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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-31-000-2011-01111-02

Fecha
19 de agosto de 2026
Consejero ponente
Conjuez Clara Elisa Cifuentes Ortíz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-31-000-2011-01111-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. – Confirmar la sentencia apelada proferida el 6 de abril de 2022 por el Tribunal Administrativo del Valle – Sala de Conjueces en el proceso iniciado por Luz Angela Rueda Acevedo contra la Rama Judicial, excepto el numeral 5º el cual quedará así: A título de restablecimiento del derecho la Rama Judicial pagará a Luz Angela Rueda Acevedo las diferencias adeudadas por concepto de Bonificación por Compensación consagrada en el Decreto 610 de 1998, devengada desde el 2 de marzo de 2007 en cuantía inferior al 80% de lo que por todo concepto devengaban los Magistrados de Alta Corte incluidas las cesantías y la prima especial de servicios, pago que constituye factor salarial como parte del ingreso base de cotización del Sistema General de Pensiones y del Sistema General de Seguridad Social en Salud. De la condena se descontarán todos los pagos que por este concepto se hayan realizado a Luz Angela Rueda Acevedo e igualmente se harán los descuentos para aportes al sistema de seguridad social. 17 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 26 de agosto de 2016; Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter; Radicación: 23001-23-33-000-2013-00260-01 (0088-15) CE-SUJ2-005- 16. 18 Página 19 de 19 Referencia: 76001233100020110111102 Número interno: 5015-2022 Demandante: LUZ ANGELA RUEDA ACEVEDO Demandado: Nación – Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de Administración Judicial SEGUNDO: Sin costas en esta instancia. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen y háganse las anotaciones pertinentes en el programa informático SAMAI. Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-31-000-2011-01111-02

Consejero ponente: Conjuez Clara Elisa Cifuentes Ortíz

19 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA

SALA DE CONJUECES
CONJUEZ PONENTE: CLARA ELISA CIFUENTES ORTIZ

Bogotá D. C., diecinueves (19) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: 76001233100020110111102

Número interno: 5015-2022

Demandante: LUZ ANGELA RUEDA ACEVEDO
Demandado: Nación – Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Proceso: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
BONIFICACIÓN POR COMPENSACIÓN – BONIFICACIÓN POR GESTIÓN JUDICIAL

Asunto previo

En auto proferido el 31 de marzo de 2025, el expediente de la referencia fue remitido al
despacho inicialmente designado para que se decidiera si operaba el desplazamiento de
los conjueces (índice 38); por auto proferido el 27 de junio de 2025, el Consejero Doctor
Jorge Edison Portocarrero Banguero ordenó devolverlo al Conjuez designado para que
continuara el trámite (índice 44); el 17 de junio de 2026 (índice 54) se reconformó la Sala
de Decisión, el proceso fue ingresado al Despacho en estado para proferir sentencia (índice
55) el 17 de junio de 2026.

Corresponde a la Sala de Conjueces decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandada, contra la sentencia proferida el 6 de abril de 2022, por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, que decidió, acceder las pretensiones de la demanda.

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Referencia: 76001233100020110111102 Número interno: 5015-2022

Demandante: LUZ ANGELA RUEDA ACEVEDO
Demandado: Nación – Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

1. ANTECEDENTES 1

1.1. LA DEMANDA2

Se trata de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por LUZ
ANGELA RUEDA ACEVEDO contra de la Nación – Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, en adelante DEAJ, tendiente a:

1) Que se declare la nulidad de la Resolución No. 3398 de 13 de abril de 2010,
expedida por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali,
que resolvió negar el reconocimiento y pago del 70% de todo lo devengado por los
Magistrados de Altas Cortes, desconociendo la ratio decidendi de la sentencia
proferida por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado
el 14 de abril de 2009 en el expediente con Radicado 250002325000200405209-02
No. Interno 0552-2007.
2) Que se declare la nulidad de la Resolución No. 3634 de 7 de mayo de 2010 expedida
por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali, que al
resolver el recurso de reposición confirmó la Resolución No. 3398 de 13 de abril de
2010.
3) Que se declare la nulidad de la Resolución No. 5351 de 31 de diciembre de 2010
expedida por la DEAJ, que al resolver el recurso de apelación confirmó la Resolución
No. 3398 de 13 de abril de 2010.

Y a título de restablecimiento del derecho, solicitó:

“1.4.1. Como pretensión principal al reconocimiento, liquidación y pago en debida forma
de la bonificación por gestión judicial en los términos que ordena el artículo 1 del Decreto
4040 de diciembre 3 de 2004, esto es que la bonificación por gestión judicial se pague
mensualmente y comprenda el 70% de todos los ingresos laborales que perciben en cada
anualidad los Magistrados de las Altas Cortes; son estos la asignación básica mensual,
gastos de representación, prima especial de servicios, la prima de navidad, la cual no se
está teniendo en cuenta para efectos de liquidar la mencionada bonificación y el auxilio
de cesantías, esta última prestación social atendiendo para ese efecto la ratio decidendi
de la sentencia del 4 de mayo de 2009, sección segunda, sala de conjueces, actor
NICOLAS PAJARO PEÑARANDA, expediente # 250002325000200405209-02 No. Interno
0552 — 2007.

Subsidiariamente, pidió:

1 Tomados del expediente digital que obra al índice 56, Se indican las páginas del archivo digitalizado en PDF
2 Páginas 234 y s.s..

