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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2012-01821-02

Fecha
10 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Conjuez Clara Elisa Cifuentes Ortiz
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2012-01821-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. – Reconocer personería al abogado Cesar Augusto Contreras Suárez, con cédula de ciudadanía No. 79.654.873 de Bogotá, portador de la Tarjeta Profesional de Abogado No. 143.958, como apoderado de la Nación – Rama Judicial, conforme al poder obrante al índice 62 Samai. SEGUNDO. – Revocar los numerales tercero y cuarto de la sentencia, en su lugar se dispone: A título de restablecimiento del derecho la Rama Judicial pagará a Gladys Patricia Osorio Obando las diferencias adeudadas por concepto de Bonificación por Compensación consagrada en el Decreto 610 de 1998, devengada desde el 16 de marzo de 2009 en cuantía inferior al 80% de lo que por todo concepto devengaban los Magistrados de Alta Corte incluidas las cesantías y la prima especial de servicios. De la condena se descontarán todos los pagos que por este concepto se hayan realizado a Gladys Patricia Osorio Obando e igualmente se harán los descuentos para aportes al sistema de seguridad social. TERCERO.- Confirmar en lo demás la sentencia apelada. CUARTO: Sin costas en esta instancia. QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen y háganse las anotaciones pertinentes en el programa informático SAMAI. Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2012-01821-02

Consejero ponente: Conjuez Clara Elisa Cifuentes Ortiz

10 de septiembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA

SALA DE CONJUECES
CONJUEZ PONENTE: CLARA ELISA CIFUENTES ORTIZ

Bogotá D. C., diez (10) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024).

Referencia: 25000234200020120182102

Número interno: 5260-2019

Demandante: Gladys Patricia Osorio Obando
Demandado: Nación – Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Proceso: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
BONIFICACIÓN POR COMPENSACIÓN

Corresponde a la Sala de Conjueces decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandada, contra la sentencia proferida el 23 de octubre de 2017, por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca- Sección Segunda- Sala Transitoria, que decidió, acceder
las pretensiones de la demanda.

1. ANTECEDENTES

1.1. LA DEMANDA1

Se trata de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por GLADYS
PATRICIA OSORIO OBANDO contra de la Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, en adelante DEAJ. Las pretensiones fueron las siguientes:

1 Fls. 18-29 del expediente.

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Número Interno: 5260-2019
Demandante: Gladys Patricia Osorio Obando
Demandado: Nación – Rama Judicial
Proceso: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

1) Que se declare la nulidad de la Resolución No. 3254 del 25 de junio de 2012, que
resolvió negar el reconocimiento y pago de la bonificación por compensación,
creada por los Decretos 610 y 1239 de 1998.

Y a título de restablecimiento del derecho, solicitó:

“Segunda: A título de restablecimiento del derecho solicito que se declare que la
demandante tiene derecho a que se le reconozca y pague la diferencia salarial que
resulte de la bonificación por gestión judicial hoy denominada bonificación por
compensación en un porcentaje del ochenta por ciento (80%) de la suma que resulte
por la nivelación de la prima especial de servicios de los Magistrados de las Altas
Cortes a partir de 16 de marzo de 2009 y hacia futuro.

Tercera: Condenar a la Nación- Rama Judicial- Consejo Superior de la Judicatura-
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a pagar las diferencias que por concepto
de salarios y prestaciones sociales resulten a su favor como consecuencia de la
aplicación del Decreto 610 de 1998.” (Resaltado fuera de texto)

Igualmente, solicitó el reajuste de las sumas adeudadas, el pago de intereses moratorios
conforme al artículo 192 del CPACA y la condena en costas.

1.2. HECHOS Y OMISIONES

Relató que la demandante labora en la Rama Judicial desde el 16 de marzo de 2009 y
desempeña el cargo de magistrada auxiliar del Consejo de Estado.

Sostuvo que el artículo 1° del Decreto 4040 de 2004, creó para los magistrados de Tribunal
y magistrados auxiliares de Altas Cortes, una bonificación por gestión judicial con carácter
permanente que sumada a la asignación básica mensual y demás ingresos laborales sería
igual al setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto devengaran los magistrados
de las Altas Cortes, incluida en dicho porcentaje la prima especial de servicios contemplada
en el artículo 15 de la Ley 4 de 1992.

El Decreto 4040 de 2004 fue declarado nulo mediante sentencia proferida el 14 de
diciembre de 2011, por la Sala de Conjueces del Consejo de Estado, con fundamento en
que tal precepto vulneró los principios de progresividad, movilidad salarial y trabajo igual
salario igual, entre otros, esto es que sus salarios y prestaciones sociales no pueden verse
desmejorados en ningún evento.

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Conforme a lo anterior, cobró vigencia el Decreto 610 de 1998 y por esa razón que tiene
incidencia en el porcentaje del 80% de lo percibido por los magistrados de las Altas Cortes,
para efectos de establecer el salario de los magistrados auxiliares de Alta Corte,
magistrados de Tribunal y procuradores judiciales II que se acogieron al Decreto 4040 de
2004 o que ingresaron con posterioridad a su vigencia.

Mediante petición del 3 de febrero de 2012, el demandante solicitó el reajuste de la
bonificación por compensación, lo cual fue negado por la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial mediante Resolución No. 3254 del 25 de junio de 2012.

El 29 de noviembre de 2012, se declaró fallida la audiencia de conciliación prejudicial, por
falta de ánimo conciliatorio.

1.3. NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN

Del orden constitucional los artículos 13, 25 y 53; del orden legal el artículo 152.7 de la Ley
270 de 1996; artículos 2, literal a), 4 y 15 de la Ley 4 de 1992; y Decreto 610 de 1998.

