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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-00580-00

Fecha
11 de mayo de 2022
Consejero ponente
Carlos Enrique Moreno Rubio
Citada por
26 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-00580-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. Decláranse no probadas las excepciones de falta de legitimación en la causa por activa propuesta por el departamento de Risaralda, cobro de lo no Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 26 Demandante: Gloria Inés Posada Yepes Demandado: Sentencia del 16 de octubre de 2018 Rad: 11001-03-15-000-2022-00580-00 debido y prescripción propuestas por el Ministerio de Educación Nacional. SEGUNDO. Declárase infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la señora Gloria Inés Posada Yepes, contra la sentencia proferida el 16 de octubre de 2020 por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que confirmó parcialmente la sentencia del 11 de mayo de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 66001-23-33-000-2016-00649-01. TERCERO. Abstenerse de condenar en costas a la parte recurrente, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. CUARTO. En firme este proveído, devuélvase el expediente al despacho judicial de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-00580-00

Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio

11 de mayo de 2022

Demandante: Gloria Inés Posada Yepes
Demandado: Sentencia del 16 de octubre de 2018
Rad: 11001-03-15-000-2022-00580-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA ESPECIAL DE DECISIÓN 6

MAGISTRADO PONENTE: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Bogotá, D.C., tres (3) de mayo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-15-000-2022-00580-00
Demandante: GLORIA INÉS POSADA YEPES
Demandado: PROVIDENCIA DEL 16 DE OCTUBRE DE 2020,
PROFERIDA POR EL CONSEJO DE ESTADO SECCION
SEGUNDA SUBSECCIÓN B

SENTENCIA

La Sala procede a resolver el recurso extraordinario de revisión presentado por
la señora Gloria Inés Posada Yepes, a través de apoderado, y con fundamento
en el numeral 5° del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 1, contra la sentencia
proferida el 16 de octubre de 2020 por la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, que confirmó parcialmente2 la sentencia del 11 de mayo
de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante la cual
se negaron las pretensiones de anulación del Oficio 401-22774 del 7 de diciembre
de 2015, a través del cual se le negó el reconocimiento de intereses moratorios
con ocasión del pago tardío del retroactivo causado por la homologación y
nivelación salarial en la Secretaría de Educación de Risaralda, dentro del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 66001-23-33-
000-2016-00649-01.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda ordinaria

1.1. Pretensiones

La señora Gloria Inés Posada Yepes, por conducto de apoderado judicial,
instauró demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho consagrado en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, contra la

1 “5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede

recurso de apelación.”
2 Revocó la condena en costas.

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Demandante: Gloria Inés Posada Yepes
Demandado: Sentencia del 16 de octubre de 2018
Rad: 11001-03-15-000-2022-00580-00

Nación – Ministerio de Educación Nacional y el departamento de Risaralda,
dentro de la cual solicitó:

“Primera.- Se declare la nulidad de la Resolución No. 22774 del 07 de
diciembre de 2015, notificada el día, 16 de diciembre de 2015, por medio de
la cual desconocieron y negaron los intereses moratorios generados con
ocasión del pago tardío del retroactivo de la Homologación y Nivelación
salarial. (sic)

Segunda.- Como consecuencia de la anterior declaración y a titulo de
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, igualmente se declare que el actor
(sic) tiene pleno derecho a que LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE RISARALDA y LA NACIÓN – MINISTERIO DE
EDUCACIÓN NACIONAL, le reconozcan y ordenen pagar los intereses
moratorios, efectivos a partir del día siguiente a los treinta (30) días
posteriores a su causación (1996) hasta el día en que fue efectivo el pago
total del retroactivo por homologación y nivelación salarial, esto es, enero de
2013.

Tercera.- Se condene a LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE RISARALDA y LA NACIÓN – MINISTERIO DE
EDUCACIÓN NACIONAL, a pagar al actor (sic) los intereses moratorios a
que tiene derecho, liquidados con base al interés bancario corriente desde la
fecha de causación hasta la fecha efectiva de pago; en consideración a que,
el pago de la nivelación salarial debe hacerse al igual que el salario, por
periodos de treinta (30) días, por tanto, una vez ocurrido dicho vencimiento,
su no pago genera automáticamente la obligación de cancelar los intereses
aludidos.

Cuarta.- Se ordene liquidar y pagar, a expensas de LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA y LA NACIÓN –
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, a favor del actor (sic), los
intereses reclamados, con base al capital neto cancelado, es decir, sin incluir
el valor que por concepto de indexación salarial se reconoció.

(…)”

Las pretensiones restantes versaron sobre la forma de pagar la condena
impuesta en los términos del artículo 192 del CPACA; la condena en costas; la
expedición de la primera copia del fallo; y su remisión, con constancia de
ejecutoria, a las entidades demandadas.

1.2. Fundamentos fácticos

En la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, se describieron los
siguientes hechos:

La actora, a través de su apoderado, señaló que laboró para el Estado
colombiano en la Secretaría de Educación de Risaralda, en un cargo
administrativo.

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Demandante: Gloria Inés Posada Yepes
Demandado: Sentencia del 16 de octubre de 2018
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Agregó que en cumplimiento de la Ley 60 de 19933, el Ministerio de Educación
Nacional, por medio de la Resolución 2480 de 1995, certificó al departamento de
Risaralda para la administración del servicio educativo, por lo que el personal
administrativo del orden nacional pasó a conformar la planta de personal del ente
territorial, con los mismos cargos, códigos y salarios que devengaba al servicio
de la Nación, sin atender que en el nivel local los emolumentos eran mayores.

Afirmó que, a partir de su incorporación a la planta de personal territorial, debió
percibir los valores correspondientes a la diferencia salarial, sin embargo, para el
momento del traslado en mención no se efectuó la homologación.

Mencionó que, con todo, por medio del Decreto 0258 de 2005, el departamento
de Risaralda homologó y niveló los cargos administrativos bajo cita, pagados con
recursos del Sistema General de Participaciones.

Indicó que por medio del Decreto 986 del 31 de agosto de 2010 se modificó el
Decreto 258 de 2005 y, posteriormente, a través del Decreto 1062 del 29 de
septiembre del mismo año, se asignó la correspondiente denominación de
código, grado y asignación mensual de la planta de cargos homologados.

Adujo que mediante la Resolución 1858 del 31 de diciembre de 2012, el Ministerio
de Educación Nacional, a través de la Secretaría de Educación de Risaralda,
reconoció y ordenó el pago en su favor del retroactivo por concepto de
homologación salarial, cuyo artículo primero indicó de manera expresa que la
obligación se constituyó a partir del año 1997.

Agregó que el acto anterior fue modificado y adicionado por la Resolución 1384
del 5 de septiembre de 2013, en lo concerniente a los valores por concepto de
servicios personales, contribuciones a la nómina, indexación y la deuda del
personal administrativo, por el periodo entre los años 1997 y 2009.

Señaló que, según certificaciones de pago de gran parte del personal, la
homologación fue reconocida desde el momento mismo de transferencia del
personal, a saber, enero de 1996.

Precisó que, en su caso específico, el periodo de homologación tuvo lugar entre
los años 1996 y 2002, como consta en el certificado de pago respectivo, sin
embargo, el desembolso correspondiente se efectuó en enero de 2013.

Explicó que la falta de nivelación salarial y, en consecuencia, el pago inoportuno
del retroactivo causó intereses moratorios, tal como lo establecen los artículos
177 del CCA, 1617 y 1649 del Código Civil.

Refirió que solicitó a la Secretaría de Educación de Risaralda el reconocimiento

3 Sobre descentralización del servicio educativo y, con ello, el desmonte de la nacionalización de

la educación.

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y pago de los intereses moratorios por el pago tardío de los valores por concepto
de ajuste por homologación salarial, pero la entidad en mención, por medio de la
Resolución 22774 del 7 de diciembre de 2015, negó la referida petición con
fundamento en que el valor reconocido se pagó con su correspondiente
indexación, es decir, actualizado conforme al IPC al momento del pago, por lo
que es incompatible con los intereses pretendidos, so pena de doble erogación
por el mismo concepto.