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Referencia: 76001233100020110111102 Número interno: 5015-2022

Demandante: LUZ ANGELA RUEDA ACEVEDO
Demandado: Nación – Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

2.4.1. Como la bonificación por gestión judicial no se ha liquidado en debida forma ya
que no se está incluyendo la prima de navidad como ingreso anual permanente de los
Magistrados de las Altas Cortes, dicha bonificación se ha liquidado es conforme a lo
devengado mensualmente por los Magistrados de las Altas Cortes y aún con dicha
liquidación mensual no percibe el 70% de lo que por todo concepto devengan los
Magistrados de las Altas Corte, con esa indebida liquidación mensual, existe una
diferencia o faltante mensual entre lo que recibió la Magistrada LUZ ANGELA RUEDA
ACEVEDO, como pago de la bonificación por gestión judicial y lo que debió percibir, por
ello como pretensión subsidiaria se solicita: El reconocimiento, liquidación y pago
mensual de las diferencias o sumas de dineros dejados de pagar por la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial por concepto de la referida bonificación de gestión
judicial, desde el 1 de septiembre de 2006 al 31 de diciembre de 2006, como de los años
2007, 2008, 2009, 2010, y los meses transcurridos en el año 2011 y de lo que se cause y
deje de pagar la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial durante el trámite y
decisión de mérito de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Como de los
respectivos intereses legales mes a mes desde el 1 de septiembre de 2006 al 31 de
diciembre de 2006, como los de los años 2007, 2008, 2009, 2010, y los meses
transcurridos en el año 2011 hasta el día en que se haga efectivo el pago, por los valores
que no fueron reconocidos y pagados oportunamente y la indexación de dichas sumas.
Entiéndase interés legal como los comerciales

Igualmente, solicitó el reajuste de las sumas adeudadas atendiendo lo dispuesto en el
artículo 178 del CCA y que se cumplan los términos dispuestos por los artículos 176, 177
del mismo ordenamiento.

1.2. HECHOS Y OMISIONES

En síntesis, relató la demandante que:

• Laboraba para la Rama Judicial en el cargo de Magistrada de la Sala Civil del
Tribunal Superior de Buga desde el 1º de septiembre de 2006.
• Ante múltiples demandas el Gobierno Nacional expidió el Decreto 4040 de 3 de
diciembre de 2004 y creó la bonificación por gestión con efectos desde el 1 de enero
de “2004” pagadera a quienes desistieron de los procesos iniciados.
• El mencionado decreto previó que la bonificación por gestión judicial se pagara
sobre lo que por todo concepto devenguen los magistrados de alta corte.
• Conforme a las constancias salariales aportadas al proceso y a la sentencia
proferida en el Proceso 250002325000200405209-02 NI 0552-2007 las cesantías
son ingreso laboral de los Congresistas y por ende son parte del ingreso de los
Magistrados de Alta Corte.

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Demandante: LUZ ANGELA RUEDA ACEVEDO
Demandado: Nación – Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

• A los Magistrados de Alta Corte se les excluyen la prima de navidad y las cesantías
para efecto de pagar la bonificación por gestión, lo cual afecta directamente la suma
reconocida por igual concepto a los Magistrados de Tribunal como es su caso.
• Agotó la vía gubernativa ante la administración y antes de presentar la demanda
intentó la conciliación extrajudicial, pero no obtuvo decisión favorable.

1.3. NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN 3
Citó como violadas la Ley 4ª de 1993, Decreto 4040 de 2004, Ley 270 de 1996,
C.P. artículos 25, 53, 150 literal e), 209; C.S.T. artículo 14; y artículo 27 del C.C.

Dijo que los actos demandados fueron falsamente motivados, en primer lugar
porque no solicitó pago de la bonificación por compensación, sino que pidió la
liquidación legal de la bonificación por gestión judicial; igualmente es falso que el
pago realizado se ajuste a la ley, por el contrario no acata el mandato de liquidación
teniendo como referencia el 70% de todo lo devengado por los Magistrados de Alta
Corte; que no pidió el reconocimiento de una prestación en particular, como
falsamente se afirma en los actos acusados, sino el porcentaje y el monto
legalmente establecido para la liquidación de la bonificación por gestión judicial.
Agregó que se infringió la ley al no darse aplicación estricta al mandato legal, con lo
cual, además, se desconocen derechos irrenunciables a pesar del sentido claro de
la norma que impide acudir a interpretaciones ajenas a su texto.

1.4. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA4

El Tribunal Administrativo del Valle Sala de Conjueces, profirió sentencia el 6 de abril de
2022 y decidió:

PRIMERO: ESTARSE a lo resuelto en las SENTENCIAS DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL
del dieciocho (18) de mayo de 2016 y 02 de septiembre de 2019 proferidas por la Sección
Segunda, Sala de Conjueces del Consejo de Estado, por las razones aquí expuestas.
SEGUNDO: DECLARAR NO PROBADA la excepción INEXISTENCIA DE CAUSA PARA
DEMANDAR conforme lo expuesto en esta providencia.
TERCERO: DECLARAR la prescripción de los derechos pretendidos por la demandante,
causados con anterioridad al 1 de marzo de 2007.
CUARTO: DECLARAR LA NULIDAD de los actos administrativos contenidos en las
Resoluciones Nos. 3398 del 13 de abril de 2010; 3634 de mayo 7 de 2010; y 5351 de

