofertado4.

Señaló que, el 14 de mayo de 2023, en su condición de demandante, interpuso
recurso de apelación contra la sentencia, al considerar que estaba acreditada la
utilidad esperada derivada de la adjudicación del contrato y que el juzgado omitió
valorar el dictamen pericial aportado para demostrar su cuantía5.

Explicó que, el 18 de septiembre de 2024, el Tribunal Administrativo del Caquetá
revocó parcialmente la sentencia de primera instancia, en el sentido de mantener la
nulidad de las resoluciones acusadas, al estimar que la entidad debió permitir la
subsanación de los requisitos habilitantes relacionados con el transporte. Sin
embargo, negó el restablecimiento del derecho, por cuanto no se acreditó que la
propuesta del demandante fuera la más favorable ni el valor de la utilidad dejada de
percibir6.

2 Índice 30 de SAMAI, Documento “49_MemorialWeb”, “ExpFisico”, “CuadPrinN°1”, “CuadPrinN°2” y

“CuadPrinN°3”, Págs. 1 a 36.
3 Índice 30 de SAMAI, Documento “49_MemorialWeb”, “ExpFisico”, “41SentenciaPrimeraInstancia”.
4 Índice 30 de SAMAI, Documento “49_MemorialWeb”, “ExpFisico”, “Aviso”, que remite al expediente

digital del Juzgado Quinto Administrativo de Florencia, índice 60 de SAMAI de proceso con radicado
núm. 18001-33-33-002-2017-00869-00.
5 Índice 30 de SAMAI, Documento “49_MemorialWeb”, “ExpFisico”, “Aviso”, que remite al expediente

digital del Juzgado Quinto Administrativo de Florencia, índice 62 de SAMAI del proceso con radicado
núm. 18001-33-33-002-2017-00869-00.
6 Índice 30 de SAMAI, Documento “49_MemorialWeb”, “ExpFisico”, “Aviso”, que remite al expediente

digital del Tribunal Administrativo del Caquetá, índice 11 de SAMAI del proceso con radicado núm.
18001-33-33-002-2017-00869-02.
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Radicado: 11001-03-26-000-2025-00133-00 (73488)
Recurrente: Wilson Hernán Bermeo Torres

2. El recurso extraordinario de revisión

El 29 de septiembre de 2025, Wilson Hernán Bermeo Torres interpuso el presente
recurso extraordinario de revisión contra la sentencia proferida el 18 de septiembre
de 2024 por el Tribunal Administrativo de Caquetá7.

Invocó la causal 5ª del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo (en lo sucesivo CPACA), es decir, “[e]xistir nulidad
originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso
de apelación”.

En sustento, afirmó que la sentencia recurrida incurrió en las siguientes
irregularidades, que la Sala sintetiza de la siguiente manera:

(i) Vulneración del principio de congruencia, al considerar que la providencia omitió
pronunciarse sobre la utilidad esperada derivada de la no adjudicación del contrato,
sin reconocer el mejor derecho que le asistía. Asimismo, sostuvo que existía
contradicción entre la parte motiva y resolutiva de la sentencia, porque, aunque
reconoció la subsanabilidad del requisito habilitante de su oferta y las falencias de
las demás propuestas, negó el restablecimiento del derecho bajo el argumento de
que no se acreditó cuál era la mejor oferta.

(ii) Indebida valoración probatoria. Al respecto, afirmó que se le impuso una carga
probatoria innecesaria, por cuanto, a su juicio, ya estaba demostrada la
inelegibilidad de las demás propuestas, lo que condujo a la vulneración de su
derecho al debido proceso.

(iii) Falsa motivación, al estimar que la negativa del restablecimiento del derecho se
sustentó en una premisa inexistente, consistente en exigir la comparación con
ofertas que, según el recurrente, eran inhábiles y, por tanto, no podían ser tenidas
en cuenta para determinar cuál era la propuesta más favorable para la
administración.

En consecuencia, solicitó que se revoque la sentencia recurrida, se declare fundada
la causal de revisión y se profiera sentencia sustitutiva que restablezca el derecho
del recurrente, condenando a la demandada al pago del restablecimiento del
derecho.

3. Contestación al recurso extraordinario de revisión

El 17 de septiembre de 2024 se admitió el recurso extraordinario de revisión y se
ordenó notificar a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, al Ministerio Público
y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado8.

7 Índice 2 de SAMAI, Documento “5_Demanda”.
8 Índice 4 de SAMAI, Documento “6Autoqueadmite”.

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Recurrente: Wilson Hernán Bermeo Torres

3.1. La Agencia Logística de las Fuerzas Militares indicó que el recurrente pretendía
reabrir el debate probatorio y cuestionar la valoración judicial efectuada en la
sentencia, sin haber acreditado en el proceso ordinario que su propuesta era la más
favorable para la administración, exigencia reiterada por la jurisprudencia del
Consejo de Estado para acceder al restablecimiento del derecho9.

3.2. La Procuraduría General de la Nación conceptuó que no se configuró la causal
invocada, por cuanto la sentencia cuestionada no incurrió en incongruencia ni en
falsa motivación, en la medida que el Tribunal explicó con suficiencia que la
irregularidad atribuida a la entidad demandada no eximía al demandante de
acreditar que su propuesta era la más favorable. En consecuencia, precisó que los
reparos formulados evidenciaban una discrepancia con la valoración judicial y no un
vicio de nulidad originada en la sentencia10.

3.3. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado guardó silencio.

III. CONSIDERACIONES

Para resolver el recurso extraordinario de revisión, la Sala abordará los siguientes
aspectos: (1) presupuestos procesales, (2) problema jurídico, (3) hechos probados,
(4) análisis de configuración de la causal de revisión extraordinaria, (5) conclusión,
(6) costas y (7) reconocimiento de personería.

1. Presupuestos procesales

1.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24911 del CPACA, en
concordancia con el artículo 1312 del Acuerdo 080 de 201913, modificado por el
artículo 1º del Acuerdo 434 de 202414, la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado es competente para resolver el recurso extraordinario de
revisión interpuesto contra la sentencia proferida en segunda instancia por el
Tribunal Administrativo de Caquetá.

9 Índice 15 y 16 de SAMAI, Documentos “20_Memorial” y “RECIBEMEMORIAL”.
10 Índice 13 de SAMAI, Documento “Memorial”.
11 “Artículo 249. Competencia. […] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas

proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo
de Estado según la materia. […]”.
12 “Artículo 13. Distribución de los procesos entre las secciones. Para efectos del reparto, los asuntos

de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones
atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: […] Sección Tercera: 10. El
recurso extraordinario de revisión contra las sentencias [...] dictadas por los tribunales
administrativos, en asuntos relacionados con la competencia de esta sección. […]”.
13 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
14 “Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se

le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90”.
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Recurrente: Wilson Hernán Bermeo Torres

1.2. De acuerdo con el artículo 24815 del CPACA, el presente recurso
extraordinario de revisión es procedente, toda vez que tiene por objeto la revisión
de una sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Caquetá que se
encuentra debidamente ejecutoriada.

1.3. Al tenor del artículo 25116 del CPACA, el recurso extraordinario de
revisión se formuló dentro del término legal, toda vez que: (i) el 8 de octubre de
2024 quedó ejecutoriada la sentencia recurrida (hecho probado 3.20.); y (ii) el 29 de
septiembre de 2025 el demandante interpuso el recurso extraordinario de revisión,
es decir, dentro del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia impugnada.

1.4. Wilson Hernán Bermeo Torres se encuentra legitimado en la causa para
interponer el recurso extraordinario de revisión, pues fungió como parte activa
en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho resuelta el 18 de
septiembre de 2024 por el Tribunal Administrativo de Caquetá.

2. Problema jurídico

De conformidad con los cargos expuestos en el recurso extraordinario de revisión,
corresponde a la Sala determinar si se configura la causal de revisión establecida
en el numeral 5° del artículo 250 del CPACA, esto es, si existe nulidad originada en
la sentencia proferida el 18 de septiembre de 2024 por el Tribunal Administrativo de
Caquetá por vulneración al principio de congruencia, indebida valoración probatoria
y falsa motivación.

3. Hechos probados

Con fundamento en las pruebas que obran en el expediente, se encuentran
acreditados los siguientes hechos relevantes para la decisión del presente asunto:

3.1. El 3 de enero de 2017, la Agencia Logística de las Fuerzas Militares invitó a
participar en el proceso de selección abreviada de menor cuantía núm. 006-008 de
2017, con el objeto de contratar víveres frescos y productos alimenticios para los
comedores de tropa y centros de abastecimiento y distribución de distintas unidades
militares ubicadas en Caquetá y Putumayo17.