1.3. Fundamentos jurídicos

La parte actora consideró que con el precitado acto se desconocieron los
artículos 1, 2, 13, 25, 53, 58, 93, 123 y 350 de la Constitución Política; 1608, 1607
y 1649 del Código Civil; y 177 del CCA.

Respecto de la violación de tales disposiciones arguyó que la negativa de
reconocimiento de intereses moratorios con fundamento en su incompatibilidad
con la indexación resulta incoherente pues, en efecto, la naturaleza de ambas
nociones es diferente y, en esas condiciones, no podría hablarse de doble pago
por el mismo concepto.

Explicó que mientras que la indexación está dirigida a actualizar una deuda
conforme al IPC, para así mantener el poder adquisitivo del dinero, los intereses
moratorios constituyen un medio de resarcimiento y sanción por la mora en el
pago de una obligación.

Afirmó que, según concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo
de Estado del 9 de diciembre de 2004, en el marco del proceso de
descentralización de la educación, los entes territoriales debían, previa
homologación, efectuar la correspondiente nivelación salarial.

Mencionó que, en su caso, sí se adeudaban intereses moratorios pues, conforme
a las pruebas y la fecha efectiva del desembolso, la parte demandada incurrió en
mora en el pago en cuestión.

Advirtió que al tenor del artículo 148 de la Ley 1450 de 2011, el ente territorial
debía presentar, junto con sus liquidaciones, el pago de todos los conceptos
derivados del salario y prestaciones sociales, entre estos las indexaciones y los
intereses moratorios.

Añadió que, en el presente caso, se pretende el pago de intereses moratorios,
toda vez que la homologación y la nivelación salarial fue cancelada años después
de haberse causado, tal como consta en la certificación del pago
correspondiente, donde no figura concepto alguno por los intereses en mención.

Insistió en que la homologación se causó al momento de su vinculación a la
planta de personal territorial, en el año 1996, sin embargo, la obligación se
canceló hasta enero de 2013, por lo que no es legal negar el reconocimiento de

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intereses moratorios so pretexto del lapso que tomó a la entidad haber agotado
un proceso administrativo.

Expuso que la Corte Constitucional, en la Sentencia C-367 de 1995, señaló que
los obligados al pago de salarios, prestaciones y pensiones en el Estado también
tienen a su cargo el pago de intereses moratorios, aun sin sentencia judicial que
así lo ordene, lo que reiteró en la Sentencia T-418 de 1996.

Arguyó que, con la negativa del reconocimiento de intereses moratorios, se
desconocieron los principios constitucionales de irrenunciabilidad de los
derechos laborales, favorabilidad laboral y condición más beneficiosa.

2. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante sentencia del 11 de mayo de
2018, negó las pretensiones de la demanda.

Como problema jurídico planteó que correspondía analizar la procedencia del
reconocimiento de intereses moratorios por el pago de la retroactividad generada
del proceso de homologación y nivelación salarial, cuando dicho pago se realizó
de manera indexada en favor de la demandante.

Al respecto, explicó las etapas del proceso de homologación en el caso concreto,
donde expuso que mediante el Decreto 0258 de 2005, modificado por el Decreto
0986 de 2010, la Secretaría de Educación de Risaralda homologó y niveló
salarialmente los cargos administrativos de esa entidad, previa aprobación por
parte del Ministerio de Educación Nacional.

Luego, señaló que a través del Decreto 1062 de 2010, modificado por el Decreto
0990 de 2011, el ente territorial asignó la correspondiente denominación de
código, grado y asignación mensual de los cargos administrativos homologados.

Adujo que la cartera ministerial, por medio del Oficio 2011EE187 del 3 de enero
de 2011, aprobó la liquidación de la deuda correspondiente al retroactivo
emanado de la homologación y, previa constitución de un encargo fiduciario, se
suscribió el correspondiente acuerdo de pago con el departamento de Risaralda,
lo que tuvo lugar el 17 de septiembre de 2012.

Hecha la reseña anterior, trajo a colación la sentencia del 28 de septiembre de
2017, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado4, en la que se concluyó que debido al agotamiento de las múltiples etapas
para el pago del retroactivo por homologación, las autoridades involucradas no
incurren en una dilación injustificada, por lo que no había lugar al reconocimiento
de intereses.

4 Exp: 73001-23-33-000-2014-00244-01.

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A partir de lo expuesto en el pronunciamiento bajo cita, concluyó que en el caso
concreto no es procedente el reconocimiento de intereses moratorios derivados
del pago del retroactivo por homologación y nivelación, comoquiera que el
extremo demandado realizó la actualización monetaria de la suma objeto de
pago.

Advirtió que el departamento de Risaralda, al proferir la Resolución 1858 del 31
de diciembre de 2012, reconoció y efectuó el pago debidamente indexado, de
acuerdo con los parámetros que al efecto fijó el Ministerio de Educación Nacional.

Acerca de la concurrencia del pago derivado de la indexación y los intereses
moratorios, acogió concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo
de Estado del 9 de agosto de 20125, donde se expuso que tales nociones son
incompatibles por cuanto obedecen a la misma circunstancia, esto es, la
devaluación del dinero, de modo que no había lugar a reconocer la moratoria en
cuestión, por cuanto se trataría de un doble pago por la misma causa.

Concluyó que en el caso concreto el proceso de homologación tuvo lugar a partir
del año 1996 hasta 2009, lapso que según la tesis del Consejo de Estado es
justificado para el desarrollo de sus etapas, y que los valores correspondientes
se pagaron debidamente indexados, por lo que no había lugar a reconocer
intereses moratorios.

Finalmente, precisó que la Sentencia C-367 de 1995 de la Corte Constitucional,
no resulta aplicable al caso, en la medida que ese pronunciamiento abordó lo
concerniente a la mora en el pago de pensiones, aspecto ajeno a esta
controversia, y que el artículo 177 del CCA, referido a los intereses que generan
las sentencias ejecutoriadas, tampoco constituye sustento jurídico de las
pretensiones porque este asunto se tramitó bajo las ritualidades del CPACA.

3. Recurso de apelación

Inconforme con el fallo, la actora apeló la sentencia con base en los siguientes
reparos:

Advirtió que el argumento del Tribunal, con base en fallo del 28 de septiembre de
2017, proferido por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado6, que sirvió de sustento para sostener que las etapas del proceso
administrativo por homologación justifican el retardo en el pago correspondiente,
es cuestionable por el error de la interpretación fáctica y jurídica del caso, pues
no es procedente decir que el pago fue oportuno, cuando el acervo probatorio dio
cuenta de que la homologación se causó entre 1996 y 2002, pero se canceló

5 Exp: 11001-03-06-000-2012-00048-00. Como sustento de la postura sobre incompatibilidad que

surge del reconocimiento de intereses moratorios por razón de la indexación, también se refirió
la sentencia del 29 de junio de 2016 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia. Exp: SL9316-2016. Radicación: 46984.
6 Exp: 73001-23-33-000-2014-00244-01.

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entre los años 2012 y 2014, aproximadamente 16 años después.

Luego de citar el concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de
Estado, del 9 de diciembre de 2004, así como la directiva 10 de 2005 del
Ministerio de Educación Nacional, acerca del procedimiento de homologación,
señaló que el retardo en su implementación es imputable exclusivamente a la
administración, ya que según los instrumentos en mención, era su deber
materializarla desde el momento del traslado del personal y no años después, de
manera que la extensión reprochable del proceso administrativo no justifica el
retardo que se cuestiona.

Acerca de la incompatibilidad entre la indexación y los intereses moratorios, por
devenir de una causa común, a saber, la devaluación de la moneda, afirmó que
dicho argumento es incierto ya que la naturaleza de ambos conceptos no es la
misma, y ante tal contrariedad no se podría predicar, entonces, un doble pago
por el mismo concepto.

Reiteró que la mora es la sanción por no cancelar oportunamente una obligación,
mientras que la indexación se refiere a la actualización del valor de la deuda por
la pérdida del poder adquisitivo del dinero.

Adujo que el concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de
Estado que tuvo en cuenta el Tribunal para sustentar la incompatibilidad de los
conceptos en mención se refirió al pago de emolumentos derivados de una
sentencia judicial, por lo que no debía aplicarse al caso concreto ya que no existe
un fallo que reconociera el derecho a la homologación y el pago del retroactivo
correspondiente.

