Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-06694-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-06694-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2022-06694-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutiérrez Arguello
5 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA ESPECIAL DE DECISIÓN Nro. 13
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, cinco (5) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia Recurso extraordinario de revisión
Radicación 11001-03-15-000-2022-06694-00 (10669)
Demandante ANTONIO BERNARDO CURE YUNEZ
ASUNTO SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
Procede la Sala Especial de Decisión Nro. 13 a decidir el recurso extraordinario de
revisión interpuesto por Antonio Bernardo Cure Yunez contra la sentencia del 18
de noviembre de 2021, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado dentro del proceso de radicado 47001-23-33-000-2017-00084-01
(64399), en la que se decidió lo siguiente:
PRIMERO: REVOCAR la Sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de [sic]
Magdalena, el 13 de febrero de 2019 y, en su lugar,
SEGUNDO: DECLARAR la existencia del contrato de obra pública entre el municipio de
Ciénaga, Magdalena y Antonio Bernardo Cure Yunez.
TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
CUARTO: COMPULSAR copias del presente expediente a la Procuraduría General de la
Nación y a la Contraloría General de la República para que adelanten las investigaciones
que sean de su competencia, derivadas de las eventuales irregularidades advertidas en la
presente Sentencia [Resalto del original]
ANTECEDENTES
1. Proceso de controversias contractuales
1.1. Demanda1
Antonio Bernardo Cure Yunez, en ejercicio del medio de control de controversias
contractuales, presentó demanda para que se (i) declarara la existencia del
contrato de obra pública celebrado con el municipio de Ciénaga (Magdalena), (ii)
se declarara su incumplimiento por parte del ente territorial, y, en consecuencia,
(iii) se le condenara a reparar integralmente los daños y perjuicios ocasionados
por su incumplimiento2, «más los intereses corrientes y moratorios causados por el
incumplimiento al pago del anticipo».
Lo anterior se sustentó, según lo afirmado en la demanda, en los siguientes
supuestos fácticos:
Al amparo de la Ley 1523 de 2012, el municipio de Ciénaga expidió el Decreto 137
del 4 de marzo de 2015, por el cual declaró la situación de calamidad pública por
1
Índice 86 del Samai del proceso de la referencia. Archivo denominado «CUAD 1 201700084» luego de descompresión,
páginas 6 a 25.
2
Por valor de cuatro mil ochocientos treinta millones seiscientos dieciocho mil trescientos catorce pesos ($4.830.618.314)
1
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el riesgo de desastre generado por la erosión costera, que afectaba la zona del
Malecón.
El 25 de agosto de 2015 se invitó a varias firmas contratistas a presentar ofertas
para realizar obras de mitigación de la emergencia para disminuir el avance de la
erosión costera en el sector referido. El 26 del mismo mes y año el hoy actor
presentó su propuesta.
El 28 de agosto de 2015, se notificó al señor Cure Yunez que su propuesta era la
«que más se ajustaba a las necesidades de intervención de emergencia»; acto en el que (i) se
estableció la descripción de la obra; (ii) se fijó un plazo de ejecución de 4 meses «a
partir del Acta de Inicio de obra»; (iii) se asignó un presupuesto de cuatro mil
ochocientos treinta millones seiscientos dieciocho mil trescientos catorce pesos
($4.830.618.314); (iv) se previó la forma de pago3; y, (v) se consignó que el hoy actor
«debía iniciar la ejecución de los trabajos de manera inmediata a sus costos, no obstante el no
perfeccionamiento del respectivo contrato», atendiendo el régimen especial que
amparaba esa contratación -Ley 1523 de 2012, art. 66-.
El ente territorial designó a Ingenieros Ltda. para desarrollar la interventoría y a
Eddie Pabón Bustamante como supervisor4, esto último tuvo lugar el 11 de
septiembre de 2015.
Desde la notificación del acto del 28 de agosto de 2015, el señor Cure Yunez «dio
inicio a los trabajos previos para iniciar la obra»; el 12 de septiembre de ese año se
protocolizó el inicio de obras5, y el 15 del mes y año en comento el contratista dio
inicio efectivo a la obra, en orden a lo cual contrató con terceros los servicios de
transporte y compra de materiales.
Pese a ello, el ente territorial incumplió el pago del anticipo, la legalización del
contrato y el pago del «acta de ejecución de obra», según lo demostraban las «actas de
seguimiento de obra».
El 15 de noviembre de 2015, se reunieron el contratista, el representante legal de
la interventoría, y el supervisor, «para suscribir el Acta Parcial de obra No. 1 con un
porcentaje de ejecución del CINCUENTA Y TRES PUNTO TREINTA Y CINCO POR CIENTO
(53.35%) de lo contratado». Y el 17 del mismo mes y año, el contratista suspendió la
obra.
Finalmente, el actor señaló que los perjuicios materiales ascendían a cuatro mil
quinientos cincuenta y cuatro millones ochocientos treinta y seis mil setecientos
cuatro pesos ($4.554.836.704), mientras que los inmateriales eran equivalentes a
doscientos setenta y cinco millones setecientos ochenta y un mil seiscientos pesos
($275.781.600)6.
3
Anticipo del 50% previa la legalización del contrato y el saldo restante con actas parciales de obras mensuales.
4
Sujeto que se desempeñaba como coordinador municipal para la gestión del riesgo y desastres del municipio de
Ciénaga (Magdalena).
5
Lo que tuvo lugar en reunión a la que asistieron el alcalde municipal de Ciénaga, el supervisor, el contratista y 2
ingenieros en representación de la interventoría.
6
Correspondientes a la sumatoria de los valores reclamados por daños morales, daño a la salud, daño por afectación a
derechos constitucionalmente amparados, y daño por alteración grave a las condiciones de existencia, cada uno en la
suma de 100 SMLMV.
2
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Demandante: Antonio Bernardo Cure Yunez
1.2. Sentencia de primera instancia7
Mediante sentencia del 13 de febrero de 2019, el Tribunal Administrativo del
Magdalena declaró no probadas las excepciones denominadas «EXCEPCIÓN DE
CONTRATO NO CUMPLIDO, INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA
CELEBRAR CONTRATOS DE LAS ENTIDADES ESTATALES, DESCONOCIMIENTO DEL
PRINCIPIO NEMO NON TURPITUDENUM, MALA FE, EXCEPCIÓN GENÉRICA OFICIOSA, Y
FALTA DE CAUSA PARA PEDIR» propuestas por el municipio de Ciénaga, y, denegó
las pretensiones de la demanda.
Con relación a los medios exceptivos señaló, de una parte, que la indebida
escogencia de la acción carecía de entidad para «enervar la demanda incoada». Si bien
era cierto que las pretensiones no se podían ventilar bajo el medio de control de
controversias contractuales, no lo era menos que dicha imprecisión no impedía
que el fallador adecuara la litis al medio de control procedente -reparación directa-
y procediera con su decisión, habida cuenta que el trámite de ambos era el mismo
-proceso ordinario-.