Indicó que, la Ley 4 de 1992 y el artículo 1° del Decreto 4040 de 2004 creó para los
magistrados de Tribunal, magistrados auxiliares de Altas Cortes y procuradores judiciales
II una bonificación por gestión judicial con carácter permanente que sumada a la asignación
básica mensual y demás ingresos laborales debería ser igual al setenta por ciento (70%)
de lo que por todo concepto devenguen los magistrados de las Altas Cortes, la cual tuvo
efectos fiscales a partir del 1 de enero de 2004, conforme a lo preceptuado en su artículo
2°.

El anterior decreto fue declarado nulo por el Consejo de Estado, en sentencia del 14 de
diciembre de 2011, C.P. Carlos Orjuela Góngora, expediente No.
11001032500020050024401, y como quiera que esa sentencia judicial produce efectos
erga omnes, habría lugar al reconocimiento de la bonificación por compensación, por un
valor equivalente ya no por el 70% sino del 80% de lo devengado por los magistrados de
Alta Corte, como en efecto lo reconoce el Decreto 1102 de 2012 y, sobre dicha diferencia
salarial debe reconocerse la suma que resulte por la nivelación de la prima especial de
servicios de los magistrados de las Altas Cortes.

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1.4. La contestación de la demanda2

La Rama Judicial expuso que el Decreto 664 de 1999, estableció una bonificación por
compensación que equivalía al 80% de los ingresos que por todo concepto devengan
anualmente los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Corte
Constitucional y Consejo Superior de la Judicatura.

Mediante sentencia del 25 de septiembre de 2001, expediente No. 395-99 del Consejo de
Estado declaró nulo el Decreto 2668 de 1998, por la cual se derogaron los Decretos 610 y
1239 de 1998, decisión que revivió la bonificación por compensación.

Luego, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 4040 de 2004, mediante la cual creó la
bonificación por gestión judicial que, sumada a la asignación básica y demás ingresos
laborales iguale el 70% de lo que, por todo concepto, devenguen anualmente los
magistrados de las Altas Cortes. No obstante, el mencionado decreto fue declarado nulo
por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en proceso de
nulidad No. 11001032500020050024401, mediante sentencia del 14 de diciembre de 2011,
al considerar que era regresiva frente a los derechos laborales obtenidos por los servidores
a quienes cobijaba el Decreto 610 de 1998.

Señaló que “en el presente caso se observa que ha operado la prescripción trienal de los derechos
laborales sobre los cuales reclama el reconocimiento del 80% el demandante, causados entre el 11
de enero al 14 de julio de 2002, teniendo en cuenta que sólo hasta el 26 de marzo de 2012, el
interesado solicitó a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial el reconocimiento y pago de las
diferencias salariales por bonificación por compensación”.

Igualmente, sostuvo que las cesantías no son un ingreso permanente y el artículo 16 de la
Ley 4 de 1992, determina tácitamente que las prestaciones de los magistrados son
diferentes a las de los congresistas, por lo cual la Rama Judicial no puede aplicar
equivalencias entre el valor que se liquida por concepto de cesantías a los congresistas, y
el que se reconoce a los magistrados de Altas Cortes y que, a su vez, se utiliza para la
liquidación del porcentaje de lo que por todo concepto perciben los magistrados de Alta
Corte, a que tienen derecho los magistrados de Tribunal y auxiliares, por el mismo concepto,
pues de ser así el salario de los magistrados de Altas Cortes, superarían lo establecido en
la ley.

2 Fls. 74-80 del expediente.

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1.5. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA3

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca- Sección Segunda- Sala Transitoria, profirió
sentencia el 23 de octubre de 2017, mediante fallo de primera instancia decidió:

PRIMERO. – Estarse a lo resuelto por el Consejo de Estado, Sección Segunda, en las
sentencias del 14 de diciembre de 2011, por medio de la cual se anuló el Decreto 4040 de 3
de diciembre de 2004 y a la de unificación jurisprudencial proferida el 18 de mayo de 2016
y a la del 15 de mayo de 2017, por las razones expuestas.

SEGUNDO.- Declarar la nulidad de la Resolución No. 3254 del 25 de junio de 2012 expedida
por el Director Ejecutivo de Administración Judicial, por medio del cual no se accedió a la
petición de la demandante de pago de la bonificación por compensación, conforme a lo
expuesto en la parte motiva.

TERCERO.- Condénese a la NACIÓN- RAMA JUDICIAL a reconocer y pagar a GLADYS
PATRICIA OSORIO OBANDO, el derecho adquirido a recibir el equivalente al ochenta por
ciento (80%) mensual de lo que por todo concepto devenga como salario un magistrado de
Alta Corte, incluyendo la prima de servicios, prima de vacaciones, prima de navidad,
bonificación por servicios y las diferencias adeudadas por concepto de prima especial de
servicios, teniendo en cuenta para la liquidación de esta todos los ingresos laborales totales
anuales de carácter permanente devengados por los congresistas, que son: sueldo básico,
gastos de representación, prima de localización y vivienda, prima de salud, prima de
servicios, prima de navidad y cesantías, en los periodos comprendidos, desde el 16 de marzo
de 2009 y hasta cuando- para efectos de la bonificación. La misma Rama Judicial empezó a
reconocerle el mencionado porcentaje conforme lo establecido en el Decreto 1102 de 2012,
es decir hasta el 27 de enero de 2012 y para efectos de la prima especial de la que trata el
artículo 15 de la Ley 4 de 1992, esta deberá ser correctamente liquidada desde el 16 de
marzo de 2009 y mientras siga fungiendo como magistrada auxiliar, todo esto, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

CUARTO.- En consecuencia, la NACIÓN- RAMA JUDICIAL debe reconocer y pagar a la
demandante, el equivalente al diez por ciento (10%) mensual de lo que por todo concepto
devenga como salario mensual un magistrado de una Alta Corte con la inclusión de la prima
especial de servicios liquidada correctamente como se indicó, en los extremos temporales
fijados, como se indicó en la parte motiva de esta sentencia y pautas dadas en el ordinal
anterior.
(…)” Resaltado fuera de texto

Como fundamento de la decisión, adujo i) el bloque de constitucionalidad en materia de la
igualdad salarial “a trabajo de igual valor, salario igual” constituido a partir de las normas
jurídicas e instrumentos internacionales; ii) la jurisprudencia de la Sala de Conjueces del
Consejo de Estado que ha decidido favorablemente el reconocimiento y pago de la

3 Fls. 113-120 del expediente.

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bonificación por compensación y prima especial de servicios para los magistrados auxiliares
de Alta Corte y otros destinatarios del Decreto 610 de 1998; iii) la protección del trabajador
derivada de los artículo 25 y 53 de la Carta Política; iv) la aplicación de los principios in
dubio pro operario y aplicación de la interpretación más favorable, así como la prevalencia
al derecho sustancial y al control de convencionalidad.