Explicó que debido a que el pago oportuno de los emolumentos derivados de la
homologación no se cumplió, pues ello debió efectuarse al momento del traslado
del personal, el departamento demandado debía reconocer, no la indexación,
sino los intereses moratorios en los términos de los artículos 1608, 1617 y 1649
del Código Civil.

Expuso que, si los intereses moratorios contienen un ingrediente revaluatorio,
ello no conlleva a que la indexación contenga uno resarcitorio, porque en ese
escenario se incurre en indebida interpretación normativa.

Sostuvo que, en criterio del Tribunal, por virtud de la indexación no es procedente
el reconocimiento de los intereses moratorios, perdiendo de vista que son estos
los que realmente resarcirían los perjuicios causados por el paso del tiempo,
porque son los que se deben reconocer de manera preferente.

Agregó que, en los términos del artículo 16 de la Ley 446 de 1998, en los
procesos judiciales la valoración del daño debe atender los principios de
reparación integral y equidad, por lo que, tratándose de sentencias judiciales, y
en aplicación del artículo 177 del CCA y la norma en mención, se impone la

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condena al pago de intereses moratorios, por cuanto estos operan de pleno
derecho.

Trajo a colación la sentencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado del 14
de abril de 20107, según la cual los perjuicios causados a un contratista por
incumplimiento de la administración, deben indemnizarse con la actualización del
capital debido a título de daño emergente y con el reconocimiento de intereses
desde el momento en que se incurre en mora, mientras que, en el fallo del 10 de
mayo de 20018, se expuso que siempre que se trate de intereses puros, dicho
concepto no es incompatible con la actualización monetaria.

Indicó que al tenor del artículo 1625 del Código Civil, uno de los modos de
extinguir la obligación es el pago, lo que en concordancia con los artículos 1626
y 1627 ibidem, debe hacerse de conformidad con el tenor de la obligación, de lo
que se concluye que, si esta no se cumple dentro del término estipulado por las
partes o la ley, se incurre en una tardanza de relevancia jurídica que produce un
daño que el deudor debe reparar.

Cuestionó que el Tribunal acudiera a los pronunciamientos de la Corte Suprema
de Justicia para argumentar la incompatibilidad entre indexación e intereses
moratorios, por cuanto no resolvieron aspectos concernientes a homologación y
nivelación salarial.

Acerca de la inaplicabilidad de la Sentencia C-367 de 1995 de la Corte
Constitucional, expuso que tanto la jurisprudencia y la doctrina, en desarrollo del
artículo 53 de la Constitución Política, han sido enfáticas en establecer que ante
el pago tardío de emolumentos laborales, se deben reconocer los intereses
moratorios, y si bien las sentencias que respaldan sus argumentos no tratan en
específico acerca del pago del retroactivo por homologación y nivelación salarial,
sí son claras en establecer que ante el incumplimiento en el pago de una
prestación laboral, se deben pagar los referidos intereses.

4. Sentencia objeto de revisión

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, a través de
sentencia del 16 de octubre de 2020, confirmó el proveído de primera instancia.
Las razones para dicho proceder se sintetizan a continuación.

Como problema jurídico, dispuso determinar si a la actora le asiste el derecho al
reconocimiento de intereses moratorios por el no pago inmediato del valor
correspondiente a la homologación y nivelación salarial.

Al descender al caso concreto, destacó el material probatorio aportado al
proceso, a partir del cual concluyó, entre otros aspectos, que por medio de la

7 Exp: 14112.
8 Exp: 12719. Criterio reiterado en sentencia del 24 de febrero de 2005. Exp: 21120.

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Resolución 1858 del 31 de diciembre de 2012 el departamento de Risaralda
reconoció a la demandante el retroactivo resultante de la nivelación salarial en el
periodo de 1996 a 2002, valor que fue cancelado en enero de 2013.

Luego se refirió a las etapas del proceso de homologación y nivelación salarial
del referido ente territorial, partiendo de su fundamento legal derivado de las leyes
60 de 1993 y 715 de 2001, y refiriendo la directiva ministerial 10 de 2005, la
Resolución 2171 de 20069, en la que el departamento autorizó los ajustes al
estudio técnico inicial y determinó adelantar los trámites administrativos para
hacer efectiva la homologación de los cargos de la planta de personal
administrativo.

Luego sostuvo que el ente territorial expidió el Decreto 986 del 31 de agosto de
2010, que modificó el Decreto 258 de 2005, donde se homologaron salarialmente
los cargos administrativos de la Secretaría de Educación de Risaralda y, al mes
siguiente, por medio de los decretos 1062 del 29 de septiembre de 2010 y 990
del 31 de octubre de 2011, determinó la denominación, código, grado y
asignación salarial de los empleados administrativos del sector educativo.

Mencionó que, posteriormente, el Ministerio de Educación Nacional, a través del
oficio 2011EE187 del 3 de enero de 2011, aprobó la liquidación del retroactivo y
certificó ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público la deuda
correspondiente a la homologación por el lapso entre 1996 y 2009.

Agregó que, finalmente, la Secretaría de Educación de Risaralda dictó la
Resolución 1858 del 31 de diciembre de 2012, en la que reconoció a la actora la
deuda retroactiva por la homologación y nivelación salarial, por el periodo entre
1996 y 2002, la cual se canceló en enero de 2013.

Conforme con lo anterior, explicó que el pago reconocido a la actora el 31 de
diciembre de 2012 se realizó en enero de 2013, esto es, dentro del mes siguiente,
por lo que no puede pregonarse tardanza alguna que implique el pago de
intereses, máxime cuando en los actos normativos de la homologación no se
previó un plazo que dé lugar al cobro de sanción alguna, por el simple retardo o
incumplimiento.

Se refirió a la sentencia del 25 de abril de 2019, proferida por esa Sala, en la que
en un caso análogo se partió de la fecha del acto de reconocimiento de la
nivelación salarial para establecer si su pago fue oportuno, caso en el que
también trascurrió solo un mes, y se reiteró que no era procedente el pago de
intereses moratorios teniendo en cuenta la naturaleza eminentemente
sancionatoria de los mismos para castigar al deudor incumplido, además de la
inexistencia, en el acto de reconocimiento, de una norma que ordenara su pago.

9 “Por la cual se establece el cronograma para el reporte, revisión y certificación de las deudas

de las entidades territoriales con los docentes y administrativos por concepto de salarios y
prestaciones y las deudas por concepto de homologación de cargos administrativos del sector y
nivelación salarial.”

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Demandante: Gloria Inés Posada Yepes
Demandado: Sentencia del 16 de octubre de 2018
Rad: 11001-03-15-000-2022-00580-00

De este modo, reiteró que la actora no podía reclamar intereses moratorios por
pago tardío del valor de la homologación reconocida el 31 de diciembre de 2012,
fecha en la que se hizo exigible, ya que fue pagada en enero de 2013, lapso que
no resulta irracional o caprichoso dados los trámites administrativos que deben
surtirse para el efecto, máxime cuando dicha sanción económica no quedó
plasmada en el acto de reconocimiento.

Agregó que las razones anteriores sirven de fundamento para desvirtuar el
argumento según el cual se debe aplicar la Sentencia C-367 de 1995 de la Corte
Constitucional, por cuanto dicha providencia abordó la obligación de los entes
responsables de garantizar el pago oportuno de pensiones y de asumir, en caso
de no hacerlo, los intereses de mora, asunto que no guarda relación con el sub
lite y, por ende, no constituye precedente, además que en este asunto no se
configuró la mora deprecada.

Revocó la condena en costas impuesta en primera instancia.

5. El recurso extraordinario de revisión

Mediante escrito radicado el 24 de enero de 2022 en la ventanilla virtual de la
Secretaría General de esta Corporación, la señora Gloria Inés Posada Yepes, a
través de su apoderado, interpuso recurso extraordinario de revisión contra la
sentencia del 16 de octubre de 2020 proferida por la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, con fundamento en la causal prevista el numeral
5° del artículo 250 de la Ley 1437 de 201110, por violación del principio de
congruencia.