3 Pag. 254 y s.s.
4 Págs 500 y s.s.

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Demandante: LUZ ANGELA RUEDA ACEVEDO
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diciembre 31 de 2010, proferidas por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
mediante las cuales se negó el reajuste de su salario y prestaciones sociales.
QUINTO: En consecuencia, de lo anterior y a título de restablecimiento del Derecho,
ORDENAR a la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL- RAMA JUDICIAL-
reconocer, liquidar y pagar a la demandante Dra. LUZ ANGELA RUEDA ACEVEDO
identificada con cédula de ciudadanía No. 37.826.967, a partir del 2 de marzo de 2007
y, hasta que se haga efectivo el pago y se desempeñe como Magistrada del Tribunal
Superior de Buga, el salario y prestaciones sociales, de conformidad con lo previsto en el
decreto 610 de 1998, para lo cual se deberá tener en cuenta todos los ingresos laborales
que perciben en cada anualidad los Magistrados de las Altas Cortes, descontando lo que
haya percibido por el mismo concepto en un porcentaje menor a través de la
denominada bonificación por gestión judicial. Estas sumas se actualizarán mes a mes de
acuerdo con la fórmula consignada en este fallo, conforme la parte motiva de la
presente providencia.
SEXTO: ORDENAR a la demandada a indexar las sumas de dinero re liquidadas, mes a
mes, conforme a lo resuelto en la SENTENCIA DE UNIFICACION que motiva la presente
sentencia, y, siguiendo lo dispuesto en el inciso final del artículo 187 de la Ley 1437 de
2011(CPACA).
SEPTIMO: ORDENAR a la entidad demandada el cumplimiento a esta Providencia con
observancia a lo dispuesto en el artículo 177 del C.C.A.
OCTAVO: Sin condena en costas a la demandada.
NOVENO: Se niegan las demás pretensiones de la demanda…”

Como fundamento de la decisión, adujo la concordancia con el bloque de constitucionalidad
sobre la regla “a trabajo de igual valor, salario igual”, la jurisprudencia del Consejo de Estado,
Sala de Conjueces contenida en las sentencias de unificación proferidas el 12 de abril de
2011 y 18 de mayo de 2016 en materia de bonificación por compensación y prima especial
de servicios para los magistrados de tribunales y otros destinatarios del Decreto 610 de
1998, así como el deber constitucional de protección al trabajador, la regla del indubio pro
operario, el principio de favorabildad y la prevalencia al derecho sustancial. Señaló que
debía darse aplicación al artículo 15 de la Ley 4 de 1992 y que no operó la prescripción.

Que la demandante es destinataria del Decreto 610 de 1998, en su calidad de magistrada
auxiliar, en tal condición adquirió el derecho que no podía ser suprimido ni desconocido por
el Decreto 4040 de 2004 y mucho menos constreñida a transigir sobre derechos ciertos e
indiscutibles ni a desistir de la demanda previa, para que se le reconociera un 10% menos
del porcentaje legalmente adquirido del 80%.

1.5. EL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA SENTENCIA DE PRIMERA
INSTANCIA

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Demandante: LUZ ANGELA RUEDA ACEVEDO
Demandado: Nación – Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

La parte demandada presentó recurso de apelación5; solicitó se revoque el fallo primera
instancia y en su lugar se nieguen las pretensiones.

Luego de reseñar los antecedentes procesales y las disposiciones legales relacionadas con
la bonificación por gestión judicial y la bonificación por compensación, así como
antecedentes jurisprudenciales sobre estos emolumentos, dijo que “… el fallo de nulidad del
Decreto 4040 de 2004, el cual surtió efectos por el tiempo que estuvo vigente, es decir hasta el año
2011, anotando que la sentencia de nulidad del citado Decreto, produce efectos hacia el futuro, es
decir a partir de la ejecutoria de la sentencia por la cual se declaró la nulidad del mismo.” (Pag. 3 del
recurso). Adujo que la DEAJ viene liquidando el pago que ahora se demanda, conforme a
las normas vigentes, pues carece de facultades para interpretar las leyes e inaplicarlas, que
no existe disposición que viabilice a la entidad la excepción por ilegalidad; que la actora no
tiene derecho al pago del 80% de lo que por todo concepto se paga a los magistrados de
Alta Corte.

Se ocupó de la diferencia entre la Bonificación por compensación (80%) – Decretos 610 de
1998 y 1102 de 2012- y la bonificación gestión judicial (70%) para referirse, conforme a la
jurisprudencia, a los dos momentos a partir de los cuales corre el término de prescripción;
expuso que la bonificación por compensación sólo tiene efectos para aportes al sistema de
seguridad social; que el 80% de que trata la norma no es un valor absoluto previsto en la
norma, sino una diferencia entre lo proyectado como ingresos anuales de un Magistrado de
Alta Corte para lo cual se atiende a la asignación básica, los gastos de representación, la
prima especial de servicios y la prima de navidad; explicó la forma como se calcula el pago
de la bonificación para concluir que de accederse al reconocimiento del 80% de lo que se
cancela a un Magistrado de Alta Corte, en realidad se sobrepasa tal monto.

Finalmente insistió en el tema prescriptivo para señalar que la actora tuvo la posibilidad de
reclamar el pago que ahora demanda, desde el momento de vigencia del Decreto 610 de
1998, sin que fuera necesaria la existencia del Decreto 4040 de 2004; agregó que la
sentencia de primera instancia guardó silencio sobre los aportes de Seguridad Social a
cargo de la demandante.

1.6. Alegatos de segunda instancia

5 Indice 19 SAMAI 1ª Instancia

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Demandante: LUZ ANGELA RUEDA ACEVEDO
Demandado: Nación – Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

1.6.1. Parte demandante6:

Expuso que con posterioridad a la presentación de la demanda ocurrió un hecho nuevo,
como fue la sentencia proferida el 14 de diciembre de 2011, que declaró la nulidad del
Decreto 4040 de 2004 fundamento jurídico de los actos demandados; que esa decisión
judicial se fundó en principios y derechos laborales, con efectos retroactivos; que como tal
norma desapareció del ordenamiento jurídico, revivió el Decreto 610 de 1998, es decir la
bonificación por compensación en su integridad, de donde a partir del tercer año, tal
bonificación igualaría el ingreso de magistrados de tribunal al 80% de lo que por todo
concepto devengaran los magistrados de alta Corte; que en estas condiciones, lo cierto es
que su ingreso se encontraba desmejorado y en desigualdad con lo percibido por otros
servidores de igual categoría; que la discusión gira entorno a la exclusión de las cesantías
que deben atenderse en la base para liquidar la bonificación.

