Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2025-00132-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-26-000-2025-00132-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2025-00132-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-26-000-2025-00132-00
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
19 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
MAGISTRADA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., diecinueve (19) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-26-000-2025-00132-00 (73487)
Recurrente: Unión Temporal Cluster Research – Help File
Demandados: Nación – Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones y otro
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
TEMAS: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – procedencia – no es una instancia
adicional para reabrir aspectos debatidos y resueltos en el proceso inicial. CAUSALES – son
taxativas y de interpretación restrictiva. CAUSAL 5ª DEL ARTÍCULO 250 DEL CPACA –
nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso – presupuestos para su configuración.
NULIDAD ORIGINADA EN LA SENTENCIA POR FALTA DE CONGRUENCIA – se presenta
cuando existe disparidad protuberante entre lo pedido, lo debatido y lo probado. DECLARA
INFUNDADO – no se acreditó la falta de congruencia. CONDENA EN COSTAS Y AGENCIAS
EN DERECHO – Al declararse infundado el recurso extraordinario de revisión, se condena en
costas a la parte recurrente, de conformidad con los artículos 188 del CPACA y 365.1 del CGP.
Así mismo, se fijan agencias en derecho por un (1) SMLMV a favor de la entidad demandada,
conforme al artículo 5 del Acuerdo PSAA16-10554 de 2016.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide, en única instancia1, el recurso extraordinario de revisión interpuesto
por la Unión Temporal Cluster Research – Help File (en lo sucesivo, la Unión
Temporal), contra la sentencia proferida el 29 de noviembre de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, dentro del proceso de controversias contractuales
identificado con el radicado núm. 11001-33-36-034-2018-00296-02.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (en lo
sucesivo, MINTIC), adelantó el concurso de méritos abierto núm. FTIC-CM-11-17,
para la realización de la Encuesta TIC (2017-2018) y la caracterización TIC de los
departamentos y ciudades capitales de Colombia (2016 y 2017), en el que fungió
como oferente la Unión Temporal, cuya propuesta fue excluida del proceso de
selección por no acreditar la tarjeta profesional de la directora del Proyecto como
requisito habilitante de experiencia.
1 Artículos 243, 243ª, 249 y 255 del CPACA. Al sub júdice le resultan aplicables las disposiciones
procesales vigentes para la fecha de presentación de la demanda de revisión, las cuales
corresponden a las contenidas en la Ley 1437 de 2011, modificada por la Ley 2080 de 2021, así
como a las disposiciones del C.G.P., en virtud de la integración normativa dispuesta por el artículo
306 del primero de los estatutos mencionados.
Radicado: 11001-03-26-000-2025-00132-00 (73487)
Recurrente: Unión Temporal Cluster Research – Help File
La Unión Temporal presentó demanda de controversias contractuales contra la
Nación – MINTIC, con el fin de que se declarara la nulidad del acta de la audiencia
de apertura y revisión de ofertas y de la Resolución núm. 003045 de 26 de diciembre
de 2017, mediante la cual se adjudicó el contrato a Consultores en Información
Infometrika S.A.S.; a título de restablecimiento del derecho, solicitó el
reconocimiento de los perjuicios causados.
El Juzgado 34 Administrativo del Circuito de Bogotá negó las pretensiones de la
demanda, al considerar que la exclusión de la oferta se ajustó al pliego de
condiciones. En el trámite de segunda instancia, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca confirmó la decisión, aunque por razones distintas, al concluir que,
si bien la oferta no debió ser excluida, no se acreditó que fuera la más favorable ni
que existiera derecho a la adjudicación del contrato.
El demandante interpuso recurso extraordinario de revisión contra la sentencia
dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pues, en su criterio, se
materializó la causal 5ª del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (en lo sucesivo, CPACA), es decir, por "[e]xistir
nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso". A su juicio, la sentencia
cuestionada incurrió en vulneración del principio de congruencia.
II. ANTECEDENTES
1. El proceso de controversias contractuales en el que se profirió la sentencia
objeto de revisión
El recurrente narró que, el 24 de noviembre de 2017, el Ministerio de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones2 publicó el pliego de condiciones del
concurso de méritos abierto núm. FTIC-CM-11-17, cuyo objeto consistía en la
realización de la Encuesta TIC (2017-2018) y la caracterización TIC de los
departamentos y ciudades capitales de Colombia (2016 y 2017).
Indicó que, el 5 de diciembre de 2017, presentó su oferta junto con otros cinco
proponentes.
Sostuvo que, el 13 de diciembre de 2017, la entidad publicó el informe de evaluación
técnica preliminar, en el cual determinó que su oferta no cumplía con el requisito
habilitante de experiencia del equipo de trabajo, al no haber aportado la tarjeta
profesional de la directora del Proyecto.
Expuso que, el 18 de diciembre de 2017, presentó observaciones a dicho informe,
en las que señaló que, conforme a la normativa que regula la profesión de Mercadeo
Nacional e Internacional, no hay lugar a la expedición de tarjeta profesional, sino de
2Consultores en Información Infometrika S.A.S fue vinculada como litisconsorcio necesario por
pasiva.
2
Radicado: 11001-03-26-000-2025-00132-00 (73487)
Recurrente: Unión Temporal Cluster Research – Help File
matrícula profesional, por lo que la entidad no podía exigir un requisito adicional a
los previstos en el pliego de condiciones; en consecuencia, solicitó la habilitación de
su propuesta.
Afirmó que, el 26 de diciembre de 2017, el comité evaluador dio respuesta a las
observaciones, manifestando que, aunque la tarjeta profesional no era exigible, sí
lo era la matrícula profesional expedida por el Consejo Nacional de Profesiones
Internacionales y Afines (en adelante, CONPIA), documento necesario para
acreditar el ejercicio legal de la profesión de Mercadeo Nacional e Internacional.
Señaló que, en la misma fecha, en la audiencia de apertura y revisión de ofertas, el
comité evaluador presentó el informe consolidado de evaluación, en el que
consideró habilitadas tres ofertas y concluyó que la demandante no se encontraba
habilitada para continuar en el proceso de selección, reiterando que incumplía el
referido requisito.
Indicó que, mediante Resolución núm. 003045 de 26 de diciembre de 2017, se
adjudicó el contrato a Consultores en Información Infometrika S.A.S., por cumplir
los requisitos del pliego de condiciones.
Manifestó que, el 7 de septiembre de 2018, presentó demanda en ejercicio del
medio de control de controversias contractuales contra la Nación – MINTIC, para
que se declarara la nulidad del acta de la audiencia de apertura y revisión de ofertas
y de la Resolución núm. 003045 de 2017, así como el reconocimiento de los
perjuicios ocasionados3.
Indicó que, el 31 de octubre de 2023, el Juzgado 34 Administrativo del Circuito de
Bogotá negó las pretensiones, al concluir que no se probó la falsa motivación de los
actos acusados ni que la oferta de la demandante cumpliera los requisitos
habilitantes exigidos o constituyera la mejor propuesta4.
Afirmó que, el 21 de noviembre de 2023, la parte demandante apeló la decisión, con
fundamento en que el requisito de la tarjeta profesional no estaba previsto en el
pliego, se desconoció la experiencia acreditada y se vulneró la confianza legítima,
por lo que su propuesta debió ser evaluada5.
Explicó que, el 29 de noviembre de 2024, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca confirmó la decisión de primera instancia, al considerar que, si bien
3 Índice 23 de SAMAI, Documento “34RECIBEMEMORIAL”, “Cuaderno principal”, “006ED_01_00
Demanda”. La demanda inicial fue inadmitida mediante auto de 30 de noviembre de 2018, la cual
fue posteriormente subsanada.
4 Índice 23 de SAMAI, Documento “34RECIBEMEMORIAL”, “Cuaderno principal”, “059ED_40Fallo”.
5Índice 23 de SAMAI, Documento “34RECIBEMEMORIAL”, “Cuaderno principal”,
“061ED_41Apelación”.
3
Radicado: 11001-03-26-000-2025-00132-00 (73487)
Recurrente: Unión Temporal Cluster Research – Help File
la oferta cumplía el requisito técnico habilitante y debió ser evaluada, no se
demostró que fuera la más favorable6.
2. El recurso extraordinario de revisión
La Unión Temporal interpuso el presente recurso extraordinario de revisión contra
la sentencia proferida el 29 de noviembre de 2024 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca7.
Invocó la causal 5ª del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo (en lo sucesivo, CPACA), es decir, “[e]xistir nulidad
originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso
de apelación”.
En sustento, afirmó que la sentencia recurrida vulneró el principio de congruencia,
por cuanto: (i) desbordó el objeto del litigio delimitado por la demanda, su
contestación, la sentencia de primera instancia y el recurso de apelación, al
introducir el análisis de un empate que no fue materia de debate y desmejorar así
su situación como apelante única; (ii) incurrió en una contradicción al concluir que
su oferta no debía ser excluida y que, de haber sido habilitada, habría concurrido en
empate con la adjudicataria, pero, aun así, negó la nulidad de los actos acusados y
el reconocimiento de los perjuicios, sin considerar la pérdida de oportunidad de
participar en el sorteo previsto como mecanismo de desempate; y (iii) sustentó su
decisión en “una providencia” que estimó inaplicable al caso y desconoció la
jurisprudencia aplicable a los eventos de empate entre oferentes8.
En consecuencia, solicitó la nulidad de la sentencia y la adopción de las decisiones
necesarias para el restablecimiento del derecho invocado.
3. Contestación al recurso extraordinario de revisión
El 11 de diciembre de 2025 se admitió el recurso extraordinario de revisión y se
ordenó notificar a la Nación – MINTIC, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado9.
3.1. La Nación – MINTIC sostuvo que no se configuró la causal invocada, pues la
sentencia recurrida abordó aspectos necesarios para determinar la procedencia del
restablecimiento del derecho, como el eventual empate entre ofertas y la falta de
acreditación de que la oferta del demandante era la más favorable. Indicó, además,
que los cuestionamientos reflejan únicamente inconformidad con las conclusiones
6 Índice 23 de SAMAI, Documento “32_Memorial”, expediente digital del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, índice 10 de SAMAI del proceso con radicado núm. 11001-33-36-034-2018-00296-
02.
