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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2024-00165-00

Fecha
17 de julio de 2026
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2024-00165-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Juan Bautista Jaramillo Rudas contra la sentencia proferida el 6 de julio de 2022 por el Tribunal Administrativo del Magdalena, dentro del proceso de reparación directa identificado con radicado núm. 47001-33-33-002-2016-00112- 00/01. 54 “Artículo 255. Sentencia. Artículo modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021. […] Si se declara infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios al recurrente”. 55 “Artículo 5. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: […] 9. Recursos extraordinarios. Entre 1 y 20 S.M.M.L.V. […]”. 56 “Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”. 19 Radicado: 11001-03-26-000-2024-00165-00 (72213) Recurrente: Juan Bautista Jaramillo Rudas SEGUNDO: CONDENAR en costas al recurrente, que serán liquidadas, en la medida de su comprobación, por la Secretaría de la Sección, teniéndose en cuenta la fijación de agencias en derecho a favor de la Nación – Fiscalía General de la Nación por un (1) salario mínimo mensual legal vigente. TERCERO: Ejecutoriada esta decisión, ARCHÍVESE el expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-26-000-2024-00165-00

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

17 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

MAGISTRADA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-26-000-2024-00165-00 (72213)
Recurrente: Juan Bautista Jaramillo Rudas
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión

TEMAS: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – procedencia – no es una instancia
adicional para reabrir aspectos debatidos y resueltos en el proceso inicial. CAUSALES – son
taxativas y de interpretación restrictiva. CAUSAL 5ª del ARTÍCULO 250 DEL CPACA – nulidad
originada en la sentencia que puso fin al proceso – presupuestos para su configuración. FALTA
DE COMPETENCIA. Se requiere que el vicio se concrete en el fallo que puso fin al proceso y
no en etapas anteriores. FALTA DE CONGRUENCIA - se presenta cuando existe disparidad
protuberante entre lo pedido, lo debatido y lo probado. DECLARA INFUNDADO EL RECURSO
– la eventual falta de competencia no se originó en la sentencia, sino desde el auto que admitió
la demanda. Además, el fallo de segunda instancia observó los limites trazados por el recurso
de apelación. CONDENA EN COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO – Al declararse infundado
el recurso extraordinario de revisión, se condena en costas a la parte recurrente. Asimismo, se
fijan agencias en derecho en cuantía equivalente a un (1) SMLMV a favor de la entidad
demandada, en atención a la labor defensiva acreditada en el proceso.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia1, el recurso extraordinario de revisión interpuesto
por Juan Bautista Jaramillo Rudas contra la sentencia proferida el 6 de julio de 2022
por el Tribunal Administrativo del Magdalena, dentro del proceso de reparación
directa identificado con radicado núm. 47001-33-33-002-2016-00112-00/01.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Juan Bautista Jaramillo Rudas, sindicado del delito de tráfico, fabricación o porte de
estupefacientes, fue privado de la libertad en el marco de un proceso penal
adelantado en su contra, que culminó con sentencia absolutoria. Al considerar
injusta dicha medida, promovió, junto con los integrantes de su núcleo familiar,
demanda de reparación directa contra la Nación – Fiscalía General de la Nación.

En primera instancia, el Juzgado 2° Administrativo del Circuito de Santa Marta
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda; sin embargo, en segunda

1 Artículos 243, 243ª, 249 y 255 del CPACA. Al sub júdice le resultan aplicables las disposiciones

procesales vigentes para la fecha de presentación de la demanda de revisión extraordinaria -4 de
abril de 2024-, las cuales corresponden a las contenidas en la Ley 1437 de 2011, modificada por la
Ley 2080 de 2021, así como a las disposiciones del C.G.P., en virtud de la integración normativa
dispuesta por el artículo 306 del primero de los estatutos mencionados.

Radicado: 11001-03-26-000-2024-00165-00 (72213)
Recurrente: Juan Bautista Jaramillo Rudas

instancia, el Tribunal Administrativo del Magdalena revocó dicha decisión y negó las
súplicas del libelo introductorio, al estimar que la imposición de la medida de
aseguramiento cumplió con los requisitos legales.

Juan Bautista Jaramillo Rudas presentó recurso extraordinario de revisión contra la
sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del Magdalena, con fundamento en
la causal 5ª del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (en lo sucesivo, CPACA), es decir, “[e]xistir nulidad
originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso
de apelación”. A juicio del recurrente, el ad quem: (i) carecía de competencia para
conocer del asunto en segunda instancia; y (ii) vulneró el principio de congruencia.

II. ANTECEDENTES

1. El proceso de reparación directa en el que se profirió la sentencia objeto de
revisión

Juan Bautista Jaramillo Rudas, sindicado del delito de tráfico, fabricación o porte de
estupefacientes, narró que fue privado de la libertad durante 42 meses, en el marco
de un proceso penal seguido en su contra, el cual concluyó con sentencia
absolutoria.

Sostuvo que el 11 de marzo de 2016, junto con los integrantes de su grupo familiar,
ejerció el medio de control de reparación directa contra la Nación – Fiscalía General
de la Nación, con el fin de que se declarara su responsabilidad por la restricción de
la libertad que padeció y se condenara al pago de los perjuicios correspondientes2.

Señaló que, mediante sentencia del 15 de diciembre de 2020, el Juzgado 2°
Administrativo del Circuito de Santa Marta declaró administrativamente responsable
a la entidad demandada y ordenó el reconocimiento de perjuicios morales y
materiales, al considerar que la medida de aseguramiento se impuso sin el
cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 356 de la Ley 600 de 20003.

Afirmó que el 20 de enero de 2021 la Nación – Fiscalía General de la Nación
interpuso recurso de apelación contra dicha decisión, en el que argumentó haber
actuado conforme a lo dispuesto en el artículo 250 de la Constitución Política y a la

2 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado B5DDA5B008FA5EB6
9FEA4AB6DBFAAC57 55BF41D775069B0C B2D8D41E4569B837, ubicado en el índice 2 de
SAMAI, link OneDrive, archivo “02. Expediente Digit […]” páginas 133 a 163.
3 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado B5DDA5B008FA5EB6

9FEA4AB6DBFAAC57 55BF41D775069B0C B2D8D41E4569B837, ubicado en el índice 2 de
SAMAI, link OneDrive, archivo “06. Fallo […]”.

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Recurrente: Juan Bautista Jaramillo Rudas

luz de la Ley 600 de 20004. Agregó que, en la misma fecha, también apeló la
sentencia del a quo, reprochando el reconocimiento y la tasación de los perjuicios5.

Aseguró que el 6 de julio de 2022 el Tribunal Administrativo del Magdalena revocó
la decisión de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda,
al concluir que la privación de la libertad se ajustó a las exigencias legales6.

2. El recurso extraordinario de revisión

El 4 de abril de 2024, Juan Bautista Jaramillo Rudas formuló recurso extraordinario
de revisión contra la sentencia proferida el 6 de julio de 2022 por el Tribunal
Administrativo del Magdalena7.

Invocó la causal 5ª del artículo 250 del CPACA, es decir, “[e]xistir nulidad originada
en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación”.

Adujo que la providencia cuestionada se encuentra viciada de nulidad por: (i) falta
de competencia, en tanto el proceso debió ser conocido en primera instancia por el
Tribunal Administrativo del Magdalena y, en segunda instancia, por el Consejo de
Estado, conforme a lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 270 de 1996 y en la
jurisprudencia de esta Corporación; y (ii) vulneración del principio de congruencia,
al haberse proferido una decisión fundada en argumentos que no fueron planteados
en el recurso de apelación de la Fiscalía General de la Nación.