Concluyó que la accionante es destinataria del Decreto 610 de 1998, en su calidad de
magistrada auxiliar del Consejo de Estado y adquirió un derecho que el acto administrativo
acusado no podía suprimir ni desconocer para aplicar el Decreto 4040 de 2004, mucho
menos mediante constreñimiento a transigir sobre derechos ciertos e indiscutibles o desistir
de las demandas previas, para así pagar el 70% del salario debido, inferior en un 10% al
legal y debidamente adquirido del 80% correctamente liquidado incluyendo para su
determinación la prima especial de servicios devengada por los magistrados de Alta Corte,
el auxilio de cesantías percibido por los Congresistas; que el acto demandado desconoce
el capítulo III derechos económicos, sociales y culturales, artículo 26 de la Convención
Americana sobre derechos humanos.

1.6. Recurso de apelación

La parte demandada presentó recurso de apelación4; solicitó se revoque el fallo primera
instancia y en su lugar se nieguen las pretensiones.

Adujo que en las pretensiones de la demanda no se encontraba, ni solicitaba, ni
desarrollaba el reconocimiento de la prima especial de servicios contenida en el artículo 15
de la Ley 4 de 1992, pues las pretensiones de la demanda se concretaron a pedir “(…)
reconocer, liquidar y pagar debidamente actualizadas y de manera retroactiva las diferencias
salariales entre el 70% y el 80% de lo que por todo concepto devengan los magistrados de las Altas
Cortes de Justicia (…)”.

En consecuencia, el a-quo condenó al pago de la prima especial de servicios a que tienen
derecho los magistrados de Altas Cortes, con el fin de equiparar sus ingresos con los de
los Congresistas, pretensión que no fue solicitada en la demanda y vulnera el principio de
congruencia interna y externa de la sentencia, es decir, profirió una sentencia ultra petita,
sin mencionar que no aplicó la prescripción.

4 Folios 121-1224 del expediente.

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Afirmó que, si en gracia de discusión, se aceptara que la prima especial de que trata el
artículo 15 de la Ley 4 de 1992, hacía parte de las pretensiones de la demanda, debe
tenerse en cuenta, que la sentencia de unificación proferida por el Consejo de Estado el 18
de mayo de 2016, no unificó criterio alguno relacionado con la prescripción trienal de la
prima especial. En consecuencia, en el presente asunto operó la prescripción de los
derechos laborales causados antes de la fecha en que la demandante solicitó a la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial el reconocimiento y pago de las diferencias salariales
correspondientes a la bonificación compensación y que ahora se extiende a la prima
especial de que trata el artículo 15 de la Ley 4 de 1992.

Finalmente, sostuvo que, frente a la condena al pago de intereses moratorios comerciales,
se debe tener en cuenta el concepto emitido por el Consejo de Estado- Sala de Consulta y
Servicio Civil, del 9 de agosto de 2012, expediente 11001-03-06-000-2012-00048-00.

1.7. Alegatos de segunda instancia

1.7.1. Parte demandante5:

Señaló que está demostrado con prueba documental que los ingresos mensuales de la
accionante no fueron liquidados correctamente y por ello debe tiene derecho al pago de la
bonificación por compensación en los términos del Decreto 610 de 1998 incluida la prima
especial de servicios que perciben los magistrados de alta corte, según lo dispuesto en la
Ley 4 de 1992 artículo 15.

Afirmó que la apelación carece de sustento legal pues ello llevaría a que se continúen
violando el derecho a reconocer su bonificación por compensación liquidada, conforme a la
ley, en cuantía equivalente al 80% de lo devengado por los magistrados de alta corte,
incluida en su cuantía la prima especial que devengan los magistrados de alta corte en
igualdad con los congresistas; que no opera el fenómeno de la prescripción pues se
presentó derecho de petición desde el año 2012 y, como lo decidió el Consejo de Estado
en sentencia de unificación el derecho no era exigible dada la coexistencia de dos
regímenes - Decreto 610 de 1998 y Decreto 4040 de 2004 -.

Reiteró que en este caso se violaron derechos y principios tales como igualdad, trabajo,
aplicación de un régimen justo e irrenunciabilidad a los derechos mínimos laborales al tratar

5 Índice 50 Samai

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a la actora de manera discriminatoria en tanto servidores con igual empleo y labor
devengaron el 80% del salario que corresponde a los magistrados de las altas cortes,
incluida la incidencia de la prima especial de servicios de los magistrados de las altas cortes
en igualdad con los congresistas.

1.7.2. Parte demandada6:

Hizo referencia a la sentencia de unificación del 18 de mayo de 2016, proferida por la Sala
Plena de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del expediente
radicado 250002325000201000246-2 (0845-2015), demandante Jorge Luis Quiroz Alemán
y otros, con ponencia del conjuez Jorge Iván Acuña Arrieta, y señaló que en el caso sub
examine se observa que ha operado la prescripción trienal de los derechos laborales sobre
los cuales reclama el reconocimiento del 80%, teniendo en cuenta que sólo hasta el 26 de
marzo de 2012, se solicitó a la Dirección Seccional de Administración Judicial el
reconocimiento y pago de las diferencias salariales por bonificación por compensación.