Por ello, en aplicación del principio iura novit curia y para evitar una decisión
inhibitoria, de forma oficiosa interpretó y adecuó el libelo introductor, lo que implicó
abordar su estudio bajo el medio de control de reparación directa, ya que «la
relación jurídica expuesta en los hechos de la demanda carece de un vínculo contractual entre el
ente territorial enjuiciado y el aquí demandante señor Antonio Bernardo Cure Yunez, razón por la
cual la reclamación del reconocimiento de las obras presuntamente desarrolladas por éste en favor
del [municipio], se deberá evaluar a partir de los lineamientos de la figura de la actio in rem
verso»8.
De otra parte, precisó que las demás excepciones se relacionaban con el fondo
del asunto por lo que se definirían con él.
La determinación de denegar las pretensiones de la demanda se sustentó en la
ausencia de los supuestos que excepcionalmente acreditaban su procedencia, a
saber: (i) no se demostró que dentro de la conducta desplegada por la entidad
pública existiera constreñimiento o imposición frente al particular en la ejecución
de una obligación por fuera de la órbita contractual9; (ii) no se acreditó «la existencia
de un riesgo inminente de vulneración o menoscabo del derecho fundamental a la salud o a la
integridad personal, que hiciera necesario que al margen del marco legal y contractual se efectuara
la obra de intervención costera […]»; y, (iii) no se demostró la urgencia manifiesta,
porque la misma solo existía en situaciones relacionadas con los estados de
excepción, según la Ley 80 de 1993 -art. 42-.
Y aun cuando las leyes 80 de 1993 y 1523 de 2012 permitían la contratación
directa ante declaratorias de urgencia manifiesta o calamidad pública, lo cierto es
que en el caso concreto no se allegaron elementos de convicción que dieran
cuenta de que esas presuntas actuaciones administrativas se hubieran sometido a
control fiscal, como lo preveía el artículo 43 de la Ley 80 de 1993.
7
Índice 86 del Samai del proceso de la referencia. Archivo denominado «CUAD 3 201700084» luego de descompresión,
páginas 3 a 32.
8
Determinación que apoyó en pronunciamiento del 21 de noviembre de 2013 de la Sección Tercera del Consejo de
Estado (exp. 24897).
9
Del oficio de remitido por quien fungía como alcalde para el año 2015 no se desprendía la imposición o constreñimiento
para la realización de las obras. Y ante los oficios que establecían las pautas de contratación, dentro de los que se
encontraban la autorización de inicio de obras y el acta parcial de recibido de obra Nro. 1, lo procedente era separarse
de la prestación del servicio por la falta de legalización del vínculo contractual.
3
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Demandante: Antonio Bernardo Cure Yunez
Para el Tribunal no era procedente que el municipio y el señor Cure Yunez
procedieran «a pactar la ejecución de unas obras públicas y el pago por estas, a partir de una
carta denominada en el plenario como invitación y un oficio mediante el cual se indica la
escogencia de propuesta», porque la declaratoria de calamidad no eximía al
contratante de la obligación de formalizar el correspondiente contrato estatal. En
esa medida, la falta de pago como contraprestación de lo ejecutado por el
entonces actor resultó imputable a su actuar negligente en el trámite
precontractual.
Finalmente, se cuestionó la situación de urgencia bajo la que se pretendió
amparar la actuación. De una parte, porque antes del inicio del periodo de la
administración municipal se conocía del fenómeno de erosión costera
(documentado desde antes de 2013) y de su influencia en el municipio. De otra,
porque no se allegó copia de los antecedentes que acreditaron la declaratoria de
calamidad.
1.3. Recurso de apelación10
Inconforme con la decisión anterior, la parte actora presentó recurso de apelación
con el fin de que se revocara y, en su lugar, se accediera a las pretensiones de la
demanda.
Primero, porque sí estaba obligado a iniciar los trabajos correspondientes, dada la
orden escrita impartida por el alcalde municipal, misma que se encontraba
amparada por el Decreto 137 de 2015, a través del cual se declaró la calamidad
pública; acto vigente, expedido a la luz de la Ley 1523 de 2012, que estableció un
«fuero especial de contratación» en virtud del cual no eran necesarias las solemnidades
propias de la Ley 80 de 1993 -porque, en su entender, aplicaban aquellas que
regían los contratos entre particulares-.
Segundo, porque no le era imputable el incumplimiento del deber de dar traslado
del contrato a la Contraloría General de la República para su control, razón por la
que mal podía «deslegitimarlo en su derecho de reclamar la existencia de un contrato de obra
pública, que fue ejecutado en más de un 50%, y que cumplió con los efectos esperados».
En esas condiciones, la sentencia recurrida presumió el dolo del actor para violar
la ley de contratación al tiempo que desconoció los principios de buena fe e
inocencia.
1.4. Sentencia de segunda instancia. Pronunciamiento objeto de revisión
El 18 de noviembre de 2021, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, revocó la sentencia recurrida. En su lugar, (i) declaró la existencia del
contrato de obra pública celebrado entre el municipio de Ciénaga (Magdalena) y el
señor Cure Yunez; (ii) negó las demás pretensiones de la demanda; y, (iii)
compulsó copias del expediente a la Procuraduría General de la Nación y a la
Contraloría General de la República para que adelantaran las investigaciones de
su competencia.
Lo anterior al considerar que:
10
Índice 86 del Samai del proceso de la referencia. Archivo denominado «CUAD 3 201700084» luego de descompresión,
páginas 40 a 43.
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• El medio de control procedente era el de controversias contractuales, no el
de reparación directa, pues «la causa de los perjuicios solicitados por el demandante
era, precisamente, la configuración de un contrato, cuya existencia pidió que fuera declarada
por el juez».
En efecto, al tenor de lo contemplado en el artículo 87 del CCA, y en el 141
del CPACA, por el medio de controversias contractuales se podían ventilar,
entre otras, las pretensiones de declaratoria de existencia de contratos
formuladas por entidades estatales que no se encontraran sometidas a la Ley
80 de 1993.
Ese, no otro, era el supuesto del caso concreto. Se trataba de un contrato
celebrado al amparo de las normas de desastre o calamidad pública.
Adicionalmente, esos contratos se someten a las normas de derecho privado,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 66 de la Ley 1523 de 2012, según el
cual «[…] los celebrados por las entidades territoriales y sus fondos de gestión del riesgo,
relacionados directamente con las actividades de respuesta, de rehabilitación y
reconstrucción de las zonas declaradas en situación de desastre o calamidad pública, se
someterán a los requisitos y formalidades que exige la ley para la contratación entre
particulares […]». [Resalto fuera del original]
De ahí que «los contratos que se celebran amparados en la declaratoria de desastre o de
calamidad pública no están sometidos a la solemnidad de que tratan los artículos 39 y 41 de
la Ley 80 de 1993», razón por la que la relación contractual estaba sometida al
derecho común.
Agréguese a lo dicho, que la procedencia del medio de control de
controversias contractuales se derivó de la presencia de elementos
probatorios respecto del objeto del contrato y las prestaciones mutuas.