En consecuencia, solicitó infirmar el fallo enjuiciado.

3. Contestación al recurso extraordinario de revisión

El 6 de noviembre de 2025 se admitió el recurso extraordinario de revisión y se
ordenó notificar a la parte demandada, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado8.

3.1. El Ministerio Público solicitó declarar infundado el recurso, al considerar que: (i)
el artículo 73 de la Ley 270 de 1996 estuvo vigente hasta el 2 de julio de 2012, fecha

4 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado B5DDA5B008FA5EB6
9FEA4AB6DBFAAC57 55BF41D775069B0C B2D8D41E4569B837, ubicado en el índice 2 de
SAMAI, link OneDrive, carpeta “09. Recurso de apelación […]” y archivo “APELACIÓN – JUAN […]”.
5 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado B5DDA5B008FA5EB6

9FEA4AB6DBFAAC57 55BF41D775069B0C B2D8D41E4569B837, ubicado en el índice 2 de
SAMAI, link OneDrive, carpeta “10. Apelación […]” y archivo “CONSEJO […]”.
6 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado B5DDA5B008FA5EB6

9FEA4AB6DBFAAC57 55BF41D775069B0C B2D8D41E4569B837, ubicado en el índice 2 de
SAMAI, link OneDrive, archivo “13. 2016-112 RD […]”.
7 Documento contenido en el expediente digital con certificado BF8BA1291A793E10
7FBB1C1297D04256 DE326ABADBA7BE84 F8F90A2D1D22A3E3, ubicado en el índice 11 de
SAMAI de la segunda instancia del proceso de reparación directa.
8 Documento contenido en el expediente digital con certificado 264241BFF26712DC
1F1C61E6EFD44BD9 3D22EA83314D4B4E E48453E433FFD4EF, ubicado en el índice 11 de
SAMAI. En principio, el recurso fue inadmitido mediante auto del 5 de septiembre de 2025.

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Recurrente: Juan Bautista Jaramillo Rudas

en la cual entró a regir el CPACA, de modo que, dado que la demanda de reparación
directa fue presentada en el año 2016, dicha disposición no resultaba aplicable al
caso objeto de estudio; y (ii) las consideraciones expuestas por el Tribunal
Administrativo del Magdalena guardaron correspondencia con los razonamientos
propuestos en el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la
Nación9.

3.2. La Nación – Fiscalía General de la Nación sostuvo que no se configuró la causal
de revisión invocada y que, en realidad, se pretendía utilizar este mecanismo
extraordinario como una instancia adicional del proceso de reparación directa10.

3.3. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado guardó silencio.

III. CONSIDERACIONES

Para resolver el recurso extraordinario de revisión, la Sala abordará los siguientes
aspectos: (1) presupuestos procesales, (2) problema jurídico, (3) hechos probados,
(4) análisis de configuración de la causal de revisión extraordinaria, (5) conclusión
y (6) costas.

1. Presupuestos procesales

1.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24911 del CPACA, en
concordancia con el artículo 1312 del Acuerdo 080 de 201913, modificado por el
artículo 1º del Acuerdo 434 de 202414, la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado es competente para resolver el recurso extraordinario de
revisión interpuesto contra la sentencia proferida en segunda instancia por el
Tribunal Administrativo del Magdalena.

1.2. De acuerdo con el artículo 24815 del CPACA, el presente recurso
extraordinario es procedente, toda vez que tiene por objeto la revisión de una

9 Documento contenido en el expediente digital con certificado 3482B8445FC5CC8D
716CD4B48C08B104 5BD52A2FB615B7B7 2DF193ACFAE30576, ubicado en el índice 20 de
SAMAI.
10 Documento contenido en el expediente digital con certificado BAECDACCBCFB1590

5D2256453D9AE918 24988C71EE161451 EDE6DA3F90635E77, ubicado en el índice 21 de
SAMAI.
11 “Artículo 249. Competencia. […] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas

proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo
de Estado según la materia. […]”.
12 “Artículo 13. Distribución de los procesos entre las secciones. Para efectos del reparto, los asuntos

de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones
atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: […] Sección Tercera: 10. El
recurso extraordinario de revisión contra las sentencias [...] dictadas por los tribunales
administrativos, en asuntos relacionados con la competencia de esta sección. […]”.
13 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
14 “Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se

le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90”.
15 “Artículo 248. Procedencia. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias

ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos”.

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sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del Magdalena que se encuentra
debidamente ejecutoriada.

1.3. Al tenor del artículo 25116 del CPACA, el recurso extraordinario de
revisión se formuló dentro del término legal, toda vez que: (i) el 27 de abril de
2023 quedó ejecutoriada la sentencia recurrida (hecho probado 3.15.); y (ii) el 4 de
abril de 2024 el recurrente interpuso el recurso extraordinario de revisión, es decir,
dentro del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia impugnada.

1.4. Juan Bautista Jaramillo Rudas se encuentra legitimado en la causa para
interponer el recurso extraordinario de revisión, pues fungió como demandante en
el proceso de reparación directa resuelto el 6 de julio de 2022 por el Tribunal
Administrativo del Magdalena.

2. Problema jurídico

De conformidad con los cargos expuestos en el recurso extraordinario de revisión,
corresponde a la Sala determinar si se configura la causal prevista en el numeral 5
del artículo 250 del CPACA, esto es, si existe nulidad originada en la sentencia
proferida el 6 de julio de 2022 por el Tribunal Administrativo del Magdalena, por: (i)
falta de competencia y (ii) vulneración del principio de congruencia.

3. Hechos probados

Con fundamento en las pruebas que obran en el expediente, se encuentran
acreditados los siguientes hechos relevantes para la decisión del presente asunto:

3.1. Entre el 30 de enero de 2007 y el 25 de junio de 201017, por orden de la Fiscalía
General de la Nación, Juan Bautista Jaramillo Rudas permaneció privado de la
libertad, sindicado del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes18.

3.2. El 18 de junio de 2010, el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Santa
Marta absolvió a Juan Bautista Jaramillo Rudas del cargo por el que fue acusado,
con fundamento en que existían dudas probatorias que no permitían comprometer
su responsabilidad en los hechos objeto de investigación19.

16 “Artículo 251. Término para interponer el recurso. El recurso podrá interponerse dentro del año

siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia. […]”. Para las causales 1°, 2°, 5°, 6° y 8°, el
término para formular el recurso extraordinario de revisión es de un año, contado a partir de la
ejecutoria de la respectiva sentencia. Entonces, como en este asunto se invocó la causal 5°, el
recurrente contaba con 1 año, una vez en firme la providencia objeto de censura.
17 Esta fecha es la que obra en la sentencia de segunda instancia de reparación directa. No fue

posible encontrar documento alguno que demostrara la fecha de liberación.
18 Boleta de encarcelación, acta de allanamiento y registro, orden de captura y acta de los derechos

del capturado; documentos contenidos en el expediente digitalizado con certificado
B5DDA5B008FA5EB6 9FEA4AB6DBFAAC57 55BF41D775069B0C B2D8D41E4569B837, ubicado
en el índice 2 de SAMAI, link OneDrive, archivos “03. EXPEDIENTE PENAL […]” y “04.
EXPEDIENTE PENAL […]”, páginas 47 y páginas 241 a 248, respectivamente.
19 Información obtenida de la sentencia de segunda instancia del proceso penal.