3.2. El 6 de febrero de 2017, la entidad publicó el pliego de condiciones que, entre
otras condiciones, estableció: (i) el requisito técnico habilitante denominado

15 “Artículo 248. Procedencia. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias

ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos”.
16 “Artículo 251. Término para interponer el recurso. El recurso podrá interponerse dentro del año

siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia. […]”. Para las causales 1°, 2°, 5°, 6° y 8°, el
término para formular el recurso extraordinario de revisión es de un año, contado a partir de la
ejecutoria de la respectiva sentencia. Entonces, como en este asunto se invocó la causal 5°, los
recurrentes contaban con 1 año, una vez en firme la providencia objeto de censura.
17 Índice 30 de SAMAI, Documento “49_MemorialWeb”, “ExpFisico”, “CdF480CuadPricnipalnª3”,

“Parte 1”, Págs. 3 a 95, y “Parte 2”, Págs. 1 a 75.
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Recurrente: Wilson Hernán Bermeo Torres

“transporte”, consistente en que el oferente debía “presentar concepto favorable
sobre las condiciones higiénicas sanitarias de los vehículos expedida por la entidad
territorial de la salud […] [y] certificar que los vehículos solo son utilizados para el
transporte de alimentos”, con el fin de evitar riesgos de contaminación del producto;
y (ii) como factor técnico ponderable, la presentación de evidencia fotográfica del
sitio de fabricación y/o comercialización de los productos, que permitiera verificar,
entre otros aspectos, el personal manipulador y los vehículos transportadores.
Además, en la nota del numeral 6.8., dispuso que la ausencia de requisitos o
documentos no necesarios para la comparación de las propuestas no constituiría
causal de rechazo, por lo que aquellos que no afectaran la asignación de puntaje
podrían ser solicitados por la entidad en cualquier momento hasta la adjudicación18.

3.3. El 6 y 7 de febrero de 2017, Wilson Hernán Bermeo Torres -propietario del
establecimiento de comercio Súper Carnes Uno A-, MACS Comercializadora y
Distribuidora S.A.S. ,y Comercializadora Disfruver S.A.S. manifestaron su interés en
participar y, posteriormente, presentaron sus ofertas19.

3.4. El 13 de febrero de 2017, el comité evaluador determinó que: (i) las ofertas
presentadas por Wilson Hernán Bermeo Torres y por Comercializadora Disfruver
S.A.S. cumplían los requisitos jurídicos habilitantes, mientras que la de MACS
Comercializadora y Distribuidora S.A.S. debía subsanar el certificado de aportes
parafiscales20; y (ii) las propuestas de Wilson Hernán Bermeo Torres y de MACS
Comercializadora y Distribuidora S.A.S. satisfacían las exigencias técnicas del
proceso, a diferencia de la presentada por Comercializadora Disfruver S.A.S.,
respecto de la cual se otorgó un plazo para aportar la evidencia fotográfica del
producto y la ficha técnica de algunos productos que eran poco legibles 21.

3.5. El 13 de febrero de 2017, el comité evaluador presentó la evaluación financiera
en la cual indicó que las tres ofertas cumplían con los criterios exigidos22.

3.6. El 13 de febrero de 2017, el comité evaluador, al realizar la evaluación
económica de las ofertas, concluyó que la propuesta más favorable era la
presentada por Comercializadora Disfruver S.A.S., por cuanto obtuvo el menor
precio, no excedía el presupuesto oficial y ocupó el primer lugar en el orden de
elegibilidad, con un puntaje de 300 puntos23.

18 Índice 30 de SAMAI, Documento “49_MemorialWeb”, “ExpFisico”, “CdF480CuadPricnipalnª3”,
“Parte 3”, Págs. 79 a 98, y “Parte 4”, Págs. 1 a 64.
19 Índice 30 de SAMAI, Documento “49_MemorialWeb”, “ExpFisico”, “CdF480CuadPricnipalnª3”,

“Parte 4”, Pág. 65.
20 Índice 30 de SAMAI, Documento “49_MemorialWeb”, “ExpFisico”, “CdF480CuadPricnipalnª3”,

“Parte 4”, Págs. 67 a 69.
21 Índice 30 de SAMAI, Documento “49_MemorialWeb”, “ExpFisico”, “CdF480CuadPricnipalnª3”,

“Parte 4”, Págs. 78 y 79.
22 Índice 30 de SAMAI, Documento “49_MemorialWeb”, “ExpFisico”, “CdF480CuadPricnipalnª3”,

“Parte 4”, Pág. 86.
23 Índice 30 de SAMAI, Documento “49_MemorialWeb”, “ExpFisico”, “CdF480CuadPricnipalnª3”,

“Parte 4”, Pág. 87.
7

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Recurrente: Wilson Hernán Bermeo Torres

3.7. El 17 de febrero de 2017, MACS Comercializadora y Distribuidora S.A.S. y
Comercializadora Disfruver S.A.S. presentaron los documentos requeridos24.

3.8. El 20 de febrero de 2017, el comité evaluador presentó la reevaluación jurídica,
en la que señaló que MACS Comercializadora y Distribuidora S.A.S. había aportado
el documento solicitado, por lo que estaba habilitada jurídicamente25.

3.9. El 27 de febrero de 2017, el comité evaluador publicó la reevaluación técnica
del proceso realizada el 24 de febrero del mismo año y determinó que ninguno de
los proponentes cumplía las exigencias previstas en el pliego de condiciones. En
particular, señaló que: (i) respecto de Wilson Hernán Bermeo Torres, no cumplía
con el requisito de transporte, por cuanto el concepto favorable presentado estaba
referido únicamente al transporte de productos cárnicos; además, indicó que el
oferente no allegó evidencia fotográfica del personal manipulador, razón por la cual
el puntaje correspondiente a los factores técnicos ponderables fue reducido a 37,5
puntos; (ii) en relación con MACS Comercializadora y Distribuidora S.A.S., las
fotografías aportadas para el producto “galleta tipo leche” correspondían a una
presentación de 22 gramos, cuando el pliego requería 29 gramos; y (iii) frente a
Disfruver S.A.S., el queso doble crema allegado no correspondía al peso exigido de
1000 gramos ni era tajado, mientras que el gramaje de las galletas tipo leche no
coincidía con el solicitado y, además, en algunas fotografías no era posible
identificar el gramaje de los productos26.

3.10. El 27 de febrero de 2017, mediante Resolución DR-03727, la Agencia Logística
de las Fuerzas Militares declaró desierto el proceso de selección, al estimar que las
propuestas presentadas no cumplían las condiciones requeridas para su
adjudicación28.

3.11. El 13 de marzo de 2017, Wilson Hernán Bermeo Torres29 y MACS
Comercializadora y Distribuidora S.A.S.30, en su orden, interpusieron reposición
contra dicha decisión.

24 Índice 30 de SAMAI, Documento “49_MemorialWeb”, “ExpFisico”, “CdF480CuadPricnipalnª3”,

“Parte 4”, Pág. 109.
25 Índice 30 de SAMAI, Documento “49_MemorialWeb”, “ExpFisico”, “CdF480CuadPricnipalnª3”,

“Parte 4”, Págs. 102 y 103.
26 Índice 30 de SAMAI, Documento “49_MemorialWeb”, “ExpFisico”, “CdF480CuadPricnipalnª3”,

“Parte 4”, Págs. 104 a 106.
27 “Por la cual se declara desierto el proceso correspondiente a la selección abreviada de menor

cuantía núm. 006-008 de 2017”.
28 Índice 30 de SAMAI, Documento “49_MemorialWeb”, “ExpFisico”, “CdF480CuadPricnipalnª3”,

“Parte 4”, Págs. 107 a 111.
29 Índice 30 de SAMAI, Documento “49_MemorialWeb”, “ExpFisico”, “CdF480CuadPricnipalnª3”,

“Parte 5”, Págs. 44 a 65. Asimismo, allegó el acta de inspección sanitaria núm. 034 de 25 de agosto
de 2016, expedida por la Secretaría de Salud del Huila, mediante la cual se emitió concepto favorable
de aptitud sanitaria respecto del vehículo del recurrente para el transporte de productos alimenticios.
30 Índice 30 de SAMAI, Documento “49_MemorialWeb”, “ExpFisico”, “CdF480CuadPricnipalnª3”,

“Parte 5”, Págs. 25 a 41.
8

Radicado: 11001-03-26-000-2025-00133-00 (73488)
Recurrente: Wilson Hernán Bermeo Torres

3.12. El 12 de mayo de 2017, mediante las resoluciones DR-12331 y DR-12432, la
Agencia Logística de las Fuerzas Militares resolvió, respectivamente, los recursos
de reposición interpuestos y confirmó la decisión recurrida, al considerar que desde
la publicación del proyecto de pliego los oferentes tuvieron conocimiento de las
especificaciones técnicas exigidas para los productos objeto del proceso33.

3.13. El 14 de noviembre de 2017, Wilson Hernán Bermeo Torres presentó
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Agencia Logística de
las Fuerzas Militares, para que se declarara la nulidad del informe de reevaluación
técnica y de las resoluciones núms. DR-037 de 27 de febrero de 2017 y DR-123 de
12 de mayo de 2017, y se condenara al reconocimiento y pago de los perjuicios
causados34.