Al respecto, explicó que en los hechos, pretensiones, pruebas, alegatos y el
recurso de apelación, se hizo hincapié que el periodo a liquidar no era otro que
el causado entre los años 1996 a 2013, esto es, a partir de la incorporación del
personal administrativo del sector educativo en el orden nacional a la planta de
personal territorial, lo que tuvo lugar en el año 1996, por lo que desde ese
momento se debía pagar el salario debidamente nivelado, de manera que los
intereses moratorios se causaron desde esa época.

Adujo que en la sentencia objeto de revisión se abordó el asunto de manera
totalmente diferente a la expuesta en la demanda, toda vez que la autoridad
judicial entendió que la reclamación de dichos intereses abarcó el interregno de
un mes entre el 31 de diciembre de 2012, cuando se reconoció y se ordenó el
pago del retroactivo de que se trata, y el mes de enero de 2013, cuando se
efectuó el pago correspondiente.

Agregó que en la demanda se solicitó el reconocimiento y pago de intereses

10 “5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede

recurso de apelación.”

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moratorios desde el año 1996, cuando se hizo efectivo el traslado de la actora a
la planta de personal territorial y hasta 2013, fecha del pago, sin embargo, el
Consejo de Estado entendió erróneamente que la reclamación de dichos
intereses se refirió a los causados entre el periodo a partir del acto de
reconocimiento del retroactivo por homologación, dictado el 31 de diciembre de
2012, y hasta enero de 2013, momento en que se efectuó el pago.

Aseveró que, por lo tanto, lo resuelto en la sentencia difiere de lo planteado en la
demanda, ya que en ella no se hizo mención de los intereses moratorios
causados entre el acto de reconocimiento del retroactivo y la fecha efectiva del
pago, sino que tales intereses se causaron desde el momento en que se hizo
efectivo su traslado a la planta de personal de la Secretaría de Educación de
Risaralda, que tuvo lugar desde 1996, hasta la fecha efectiva del pago del
retroactivo, por lo que lo resuelto no guardó consonancia con el objeto de la
demanda.

Posteriormente trajo a colación la sentencia del 2 de febrero de 2016, proferida
por la Sala Veintidós Especial de Decisión del Consejo de Estado11, según la cual
se está ante una decisión Citra Petita, cuando el juez no resolvió sobre todas las
pretensiones.

Explicó que, adicionalmente, las entidades demandadas nunca excepcionaron el
periodo de la liquidación en controversia, pues su defensa se orientó a establecer
en cabeza de cuál de ellas recaía la obligación del pago.

Advirtió que en el plenario no existe algún elemento de convicción que permita
concluir que con la demanda se solicitó el pago de intereses moratorios por el
periodo de un mes, pues de ser ese el escenario de la reclamación no se hubiera
iniciado un proceso judicial ante el contencioso administrativo.

Expuso que la decisión del Consejo de Estado no se ajustó a las normas del caso
concreto, pues la Ley 60 de 1993 estableció un término perentorio para que el
Estado realizara una nivelación salarial, no obstante, la administración tardó más
de dieciséis años para efectuar el pago de la obligación.

Arguyó que la autoridad judicial no indicó las razones de hecho y de derecho por
las que no había lugar a reconocer los intereses moratorios, por el contrario, el
escenario fue una mera interpretación argumentativa que no tiene respaldo legal,
por lo que el asunto no fue resuelto conforme a las normas preexistentes.

Agregó que, por lo tanto, la decisión no se encuentra dentro de un margen de
interpretación razonable por ser contraevidente y perjudicial para los intereses
legítimos de quienes acuden a la administración de justicia.

Sostuvo que el fallador judicial tiene el deber de argumentar y resolver todas las

11 Exp: 11001-03-15-000-2015-02342-00.

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pretensiones formuladas en la demanda, de manera que si el Consejo de Estado
consideraba que no había lugar a reconocer intereses moratorios por el periodo
solicitado, sino por el que estableció en la sentencia, debió explicar las razones
jurídicas de ello, por mandato del artículo 281 del Código General del Proceso.

Señaló que la sentencia es incongruente, comoquiera que las pretensiones del
libelo no contienen solicitud alguna relacionada con la indexación reconocida de
oficio, confundiendo tal concepto con el de interés moratorio, ya que el primero
se refiere a la salvaguarda del poder adquisitivo del dinero mientras que, el
segundo, opera de pleno derecho por mandato legal. Agregó que, a partir de esta
confusión, se dictó un fallo incongruente, pues terminó reconociendo una
indexación que no cabía dentro de la expectativa del pleito.

Resaltó que la sentencia bajo cuestionamiento fue incongruente al afirmar que
no se reconocerían intereses moratorios por su incompatibilidad con la
indexación, “(…) señalamiento que es a todas luces incoherente, porque la
demanda es diáfana en indicar que, los intereses de mora se liquidan sobre el
capital neto sin incluir indexación, entonces por qué el despacho concluye, que
la demandante, solicita el reconocimiento de ambos emolumentos, ¿y habla de
una supuesta incompatibilidad?”.

Argumentó que el juzgador fue incoherente al sostener que la indexación y los
intereses de mora son cargas económicas que tienen la misma finalidad,
comoquiera que estos últimos constituyen una sanción por no cancelar
oportunamente una obligación, mientras que la indexación se refiere a la
actualización de la deuda a valores actuales para contrarrestar la pérdida del
poder adquisitivo del dinero.

6. El trámite del recurso

Mediante auto del 27 de enero de 2022 (i) se admitió el recurso extraordinario de
revisión, (ii) se ordenó notificar personalmente a la Nación – Ministerio de
Educación Nacional y al Departamento de Risaralda, entre otros, y (iii) se solicitó
al Tribunal Administrativo de Risaralda que remitiera copia del expediente
ordinario.

A través de proveído del 21 de febrero de 2022 el magistrado sustanciador se
pronunció sobre el decreto de las pruebas aportadas por las partes.

6. La contestación del recurso

6.1. Departamento de Risaralda

El Departamento de Risaralda, por conducto de apoderado, se pronunció frente
a la causal invocada por la actora de la siguiente manera:

Precisó que el legitimado para interponer el recurso extraordinario de revisión es

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el demandado, quien es el llamado a pronunciarse sobre un fallo desfavorable
que recaiga sobre pretensiones no solicitadas por el demandante o se le otorgue
más de lo pedido, o por causa diferente a la invocada. Por lo tanto, ante el hecho
de que la colegiatura no emitió fallo desfavorable contra la administración, menos
aún la condenó al pago de emolumentos que no fueron solicitados o en mayor
proporción a la pretendida, el recurso no es procedente12.

Sostuvo que en la sentencia recurrida se observó el principio de congruencia, por
cuanto determinó que los extremos indicados por la demandante eran erróneos,
y encontró acreditado otro extremo para generar el pago de la obligación legal,
con indicación de la fecha de su causación.

6.2. Ministerio de Educación Nacional

Por conducto de apoderado, la cartera ministerial propuso las siguientes
excepciones.

Inexistencia de la causal alegada. Advirtió que en este caso no se configuró la
causal de revisión, comoquiera que la autoridad judicial resolvió acerca del
planteamiento jurídico objeto de la controversia, relacionado con el
reconocimiento de intereses moratorios por la tardanza en el pago del retroactivo
por homologación.

Cobro de lo no debido. Explicó que de conformidad con los artículos 37 de la Ley
1151 de 2007 y 65 de la ley 1165 del mismo año, las deudas vigentes con el
personal del sector educativo están a cargo de los entes territoriales, previa
revisión del Ministerio de Educación Nacional. Indicó que el artículo 37 de la Ley
1151 de 2007 fue derogado por la Ley 1450 de 2011, cuyo artículo 48 reiteró el
pago de los emolumentos en cuestión con cargo a los recursos de los entes
territoriales.

Prescripción. Explicó que el derecho a reclamar la sanción moratoria está
sometido al término de tres años de que trata el artículo 41 del Decreto 3135 de
1968.

Posteriormente, expuso los fundamentos de defensa, frente a lo que precisó que

12 El apoderado no expuso una norma en concreto que sustente su argumento. Sin embargo, se

infiere que se trata del texto del artículo 281 del Código General del Proceso, que establece:
“Artículo 281. Congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las
pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla
y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del
pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta.
Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente lo último.
(…).”