• La existencia del contrato de obra se derivó de la oferta presentada por el
demandante y su aceptación por el ente territorial, al tenor de lo previsto en
los artículos 845, 846, y 864 del Código de Comercio. En esa medida, no se
trató de un contrato verbal, sino de uno «conformado por la oferta, contentiva de los
elementos esenciales de un negocio jurídico, que fue comunicada a la administración
destinataria, y su respectiva aceptación por parte de la entidad territorial, en cabeza de su
representante legal».
Incluso en la Ley 80 de 1993 el hecho de que el acuerdo constara en dos o
más escritos que las partes intercambiaran entre sí no se oponía a los
requisitos de los artículos 39 y 40 ejusdem, al tiempo que tal situación
también se presentaba en los contratos celebrados en la modalidad de
mínima cuantía (Ley 1150 de 2007, art. 2, num. 5).
Así las cosas, era menester declarar su existencia, misma que no se
desnaturalizaba por el incumplimiento de la obligación de enviar el contrato,
el acto que declaró la urgencia y los demás antecedentes administrativos de
forma inmediata para su control fiscal (Ley 1523 de 2012, art. 66, en armonía
con los artículos 42 y 43 de la Ley 80 de 1993), pues el mismo no se
encontraba sometido a esa formalidad específica.
Por ello, atendiendo la omisión referenciada, se dispuso compulsar copias
del proceso a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría
General de la República para lo de su competencia.
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• La sentencia de segunda instancia consideró que no se demostró el
incumplimiento por la falta de legalización del contrato, al desconocerse la
forma en la que se debía efectuar el «diligenciamiento de la legalización».
Si bien fue cierto que en el documento de aceptación de la oferta se aludió a
una descripción de las obras que figurarían en un documento denominado
como «Anexo», no lo fue menos que dicho elemento no se aportó al proceso.
En esa medida, «no resulta[ba] posible determinar las condiciones en las que se debía
legalizar el contrato, así como si ello dependía, por ejemplo, del otorgamiento y aprobación
de garantías, del pago de impuestos, o de la existencia de una disponibilidad o registro
presupuestal, o cualquier otra condición que se hubiera establecido para materializar la
referida legalización».
• No se acreditó la condición a la que estaba sometido el anticipo, ya que su
pago se sujetó a la previa legalización del contrato.
• No se probó el incumplimiento del pago del acta de ejecución, para lo cual se
examinó el documento aportado al proceso denominado como «acta parcial de
recibo de obra N° 1» suscrito por el contratista, un interventor y el supervisor.
Primero, porque «no intervino la entidad demandada a través de su jefe o representante
legal o de la persona en la que se hubieran delegado las funciones de contratación», razón
por la que dicha acta no podía comprometerla en tanto no hizo parte de esa
actuación.
Segundo, porque «aunque un individuo, calificado como interventor, no podría
comprometer a la entidad a través del recibo de una obra, por encima de todo, ni siquiera se
acreditó que el “interventor” lo fuera de la obra objeto del contrato de emergencia, pues se
desconocen, por completo, las calidades en la que actuó el denominado “interventor”, ante la
ausencia del contrato de interventoría, el cual, tampoco se aportó al proceso».
Tercero, porque el peritaje practicado replicó la información del acta de
recibo de obra sin presentar soporte alguno ni explicar las razones técnicas
que sustentaron sus conclusiones. De suerte que esa prueba pericial no era
útil para determinar los perjuicios eventuales que hubiera podido sufrir el
contratista por la eventual ejecución parcial del objeto contratado.
• No se arrimaron pruebas para demostrar el padecimiento de los perjuicios
inmateriales por lo que no se emitió pronunciamiento alguno sobre ellos. La
parte actora solo se limitó a su enunciación.
2. Recurso extraordinario de revisión11
2.1. A través de apoderado judicial, el señor Antonio Bernardo Cure Yunez
promovió recurso extraordinario de revisión contra la sentencia del 18 de
noviembre de 2021 relacionada en el numeral inmediatamente anterior, con el fin
de que se proceda con su infirmación parcial en lo que respecta a la denegación
de la pretensión de incumplimiento y pago del acta parcial de obra No. 1 del 15 de
noviembre de 2015 y, en consecuencia, se reconozca y ordene el pago, en
sentencia de reemplazo, de «Dos Mil Quinientos Cuarenta y Ocho Millones Setecientos
Cuarenta y Cuatro Mil Setenta y Seis pesos ($2.548.744.076) más intereses legales y
actualización».
11
Índice 2 del Samai.
6
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2.2. Para el efecto adujo la configuración de la causal de revisión prevista en el
numeral 5 del artículo 250 del CPACA, esto es, «[e]xistir nulidad originada en la sentencia
que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación», debido a la
incongruencia interna en la decisión cuestionada ante una omisión probatoria y
una discordancia en la normatividad aplicable.
2.3. Señaló que al resolverse la pretensión relativa a la declaratoria de la
existencia del contrato de obra pública celebrado con el municipio de Ciénaga se
acudió a la regulación del Código de Comercio -artículos 845, 846 y 864-, en
aplicación de lo previsto en el artículo 66 de la Ley 1523 de 2012 (párrafos 40 a 43
de la providencia atacada).
Sin embargo, al decidirse lo atinente a las pretensiones de incumplimiento del
contrato y consecuencial reparación integral de los perjuicios causados se «eludió
realizar un pronunciamiento de las pruebas existentes, que daban cuenta de la ejecución parcial de
dicha obra y la verificación de que en la ‘aceptación de la oferta’ (que es parte del contrato suscrito)
‘de manera expresa’ se acordó que el alcalde designará un interventor y un supervisor para la
ejecución del contrato».
Así, la sentencia cuestionada no tuvo en cuenta que «lo señalado en la aceptación de
oferta, en cuanto a la validez que esté [sic] documento le da a la designación de supervisor y la
interventoría para el recibo parcial de las obras».
Específicamente no consideró que (i) al aceptarse la oferta el 28 de agosto de
2015 se estableció que se designaría interventoría y supervisor de la ejecución de
la obra; (ii) el municipio, a través del alcalde, designó a un servidor del ente
territorial como supervisor del contrato12, (iii) el mismo ente contrató la
interventoría para la ejecución de la obra13, (iv) tanto el supervisor como el
interventor designado y contratados recibieron el avance parcial de la obra a
satisfacción14; (v) a más de que otros elementos del proceso daban cuenta de la
ejecución parcial de la obra en un porcentaje del 53.35%15 y que la misma fue
funcional para el municipio16.
2.4. Por su parte, la discordancia respecto de la normatividad aplicable se
presentó, en su sentir, porque la denegación de las pretensiones en comento -
incumplimiento contractual y reparación consecuencial- se sustentó, también, en la
aplicación de una exigencia propia del derecho público.
Ello resultaba improcedente dado el régimen de derecho común a la luz del cual
se declaró la existencia del contrato. En esa medida, la dualidad normativa estaba
proscrita, de suerte que todas las pretensiones debían resolverse aplicando el
mismo régimen jurídico y derivando de él las mismas exigencias.
Por ello, como el régimen de derecho privado no condicionaba el reconocimiento y
pago del acta de obra a que reuniera los requisitos de los contratos estatales, mal
podían demandarse los mismos, como lo hizo el fallador de instancia, máxime
cuando no fueron fijados por las partes en el trámite precontractual o contractual y
12
Tal como lo demostraba la comunicación del 11 de septiembre de 2015 dirigida a Eddie Pabón Bustamante.