3.14. El 28 de agosto de 2018, la Agencia Logística de las Fuerzas Militares contestó
la demanda, se opuso a las pretensiones y propuso las excepciones de “inepta
demanda” y “caducidad […] frente al acto de trámite”. Argumentó que la demanda
era inepta, por cuanto pretendía la nulidad del informe de reevaluación técnica, que
constituía un acto de trámite, que, en todo caso, respecto de dicho acto había
operado la caducidad del medio de control35.

3.15. El 15 de enero de 2019, en audiencia inicial, el Juzgado Quinto Administrativo
de Florencia declaró: (i) no probada la excepción de inepta demanda, al considerar
que el informe acusado era un acto definitivo susceptible de control, en cuanto
definió que el demandante no cumplió con los requisitos exigidos para la
adjudicación del contrato; y (ii) probada la excepción de caducidad únicamente
respecto a dicho informe, al concluir que la demanda se presentó después de los
cuatro meses siguientes a su publicación. La demandada apeló esta decisión,
reiterando que se configuraba la inepta demanda al demandarse un acto de
trámite36.

3.16. El 18 de marzo de 2019, el Tribunal Administrativo de Caquetá confirmó la
decisión. Sostuvo que, si bien el informe de evaluación era un acto de trámite que
no podía ser objeto de control judicial, ello no configuraba la inepta demanda porque
las resoluciones acusadas eran actos definitivos. En consecuencia, precisó que “el
a quo puede seguir adelante con la actuación, sometiendo a control las

31 “Por la cual se resuelve un recurso de reposición [de] […] Wilson Hernán Bermeo Torres”.
32 “Por la cual se resuelve un recurso de reposición [de] […] MACS Comercializadora y Distribuidora

S.A.S.”.
33 Índice 30 de SAMAI, Documento “49_MemorialWeb”, “ExpFisico”, “CdF480CuadPricnipalnª3”,

“Parte 5”, Págs. 1 a 9.
34 Índice 30 de SAMAI, Documento “49_MemorialWeb”, “ExpFisico”, “CuadPrinN°1”, “CuadPrinN°2”

y “CuadPrinN°3”, Págs. 1 a 37.
35 Índice 30 de SAMAI, Documento “49_MemorialWeb”, “ExpFisico”, “CuadPrinN°3”, Págs. 48 a 71.
36 Índice 30 de SAMAI, Documento “49_MemorialWeb”, “ExpFisico”, “CuadPrinN°3”, Págs. 122 a

124.
9

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Recurrente: Wilson Hernán Bermeo Torres

Resoluciones núms. DR 037 de 27 de febrero de 2017 y DR 123 de 12 de mayo de
2017”37.

3.17. El 31 de marzo de 2023, el Juzgado Quinto Administrativo de Florencia
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, declaró la nulidad de las
referidas resoluciones por violación al debido proceso y falsa motivación y condenó
a la entidad al pago de perjuicios derivados de la no adjudicación del contrato. Como
fundamento, indicó que la entidad demandada rechazó injustificadamente la
propuesta del demandante al impedirle subsanar el requisito habilitante de
transporte, aun cuando era el único oferente que cumplía los requisitos jurídicos,
técnicos y financieros previstos en el pliego de condiciones. Asimismo, consideró
acreditada la pérdida de la utilidad esperada, aunque no su cuantificación, razón por
la cual fijó la indemnización con fundamento en criterios jurisprudenciales 38.

3.18. El 21 de abril de 2023, la parte demandada apeló la decisión. Indicó que el
demandante incumplió el requisito técnico de transporte exigido en el pliego de
condiciones y advirtió el riesgo de contaminación derivado del uso de un vehículo
no idóneo para el transporte de los productos. Asimismo, afirmó que la entidad actuó
conforme a los principios de selección objetiva, transparencia, economía y
legalidad39.

3.19. El 14 de mayo de 2023, la parte demandante interpuso apelación contra la
sentencia. Señaló que se encontraba acreditada la utilidad esperada y que el
juzgado omitió valorar integralmente el dictamen pericial allegado al proceso.
Expuso que este cumplía los requisitos legales y permitía determinar la utilidad con
base en la propuesta y la normativa aplicable. Concluyó que la jurisprudencia del
Consejo de Estado reconoce el derecho a obtener el 100% de la utilidad esperada
cuando esta puede establecerse con los elementos probatorios obrantes en el
expediente40.

3.20. El 18 de septiembre de 2024, el Tribunal Administrativo del Caquetá revocó
parcialmente la sentencia de primera instancia, en cuyo efecto mantuvo la decisión
de declarar la nulidad de las resoluciones demandadas y negó las demás
pretensiones del libelo. Consideró que, aunque el demandante no cumplió
oportunamente el requisito de transporte, la entidad vulneró el debido proceso al no
permitir su subsanación, aunque esta posibilidad estaba prevista en el pliego de
condiciones y la oferta había sido inicialmente considerada como habilitada. Sin
embargo, concluyó que las pretensiones relativas al restablecimiento del derecho

37 Índice 30 de SAMAI, Documento “49_MemorialWeb”, “ExpFisico”, “CuadPrinN°3”, Págs. 133 a

138.
38 Índice 30 de SAMAI, Documento “49_MemorialWeb”, “ExpFisico”, “41SentenciaPrimeraInstancia”.
39 Índice 30 de SAMAI, Documento “49_MemorialWeb”, “ExpFisico”, “Aviso”, que remite al expediente

digital del Juzgado Quinto Administrativo de Florencia, índice 60 de SAMAI de proceso con radicado
núm. 18001-33-33-002-2017-00869-00.
40 Índice 30 de SAMAI, Documento “49_MemorialWeb”, “ExpFisico”, “Aviso”, que remite al expediente

digital del Juzgado Quinto Administrativo de Florencia, índice 62 de SAMAI del proceso con radicado
núm. 18001-33-33-002-2017-00869-00.
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Recurrente: Wilson Hernán Bermeo Torres

no estaban llamadas a prosperar, dado que no se encontraba acreditada que la
propuesta fuera la más favorable ni que el demandante ocupara el primer lugar en
el orden de elegibilidad, pues la oferta de menor valor correspondía a
Comercializadora Disfruver S.A.S. En consecuencia, concluyó que la ilegalidad de
la declaratoria de desierto no implicaba por sí sola el reconocimiento de perjuicios,
al no demostrarse que el demandante habría resultado adjudicatario del contrato.

3.21. El 8 de octubre de 2024 quedó ejecutoriada la sentencia proferida el 18 de
septiembre de 2024 por el Tribunal Administrativo de Caquetá41.

4. Análisis de configuración de la causal de revisión extraordinaria

La Sala anticipa que declarará infundado el recurso extraordinario de revisión
formulado por Wilson Hernán Bermeo Torres contra la sentencia proferida el 18 de
septiembre de 2024 por el Tribunal Administrativo de Caquetá, con fundamento en
la causal consagrada en el numeral 5° del artículo 250 del CPACA, por las razones
que se explican a continuación:

4.1. El recurso extraordinario de revisión constituye una excepción al principio de
inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas que hacen tránsito a cosa juzgada.
Por tal razón, el legislador estableció de manera taxativa las causales que habilitan
la procedencia de este medio de impugnación, a efectos de prevenir un uso indebido
que lleve a un nuevo debate probatorio o interpretativo.

Así, el recurso extraordinario de revisión, cuya naturaleza en realidad es la de ser
una acción autónoma del proceso que da lugar a ella, no tiene como finalidad
corregir errores in iudicando, ni puede fundamentarse en las mismas pruebas que
sirvieron de base para la decisión que puso fin al proceso. Para la corrección de
estos errores existen los recursos ordinarios dentro del respectivo proceso.

Asimismo, se advierte que la revisión extraordinaria no está concebida como un
mecanismo para subsanar errores, omisiones o estrategias deficientes de los
sujetos procesales, ocurridas durante el proceso inicial u ordinario, de manera que
no puede ser utilizada para corregir negligencias ni para reabrir un debate judicial
que ya ha sido resuelto conforme a derecho.

Por el contrario, la acción de revisión tiene como propósito el examen de hechos
nuevos que impactan la decisión adoptada y afectan el sentido de justicia que de
ella emana. Dado que esta acción incide en la certeza jurídica derivada de la cosa
juzgada, su carácter es no solo extraordinario, sino también restrictivo, ya que solo
procede en los eventos y por las causales expresamente señaladas en la ley, sin
posibilidad de invocar otras distintas.

41 Índice 30 de SAMAI, Documento “49_MemorialWeb”, “ExpFisico”, “Aviso”, que remite al expediente

digital del Tribunal Administrativo del Caquetá, índice 14 de SAMAI del proceso con radicado núm.
18001-33-33-002-2017-00869-02.
11

Radicado: 11001-03-26-000-2025-00133-00 (73488)
Recurrente: Wilson Hernán Bermeo Torres

Esta taxatividad resulta justificada, pues la acción de revisión es un mecanismo
excepcional que permite modificar providencias protegidas por el principio de cosa
juzgada. En consecuencia, las causales previstas para su procedencia deben ser
aplicadas e interpretadas de manera estricta, restrictiva o restringida, garantizando
que su utilización responda únicamente a los supuestos contemplados por la norma
y evitando que se convierta en una instancia adicional de impugnación. En este
sentido, la Corte Constitucional ha señalado que “las causales previstas para la
revisión deben ser aplicadas e interpretadas en sentido restringido”42.