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Recurrente: Juan Bautista Jaramillo Rudas

3.3. El 28 de noviembre de 2014, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Santa Marta confirmó la anterior decisión, al concluir que las pruebas
recaudadas no tenían la entidad suficiente para desvirtuar la presunción de
inocencia que amparaba al acusado20.

3.4. El 11 de marzo de 2016, Juan Bautista Jaramillo Rudas y los integrantes de su
grupo familiar21 presentaron la demanda de reparación directa radicada con el
número 47001-33-33-002-2016-00112-00/01, contra la Nación – Fiscalía General
de la Nación, con el fin de que se declarara su responsabilidad patrimonial por la
privación injusta de la libertad sufrida por el primero de los actores y, en
consecuencia, se ordenara el pago de los perjuicios reclamados22. El asunto fue
repartido al Juzgado 2° Administrativo del Circuito de Santa Marta23.

3.5. El 11 de mayo de 2016, el Juzgado 2° Administrativo del Circuito de Santa Marta
inadmitió la demanda de reparación directa, al advertir que no se allegaron las
copias para los traslados correspondientes y que una de las demandantes (Paula
Andrea Marín Jaramillo) no acreditó el agotamiento del requisito de conciliación
prejudicial24.

3.6. El 13 de mayo de 2016, la parte demandante subsanó la demanda y solicitó su
admisión, así como el rechazo respecto de Paula Andrea Marín Jaramillo25.

3.7. El 18 de mayo de 2016, el Juzgado 2° Administrativo del Circuito de Santa Marta
admitió la demanda frente a todos los demandantes, con excepción de Paula
Andrea Marín Jaramillo26.

20 Sentencia de segunda instancia; documento contenido en el expediente digitalizado con certificado

B5DDA5B008FA5EB6 9FEA4AB6DBFAAC57 55BF41D775069B0C B2D8D41E4569B837, ubicado
en el índice 2 de SAMAI, link OneDrive, archivo “02. EXPEDIENTE DIGITAL […]”, páginas 106 a
126.
21 Josefa María Rivaldo Guerrero, Juan Jaramillo Cabeza, Edelma Guerrero Avendaño, Sol Mery

Jaramillo Rudas, Paula Andrea Marín Jaramillo, Claudia María Jaramillo Rudas, María Camila
Miranda Jaramillo, Isidro Alberto Jaramillo Peña, Laura Marcela Jaramillo Cera, Armando Alberto
Jaramillo peña, Diego Armando Jaramillo Agudelo, Damaris Beatriz Jaramillo Rudas, Juan Carlos
Jaramillo Peña, Ena Mercedes Jaramillo Fuentes, María José Jaramillo Fuentes, Cosme Rivaldo
Padilla, Mileidis Cecilia Alvarado Rivaldo, Luis Eduardo Alvarado Rivaldo, Carlos Moisés Alvarado
Rivaldo, María Luisa Jaramillo Cabeza, Juan Manuel Fonseca Jaramillo, Adriana Carolina Jaramillo
Tamara, Cindy Patricia Fonseca Jaramillo, Roberto Carlos Silva Peña, Manuel Santiago Fonseca y
Rossana Rocío Fuentes Zúñiga.
22 Escrito de demanda; documento contenido en el expediente digitalizado con certificado

B5DDA5B008FA5EB6 9FEA4AB6DBFAAC57 55BF41D775069B0C B2D8D41E4569B837, ubicado
en el índice 2 de SAMAI, link OneDrive, archivo “02. EXPEDIENTE DIGITAL […]”, páginas 133 a
163.
23 Acta de reparto; documento contenido en el expediente digitalizado con certificado

B5DDA5B008FA5EB6 9FEA4AB6DBFAAC57 55BF41D775069B0C B2D8D41E4569B837, ubicado
en el índice 2 de SAMAI, link OneDrive, archivo “02. EXPEDIENTE DIGITAL […]”, página 164.
24 Auto inadmisorio; documento contenido en el expediente digitalizado con certificado

B5DDA5B008FA5EB6 9FEA4AB6DBFAAC57 55BF41D775069B0C B2D8D41E4569B837, ubicado
en el índice 2 de SAMAI, link OneDrive, archivo “02. Expediente Digit […]” páginas 166 y 167.
25 Escrito del 13 de mayo de 2016; documento contenido en el expediente digitalizado con certificado

B5DDA5B008FA5EB6 9FEA4AB6DBFAAC57 55BF41D775069B0C B2D8D41E4569B837, ubicado
en el índice 2 de SAMAI, link OneDrive, archivo “02. Expediente Digit […]” página 169.
26 Auto admisorio del 18 de mayo de 2016; documento contenido en el expediente digitalizado con

certificado B5DDA5B008FA5EB6 9FEA4AB6DBFAAC57 55BF41D775069B0C

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Recurrente: Juan Bautista Jaramillo Rudas

3.8. El 18 de mayo de 2016, los actores manifestaron que “retiraban” la petición
relativa a la exclusión de Paula Andrea Marín Jaramillo27.

3.9. El 16 de junio de 2016, el Juzgado 2° Administrativo del Circuito de Santa Marta
dejó sin efectos la providencia del 18 de mayo del mismo año y, en su lugar, admitió
la demanda respecto de la totalidad de los demandantes28.

3.10. El 22 de febrero de 2017, el Juzgado 2° Administrativo del Circuito de Santa
Marta llevó a cabo la audiencia inicial, en la cual declaró saneado el proceso, luego
de que, al indagar a las partes sobre la eventual existencia de vicios que pudieran
dar lugar a nulidades, estas guardaran silencio29.

3.11. Mediante sentencia del 15 de diciembre de 2020, el Juzgado 2° Administrativo
del Circuito de Santa Marta accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda,
al considerar que la medida de aseguramiento se impuso sin el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el artículo 356 de la Ley 600 de 2000, es decir, la Fiscalía
General de la Nación no contaba con dos indicios graves de responsabilidad. En
consecuencia, declaró la responsabilidad patrimonial de la entidad demandada y la
condenó al pago de 250 SMMLV por concepto de perjuicios morales y de
$21.600.000 por lucro cesante30.

3.12. El 20 de enero de 2021, la Nación – Fiscalía General de la Nación interpuso
recurso de apelación, en el que solicitó revocar la decisión de primera instancia, con
fundamento en que: (i) actuó conforme a lo dispuesto en el artículo 250 de la
Constitución Política; (ii) la investigación y la captura observaron los requisitos
previstos en la Ley 600 de 2000; (iii) contaba con los dos indicios graves de
responsabilidad exigidos por la normativa penal; y (iv) la absolución del demandante
obedeció al principio de progresividad del proceso penal31.

B2D8D41E4569B837, ubicado en el índice 2 de SAMAI, link OneDrive, archivo “02. EXPEDIENTE
DIGITAL […]”, páginas 171 y 172.
27 Memorial del 18 de mayo de 2016; documento contenido en el expediente digitalizado con

certificado B5DDA5B008FA5EB6 9FEA4AB6DBFAAC57 55BF41D775069B0C
B2D8D41E4569B837, ubicado en el índice 2 de SAMAI, link OneDrive, archivo “02. EXPEDIENTE
DIGITAL […]”, página 174.
28 Auto admisorio del 16 de junio de 2016; documento contenido en el expediente digitalizado con

certificado B5DDA5B008FA5EB6 9FEA4AB6DBFAAC57 55BF41D775069B0C
B2D8D41E4569B837, ubicado en el índice 2 de SAMAI, link OneDrive, archivo “02. EXPEDIENTE
DIGITAL […]”, páginas 181 a 183.
29 Acta de audiencia inicial; documento contenido en el expediente digitalizado con certificado

B5DDA5B008FA5EB6 9FEA4AB6DBFAAC57 55BF41D775069B0C B2D8D41E4569B837, ubicado
en el índice 2 de SAMAI, link OneDrive, archivo “02. EXPEDIENTE DIGITAL […]”, páginas 217 a
221.
30 Sentencia de primera instancia; documento contenido en el expediente digitalizado con certificado

B5DDA5B008FA5EB6 9FEA4AB6DBFAAC57 55BF41D775069B0C B2D8D41E4569B837, ubicado
en el índice 2 de SAMAI, link OneDrive, archivo “06. FALLO […]”.
31 Escrito de apelación; documento contenido en el expediente digitalizado con certificado

B5DDA5B008FA5EB6 9FEA4AB6DBFAAC57 55BF41D775069B0C B2D8D41E4569B837, ubicado
en el índice 2 de SAMAI, link OneDrive, carpeta “09. Recurso de apelación […]” y archivo
“APELACIÓN – JUAN […]”.