13
Según lo acreditaba la comunicación dirigida a la firma Ingenieros Ltda. con fecha de agosto de 2015.
14
Según lo demostraba el acta parcial de recibo de obra No. 01 del 15 de noviembre de 2015.
15
Pruebas documentales y testimonios de quien fungiera como supervisor del contrato -Eddie Pabón Bustamante- y del
entonces alcalde municipal -Luis Tete Samper-.
16
Dictamen pericial, así como inspección judicial en la que se constató la existencia de la obra y la ejecución por parte del
contratista -aspectos estos últimos que, según la demanda de revisión, fueron ratificados en la audiencia de
sustentación del dictamen pericial.
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su requerimiento en el caso concreto desconoció el contenido del acto
administrativo de aceptación de la oferta del 28 de agosto de 2015.
Una posición contraria, como la adoptada en la sentencia recurrida en la vía
extraordinaria, vulneró el artículo 1602 del Código Civil al desconocer los términos
del pacto celebrado entre las partes y fijar exigencias ajenas a su realidad y a los
principios de autonomía de las partes, consensualidad, enriquecimiento sin justa
causa y buena fe. Todo, al requerir como condición para la presentación formal y
pago del acta de recibo parcial la firma del alcalde en su condición de
representante legal.
En apoyo de su posición refirió (i) la sentencia del 23 de noviembre de 2000
dictada dentro de proceso ejecutivo de radicado 14091, en la que las partes del
contrato de régimen público establecieron como condición de pago que el acta
correspondiente estuviese suscrita por ambos contratantes; y, (ii) la sentencia del
12 de septiembre de 2002 proferida dentro del radicado 16761, en la que se
estableció como regla que el acta de recibo parcial o final tenía valor como título
ejecutivo en la medida que reuniera los requisitos establecidos por las partes en el
contrato.
Bajo ese entendido señaló que «son las partes en un negocio jurídico las que determinan las
exigencias y condiciones de las actas de obras para que proceda su pago, sin que le esté permitido al Juez
hacer valoraciones oficiosas o propias del régimen de derecho inaplicables al caso que estudia ».
3. Municipio de Ciénaga (Magdalena)
El municipio no concurrió al proceso.
4. Ministerio Público
El agente del Ministerio Público guardó silencio.
5. Trámite procesal
El 19 de diciembre de 2022 el recurso se inadmitió17 y el 1° de febrero de 2023 se
requirió a la parte actora18; subsanados los yerros evidenciados y cumplido con el
requerimiento efectuado, por auto del 28 de febrero de 2023 se admitió el recurso
de la referencia19.
El 5 de mayo de 2023 se abrió a pruebas el proceso20, y el 19 de noviembre de
2024 se puso en conocimiento una nulidad saneable (133.8 CGP)21, misma cuyo
saneamiento se reconoció a través de proveído del 20 de mayo de 202522.
Mediante providencia del 24 de junio de 202523 se requirió a la oficina de sistemas
de la Corporación para que certificaran ciertos aspectos respecto de un error de
compresión que se registraba al descargar la información del expediente del
proceso ordinario cuya sentencia se pretende infirmar.
17
Índice 5 del Samai del proceso de la referencia.
18
Índice 14 del Samai del proceso de la referencia.
19
Índice 23 del Samai del proceso de la referencia.
20
Índice 33 del Samai del proceso de la referencia.
21
Índice 44 del Samai del proceso de la referencia.
22
Índice 66 del Samai del proceso de la referencia.
23
Índice 72 del Samai del proceso de la referencia.
8
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Al certificarse lo anterior, se verificó la existencia de faltantes en el archivo digital,
por lo que se expidió el auto del 24 de noviembre de 202524 para que la misma
oficina determinaran la naturaleza del error respecto del archivo corregido,
establecieran si era reparable y, en caso de no serlo, se procediera con la carga
nuevamente del archivo digitalizado, con el traslado del caso.
Una vez cargado nuevamente el archivo digitalizado25 del expediente y corrido el
traslado del caso sin que se formularan reparos26, el proceso pasó al despacho el
14 de enero de 202627.
CONSIDERACIONES
1. Competencia
De acuerdo con los artículos 111 y 249 del CPACA, la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado tiene competencia para
conocer de los recursos extraordinarios de revisión contra las sentencias dictadas
por las Secciones y Subsecciones de esta Corporación28.
Se agrega que, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 107 de la
misma codificación29, mediante el Acuerdo 80 de 201930, que compiló, entre otros,
el Acuerdo 321 de 2014, emanado de la Sala Plena del Consejo de Estado, se
reglamentó la creación de salas especiales de decisión, encargadas de resolver
los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las
Secciones o Subsecciones de esta Corporación31.
En consecuencia, la Sala Especial de Decisión Nro. 13 del Consejo de Estado es
competente para conocer el presente recurso extraordinario de revisión al
cuestionarse una sentencia proferida por la Subsección B de la Sección Tercera
de esta corporación.
2. Oportunidad de la acción
De conformidad con lo previsto en el inciso primero del artículo 251 de la Ley 1437
de 2011, en casos como el de la referencia, el recurso extraordinario de revisión
«podrá interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia».
24
Índice 79 del Samai del proceso de la referencia.
25
Índice 86 del Samai del proceso de la referencia.
26
Índices 87 y 88 del Samai del proceso de la referencia.
27
Índice 89 del Samai del proceso de la referencia.
28
Artículo 111 CPACA. Funciones de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. La Sala de lo Contencioso
administrativo en pleno tendrá las siguientes funciones: […].2. Resolver los recursos extraordinarios de revisión contra
las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones y los demás que sean de su competencia.
Artículo 248 CPACA. Procedencia. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas
dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los
Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos.
Artículo 249 CPACA. Competencia. De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o
subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sin exclusión de la
sección que profirió la decisión.
29
Artículo 107 C.P.A.C.A. Integración y composición. […].
Créanse en el Consejo de Estado las salas especiales de decisión, además de las reguladas en este Código,
encargadas de decidir los procesos sometidos a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, que esta les
encomiende, salvo de los procesos de pérdida de investidura y de nulidad por inconstitucionalidad. Estas Salas estarán
integradas por cuatro (4) Magistrados, uno por cada una de las secciones que la conforman, con exclusión de la que
hubiere conocido del asunto, si fuere el caso.
La integración y funcionamiento de dichas salas especiales, se hará de conformidad con lo que al respecto establezca
el reglamento interno.
30
Publicado en el diario oficial, edición 50.913 de 1º de abril de 2019.
31
Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019. Artículo 29.- Las Salas Especiales de Decisión decidirán los siguientes asuntos de
competencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo: 1. Los recursos extraordinarios de revisión interpuestos
contra las sentencias de las Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado.
9
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Demandante: Antonio Bernardo Cure Yunez
En el presente asunto, la sentencia cuya infirmación se pretende fue notificada por
estados del 10 de diciembre de 202132, por lo que quedó ejecutoriada el 15 del
mismo mes y año, de acuerdo con el artículo 302 del CGP. Luego, como la
demanda se presentó por la ventanilla virtual el 14 de diciembre de 202233, se
concluye que su radicación fue oportuna.