En la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el artículo 248 del CPACA
dispone la procedencia del recurso extraordinario de revisión contra las sentencias
ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los tribunales
administrativos y por los jueces administrativos.

A su turno, las causales de revisión se encuentran dispuestas en el artículo 250 del
CPACA y, en lo que atañe a providencias que impongan al tesoro público o a fondos
de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o
pensiones de cualquier naturaleza, en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

Por su parte, el artículo 252 del CPACA pone de manifiesto el carácter restrictivo y
formalista de este recurso extraordinario y exige que su interposición se realice
mediante un escrito que contenga la indicación razonada de la causal invocada y
una exposición clara de los hechos u omisiones que sustentan su configuración.
Esto impone una carga argumentativa y formal significativa sobre quien impugna
una decisión en firme. Tales exigencias responden a la necesidad de delimitar con
precisión el objeto del recurso, permitir el adecuado ejercicio del derecho de
contradicción y restringir el análisis del juez de la revisión extraordinaria, pues se
reitera que este recurso no constituye una nueva oportunidad para replantear el
debate probatorio o jurídico en términos amplios, sino un mecanismo excepcional y
limitado, condicionado al cumplimiento estricto de los requisitos legales, lo cual
refuerza su naturaleza extraordinaria dentro del sistema procesal.

4.2. En el presente caso, el recurrente fundamentó su solicitud en la causal prevista
en el numeral 5º del artículo 250 del CPACA, la cual establece como motivo de
revisión la existencia de una nulidad originada en la sentencia que puso fin al
proceso y contra la que no procede recurso de apelación.

Esta causal impone acreditar: (i) que la revisión se formule contra una sentencia43;
(ii) que la sentencia ponga fin al proceso, de manera que contra ella no proceda el

42 Corte Constitucional, Sentencia C-520 de 2009.
43 En la jurisprudencia de la Corporación no existe unanimidad respecto a estos dos primeros
elementos, pues mientras que un sector acepta la procedencia del recurso extraordinario de revisión
contra autos que pongan fin al proceso, la postura mayoritaria se inclina por mantener la procedencia
del recurso exclusivamente respecto de sentencias, al tenor de lo previsto en el artículo 248 del
CPACA. Ver, al respecto: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección

12

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Recurrente: Wilson Hernán Bermeo Torres

recurso de apelación; y (iii) que el vicio alegado haya surgido en la propia decisión
judicial o que se haya materializado en el momento en que se profirió la providencia
y no en una etapa previa del proceso. Además, la irregularidad debe ser de tal
gravedad que configure un defecto insubsanable en la actuación, de manera que,
de no haberse producido dicho yerro, la decisión adoptada habría sido
sustancialmente distinta44.

Sobre el particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado45 ha indicado que las nulidades procesales no pueden confundirse con las
que tienen origen en la sentencia, pues las primeras se estructuran en los supuestos
taxativos del artículo 133 del Código General del Proceso (en lo sucesivo CGP), al
paso que las segundas, al no estar determinadas por la ley, deben interpretarse
restrictivamente bajo unos presupuestos fácticos específicos que la jurisprudencia
de esta Corporación ha puntualizado y que, por regla general, no comprenden
nulidades procesales acaecidas en una etapa previa a la sentencia.

En ese sentido, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado, a modo
enunciativo, los siguientes eventos que pueden encuadrarse en la causal 5ª de
revisión: (i) que el juez resuelva asuntos sobre los cuales carece de jurisdicción o
de competencia; (ii) que, sin actuación alguna, el juez dicte nuevo fallo en proceso
que terminó normalmente por sentencia en firme; (iii) que sin más actuación, el juez
profiera sentencia después de ejecutoriado el auto que aceptó el desistimiento,
aprobó la transacción o declaró la perención del proceso; (iv) que el juez dicte el
fallo sin el trámite previo correspondiente; (v) cuando el demandado es condenado
por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido o causa diferente a la
invocada en la demanda; (vi) cuando el juez condena a quien no ha sido parte en el
proceso; (vii) cuando, sin más actuación, el juez profiere sentencia después de
ocurrida la interrupción o suspensión del proceso, o antes de la oportunidad debida;
(viii) cuando la sentencia aparece suscrita por un número mayor o menor de los
magistrados que debieron haberlo hecho; (ix) cuando la sentencia fue adoptada con
un número de votos diferente del previsto en la ley; (x) cuando la sentencia carece
completamente de motivación; o (xi) cuando la sentencia carece de congruencia
interna o externa46.

Además, esta Corporación47 ha precisado que pueden surgir otras situaciones que

Tercera, Subsección C, sentencia del 10 de marzo de 2025, 11001-03-26-000-2022-00121-00
(68506).
44 Entre otras decisiones: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección

Tercera, Subsección C, sentencia del 30 de septiembre de 2019, Rad. No. 11001-03-26-000-2018-
00084-00.
45 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 26 de febrero de

2013, Rad. No. 11001-23-15-000-2008-01289-00.
46 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias del 20 de octubre de

2009 y del 26 de febrero de 2013, Rad. Nos. 11001-03-15-000-2003-00133-00 y 11001-23-15-000-
2008-01289-00, respectivamente; y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de abril de 2015, Rad. No. 20001-23-31-000-2001-
01278-02.
47 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 26 de febrero de

2013, Rad. No. 11001-23-15-000-2008-01289-00.
13

Radicado: 11001-03-26-000-2025-00133-00 (73488)
Recurrente: Wilson Hernán Bermeo Torres

generan nulidad en la sentencia, particularmente aquellas que tienen su génesis en
la vulneración del artículo 29 de la Constitución Política. En este sentido, ha
señalado que la violación al debido proceso en el fallo habilita la formulación del
recurso extraordinario de revisión por la causal 5ª del artículo 250 del CPACA,
siempre y cuando su motivación revele la inobservancia de aspectos procesales
trascendentales y no cualquier falencia relacionada con la fundamentación o con la
valoración probatoria de la providencia. También, por ejemplo, cuando se profiere
sentencia inhibitoria sin fundamento válido, caso en el cual debe estudiarse si la
decisión se encuentra justificada o no, de acuerdo con las particularidades del caso
concreto.

Al respecto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de
unificación48, recordó que, tratándose de la causal de nulidad originada en la
sentencia, los supuestos definidos tradicionalmente por la jurisprudencia de esta
Corporación como constitutivos de nulidades originadas en sentencia no son
taxativos. Asimismo, estableció que en los eventos en que el recurso extraordinario
de revisión va dirigido contra un fallo inhibitorio, en aras de hacer efectivos los
derechos a la tutela judicial efectiva, al acceso a la administración de justicia y al
debido proceso, el juez debe verificar que este se encuentre debidamente
justificado, mediante criterios de ponderación, proporcionalidad y adecuación a
cada caso, teniendo en cuenta el cumplimiento de los fines funcionales del derecho,
por parte de la providencia revisada.“[L]o que significa que la violación a tales
preceptos cuando se expide un fallo inhibitorio injustificado también configura la
causal de revisión alegada [250.5 del CPACA]”.

Igualmente, en algunos casos se ha aceptado como configurativa de la causal 250.5
del CPACA la nulidad procesal ocurrida antes de la expedición de la sentencia,
siempre y cuando esta no haya podido ser advertida por el recurrente durante el
curso del proceso. Sin embargo, en este caso, la parte actora debe probar que
efectivamente no tuvo la posibilidad de proponer la nulidad en el curso del proceso 49,
evitándose con ello que la revisión extraordinaria se convierta en un mecanismo
para que las partes puedan subsanar sus omisiones.

Dicho de otra manera, el Consejo de Estado ha señalado que pueden dar lugar a
un defecto insaneable derivado de la sentencia50 aquellas irregularidades que
constituyen causal de nulidad del proceso y que solo pudieron ser advertidas en la
sentencia, así como los vicios que contiene la propia sentencia y que pueden derivar

48 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 8 de mayo de

2018, Rad. No.11001-03-15-000-1998-00153-01(REV).
49 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 6, sentencia de 17 de marzo de 2025, Rad. No.

11001-03-15-000-2024-04477-00.
50 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 26, sentencias del 3 de febrero de 2015, Rad.

Nos.11001-03-15-000-1998-00157-01 y 11001-03-15-000-2011-01639-00; Consejo de Estado, Sala
Especial de Decisión 22, sentencia del 2 de febrero de 2016, Rad. No. 11001-03-15-000-2015-
02342-00; y Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 2, sentencia del 1° de octubre de 2019,
Rad. No. 11001-03-15-000-2013-02216-00.
14

Radicado: 11001-03-26-000-2025-00133-00 (73488)
Recurrente: Wilson Hernán Bermeo Torres

en la vulneración del artículo 29 superior51.