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de acuerdo con la Ley 60 de 1993, el servicio público de educación sería prestado
en conjunto por los municipios y departamentos, por lo que el Ministerio de
Educación Nacional no puede entrar a resolver aspectos que hacen parte de la
autonomía de los entes territoriales.

7. Concepto del Ministerio Público

El Ministerio Público no rindió concepto.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la sentencia proferida por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado el 16 de octubre de
2020, a través de la cual confirmó el fallo proferido el 11 de mayo de 2018 por el
Tribunal Administrativo de Risaralda que a su vez negó las pretensiones de la
demanda, es susceptible del recurso extraordinario de revisión presentado dentro
del término13 establecido en el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011, y esta Sala
es competente para decidirlo en virtud de lo dispuesto en el artículo 249 del
mismo código y lo dispuesto en el Acuerdo 321 de 2014, proferido por la Sala
Plena de esta Corporación.

Para el estudio del presente recurso se abordarán los siguientes temas: (i)
naturaleza del recurso extraordinario de revisión, (ii) causales invocadas y su
configuración o no en el caso concreto.

1. Del recurso extraordinario de revisión

El artículo 248 de la Ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo, establece que este recurso procede contra
las sentencias ejecutoriadas dictadas i) por las secciones y subsecciones de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, ii) por los
Tribunales Administrativos y iii) por los jueces administrativos.

En cuanto a su finalidad, la Corte Constitucional, en la sentencia C-520 del 4 de
agosto de 200914, recordó que constituye una excepción al principio de cosa
juzgada que ampara a todas las sentencias ejecutoriadas, para que puedan
enmendarse los errores o ilicitudes cometidas en su expedición, y se restituya el
derecho al afectado a través de una nueva providencia fundada en razones de

13 La Sentencia materia de revisión se notificó mediante envío de su texto a través de mensaje al

buzón electrónico para notificaciones judiciales dispuesto por el apoderado de la parte actora el
22 de enero de 2021, por lo que cobró ejecutoria el día 27 siguiente.

La actora presentó el recurso extraordinario de revisión el 24 de enero de 2022, esto es, dentro
del término de un año dispuesto para el efecto en el inciso primero del artículo 251 de la Ley 1437
de 2011.

14 M.P. Dra. María Victoria Calle.

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justicia material, que resulte acorde con el ordenamiento jurídico.

En esa ocasión, la Sala aclaró que las causales que pueden proponerse como
fundamento del recurso extraordinario de revisión, están enlistadas de manera
taxativa en el artículo 250 de la Ley 1437 de 201115 y dan cuenta de la naturaleza
eminentemente procedimental de los vicios o errores que de conformidad con la
ley procesal son los únicos que permiten la revisión de la sentencia por esta vía.

En efecto, se trata de la revisión de aspectos objetivos que puedan dar lugar a la
estructuración de las causales de revisión consagradas en la norma en cita, no
de errores de interpretación.

Valga señalar que no todas las causales de revisión tienen el mismo alcance
temporal, pues mientras algunas cuestionan la validez o suficiencia de las
pruebas al momento del pronunciamiento de la sentencia (numerales 2, 3, 5 y 8
ibidem), otras se refieren a la validez o suficiencia sobreviniente, es decir, luego
de ocurrido un hecho posterior al pronunciamiento del fallo (numerales 1, 4, 6, 7).

La Corte Constitucional en la referida sentencia C- 520 de 2009 destacó frente a
este recurso lo siguiente:

“(…) La Corporación ha precisado la naturaleza del recurso extraordinario
de revisión señalando que “la revisión no pretende corregir errores “in
judicando” ni puede fundamentarse en las mismas pruebas que sirvieron
de soporte a la decisión que puso término al proceso, pues para estos
yerros están previstos los recursos ordinarios y extraordinarios
dentro del propio proceso. La revisión, que no es un recurso sino
una acción, pretende, como lo ha señalado la doctrina y la
jurisprudencia, un examen detallado de ciertos hechos nuevos que
afectan la decisión adoptada y el sentido de justicia que de ella
emana. La acción de revisión, en la medida en que afecta la certeza
brindada por la cosa juzgada, es no sólo extraordinaria sino que además
procede por las causales taxativamente señaladas por la ley, y no es
posible aducir otras distintas. Y esta taxatividad es razonable, pues se
trata de “una figura que modifica providencias amparadas en el principio
de cosa juzgada”, y por ello “las causales previstas para la revisión deben
ser aplicadas e interpretadas en sentido restringido”. (Destacado por la
Sala)

Conforme con lo anterior, por esta vía no es posible reabrir el debate legal y
probatorio de las instancias, sino revisar la sentencia que puso fin a la
controversia, con el fin de determinar la justicia del pronunciamiento a la luz de
las taxativas causales consagradas en la ley.

15Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

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Merece especial consideración la precisión anterior, toda vez que el recurso
extraordinario de revisión no está concebido para que la parte interesada pueda
plantear inconformidades en torno a la interpretación legal hecha en las
instancias ordinarias.

Esta Corporación, al respecto, se pronunció en el siguiente sentido16:

“En este orden, la técnica del recurso exige correspondencia entre los
argumentos en que se fundamenta y la causal invocada, de forma tal
que no le es dable al recurrente realizar elucubraciones dirigidas
a atacar las motivaciones jurídicas o los juicios de valor que
soportaron la decisión adoptada en la sentencia recurrida ni
pretender subsanar o corregir errores u omisiones de la propia parte
en el ejercicio del derecho de contradicción y el agotamiento de los
mecanismos ordinarios de defensa, como si se tratara de una nueva
instancia.

En otras palabras, el recurso extraordinario de revisión no da cabida
a cuestionamientos sobre el criterio con que el juez interpretó o
aplicó la ley en la sentencia, siendo riguroso en cuanto a su
procedencia, pues se restringe a las causales enlistadas. Por ello, en
este escenario, la labor del juez no puede exceder la demarcación
impuesta por el recurrente al explicar la causal de revisión de la
sentencia, que deberá ser examinada dentro de un estricto y
delimitado ámbito interpretativo.” (Destacado por la Sala)

Bajo los parámetros expuestos, resulta importante resaltar que el escenario
procesal ordinario es el único posible para plantear las presuntas inconsistencias
de orden legal o probatorio propias de la controversia, pues tales aspectos
escapan del marco analítico que corresponde a la revisión extraordinaria.

2. Causal de revisión invocada
La parte demandante invocó como causal de revisión la prevista en el numeral
5° del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, prevista de la siguiente forma:

“5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra
la que no procede recurso de apelación.”

Frente a esta causal, la jurisprudencia de la corporación identificó dos
condiciones para invocarla, “La primera, según la cual el operador judicial debe
constatar que contra la sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión no
sea procedente el recurso de apelación -condición de carácter objetivo- y el
segundo, que la nulidad invocada debe tener su origen en la sentencia que puso
fin al proceso -condición de carácter subjetivo-.”17

16 Consejo de Estado, Sala Veintisiete Especial de Decisión. Sentencia del 3 de noviembre de

2017. Radicación: 11001-03-15-000-2017-00859-00(REV). Magistrada ponente: Rocío Araújo
Oñate.
17 Consejo de Estado. Sala Veintidós Especial de Decisión. Sentencia del 2 de febrero de 2016.

Exp: 11001-03-15-000-2015-02342-00(REV).

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En este pronunciamiento, la Sala de Decisión precisó que “En lo que se refiere a
la primera condición, el operador jurídico debe tomar como fundamento las
normas relativas a la competencia que consagra el CPACA o el C.C.A, según
corresponda, para poder determinar si el proceso que fue decidido por la
sentencia objeto del recurso de revisión tiene o no recurso de apelación.”, y “En
lo atinente a la condición subjetiva, esto es que la nulidad se origine en la
sentencia, se exige que el vicio se configure en el preciso momento procesal en
que se profiere el fallo, por desconocimiento grave o insaneable de alguna
ritualidad sustantiva propia de esa actuación.”

En el presente caso, se tiene que el pronunciamiento materia de controversia es
la sentencia de segunda instancia proferida el 16 de octubre de 2020 por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, de manera que
contra este pronunciamiento no procede el recurso de apelación, lo que satisface
la condición objetiva.