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Radicado: 11001-03-26-000-2024-00165-00 (72213)
Recurrente: Juan Bautista Jaramillo Rudas

3.13. En la misma fecha, 20 de enero de 2021, la parte demandante formuló recurso
de apelación contra la decisión del a quo, debido a su inconformidad con el
reconocimiento y la liquidación de los perjuicios32.

3.14. El 6 de julio de 2022, el Tribunal Administrativo del Magdalena revocó el fallo
de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda. Para el
efecto, estimó que la Fiscalía General de la Nación contaba con los dos indicios
graves de responsabilidad requeridos por el Código de Procedimiento Penal para
imponer la medida de aseguramiento, por lo que no se configuraba la privación
injusta de la libertad33.

3.15. El 27 de abril de 2023 quedó ejecutoriada la sentencia proferida el 6 de julio
de 2022 por el Tribunal Administrativo del Magdalena34.

4. Análisis de configuración de la causal de revisión extraordinaria

La Sala declarará infundado el recurso extraordinario de revisión formulado por Juan
Bautista Jaramillo Rudas contra la sentencia proferida el 6 de julio de 2022 por el
Tribunal Administrativo del Magdalena, con fundamento en la causal prevista en el
numeral 5° del artículo 250 del CPACA, por las siguientes razones:

4.1. El recurso extraordinario de revisión constituye una excepción al principio de
inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas que hacen tránsito a cosa juzgada.
Por tal razón, el legislador estableció de manera taxativa las causales que habilitan
la procedencia de este medio de impugnación, a efectos de prevenir un uso indebido
que lleve a un nuevo debate probatorio o interpretativo.

Así, el recurso extraordinario de revisión, cuya naturaleza en realidad es la de ser
una acción autónoma del proceso que da lugar a ella, no tiene como finalidad
corregir errores in iudicando, ni puede fundamentarse en las mismas pruebas que
sirvieron de base para la decisión que puso fin al proceso. Para la corrección de
estos errores existen los recursos ordinarios dentro del respectivo proceso.

32 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado B5DDA5B008FA5EB6
9FEA4AB6DBFAAC57 55BF41D775069B0C B2D8D41E4569B837, ubicado en el índice 2 de
SAMAI, link OneDrive, carpeta “10. Apelación […]” y archivo “CONSEJO […]”.
33 Sentencia de segunda instancia; documento contenido en el expediente digitalizado con certificado

B5DDA5B008FA5EB6 9FEA4AB6DBFAAC57 55BF41D775069B0C B2D8D41E4569B837, ubicado
en el índice 2 de SAMAI, link OneDrive, archivo “13. 2016-112 RD […]”.
34 El fallo fue notificado mediante correo electrónico el 20 de abril de 2023, por lo que quedó

ejecutoriado el 27 de abril siguiente, conforme a lo dispuesto en los artículos 203 del CPACA y 302
del CGP; documento contenido en el expediente digitalizado con certificado B5DDA5B008FA5EB6
9FEA4AB6DBFAAC57 55BF41D775069B0C B2D8D41E4569B837, ubicado en el índice 2 de
SAMAI, link OneDrive, archivo “16.NotificaciónFallo”. Debe precisarse que, aunque en principio la
sentencia fue notificada mediante correo electrónico enviado el 20 de abril de 2023, lo cierto es que
ese mensaje de datos fue remitido a un buzón que no correspondía al del representante judicial de
la parte recurrente (jairdiazgranados@hotmail.com). Por esta razón, el 20 de abril de 2023, el
Tribunal Administrativo de Magdalena efectuó nuevamente la notificación de la sentencia y envió el
correo electrónico a la dirección jairodiazgranados@hotmail.com.

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Recurrente: Juan Bautista Jaramillo Rudas

Asimismo, se advierte que la revisión extraordinaria no está concebida como un
mecanismo para subsanar errores, omisiones o estrategias deficientes de los
sujetos procesales, ocurridas durante el proceso inicial u ordinario, de manera que
no puede ser utilizada para corregir negligencias ni para reabrir un debate judicial
que ya ha sido resuelto conforme a derecho.

Por el contrario, la acción de revisión tiene como propósito el examen de hechos
nuevos que impactan la decisión adoptada y afectan el sentido de justicia que de
ella emana. Dado que esta acción incide en la certeza jurídica derivada de la cosa
juzgada, su carácter es no solo extraordinario, sino también restrictivo, ya que solo
procede en los eventos y por las causales expresamente señaladas en la ley, sin
posibilidad de invocar otras distintas.

Esta taxatividad resulta justificada, pues la acción de revisión es un mecanismo
excepcional que permite modificar providencias protegidas por el principio de cosa
juzgada. En consecuencia, las causales previstas para su procedencia deben ser
aplicadas e interpretadas de manera estricta, restrictiva o restringida, garantizando
que su utilización responda únicamente a los supuestos contemplados por la norma
y evitando que se convierta en una instancia adicional de impugnación. En este
sentido, la Corte Constitucional ha señalado que “las causales previstas para la
revisión deben ser aplicadas e interpretadas en sentido restringido”35.

En la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el artículo 248 del CPACA
dispone la procedencia del recurso extraordinario de revisión contra las sentencias
ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los tribunales
administrativos y por los jueces administrativos.

A su turno, las causales de revisión se encuentran dispuestas en el artículo 250 del
CPACA y, en lo que atañe a providencias que impongan al tesoro público o a fondos
de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o
pensiones de cualquier naturaleza, en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

Por su parte, el artículo 252 del CPACA pone de manifiesto el carácter restrictivo y
formalista de este recurso extraordinario y exige que su interposición se realice
mediante un escrito que contenga la indicación razonada de la causal invocada y
una exposición clara de los hechos u omisiones que sustentan su configuración.
Esto impone una carga argumentativa y formal significativa sobre quien impugna
una decisión en firme. Tales exigencias responden a la necesidad de delimitar con
precisión el objeto del recurso, permitir el adecuado ejercicio del derecho de
contradicción y restringir el análisis del juez de la revisión extraordinaria, pues se
reitera que este recurso no constituye una nueva oportunidad para replantear el
debate probatorio o jurídico en términos amplios, sino un mecanismo excepcional y
limitado, condicionado al cumplimiento estricto de los requisitos legales, lo cual
refuerza su naturaleza extraordinaria dentro del sistema procesal.

35 Corte Constitucional, Sentencia C-520 de 2009.

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Recurrente: Juan Bautista Jaramillo Rudas

4.2. En el presente caso, los recurrentes fundamentaron su solicitud en la causal
prevista en el numeral 5º del artículo 250 del CPACA, la cual establece como motivo
de revisión la existencia de una nulidad originada en la sentencia que puso fin al
proceso y contra la que no procede recurso de apelación.