7 Índice 2 de SAMAI, Documento “3_Demanda”.
8 Citó “Consejo de Estado, sentencia de 16 de agosto de 2018, Exp. Núm. 38339”.
9 Índice 4 de SAMAI, Documento “5Autoqueadmite”.
4
Radicado: 11001-03-26-000-2025-00132-00 (73487)
Recurrente: Unión Temporal Cluster Research – Help File
jurídicas y probatorias del Tribunal y buscan reabrir un debate ya resuelto en el
trámite ordinario10.
3.2. La Procuraduría General de la Nación conceptuó que no se configuró la nulidad
alegada, dado que la sentencia no incurrió en incongruencia ni en vicios de nulidad.
Señaló que el Tribunal resolvió de forma expresa y motivada los asuntos sometidos
a su consideración y que, al analizar el restablecimiento del derecho, debía verificar
si la oferta del demandante era la más favorable como requisito necesario para la
indemnización. Indicó que, con fundamento en las pruebas y en la jurisprudencia
del Consejo de Estado, se concluyó que la propuesta no cumplía dicha condición,
pues hubo empate con la oferta adjudicataria y la selección debía definirse por
sorteo conforme al pliego de condiciones11.
3.3. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado guardó silencio en esta
oportunidad procesal.
III. CONSIDERACIONES
Para resolver el recurso extraordinario de revisión, la Sala abordará los siguientes
aspectos: (1) presupuestos procesales, (2) problema jurídico, (3) hechos probados,
(4) análisis de configuración de la causal de revisión extraordinaria, (5) conclusión
y (6) costas.
1. Presupuestos procesales
1.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24912 del CPACA, en
concordancia con el artículo 1313 del Acuerdo 080 de 201914, modificado por el
artículo 1º del Acuerdo 434 de 202415, la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado es competente para resolver el recurso extraordinario de
revisión interpuesto contra la sentencia proferida en segunda instancia por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
10 Índice 15 de SAMAI, Documento “23_Memorial”.
11 Índice 14 de SAMAI, Documento “Memorial”.
12 “Artículo 249. Competencia. […] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas
proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo
de Estado según la materia. […]”.
13 “Artículo 13. Distribución de los procesos entre las secciones. Para efectos del reparto, los asuntos
de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones
atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: […] Sección Tercera: 10. El
recurso extraordinario de revisión contra las sentencias [...] dictadas por los tribunales
administrativos, en asuntos relacionados con la competencia de esta sección. […]”.
14 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
15 “Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se
le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90”.
5
Radicado: 11001-03-26-000-2025-00132-00 (73487)
Recurrente: Unión Temporal Cluster Research – Help File
1.2. De acuerdo con el artículo 24816 del CPACA, el presente recurso
extraordinario de revisión es procedente, toda vez que tiene por objeto la revisión
de una sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que se
encuentra debidamente ejecutoriada.
1.3. Al tenor del artículo 25117 del CPACA, el recurso extraordinario de
revisión se formuló dentro del término legal, toda vez que: (i) el 15 de enero de
2025 quedó ejecutoriada la sentencia recurrida (hecho probado 3.18.); y (ii) el 29 de
septiembre de 2025 el demandante interpuso el recurso extraordinario de revisión,
es decir, dentro del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia impugnada.
1.4. La Unión Temporal se encuentra legitimada en la causa para interponer el
recurso extraordinario de revisión, pues fungió como parte activa en la demanda
de controversias contractuales resuelta el 29 de noviembre de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
2. Problema jurídico
De conformidad con los cargos expuestos en el recurso extraordinario de revisión,
corresponde a la Sala determinar si se configura la causal de revisión establecida
en el numeral 5° del artículo 250 del CPACA, esto es, si existe nulidad originada en
la sentencia proferida el 29 de noviembre de 2024 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca por vulneración al principio de congruencia.
3. Hechos probados
Con fundamento en las pruebas que obran en el expediente, se encuentran
acreditados los siguientes hechos relevantes para la decisión del presente asunto:
3.1. El 24 de noviembre de 2017, el MINTIC ordenó la apertura del concurso de
méritos abierto núm. FTIC-CM-11-17, cuyo objeto consistía en la realización de la
Encuesta TIC (2017-2018) y la caracterización TIC de los departamentos y ciudades
capitales de Colombia (2016 y 2017)18.
3.2. El 24 de noviembre de 2017, el MINTIC publicó el pliego de condiciones que,
entre otros, estableció como requisito técnico habilitante el denominado “equipo de
trabajo mínimo requerido y experiencia”, consistente en que el proponente debía
presentar los documentos que acreditaran la formación y experiencia de
16 “Artículo 248. Procedencia. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias
ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos”.
17 “Artículo 251. Término para interponer el recurso. El recurso podrá interponerse dentro del año
siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia. […]”. Para las causales 1°, 2°, 5°, 6° y 8°, el
término para formular el recurso extraordinario de revisión es de un año, contado a partir de la
ejecutoria de la respectiva sentencia. Entonces, como en este asunto se invocó la causal 5°, los
recurrentes contaban con 1 año, una vez en firme la providencia objeto de censura.
18 Índice 23 de SAMAI, Documento “34RECIBEMEMORIAL”, “Cuaderno principal”,
“022ED_11_01_RespuestaMinTic”.
6
Radicado: 11001-03-26-000-2025-00132-00 (73487)
Recurrente: Unión Temporal Cluster Research – Help File
determinados roles, entre ellos, el de director de Proyecto, así como anexar a la
hoja de vida los siguientes soportes19:
“a. Fotocopia legible del título profesional o del acta de grado.
b. Fotocopia legible de la tarjeta profesional. Sólo se deberá anexar la tarjeta
profesional cuando la Ley establezca este requisito para el ejercicio de su
profesión.
c. Certificado de vigencia de la tarjeta profesional, en caso de ser necesario.
d. Fotocopia legible del documento de identificación: cédula de ciudadanía, cédula de
extranjería o pasaporte.
e. Fotocopia legible de los documentos soporte de experiencia (Destacado fuera del
texto)”.
3.3. El 5 de diciembre de 2017, la Unión Temporal, Consultores en Información
Infometrika S.A.S., Brandstrat S.A.S., Proyectamos Colombia S.A.S., la Unión
Temporal GFK MINTIC 2017 y el Centro Nacional de Consultoría S.A. presentaron
sus ofertas20.
3.4. El 13 de diciembre de 2017, el comité evaluador publicó el informe preliminar
de evaluación, en el cual determinó que la oferta presentada por la Unión Temporal
demandante no cumplía con el requisito técnico de experiencia del equipo de
trabajo, con fundamento en que, entre otros, no aportó la tarjeta profesional de la
directora del Proyecto, así21:
“EXPERIENCIA EQUIPO DE TRABAJO […] NO CUMPLE […].
DIRECTOR: No aporta tarjeta profesional conforme al artículo 3°, literal g) de la
ley 556 de 2000, al decreto 717 de 2006 y Acuerdo No. 001 de 15 de septiembre
de 2014.
No se contabiliza como válido el contrato laboral allegado en tanto la certificación
anexada es de la empresa proponente y el contrato es firmado por la profesional como
empleador ya como empleada. Esta circunstancia no le permite al equipo evaluador
tener claridad frente a la calidad de quien está suscribiendo el contrato y por ende
certificando la experiencia del profesional propuesto.
EXPERTO CUANTITATIVO: El proyecto acreditado (No. 2) no cumple con alguna de
las tipologías de proyectos definidos en el pliego de condiciones” (Destacado fuera
del texto).
3.5. El 18 de diciembre de 2017, la Unión Temporal presentó observaciones al
informe preliminar de evaluación, en las que sostuvo: (i) que, en relación con la
directora del Proyecto, la normativa invocada por la entidad hacía referencia a la
matrícula profesional y no a la tarjeta profesional, que era el documento exigido en
el pliego de condiciones y que, además, no era requerida para el ejercicio de la
19 Índice 23 de SAMAI, Documento “34RECIBEMEMORIAL”, “Cuaderno principal”,
“22ED_11Respuesta Min”.
20 Índice 23 de SAMAI, Documento “34RECIBEMEMORIAL”, “Cuaderno principal”,
“010ED_01_4Actora”, “d. ResoluciónNo.003045”, Pág. 2.
21 Índice 23 de SAMAI, Documento “34RECIBEMEMORIAL”, “Cuaderno principal”,
“22ED_11Respuesta Min”.
7
Radicado: 11001-03-26-000-2025-00132-00 (73487)
Recurrente: Unión Temporal Cluster Research – Help File
profesión de Mercadeo Nacional e Internacional; (ii) que el contrato laboral aportado
era válido, dado que fue suscrito por el representante legal de una sociedad por
acciones simplificada (S.A.S.) con accionista único, quien contaba con facultades
para contratar; y (iii) que el proyecto acreditado para el Experto Cuantitativo sí
cumplía con las tipologías exigidas en el pliego de condiciones. Con fundamento en
lo anterior, solicitó la habilitación de su propuesta22.
3.6. El 26 de diciembre de 2017, la entidad dio respuesta a las observaciones
presentadas por la Unión Temporal, indicando que el requisito de tarjeta profesional
previsto en el pliego de condiciones constituía una exigencia legal para el ejercicio
de la profesión, de manera que, si la norma aplicable evidenciaba dicho ejercicio a
través de la matrícula profesional, este documento debía aportarse, aun cuando el
pliego solo hiciera referencia a la tarjeta profesional, por tratarse de requisitos
legales ineludibles en los procesos de contratación. En consecuencia, concluyó que,
al no haberse allegado la matrícula profesional exigida para la profesión de
Mercadeo Nacional e Internacional, persistía el incumplimiento del requisito
relacionado con la formación académica de la profesional propuesta. Asimismo,
acogió las observaciones relativas a la validez del contrato laboral aportado y al
proyecto acreditado para el Experto Cuantitativo23.