Tal como ocurre con la condición subjetiva comoquiera que el yerro alegado,
según la parte demandante, se configuró en el fallo que resolvió el asunto en
segunda instancia.

2.1. Cuestiones previas

2.1.1. Excepciones

El Departamento de Risaralda planteó la ausencia de legitimación de la parte
actora para interponer el recurso extraordinario de revisión, debido a que, en su
sentir, dicha aptitud legal recae exclusivamente en el demandado, según lo prevé
el texto del artículo 281 del Código General del Proceso, relacionado con la
congruencia de la sentencia y según el cual “No podrá condenarse al demandado
por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda ni por
causa diferente a la invocada en esta.”

Por su parte, el Ministerio de Educación Nacional propuso las excepciones que
denominó, “Inexistencia de la causal alegada”, “Cobro de lo no debido”, y
“Prescripción”.

El artículo 253 de la Ley 1437 de 2011, tal como fue modificado por el artículo 69
de la Ley 2080 de 2021, respecto del trámite del recurso extraordinario de
revisión, dispuso que “Dentro de este trámite no se podrán proponer
excepciones previas y tampoco procederá la reforma del recurso de revisión.”
(Destacado por la Sala)

Dado que las excepciones propuestas no revisten el carácter de previas, al no
estar expresamente enlistadas en el artículo 100 del Código General del Proceso,
sino que corresponden a las perentorias previstas en el parágrafo 2° del artículo
175 de la Ley 1437 de 2011, corresponde a esta Sala de Decisión pronunciarse

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al respecto.

En ese orden, en cuanto al medio exceptivo propuesto por el ente departamental,
esta Sala de Decisión considera que el argumento tendiente a desvirtuar la
legitimación de la parte actora carece de vocación de prosperidad, toda vez que
los artículos 24818 y 25219de la Ley 1437, normas que consagran la procedencia
y requisitos del recurso extraordinario de revisión, no limitaron la legitimación
para su ejercicio en cabeza del demandado, por lo que ambas partes del proceso
ordinario en el que se dictó la sentencia pueden acudir ante la jurisdicción para
debatir la juridicidad del pronunciamiento.

Adicionalmente, se observa que el apoderado del departamento de Risaralda
invocó como presupuesto de legitimación la norma que consagra la prohibición
de condenar al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del
pretendido en la demanda, o por causa diferente a la invocada en esta, perdiendo
de vista que la disposición que sustenta su argumento estableció el supuesto de
hecho bajo el cual se configuraría la inobservancia del principio de congruencia
en contra de este, más no la aptitud legal de las partes en litigio para reclamar la
revisión de una sentencia judicial.

Por lo tanto, la Sala tendrá como no probada la excepción planteada por el ente
territorial.

En cuanto a la excepción que el apoderado de la cartera ministerial denominó,
“Inexistencia de la causal alegada”, resulta palmario que la misma se orienta a
controvertir el argumento de la parte demandada al sustentar la causal de revisión
invocada, lo que será materia del pronunciamiento de fondo en esta providencia.

Las dos restantes, a saber, “Cobro de lo no debido”, y “Prescripción”, se refieren
a aspectos que debieron plantearse, debatirse y resolverse en el trámite procesal
en el que se dictó la sentencia objeto de censura, pues no son del resorte de la
competencia atribuida por la ley al juez de la revisión, a quién corresponde
resolver los planteamientos tendientes a cuestionar la juridicidad de la sentencia,
como se destacó ampliamente en las consideraciones previas, y no las
cuestiones relacionadas con la entidad que tiene la condición de deudor de la
obligación en litigio o la oportunidad para exigir el reconocimiento del derecho.

18 “Artículo 248. Procedencia. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias

ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces
administrativos.”
19 “Artículo 252. Requisitos del recurso. El recurso debe interponerse mediante escrito que deberá

contener:
1. La designación de las partes y sus representantes.
2. Nombre y domicilio del recurrente.
3. Los hechos u omisiones que le sirvan de fundamento.
4. La indicación precisa y razonada de la causal invocada.
Con el recurso se deberá acompañar poder para su interposición y las pruebas documentales
que el recurrente tenga en su poder y solicitará las que pretende hacer valer.”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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En efecto, el debate en torno a cuál debe ser la entidad que debía proceder al
pago del retroactivo de homologación de la actora, o el control del término de
prescripción para reclamar intereses moratorios, son aspectos propios que
debieron ser objeto de planteamiento y pronunciamiento en las instancias
ordinarias, que en manera alguna se enmarcan en el contexto de la revisión de
la legalidad de una providencia judial.

En esa medida, se tendrán como no probadas las excepciones de cobro de lo no
debido y prescripción propuestas por el Ministerio de Educación Nacional.

2.1.2. El debate sobre la naturaleza, contenido y alcance de los conceptos
de intereses moratorios e indexación

Ahora bien, el apoderado de la demandante elevó reparos en torno a la
interpretación hecha por los jueces ordinarios respecto de los conceptos de
indexación e intereses moratorios.

Frente al punto, la Sala debe reiterar las consideraciones previas de acuerdo con
las cuales, “(…) no le es dable al recurrente realizar elucubraciones dirigidas a
atacar las motivaciones jurídicas o los juicios de valor que soportaron la decisión
adoptada en la sentencia recurrida (…). En otras palabras, el recurso
extraordinario de revisión no da cabida a cuestionamientos sobre el criterio con
que el juez interpretó o aplicó la ley en la sentencia, (…)”20.

De esta manera, esta Sala de Decisión carece de facultades legales para
pronunciarse acerca de lo que debe entenderse por indexación o interés
moratorio, en la medida que la interpretación del contenido y alcance de tales
conceptos corresponde al pronunciamiento hecho por los jueces naturales sobre
ese particular, sin que pueda ser objeto de controversia en sede de revisión.

En esas condiciones, la Sala se ocupará de pronunciarse únicamente sobre el
planteamiento de la demanda extraordinaria de cara a establecer si se presentó
la incongruencia alegada, que en criterio de la parte demandante tuvo lugar por
cuanto la autoridad judicial estableció como periodo de la mora el comprendido
entre el 31 de diciembre de 2012 y el mes de enero de 2013, un mes, pese a que
en el libelo se planteó que dicho periodo abarca el lapso desde enero de 1996 a
enero de 2013.

2.2. De la incongruencia de la sentencia como causal de nulidad originada
en la sentencia

De acuerdo con la postura de la Sala Veintidós Especial de Decisión de esta

20 Consejo de Estado, Sala Veintisiete Especial de Decisión. Sentencia del 3 de noviembre de

2017. Radicación: 11001-03-15-000-2017-00859-00(REV). Magistrada ponente: Rocío Araújo
Oñate.

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Demandante: Gloria Inés Posada Yepes
Demandado: Sentencia del 16 de octubre de 2018
Rad: 11001-03-15-000-2022-00580-00

Corporación21, la incongruencia da lugar a la nulidad originada en la sentencia,
que es una de las causales que hacen procedente el recurso extraordinario de
revisión, en los términos del numeral 5° del artículo 250 de la Ley 1437 de 201122.

La tesis de la referida Sala Especial de Decisión fue expuesta en los siguientes
términos:

“El artículo 250 del CPACA consagra en su numeral 5º, como causal de
procedencia del recurso extraordinario de revisión “existir nulidad
originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede
recurso de apelación”.

(…)

Dentro del contexto expuesto en el acápite anterior, la jurisprudencia de la
Sala Plena Contenciosa ha indicado que debe aceptarse que la causal 6ª del
artículo 188 del C.C.A., hoy 5 del artículo 250 del CPACA, por nulidad
originada en la sentencia, se configura, entre otras razones, cuando al
demandado se le condena por cantidad superior, o por objeto distinto del
pretendido en la demanda o por causa diferente a la invocada en la misma.
(…)
Ello significa que es procedente el recurso extraordinario de revisión
contra los fallos dictados por esta jurisdicción en Tercera instancia o única,
si se alega el desconocimiento del principio de la congruencia, que en
últimas implica una actuación sin competencia.