2. Consideraciones de la Sala

2.1. El problema jurídico.

En síntesis, se trata de decidir: ¿Tiene derecho la actora al pago de la diferencia entre el
valor reconocido por la demandada y el valor que resultaría de reconocerle la bonificación
por compensación consagrada en el Decreto 610 de 1998, equivalente al 80% de los
ingresos salariales de los magistrados de las Altas Cortes?, en caso afirmativo desde
cuándo, si dicho emolumento constituye factor salarial y si ha operado prescripción de
derechos causados.

Ahora, la Sala examinará, en primer lugar, si la sentencia de primera instancia es
congruente con las pretensiones formuladas en la demanda en tanto, esta se presentó con
fundamento en el Decreto 4040 de 2004, anulado posteriormente.

2.2.1. Del principio de congruencia

En punto a los supuestos que dan lugar a la incongruencia de la sentencia, se ha sostenido
que esta se configura cuando al demandado se le condena por cantidad superior a la pedida
(“ultra petita”), o por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente a la

6 Índice 34 Samai

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invocada en la misma (“extra petita”), o cuando se omite el pronunciamiento sobre una de
las pretensiones (“minus petita”)7.

En la misma línea, el Consejo de Estado ha puntualizado que la alegación sobre el
quebrantamiento del citado principio no admite el cuestionamiento a la valoración probatoria
o a la actividad interpretativa desarrollada por el juez, así como tampoco permite calificar el
acierto de la decisión censurada o examinar la posible configuración de errores in
iudicando8.

Ahora bien, una de las garantías del debido proceso consiste en el límite que tiene la
judicatura de no introducir sorpresivamente alegaciones o cuestiones de hecho, de manera
que las partes no hayan podido ejercer su plena y oportuna defensa; por ello, la conformidad
entre la sentencia y la demanda en cuanto a las personas, el objeto y la causa, es ineludible
exigencia de cumplimiento de principios sustanciales del juicio relativos a la igualdad,
bilateralidad y equilibrio procesal, toda vez que la litis fija los límites de los poderes del juez.
Cuando se supera este marco de operatividad se produce el quebrantamiento del principio
de congruencia.

Sabido es, que el principio de congruencia de la sentencia debe ser respetado por los
jueces, pues tienen que fallar según lo pedido y de acuerdo con lo probado, argumento que
se justifica en virtud de la conexidad existente entre el debido proceso, manifestado
particularmente en el derecho de contradicción, y el ceñimiento de las decisiones judiciales
a lo pedido y probado. De esta manera no se toma por asalto a ninguna de las partes.

En este caso, tal como lo advierte la demandante, la pretensión se fundó en el
reconocimiento de la bonificación por compensación regulada por el Decreto 4040 de 2004,
no obstante, con posterioridad esta norma fue declarada nula lo cual, por los efectos de la
sentencia, dejó vigente el Decreto 610 de 1998.

Vistos los antecedentes del caso, para esta Sala es claro que la controversia gira entorno
a la diferencia que se causó al calcular el pago de la bonificación – llámese por
compensación o por gestión judicial – en tanto para liquidarla no se tomó en cuenta el 100%
de lo que devengaba un Magistrado de Alta Corte, incluidas las cesantías.

7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión No. 22, sentencia del 2 de

febrero de 2016, radicación: 11001-03-15-000-2015-02342-00, C.P. Alberto Yepes Barreiro.
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Sexta Especial de Decisión, sentencia del 3 de

mayo de 2022, radicación: 11001-03-15-000-2022-00580-00, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, entre muchas otras
decisiones.

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Demandante: LUZ ANGELA RUEDA ACEVEDO
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Es decir, la pretensión de la demanda se contrae al pago de las diferencias surgidas
como consecuencia de la aplicación de las normas que crearon la bonificación por
compensación– Decreto 610 de 1998 - y luego la bonificación por gestión judicial -
Decreto 4040 de 2004-. Esta, sin duda, es esta la pretensión principal y para esta Sala es
claro que, para la entidad demandada, al contestar la demanda, fue transparente la
pretensión incoada, en consecuencia, la primera conclusión es que se salvaguardó el
derecho de contradicción, otro aspecto será si procede o no, de prosperar la pretensión,
incluir otros factores que se reconocen a los Magistrados de Alta Corte; tanto es cierto lo
dicho que, al recurrir la sentencia, ningún cargo formuló la demandada respecto a la norma
que se indicó como sustento, posteriormente, declarada nula.

De otra parte, si bien, la actora hubiera podido solicitar la inaplicación del Decreto 4040 de
2004 para rescatar el 80% contemplado en el Decreto 610 de 1998, lo cierto es que
rompería el ordenamiento constitucional aplicar una norma declarada nula, con efecto
retroactivo y, no sólo eso, sino también las normas que protegen el derecho a la igualdad
salarial, y, aún peor, sostener que a la fecha de la sentencia no existe la norma invocada
por la entidad en sus actos administrativos y controvertida en la demanda que fue
presentada antes de la sentencia que declaró la nulidad e implicó revivir la disposición que
regulaban el derecho en un porcentaje superior, como ha debido ser siempre, según se lee
en la sentencia que declaró nulo el Decreto 4040 de 2004, entre otros argumentos, al
considerar que se trató del mismo emolumento.

En las anteriores condiciones, toda variación o ajuste a los ingresos de un Magistrado de
Alta Corte, repercute, para el caso y dada la condición de Magistrada de Tribunal, en el
salario que a ella se pague, así entonces se justifica que la demanda pretenda que aquello
que se paga a un Magistrado de Alta Corte, sea atendido, en su legal cuantía, a la ahora
demandante, sin superar el porcentaje legal. La situación que se evidencia en el proceso
es consecuencia de la forma como está diseñada la escala salarial de la Rama Judicial, el
primer nivel equivalente al 100% de lo que devengan los Congresistas y el segundo nivel,
al que corresponden, entre otros, Magistrados de Tribunal el 80% de lo que devengan los
Magistrados de Alta Corte – primer nivel.