3. Problema jurídico
Le corresponde a esta Sala Especial de Decisión establecer si se configura la
causal de revisión alegada por la parte actora, esto es, si existe una nulidad
originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede el
recurso de apelación.
Para el efecto, se procederá, inicialmente, con la exposición de algunos aspectos
generales del recurso extraordinario de revisión; posteriormente, se efectuarán
algunas anotaciones frente a la causal de revisión invocada en la demanda; y,
finalmente, se examinará el caso concreto a la luz de esas premisas.
4. Recurso extraordinario de revisión. Objeto y procedencia.
Al tenor de lo previsto en el artículo 248 del CPACA, el recurso extraordinario de
revisión es un medio extraordinario de impugnación de sentencias que tiene lugar,
únicamente, por la configuración de alguna de las causales especiales
contempladas en el artículo 250 ejusdem.
Dado que su objeto es «el rompimiento de la cosa juzgada»34, su finalidad, como lo ha
precisado la Sala Plena Contenciosa de esta Corporación, es «conciliar nociones
esenciales del ordenamiento legal, como lo son la seguridad jurídica que representa el principio de
inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas, o la cosa juzgada material y el principio de
restablecimiento de la justicia material que persigue asegurar la vigencia de un orden justo,
propuesto por el Preámbulo de la Constitución Política» 35.
En otras palabras, el objetivo de este mecanismo excepcional es procurar el
restablecimiento de la justicia material de la decisión, cuando quiera que esta ha
sido afectada por situaciones exógenas que no pudieron plantearse en el proceso
correspondiente, pero que, a juicio del legislador, revisten tal gravedad que
autorizan romper el principio de la cosa juzgada36. En palabras de la Corte
Constitucional «[…] la revisión, más que un recurso, es un medio para conseguir la realización
de la justicia, pero no de la justicia formal propia de las sentencias en firme contrarias a derecho,
sino de aquella verdadera que demandan el Preámbulo y los artículos 1º, 228 y 230 del estatuto
superior37».
En atención a su carácter extraordinario, este mecanismo judicial no es, en
consecuencia, una «tercera instancia»38 en la que puedan plantearse, nuevamente,
32
Índices 17 y 18 del Samai del proceso de radicado 47001-23-33-000-2017-00084-01 (64399).
33
Índice 2 del Samai del proceso de la referencia.
34
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de abril 27 de 2004. Radicado: 11001-03-
15-000-1999-0194-01(REV). C.P. María Inés Ortiz Barbosa. En igual sentido, Sentencia de junio 1 de 2005. Radicado:
11001-03-15-000-2002-01259-01. C.P. Ligia López Díaz.
35
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de julio 12 de 2005. Expediente REV-
00143. C.P. María Claudia Rojas Lasso.
36
Cfr. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 20 de octubre de 2009. Radicado
11001-03-15-000-2003-00133-00 (REV). C.P. Enrique Gil Botero. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia del 29 de
agosto de 2014. Expediente 34016. C.P. Ramiro Pazos Guerrero. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia del 29 de
abril de 2015. Radicado 25000-23-26-000-1999-00319-01(26239). C.P. Danilo Rojas Betancourth.
37
Sentencia C-739 de 2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
38
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de diciembre 1 de 1997. Radicado: REV-
117. M.P. Libardo Rodríguez. En igual sentido, Sentencia marzo 30 de 2004. Radicado: 11001-03-15-000-1997-0145-
01(REV). C.P. Darío Quiñones Pinilla.
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argumentos de fondo en relación con la sentencia que se pretende revisar: no es
una oportunidad para reabrir un debate propio de las instancias, ni para suplir la
deficiencia probatoria; tampoco es un medio para cuestionar los fundamentos
jurídicos de las providencias.
En ese orden de ideas, las pretensiones deben limitarse a demostrar la
configuración de alguno de los supuestos contemplados en las causales para su
procedencia. De ahí que los vicios o errores en que se deban fundamentar los
recursos extraordinarios de revisión, conforme con las causales taxativas previstas
por el legislador en el artículo 250 del CPACA, sean eminentemente
procedimentales39, pues ninguna cuestiona la labor intelectual de juzgamiento 40,
sino que involucran irregularidades procesales (numeral 5, referido a la existencia
de causal originada en la sentencia, y numeral 8, referido al desconocimiento de la
cosa juzgada), o bien aspectos relativos a la validez intrínseca o insuficiencia de
los elementos de prueba que determinaron el sentido de la decisión (numerales 1,
2, 3, 6 y 7), a excepción de la causal del numeral 4, referida a la violencia o
cohecho en que se pudo incurrir en el pronunciamiento del fallo41.
En conclusión, el recurso extraordinario de revisión busca revertir decisiones que
fueron obtenidas injustamente, esto es, por medios ilícitos o irregulares. En este
sentido, no es la vía judicial adecuada para tratar de enmendar la deficiencia
probatoria ni lo que, en términos legales y jurisprudenciales, se conoce como
errores judiciales, es decir, los casos de inadecuada valoración de las pruebas
(error de hecho) o falta de aplicación de la norma o su indebida aplicación (error
de derecho)42.
5. Causal de revisión invocada. Nulidad originada en la sentencia que
puso fin al proceso y contra la que no procede el recurso de apelación
En el presente asunto se invocó la causal de revisión establecida en el numeral 5
del artículo 250 del C.P.A.C.A. según el cual:
Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797
de 2003, son causales de revisión: […]
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no
procede el recurso de apelación […].
Lo anterior permite establecer que para la estructuración de la causal se requiere
acreditar, de una parte, que contra la sentencia cuestionada no procede el recurso
de alzada -pues de hacerlo esa sería la oportunidad para corregir la irregularidad
procesal correspondiente-, y, de otra, que se configuró una nulidad, aspecto este
último que se ha entendido referido a situaciones «originadas en la misma sentencia
recurrida o en circunstancias sobrevinientes con influencia en la decisión, por desconocimiento
grave o insaneable de alguna ritualidad sustantiva propia de la actuación 43».
39
Los errores «in procedendo» hacen referencia a vicios en el procedimiento. Nacen de la «inejecución de la ley procesal,
en cuanto alguno de los sujetos del proceso no ejecuta lo que esta ley le impone (inejecución in omittendo), o ejecuta lo
que esta ley prohíbe (injecución in faciendo), o se comporta de un modo diverso del que la ley prescribe». Cfr. Corte
Constitucional, sentencias C-998 de 2004 y C-252 de 2001.
40
Los errores «in iudicando» o «vicios de juicio», son errores de derecho que se producen por falta de aplicación o
aplicación indebida de una norma sustancial o por interpretación errónea. Son, entonces, errores ocurridos en la labor
de juzgamiento propiamente dicha. Cfr. Corte Constitucional, sentencias C-998 de 2004 y C-252 de 2001.
41
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 20 de noviembre de 2013. Radicado: 13001-
33-31-005-2011-00254-01 (REV). C.P.: Lucy Jeannette Bermúdez.