(…)

En el primer caso, se trata de la congruencia externa de la sentencia. Se
puede identificar porque en líneas generales es lo que preceptuaba el
artículo 170 del C.C.A., y las normas del procesal civil, según los cuales el
fallo debe estar en armonía con lo pedido y alegado tanto por la parte
demandante como por la parte demandada. Y, en el segundo evento,
corresponde a la congruencia interna, que es la coherencia que ha de
existir entre lo dispuesto en la parte resolutiva y lo argüido en la parte
motiva de la providencia.
(…)

En este orden de ideas, esta Sala Especial advierte, conforme a lo expuesto,
que la causal de revisión contenida en el numeral 5º del artículo 250 del
CPACA -antes 6 del artículo 188 del C.C.A.-, es decir, nulidad originada en
la sentencia, se puede configurar cuando el fallo objeto de revisión ha
desatendido la congruencia interna y/o la externa, pues, en uno y otro
caso, el fallador incurre en una clara violación del debido proceso,
artículo 29 constitucional, dado que la providencia proferida en esos
términos resulta contraria a las formas propias de cada juicio, en específico,
la falta de competencia del juez para abordar asuntos frente a los cuales
no se podía pronunciar (…)” (Destacado por la Sala)

21 Consejo de Estado. Sala Veintidós Especial de Decisión. Sentencia del 2 de febrero de 2016.

Exp: 11001-03-15-000-2015-02342-00(REV). Magistrado ponente: Alberto Yepes Barreiro.
22 Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797

de 2003, son causales de revisión:
(…)
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede
recurso de apelación.
(…)”

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Demandante: Gloria Inés Posada Yepes
Demandado: Sentencia del 16 de octubre de 2018
Rad: 11001-03-15-000-2022-00580-00

En consideración a la anterior tesis, la inobservancia del principio de congruencia
da lugar a que se configure la causal de revisión prevista en el numeral 5° del
artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, esto es, “Existir nulidad originada en la
sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación.”

El precedente bajo cita refiere dos circunstancias relacionadas con la
congruencia del fallo, a saber, i) la congruencia interna, de acuerdo con la cual
debe existir coherencia entre las consideraciones del pronunciamiento y su parte
resolutiva, en tanto que ii) la congruencia externa propende porque lo resuelto en
la sentencia guarde estricta relación con las pretensiones y el debate surtido entre
las partes del litigio.

De cara al caso concreto es preciso señalar, de entrada, que el alegato de la
parte revisionista no se enmarca en el desconocimiento de la congruencia interna
del fallo, comoquiera que la autoridad judicial, en sus consideraciones, planteó
como problema jurídico si había lugar al reconocimiento de los intereses
moratorios que solicitó la parte actora en sus pretensiones, y al encontrar que no
había lugar a ello dispuso, en la parte resolutiva, negar las pretensiones de la
demanda.

Por virtud de lo anterior, resulta evidente que la parte resolutiva de la sentencia
bajo cuestionamiento, en cuanto negó las pretensiones de reconocimiento y pago
de intereses moratorios, guarda coherencia con lo que al respecto consideró la
colegiatura en punto a establecer que los mismos no se causaron.

De este modo, se tiene que el reparo de la revisionista se circunscribe a la
ausencia de congruencia externa, esencialmente porque en la demanda se
planteó un periodo de causación de intereses moratorios a partir del año 1996 y
hasta enero de 2013, 16 años, pero la autoridad judicial resolvió erróneamente el
asunto al establecer que dicho periodo comprendió el lapso entre el 31 de
diciembre de 2012 y enero de 2013, es decir, un mes.

El análisis de esta Sala debe comenzar por advertir que en las pretensiones de
la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho la demandante solicitó que
“se declare que el actor (sic) tiene pleno derecho a que LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTOS DE RISARALDA y LA NACIÓN –
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, le reconozcan y ordenen pagar los
intereses moratorios, efectivos a partir del día siguiente a los treinta (30) días
posteriores a su causación (1996) hasta el día en que fue efectivo el pago total
del retroactivo por homologación y nivelación salarial, esto es, enero de 2013.”
(Destacado por la Sala)

Como sustento de esta pretensión, la parte demandante fundó su argumento en
que los intereses moratorios pretendidos se causaron a partir de su traslado como
empleada administrativa del nivel nacional al territorial, pues desde ese momento
debió percibir el mayor valor correspondiente a los emolumentos propios de los

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Demandado: Sentencia del 16 de octubre de 2018
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empleados territoriales, de ahí que, al no recibirlos, la administración local incurrió
en mora en el pago de esa parte del salario que debía homologar desde el
principio.

Al margen de la defensa que ejerció la parte demandada, no se debe perder de
vista que el Tribunal que conoció y resolvió el asunto en primera instancia planteó
como problema jurídico si había lugar al reconocimiento y pago de los intereses
moratorios procurados por la actora, y concluyó que los mismos no se causaron
por cuanto la administración no incurrió en dilaciones injustificadas debido al
agotamiento de las etapas previas del proceso de homologación y nivelación
salarial, así como el correspondiente a la liquidación y pago del retroactivo
derivado de dicha homologación.

Adicionalmente, el Tribunal a quo se ocupó en precisar que la suma reconocida
como retroactivo por homologación fue indexada, lo que hacía improcedente el
reconocimiento de intereses moratorios por cuanto ambos conceptos tienen
origen en una circunstancia común, esto es, la devaluación del dinero, luego
acceder a lo pretendido implicaría doble erogación por la misma causa, según la
tesis del órgano de cierre de esta Jurisdicción.

El recurso de apelación se enfocó en insistir que el pago del retroactivo por
homologación no fue oportuno y que, por tal motivo, procedía el reconocimiento
de intereses moratorios a título de sanción por la tardanza en el cumplimiento de
la obligación, y que la indexación es, en efecto, incompatible con aquellos por
tratarse de la actualización del valor de la deuda por la pérdida del poder
adquisitivo de la moneda.

Adicionalmente, reiteró que el periodo de causación de los intereses moratorios
comprendía el lapso entre 1996 y 2013, y que la tardanza de la administración
en reconocer el retroactivo por homologación no debe perjudicar al empleado
administrado.

La colegiatura de segunda instancia, al resolver el recurso de apelación, planteó
como problema jurídico si había lugar al reconocimiento y pago de los intereses
moratorios reclamados por la actora, con ocasión de la tardanza en el pago del
retroactivo por homologación, y sobre el particular concluyó que tales intereses
no se causaron comoquiera que entre la fecha en que la administración local
reconoció la prestación de que se trata, esto es, al momento que profirió la
Resolución 1858 del 31 de diciembre de 2012, y el momento en que el pago se
hizo efectivo, a saber, enero de 2013, transcurrió sólo un mes, lapso por lo demás
razonable de cara los trámites que deben surtirse para materializar el pago,
además de la inexistencia de norma que establezca alguna sanción por el
eventual retardo.

De acuerdo con la reseña expuesta, para esta Sala de decisión es palpable que
el debate jurídico del proceso ordinario giró en torno al reconocimiento de los
intereses moratorios causados por el pago inoportuno del retroactivo por

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homologación al que tenía derecho la demandante, tal y como se planteó tanto
en el libelo introductorio, como en el problema jurídico a resolver por parte de la
autoridad judicial, aspecto que, en efecto, fue resuelto en el sentido de negar la
pretensión bajo cita por cuanto tales intereses no se causaron.

Por lo tanto, se tiene que la sentencia de segunda instancia no desatendió la
congruencia externa del asunto, comoquiera que el juez colegiado se ocupó de
resolver el planteamiento objeto de debate a lo largo del proceso judicial, esto es,
la procedencia o no de intereses moratorios en el caso concreto, sin que se
observe pronunciamiento alguno que no guardara relación con los reparos
concretos formulados por la apelante o con el objeto del litigio, se insiste, la
procedencia de reconocer los intereses moratorios.

Ahora bien, en criterio de la parte revisionista, la incongruencia de la sentencia
se configuró en la medida que la colegiatura que resolvió el asunto en segunda
instancia aplicó un periodo de causación de intereses moratorios de un mes, a
partir de que se hizo exigible el acto de reconocimiento del retroactivo por
homologación, en diciembre de 2012, y la fecha efectiva del pago que se concretó
en enero de 2013, muy diferente del planteado en la demanda que comprende
un lapso de aproximadamente 16 años, desde el año 1996 cuando se efectuó su
traslado al nivel territorial, hasta el año 2013 cuando se hizo efectivo el
desembolso en cuestión.