Adicionalmente invocó la sentencia de unificación SUJ-016-CE-S2-2019 del 2 de
septiembre de 2019 y señaló que no hay lugar al reconocimiento de la prima especial para
los magistrados de Tribunal y equivalentes.

2. Consideraciones de la sala

2.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 del CPACA, modificado por la Ley 1564
de 2012, art. 615, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, es
competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias
dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos.

2.2. El problema jurídico.

Conforme al recurso de apelación, la demandada afirma, en síntesis: i) Que la sentencia es
incongruente al ordenar el reconocimiento de la prima especial de servicios de que trata el
artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, pago al que tienen derecho los Magistrados de Alta Corte
y no los Magistrados Auxiliares, además, que la norma no fue invocada en la demanda; ii)
Que no se aplicó la prescripción, fenómeno que operó en el presente caso.

6 Índice 52 y 53 Samai

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Igualmente, de superar la incongruencia alegada, procederá la Sala a examinar si: ¿Tiene
derecho Gladys Patricia Osorio Obando al pago de la diferencia entre el valor reconocido
por la demandada y el valor que resultaría de reconocerle la bonificación por compensación
consagrada en el Decreto 610 de 1998, equivalente al 80% de los ingresos salariales de
los magistrados de las Altas Cortes?, en caso afirmativo desde cuándo, si dicho
emolumento constituye factor salarial y si ha operado prescripción de derechos causados.

2.2.1. Del principio de congruencia

En punto a los supuestos que dan lugar a la incongruencia de la sentencia, se ha sostenido
que esta se configura cuando al demandado se le condena por cantidad superior a la pedida
(“ultra petita”), o por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente a la
invocada en la misma (“extra petita”), o cuando se omite el pronunciamiento sobre una de
las pretensiones (“minus petita”)7.

En la misma línea, el Consejo de Estado ha puntualizado que la alegación sobre el
quebrantamiento del citado principio no admite el cuestionamiento a la valoración probatoria
o a la actividad interpretativa desarrollada por el juez, así como tampoco permite calificar el
acierto de la decisión censurada o examinar la posible configuración de errores in
iudicando8.

Ahora bien, una de las garantías del debido proceso consiste en el límite que tiene la
judicatura de no introducir sorpresivamente alegaciones o cuestiones de hecho, de manera
que las partes no hayan podido ejercer su plena y oportuna defensa; por ello, la conformidad
entre la sentencia y la demanda en cuanto a las personas, el objeto y la causa, es ineludible
exigencia de cumplimiento de principios sustanciales del juicio relativos a la igualdad,
bilateralidad y equilibrio procesal, toda vez que la litis fija los límites de los poderes del juez.
Cuando se supera este marco de operatividad se produce el quebrantamiento del principio
de congruencia.

Sabido es, que el principio de congruencia de la sentencia debe ser respetado por los
jueces, pues tienen que fallar según lo pedido y de acuerdo con lo probado, argumento que

7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión No. 22, sentencia del 2 de

febrero de 2016, radicación: 11001-03-15-000-2015-02342-00, C.P. Alberto Yepes Barreiro.
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Sexta Especial de Decisión, sentencia del 3 de

mayo de 2022, radicación: 11001-03-15-000-2022-00580-00, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, entre muchas otras
decisiones.

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se justifica en virtud de la conexidad existente entre el debido proceso, manifestado
particularmente en el derecho de contradicción, y el ceñimiento de las decisiones judiciales
a lo pedido y probado. De esta manera no se toma por asalto a ninguna de las partes.

En el recurso, el reparo sustancial del apelante consiste en que se ordenó el reconocimiento
y pago de la prima especial contemplada en el artículo 15 de la Ley 4 de 1992, el cual reza:
“Los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte
Constitucional, del Consejo de Estado, el Procurador General de la Nación, el Contralor General de la
República, el Fiscal General de la Nación, el Defensor del Pueblo y el Registrador Nacional del Estado
Civil tendrán una prima especial de servicios, sin carácter salarial, que sumada a los demás ingresos
laborales, igualen a los percibidos en su totalidad, por los miembros del congreso, sin que en ningún
caso los supere. El Gobierno podrá fijar la misma prima para los ministros de despacho, los Generales
y Almirantes de la Fuerza Pública”.

Revisado el expediente, se advierte que a título de restablecimiento del derecho la
demandante pidió:

“Segunda: A título de restablecimiento del derecho solicito que se declare que la
demandante tiene derecho a que se le reconozca y pague la diferencia salarial que
resulte de la bonificación por gestión judicial hoy denominada bonificación por
compensación en un porcentaje del ochenta por ciento (80%) de la suma que resulte
por la nivelación de la prima especial de servicios de los Magistrados de las Altas
Cortes a partir de 16 de marzo de 2009 y hacia futuro.(…)

Tercera: Condenar a la Nación- Rama Judicial- Consejo Superior de la Judicatura-
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a pagar las diferencias que por
concepto de salarios y prestaciones sociales resulten a su favor como consecuencia
de la aplicación del Decreto 610 de 1998”. (Resaltado y subrayado fuera de texto)

De lo trascrito es claro que la pretensión de la demanda se contrae al pago de las
diferencias surgidas como consecuencia de la aplicación de las normas que crearon
la bonificación por compensación– Decreto 610 de 1998 - y la bonificación por gestión
judicial - Decreto 4040 de 2004-. Esta, sin duda, es esta la pretensión principal y para esta
Sala es claro que, para la entidad demandada, al contestar la demanda, fue clara la
pretensión incoada, en consecuencia, la primera conclusión es que se salvaguardó el
derecho de contradicción, otro aspecto será si procede o no, de prosperar la pretensión,
incluir como factor a tener en cuenta la prima especial de servicios que se reconoce a los
Magistrados de Alta Corte.