3.7. El 26 de diciembre de 2017, en la audiencia de apertura y revisión de ofertas,
el comité evaluador presentó el informe consolidado de evaluación, en el cual
declaró habilitadas las propuestas de Consultores en Información Infometrika
S.A.S., Brandstrat S.A.S. y Centro Nacional de Consultoría S.A., y aplicó los criterios
de ponderación previstos en el pliego de condiciones, asignando puntajes de 100,
95 y 90 puntos, respectivamente. Como consecuencia de lo anterior, la propuesta
de Consultores en Información Infometrika S.A.S. se ubicó en el primer orden de
elegibilidad, por lo que se ordenó la apertura de su sobre económico y, una vez
verificada la consistencia de dicha oferta con la propuesta técnica, el comité
evaluador y asesor recomendó la adjudicación del contrato a este proponente24.
3.8. Mediante Resolución núm. 003045 de 26 de diciembre de 2017, el MINTIC
adjudicó el Concurso de Méritos Abierto al proponente Consultores en Información
Infometrika S.A.S., al considerar que cumplía con los requisitos habilitantes y había
obtenido el mayor puntaje conforme a los criterios de evaluación establecidos en el
pliego de condiciones25.
3.9. El 7 de septiembre de 2018, la Unión Temporal presentó demanda en ejercicio
del medio de control de controversias contractuales contra la Nación – MINTIC, para
22 Índice 23 de SAMAI, Documento “34RECIBEMEMORIAL”, “Cuaderno principal”,
“014ED_04_00AnexosSubsana”, Págs. 75 a 77.
23 Índice 23 de SAMAI, Documento “34RECIBEMEMORIAL”, “Cuaderno principal”,
“014ED_04_00AnexosSubsana”, Págs. 79 a 88.
24 Índice 23 de SAMAI, Documento “34RECIBEMEMORIAL”, “Cuaderno principal”,
“010ED_01_4Actora”, “e. Actadeaudiencia”.
25 Índice 23 de SAMAI, Documento “34RECIBEMEMORIAL”, “Cuaderno principal”,
“010ED_01_4Actora”, “d. ResoluciónNo.003045”.
8
Radicado: 11001-03-26-000-2025-00132-00 (73487)
Recurrente: Unión Temporal Cluster Research – Help File
que se declarara la nulidad del acta de la audiencia de apertura y revisión de ofertas
y de la resolución de adjudicación, así como el reconocimiento y pago de los
perjuicios “ocasionados por la utilidad dejada de percibir, la cual hubiera obtenido
de habérsele adjudicado dicho concurso de méritos y los demás perjuicios que se
deriven de la nulidad de los actos”26.
3.10. El 26 de agosto de 2019, la parte demandada contestó la demanda y se opuso
a las pretensiones, con fundamento en que: (i) la exclusión de la propuesta se ajustó
al pliego de condiciones, por no acreditarse la matrícula profesional de la directora
del Proyecto; y (ii) la demandante no demostró haber presentado la oferta más
favorable. Para sustentar esto último, allegó un informe del Grupo Interno de Trabajo
de Procesos Judiciales y Extrajudiciales, según el cual, aun si la propuesta hubiera
sido habilitada, habría obtenido solo 50 puntos frente a los 100 alcanzados por el
adjudicatario, debido a la falta de acreditación de la experiencia adicional del
proponente y del equipo de trabajo, en particular, en proyectos del sector TIC, el
número mínimo de encuestas exigido y la ejecución de contratos dentro del plazo
previsto en el pliego27.
3.11. El 3 de agosto de 2023, el Juzgado 34 Administrativo de Bogotá, en la
audiencia inicial, indicó que el objeto del litigio consistía en determinar la legalidad
de los actos acusados y establecer si la oferta presentada por la demandante podía
considerarse la mejor, conforme al pliego de condiciones y, en particular, “frente a
los factores de desempate” allí establecidos, así como el análisis de la procedencia
del reconocimiento de la utilidad dejada de percibir28.
Asimismo, decretó, como prueba de oficio, la solicitud de un informe a la parte
demandada para que indicara cuáles de los proponentes dentro del proceso de
selección cumplían con el factor de desempate núm. 429, relativo al porcentaje de la
nómina en condición de discapacidad30.
3.12. El 28 de agosto de 2023, la parte demandada informó que la entidad adjudicó
el concurso al proponente que cumplió con los requisitos habilitantes y obtuvo el
mayor puntaje según los criterios de evaluación, por lo que no fue necesario aplicar
26 Índice 23 de SAMAI, Documento “34RECIBEMEMORIAL”, “Cuaderno principal”,
“013ED_04_00Subsanación”.
27 Índice 23 de SAMAI, Documento “34RECIBEMEMORIAL”, “Cuaderno principal”,
“018ED_08_00Contestación”.
28 Índice 23 de SAMAI, Documento “34RECIBEMEMORIAL”, “Cuaderno principal”,
“36AudienciaInicial”, “ActaAudienciaInicial”.
29 El pliego de condiciones estableció el factor de desempate núm. 4 así: “Preferir la Propuesta
presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que por lo menos
el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad a la que se refiere la Ley
361 de 1997. Si la Oferta es presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad
futura, el integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en
condición de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una participación de por
lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad
futura y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la Oferta”.
30 Índice 23 de SAMAI, Documento “34RECIBEMEMORIAL”, “Cuaderno principal”,
“36AudienciaInicial”, “ActaAudienciaInicial”, “DecideSobrePruebas”.
9
Radicado: 11001-03-26-000-2025-00132-00 (73487)
Recurrente: Unión Temporal Cluster Research – Help File
los factores de desempate; sin embargo, precisó que, de haberse evaluado, ninguno
de los proponentes habría cumplido el factor de desempate núm. 4, relativo al
porcentaje de la nómina en condición de discapacidad, por cuanto no se acreditó
integralmente el cumplimiento de los requisitos exigidos en el pliego de condiciones,
al no aportarse el certificado expedido por la oficina del trabajo ni las constancias
firmadas por el representante legal y/o por el revisor fiscal. Al respecto, en el informe
se lee31:
“En virtud de lo anterior, por medio del presente informe y bajo la gravedad del
juramento, se indica que verificadas las ofertas presentadas dentro del proceso de
selección FTIC-CM-11-17, NINGUNO de los proponentes cumpliría con lo requerido
para el factor de desempate No. 4 condición de discapacidad en virtud de lo
establecido en el Pliego de Condiciones, dejando constancia que esta actuación
correspondería al comité evaluador designado para tal proceso en su momento”
(Destacado incluido en el texto).
3.13. El 29 de agosto de 2023, la parte demandante presentó alegatos de
conclusión. Expuso que el rechazo de su oferta se fundamentó en la supuesta falta
de acreditación de la tarjeta profesional del director del Proyecto; sin embargo,
sostuvo que dicho requisito no era exigible, porque no estaba previsto en el pliego
de condiciones y por cuanto la profesión de Mercadeo Nacional e Internacional no
lo requería para su ejercicio. En consecuencia, afirmó que la ausencia de la
matrícula profesional no podía dar lugar al rechazo de la oferta ni impedir la
acreditación de la experiencia, y que, de haberse evaluado correctamente, su
propuesta habría cumplido con los requisitos habilitantes y alcanzado el puntaje
máximo de 100 puntos, con derecho a la aplicación de las reglas de desempate a
su favor32.
3.14. El 29 de agosto de 2023, la parte demandada presentó alegatos de conclusión.
Afirmó que la exigencia de la tarjeta profesional de la directora del Proyecto estaba
prevista en el pliego de condiciones y respaldada por la normativa aplicable a los
profesionales en Mercadeo Nacional e Internacional, por lo que el rechazo de la
oferta se ajustó a derecho. Agregó que la demandante no demostró haber
presentado la mejor propuesta, dado que el mayor puntaje fue obtenido por el
proponente adjudicatario y que, en todo caso, ninguno de los oferentes cumplía con
el criterio de desempate núm. 4, referente al porcentaje de la nómina en condición
de discapacidad. Concluyó que no se acreditaron los perjuicios reclamados, ya que
la certificación suscrita por el contador y el representante legal de la Unión Temporal
contenía únicamente estimaciones sin soportes, sin que se demostrara la existencia
de un daño emergente y/o un lucro cesante33.
31 Índice 23 de SAMAI, Documento “34RECIBEMEMORIAL”, “Cuaderno principal”,
“53ED_37Respuesta CC”.
32 Índice 23 de SAMAI, Documento “34RECIBEMEMORIAL”, “Cuaderno principal”,
“58ED_39AudienciaAlegación”.
33 Índice 23 de SAMAI, Documento “34RECIBEMEMORIAL”, “Cuaderno principal”,
“58ED_39AudienciaAlegación”.
10
Radicado: 11001-03-26-000-2025-00132-00 (73487)
Recurrente: Unión Temporal Cluster Research – Help File
3.15. Mediante sentencia de 31 de octubre de 2023, el Juzgado 34 Administrativo
de Bogotá desestimó las pretensiones de la demanda, al concluir que, aunque el
pliego de condiciones exigía la presentación de la tarjeta profesional y el requisito
legal para el ejercicio de la profesión de la directora del Proyecto correspondía a la
matrícula profesional, la exigencia de la entidad verificaba un requisito legal
obligatorio. Asimismo, determinó que la demandante no acreditó que su propuesta
fuera la mejor ni que tuviera derecho a la adjudicación del contrato, pues no
demostró ser la única oferente con puntaje por la vinculación de personas en
situación de discapacidad; por el contrario, indicó que ninguno de los oferentes
cumplía dicho requisito, circunstancia que, en caso de empate, conducía al
mecanismo de sorteo previsto en el pliego. En consecuencia, negó el
reconocimiento de los perjuicios reclamados34.
3.16. El 21 de noviembre de 2023, la parte demandante apeló la decisión. Sostuvo
que la sentencia era contradictoria, porque, aun cuando reconoció que el pliego de
condiciones no exigía la matrícula profesional, así como tampoco la tarjeta
profesional para la directora del Proyecto, concluyó que la oferta no debía ser
habilitada, desconociendo que la matrícula profesional no es condición para el
ejercicio de la profesión. Alegó la vulneración del principio de confianza legítima, al
desconocerse la experiencia profesional acreditada desde 1998. Reiteró que, de
haber sido habilitada, su oferta habría sido la más favorable, por lo que insistió en
la nulidad de los actos demandados y en el reconocimiento de perjuicios 35.