Sin embargo, para esta Sala el contraste que se deriva sobre el aspecto en
mención, más allá de tratarse de un pronunciamiento incongruente, obedece a la
diferencia de criterios interpretativos frente al periodo de causación de los
intereses moratorios.

Así, según la demandante revisionista, este periodo de causación de intereses
debe iniciar a partir del momento en que fue trasladada a la planta de personal
local y hasta la fecha en que se efectuó el pago del retroactivo en cuestión,
mientras que para el colegiado ad quem, ese periodo de causación moratoria
partía desde el momento en que se reconoció el retroactivo en cuestión, porque
a partir de ese entonces la obligación se hizo exigible.

En todo caso, no debe perderse de vista que el debate resuelto siempre se enfocó
en la procedencia del reconocimiento de intereses moratorios, y que la disparidad
que emerge entre el criterio legal de la parte revisionista y el de la autoridad
judicial no debe interpretarse como un fallo incongruente, ya que si fuera
procedente acoger esa lógica, toda decisión judicial adolecería de este yerro por
ser el resultado de una interpretación legal que no coincide o difiere de la que
expuso la parte vencida en un litigio.

De todos modos, en las consideraciones previas de esta providencia se puso de
presente que al juez de la revisión no le corresponde pronunciarse sobre
eventuales errores in judicando, de manera que los cuestionamientos sobre el
criterio legal expuesto por la autoridad judicial no se enmarcan en el debate

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jurídico propio de la revisión extraordinaria.

Por lo demás, la Sala no encuentra sustento en el alegato de la demandante,
según el cual el fallo no se pronunció sobre todas las pretensiones, ya que ante
la ausencia de prosperidad de la que solicitaba el reconocimiento de los intereses
de que se trata, única de fondo, por sustracción de materia no había lugar a
restablecimiento alguno o al pago de una sentencia condenatoria.

Así mismo, la autoridad judicial expuso las razones de hecho y de derecho por
las que concluyó que la obligación del pago del retroactivo por homologación se
hizo exigible, no a partir del traslado de la actora al nivel territorial, sino desde el
momento en que se dictó el acto administrativo que reconoció el emolumento
bajo cita, en aplicación de la tesis antecedente de esa Sala plasmada en la
sentencia del 25 de abril de 201923, en la que se determinó que el periodo
moratorio inicia a partir del momento en que la obligación del pago del retroactivo
se hace exigible, precisamente con ocasión de su reconocimiento por parte de la
administración.

Finalmente, la Sala no comparte el argumento de la actora, según el cual se
configuró una incongruencia de la sentencia al haber reconocido la indexación
del retroactivo por homologación materia de debate, en la medida que la
autoridad judicial no emitió consideración alguna sobre el particular, menos aún
la concedió en la parte resolutiva del fallo, sino que se ocupó exclusivamente de
resolver lo concerniente a la procedencia de los intereses moratorios.

Sobre la base de las consideraciones anteriores, la Sala declarará infundado el
recurso extraordinario de revisión.

3. Costas

Teniendo en cuenta que el recurso extraordinario de revisión se formuló después
de la entrada en vigor de la Ley 2080 de 2021, debe aplicarse la modificación
introducida por dicha ley. Así, de acuerdo con lo previsto en el artículo 188 de la
Ley 1437 de 2011 adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código General del Proceso. En todo caso, agrega la
norma, la sentencia deberá disponer sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento
legal.

Pues bien, el artículo 365 del Código General del Proceso que conforme con la
precitada norma resulta aplicable, se condenará en costas a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de revisión, siempre que, en los términos del
numeral 8° de esa disposición, “en el expediente aparezca que se causaron y en

23 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. M.P: César Palomino Cortés, expediente

66001-23-33-000-2016-00471-01(1731-18).

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la medida de su comprobación”.

Con todo, el inciso final del artículo 255 de la Ley 1437 de 2011, modificado por
el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021 impone la condena en costas cuando el
recurso extraordinario de revisión no prospera:

“ARTÍCULO 255. SENTENCIA. Vencido el período probatorio se
dictará sentencia.

Si el competente encuentra fundada alguna de las causales de los
numerales 1 a 4 y 6 a 8 del artículo 250 de este código, o la del literal
b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, invalidará la sentencia
revisada y dictará la que en derecho corresponde.

En la sentencia que invalide la decisión revisada se resolverá sobre
las restituciones, cancelaciones, perjuicios, frutos, mejoras, deterioros
y demás consecuencias de dicha invalidación. Si en el expediente no
existiere prueba para imponer la condena en concreto, esta se hará en
abstracto y se dará cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 193 de
este código.

Si halla fundada la causal del numeral 5 del señalado artículo 250, o
la del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, declarará la
nulidad de la sentencia o de la actuación afectada con la causal que
dio lugar a la revisión, y devolverá el proceso a la autoridad judicial de
origen para que rehaga lo actuado o dicte sentencia de nuevo, según
corresponda.

Si se declara infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios
al recurrente.” (Destacado por la Sala).

Con fundamento en lo anterior, la condena en costas no requiere de la
apreciación o calificación de una conducta temeraria de la parte a la que se
impone, toda vez que, bajo el régimen actual, dicha condena se determina con
fundamento en un criterio objetivo, en este caso frente a la parte a la que se le
declara infundado el recurso extraordinario de revisión.

En tales condiciones, conforme con lo expuesto procede la condena en costas,
teniendo en cuenta que, como se dijo, el proceso de la referencia inició en
vigencia de la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021.

Al respecto, el artículo 366 del C.G.P. dispone:

“Artículo 366 C.G.P. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán
liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del
proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la
providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento
a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas:

1. El secretario hará la liquidación y corresponderá al juez aprobarla o
rehacerla.

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(…)

4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que
establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen
solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además,
la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o
la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras
circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas
tarifas.

(…).

6. Cuando la condena se imponga en la sentencia que resuelva los recursos
de casación y revisión o se haga a favor o en contra de un tercero, la
liquidación se hará inmediatamente quede ejecutoriada la respectiva
providencia o la notificación del auto de obedecimiento al superior, según el
caso.”

De lo anterior es posible advertir que para la determinación de la condena en
costas se tiene en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la gestión útil.

Asimismo, debe tenerse en cuenta el Acuerdo PSAA16-10554 de 2016, que
prevé las tarifas de agencias en derecho, expedido por el Consejo Superior de la
Judicatura, en el cual se dispuso lo siguiente:

“Artículo 2º. Criterios. Para la fijación de agencias en derecho el funcionario
judicial tendrá en cuenta, dentro del rango de las tarifas mínimas y máximas
establecidas por este acuerdo, la naturaleza, la calidad y la duración de la
gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la
cuantía del proceso y demás circunstancias especiales directamente
relacionadas con dicha actividad, que permitan valorar la labor jurídica
desarrollada, sin que en ningún caso se puedan desconocer los referidos
límites.

(…).

Artículo 5º. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son:

9. RECURSOS EXTRAORDINARIOS. Entre 1 y 20 S.M.M.L.V.”

No obstante, en atención a que en este proceso no se encuentra que se hayan
causado costas y agencias en derecho, ya que el extremo demandado no
advirtió, muchos menos demostró su causación, no hay lugar a imponer condena
por tales conceptos.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala Sexta Especial de Decisión, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

FALLA

PRIMERO. Decláranse no probadas las excepciones de falta de legitimación en
la causa por activa propuesta por el departamento de Risaralda, cobro de lo no

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debido y prescripción propuestas por el Ministerio de Educación Nacional.

SEGUNDO. Declárase infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto
por la señora Gloria Inés Posada Yepes, contra la sentencia proferida el 16 de
octubre de 2020 por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, que confirmó parcialmente la sentencia del 11 de mayo de 2018 proferida
por el Tribunal Administrativo de Risaralda, dentro del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho con radicado 66001-23-33-000-2016-00649-01.

TERCERO. Abstenerse de condenar en costas a la parte recurrente, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO. En firme este proveído, devuélvase el expediente al despacho judicial
de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Presidente

MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Magistrada

JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Magistrado

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”

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