A juicio de esta Sala, esta instancia, sin perjuicio del porcentaje a aplicar se ocupa
materialmente del derecho de la actora9, en cuanto se refiere a la percepción de la

9 En este mismo sentido puede consultarse con ponencia del Doctor Alfonso Palacios Torres, la sentencia
proferida el 11 de abril de 2023 en el proceso con Radicación: 17001-23-33-000-2015-00490-02 (4775-2019)

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Demandado: Nación – Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

bonificación por compensación, la inconformidad de la recurrente está en la forma como
debe liquidarse el pago demandado, es decir, los ingresos a tener en cuenta, y nada más
y, por su parte, la demandada ha sostenido que los factores incluidos son los únicos que
permite el ordenamiento para determinar la base a tener en cuenta para el pago
demandado. El litigio está clara y precisamente fijado en tales extremos
.
2.2.2. De la bonificación por compensación:

El Congreso de la República expidió la Ley 4ª de 1992 “Mediante la cual se señalan las normas,
objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y
prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública
y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras
disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la
Constitución Política”, en el artículo 15 estableció una prima especial de servicios, sin carácter
salarial, para los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Suprema
de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, el Procurador General de la
Nación, el Contralor General de la República, el Fiscal General de la Nación, el Defensor
del Pueblo y el Registrador Nacional del Estado Civil, que sumada a los demás ingresos
laborales, igualen a los percibidos en su totalidad, por los miembros del Congreso, sin que
en ningún caso los supere, es decir, se equiparó el salario de los magistrados de las Altas
Cortes al de los congresistas.

En el año 1998, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 610 de 1998 y en su artículo 1 creó
la bonificación por compensación. Dispuso:

“ARTÍCULO 1o. Créase, para los funcionarios enunciados en el artículo 2o del presente
decreto, una Bonificación por Compensación, con carácter permanente, que sumada a la
prima especial de servicios y a los demás ingresos laborales actuales iguale al sesenta por
ciento (60%) de los ingresos laborales que por todo concepto perciben los Magistrados de
la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Corte Constitucional y Consejo Superior de
la Judicatura.

La Bonificación por Compensación sólo constituirá factor salarial para efectos de
determinar las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes, en los mismos términos de la
prima especial de servicios de los Magistrados de las Altas Cortes…” (negrillas fuera de
texto).

Demandante: Gildardo Muñoz Cardona y la sentencia proferida en el proceso con Radicación:
25000234200020120182102 Número interno: 5260-2019 Demandante: Gladys Patricia Osorio Obando

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Referencia: 76001233100020110111102 Número interno: 5015-2022

Demandante: LUZ ANGELA RUEDA ACEVEDO
Demandado: Nación – Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

En los considerandos del Decreto 610 se estipuló lo siguiente:

• Para el año que corresponda a la vigencia fiscal para la cual se apruebe por primera
vez la apropiación presupuestal correspondiente, se aplicará un ajuste a los
ingresos laborales que igualen el sesenta por ciento (60%) de lo que por todo
concepto devenguen los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la
Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado.

• Para la vigencia fiscal siguiente, el ajuste igualará al setenta por ciento (70%) de lo
que por todo concepto devenguen los Magistrados del Consejo Superior de la
Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo
de Estado.

• A partir del año correspondiente a la tercera vigencia fiscal, los ingresos laborales
serán igual al ochenta por ciento (80%) de lo que por todo concepto devenguen
anualmente los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte
Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado.

El artículo 3º ordenó su pago a partir del 1º de enero del 1999.

Así la Bonificación por Compensación, creada en el Decreto 610 de 1998, lo fue en
porcentajes equivalentes al 60%, 70% y 80% para la vigencia fiscal 1999, 2000 y 2001 en
adelante; en otros términos, se creó una bonificación por compensación, equivalente
al 60% de lo que por todo concepto devenguen los Magistrados de las Altas Cortes
para el año 1999, el 70% para el año 2000 y del año 2001 en adelante el 80%.

Ahora bien, la norma señala que, para la vigencia fiscal de 2001, los ingresos laborales
serían iguales al ochenta por ciento (80%) de lo que por todo concepto devenguen
anualmente los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte
Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado.

En la Sentencia de Unificación dictada por esta Sala de Conjueces10, se definió la base de
liquidación de los ingresos laborales de los Magistrados de las Altas Cortes para determinar

10Sentencia proferida el 18 de mayo de 2016 por la Sala de Conjueces – Sección Segunda del Consejo de Estado, Rad.

250002325000201000246-02, Demandante: Jorge Luis Quiroz Alemán. Conjuez Ponente Doctor Jorge Iván Acuña Arrieta.

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Demandante: LUZ ANGELA RUEDA ACEVEDO
Demandado: Nación – Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

el porcentaje de la bonificación por compensación. En la mencionada sentencia se dijo lo
siguiente:

“…

Las cesantías percibidas por los miembros del Congreso de la República han sido
consideradas ingresos laborales anuales permanentes por la jurisprudencia del Consejo de
Estado en ocasiones anteriores, lo que tiene plena razón de ser pues se trata de una
erogación que realiza el empleador anualmente a favor de su trabajador y que se causa por
cada día de trabajo del empleado.

De allí que esta corporación haya concluido que el auxilio de cesantías debe ser tenido en
cuenta para realizar la liquidación de la prima especial de servicios de los funcionarios
mencionados en el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, quienes tienen derecho a percibir una
suma equivalente a lo que por todo concepto devengan los congresistas.