3.17. El 29 de noviembre de 2024, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
confirmó la decisión desestimatoria de las pretensiones de la demanda, pero con
fundamento en consideraciones distintas a las expuestas por el a quo, consignadas
en la parte motiva de la providencia. Consideró que la oferta del demandante no
debió ser excluida del proceso de selección, porque el pliego de condiciones solo
exigía la presentación de la tarjeta profesional cuando la ley la estableciera como
requisito para el ejercicio de la profesión y, en el caso de la directora del Proyecto
propuesta, no existía tal exigencia. Por tal razón, concluyó que la propuesta debió
ser habilitada y sometida a evaluación. Sin embargo, estimó que no había lugar al
restablecimiento del derecho, dado que la demandante no acreditó que su oferta
fuera la más favorable ni que tuviera derecho a la adjudicación del concurso, toda
vez que el material probatorio únicamente permitía establecer la existencia de un
eventual empate que debía resolverse mediante el mecanismo de sorteo previsto
en el pliego de condiciones. En consecuencia, precisó que la ilegalidad de los actos
acusados no implicaba, por sí sola, el reconocimiento de los perjuicios
reclamados36.
34 Índice 23 de SAMAI, Documento “34RECIBEMEMORIAL”, “Cuaderno principal”, “059ED_40Fallo”.
35 Índice 23 de SAMAI, Documento “34RECIBEMEMORIAL”, “Cuaderno principal”,
“061ED_41Apelación”.
36 Índice 23 de SAMAI, Documento “32_Memorial”, expediente digital del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, índice 10 de SAMAI del proceso con radicado núm. 11001-33-36-034-2018-00296-
02.
11
Radicado: 11001-03-26-000-2025-00132-00 (73487)
Recurrente: Unión Temporal Cluster Research – Help File
3.18. El 15 de enero de 2025 quedó ejecutoriada la sentencia proferida el 29 de
noviembre de 2024 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca37.
4. Análisis de configuración de la causal de revisión extraordinaria
La Sala anuncia que declarará infundado el recurso extraordinario de revisión
formulado por la Unión Temporal contra la sentencia proferida el 29 de noviembre
de 2024 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con fundamento en la
causal consagrada en el numeral 5° del artículo 250 del CPACA, por las razones
que se explican a continuación:
4.1. El recurso extraordinario de revisión constituye una excepción al principio de
inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas que hacen tránsito a cosa juzgada.
Por tal razón, el legislador estableció de manera taxativa las causales que habilitan
la procedencia de este medio de impugnación, a efectos de prevenir un uso indebido
que lleve a un nuevo debate probatorio o interpretativo.
Así, el recurso extraordinario de revisión, cuya naturaleza en realidad es la de ser
una acción autónoma del proceso que da lugar a ella, no tiene como finalidad
corregir errores in iudicando, ni puede fundamentarse en las mismas pruebas que
sirvieron de base para la decisión que puso fin al proceso. Para la corrección de
estos errores existen los recursos ordinarios dentro del respectivo proceso.
Asimismo, se advierte que la revisión extraordinaria no está concebida como un
mecanismo para subsanar errores, omisiones o estrategias deficientes de los
sujetos procesales, ocurridas durante el proceso inicial u ordinario, de manera que
no puede ser utilizada para corregir negligencias ni para reabrir un debate judicial
que ya ha sido resuelto conforme a derecho.
Por el contrario, la acción de revisión tiene como propósito el examen de hechos
nuevos que impactan la decisión adoptada y afectan el sentido de justicia que de
ella emana. Dado que esta acción incide en la certeza jurídica derivada de la cosa
juzgada, su carácter es no solo extraordinario, sino también restrictivo, ya que solo
procede en los eventos y por las causales expresamente señaladas en la ley, sin
posibilidad de invocar otras distintas.
Esta taxatividad resulta justificada, pues la acción de revisión es un mecanismo
excepcional que permite modificar providencias protegidas por el principio de cosa
juzgada. En consecuencia, las causales previstas para su procedencia deben ser
37 El fallo de segunda instancia fue notificado por correo electrónico el 16 de diciembre de 2024. La
notificación se entendió surtida el 19 de diciembre siguiente, conforme al numeral 2 del artículo 205
del CPACA, por lo que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 302 del CGP, quedó ejecutoriada
el 15 de enero de 2025, una vez transcurrieron 3 días desde la notificación, sin contabilizar los días
de vacancia judicial comprendidos entre el 20 de diciembre de 2024 y el 10 de enero de 2025, en los
términos del artículo 118 del CGP. Índice 23 de SAMAI, Documento “32_Memorial”, expediente
digital del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, índice 12 de SAMAI del proceso con radicado
núm. 11001-33-36-034-2018-00296-02.
12
Radicado: 11001-03-26-000-2025-00132-00 (73487)
Recurrente: Unión Temporal Cluster Research – Help File
aplicadas e interpretadas de manera estricta, restrictiva o restringida, garantizando
que su utilización responda únicamente a los supuestos contemplados por la norma
y evitando que se convierta en una instancia adicional de impugnación. En este
sentido, la Corte Constitucional ha señalado que “las causales previstas para la
revisión deben ser aplicadas e interpretadas en sentido restringido”38.
En la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el artículo 248 del CPACA
dispone la procedencia del recurso extraordinario de revisión contra las sentencias
ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los tribunales
administrativos y por los jueces administrativos.
A su turno, las causales de revisión se encuentran dispuestas en el artículo 250 del
CPACA y, en lo que atañe a providencias que impongan al tesoro público o a fondos
de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o
pensiones de cualquier naturaleza, en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Por su parte, el artículo 252 del CPACA pone de manifiesto el carácter restrictivo y
formalista de este recurso extraordinario y exige que su interposición se realice
mediante un escrito que contenga la indicación razonada de la causal invocada y
una exposición clara de los hechos u omisiones que sustentan su configuración.
Esto impone una carga argumentativa y formal significativa sobre quien impugna
una decisión en firme. Tales exigencias responden a la necesidad de delimitar con
precisión el objeto del recurso, permitir el adecuado ejercicio del derecho de
contradicción y restringir el análisis del juez de la revisión extraordinaria, pues se
reitera que este recurso no constituye una nueva oportunidad para replantear el
debate probatorio o jurídico en términos amplios, sino un mecanismo excepcional y
limitado, condicionado al cumplimiento estricto de los requisitos legales, lo cual
refuerza su naturaleza extraordinaria dentro del sistema procesal.
4.2. En el presente caso, el recurrente fundamentó su solicitud en la causal prevista
en el numeral 5º del artículo 250 del CPACA, la cual establece como motivo de
revisión la existencia de una nulidad originada en la sentencia que puso fin al
proceso y contra la que no procede recurso de apelación.
Esta causal impone acreditar: (i) que la revisión se formule contra una sentencia39;
(ii) que la sentencia ponga fin al proceso, de manera que contra ella no proceda el
recurso de apelación; y (iii) que el vicio alegado haya surgido en la propia decisión
judicial o que se haya materializado en el momento en que se profirió la providencia
38 Corte Constitucional, Sentencia C-520 de 2009.
39 En la jurisprudencia de la Corporación no existe unanimidad respecto a estos dos primeros
elementos, pues mientras que un sector acepta la procedencia del recurso extraordinario de revisión
contra autos que pongan fin al proceso, la postura mayoritaria se inclina por mantener la procedencia
del recurso exclusivamente respecto de sentencias, al tenor de lo previsto en el artículo 248 del
CPACA. Ver, al respecto: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección C, sentencia del 10 de marzo de 2025, 11001-03-26-000-2022-00121-00
(68506).
13
Radicado: 11001-03-26-000-2025-00132-00 (73487)
Recurrente: Unión Temporal Cluster Research – Help File
y no en una etapa previa del proceso. Además, la irregularidad debe ser de tal
gravedad que configure un defecto insubsanable en la actuación, de manera que,
de no haberse producido dicho yerro, la decisión adoptada habría sido
sustancialmente distinta40.
Sobre el particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado41 ha indicado que las nulidades procesales no pueden confundirse con las
que tienen origen en la sentencia, pues las primeras se estructuran en los supuestos
taxativos del artículo 133 del Código General del Proceso (en lo sucesivo CGP), al
paso que las segundas, al no estar determinadas por la ley, deben interpretarse
restrictivamente bajo unos presupuestos fácticos específicos que la jurisprudencia
de esta Corporación ha puntualizado y que, por regla general, no comprenden
nulidades procesales acaecidas en una etapa previa a la sentencia.
En ese sentido, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado, a modo
enunciativo, los siguientes eventos que pueden encuadrarse en la causal 5ª de
revisión: (i) que el juez resuelva asuntos sobre los cuales carece de jurisdicción o
de competencia; (ii) que, sin actuación alguna, el juez dicte nuevo fallo en proceso
que terminó normalmente por sentencia en firme; (iii) que sin más actuación, el juez
profiera sentencia después de ejecutoriado el auto que aceptó el desistimiento,
aprobó la transacción o declaró la perención del proceso; (iv) que el juez dicte el
fallo sin el trámite previo correspondiente; (v) cuando el demandado es condenado
por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido o causa diferente a la
invocada en la demanda; (vi) cuando el juez condena a quien no ha sido parte en el
proceso; (vii) cuando, sin más actuación, el juez profiere sentencia después de
ocurrida la interrupción o suspensión del proceso, o antes de la oportunidad debida;
(viii) cuando la sentencia aparece suscrita por un número mayor o menor de los
magistrados que debieron haberlo hecho; (ix) cuando la sentencia fue adoptada con
un número de votos diferente del previsto en la ley; (x) cuando la sentencia carece
completamente de motivación; o (xi) cuando la sentencia carece de congruencia
interna o externa42.