42
Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia del 29 de abril de 2015. Radicado 25000-23-26-000-
1999-00319-01(26239). C.P. Danilo Rojas Betancourth.
43
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 7 de octubre de 2019, radicado 11001-33-31-035-
2008-00180-01.
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Siguiendo la jurisprudencia de esta Corporación, es necesario tener en cuenta los
siguientes elementos para examinar la causal de revisión en comento:
• Los asuntos que dan lugar a la estructuración de la causal de revisión se
refieren, en principio, a aquellas irregularidades que el legislador estableció
como causales de nulidad bien en el Código de Procedimiento Civil ora en el
Código General del Proceso, según el caso.
Se dice que en principio, porque también pueden dar lugar a la configuración
de la causal los vicios que puedan derivar en el desconocimiento o violación
del debido proceso, esto es, los relativos a la inobservancia de aspectos
procesales trascendentales que tengan incidencia en esta garantía
constitucional. Así, resulta improcedente la formulación de reparos orientados
a cuestionar el contenido de la motivación, la valoración probatoria o a la
forma de aplicación de una determinada norma realizada por el juez de
instancia.
Ello explica por qué la jurisprudencia, de modo enunciativo, ha considerado
que la causal de revisión en comento puede tener lugar en eventos en los
que:
(i) Se dicte sentencia en un proceso que terminó por desistimiento, transacción,
perención o estando legalmente suspendido o interrumpido y antes de la
oportunidad para reanudarlo;
(ii) La sentencia sea firmada por menor o mayor número de magistrados o
cuando la decisión es adoptada con un número de votos diferente al previsto
en la ley;
(iii) Se vulnere o desconozca el principio de non reformatio in pejus;
(iv) Se dicte sentencia condenatoria respecto de quien no es parte dentro del
proceso;
(v) La sentencia sea proferida con falta de competencia o de jurisdicción;
(vi) Se dicte sentencia con pretermisión de instancias procesales previas;
(vii) La sentencia carezca totalmente de motivación;
(viii) La sentencia proferida vulnere el principio de congruencia, bien en su
acepción interna44 o en su acepción externa45, aspecto este último que se
afecta ante la existencia de decisiones ultra-petita46, extra-petita47, o infra-
petita48.
• Las causales de nulidad o de irregularidad procesal con incidencia en el
debido proceso deben acaecer en la misma sentencia, lo que impide la
proposición de aquellas cuestiones que tuvieron lugar con anterioridad a la
misma, pues para ello debió hacerse uso de las oportunidades procesales
establecidas para el efecto.
44
Referida a la correspondencia entre las partes motiva y resolutiva de la sentencia.
45
Atinente a la concordancia entre lo decidido y el marco delimitado por la demanda, la contestación y la apelación, sin
perjuicio de las competencias oficiosas otorgadas al juez por el ordenamiento jurídico, de acuerdo con lo contemplado
en el artículo 281 del CGP, aplicable por la remisión consagrada en el artículo 306 del CPACA
46
Determinaciones que reconocen un mayor derecho al pretendido.
47
Decisiones que reconocen una cuestión no reclamada o que siendo reclamada se concedió por una causa distinta al
supuesto fáctico y jurídico enunciado en la demanda.
48
Providencia en la que no se resuelve algún asunto debidamente planteado.
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Cabe anotar que, de forma excepcional, se ha admitido la proposición de la
nulidad procesal ocurrida antes de la expedición de la sentencia, siempre y
cuando esta no haya podido ser advertida por el recurrente, evento en el que
a la parte actora le corresponde demostrar que efectivamente no tuvo la
posibilidad de proponerla en el curso del proceso.
• Por último, la anomalía debe ser de una entidad tal que la decisión adoptada
hubiera sido distinta en caso de no haberse presentado la irregularidad.
6. Caso concreto
6.1. Esta Sala Especial de Decisión estima que en el sub examine no se
estructuró la causal de revisión invocada en la demanda. Lo pretendido es discutir
la existencia de errores de hecho y de derecho a la luz de un supuesto vicio de
incongruencia interna, según pasa a exponerse.
6.2. El principio de congruencia persigue la protección del derecho a obtener una
decisión judicial certera sobre el asunto puesto a consideración del juez, al igual
que la salvaguarda del debido proceso y del derecho de defensa de las partes,
cuya actuación procesal se dirige a controvertir los argumentos y hechos
expuestos en la demanda, tratándose del demandado, y en la contestación, si la
posición procesal es la del demandante.
Tal garantía, que delimita el contenido de la sentencia, se encontraba regulada en
el artículo 305 del CPC y, para lo que aquí interesa, se prevé en el artículo 281 del
CGP49 en los siguientes términos:
[…] La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos
en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las
excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del
pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta.
Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente lo último.
En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho
sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda,
siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar
en su alegato de conclusión o que la ley permita considerarlo de oficio. […]
Considerando lo anterior, la jurisprudencia de esta corporación ha entendido que
la congruencia debe ser interna y externa: aquella, referida a la armonía entre la
parte resolutiva y motiva del fallo correspondiente; esta, atinente a la conformidad
entre la decisión y lo pedido por las partes en la demanda y su contestación50.
49
Norma aplicable al proceso ordinario de controversias contractuales cuya sentencia se pretende infirmar.
50
Es por ello que de vieja data se ha sostenido lo siguiente: «El petitum, entonces, deberá expresar claramente la
modificación o reforma que se pretende de los actos acusados, y a él atañe la observancia por parte del juzgador del
principio de la congruencia de las sentencias, que debe ser tanto interna como externa. La externa, se traduce en la
concordancia debida entre el pedido de las partes en la demanda y su corrección, junto con las excepciones, con lo
decidido en la sentencia y encuentra su fundamento en los artículos 55 de la Ley 270 de 1996 y 170 del C.C.A., en
concordancia con el 305 del C.P.C., que señala que el juez en la sentencia debe analizar ‘los hechos en que se funda la
controversia, las pruebas, las normas jurídicas pertinentes, con el objeto de resolver todas las peticiones’. No debe
olvidarse, además, que conforme al artículo 304 del C.P.C. la parte resolutiva ‘deberá contener decisión expresa y clara
sobre cada una de las pretensiones de la demanda...’. La congruencia interna, está referida a la armonía y
concordancia que debe existir entre las conclusiones judiciales derivadas de las valoraciones fácticas, probatorias y
jurídicas contenidas en la parte considerativa, con la decisión plasmada en la parte resolutiva de la sentencia». Consejo
de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 16 de agosto de 2002, M.P. Juan Ángel Palacio
Hincapié, exp. 12668. Reiterado en Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de
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Vale anotar, que la «alegación sobre el quebrantamiento de [este] principio no admite el
cuestionamiento a la apreciación probatoria o a la actividad interpretativa desarrollada por el juez,
así como tampoco permite calificar el acierto de la decisión censurada o examinar la posible
configuración de errores in iudicando51».