Ahora, la sentencia apelada en materia del restablecimiento del derecho decidió:

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“ TERCERO.- Condénese a la NACIÓN- RAMA JUDICIAL a reconocer y pagar a GLADYS
PATRICIA OSORIO OBANDO, el derecho adquirido a recibir el equivalente al ochenta
por ciento (80%) mensual de lo que por todo concepto devenga como salario un
magistrado de Alta Corte, incluyendo la prima de servicios, prima de vacaciones,
prima de navidad, bonificación por servicios y las diferencias adeudadas por concepto
de prima especial de servicios, teniendo en cuenta para la liquidación de ésta todos
los ingresos laborales totales anuales de carácter permanente devengados por los
congresistas, que son: sueldo básico, gastos de representación, prima de localización
y vivienda, prima de salud, prima de servicios, prima de navidad y cesantías, en los
periodos comprendidos, desde el 16 de marzo de 2009 y hasta cuando- para efectos
de la bonificación. La misma Rama Judicial empezó a reconocerle el mencionado
porcentaje conforme lo establecido en el Decreto 1102 de 2012, es decir hasta el 27
de enero de 2012 y para efectos de la prima especial de la que trata el artículo 15 de
la Ley 4 de 1992, esta deberá ser correctamente liquidada desde el 16 de marzo de
2009 y mientras siga fungiendo como magistrada auxiliar, todo esto, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva.

CUARTO.- En consecuencia, la NACIÓN- RAMA JUDICIAL debe reconocer y pagar a la
demandante, el equivalente al diez por ciento (10%) mensual de lo que por todo
concepto devenga como salario mensual un magistrado de una Alta Corte con la
inclusión de la prima especial de servicios liquidada correctamente como se indicó,
en los extremos temporales fijados, como se indicó en la parte motiva de esta
sentencia y pautas dadas en el ordinal anterior.
(…)” Subrayado y resaltado fuera de texto.

Sin perjuicio del análisis que corresponda, la Sala es una errada técnica jurídica en la
redacción de la parte resolutiva de la sentencia, en efecto, si se desagrega el texto de la
decisión se concluye lo siguiente:

Numeral 3º Numeral 4º
El equivalente al ochenta por ciento (80%) El equivalente al diez por ciento (10%) mensual
mensual de lo que por todo concepto devenga de lo que por todo concepto devenga como
como salario un magistrado de Alta Corte salario mensual un magistrado de una Alta
Corte
Incluye prima de servicios, prima de vacaciones, Incluye la prima especial de servicios liquidada
prima de navidad, bonificación por servicios y las correctamente
diferencias adeudadas por concepto de prima
especial de servicio
Tiene en cuenta para la liquidación de esta9
todos los ingresos laborales totales anuales de
carácter permanente devengados por los
congresistas, que son: sueldo básico, gastos de
representación, prima de localización y vivienda,
prima de salud, prima de servicios, prima de
navidad y cesantías.

9 Entiende la Sala que se refiere a la prima especial de servicios

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En los periodos comprendidos desde el 16 de
marzo de 2009 y hasta cuando- para efectos de
la bonificación empezó a reconocerle el
mencionado porcentaje conforme lo establecido
en el Decreto 1102 de 2012, es decir hasta el 27
de enero de 2012
Para efectos de la prima especial de la que trata
el artículo 15 de la Ley 4 de 1992, esta deberá
ser correctamente liquidada desde el 16 de
marzo de 2009 y mientras siga fungiendo como
magistrada auxiliar, todo esto, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva.

Las pretensiones de la demanda expresaron que ese 80% de lo que percibe un magistrado
de alta Corte incluyera “…la suma que resulte por la nivelación de la prima especial de servicios de
los Magistrados de las Altas Cortes a partir de 16 de marzo de 2009…” pero de allí no podía
inferirse, como lo hizo el a-quo, que debía ordenar como restablecimiento la reliquidación
de una prima especial que devengan los magistrados de alta Corte pues la actora ostenta
el cargo de Magistrada Auxiliar.

Es decir, no caber duda, la actora no tiene derecho al reconocimiento de la prima especial
de servicios en los términos dispuestos en el artículo 1510 de la Ley 4ª de 1992, pero no lo
es menos que como magistrada auxiliar, es titular de la bonificación por compensación, que
es, se reitera, la pretensión principal en lo que atina al porcentaje pagado.

Tal imprecisión impone ser corregida, pero no avanza, como lo dice la recurrente, a una
incongruencia en la sentencia, ni, mucho menos, al reconocimiento de un derecho del que
no sea titular la demandante, ello por cuanto, como lo dijo la sentencia de unificación11:

“…El legislador en la Ley 4 de 1992 concibió una nivelación entre funcionarios y
empleados de la Rama Judicial, garantizando así el principio constitucional de igualdad.
Para el efecto ordenó al Gobierno Nacional realizar los reajustes correspondientes a ese
año y eliminar las descompensaciones en la escala de remuneración, lo que se cumplió a
través del Decreto 610 de 1998 subrogado por el Decreto 1239 de 1998, mediante el cual
se creó la bonificación por compensación. Este Decreto dispuso que el salario de los
funcionarios de segundo nivel4012 no puede ser inferior al de los de primer nivel. Dicha
compensación se efectuó por medio de un sistema de anclaje, que se aplicó de manera
escalonada a tres años, consistente en fijar el salario base de los funcionarios

10 ARTÍCULO 15.- Los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte

Constitucional, del Consejo de Estado, (…) tendrán una prima especial de servicios (…).
11 Radicación número: 41001-23-33-000-2016-00041-02(2204-18) sentencia de 2 de septiembre de 2019
12 Magistrados de los tribunales superiores de Distrito Judicial, Contencioso Administrativo, Nacional y Superior Militar;

Magistrados auxiliares de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura;
Abogados auxiliares del Consejo de Estado; Fiscales y jefes de unidad ante el tribunal nacional; Fiscales del tribunal
superior militar, Fiscales ante tribunal de distrito, y jefes de unidad de fiscalía ante tribunal de distrito