Además, esta Corporación43 ha precisado que pueden surgir otras situaciones que
generan nulidad en la sentencia, particularmente aquellas que tienen su génesis en
la vulneración del artículo 29 de la Constitución Política. En este sentido, ha
señalado que la violación al debido proceso en el fallo habilita la formulación del
40 Entre otras decisiones: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección C, sentencia del 30 de septiembre de 2019, Rad. No. 11001-03-26-000-2018-
00084-00.
41 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 26 de febrero de
2013, Rad. No. 11001-23-15-000-2008-01289-00.
42 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias del 20 de octubre de
2009 y del 26 de febrero de 2013, Rad. Nos. 11001-03-15-000-2003-00133-00 y 11001-23-15-000-
2008-01289-00, respectivamente; y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de abril de 2015, Rad. No. 20001-23-31-000-2001-
01278-02.
43 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 26 de febrero de
2013, Rad. No. 11001-23-15-000-2008-01289-00.
14
Radicado: 11001-03-26-000-2025-00132-00 (73487)
Recurrente: Unión Temporal Cluster Research – Help File
recurso extraordinario de revisión por la causal 5ª del artículo 250 del CPACA,
siempre y cuando su motivación revele la inobservancia de aspectos procesales
trascendentales y no cualquier falencia relacionada con la fundamentación o con la
valoración probatoria de la providencia. También, por ejemplo, cuando se profiere
sentencia inhibitoria sin fundamento válido, caso en el cual debe estudiarse si la
decisión se encuentra justificada o no, de acuerdo con las particularidades del caso
concreto.
Al respecto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de
unificación44, recordó que, tratándose de la causal de nulidad originada en la
sentencia, los supuestos definidos tradicionalmente por la jurisprudencia de esta
Corporación como constitutivos de nulidades originadas en sentencia no son
taxativos. Asimismo, estableció que en los eventos en que el recurso extraordinario
de revisión va dirigido contra un fallo inhibitorio, en aras de hacer efectivos los
derechos a la tutela judicial efectiva, al acceso a la administración de justicia y al
debido proceso, el juez debe verificar que este se encuentre debidamente
justificado, mediante criterios de ponderación, proporcionalidad y adecuación a
cada caso, teniendo en cuenta el cumplimiento de los fines funcionales del derecho,
por parte de la providencia revisada.“[L]o que significa que la violación a tales
preceptos cuando se expide un fallo inhibitorio injustificado también configura la
causal de revisión alegada [250.5 del CPACA]”.
Igualmente, en algunos casos se ha aceptado como configurativa de la causal 250.5
del CPACA la nulidad procesal ocurrida antes de la expedición de la sentencia,
siempre y cuando esta no haya podido ser advertida por el recurrente durante el
curso del proceso. Sin embargo, en este caso, la parte actora debe probar que
efectivamente no tuvo la posibilidad de proponer la nulidad en el curso del proceso 45,
evitándose con ello que la revisión extraordinaria se convierta en un mecanismo
para que las partes puedan subsanar sus omisiones.
Dicho de otra manera, el Consejo de Estado ha señalado que pueden dar lugar a
un defecto insaneable derivado de la sentencia46 aquellas irregularidades que
constituyen causal de nulidad del proceso y que solo pudieron ser advertidas en la
sentencia, así como los vicios que contiene la propia sentencia y que pueden derivar
en la vulneración del artículo 29 superior47.
44 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 8 de mayo de
2018, Rad. No.11001-03-15-000-1998-00153-01(REV).
45 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 6, sentencia de 17 de marzo de 2025, Rad. No.
11001-03-15-000-2024-04477-00.
46 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 26, sentencias del 3 de febrero de 2015, Rad.
Nos.11001-03-15-000-1998-00157-01 y 11001-03-15-000-2011-01639-00; Consejo de Estado, Sala
Especial de Decisión 22, sentencia del 2 de febrero de 2016, Rad. No. 11001-03-15-000-2015-
02342-00; y Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 2, sentencia del 1° de octubre de 2019,
Rad. No. 11001-03-15-000-2013-02216-00.
47 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 16 de julio de 2007, Rad. No.
11001-03-15-000-2007-00653-00. Se toma el resumen de la causal contenido en el Rad. No. 11001-
03-15-000-2013-00702-00 y reiterado en la sentencia del 1° de noviembre de 2016 proferida por la
Sala Especial de Decisión 10, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-00230-00.
15
Radicado: 11001-03-26-000-2025-00132-00 (73487)
Recurrente: Unión Temporal Cluster Research – Help File
Lo anterior, estaría referido a las causales de nulidad procesal previstas en el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo o en el
Código General del Proceso, siempre y cuando solo hayan podido advertirse en la
sentencia, así como a la inobservancia de aspectos procesales de tal
transcendencia que tengan impacto en la garantía del debido proceso 48, lo que
excluye la posibilidad de plantear en sede de revisión extraordinaria
cuestionamientos atinentes al contenido de la motivación, a la valoración de las
pruebas o a la forma de aplicación de una determinada norma.
4.3. En el asunto de la referencia, se encuentra acreditado que, con ocasión de la
adjudicación del concurso de méritos abierto núm. FTIC-CM-11-17 adelantado por
el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la Unión
Temporal ejerció el medio de control de controversias contractuales para que se
declarara la nulidad del acta de la audiencia de apertura y revisión de ofertas y de
la Resolución núm. 003045 de 2017, mediante la cual se adjudicó el proceso de
selección, así como el reconocimiento y pago de los perjuicios ocasionados por la
no adjudicación del contrato (hechos probados 3.1. a 3.14.).
En el curso del trámite, el Juzgado 34 Administrativo de Bogotá negó las
pretensiones de la demanda, al considerar que la exclusión de la oferta se ajustó al
pliego de condiciones y que la demandante no acreditó su derecho a la adjudicación
del contrato ni a la indemnización de perjuicios. Al resolver el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
confirmó la decisión de primera instancia, aunque por fundamentos distintos, al
considerar que, si bien la oferta no debió ser excluida del proceso de selección, no
se demostró que fuera la más favorable ni que la demandante tuviera derecho a la
adjudicación del contrato, circunstancia que impedía acceder al reconocimiento de
los perjuicios reclamados (hechos probados 3.15. a 3.17.).
Así las cosas, el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra la sentencia
proferida el 29 de noviembre de 2024 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca se dirige, efectivamente, contra la providencia que puso fin al
proceso de controversias contractuales y respecto de la cual no procede recurso de
apelación.
En consecuencia, de conformidad con la demanda de revisión extraordinaria, resta
determinar si se configura la causal 5ª de revisión por nulidad originada en la
sentencia por falta de congruencia. Al respecto, la recurrente sostiene que la
decisión enjuiciada vulneró dicho principio porque desbordó el objeto del litigio al
introducir un análisis sobre el empate entre las ofertas, con desmejora de su
situación como apelante única; incurrió en una contradicción al concluir que su
oferta no debía ser excluida, pero negar la nulidad de los actos acusados y el
reconocimiento de los perjuicios; y fundamentó su decisión en un precedente que
48 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 15, sentencia del 5 de noviembre de 2019, Rad.
No. 11001-03-15-000-2018-01415-00.
16
Radicado: 11001-03-26-000-2025-00132-00 (73487)
Recurrente: Unión Temporal Cluster Research – Help File
estima inaplicable al caso, con desconocimiento de la jurisprudencia sobre los
efectos del empate entre oferentes.
4.3.1. Respecto a la nulidad de la sentencia por falta de congruencia de la
decisión recurrida, es necesario precisar que el recurrente ejerció el medio de
control de controversias contractuales el 7 de septiembre de 2018 (hecho probado
3.9.), razón por la cual se rigió por las disposiciones del CPACA y el CGP, aplicables
por virtud de la integración normativa establecida en el artículo 306 del CPACA.
Luego, el análisis subsiguiente estará guiado por los referidos estatutos procesales.
En este orden de ideas, de conformidad con el artículo 281 del CGP, la sentencia
debe guardar consonancia con los hechos y las pretensiones formulados en la
demanda, así como con aquellos planteados en las demás oportunidades previstas
por el ordenamiento procesal, y con las excepciones que aparezcan probadas y
hayan sido alegadas, cuando la ley así lo exija. De igual manera, dicha disposición
prohíbe condenar al demandado por una cantidad superior o por un objeto o causa
distintos de los invocados en la demanda. No obstante, cuando las pretensiones
excedan lo efectivamente acreditado en el proceso, el inciso tercero de la misma
disposición impone al juez el deber de reconocer únicamente aquello que se
encuentre plenamente demostrado.
A su turno, el artículo 320 del CGP indica que el recurso de apelación tiene por
objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los
reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o
reforme la decisión. Asimismo, el artículo 328 del mismo estatuto preceptúa que “el
juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio”
y, por lo tanto, el superior no puede enmendar la providencia en la parte que no fue
objeto del recurso, salvo que debido a la reforma sea indispensable hacer
modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquella. No obstante,
cuando ambas partes apelan, el superior está facultado para resolver sin
limitaciones. Adicionalmente, el juez de segunda instancia debe ceñirse al principio
de non reformatio in pejus, en virtud del cual no puede agravar, empeorar o
desmejorar la situación definida mediante la sentencia de primera instancia a favor
del apelante único.
En suma, al momento de dictar sentencia, el juez debe salvaguardar la unidad
temática entre lo solicitado en la demanda, los fundamentos fácticos y jurídicos que
originan la controversia y la respectiva contestación. Además, en segunda instancia,
deberá atender lo dispuesto en relación con el recurso de apelación.
En este sentido, el principio de congruencia emerge como una garantía procesal
que delimita el ejercicio de las facultades jurisdiccionales y, por tanto, la decisión
del juez. Esta congruencia de la providencia debe ser interna y externa. La primera,
se relaciona con la armonía entre los considerandos y la parte resolutiva del fallo,
mientras que la segunda responde a la concordancia entre la decisión contenida en
17
Radicado: 11001-03-26-000-2025-00132-00 (73487)
Recurrente: Unión Temporal Cluster Research – Help File
la parte resolutiva de la sentencia y lo pretendido por las partes en la demanda y en
el escrito de contestación.