6.3. Según se anotó, en la demanda de revisión se adujo que la providencia era
incongruente en su dimensión interna. De una parte, por la no apreciación de unas
piezas probatorias. De otra, por la vulneración del régimen de derecho privado que
se aplicó al resolver la pretensión relacionada con la existencia del contrato de
obra pública, régimen que no se aplicó al definir las pretensiones atinentes al
incumplimiento contractual y consecuenciales de condena.
Tales aspectos se refieren, en su orden, a errores de hecho y de derecho, no a
incongruencias entre la parte motiva y resolutiva del fallo cuestionado. Esa
conclusión, no otra, se impone al considerar que:
6.3.1.La no valoración de piezas probatorias corresponde, en estricto sentido, a
un cargo relacionado con la evaluación defectuosa o deficiente de la prueba
recaudada.
Se cuestiona el no haber considerado que determinados medios de convicción
daban cuenta de ciertos hechos que, a juicio del recurrente, son relevantes y
variarían la determinación adoptada por el juez de instancia, a saber: la ejecución
parcial de la obra, la designación de un supervisor, la contratación del interventor
por parte del municipio, la recepción parcial a satisfacción por parte del supervisor
e interventor de la obra parcialmente ejecutada, y la ausencia de requisitos como
los exigidos por el juez de instancia para que el acta parcial de recibo de obra No.
01 fuera vinculante.
Fue por eso por lo que en el libelo introductor se hizo referencia a la no
apreciación -parcial o total, según el caso- de los siguientes elementos
probatorios:
• acto administrativo del 28 de agosto de 2015 por el cual se aceptó la oferta
efectuada por el señor Cure Yunez, específicamente, del apartado en el que
se indicó «[…] para la ejecución de las obras, se cuenta con disponibilidad presupuestal
provenientes de recursos propios y recursos de regalías y simultáneamente con la ejecución de las
obras, las partes contractuales adelantarán el diligenciamiento, legalización y perfeccionamiento del
contrato, en cumplimiento del principio de celeridad que regula la actuación administrativa para la
gestión del riesgo de desastres, así como la designación por parte de la Alcaldía de la
interventoría y un supervisor de la ejecución de la obra […]”. [Resalto fuera del original];
• acta parcial de recibo de obra Nro. 01, concretamente lo atinente a los
participantes y al porcentaje de ejecución parcial de la obra señalado;
• comunicación del 11 de septiembre de 2015 dirigida a Eddie Pabón
Bustamante en la que se le informó su designación como supervisor;
• comunicación de agosto de 2015 dirigida a Ingenieros Ltda. en la que se le
informó que su propuesta de interventoría era la que más se ajustaba a las
necesidades de emergencia;
Decisión Nro. 1, M.P.: María Adriana Marín, sentencia del 26 de octubre de 2022, radicado: 11001-03-15-000-2016-
02271-00.
51
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión Nro. 25, M.P.: Marta Nubia
Velásquez Rico, sentencia del 4 de agosto de 2023, exp.: 11001-03-15-000-2022-04218-00 (6723).
14
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• dictamen pericial rendido dentro del proceso, mismo que, según se afirmó,
corroboró las conclusiones a las que arribó la inspección judicial respecto de
la ejecución parcial de las labores;
• declaraciones rendidas al interior del proceso por quienes en su momento
fungieron como alcalde municipal y supervisor -señores Luis Tete Samper y
Eddie Pabón, respectivamente-
El reparo cuestiona la valoración probatoria efectuada por el juez de instancia, por
lo que se encuentra vedado a la luz de la discusión del vicio de incongruencia y,
escapa, incluso, al ámbito del recurso extraordinario de revisión, según se ha
anotado.
Considérese, de una parte, que «[…] la apreciación de los medios de convicción es una
actividad del juez natural de la causa, que se encuentra amparada por el principio de autonomía,
independencia judicial y sana crítica, [por lo que] el desacuerdo de las partes en el análisis
probatorio realizado al interior del proceso en el que se dictó la sentencia que se ataca no es objeto
de este recurso excepcional, pues se repite, no constituye una tercera instancia 52». Y, de otra,
que la discusión de la afectación del principio de congruencia no habilita debatir la
apreciación probatoria, tal como se señaló.
Así las cosas, el reproche pone de presente una inconformidad con el resultado de
la labor valorativa, en tanto no le fue favorable al hoy recurrente; actuación que,
como se ha visto, desconoce los objetivos y fines del instrumento extraordinario.
6.3.2. Ahora bien, con relación al régimen aplicable cabe señalar que el asunto se
refiere a un error in iudicando. Corresponde a la aplicación indebida de una norma
-Ley 80 de 1993- o, si se quiere, a la falta de aplicación de una norma, en este
caso, del artículo 66 de la Ley 1523 de 2012.
Dicho aspecto tampoco puede ser ventilado a través de la causal de revisión
invocada y, mucho menos a través del recurso extraordinario. Téngase en cuenta
que se está discutiendo una conclusión de derecho de la sentencia: la necesidad
de que interviniera la entidad demandada a través de su representante legal o del
servidor en quien se hubieran delegado las funciones de contratación para
comprometerla contractualmente.
Ello se corrobora porque en el apartado acusado como incongruente (párrafo 52 de
la sentencia atacada), en el que no se efectuó referencia alguna al régimen de la
Ley 80 de 1993, se señaló la necesidad de contar con la presencia del servidor
autorizado para comprometer al municipio o, en su defecto, del contrato de
interventoría para determinar su alcance y la incidencia de la actuación de quien
figuraba como interventor al momento de suscribir el acta parcial de recibo de obra N°. 1
del 15 de noviembre de 2015.
Así se anotó:
52. En lo relativo al no pago del acta de ejecución, la Sala observa que en el expediente obra
un documento titulado “acta parcial de recibo de obra N° 1”, firmada por el contratista, un
interventor y por el supervisor. Al respecto, si lo que pretendía el demandante era que, con
base en este documento (que lleva un título diferente a la calificación que él le dio en su
demanda) se reconociera un incumplimiento de la entidad, se advierte que en esta actuación
52
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión Nro. 27, M.P.: Rocío Araújo
Oñate, sentencia del 3 de diciembre de 2019, radicado: 11001-03-15-000-2018-03791-00(REV).
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Demandante: Antonio Bernardo Cure Yunez
no intervino la entidad demandada a través de su jefe o representante legal o de la persona
en la que se hubieran delegado las funciones de contratación. Esto es, la referida acta de
recibo no puede comprometer a la entidad demandada porque ella no hizo parte de esta
actuación. Además, aunque un individuo, calificado como interventor, no podría
comprometer a la entidad a través del recibo de una obra, por encima de todo, ni siquiera se
acreditó que el “interventor” lo fuera de la obra objeto del contrato de emergencia, pues se
desconocen, por completo, las calidades en la que actuó el denominado “interventor”, ante la
ausencia del contrato de interventoría, el cual, tampoco se aportó al proceso.
Por lo tanto, considerando la naturaleza y alcance de los reparos formulados,
huelga concluir su improcedencia en la vía extraordinaria, pues, tal como se
señaló en el apartado 4 de esta providencia, el mecanismo de la referencia no es
el medio para corregir los yerros probatorios de las partes, ni para reconducir el
proceso en hechos, pruebas o argumentos, revivir términos o reabrir el debate
surtido en el trámite ordinario.