Esta causal impone acreditar: (i) que la revisión se formule contra una sentencia; (ii)
que la sentencia ponga fin al proceso, de manera que contra ella no proceda el
recurso de apelación; y (iii) que el vicio alegado haya surgido en la propia decisión
judicial o que se haya materializado en el momento en que se profirió la providencia
y no en una etapa previa del proceso. Además, la irregularidad debe ser de tal
gravedad que configure un defecto insubsanable en la actuación, de manera que,
de no haberse producido dicho yerro, la decisión adoptada habría sido
sustancialmente distinta36.

Sobre el particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado37 ha indicado que las nulidades procesales no pueden confundirse con las
que tienen origen en la sentencia, pues las primeras se estructuran en los supuestos
taxativos del artículo 133 del Código General del Proceso (en lo sucesivo, CGP), al
paso que las segundas, al no estar determinadas por la ley, deben interpretarse
restrictivamente bajo unos presupuestos fácticos específicos que la jurisprudencia
de esta Corporación ha puntualizado y que, por regla general, no comprenden
nulidades procesales acaecidas en una etapa previa a la sentencia.

En ese sentido, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado, a modo
enunciativo, los siguientes eventos que pueden encuadrarse en la causal 5ª de
revisión: (i) que el juez resuelva asuntos sobre los cuales carece de jurisdicción o
de competencia; (ii) que, sin actuación alguna, el juez dicte nuevo fallo en proceso
que terminó normalmente por sentencia en firme; (iii) que sin más actuación, el juez
profiera sentencia después de ejecutoriado el auto que aceptó el desistimiento,
aprobó la transacción o declaró la perención del proceso; (iv) que el juez dicte el
fallo sin el trámite previo correspondiente; (v) cuando el demandado es condenado
por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido o causa diferente a la
invocada en la demanda; (vi) cuando el juez condena a quien no ha sido parte en el
proceso; (vii) cuando, sin más actuación, el juez profiere sentencia después de
ocurrida la interrupción o suspensión del proceso, o antes de la oportunidad debida;
(viii) cuando la sentencia aparece suscrita por un número mayor o menor de los
magistrados que debieron haberlo hecho; (ix) cuando la sentencia fue adoptada con
un número de votos diferente del previsto en la ley; (x) cuando la sentencia carece
completamente de motivación; o (xi) cuando la sentencia carece de congruencia
interna o externa38.

36 Entre otras decisiones: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección C, sentencia del 30 de septiembre de 2019, Rad. No. 11001-03-26-000-2018-
00084-00.
37 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 26 de febrero de

2013, Rad. No. 11001-23-15-000-2008-01289-00.
38 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias del 20 de octubre de

2009 y del 26 de febrero de 2013, Rad. Nos. 11001-03-15-000-2003-00133-00 y 11001-23-15-000-
2008-01289-00, respectivamente; y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,

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Recurrente: Juan Bautista Jaramillo Rudas

Además, esta Corporación39 ha precisado que pueden surgir otras situaciones que
generan nulidad en la sentencia, particularmente aquellas que tienen su génesis en
la vulneración del artículo 29 de la Constitución Política. En este sentido, ha
señalado que la violación al debido proceso en el fallo habilita la formulación del
recurso extraordinario de revisión por la causal 5ª del artículo 250 del CPACA,
siempre y cuando su motivación revele la inobservancia de aspectos procesales
trascendentales y no cualquier falencia relacionada con la fundamentación o con la
valoración probatoria de la providencia. También, por ejemplo, cuando se profiere
sentencia inhibitoria sin fundamento válido, caso en el cual debe estudiarse si la
decisión se encuentra justificada o no, de acuerdo con las particularidades del caso
concreto.

Al respecto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de
unificación40, recordó que, tratándose de la causal de nulidad originada en la
sentencia, los supuestos definidos tradicionalmente por la jurisprudencia de esta
Corporación como constitutivos de nulidades originadas en sentencia no son
taxativos. Asimismo, estableció que en los eventos en que el recurso extraordinario
de revisión va dirigido contra un fallo inhibitorio, en aras de hacer efectivos los
derechos a la tutela judicial efectiva, al acceso a la administración de justicia y al
debido proceso, el juez debe verificar que este se encuentre debidamente
justificado, mediante criterios de ponderación, proporcionalidad y adecuación a
cada caso, teniendo en cuenta el cumplimiento de los fines funcionales del derecho,
por parte de la providencia revisada.“[L]o que significa que la violación a tales
preceptos cuando se expide un fallo inhibitorio injustificado también configura la
causal de revisión alegada [250.5 del CPACA]”.

Igualmente, en algunos casos se ha aceptado como configurativa de la causal 250.5
del CPACA la nulidad procesal ocurrida antes de la expedición de la sentencia,
siempre y cuando esta no haya podido ser advertida por el recurrente durante el
curso del proceso. Sin embargo, en este caso, la parte actora debe probar que
efectivamente no tuvo la posibilidad de proponer la nulidad en el curso del proceso 41,
evitándose con ello que la revisión extraordinaria se convierta en un mecanismo
para que las partes puedan subsanar sus omisiones.

Dicho de otra manera, el Consejo de Estado ha señalado que pueden dar lugar a
un defecto insaneable derivado de la sentencia42 aquellas irregularidades que

Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de abril de 2015, Rad. No. 20001-23-31-000-2001-
01278-02.
39 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 26 de febrero de

2013, Rad. No. 11001-23-15-000-2008-01289-00.
40 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 8 de mayo de

2018, Rad. No.11001-03-15-000-1998-00153-01(REV).
41 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 6, sentencia de 17 de marzo de 2025, Rad. No.

11001-03-15-000-2024-04477-00.
42 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 26, sentencias del 3 de febrero de 2015, Rad.

Nos.11001-03-15-000-1998-00157-01 y 11001-03-15-000-2011-01639-00; Consejo de Estado, Sala
Especial de Decisión 22, sentencia del 2 de febrero de 2016, Rad. No. 11001-03-15-000-2015-
02342-00; y Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 2, sentencia del 1° de octubre de 2019,
Rad. No. 11001-03-15-000-2013-02216-00.

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Recurrente: Juan Bautista Jaramillo Rudas

constituyen causal de nulidad del proceso y que solo pudieron ser advertidas en la
sentencia, así como los vicios que contiene la propia sentencia y que pueden derivar
en la vulneración del artículo 29 superior43.

Lo anterior, estaría referido a las causales de nulidad procesal previstas en el
CPACA o en el CGP, siempre y cuando solo hayan podido advertirse en la
sentencia, así como a la inobservancia de aspectos procesales de tal
transcendencia que tengan impacto en la garantía del debido proceso 44, lo que
excluye la posibilidad de plantear en sede de revisión extraordinaria
cuestionamientos atinentes al contenido de la motivación, a la valoración de las
pruebas o a la forma de aplicación de una determinada norma.

4.3. En el asunto de la referencia, se encuentra acreditado que, con ocasión de la
privación de la libertad de Juan Bautista Jaramillo Rudas, este y su núcleo familiar
ejercieron el medio de control de reparación directa, con el objeto de que se
declarara la responsabilidad patrimonial del Estado y se ordenara el pago de los
perjuicios irrogados. En el curso del trámite, el Juzgado 2° Administrativo del Circuito
de Santa Marta accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y, al
resolver los recursos de apelación interpuestos por las partes, el Tribunal
Administrativo del Magdalena revocó dicha decisión y negó las súplicas del libelo
introductorio (hechos probados 3.4. y 3.11. a 3.14.).