Lo anterior, estaría referido a las causales de nulidad procesal previstas en el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo o en el
Código General del Proceso, siempre y cuando solo hayan podido advertirse en la
sentencia, así como a la inobservancia de aspectos procesales de tal
transcendencia que tengan impacto en la garantía del debido proceso 52, lo que
excluye la posibilidad de plantear en sede de revisión extraordinaria
cuestionamientos atinentes al contenido de la motivación, a la valoración de las
pruebas o a la forma de aplicación de una determinada norma.

4.3. En el asunto de la referencia, se encuentra acreditado que, con ocasión de la
declaratoria de desierto del proceso de selección abreviada de menor cuantía núm.
006-008 de 2017 adelantado por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares,
Wilson Hernán Bermeo Torres ejerció el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho para que se declarara la nulidad del informe de
reevaluación técnica y de las resoluciones DR-037 de 27 de febrero de 2017 y DR-
123 de 12 de mayo de 2017, y se condenara a la entidad al pago de los perjuicios
derivados de la no adjudicación del contrato (hechos probados 3.1. a 3.13.).

En el curso del trámite, el Juzgado Quinto Administrativo de Florencia accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda y, al resolver los recursos de
apelación interpuestos por ambas partes, el Tribunal Administrativo del Caquetá
revocó parcialmente la decisión de primera instancia, mantuvo la nulidad de los
actos demandados y negó el restablecimiento del derecho (hechos probados 3.17.
a 3.20.).

Así las cosas, el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra la sentencia
proferida el 18 de septiembre de 2024 por el Tribunal Administrativo del Caquetá se
dirige, efectivamente, contra la providencia que puso fin al proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho y respecto de la cual no procede recurso de apelación.

En consecuencia, de conformidad con la demanda de revisión extraordinaria, resta
determinar si se configura la causal 5ª de revisión por nulidad originada en la
sentencia por falta de congruencia, indebida valoración probatoria y falsa
motivación. Al respecto, el recurrente reprocha que la decisión enjuiciada vulnera el
principio de congruencia, porque omitió pronunciarse sobre la utilidad esperada
derivada de la no adjudicación del contrato y presenta contradicción entre su parte
motiva y resolutiva, en la medida que, aunque reconoció la subsanabilidad de su
oferta y las falencias de las demás, negó el restablecimiento del derecho por no
acreditarse la mejor oferta. Asimismo, sostiene que la sentencia recurrida incurre en

51 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 16 de julio de 2007, Rad. No.

11001-03-15-000-2007-00653-00. Se toma el resumen de la causal contenido en el Rad. No. 11001-
03-15-000-2013-00702-00 y reiterado en la sentencia del 1° de noviembre de 2016 proferida por la
Sala Especial de Decisión 10, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-00230-00.
52 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 15, sentencia del 5 de noviembre de 2019, Rad.

No. 11001-03-15-000-2018-01415-00.
15

Radicado: 11001-03-26-000-2025-00133-00 (73488)
Recurrente: Wilson Hernán Bermeo Torres

indebida valoración de las pruebas, porque se le impuso una carga probatoria
innecesaria al exigirle demostrar aspectos ya acreditados, y adolece de falsa
motivación, por cuanto la decisión se habría fundado en una premisa inexistente al
exigir la comparación con ofertas que consideraba inhábiles.

4.3.1. Frente al primer cargo atinente a la congruencia de la decisión recurrida,
es necesario precisar que el recurrente ejerció el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho el 14 de noviembre de 2017 (hecho probado 3.8.),
razón por la cual el proceso se rigió por las disposiciones del CPACA y el CGP,
aplicables por la integración normativa del artículo 306 del CPACA. Luego, el
análisis subsiguiente estará guiado por los referidos estatutos procesales.

Así, de conformidad con el artículo 281 del CGP, la sentencia debe estar en
consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las
demás oportunidades que el código contempla y con las excepciones que
aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley. Igualmente, esta
normativa prohíbe condenar al demandado por cantidad superior o por objeto
distinto del pretendido en la demanda, o por causa diferente a la invocada. Sin
embargo, cuando lo pedido por el demandante excede lo probado, el inciso 3º ibid.
ordena que el reconocimiento atienda únicamente a aquello que quedó plenamente
demostrado.

A su turno, el artículo 320 del CGP indica que el recurso de apelación tiene por
objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los
reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o
reforme la decisión. Asimismo, el artículo 328 del CGP preceptúa que “el juez de
segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos
por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio” y, por lo
tanto, el superior no puede enmendar la providencia en la parte que no fue objeto
del recurso, salvo que en razón de la reforma sea indispensable hacer
modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquella. No obstante,
cuando ambas partes apelan, el superior está facultado para resolver sin
limitaciones. Adicionalmente, el juez de segunda instancia debe ceñirse al principio
de non reformatio in pejus, en virtud del cual no puede agravar, empeorar o
desmejorar la situación definida mediante la sentencia de primera instancia a favor
del apelante único.

Así las cosas, al momento de dictar sentencia, el juez debe salvaguardar la unidad
temática entre lo solicitado en la demanda, los fundamentos fácticos y jurídicos que
originan la controversia, y la respectiva contestación. Además, en segunda
instancia, deberá atender lo dispuesto en relación con el recurso de apelación.

En este sentido, el principio de congruencia emerge como una garantía procesal
que delimita el ejercicio de las facultades jurisdiccionales y, por tanto, la decisión
del juez. Esta congruencia de la providencia debe ser interna y externa. La primera,
se relaciona con la armonía entre los considerandos y la parte resolutiva del fallo,
16

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Recurrente: Wilson Hernán Bermeo Torres

mientras que la segunda responde a la concordancia entre la decisión contenida en
la parte resolutiva de la sentencia y lo pretendido por las partes en la demanda y en
el escrito de contestación.

La falta de congruencia habilita la formulación del recurso extraordinario de revisión
y, siempre que se encuentre acreditada, es razón suficiente para infirmar la decisión
censurada, toda vez que la consonancia del fallo se constituye como garantía del
derecho fundamental al debido proceso de las partes en el desarrollo del trámite
judicial.

Empero, no cualquier reparo sobre este aspecto estructura una nulidad de la
sentencia, pues se exige que la disparidad entre lo pedido, lo debatido y lo probado
sea protuberante, a tal punto que no exista justificación objetiva y relacionada con
las materias medulares del proceso53. Por ejemplo, dicha irregularidad se configura
cuando el demandado resulta condenado por cantidad superior a la pedida, es decir
ultra petita, por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente
a la invocada en esta, esto es extra petita, o cuando se omite el pronunciamiento
sobre una de las pretensiones, lo que resulta infra o minus petita54.

4.3.2. Descendiendo al caso concreto, se advierte que en la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho el recurrente formuló dos pretensiones. La primera, de
carácter declarativo, para que se declarara la nulidad del informe de reevaluación
técnica de 24 de febrero de 2017 y de las resoluciones DR-037 de 27 de febrero de
2017 y DR-123 de 12 de mayo de 2017, expedidas por la Agencia Logística de las
Fuerzas Militares. La segunda pretensión, de índole condenatoria, tuvo por objeto
el pago del 25 % del valor total de la oferta presentada, a título de utilidad esperada
dejada de percibir por la no adjudicación del contrato, junto con el pago de la
indexación y los intereses legales respectivos (hecho probado 3.13.).

Al respecto, se advierte que durante el trámite del proceso se concluyó que el
informe de reevaluación técnica constituía un acto de trámite no susceptible de
control judicial, razón por la cual el análisis se circunscribió a la legalidad de las
referidas resoluciones (hechos probados 3.15. y 3.16.).

En sentencia de primera instancia, el Juzgado Quinto Administrativo de Florencia,
por un lado, accedió parcialmente a las pretensiones y declaró la nulidad de las

53 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Decisión,

sentencias del 7 de abril de 2015 y del 2 de febrero de 2016, Rad. Nos. 11001-03-15-000-2013-
00358-00 y 11001-03-15-000-2015-02342-00; Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sala 27 Especial de Decisión, sentencia del 3 de marzo de 2020, Rad. No. 11001-
03-15-000-2019-03970-00; y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, sentencia del 16 de agosto de 2002, Rad. No. 76001-23-24-000-1997-43-45-01.
54 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 25 Especial de Decisión.

Sentencia de 4 de agosto de 2023. Rad No. 11001-03-15-000-2022-04218-00; Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 11 de
diciembre de 2024, Rad. No. 11001-03-26-000-2023-00116-00; y Consejo de Estado, Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo, Sala 20 Especial de Decisión, sentencia del 3 de marzo de 2025, Rad.
No. 11001-03-15-000-2023-04267-00.
17

Radicado: 11001-03-26-000-2025-00133-00 (73488)
Recurrente: Wilson Hernán Bermeo Torres

resoluciones por violación del debido proceso y falsa motivación. Como sustento,
señaló que la entidad rechazó injustificadamente la propuesta de Wilson Hernán
Bermeo Torres, al no permitirle subsanar el requisito habilitante relacionado con el
transporte, aun cuando no incidía en la asignación de puntaje y a que el demandante
era el único oferente que cumplía los requisitos jurídicos, técnicos y financieros
previstos en el pliego de condiciones.