7. Costas
La demanda de la referencia se presentó el 14 de diciembre de 202253, razón por
la que le resultan aplicables las disposiciones procesales contenidas en el
CPACA, modificado por la Ley 2080 de 2021, así como las disposiciones del
Código General del Proceso.
En efecto, el artículo 86 de la Ley 2080 de 2021 dispone:
ARTÍCULO 86. RÉGIMEN DE VIGENCIA Y TRANSICIÓN NORMATIVA. La presente ley
rige a partir de su publicación, con excepción de las normas que modifican las competencias
de los juzgados y tribunales administrativos y del Consejo de Estado, las cuales solo se
aplicarán respecto de las demandas que se presenten un año después de publicada esta
ley.
Las nuevas reglas del dictamen pericial contenidas en la reforma a los artículos 218 a 222
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se aplicarán
a partir de la publicación de la presente ley para los procesos y trámites iniciados en vigencia
de la Ley 1437 de 2011 en los cuales no se hayan decretado pruebas.
De conformidad con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del
Código General del Proceso, las reformas procesales introducidas en esta ley prevalecen
sobre las anteriores normas de procedimiento desde el momento de su publicación y solo
respecto de los procesos y trámites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011.
En estos mismos procesos, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las
audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a
correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las
leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron
las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes
o comenzaron a surtirse las notificaciones” [Resalto fuera del original].
Por ello, resulta aplicable lo previsto en el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021, que
modificó el artículo 255 del CPACA, e impuso el deber de condenar en costas
cuando el recurso extraordinario de revisión se declare infundado. Así se dispone
expresamente:
ARTÍCULO 255. SENTENCIA. <Artículo modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de
2021. El nuevo texto es el siguiente:> Vencido el período probatorio se dictará sentencia.
Si el competente encuentra fundada alguna de las causales de los numerales 1 a 4 y 6 a 8
del artículo 250 de este código, o la del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
invalidará la sentencia revisada y dictará la que en derecho corresponde.
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Índice 2 del SAMAI del proceso de la referencia.
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En la sentencia que invalide la decisión revisada se resolverá sobre las restituciones,
cancelaciones, perjuicios, frutos, mejoras, deterioros y demás consecuencias de dicha
invalidación. Si en el expediente no existiere prueba para imponer la condena en concreto,
esta se hará en abstracto y se dará cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 193 de este
código.
Si halla fundada la causal del numeral 5 del señalado artículo 250, o la del literal a) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, declarará la nulidad de la sentencia o de la actuación
afectada con la causal que dio lugar a la revisión, y devolverá el proceso a la autoridad
judicial de origen para que rehaga lo actuado o dicte sentencia de nuevo, según
corresponda.
Si se declara infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios al recurrente”
(se destaca).
Como esa previsión no contiene una regulación íntegra de la condena en costas
corresponde integrarla con lo previsto en los artículos 365 y 366 del C.G.P.,
aplicables en virtud de la remisión dispuesta en el artículo 188 del C.P.A.C.A.
Así, en el artículo 365 del C.G.P. resulta relevante considerar el numeral 8, al
tenor del cual «[s]ólo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y
en la medida de su comprobación». Y en el artículo 366 ibidem deben tenerse en cuenta
los numerales 1, 4 y 6, según los cuales:
Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia,
inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el
auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas:
1. El secretario hará la liquidación y corresponderá al juez aprobarla o rehacerla. […]
4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el
Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este
y un máximo, el juez tendrá́ en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la
gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del
proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas
tarifas. […]
6. Cuando la condena se imponga en la sentencia que resuelva los recursos de casación y
revisión o se haga a favor o en contra de un tercero, la liquidación se hará
inmediatamente quede ejecutoriada la respectiva providencia o la notificación del auto
de obedecimiento al superior, según el caso.
Aplicando lo anterior al caso concreto se tiene que no hay lugar a la condena en
costas, porque el municipio de Ciénaga (Magdalena) no concurrió al proceso.
8. Poderes
8.1. Mediante escrito obrante en los índices 91 y 92 del Samai, el profesional
Sergio Rafael Infanzón Caneva, aduciendo la calidad de apoderado judicial del
municipio convocado por pasiva, presentó renuncia al poder, misma que
acompañó de comunicación dirigida, vía correo electrónico, a la oficina jurídica de
la entidad.
La sala especial no aceptará la renuncia presentada, ya que dentro del proceso no
se ha reconocido personería para actuar en representación del ente territorial al
mencionado profesional, si se tiene en cuenta que dicha entidad no ha concurrido
al proceso ni le ha otorgado poder.
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8.2. A través de memorial del 13 de mayo del año en curso 54, el accionante
revocó el poder otorgado al profesional Kevin José Torrenegra Hernández y otorgó
poder al abogado Mateo José Quintero Ortiz, identificado con la cédula de
ciudadanía 1.001.997.646, portador de la T.P. 456.156 del C.S. de la J., para que
actúe en su nombre y representación.
El artículo 76 del CGP establece las diferentes formas de terminación del poder en
el desarrollo de las causas judiciales, dentro de las que figura el instituto de la
revocación.
De conformidad con esta disposición, la revocatoria del poder tiene lugar cuando
el poderdante radica escrito en la secretaría informando de tal circunstancia –
revocatoria expresa–; o luego de que este designa a otro profesional del derecho
para la defensa y representación de sus derechos en el marco de los procesos
judiciales –revocatoria implícita–. La providencia que admite revocación no es
pasible de recursos por expresa voluntad del legislador
Así las cosas, se advierte que están reunidos los presupuestos exigidos por la
norma para aceptar la revocación del poder otorgado al abogado Kevin José
Torrenegra Hernández, y para reconocer personería adjetiva al profesional Mateo
José Quintero Ortiz.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sala Especial de Decisión Nro. 13, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto
por Antonio Bernardo Cure Yunez contra la sentencia del 18 de noviembre de
2021, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
dentro del proceso de radicado 47001-23-33-000-2017-00084-01 (64399).
SEGUNDO: No condenar en costas a la parte recurrente, de acuerdo con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: No aceptar la renuncia al poder presentada, por las razones
expuestas en la parte motiva.
CUARTO: Aceptar la revocatoria del poder otorgado por el demandante al
abogado Kevin José Torrenegra Hernández, identificado con la cédula de
ciudadanía 1.140.847.158 y portador de la tarjeta profesional 271.299, dentro del
proceso de la referencia.
QUINTO: Reconocer personería al abogado Mateo José Quintero Ortiz,
identificado con la cédula de ciudadanía 1.001.997.646 y con la tarjeta profesional
456.156, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, para representar
dentro del proceso de la referencia al actor, en los términos y para los efectos del
poder visible en el índice 97 del Samai.
SEXTO: En firme esta providencia, archívese el expediente.
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Índice 97 del Samai del proceso de la referencia.
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Notifíquese y cúmplase,
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala Especial de
Decisión Nro. 13 en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Magistrada Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado Magistrado
Aclara el voto
(Firmado electrónicamente)
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la
siguiente dirección electrónica:https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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