La falta de congruencia habilita la formulación del recurso extraordinario de revisión
y, siempre que se encuentre acreditada, es razón suficiente para infirmar la decisión
censurada, toda vez que la consonancia del fallo se constituye como garantía del
derecho fundamental al debido proceso de las partes en el desarrollo del trámite
judicial.
Empero, no cualquier reparo sobre este aspecto estructura una nulidad de la
sentencia, pues se exige que la disparidad entre lo pedido, lo debatido y lo probado
sea protuberante, a tal punto que no exista justificación objetiva y relacionada con
las materias medulares del proceso49. Por ejemplo, dicha irregularidad se configura
cuando el demandado resulta condenado por cantidad superior a la pedida, es decir
ultra petita, por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente
a la invocada en esta, esto es extra petita, o cuando se omite el pronunciamiento
sobre una de las pretensiones, lo que resulta infra, citra o minus petita50.
4.3.2. Descendiendo al caso concreto, se observa que en la demanda de
controversias contractuales la parte actora formuló cuatro pretensiones. Las dos
primeras, de naturaleza declarativa, estaban dirigidas a obtener la nulidad del acta
de audiencia de apertura y revisión de ofertas del 26 de diciembre de 2017, expedida
por el comité evaluador del concurso, así como de la Resolución de adjudicación
núm. 003045 de la misma fecha, proferida por la Secretaría General del MINTIC.
Las dos restantes, de contenido condenatorio, tenían por objeto que se ordenara a
la entidad demandada el reconocimiento y pago de los perjuicios materiales
correspondientes a la utilidad dejada de percibir por la Unión Temporal como
consecuencia de no haber resultado adjudicataria del concurso de méritos, así como
de los demás perjuicios que se derivaran de la declaratoria de nulidad de los actos
acusados, junto con la correspondiente condena en costas y agencias en derecho
(hecho probado 3.9.).
A su turno, la parte demandada contestó la demanda y se opuso a la prosperidad
de las pretensiones. Como fundamento de su defensa, sostuvo que la exclusión de
la oferta se ajustó a lo previsto en el pliego de condiciones, toda vez que la
demandante no acreditó la presentación de la matrícula profesional de la directora
del proyecto. De igual manera, afirmó que aquella tampoco demostró haber
presentado la propuesta más favorable. En respaldo de esta afirmación, aportó un
49 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Decisión, sentencias
del 7 de abril de 2015 y del 2 de febrero de 2016, Rad. Nos. 11001-03-15-000-2013-00358-00 y 11001-03-15-
000-2015-02342-00; Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 27 Especial de
Decisión, sentencia del 3 de marzo de 2020, Rad. No. 11001-03-15-000-2019-03970-00; y Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 16 de agosto de 2002, Rad. No. 76001-
23-24-000-1997-43-45-01.
50 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 25 Especial de Decisión. Sentencia
de 4 de agosto de 2023. Rad No. 11001-03-15-000-2022-04218-00; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 11 de diciembre de 2024, Rad. No. 11001-03-
26-000-2023-00116-00; y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 20 Especial
de Decisión, sentencia del 3 de marzo de 2025, Rad. No. 11001-03-15-000-2023-04267-00.
18
Radicado: 11001-03-26-000-2025-00132-00 (73487)
Recurrente: Unión Temporal Cluster Research – Help File
informe de evaluación según el cual, aun en el evento de que la oferta hubiera sido
habilitada, únicamente habría obtenido 50 puntos, frente a los 100 alcanzados por
el adjudicatario.
Ante la situación fáctica planteada por las partes, el Juzgado 34 Administrativo de
Bogotá, en la audiencia inicial, determinó que el objeto del litigio consistía en
establecer si los actos acusados “son nulos por falsa motivación y si la propuesta
presentada por la Unión Temporal […] puede o no considerarse como la mejor oferta
de cara a lo señalado en el pliego de condiciones y en particular frente a los
factores de desempate allí contemplados. En caso afirmativo a las dos primeras
cuestiones se deberá también establecer si hay lugar o no a reconocer a título de
restablecimiento del derecho la utilidad dejada de percibir y la cuantía de esta”
(hecho probado 3.11.) (Destacado fuera del texto).
Una vez concluida la etapa probatoria, las partes presentaron alegatos de
conclusión. La demandante sostuvo que, de no haberse rechazado su oferta por la
falta de la tarjeta profesional de la directora del Proyecto, requisito que consideró
inexigible, habría alcanzado el puntaje máximo, lo cual habría dado lugar a la
aplicación de los factores de desempate en su favor. Por su parte, la entidad
demandada afirmó que el rechazo de la propuesta se ajustó a derecho, que la
demandante no acreditó haber presentado la mejor oferta y que, en todo caso,
ninguno de los proponentes cumplía el criterio de desempate núm. 4, razón por la
cual este no resultaba aplicable; adicionalmente, señaló que los perjuicios
reclamados no se encontraban debidamente acreditados (hechos probados 3.13. y
3.14.).
En sentencia de primera instancia, el Juzgado 34 Administrativo de Bogotá negó las
pretensiones de la demanda. Para tal efecto, consideró, en primer lugar, que la
actuación de la entidad se ajustó al ordenamiento jurídico, por cuanto, si bien el
pliego de condiciones hacía referencia a la tarjeta profesional, el requisito legal
habilitante para el ejercicio de la profesión de la directora del proyecto correspondía
a la matrícula profesional. En consecuencia, concluyó que la verificación adelantada
por la administración recaía sobre un requisito habilitante de carácter obligatorio,
cuyo incumplimiento justificaba la exclusión de la oferta.
En segundo lugar, negó el reconocimiento de los perjuicios reclamados, al
considerar que la demandante no acreditó que su oferta fuera la más favorable ni
que tuviera derecho a la adjudicación del contrato. Al efecto, valoró el informe
allegado por la entidad demandada en cumplimiento de la prueba decretada de
oficio, del cual concluyó que ninguno de los proponentes cumplía el factor de
desempate relacionado con la vinculación de personas en situación de
discapacidad. En consecuencia, estimó que, de haber sido habilitada la oferta de la
demandante, se habría configurado un empate entre las propuestas, circunstancia
que hacía procedente la aplicación del mecanismo de desempate previsto en el
pliego de condiciones, consistente en la realización de un sorteo.
19
Radicado: 11001-03-26-000-2025-00132-00 (73487)
Recurrente: Unión Temporal Cluster Research – Help File
Al respecto, concluyó que “no existiría en favor del aquí accionante ninguna ventaja
competitiva lo que torna en incierta la afirmación de que era la mejor propuesta y en
esa medida, aún si la resolución debiera ser declarada nula, la pretensión
indemnizatoria no podría ser reconocida, de acuerdo con los parámetros
jurisprudenciales ampliamente decantados que limitan el reconocimiento de
perjuicios a la demostración de que la propuesta del demandante era la mejor”
(hecho probado 3.15).
Inconforme con dicha decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación,
en el que sostuvo que la sentencia incurrió en una contradicción, pues, aunque
reconoció que el pliego de condiciones no exigía la presentación de la matrícula
profesional ni de la tarjeta profesional de la directora del Proyecto, concluyó que su
oferta no debía ser habilitada. Asimismo, alegó que la matrícula profesional no
constituía un requisito para el ejercicio de esa profesión y que la decisión
desconocía el principio de confianza legítima. Finalmente, reiteró que, de haber sido
habilitada su propuesta, esta habría resultado la más favorable, razón por la cual
insistió en la declaratoria de nulidad de los actos acusados y en el reconocimiento
de los perjuicios reclamados. (hecho probado 3.16.).
Al resolver el recurso de apelación, mediante sentencia del 29 de noviembre de
2024, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó la decisión de primera
instancia que negó las pretensiones de la demanda, aunque con fundamento en
consideraciones distintas a las expuestas por el a quo (hecho probado 3.17.). En
particular, sostuvo que el pliego de condiciones debía interpretarse de manera
armónica con la normativa que regulaba la profesión de la directora del proyecto, de
modo que la exigencia de aportar la tarjeta profesional únicamente resultaba
procedente cuando la ley estableciera dicho requisito para el ejercicio de la
respectiva profesión.
En ese sentido, advirtió que la directora del Proyecto obtuvo el título de profesional
en Mercadeo Nacional e Internacional en 1998, época en la que no se exigía
matrícula profesional ni se expedía tarjeta profesional para el ejercicio de esa
profesión. En consecuencia, concluyó que la entidad interpretó erróneamente el
pliego de condiciones al exigir un documento que no era obligatorio, razón por la
cual la oferta de la demandante cumplía el requisito habilitante y debía continuar en
la etapa de evaluación, conforme a lo previsto en los artículos 1.°, 3.° y 6.° de la Ley
556 de 200051, 12 y 15 del Decreto 717 de 200652 y 3.° del Acuerdo 001 de 2014
del CONPIA.
Sin embargo, el Tribunal precisó que dicha irregularidad no conducía, por sí sola, al
reconocimiento del restablecimiento del derecho. Al respecto, citó jurisprudencia del
51 Por medio de la cual se reconocen las profesiones de Educación Superior que desarrollan en el
marco de las Relaciones Internacionales y afines y se dictan otras disposiciones.
52 Por el cual se expide el reglamento del Consejo Nacional de Profesiones Internacionales y Afines.
20
Radicado: 11001-03-26-000-2025-00132-00 (73487)
Recurrente: Unión Temporal Cluster Research – Help File
Consejo de Estado53 según la cual, para obtener la indemnización derivada de la
ilegal exclusión de una oferta no resulta suficiente acreditar la nulidad del acto
administrativo, sino que corresponde al demandante demostrar que su propuesta
era la más favorable y que, en consecuencia, debía resultar adjudicatario del
contrato.
Bajo ese entendimiento, examinó el criterio de desempate previsto en el numeral
5.3 del pliego de condiciones54, relacionado con la vinculación de personas en
situación de discapacidad, y valoró el informe allegado por el Fondo Único de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, del cual determinó que
ninguno de los oferentes acreditó la totalidad de los documentos exigidos para
acceder a dicho beneficio, así:
“Como prueba de que su oferta era la más favorable se allegó informe rendido del
Fondo Único De Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que fue puesto
en conocimiento de las partes en la audiencia de pruebas realizada 29 de agosto de
2023, del que se resalta lo siguiente: […].