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beneficiarios con un porcentaje del salario de los magistrados de alta corte, de tal
manera que para el año 1999 correspondió al 60 %, para el 2000 al 70 % y para el 2001
en adelante al 80 %.” (Resaltado fuera de texto)

En las anteriores condiciones, toda variación o ajuste a los ingresos de un Magistrado de
Alta Corte, repercute, para el caso y dada la condición de Magistrada Auxiliar, en el salario
que a ella se pague, así entonces se justifica que la demanda pretenda que aquello que se
paga a un Magistrado de Alta Corte, sea atendido, en su legal cuantía, a la ahora
demandante, sin superar el porcentaje legal. La situación que se evidencia en el proceso
es consecuencia de la forma como está diseñada la escala salarial de la Rama Judicial, el
primer nivel equivalente al 100% de lo que devengan los Congresistas y el segundo nivel,
al que corresponden, entre otros, Magistrados Auxiliares el 80% de lo que devengan los
Magistrados de Alta Corte – primer nivel.

A juicio de esta Sala, la sentencia no es incongruente pues concedió lo que materialmente
es derecho de la actora 13, en cuanto se refiere a la percepción de la bonificación por
compensación, se infiere entonces que la inconformidad de la actora está en que el Tribunal
ordenó el pago o la reliquidación de la prima especial de la cual no es titular la actora, como
queda descrito, así entonces corresponde determinar si la actora tiene el derecho a la
pretensión de ajuste del porcentaje pagado por concepto de bonificación por compensación
y si ocurrió la prescripción.

2.2.2. De la bonificación por compensación:

El Congreso de la República expidió la Ley 4ª de 1992 “Mediante la cual se señalan las normas,
objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y
prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública
y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras
disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la
Constitución Política”, en el artículo 15 estableció una prima especial de servicios, sin carácter
salarial, para los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Suprema
de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, el Procurador General de la
Nación, el Contralor General de la República, el Fiscal General de la Nación, el Defensor
del Pueblo y el Registrador Nacional del Estado Civil, que sumada a los demás ingresos

13 En este mismo sentido puede consultarse la sentencia de esta Sala de Conjueces con ponencia del Doctor Alfonso

Palacios Torres, proferida el 11 de abril de 2023 en el proceso con Radicación: 17001-23-33-000-2015-00490-02 (4775-
2019) Demandante: Gildardo Muñoz Cardona

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laborales, igualen a los percibidos en su totalidad, por los miembros del Congreso, sin que
en ningún caso los supere, es decir, se equiparó el salario de los magistrados de las Altas
Cortes al de los congresistas.

En el año 1998, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 610 de 1998 y en su artículo 1 creó
la bonificación por compensación. Dispuso:

“ARTÍCULO 1o. Créase, para los funcionarios enunciados en el artículo 2o del presente
decreto, una Bonificación por Compensación, con carácter permanente, que sumada a la
prima especial de servicios y a los demás ingresos laborales actuales iguale al sesenta por
ciento (60%) de los ingresos laborales que por todo concepto perciben los Magistrados de
la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Corte Constitucional y Consejo Superior de
la Judicatura.

La Bonificación por Compensación sólo constituirá factor salarial para efectos de
determinar las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes, en los mismos términos de la
prima especial de servicios de los Magistrados de las Altas Cortes…” (negrillas fuera de
texto).

En los considerandos del Decreto 610 se estipuló lo siguiente:

• Para el año que corresponda a la vigencia fiscal para la cual se apruebe por primera
vez la apropiación presupuestal correspondiente, se aplicará un ajuste a los
ingresos laborales que igualen el sesenta por ciento (60%) de lo que por todo
concepto devenguen los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la
Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado.

• Para la vigencia fiscal siguiente, el ajuste igualará al setenta por ciento (70%) de lo
que por todo concepto devenguen los Magistrados del Consejo Superior de la
Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo
de Estado.

• A partir del año correspondiente a la tercera vigencia fiscal, los ingresos laborales
serán igual al ochenta por ciento (80%) de lo que por todo concepto devenguen
anualmente los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte
Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado.

El artículo 3º ordenó su pago a partir del 1º de enero del 1999.

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Así la Bonificación por Compensación, creada en el Decreto 610 de 1998, lo fue en
porcentajes equivalentes al 60%, 70% y 80% para la vigencia fiscal 1999, 2000 y 2001 en
adelante; en otros términos, se creó una bonificación por compensación, equivalente
al 60% de lo que por todo concepto devenguen los Magistrados de las Altas Cortes
para el año 1999, el 70% para el año 2000 y del año 2001 en adelante el 80%.

Ahora bien, la norma señala que, para la vigencia fiscal de 2001, los ingresos laborales
serían iguales al ochenta por ciento (80%) de lo que por todo concepto devenguen
anualmente los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte
Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado.

En la Sentencia de Unificación dictada por esta Sala de Conjueces14, se definió la base de
liquidación de los ingresos laborales de los Magistrados de las Altas Cortes para determinar
el porcentaje de la bonificación por compensación. En la mencionada sentencia se dijo lo
siguiente:

“Las cesantías percibidas por los miembros del Congreso de la República han sido
consideradas ingresos laborales anuales permanentes por la jurisprudencia del Consejo de
Estado en ocasiones anteriores, lo que tiene plena razón de ser pues se trata de una
erogación que realiza el empleador anualmente a favor de su trabajador y que se causa por
cada día de trabajo del empleado.

De allí que esta corporación haya concluido que el auxilio de cesantías debe ser tenido en
cuenta para realizar la liquidación de la prima especial de servicios de los funcionarios
mencionados en el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, quienes tienen derecho a percibir una
suma equivalente a lo que por todo concepto devengan los congresistas.

Este régimen tiene una clara incidencia en la determinación de la bonificación por
compensación de los servidores públicos que se encuentran sujetos al Decreto 610 de 1998
pues el mismo, de manera semejante al artículo 1º del Decreto 10 de 1993, previó la
nivelación salarial al 60%, 70% y 80% “… de lo que por todo concepto devenguen los
Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte
Suprema de Justicia y del Consejo de Estado para los años 1998, 1999, 2000 y siguientes,
respectivamente.