Por otra parte, frente a las pretensiones condenatorias, consideró acreditado el
perjuicio derivado de la no adjudicación del contrato y la consecuente pérdida de
oportunidad de obtener la utilidad esperada; sin embargo, al estimar que el dictamen
pericial aportado carecía de la objetividad e idoneidad suficientes para determinar
su cuantificación, fijó la indemnización por lucro cesante con fundamento en criterios
jurisprudenciales y reconoció a favor del demandante el 5% del valor de la oferta
(hecho probado 3.17.).

La entidad demandada se alzó contra la referida sentencia, indicando que el
demandante conocía las condiciones previstas en el pliego de condiciones, pero no
acreditó el cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos, particularmente el
relacionado con el acta de inspección sanitaria del vehículo. Sostuvo que la
declaratoria de desierto obedeció a dicho incumplimiento y al riesgo de
contaminación derivado del uso de un vehículo no idóneo para el transporte de los
productos requeridos, por lo que la entidad actuó conforme a los principios de
selección objetiva, transparencia, economía y legalidad (hecho probado 3.18).

El demandante apeló la valoración de los perjuicios, argumentando que la
indemnización por la no adjudicación del contrato debía equivaler al 100% de la
utilidad esperada. Alegó la validez y suficiencia del dictamen pericial, por haber sido
rendido por auxiliar de la justicia idónea, sin objeciones ni solicitudes de aclaración,
y cuestionó que el a quo le restara mérito sin advertir irregularidades en su práctica
o contradicción. De manera subsidiaria, solicitó que la indemnización se fijara
conforme al criterio jurisprudencial equivalente al valor de la garantía de seriedad
de la oferta (hecho probado 3.19.).

En respuesta al desarrollo procesal antes descrito, mediante sentencia de segunda
instancia de fecha 18 de septiembre de 2024, el Tribunal Administrativo de Caquetá
revocó parcialmente la decisión del a quo, en el sentido de mantener la nulidad de
las resoluciones demandadas y negar las pretensiones condenatorias de la
demanda (hecho probado 3.20.). Consideró que la declaratoria de desierto de un
proceso de selección constituye una decisión motivada que solo procede cuando
existen causas objetivas que impiden la escogencia de la oferta más favorable para
la administración, de conformidad con el numeral 18 del artículo 2555 de la Ley 80

55 “Artículo 25.- Del Principio de Economía. Reglamentado por el Decreto Nacional 287 de 1996. En

virtud de este principio: […] 18. La declaratoria de desierta de la licitación o concurso únicamente
procederá por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva y se declarará en acto
administrativo en el que se señalarán en forma expresa y detallada las razones que han conducido
a esa decisión”.
18

Radicado: 11001-03-26-000-2025-00133-00 (73488)
Recurrente: Wilson Hernán Bermeo Torres

de 199356. Asimismo, señaló que, conforme a la jurisprudencia del Consejo de
Estado57 sobre el parágrafo 1.º del artículo 558 de la Ley 1150 de 200759, la
posibilidad de subsanar una oferta depende de si el requisito asigna puntaje o no,
de manera que aquellos aspectos que no inciden en la calificación pueden ser
requeridos y acreditados posteriormente.

En ese contexto, advirtió que el numeral 6.8. del pliego de condiciones 60 permitía
solicitar, incluso hasta la adjudicación, la subsanación de requisitos que no
afectaran la asignación de puntaje, como el relacionado con la aptitud sanitaria del
vehículo y su destinación exclusiva al transporte de alimentos. Por ello, concluyó
que la irregularidad no radicó en la omisión inicial del requisito habilitante, sino en
que la entidad excluyó injustificadamente la propuesta del demandante y declaró
desierto el proceso el mismo día en que publicó la reevaluación técnica, sin otorgar
la oportunidad de subsanar las observaciones formuladas.

Además, indicó que esta conclusión cobraba mayor relevancia porque, en la
evaluación técnica inicial, el comité evaluador había considerado que Wilson Hernán
Bermeo Torres cumplía los requisitos habilitantes exigidos en el pliego de
condiciones y porque las observaciones formuladas posteriormente frente a MACS
Comercializadora y al demandante no habían sido advertidas en esa primera
evaluación. Así, estimó que, de no haberse declarado desierto el proceso de manera
inmediata, los tres oferentes habrían podido subsanar las observaciones y continuar
participando en el trámite contractual.

Sin embargo, el Tribunal precisó que no se acreditó que la propuesta de Wilson
Hernán Bermeo Torres fuera la más favorable para la administración. Al respecto,
explicó que, según la evaluación económica, la oferta de menor valor correspondía
a Comercializadora Disfruver SAS, seguida por MACS Comercializadora y,
finalmente, la del demandante. Asimismo, destacó que, en la evaluación técnica, a
la propuesta de Wilson Hernán Bermeo Torres se le disminuyó en 12,5 puntos el
factor ponderable relacionado con la evidencia fotográfica, debido a que las
imágenes aportadas únicamente permitían verificar el establecimiento de comercio

56 Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
57 Citó “Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia de 26 de febrero de 2014.

Expediente: 25.804. Consejero Ponente: Enrique Gil Botero”.
58 “Artículo 5. De la selección objetiva. […] Parágrafo 1. La ausencia de requisitos o la falta de

documentos referentes a la futura contratación o al proponente, no necesarios para la comparación
de las propuestas no servirán de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. En
consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de puntaje,
deberán ser solicitados por las entidades estatales y deberán ser entregados por los proponentes
hasta el término de traslado del informe de evaluación que corresponda a cada modalidad de
selección […]”.
59 Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de

1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos.
60 “La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al

proponente, no necesarios para la comparación de las propuestas no servirán de título suficiente
para el rechazo de los ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la
propuesta que no afecten la asignación de puntaje, podrán ser solicitados por la entidad en cualquier
momento o hasta la adjudicación”.
19

Radicado: 11001-03-26-000-2025-00133-00 (73488)
Recurrente: Wilson Hernán Bermeo Torres

y el vehículo transportador, sin incluir el personal manipulador, conforme lo exigía
el pliego de condiciones.

Además, sostuvo que en el expediente no obraban la totalidad de las ofertas de los
demás proponentes ni otros elementos de prueba que permitieran establecer cuál
era la mejor propuesta. En ese orden, explicó que no bastaba con demostrar la
ilegalidad de la declaratoria de desierto para acceder al reconocimiento de
perjuicios, por cuanto correspondía al demandante acreditar que su oferta era la
mejor y que, por tanto, debía ser adjudicatario del contrato.

Textualmente la providencia sostuvo que “no es posible afirmar, como se determinó
en primera instancia, que el ofrecimiento más favorable era el del demandante
Wilson Hernán Bermeo Torres – Super Carnes Uno A, pues conforme al criterio
establecido, no basta con demostrar la ilegalidad de la declaratoria de desierta de
la licitación para que prospere una indemnización por perjuicios, toda vez que es
indispensable que el demandante acredite que su propuesta era la mejor y que, por
ende, debió ser seleccionada durante el proceso”.

Así las cosas, la decisión recurrida se apartó de lo considerado en primera instancia
y resolvió el caso concreto bajo los siguientes razonamientos:

“En relación con lo expuesto, se observa que, respecto de la reevaluación técnica,
debió brindarse a los oferentes la oportunidad de subsanar los requisitos habilitantes.
Esta consideración es aún más relevante cuando el requisito señalado respecto de
MACS Comercializadora y Wilson Hernán Bermeo Torres no fue advertido en la
primera evaluación técnica. Así, de no haberse declarado desierto el proceso el
mismo día de la reevaluación técnica, los 3 oferentes habrían tenido la posibilidad de
subsanar las observaciones y continuar participando en el proceso de selección. Ello,
considerando que de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones,
numeral 6.852, los oferentes podían subsanar las ofertas hasta la adjudicación y
«todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de puntaje,
podrán ser solicitados por la entidad en cualquier momento o hasta la adjudicación».

Amén de lo anterior, conforme la evaluación económica, se evidencia que Wilson
Hernán Bermeo Torres no ocupaba el primer lugar, ya que la oferta de menor valor
fue presentada por Comercializadora Disfruver SAS, seguida por MACS
Comercializadora y, finalmente, la oferta de Wilson Hernán Bermeo Torres […].

Igualmente, es importante destacar que tal como se indicó en la sentencia de primera
instancia, frente a la reducción de los puntos en el factor técnico ponderable, se indicó:

“Al consultar el Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP-, se constata
que en la propuesta presentada por el señor Wilson Hernán Bermeo Torres, el día 13
de febrero de 2017 a las 08:46:48 a.m., se adjuntó el factor técnico ponderable sitio
de comercialización, donde se registran fotografías solamente del establecimiento de
comercio y del vehículo marca Chevrolet con placas TBS-338, no del personal
manipulador”.