De manera que el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra el fallo
dictado el 6 de julio de 2022 por el Tribunal Administrativo del Magdalena,
efectivamente, se dirige contra la decisión que pone fin al proceso de reparación
directa y respecto de la cual no procede el recurso de apelación.

En consecuencia, de conformidad con la demanda de revisión extraordinaria, resta
determinar si se configura la causal 5ª de revisión, debido a: (i) falta de competencia,
puesto que el proceso debió ser conocido en primera instancia por el Tribunal
Administrativo del Magdalena y, en segunda instancia, por el Consejo de Estado, tal
como lo disponía el artículo 73 de la Ley 270 de 1996 y la jurisprudencia de esta
Corporación; y (ii) vulneración del principio de congruencia, al haberse proferido una
decisión con fundamento en argumentos que no fueron propuestos en el recurso de
apelación interpuesto por la Fiscalía General de la Nación.

4.3.1. En lo que concierne al primer cargo, es preciso señalar que, para la
configuración de la causal de nulidad originada en la sentencia, resulta determinante
el momento procesal en el que se produjo el vicio alegado. En efecto, en línea de
principio no es posible invocar como causal de revisión una nulidad acaecida en una
etapa anterior al fallo, en la medida en que la proposición de nulidades procesales

43 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 16 de julio de 2007, Rad. No.

11001-03-15-000-2007-00653-00. Se toma el resumen de la causal contenido en el Rad. No. 11001-
03-15-000-2013-00702-00 y reiterado en la sentencia del 1° de noviembre de 2016 proferida por la
Sala Especial de Decisión 10, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-00230-00.
44 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 15, sentencia del 5 de noviembre de 2019, Rad.

No. 11001-03-15-000-2018-01415-00.

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Recurrente: Juan Bautista Jaramillo Rudas

se encuentra sujeta a las reglas de oportunidad y legitimación previstas en el artículo
134 del Código General del Proceso45.

No obstante, dicha regla no excluye la posibilidad de alegar situaciones constitutivas
de nulidad que, aun cuando se hayan producido en una etapa previa, no pudieron
ser advertidas por el recurrente durante el trámite46. En tales eventos, corresponde
al interesado demostrar que no tuvo oportunidad de proponer la nulidad en el curso
del proceso47.

Descendiendo al caso concreto, se advierte que: (i) el proceso promovido por el
aquí recurrente y su grupo familiar fue repartido al Juzgado 2° Administrativo de
Santa Marta, autoridad judicial que inicialmente inadmitió la demanda de reparación
directa, al constatar la ausencia de los traslados requeridos y la falta de agotamiento
del requisito de conciliación prejudicial por parte de una de las demandantes -Paula
Andrea Marín Jaramillo- (hechos probados 3.4. y 3.5.); (ii) en atención a ello, la parte
demandante subsanó la demanda y solicitó su admisión, así como el rechazo
respecto de la mencionada actora (hecho probado 3.6.), petición a partir de la cual
el juzgado admitió la demanda frente a todos los demandantes, con excepción de
aquella (hecho probado 3.7.); y (iii) posteriormente, los actores manifestaron que
“retiraban” la solicitud relacionada con la demandante Paula Andrea Marín Jaramillo,
razón por la cual el a quo dejó sin efectos la providencia anterior y admitió la
demanda respecto de la totalidad de los demandantes (hechos probados 3.8. y 3.9.).

En ese contexto, resulta claro que, a partir del auto admisorio de la demanda de
reparación directa, el Juzgado 2° Administrativo de Santa Marta asumió
competencia para conocer, en primera instancia, de las pretensiones formuladas
por Juan Bautista Jaramillo Rudas y su núcleo familiar contra la Nación – Fiscalía
General de la Nación y, por ende, el Tribunal Administrativo del Magdalena
resolvería el asunto en segunda instancia. Asimismo, se evidencia que la parte
demandante no solo no cuestionó dicha competencia, sino que promovió
activamente la admisión de la demanda ante esa autoridad judicial.

Igualmente, no se observa ninguna circunstancia que hubiera impedido alegar la
nulidad en el curso del trámite del medio de control de reparación directa, máxime
si se tiene en cuenta que, en desarrollo de la audiencia inicial, se indagó a las partes
sobre la eventual existencia de vicios que pudieran dar lugar a nulidades,
oportunidad que transcurrió sin pronunciamiento por parte del ahora recurrente
(hecho probado 3.10.).

45 Por ejemplo, consultar: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia

del 2 de marzo de 2010, Rad. No. 11001-03-15-000-2001-00091-01.
46 Por ejemplo, consultar: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia

del 2 de marzo de 2010, Rad. No. 11001-03-15-000-2001-00091-01; y Consejo de Estado, Sala 13
Especial de Decisión, sentencia del 6 de octubre de 2015, Rad. No. 11001-03-15-000-2014-00902-
00.
47 Por ejemplo, consultar: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia

del 2 de marzo de 2010, Rad. No. 11001-03-15-000-2001-00091-01; y Consejo de Estado, Sala 13
Especial de Decisión, sentencia del 6 de octubre de 2015, Rad. No. 11001-03-15-000-2014-00902-
00.

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Recurrente: Juan Bautista Jaramillo Rudas

Ahora, si bien el eventual vicio fue puesto de presente por la parte demandante en
la etapa de alegatos de conclusión, sin que mediara pronunciamiento por parte de
la autoridad judicial, lo cierto es que dicha circunstancia no incide en el momento en
que se habría configurado la nulidad.

En consecuencia, la alegada falta de competencia, invocada como fundamento de
la causal 5ª del artículo 250 del CPACA, corresponde a una situación que, de existir,
se habría configurado desde el inicio del proceso ordinario, esto es, en una etapa
anterior a la sentencia que puso fin a la controversia, por lo que no constituye una
nulidad originada en la providencia recurrida.

Esta hermenéutica encuentra respaldo en la jurisprudencia de esta Corporación,
según la cual la falta de jurisdicción o competencia debe originarse en la sentencia
para que configure la causal de revisión extraordinaria48. De lo contrario, el eventual
vicio se habría producido en una etapa anterior, como ocurre, por ejemplo, en la
providencia que admite la demanda49.

Así, en un asunto análogo, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo estudió
un recurso extraordinario de revisión formulado contra una sentencia proferida por
la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante la cual se
anuló la resolución que había reconocido una pensión de jubilación. En ese caso, la
recurrente alegó que el Consejo de Estado carecía de jurisdicción y competencia,
por cuanto, al ostentar la condición de trabajadora oficial, la jurisdicción competente
para conocer del asunto era la ordinaria.

En dicha oportunidad, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo concluyó que
la falta de jurisdicción no se originó en la sentencia porque “incorrecciones como
esas se verifican cuando el juez […] avoca el conocimiento del asunto, lo que en el
sub lite se dio en el momento que admitió la demanda. Así, si el asunto era de
conocimiento de la jurisdicción ordinaria […] y no obstante fue conocido por la […]
Contencioso Administrativo, el posible vicio se habría configurado ab initio y no en
la sentencia recurrida […]”50. Esta postura fue reiterada por la Sala 17° Especial de
Decisión, en sentencia del 1° de diciembre de 2025, al señalar que la falta de
jurisdicción o competencia, por regla general, se configura al inicio del proceso51.