En este sentido, y teniendo en cuenta que la prima especial de servicios no solo es un ingreso
laboral sino que también cuenta con un carácter salarial limitado en atención a lo decidido
por la Corte Constitucional en la sentencia C-681 del 6 de agosto de 2003, habría que
señalarse que no existen razones para que se haga abstracción de la misma, o de cualquiera
de los factores que se tienen en cuenta para su liquidación, al momento de fijar el monto a
cancelar por concepto de bonificación por compensación a favor de los servidores

14Sentencia proferida el 18 de mayo de 2016 por la Sala de Conjueces – Sección Segunda del Consejo de Estado, Rad.

250002325000201000246-02, Demandante: Jorge Luis Quiroz Alemán. Conjuez Ponente Doctor Jorge Iván Acuña Arrieta.

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mencionados en el artículo 2º del Decreto 610 de 1998. Habiendo señalado que el auxilio
de cesantías es un ingreso laboral percibido de manera permanente por los jueces de mayor
jerarquía de todas las jurisdicciones, es evidente que resultaría violatorio del principio de
igualdad que surge del artículo 13 de la Constitución Política de Colombia el señalar que
esta prestación social carece de tal naturaleza únicamente con el propósito de disminuir la
base de liquidación de la bonificación por compensación de la que son acreedores los
funcionarios mencionados en el artículo 2º del Decreto 610 de 1998.

En consecuencia, se concluye que únicamente teniendo en cuenta los pagos que el Estado
debe realizar a los Congresistas por concepto de cesantías puede calcularse la diferencia
total entre lo que ellos perciben y la asignación de los Magistrados de las Altas Cortes para,
así, determinar el valor de la prima especial de servicio a la que tienen derecho estos
últimos…” (negrilla fuera de texto).

Así que, el valor que se cancela por bonificación por compensación es el resultado de la
diferencia entre lo proyectado como ingresos anuales que “por todo concepto” reciban
los magistrados de Alta Corte y los ingresos anuales de magistrado de Tribunal y demás
cargos equivalentes, para fijar el ingreso laboral de éstos últimos en un 80% a partir del año
2001

Esta Sala de conjueces, en distintas sentencias, ha precisado con fundamento en el marco
normativo reseñado que a los beneficiarios de la bonificación por compensación se les debe
otorgar el 80% por ciento de los ingresos que devengan los magistrados de Alta Corte,
ingresos que deben incluir la prima especial de servicios y las cesantías percibidas por los
Congresistas, de conformidad con la sentencia de unificación de fecha 18 de mayo de 2016
dictada con ponencia del Conjuez Doctor Jorge Iván Acuña Arrieta.15

Adicionalmente, como los Decretos 610 y 1239 de 1998 revivieron a partir de la sentencia
proferida el 25 de septiembre de 2001, que cobró ejecutoria el 5 de octubre siguiente, por
la declaratoria de nulidad del Decreto 2668 de 1998, es claro que estas normas, hoy
vigentes, fueron las que regularon el pago de la bonificación por compensación y el Decreto
610 en su artículo 3º dispuso “La Bonificación por Compensación establecida en el presente decreto
se pagará mensualmente, una vez se haya aprobado el presupuesto presentado por el Gobierno
Nacional al Congreso de la República y tendrá efectos fiscales desde el primero de enero de 1999.”

Para la vigencia fiscal siguiente, el ajuste igualará al setenta por ciento (70%) de lo
que por todo concepto devenguen los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura,
de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado;

15 Sala de Conjueces, sentencia de 01 de diciembre de 2020, Rad. 050012310002009012352 (0685-2014) Demandante

Willian Enrique Santa y otros. Conjuez Ponente Henry Joya Pineda

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A partir del año correspondiente a la tercera vigencia fiscal, los ingresos laborales
serán igual al ochenta por ciento (80%) de lo que por todo concepto devenguen
anualmente los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte
Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado.

Conforme a lo anterior, se advierte que la demandante prestó sus servicios como
magistrada auxiliar del 16 de marzo de 2009 sin que reporte retiro del servicio16, por lo
cual tiene derecho al reconocimiento y pago de la bonificación por compensación
consagrada en el Decreto 610 de 1998, o sea para el año 2009 y siguientes el 80% de
lo que por todo concepto salarial recibe un magistrado de Alta Corte, en su calidad de
magistrada auxiliar de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la
Judicatura, a su vez, tiene derecho a recibir el 100% de la remuneración y prestaciones
sociales que recibe un congresista de la República por todo concepto, incluido el auxilio de
cesantía.

Así mismo, por mandato expreso de los Decretos 610 de 1998, 4040 de 2004 (cuando
estuvo vigente) y el actual 1102 de 2012, la Bonificación por Compensación que allí se
regula, sólo constituye factor salarial como parte del ingreso base de cotización del Sistema
General de Pensiones y del Sistema General de Seguridad Social en Salud; disposiciones
frente a las cuales no se modifica el marco legal vigente que fija los factores que se deben
tener en cuenta para liquidar las diferentes prestaciones sociales, es decir, la Bonificación
por Compensación no constituye factor salarial para la liquidación y pago de dichos
emolumentos”, por lo que se modificará la sentencia en dicho sentido.

2.2.3. De la prescripción

Frente a la prescripción de la bonificación por compensación invocada en los alegatos de
conclusión por parte de la entidad demandada17, en sentencia de Unificación
Jurisprudencial proferida el 18 de mayo de 2016 por la Sala de Conjueces de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, se estableció, lo siguiente:

16 Fl. 14 del expediente.
17 ARTÍCULO 187 del CPACA. CONTENIDO DE LA SENTENCIA.

(…)
En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada El
silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas las excepciones de fondo, propuestas o
no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus.