Así las cosas, es de aclarar que el cumplimiento del requisito consta de dos (02)
circunstancias:
1. Certificado expedido por la Oficina del Trabajo de la respectiva zona.
2. Constancias firmadas por el representante legal y/o por el revisor fiscal de la
contratación del personal por lo menos con un (1) año de anterioridad y la condición
de mantenerlo por un lapso igual al de la contratación.
Que bajo estas circunstancias, se ha de indicar que los factores de desempate
indicados en el concurso de méritos fueron los configurados en el artículo
2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
De este modo y para dar cumplimiento al mandato judicial, la entidad procedió a la
verificación de las ofertas presentadas dentro del proceso de selección por Concurso
de Méritos FTIC-CM-11-17, la cual se extrae de la plataforma SECOP II, visible en el
link:https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?notice
53 “Sentencia de 12 de agosto de 2014, MP. Enrique Gil Botero radicado: (26332) de la sentencia de
24 de julio de 2003, Exp. 25642”; “Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 12 de junio de
2012, Exp. (22510) C.P. Ruth Stella Correa Palacio”; “Consejo de Estado, Sala Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 13 de mayo de 1996, Exp. 9474, C.P. Juan de Dios
Montes Hernández”; y “Consejo de Estado, Sala Contencioso Administrativo. Sección Tercera,
sentencia de 26 de septiembre de 1996, Exp. 9963, C.P., Jesús María Carrillo Ballesteros. En igual
sentido, sentencias de 17 de marzo de 1995, Exp. 8858, C.P. Carlos Betancur Jaramillo, y de 30 de
enero de 1995, Exp. 9724, C.P. Daniel Suárez Hernández”.
54 "Para efecto del criterio de desempate señalado en el punto 4 del presente numeral, se deberá
presentar la certificación expedida por la oficina correspondiente del Ministerio del Trabajo, o la
entidad pertinente para ello, que acredite que el Proponente y/o sus Miembros tienen por lo menos
el diez por ciento (10%) de su nómina en condiciones de discapacidad a la que se refiere la Ley 361
de 1997."
En el caso de aquellas empresas que en sus nóminas por lo menos un 10% de sus empleados se
encuentren en las condiciones de discapacidad enunciadas en la Ley 361 de 1997, deberán
acreditar con la oferta el certificado expedido por la Oficina del Trabajo de la respectiva zona
y las constancias firmadas por el representante legal y/o por el revisor fiscal de la contratación
del personal por lo menos con un (1) año de anterioridad y la condición de mantenerlo por un
lapso igual al de la contratación” (Destacado incluido por el Tribunal).
21
Radicado: 11001-03-26-000-2025-00132-00 (73487)
Recurrente: Unión Temporal Cluster Research – Help File
UID=CO1.NTC.254874&isFromPublicAcrea=True&isModal=False, respecto de los
requisitos para acreditar el cumplimiento del criterio de desempate referido, así:
PROPONENTE Certificado Constancias CUMPLE /
expedido por la firmadas por el NO CUMPLE
Oficina del Trabajo representante legal
y/o por el revisor
fiscal
CONSULTORES EN NO APORTÓ NO APORTÓ NO CUMPLE
INFORMACIÓN
INFOMÉTRIKA
S.A.S.
BRANDSTRAT NO APORTÓ NO APORTÓ NO CUMPLE
S.A.S.
PROYECTAMOS NO APORTÓ NO APORTÓ NO CUMPLE
COLOMBIA SAS
U.T. CLUSTER Aporta certificación NO APORTÓ NO CUMPLE
RESEARCH - HELP expedida por la
FILE Dirección Territorial
de Bogotá D.C., con
fecha de expedición
del 02 de octubre de
2017 donde se
verifica que cumple
con los tres
conceptos
relacionados
GFK MINTIC 2017 NO APORTÓ NO APORTÓ NO CUMPLE
CENTRO NACIONAL NO APORTÓ NO APORTÓ NO CUMPLE”.
DE CONSULTORÍA
S.A.
A partir de lo anterior, el Tribunal consideró que ninguno de los proponentes podía
obtener el puntaje correspondiente ni beneficiarse de ese criterio de desempate,
circunstancia que impedía determinar cuál era la oferta más favorable y hacía
procedente el mecanismo residual previsto en el pliego, consistente en realizar un
sorteo entre las propuestas empatadas.
Asimismo, destacó que la entidad no efectuó la verificación de los factores de
desempate durante el proceso de selección, precisamente porque la oferta de la
demandante fue excluida antes de esa etapa. En ese sentido, sostuvo que el
expediente no permitía concluir que la actora hubiera debido ser adjudicataria del
contrato, porque, de haber sido habilitada, habría concurrido a un empate que debía
resolverse mediante el mecanismo de desempate previsto en el pliego de
condiciones.
Así las cosas, el Tribunal concluyó que la demandante únicamente demostró que
su oferta no debió ser excluida del proceso de selección, más no que tuviera un
mejor derecho a la adjudicación del contrato, en la medida que, de haber sido
habilitada, habría concurrido en igualdad de condiciones con los demás
proponentes al mecanismo de desempate previsto en el pliego.
En consonancia con lo expuesto, la Sala considera que el cargo formulado no está
llamado a prosperar, por cuanto la sentencia recurrida resolvió de manera integral
22
Radicado: 11001-03-26-000-2025-00132-00 (73487)
Recurrente: Unión Temporal Cluster Research – Help File
la controversia sometida a su consideración, incluidas todas las pretensiones
formuladas en la demanda, con independencia de que la decisión adoptada
respecto de algunas de ellas no resultara favorable a la parte actora. De igual
manera, se advierte plena correspondencia entre las consideraciones desarrolladas
por el ad quem y las determinaciones contenidas en la parte resolutiva de la
providencia impugnada.
4.3.3. Ahora bien, en relación con el reproche según el cual el Tribunal desbordó el
objeto del litigio al introducir el análisis de un eventual empate que no habría sido
materia de debate, la Sala advierte que dicho aspecto sí integró la controversia
procesal y fue objeto de discusión a lo largo del trámite.
Es así como, desde la audiencia inicial el Juzgado fijó como uno de los problemas
jurídicos determinar si la propuesta de la parte actora podía considerarse la oferta
más favorable, de conformidad con lo previsto en el pliego de condiciones y, en
particular, frente a los factores de desempate. En armonía con ello, la entidad
demandada sostuvo, tanto en la contestación de la demanda como en los alegatos
de conclusión, que la demandante no había acreditado presentar la mejor oferta y
que ninguno de los proponentes cumplía el criterio de desempate previsto en el
pliego. Por su parte, al alegar de conclusión la actora insistió en que, de haber sido
habilitada su propuesta, dicho criterio debía aplicarse en su favor.
De igual manera, el juez de primera instancia valoró el informe incorporado al
proceso como prueba de oficio y concluyó que ninguno de los oferentes acreditaba
el factor de desempate relativo a la vinculación de personas en situación de
discapacidad. En consecuencia, estimó que, de haber sido habilitada la oferta de la
demandante, se habría configurado un empate que debía resolverse mediante el
mecanismo previsto en el pliego de condiciones.
En ese contexto, la Sala concluye que la cuestión atinente al empate no constituyó
un aspecto ajeno a la controversia ni un punto nuevo introducido por el Tribunal,
sino el desarrollo de un asunto que hacía parte del objeto del litigio y resultaba
determinante para establecer si la demandante había demostrado tener un mejor
derecho a la adjudicación del contrato.
4.3.4. En adición a lo anterior, la Sala observa que tampoco se configuró una
vulneración del principio de la non reformatio in pejus, pues esta garantía protege al
apelante único frente a una decisión que agrave su situación jurídica respecto de la
definida en la sentencia de primera instancia. En el presente caso, el Juzgado negó
las pretensiones de la demanda y el Tribunal confirmó esa determinación, de
manera que la providencia de segunda instancia no modificó en perjuicio de la
demandante los efectos de la decisión apelada.
Así las cosas, si bien el Tribunal concluyó que la oferta de la demandante no debió
ser excluida del proceso de selección y precisó que, de haber sido habilitada, se
habría configurado un empate que debía resolverse mediante el mecanismo
23
Radicado: 11001-03-26-000-2025-00132-00 (73487)
Recurrente: Unión Temporal Cluster Research – Help File
previsto en el pliego de condiciones, tales consideraciones obedecieron al análisis
de un presupuesto indispensable para establecer si la actora había demostrado un
mejor derecho a la adjudicación del contrato y, por consiguiente, si había lugar al
restablecimiento del derecho pretendido. Por tanto, se trató de una motivación
distinta para confirmar la decisión desestimatoria de las pretensiones, mas no de
una modificación que agravara la situación jurídica de la apelante única.
En suma, no se configuró una vulneración del principio de la non reformatio in pejus,
pues la situación jurídica del apelante permaneció inalterada: las pretensiones
fueron negadas tanto en primera como en segunda instancia.
4.3.5. En cuanto al reparo de la recurrente, según el cual el Tribunal incurrió en una
contradicción al concluir que su oferta no debía ser excluida y, pese a ello, negar la
nulidad de los actos acusados y el reconocimiento de los perjuicios reclamados, la
Sala considera necesario precisar que el solo reconocimiento de la irregularidad en
la exclusión de una oferta no conduce, por sí mismo, a la prosperidad de las
pretensiones formuladas en la demanda.
En el caso bajo estudio, el Tribunal concluyó que la entidad interpretó de manera
errónea el pliego de condiciones al exigir un documento que no constituía un
requisito obligatorio para el ejercicio de la profesión de la directora del proyecto y,
por esa razón, estimó que la oferta debía continuar en la etapa de evaluación. Con
todo, también advirtió que el reconocimiento de la indemnización pretendida exigía
acreditar que la propuesta de la demandante era la más favorable y que, en
consecuencia, tenía un mejor derecho a la adjudicación del contrato, circunstancia
que no encontró probada en el proceso.