Este régimen tiene una clara incidencia en la determinación de la bonificación por
compensación de los servidores públicos que se encuentran sujetos al Decreto 610 de 1998
pues el mismo, de manera semejante al artículo 1º del Decreto 10 de 1993, previó la
nivelación salarial al 60%, 70% y 80% “… de lo que por todo concepto devenguen los
Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte
Suprema de Justicia y del Consejo de Estado para los años 1998, 1999, 2000 y siguientes,
respectivamente.

En este sentido, y teniendo en cuenta que la prima especial de servicios no solo es un ingreso
laboral sino que también cuenta con un carácter salarial limitado en atención a lo decidido
por la Corte Constitucional en la sentencia C-681 del 6 de agosto de 2003, habría que
señalarse que no existen razones para que se haga abstracción de la misma, o de cualquiera
de los factores que se tienen en cuenta para su liquidación, al momento de fijar el monto a
cancelar por concepto de bonificación por compensación a favor de los servidores
mencionados en el artículo 2º del Decreto 610 de 1998. Habiendo señalado que el auxilio
de cesantías es un ingreso laboral percibido de manera permanente por los jueces de mayor
jerarquía de todas las jurisdicciones, es evidente que resultaría violatorio del principio de
igualdad que surge del artículo 13 de la Constitución Política de Colombia el señalar que
esta prestación social carece de tal naturaleza únicamente con el propósito de disminuir la
base de liquidación de la bonificación por compensación de la que son acreedores los
funcionarios mencionados en el artículo 2º del Decreto 610 de 1998.

En consecuencia, se concluye que únicamente teniendo en cuenta los pagos que el Estado
debe realizar a los Congresistas por concepto de cesantías puede calcularse la diferencia
total entre lo que ellos perciben y la asignación de los Magistrados de las Altas Cortes para,
así, determinar el valor de la prima especial de servicio a la que tienen derecho estos
últimos…” (negrilla fuera de texto).

Así que, el valor que se cancela por bonificación por compensación es el resultado de la
diferencia entre lo proyectado como ingresos anuales que “por todo concepto” reciban
los magistrados de Alta Corte y los ingresos anuales de magistrado de Tribunal y demás
cargos equivalentes, para fijar el ingreso laboral de éstos últimos en un 80% a partir del año
2001

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Demandante: LUZ ANGELA RUEDA ACEVEDO
Demandado: Nación – Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Esta Sala de conjueces, en distintas sentencias, ha precisado con fundamento en el marco
normativo reseñado que a los beneficiarios de la bonificación por compensación se les debe
otorgar el 80% por ciento de los ingresos que devengan los magistrados de Alta Corte,
ingresos que deben incluir la prima especial de servicios y las cesantías percibidas por los
Congresistas, de conformidad con la sentencia de unificación de fecha 18 de mayo de 2016
dictada con ponencia del Conjuez Doctor Jorge Iván Acuña Arrieta.11

Adicionalmente, como los Decretos 610 y 1239 de 1998 revivieron a partir de la sentencia
proferida el 25 de septiembre de 2001, que cobró ejecutoria el 5 de octubre siguiente, por
la declaratoria de nulidad del Decreto 2668 de 1998, es claro que estas normas, hoy
vigentes, fueron las que regularon el pago de la bonificación por compensación y el Decreto
610 en su artículo 3º dispuso “La Bonificación por Compensación establecida en el presente decreto
se pagará mensualmente, una vez se haya aprobado el presupuesto presentado por el Gobierno
Nacional al Congreso de la República y tendrá efectos fiscales desde el primero de enero de 1999.”

Para la vigencia fiscal siguiente, el ajuste igualará al setenta por ciento (70%) de lo
que por todo concepto devenguen los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura,
de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado;

A partir del año correspondiente a la tercera vigencia fiscal, los ingresos laborales
serán igual al ochenta por ciento (80%) de lo que por todo concepto devenguen
anualmente los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte
Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado.

Conforme a lo anterior, se advierte que la demandante prestó sus servicios como
magistrada de tribunal del 1 de enero de 2006 sin que reporte retiro del servicio12, por
lo cual tiene derecho al reconocimiento y pago de la bonificación por compensación
consagrada en el Decreto 610 de 1998, o sea para el año 2006 y siguientes el 80% de
lo que por todo concepto salarial recibe un magistrado de Alta Corte, en su calidad de
magistrada del Tribunal Superior Civil Familia de Buga, tomando para determinar ese
porcentaje el 100% de la remuneración y prestaciones sociales que recibe un congresista
de la República por todo concepto, incluido el auxilio de cesantía.

11 Sala de Conjueces, sentencia de 01 de diciembre de 2020, Rad. 050012310002009012352 (0685-2014) Demandante

Willian Enrique Santa y otros. Conjuez Ponente Henry Joya Pineda
12 Fl. 72 del expediente digital.

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Así mismo, por mandato expreso de los Decretos 610 de 1998, 4040 de 2004 (cuando
estuvo vigente) y el actual 1102 de 2012, la Bonificación por Compensación que allí se
regula, sólo constituye factor salarial como parte del ingreso base de cotización del Sistema
General de Pensiones y del Sistema General de Seguridad Social en Salud, aspecto sobre
el que la sentencia guarda silencio y amerita la adición correspondiente; disposiciones
frente a las cuales no se modifica el marco legal vigente que fija los factores que se deben
tener en cuenta para liquidar las diferentes prestaciones sociales, es decir, la Bonificación
por Compensación no constituye factor salarial para la liquidación y pago de dichos
emolumentos, lo cual se precisará en esta providencia.