48 Por ejemplo, consultar: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia

del 18 de octubre de 2005, Rad. No. 11001-03-15-000-2000-00239-00; Consejo de Estado, Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 27 Especial de Decisión, sentencia del 3 de febrero de
2015, Rad. No. 11001-03-15-000-2014-00387-00; y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 28 de febrero de 2020, Rad. No.
11001-03-26-000-2019-00069-00.
49 En este sentido, esta Subsección ha resaltado que “La falta de jurisdicción o la falta de

competencia tienen que haberse originado en la sentencia, porque de lo contrario el vicio se habría
originado a partir de la providencia que admitió la demanda o la contrademanda y en esta hipótesis
no sería causal de revisión” Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección C, sentencia del 11 de diciembre de 2019, Rad. No. 11001-03-26-000-2019-
00025-00 (63343).
50 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 7 de mayo de

2013, Rad. No. 11001-03-15-000-2010-00038-00.
51 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 17° Especial de Decisión,

sentencia del 1° de diciembre de 2025, Rad. No. 11001-03-15-000-2014-02321-00.

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Recurrente: Juan Bautista Jaramillo Rudas

Por todo lo expuesto, la Sala desestimará el primer cargo formulado en la demanda
extraordinaria de revisión.

4.3.2. En lo que respecta al segundo cargo, atinente a la vulneración del principio
de congruencia, debe comenzar por precisarse que el medio de control de
reparación directa fue ejercido el 11 de marzo de 2016, razón por la cual se rigió por
las disposiciones del CPACA y, de manera supletoria, por el CGP, en virtud del
principio de integración normativa.

De conformidad con el artículo 281 del CGP, la sentencia debe estar en
consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las
demás oportunidades que el código contempla y con las excepciones que
aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley. Igualmente, esta
normativa prohíbe condenar al demandado por cantidad superior o por objeto
distinto del pretendido en la demanda, o por causa diferente a la invocada. Sin
embargo, cuando lo pedido por el demandante excede lo probado, el inciso 3º
ibidem ordena que el reconocimiento atienda únicamente a aquello que quedó
plenamente demostrado.

A su turno, el artículo 320 del CGP dispone que el recurso de apelación tiene por
objeto que el superior examine la cuestión decidida únicamente en relación con los
reparos concretos formulados por el apelante, mientras que el artículo 328 ibidem
establece que el juez de segunda instancia debe pronunciarse exclusivamente
sobre los argumentos expuestos en el recurso, sin perjuicio de las decisiones que
deba adoptar de oficio. En consecuencia, el ad quem no puede modificar aspectos
de la sentencia que no fueron objeto de impugnación, salvo que ello resulte
necesario en atención a la íntima relación con los puntos cuestionados. No obstante,
cuando ambas partes apelan toda la sentencia, el superior está facultado para
resolver sin limitaciones.

Adicionalmente, el juez de segunda instancia debe ceñirse al principio de non
reformatio in pejus, en virtud del cual no puede agravar, empeorar o desmejorar la
situación definida mediante la sentencia de primera instancia a favor del apelante
único.

En suma, al momento de dictar sentencia, el juez debe salvaguardar la unidad
temática entre lo solicitado en la demanda, los fundamentos fácticos y jurídicos que
originan la controversia, y la respectiva contestación. Además, en segunda
instancia, debe limitar su decisión al ámbito del recurso de apelación, examinando
la providencia únicamente frente a los reparos concretos formulados por el apelante
y pronunciándose exclusivamente sobre esos argumentos, sin extenderse a
aspectos no impugnados, salvo que exista una íntima relación con los puntos
cuestionados o que deba adoptar decisiones de oficio; asimismo, su actuación se
encuentra sujeta al principio de non reformatio in pejus, lo que implica que no puede
agravar la situación del apelante único, y debe, en todo caso, mantener coherencia

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Radicado: 11001-03-26-000-2024-00165-00 (72213)
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con los hechos, pretensiones y excepciones debatidos en el proceso, sin exceder lo
pedido ni lo probado.

En este sentido, el principio de congruencia emerge como una garantía procesal
que delimita el ejercicio de las facultades jurisdiccionales y, por tanto, la decisión
del juez. Esta congruencia de la providencia debe ser interna y externa. La primera,
se relaciona con la armonía entre los considerandos y la parte resolutiva del fallo,
mientras que la segunda responde a la concordancia entre la decisión contenida en
la parte resolutiva de la sentencia y lo pretendido por las partes en la demanda y en
el escrito de contestación.

La falta de congruencia habilita la formulación del recurso extraordinario de revisión
y, siempre que se encuentre acreditada, es razón suficiente para infirmar la decisión
censurada, toda vez que la consonancia del fallo se constituye como garantía del
derecho fundamental al debido proceso de las partes en el desarrollo del trámite
judicial.

Empero, no cualquier reparo sobre este aspecto estructura una nulidad de la
sentencia, pues se exige que la disparidad entre lo pedido, lo debatido y lo probado
sea protuberante, a tal punto que no exista justificación objetiva y relacionada con
las materias medulares del proceso52. Por ejemplo, dicha irregularidad se configura
cuando el demandado resulta condenado por cantidad superior a la pedida, es decir
ultra petita, por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente
a la invocada en esta, esto es extra petita, o cuando se omite el pronunciamiento
sobre una de las pretensiones, lo que resulta infra, citra o minus petita53.

4.3.2.1. En el asunto sub examine, se observa que en la demanda de reparación
directa la parte actora formuló diez (10) pretensiones, una de carácter declarativo,
orientada a obtener la declaración de responsabilidad de la Nación – Fiscalía
General de la Nación, y las demás de naturaleza condenatoria, dirigidas al
reconocimiento de distintos perjuicios (hecho probado 3.4.).

En primera instancia, el Juzgado 2° Administrativo del Circuito de Santa Marta
delimitó el litigio en torno a la determinación de responsabilidad de la entidad
demandada por la privación injusta de la libertad de Juan Bautista Jaramillo Rudas.

52 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Decisión,

sentencias del 7 de abril de 2015 y del 2 de febrero de 2016, Rad. Nos. 11001-03-15-000-2013-
00358-00 y 11001-03-15-000-2015-02342-00; Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sala 27 Especial de Decisión, sentencia del 3 de marzo de 2020, Rad. No. 11001-
03-15-000-2019-03970-00; y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, sentencia del 16 de agosto de 2002, Rad. No. 76001-23-24-000-1997-43-45-01.
53 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 25 Especial de Decisión.

Sentencia de 4 de agosto de 2023. Rad No. 11001-03-15-000-2022-04218-00; Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 11 de
diciembre de 2024, Rad. No. 11001-03-26-000-2023-00116-00; y Consejo de Estado, Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo, Sala 20 Especial de Decisión, sentencia del 3 de marzo de 2025, Rad.
No. 11001-03-15-000-2023-04267-00.

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Recurrente: Juan Bautista Jaramillo Rudas

Con fundamento en ello, el a quo precisó que, para establecer si la privación de la
libertad resultaba injusta y, por ende, si el daño podía calificarse como antijurídico,
era necesario verificar si la autoridad judicial que adoptó la medida lo hubiera hecho
con sujeción a las formalidades legales y con base en un motivo previamente
previsto en la ley o no.

Así, luego de confrontar las disposiciones de la Ley 600 de 200 con los elementos
probatorios allegados al expediente, concluyó que la Fiscalía General de la Nación
no contaba, al menos, con dos (2) indicios graves de responsabilidad para imponer
la medida de aseguramiento. Por consiguiente, declaró la responsabilidad de la
entidad demandada y ordenó el pago de: (i) 250 SMMLV por concepto de perjuicios
morales, a favor de la víctima directa, su padre y sus hermanos y (ii) $21.600.000
por concepto de lucro cesante, a favor de Juan Bautista Jaramillo Rudas (hecho
probado 3.11.).