Por lo que, respecto a los factores ponderables, lo cuales no eran subsanables, el
cuadro se mantiene como se plasmó en la reevaluación técnica, así:

FACTORES PONDERABLES
20

Radicado: 11001-03-26-000-2025-00133-00 (73488)
Recurrente: Wilson Hernán Bermeo Torres

N° Documento Ofertante N°. 1. Oferente N°. 2 Ofertante N°. 3
Comercializadora […] [Wilson Comercializadora
Disfruver S.A.S. Hernán Bemeo y Distribuidora
Torres] S.A.S.
1 Evidencia fotográfica del 50 37.5. 50
sitio de fabricación y/o
comercialización de los
productos objeto de la
presente convocatoria,
donde se pueda verificar
[…] personal manipulador,
almacenamiento, vehículos
transportadores, (mínimo 6
fotografías a todo color).
2 Oficio de la empresa donde 50 50 50
certifique la vinculación de
un Profesional o técnico
orientado al Sector de
Alimentos,
PUNTAJE TOTAL 100 87.5 100

Así mismo, se destaca que dentro del acervo probatorio recaudado en el presente
proceso no se evidencia que se haya aportado la totalidad de las propuestas de los
demás oferentes ni otros elementos de prueba que en efecto permitan corroborar o
determinar cuál era la propuesta más favorable a la administración”.

A partir de lo anterior, el Tribunal coincidió en que se debía declarar la nulidad de
las resoluciones que declararon desierto el proceso de selección, porque la entidad
demandada impidió la subsanación de requisitos habilitantes que no incidían en la
asignación de puntaje; sin embargo, sostuvo que no se acreditó que la propuesta
de Wilson Hernán Bermeo Torres fuera la más favorable para la administración ni
que debiera ser adjudicatario del contrato. En consecuencia, negó el reconocimiento
de perjuicios derivados de la no adjudicación, al establecer que el demandante no
cumplió con la carga de demostrar que su oferta era la mejor, razón por la cual
revocó parcialmente la sentencia de primera instancia y negó las pretensiones
condenatorias de la demanda.

En línea con lo expuesto, la Sala encuentra que el cargo planteado no está llamado
a prosperar, toda vez que en la sentencia controvertida fue resuelta íntegramente la
litis planteada, incluidas las distintas pretensiones del libelo introductorio, con
independencia de que lo decidido respecto de algunas de ellas no favoreciera a la
parte actora. A su vez, se aprecia coherencia entre el análisis y las consideraciones
esbozadas por el ad quem en la parte motiva y las determinaciones adoptadas en
la parte resolutiva.

Ahora bien, dado que el reparo central del recurrente radica en que, además de la
prosperidad de la pretensión declarativa, se encontraba demostrado que su oferta
era la más favorable y, por ende, debía reconocerse la utilidad esperada derivada
de la no adjudicación del contrato, resulta necesario precisar que la declaratoria de
nulidad de las resoluciones acusadas no comporta, por sí sola, el reconocimiento
automático de los perjuicios reclamados, porque la ley garantiza la indemnización
21

Radicado: 11001-03-26-000-2025-00133-00 (73488)
Recurrente: Wilson Hernán Bermeo Torres

de los perjuicios causados, siempre y cuando se demuestren los hechos que
sustentan la pretensión salvo en los casos en que se presume su existencia61.

Así, si bien el Tribunal Administrativo de Caquetá concluyó que la entidad
demandada incurrió en una irregularidad al declarar desierto el proceso sin permitir
la subsanación de requisitos habilitantes que no incidían en la asignación de
puntaje, también estableció, con fundamento en el material probatorio obrante en el
expediente, que no se acreditó que la propuesta del demandante fuera la más
favorable para la administración ni que, en consecuencia, debiera ser adjudicatario
del contrato. Contrario a lo sostenido por el recurrente, el Tribunal no declaró la
inelegibilidad ni las falencias de las demás propuestas, sino que advirtió la falta de
elementos de juicio suficientes para determinar cuál de ellas era la más favorable.

En ese orden, se recuerda que el inciso 3° del artículo 281 del CGP62 ordena que el
reconocimiento de perjuicios debe atender únicamente a aquello que quedó
plenamente demostrado en el expediente. Entonces, bajo este escenario normativo
resulta equivocada la interpretación del recurrente al suponer que, acreditada la
ilegalidad de las resoluciones acusadas y aun la eventual subsanabilidad de su
oferta, el juez debía acceder a la totalidad de las condenas solicitadas, máxime
cuando además correspondía demostrar que su propuesta ocupaba el primer lugar
en el proceso de selección.

En efecto, aunque la declaración judicial de nulidad habilita la posibilidad de
reconocer perjuicios, ello no releva al demandante de la carga de probar, no solo su
existencia y cuantía, sino también los supuestos fácticos que sirven de fundamento
a la indemnización reclamada, particularmente, que su oferta era la mejor y que, de
no haberse presentado la irregularidad, el contrato le habría sido adjudicado.

Sobre este punto, el Tribunal fue enfático en señalar que la evaluación económica
ubicaba la oferta del demandante en el último lugar, por debajo de las presentadas
por los demás proponentes, y que, además, en la evaluación técnica su propuesta
había sufrido una disminución en el puntaje de los factores ponderables no
subsanables. Adicionalmente, advirtió la ausencia en el expediente de la totalidad
de las propuestas y de otros elementos probatorios idóneos para determinar con
certeza cuál era la oferta más favorable, lo que impedía concluir que el actor tuviera
un mejor derecho a la adjudicación.

En tales condiciones, la Sala advierte que no se configura la alegada contradicción
entre la parte motiva y la resolutiva de la providencia recurrida, en la medida que el
reconocimiento de la irregularidad en la declaratoria de desierto y la consecuente
nulidad de las resoluciones acusadas no resultan incompatibles con la negativa del

61 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias de 8

febrero de 2001 y del 20 de noviembre de 2008, Rad. Nos. 20001-23-31-000-1995-2313-01 y 05001-
23-26-000-1992-01369-01; y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección C, sentencia de 16 de junio de 2025, Exp. 69975.
62 “Artículo 281. Congruencias. […] Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le

reconocerá solamente lo último […]”.
22

Radicado: 11001-03-26-000-2025-00133-00 (73488)
Recurrente: Wilson Hernán Bermeo Torres

restablecimiento del derecho, fundada precisamente en la falta de acreditación de
los presupuestos necesarios para ello.

Así las cosas, ante la ausencia de elementos probatorios que permitieran establecer
que la propuesta del demandante era la más favorable para la administración y que,
por ende, tenía un derecho cierto a la adjudicación del contrato, se imponía la
decisión denegatoria de las pretensiones indemnizatorias.

En consecuencia, queda evidenciado que el Tribunal Administrativo de Caquetá
examinó las pretensiones formuladas, valoró el acervo probatorio y adoptó una
decisión coherente con sus conclusiones, garantizando plenamente el principio de
congruencia, aun cuando, por falta de demostración de los perjuicios alegados y de
sus presupuestos, negó el reconocimiento de las condenas reclamadas.

Por todo lo expuesto, el cargo atinente a la vulneración del principio de congruencia
no está llamado a prosperar.

4.3.3. En lo que atañe al argumento relativo a la indebida valoración de las
pruebas por parte del Tribunal Administrativo de Caquetá, en cuanto el
recurrente sostiene que se le exigió demostrar que su oferta era la más favorable
aun cuando ya estaba acreditada la inelegibilidad de las demás propuestas, cabe
aclarar que esta Corporación ha insistido en que es improcedente, con fundamento
en la causal 5ª de revisión, alegar situaciones relacionadas con la estimación errada
de los hechos por parte del juez, los medios probatorios allegados al proceso o las
normas jurídicas aplicadas, o con la falta de consideración de alguna de las pruebas,
porque, de admitir tales reclamaciones, se desconocería abiertamente el carácter
extraordinario del recurso, convirtiéndolo en una instancia adicional del proceso
ordinario63.

Debe tenerse en cuenta que, independientemente del camino interpretativo
escogido por el juez, la apreciación o valoración probatoria que se efectúe en la
sentencia no puede ni debe considerarse como violación al debido proceso, salvo
que se trate de una evidente arbitrariedad o de una ausencia total de motivación.
Ello es así, porque dicho análisis es una actividad propia de la labor de juzgamiento
del fallador de instancia, que se encuentra amparada por los principios de
autonomía e independencia del juez natural de la causa, sana crítica y cosa
juzgada64.