2.2.3. De la prescripción

Frente a la prescripción de la bonificación por compensación aspecto invocado en el recurso
de apelación13, en sentencia de Unificación Jurisprudencial proferida el 18 de mayo de 2016
por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, se estableció, lo
siguiente:

“…Retomando las normas citadas en el párrafo anterior en relación con la prescripción de
los derechos laborales, se debe partir del presupuesto de que el derecho sobre el cual se
solicita el reconocimiento administrativo y/o judicial debe encontrarse en su momento de
exigibilidad, para que, a partir de allí, se empiece a contabilizar el término de su
prescripción. Es decir, el prerrequisito de la aplicación de la prescripción del derecho, es que
éste se encuentre en el estado jurídico de la exigibilidad.

El asunto que se debate en torno a la aplicación de la prescripción trienal, es que, ante la
coexistencia de dos regímenes salariales diferentes, no es posible hablar de exigibilidad del
derecho a reclamar, debido a que para los beneficiarios de los derechos existía la disyuntiva
del Decreto 610 de 1998, que reconoce la Bonificación por Compensación Judicial y el
régimen salarial del Decreto 4040 de 2004, que reconocía la Bonificación por Gestión
Judicial. Es decir, no se podía establecer con exactitud cuál de los regímenes era el aplicable,
ante lo cual resultaba imposible referirse a la exigibilidad del derecho.

13 ARTÍCULO 187 del CPACA. CONTENIDO DE LA SENTENCIA.

(…)

En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada El
silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas las excepciones de fondo, propuestas o
no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus.

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En este sentido solo puede hablarse de exigibilidad de la Bonificación por Compensación, a
partir de la fecha de ejecutoria del fallo que declaró la nulidad del Decreto 4040, es decir el
28 de enero de 2012.” (Subrayado fuera de texto)

No obstante, se debe agregar que mediante el Decreto 2668 del 31 de diciembre de 1998
se derogaron los Decretos 610 y 1239 de 199814; decreto que también fue demandado ante
la Sección Segunda del Consejo de Estado y mediante sentencia de la Sala de Conjueces,
proferida el 25 de septiembre de 2001, se declaró su nulidad. Esta sentencia quedo
debidamente ejecutoriada el 05 de octubre de 2001.

Así entonces, la declaratoria de nulidad del Decreto 2668 de 1998, retrotrajo la situación
normativa al estado anterior, es decir, que los Decretos 610 y 1239 de 1998, recobraron su
vigencia, por lo tanto, es a partir de allí -desde la ejecutoria de la mencionada sentencia de
nulidad- que los beneficiarios de la bonificación por compensación estaban facultados para
solicitar su reconocimiento y hasta tres (3) años después, es decir, hasta el 5 de octubre
de 2004, so pena, de aplicar la prescripción trienal de que trata el Decreto 3135 de 1968,
reglamentado por el Decreto 1848 de 1969.

La Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante sentencia
de 23 de mayo de 2018, realizó las siguientes precisiones sobre la prescripción trienal en
cuanto se refiere a la bonificación por compensación:

“…Sobre este punto, esta Sala de Conjueces precisa que si bien a través de estas sentencias
se declaró que con la ejecutoria de la sentencia que declaró de nulidad del Decreto 4040 de
2004, se hizo exigible el derecho al reconocimiento y pago de la diferencia en el porcentaje
que contempla el Decreto 610 de 1998 y el 4040 de 2004, y que por tal razón no se aplicaría
la prescripción, lo cierto es que en el período comprendido entre la ejecutoria de la sentencia
que anuló el Decreto 2668 de 1998 y la fecha de expedición del Decreto 4040 de 2004, si
procede decretarla, pues en este lapso no hubo dualidad de normas y por lo tanto, los
beneficiarios de que trata el artículo 2º del Decreto 610 de 1998 tenían la oportunidad de
demandar el reconocimiento y pago del 80% de lo que devengaban los magistrados de las
altas cortes; salvo que se encontraran en una de las dos situaciones descritas en el numeral
2º del Decreto 4040 de 2004, que son :i) haber iniciado acciones judiciales relacionadas con
la bonificación por compensación y haber desistido a sus pretensiones y ii) haber efectuado
reclamaciones y suscribir contratos de transacción.”

Dado lo anterior, se desestiman las razones que sustentan el recurso de apelación
presentado por la parte demandada no sólo porque el tema de la bonificación por
compensación, en los supuestos que informan la demanda, ya se encuentra definido a partir
de la declaratoria de nulidad del Decreto 4040 de 2004, con efectos ex tunc, sino también

14 Que dispuso incluir a los secretarios generales de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte

Constitucional y al secretario Judicial de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

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cuando se repara respecto a la prescripción alegada que el momento de exigibilidad en el
presente caso, de conformidad con la sentencia de unificación Jurisprudencial, se reputa
sólo hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia que declaró la nulidad de la bonificación
por gestión judicial; momento para el cual el demandante ya había interpuesto la
correspondiente acción de nulidad y restablecimiento del derecho que dio origen a la
actuación que ocupa la atención de la Sala de Conjueces.” (Subraya y negrillas fuera de
texto).

De la jurisprudencia antes transcrita, se concluye que, en relación con la prescripción de
los derechos laborales, se debe partir del presupuesto de que el derecho sobre el cual se
solicita el reconocimiento administrativo y/o judicial debe encontrarse en su momento de
exigibilidad, para que, a partir de allí, se empiece a contabilizar el término de su
prescripción.

Entonces resulta necesario tener en cuenta dos situaciones jurídicas, inherentes a la
exigibilidad del derecho y por ende a la aplicación del régimen prescriptivo:

(i) Los Decretos 610 y 1239 de 1998 fueron derogados por el Decreto 2668 del 31
de diciembre de 1998, decreto que fue demandado ante la Sección Segunda del
Consejo de Estado y mediante sentencia de la Sala de Conjueces, proferida el
25 de septiembre de 2001, se declaró su nulidad. Esta sentencia quedó
debidamente ejecutoriada el 5 de octubre de 2001.