Contra dicha decisión, ambas partes interpusieron recurso de apelación.

En particular, la Nación – Fiscalía General de la Nación sostuvo que actuó de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 250 de la Constitución Política, el cual
le impone asegurar la comparecencia de los presuntos infractores de la ley penal
mediante la adopción de medidas de aseguramiento. Alegó que no se configuraban
los presupuestos del daño antijurídico, por cuanto, en cumplimiento de su deber
legal, en ejercicio del ius puniendi y con fundamento en la Ley 600 de 2000, adelantó
la investigación y la captura de Juan Bautista Jaramillo Rudas. Añadió que el
demandante estaba en la obligación de soportar la investigación y la medida de
aseguramiento impuesta, dado que, para la época de los hechos, existían dos (2)
indicios graves de responsabilidad en su contra, a saber: (a) la permanencia, por
encontrarse en turno en el lugar de los hechos y estar encargado de la refrigeración
del contenedor; y (b) la oportunidad, en tanto, debido a dichas funciones, podía
advertir o tener acceso al sitio donde se hallaba la sustancia ilícita. Finalmente,
señaló que el calificativo “injustamente” alude a actuaciones abiertamente
desproporcionadas y contrarias a los procedimientos legales, lo cual no se
evidenciaba en el caso concreto (hecho probado 3.12.).

Por su parte, la parte demandante solicitó modificar el fallo de primera instancia, en
particular en lo relativo al reconocimiento de perjuicios, al estimar que: (i) el monto
de la indemnización por perjuicios morales a favor de la víctima directa debía
incrementarse; (ii) debían reconocerse perjuicios morales a favor de la compañera
permanente, los hijos adoptivos, los sobrinos, los cuñados y la tía; y (iii) debían
indemnizarse los perjuicios derivados del daño a la salud, de la vulneración del
derecho al buen nombre, del daño emergente, del lucro cesante, del allanamiento
arbitrario, de la dilación injustificada del proceso penal y de la divulgación de
información falsa (hecho probado 3.13.).

En segunda instancia, el Tribunal Administrativo del Magdalena fijó como problema
jurídico determinar si debía confirmarse, modificarse o revocarse la sentencia del

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Recurrente: Juan Bautista Jaramillo Rudas

15 de diciembre de 2020, proferida por el Juzgado 2° Administrativo del Circuito de
Santa Marta, para lo cual debía dilucidar si el acervo probatorio permitía establecer
la responsabilidad administrativa y patrimonial de la Nación – Fiscalía General de la
Nación por la privación de la libertad.

En ese contexto, tras exponer el marco normativo y jurisprudencial aplicable a los
eventos de privación injusta de la libertad, la sala consideró acreditada la existencia
del daño, en tanto se probó que Juan Bautista Jaramillo Rudas estuvo privado de la
libertad en desarrollo de la investigación adelantada en su contra.

Seguidamente, abordó el análisis de imputación y concluyó que, si bien el proceso
culminó con una decisión favorable al sindicado, al momento de imponer la medida
de aseguramiento se cumplían los requisitos previstos en la Ley 600 de 2000, en
particular la existencia de (2) indicios graves de responsabilidad, consistentes en:
(i) las grabaciones en las que se hacía referencia a que “el señor de la refrigeración”
tenía conocimiento de la “mercancía” y (ii) el oficio del empleador que acreditaba
que el demandante desempeñaba funciones de refrigeración, específicamente en
el contenedor en el que se encontró la sustancia ilícita.

Con fundamento en lo anterior, el Tribunal Administrativo del Magdalena revocó la
sentencia de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda
(hecho probado 3.14.).

En ese orden, se advierte que la sentencia recurrida resolvió de manera expresa los
aspectos sometidos a su consideración en el recurso de apelación formulado por la
entidad accionada. En particular, dirimió la controversia relativa al cumplimiento de
los requisitos para la imposición de la medida de aseguramiento, justamente la
existencia de los dos (2) indicios graves de responsabilidad, asunto que, contrario
a lo sostenido en el recurso de revisión, fue expresamente planteado en la alzada
interpuesta por la entidad demandada. Cabe aclarar que, al no haberse superado el
juicio de imputación, no era posible pronunciarse sobre la alzada formulada por los
demandantes, que se centró en el reconocimiento y la liquidación de perjuicios.

En consecuencia, el reproche fundado en la presunta vulneración del principio de
congruencia no está llamado a prosperar, en la medida en que la providencia
cuestionada resolvió integralmente la controversia planteada conforme a los
parámetros fijados en la demanda y en la alzada. Asimismo, se aprecia coherencia
entre la parte motiva y la resolutiva de la decisión.

5. Conclusión

La Sala declarará infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por
Juan Bautista Jaramillo Rudas contra el fallo proferido el 6 de julio de 2022 por el
Tribunal Administrativo del Magdalena, dentro del proceso de reparación directa
identificado con radicado núm. 47001-33-33-002-2016-00112-00/01, por cuanto,
tras el estudio de los reproches planteados por el recurrente, ha concluido que no

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Recurrente: Juan Bautista Jaramillo Rudas

se configura la causal de revisión establecida en el numeral 5° del artículo 250 del
CPACA, toda vez que los cargos formulados no evidencian la existencia de una
nulidad originada en la sentencia enjuiciada.

En efecto, de una parte, la alegada falta de competencia corresponde a un supuesto
vicio que, de existir, se habría configurado en la etapa de admisión de la demanda
y no en la providencia que puso fin a la controversia. De otra, no se acreditó la
vulneración del principio de congruencia, en tanto la decisión cuestionada se
mantuvo dentro de los límites fijados por la demanda y los recursos de apelación, y
resolvió de manera integral los aspectos sometidos a consideración del juez de
segunda instancia.

6. Costas

Teniendo en cuenta que el recurso extraordinario de revisión se formuló con
posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 2080 de 2021, debe darse aplicación
al texto del CPACA con la modificación introducida por dicha ley.

El inciso final del artículo 25554 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo
70 de la Ley 2080 de 2021, dispone que, si se declara infundado el recurso
extraordinario de revisión, se condenará en costas y perjuicios al recurrente. Bajo
ese entendido, esta Subsección condenará en costas a dicha parte.

Además, al encontrarse acreditada la labor defensiva en la que incurrió la Nación –
Fiscalía General de la Nación, se condenará al recurrente al pago de 1 salario
mínimo legal mensual vigente, por concepto de agencias en derecho, de
conformidad con lo establecido en el artículo 555 del Acuerdo No. PSAA16-10554
de 201656.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por Juan Bautista Jaramillo Rudas contra la sentencia proferida el 6 de
julio de 2022 por el Tribunal Administrativo del Magdalena, dentro del proceso de
reparación directa identificado con radicado núm. 47001-33-33-002-2016-00112-
00/01.

54 “Artículo 255. Sentencia. Artículo modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021. […] Si se

declara infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios al recurrente”.
55 “Artículo 5. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: […] 9. Recursos extraordinarios. Entre

1 y 20 S.M.M.L.V. […]”.
56 “Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”.

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Recurrente: Juan Bautista Jaramillo Rudas

SEGUNDO: CONDENAR en costas al recurrente, que serán liquidadas, en la
medida de su comprobación, por la Secretaría de la Sección, teniéndose en cuenta
la fijación de agencias en derecho a favor de la Nación – Fiscalía General de la
Nación por un (1) salario mínimo mensual legal vigente.

TERCERO: Ejecutoriada esta decisión, ARCHÍVESE el expediente.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrado Magistrada

CAOP/HASH

20

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