63 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 20 de octubre de

2009, Rad. No. 2003-00133-00; reiterada en sentencia del 7 de mayo de 2013, Rad. No. 2003-00858-
01.
64 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias del 11 de octubre de

2005 y del 20 de octubre de 2009 Rad. Nos. 2003-00794-01 y 2003-00133-00, respectivamente;
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 27 Especial de Decisión,
sentencia del 3 de febrero de 2015, Rad. No. 2012-01026-00; Consejo de Estado, Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, Sala 13 Especial de Decisión, sentencia del 7 de abril de 2015, Rad.
No. 2013-02724-00; y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección B, sentencia del 30 de julio de 2015, Rad. No. 2002-00975-01.
23

Radicado: 11001-03-26-000-2025-00133-00 (73488)
Recurrente: Wilson Hernán Bermeo Torres

En esa misma línea, conviene precisar que la causal 5ª de revisión no constituye un
mecanismo destinado a reabrir el debate probatorio ni a sustituir el juicio valorativo
efectuado por el juez natural de la controversia. Su finalidad se circunscribe a
corregir vicios procesales de tal entidad que comprometan la validez misma de la
sentencia, mas no a revisar el acierto o desacierto de las conclusiones alcanzadas
a partir del material probatorio recaudado. De allí que la inconformidad de una de
las partes con la forma en que el juzgador ponderó las pruebas o con las inferencias
que extrajo de ellas no pueda erigirse, por sí sola, en una violación del debido
proceso susceptible de ser examinada mediante el recurso extraordinario de
revisión. Admitir lo contrario implicaría desdibujar los límites propios de este medio
excepcional de impugnación y desconocer la estabilidad de las decisiones judiciales
ejecutoriadas, permitiendo que cuestiones ya definidas en el proceso ordinario
fueran nuevamente sometidas a consideración del juez de revisión.

Vistas así las cosas, lo que realmente plantea el recurrente es su discrepancia con
la conclusión del Tribunal en cuanto a que no se acreditó que su oferta fuera la más
favorable, al considerar que los elementos de juicio obrantes en el expediente eran
suficientes para demostrar lo contrario, lo cual escapa al ámbito del recurso
extraordinario de revisión.

En suma, no es dable controvertir por vía del recurso extraordinario de revisión, ni
con fundamento en la causal 5ª del artículo 250 del CPACA, las razones del fallo ni
la apreciación que de los hechos y de las pruebas haya efectuado la autoridad
competente65.

4.3.3. Finalmente, en lo que respecta al cargo de falsa motivación, fundado en
que, en sentir del recurrente, la sentencia recurrida concluyó que no se acreditó que
su propuesta fuera la más favorable bajo la premisa de que resultaba indispensable
allegar y comparar ofertas previamente calificadas como inhábiles dentro del
proceso de selección, la jurisprudencia de esta Corporación ha considerado que la
falsa motivación no responde a las hipótesis legales o jurisprudenciales que podrían
viciar de nulidad la providencia que puso fin al proceso66.

En efecto, la Sala Plena del Consejo de Estado ha señalado que la carencia total
de motivación constituye una irregularidad sustancial que puede considerarse
nulidad originada en la sentencia, no así la falsa motivación, resaltando que esta

65 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 11 de octubre de

2005, Rad. No. 2003-00676-01; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección C, sentencia del 16 de agosto de 2018, Rad. No. 2007-00107-01; y Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 14 de
junio de 2019, expediente 43992.
66 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Quince Especial de

Decisión, sentencia de 5 de junio de 2018. Rad. No. 11001-03-15-000-2011-01409-00.
24

Radicado: 11001-03-26-000-2025-00133-00 (73488)
Recurrente: Wilson Hernán Bermeo Torres

última no constituye una irregularidad que origine la citada nulidad67 y, en tal sentido,
no configura la causal 5ª de revisión extraordinaria del artículo 250 del CPACA68.

El argumento expuesto por el recurrente se dirige, en realidad, a cuestionar las
razones que llevaron al juez de segunda instancia a concluir que no se acreditó que
su propuesta fuera la más favorable para la administración. En ese sentido, la Sala
observa que su inconformidad recae sobre la valoración jurídica y probatoria
efectuada en la sentencia recurrida, así como sobre los criterios empleados para
negar el restablecimiento del derecho, aspectos que corresponden al análisis de
fondo de la controversia y no a una nulidad originada en la sentencia.

De conformidad con lo anterior, y siguiendo la línea jurisprudencial consolidada de
la Corporación, de acuerdo con la cual los reparos relativos a la falsa motivación de
la decisión no configuran la causal de nulidad originada en la sentencia, se concluye
que tampoco prospera este argumento de la demanda de revisión extraordinaria,
toda vez que en la providencia recurrida el tribunal expuso razonadamente los
motivos que fundamentaron la decisión. Lo que evidencia la censura formulada es
la discrepancia del recurrente con el razonamiento adoptado por el juez de segunda
instancia; sin embargo, el recurso extraordinario de revisión no constituye una
instancia adicional para replantear el debate jurídico o probatorio definido en la
sentencia objeto de revisión, ni permite reabrir la discusión sobre hechos y aspectos
ya dilucidados con fuerza de cosa juzgada.

En consecuencia, comoquiera que no se configuran los presupuestos de la causal
5ª del artículo 250 del CPACA, planteada por el recurrente, la Sala declarará
infundado el recurso extraordinario de revisión.

5. Conclusión

La Sala consideró que no se configura la causal de revisión establecida en el
numeral 5º del artículo 250 del CPACA, es decir, no existe nulidad originada en la
sentencia proferida el 18 de septiembre de 2024 por el Tribunal Administrativo de
Caquetá, que revocó parcialmente la sentencia de primera instancia.

Lo anterior, en la medida en que el juzgador de segunda instancia respetó el marco
de juzgamiento conferido por la ley y acató plenamente el principio de congruencia,
sin que sea procedente enjuiciar en sede de revisión extraordinaria el análisis y la
valoración probatoria efectuada por el juez natural de la causa, ni alegar falsa
motivación con fundamento en la discrepancia frente a las razones de la decisión.

67 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 3 de febrero de

2015. C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, Rad. No. 2009 – 00494.
68 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión núm.

6, sentencia de 28 de junio de 2022. C.P. Nicolás Yepes Corrales, Rad. No. 11001-03-15-000-2016-
03673-00. “lo que la jurisprudencia ha entendido que configura la causal de nulidad originada en la
sentencia es la falta de motivación y no la falsa motivación, pues el recurso extraordinario de revisión
no plantea un juicio de validez y/o legalidad sobre la decisión judicial, de manera que en este proceso
no es procedente entrar a establecer si las motivaciones de los fallos resultan veraces o adecuadas”.
25

Radicado: 11001-03-26-000-2025-00133-00 (73488)
Recurrente: Wilson Hernán Bermeo Torres

6. Costas

Teniendo en cuenta que el recurso extraordinario de revisión se formuló con
posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 2080 de 2021, debe darse aplicación
al texto del CPACA con la modificación introducida por dicha ley.

El inciso final del artículo 255 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 70
de la Ley 2080 de 2021, dispone que, si se declara infundado el recurso
extraordinario de revisión, se condenará en costas y perjuicios a la parte recurrente.

Bajo ese entendido, esta Subsección condenará en costas a la parte recurrente y
ordenará a la Secretaría de la Sección Tercera que proceda con la respectiva
liquidación, ejercicio que tendrá que observar las reglas prescritas en los artículos
365 y 366 del Código General del Proceso.

En lo atinente a las agencias en derecho, y al encontrarse acreditada la labor
defensiva en la que incurrió la Agencia Logística de las Fuerzas Militares (apartado
3.1.), la Sala impondrá condena por este concepto por la suma equivalente a 1
salario mínimo legal mensual vigente, en favor de esa entidad, de conformidad con
lo establecido en el artículo 569 del Acuerdo No. PSAA16-10554 de 201670.

7. Reconocimiento de personería

En atención al memorial visible en el índice 37 de SAMAI, por cumplir los requisitos
legales previstos en el artículo 74 del CGP, la Sala reconocerá personería a la
abogada Sandra Viviana Gutiérrez Torres, identificada con cédula de ciudadanía
número 55.197.084 y portadora de la tarjeta profesional número 210.883 del
Consejo Superior de la Judicatura, para representar judicialmente a Wilson Hernán
Bermeo Torres, en los términos y para los fines del poder conferido.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto contra la sentencia proferida el 18 de septiembre de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Caquetá, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con radicado núm. 18001-33-33-002-2017-00869-02.

SEGUNDO: CONDENAR en costas al recurrente, que serán liquidadas, en la
medida de su comprobación, por la Secretaría de la Sección, teniéndose en cuenta

69 “Artículo 5. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: […] 9. Recursos extraordinarios. Entre

1 y 20 S.M.M.L.V. […]”.
70 “Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”.

26

Radicado: 11001-03-26-000-2025-00133-00 (73488)
Recurrente: Wilson Hernán Bermeo Torres

la fijación de agencias en derecho a favor de la Agencia Logística de las Fuerzas
Militares por un (1) salario mínimo mensual legal vigente.

TERCERO: RECONOCER personería a la abogada Sandra Viviana Gutiérrez
Torres, identificada con cédula de ciudadanía número 55.197.084 y portadora de la
tarjeta profesional número 210.883, para que represente los intereses judiciales del
recurrente, en los términos y para los efectos del poder que obra en el índice 37 de
SAMAI.

CUARTO: Ejecutoriada esta decisión, ARCHÍVESE el expediente.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrado Magistrada

SLAL/HASH

27

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