La declaratoria de nulidad del Decreto 2668 de 1998, retrotrajo la situación normativa al
estado anterior, es decir, que los Decretos 610 y 1239 de 1998, recobraron su vigencia, por
lo tanto, es a partir de allí -desde la ejecutoria de la mencionada sentencia de nulidad- que
los beneficiarios de la bonificación por compensación estaban facultados para solicitar su
reconocimiento y hasta tres (3) años después, es decir, hasta el 5 de octubre de 2004, so
pena, de aplicar la prescripción trienal de que trata el Decreto 3135 de 1968, reglamentado
por el Decreto 1848 de 1969.

(ii) El Decreto 4040 de 2004 y el régimen de la bonificación por gestión judicial
frente al Decreto 610 de 1998.

Como lo definió la jurisprudencia de unificación antes referida, ante la coexistencia de dos
regímenes salariales diferentes, no es posible hablar de exigibilidad del derecho a reclamar,
debido a que para los beneficiarios de los derechos existía la disyuntiva del Decreto 610
de 1998, que reconoce la Bonificación por Compensación Judicial y el régimen salarial del
Decreto 4040 de 2004, que reconocía la Bonificación por Gestión Judicial. Es decir, no se

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podía establecer con exactitud cuál de los regímenes era el aplicable, ante lo cual resultaba
imposible referirse a la exigibilidad del derecho.

En consecuencia, resulta que la exigibilidad del derecho para reclamar el reconocimiento
de la bonificación por compensación regulada en el Decreto 610 de 1998 se dio en dos
tiempos diferentes, con la ejecutoria de la sentencia que declaró la nulidad del Decreto
2668 y con la ejecutoria de la sentencia que declaró la nulidad del Decreto 4040 y ese
momento de exigibilidad debe analizarse en cada caso concreto. Sirve para ilustrar lo dicho
el siguiente esquema:

Para el caso concreto:

Conforme a la certificación15 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, expedida
el 28 de marzo de 2011, la actora se desempeñó como magistrada de Tribunal desde el 1
de enero de 2006 sin retiro certificado. Revisado el plenario se advierte que la
demandante presentó derecho de petición a la entidad demandada el 1 de marzo de
201016.

Ahora, si bien con la ejecutoria de la sentencia que declaró la nulidad del Decreto 4040 de
2004 se hizo exigible el derecho al reconocimiento y pago de la diferencia en el porcentaje
que contempla el Decreto 610 de 1998, razón por la cual no se aplica prescripción, también
lo es que, en el período comprendido entre la ejecutoria de la sentencia que anuló el Decreto

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Fl 74 del expediente.
16
Fl. 10 del expediente.

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Demandado: Nación – Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

2668 de 1998 y la fecha de expedición del Decreto 4040 de 2004, sí procede decretarla,
pues en este lapso no hubo ambigüedad o dualidad de normas, por lo cual para el caso,
prescribió lo causado entre el 1 de enero de 2006 y el 1 de marzo de 2007, por cuanto el
material probatorio no permite encuadrar la situación dentro de las excepciones que trajeron
las sentencias de unificación proferidas el 18 de mayo de 2016 y el 23 de mayo de 2018.
En consecuencia, solo procede el reconocimiento de las diferencias causadas entre el 1 de
marzo de 2007 y hasta la fecha de retiro o aquella en que la demandada haya pagado el
80% en los términos antes explicados.

De otra parte, la prescripción no opera en relación con la obligación de la demandada de
realizar, en favor del accionante, las cotizaciones o aportes al Sistema General de
Seguridad Social en materia de pensiones, por tratarse de un derecho cierto, irrenunciable
e imprescriptible que se reconoce en cabeza del servidor público que presta sus servicios
laborales al Estado17.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala
de Conjueces de la Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO. – Confirmar la sentencia apelada proferida el 6 de abril de 2022 por el Tribunal
Administrativo del Valle – Sala de Conjueces en el proceso iniciado por Luz Angela Rueda
Acevedo contra la Rama Judicial, excepto el numeral 5º el cual quedará así:

A título de restablecimiento del derecho la Rama Judicial pagará a Luz Angela Rueda
Acevedo las diferencias adeudadas por concepto de Bonificación por Compensación
consagrada en el Decreto 610 de 1998, devengada desde el 2 de marzo de 2007 en
cuantía inferior al 80% de lo que por todo concepto devengaban los Magistrados de
Alta Corte incluidas las cesantías y la prima especial de servicios, pago que constituye
factor salarial como parte del ingreso base de cotización del Sistema General de Pensiones
y del Sistema General de Seguridad Social en Salud. De la condena se descontarán todos
los pagos que por este concepto se hayan realizado a Luz Angela Rueda Acevedo e
igualmente se harán los descuentos para aportes al sistema de seguridad social.

17 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 26 de agosto de 2016; Consejero ponente:

Carmelo Perdomo Cuéter; Radicación: 23001-23-33-000-2013-00260-01 (0088-15) CE-SUJ2-005-
16.

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Demandante: LUZ ANGELA RUEDA ACEVEDO
Demandado: Nación – Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

SEGUNDO: Sin costas en esta instancia.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen y
háganse las anotaciones pertinentes en el programa informático SAMAI.

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Cópiese, notifíquese y cúmplase

Firmado electrónicamente
CLARA ELISA CIFUENTES ORTIZ
Conjuez ponente

Firmado electrónicamente

NUBIA GONZALEZ CERÓN

Conjuez

Firmado electrónicamente

CARLOS MARIO ISAZA SERRANO

Conjuez

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala de
Conjueces en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia,
se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA

19

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