En efecto, bajo el entendimiento anterior, el Tribunal valoró el informe allegado al
proceso y estableció que ninguno de los oferentes acreditó el criterio de desempate
previsto en el pliego de condiciones. Así, concluyó que, de haber sido habilitada la
propuesta de la actora, esta habría concurrido en un empate que debía resolverse
mediante el sorteo previsto para ese evento, circunstancia que impedía afirmar que
tenía un mejor derecho a la adjudicación del contrato.
En ese orden, se recuerda que el inciso tercero del artículo 281 del CGP55 ordena
que el reconocimiento de perjuicios debe atender únicamente a aquello que quedó
plenamente demostrado en el expediente. A su vez, el artículo 167 ibidem 56
establece que incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que
consagran el efecto jurídico que persiguen. De esta manera, correspondía a la parte
demandante acreditar no solo la existencia de la irregularidad en el procedimiento
de selección, sino también los presupuestos fácticos que sustentaban las
consecuencias indemnizatorias pretendidas, en particular, que su propuesta era la
55 “Artículo 281. Congruencias. […] Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le
reconocerá solamente lo último […]”.
56 “Artículo 167. Carga de la prueba. […] Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las
normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. […]”.
24
Radicado: 11001-03-26-000-2025-00132-00 (73487)
Recurrente: Unión Temporal Cluster Research – Help File
mejor calificada y que, de no haberse presentado la actuación irregular, habría
resultado adjudicataria del contrato.
Entonces, bajo este escenario normativo, resulta equivocada la interpretación del
recurrente al suponer que, acreditada la irregularidad en el proceso de selección, el
juez debía acceder a la totalidad de las condenas solicitadas, máxime cuando
correspondía demostrar que su propuesta ocupaba el primer lugar en el concurso
de méritos. Sostener lo contrario implica desconocer que la declaratoria de una
irregularidad administrativa no exime a la parte interesada de la carga de acreditar
los supuestos de hecho que sirven de fundamento a la indemnización reclamada, ni
autoriza al juez a reconocer perjuicios con base en inferencias o expectativas que
no encuentren respaldo suficiente en el material probatorio obrante en el
expediente.
En estas condiciones, la Sala concluye que no se configura la contradicción alegada
entre la parte motiva y la resolutiva de la sentencia recurrida. En efecto, aunque el
Tribunal reconoció que la oferta de la demandante no debió ser excluida del proceso
de selección, también concluyó que esa circunstancia, por sí sola, no resultaba
suficiente para acceder a las pretensiones de la demanda, toda vez que no se
acreditó que aquella ostentara un mejor derecho a la adjudicación del contrato. En
consecuencia, ante la ausencia de elementos de convicción que permitieran
establecer que la propuesta presentada por la demandante era la más favorable
para la administración y que, por ende, tenía un derecho cierto a la adjudicación del
contrato, resultaba procedente negar las pretensiones indemnizatorias formuladas
en la demanda.
4.3.6. Ahora bien, en cuanto al planteamiento de la recurrente relativo a la pérdida
de la oportunidad de participar en el sorteo previsto como mecanismo de
desempate, la Sala observa que dicho argumento no fue planteado como
fundamento autónomo de las pretensiones formuladas en la demanda ni dio lugar a
una solicitud específica de reparación. En efecto, el libelo introductorio se limitó a
solicitar la declaratoria de nulidad de los actos demandados y el reconocimiento de
los perjuicios derivados de la utilidad dejada de percibir, bajo el supuesto de que la
demandante tenía derecho a la adjudicación del contrato por haber presentado la
oferta más favorable.
En esas condiciones, el Tribunal no estaba llamado a pronunciarse sobre la eventual
pérdida de la oportunidad de participar en el sorteo como un daño autónomo e
indemnizable, pues hacerlo habría supuesto resolver una pretensión no sometida a
su conocimiento, en desconocimiento del principio de congruencia previsto en el
inciso segundo del artículo 281 del CGP. Admitir una decisión en tal sentido habría
implicado modificar la causa petendi y reconocer un perjuicio distinto del reclamado,
excediendo los límites dentro de los cuales debía ejercerse la función jurisdiccional.
4.3.7. Finalmente, en lo que respecta al cuestionamiento formulado por la recurrente
en torno a la providencia citada por el Tribunal como fundamento de su decisión y
25
Radicado: 11001-03-26-000-2025-00132-00 (73487)
Recurrente: Unión Temporal Cluster Research – Help File
al presunto desconocimiento de la jurisprudencia aplicable a los eventos de empate
entre oferentes, la Sala advierte que dicho reproche no está encaminado a
demostrar una falta de congruencia entre las pretensiones de la demanda, los
aspectos objeto de debate y lo resuelto en la sentencia recurrida. Por el contrario,
su inconformidad se dirige a controvertir la interpretación jurídica y el criterio
hermenéutico adoptados por el ad quem al valorar el marco normativo, la
jurisprudencia aplicable y el acervo probatorio del proceso.
Sobre este aspecto, conviene recordar que el recurso extraordinario de revisión no
constituye una instancia adicional destinada a reabrir el debate sobre la valoración
de las pruebas ni sobre la interpretación de las normas o de la jurisprudencia
realizada por el juez de la causa. Tampoco habilita al juez extraordinario para
examinar el mayor o menor acierto de los fundamentos jurídicos que sustentan la
providencia impugnada. Un cuestionamiento de esa naturaleza desborda el ámbito
de la causal de incongruencia invocada y desnaturaliza la finalidad de este
mecanismo excepcional de impugnación, cuyo propósito se circunscribe a verificar
la correspondencia entre lo pedido, lo debatido y lo decidido, mas no a corregir
eventuales errores de juicio, de interpretación o de selección de las fuentes
normativas y jurisprudenciales efectuadas por el juez natural.
En estas condiciones, en el marco de los reparos alegados por la Unión Temporal
en sustento de la causal invocada, la Sala concluye que no se configura la
contradicción alegada entre la decisión adoptada por el Tribunal y los términos en
que fue planteada la controversia. Como ha quedado ampliamente expuesto, el
reconocimiento de que la oferta de la demandante no debió ser excluida del proceso
de selección no resulta incompatible con la decisión de negar el restablecimiento
del derecho pretendido por la Unión Temporal, pues esta se sustentó en la falta de
acreditación de un mejor derecho cierto a la adjudicación del contrato. Dicho de otro
modo, la indebida exclusión de la oferta no era suficiente para acceder a las
pretensiones indemnizatorias, en tanto no se demostró que, de haberse habilitado
la propuesta, la demandante hubiera debido resultar adjudicataria del proceso de
selección.
Por las razones expuestas, el cargo fundado en la presunta vulneración del principio
de congruencia no está llamado a prosperar.
5. Conclusión
La Sala consideró que no se configura la causal de revisión prevista en el numeral
5.º del artículo 250 del CPACA, esto es, la existencia de una nulidad originada en la
sentencia proferida el 29 de noviembre de 2024 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante la cual se confirmó la decisión de primera instancia. En
efecto, el juez de segunda instancia se mantuvo dentro de los límites fijados por el
objeto del litigio desde la audiencia inicial, resolvió de manera íntegra las
pretensiones formuladas en la demanda y respetó la garantía de la non reformatio
26
Radicado: 11001-03-26-000-2025-00132-00 (73487)
Recurrente: Unión Temporal Cluster Research – Help File
in pejus, sin introducir cuestiones ajenas al debate procesal ni agravar la situación
jurídica de la apelante única.
En ese contexto, las inconformidades planteadas por la recurrente se dirigen, en
realidad, a cuestionar la valoración probatoria, la interpretación del ordenamiento
jurídico y los fundamentos que condujeron al Tribunal a confirmar la decisión de
primera instancia, aspectos que son propios del juicio de mérito y, por consiguiente,
resultan ajenos al ámbito excepcional y taxativo del recurso extraordinario de
revisión. Admitir un examen de esa naturaleza supondría desnaturalizar este
mecanismo de impugnación, convirtiéndolo en una nueva instancia para revisar el
acierto jurídico de la sentencia, finalidad que claramente excede el alcance de la
causal invocada.
6. Costas
Teniendo en cuenta que el recurso extraordinario de revisión se formuló con
posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 2080 de 2021, debe darse aplicación
al texto del CPACA con la modificación introducida por dicha ley.
El inciso final del artículo 255 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 70
de la Ley 2080 de 2021, dispone que, si se declara infundado el recurso
extraordinario de revisión, se condenará en costas y perjuicios a la parte recurrente.
Bajo ese entendido, esta Subsección condenará en costas a la parte recurrente y
ordenará a la Secretaría de la Sección Tercera que proceda con la respectiva
liquidación, ejercicio que tendrá que observar las reglas prescritas en los artículos
365 y 366 del CGP.
En lo atinente a las agencias en derecho, y al encontrarse acreditada la labor
defensiva en la que incurrió la Nación – MINTIC (apartado 3.1.), la Sala impondrá
condena por este concepto por la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal
mensual vigente, a favor de esa entidad, de conformidad con lo establecido en el
artículo 557 del Acuerdo No. PSAA16-10554 de 201658.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto contra la sentencia proferida el 29 de noviembre de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, dentro del proceso de controversias contractuales
57 “Artículo 5. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: […] 9. Recursos extraordinarios. Entre
1 y 20 S.M.M.L.V. […]”.
58 “Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”.
27
Radicado: 11001-03-26-000-2025-00132-00 (73487)
Recurrente: Unión Temporal Cluster Research – Help File
identificado con radicado núm. 11001-33-36-034-2018-00296-02, con fundamento
en lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: CONDENAR en costas a la recurrente, que serán liquidadas, en la
medida de su comprobación, por la Secretaría de la Sección, teniéndose en cuenta
la fijación de agencias en derecho a favor de la Nación – MINTIC por un (1) salario
mínimo legal mensual vigente.
TERCERO: Ejecutoriada esta decisión, ARCHÍVESE el expediente.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrado Magistrada
SLAL/HASH
28
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.