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“Retomando las normas citadas en el párrafo anterior en relación con la prescripción de los
derechos laborales, se debe partir del presupuesto de que el derecho sobre el cual se solicita
el reconocimiento administrativo y/o judicial debe encontrarse en su momento de
exigibilidad, para que, a partir de allí, se empiece a contabilizar el término de su
prescripción. Es decir, el prerrequisito de la aplicación de la prescripción del derecho, es que
éste se encuentre en el estado jurídico de la exigibilidad.

El asunto que se debate en torno a la aplicación de la prescripción trienal, es que, ante la
coexistencia de dos regímenes salariales diferentes, no es posible hablar de exigibilidad del
derecho a reclamar, debido a que para los beneficiarios de los derechos existía la disyuntiva
del Decreto 610 de 1998, que reconoce la Bonificación por Compensación Judicial y el
régimen salarial del Decreto 4040 de 2004, que reconocía la Bonificación por Gestión
Judicial. Es decir, no se podía establecer con exactitud cuál de los regímenes era el aplicable,
ante lo cual resultaba imposible referirse a la exigibilidad del derecho.

En este sentido solo puede hablarse de exigibilidad de la Bonificación por Compensación, a
partir de la fecha de ejecutoria del fallo que declaró la nulidad del Decreto 4040, es decir el
28 de enero de 2012.” (Subrayado fuera de texto)

No obstante, se debe agregar que mediante el Decreto 2668 del 31 de diciembre de 1998
se derogaron los Decretos 610 y 1239 de 199818; decreto que también fue demandado ante
la Sección Segunda del Consejo de Estado y mediante sentencia de la Sala de Conjueces,
proferida el 25 de septiembre de 2001, se declaró su nulidad. Esta sentencia quedo
debidamente ejecutoriada el 05 de octubre de 2001.

Así entonces, la declaratoria de nulidad del Decreto 2668 de 1998, retrotrajo la situación
normativa al estado anterior, es decir, que los Decretos 610 y 1239 de 1998, recobraron su
vigencia, por lo tanto, es a partir de allí -desde la ejecutoria de la mencionada sentencia de
nulidad- que los beneficiarios de la bonificación por compensación estaban facultados para
solicitar su reconocimiento y hasta tres (3) años después, es decir, hasta el 5 de octubre
de 2004, so pena, de aplicar la prescripción trienal de que trata el Decreto 3135 de 1968,
reglamentado por el Decreto 1848 de 1969.

La Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante sentencia
de 23 de mayo de 2018, realizó las siguientes precisiones sobre la prescripción trienal en
cuanto se refiere a la bonificación por compensación:

“…Sobre este punto, esta Sala de Conjueces precisa que si bien a través de estas sentencias
se declaró que con la ejecutoria de la sentencia que declaró de nulidad del Decreto 4040 de
2004, se hizo exigible el derecho al reconocimiento y pago de la diferencia en el porcentaje
que contempla el Decreto 610 de 1998 y el 4040 de 2004, y que por tal razón no se aplicaría

18 Que dispuso incluir a los secretarios generales de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte

Constitucional y al secretario Judicial de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

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la prescripción, lo cierto es que en el período comprendido entre la ejecutoria de la sentencia
que anuló el Decreto 2668 de 1998 y la fecha de expedición del Decreto 4040 de 2004, si
procede decretarla, pues en este lapso no hubo dualidad de normas y por lo tanto, los
beneficiarios de que trata el artículo 2º del Decreto 610 de 1998 tenían la oportunidad de
demandar el reconocimiento y pago del 80% de lo que devengaban los magistrados de las
altas cortes; salvo que se encontraran en una de las dos situaciones descritas en el numeral
2º del Decreto 4040 de 2004, que son :i) haber iniciado acciones judiciales relacionadas con
la bonificación por compensación y haber desistido a sus pretensiones y ii) haber efectuado
reclamaciones y suscribir contratos de transacción.”

Dado lo anterior, se desestiman las razones que sustentan el recurso de apelación
presentado por la parte demandada no sólo porque el tema de la bonificación por
compensación, en los supuestos que informan la demanda, ya se encuentra definido a partir
de la declaratoria de nulidad del Decreto 4040 de 2004, con efectos ex tunc, sino también
cuando se repara respecto a la prescripción alegada que el momento de exigibilidad en el
presente caso, de conformidad con la sentencia de unificación Jurisprudencial, se reputa
sólo hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia que declaró la nulidad de la bonificación
por gestión judicial; momento para el cual el demandante ya había interpuesto la
correspondiente acción de nulidad y restablecimiento del derecho que dio origen a la
actuación que ocupa la atención de la Sala de Conjueces.” (Subraya y negrillas fuera de
texto).

De la jurisprudencia antes transcrita, se concluye que, en relación con la prescripción de
los derechos laborales, se debe partir del presupuesto de que el derecho sobre el cual se
solicita el reconocimiento administrativo y/o judicial debe encontrarse en su momento de
exigibilidad, para que, a partir de allí, se empiece a contabilizar el término de su
prescripción.

Entonces resulta necesario tener en cuenta dos situaciones jurídicas, inherentes a la
exigibilidad del derecho y por ende a la aplicación del régimen prescriptivo:

(i) Los Decretos 610 y 1239 de 1998 fueron derogados por el Decreto 2668 del 31
de diciembre de 1998, decreto que fue demandado ante la Sección Segunda del
Consejo de Estado y mediante sentencia de la Sala de Conjueces, proferida el
25 de septiembre de 2001, se declaró su nulidad. Esta sentencia quedó
debidamente ejecutoriada el 5 de octubre de 2001.

La declaratoria de nulidad del Decreto 2668 de 1998, retrotrajo la situación normativa al
estado anterior, es decir, que los Decretos 610 y 1239 de 1998, recobraron su vigencia, por
lo tanto, es a partir de allí -desde la ejecutoria de la mencionada sentencia de nulidad- que
los beneficiarios de la bonificación por compensación estaban facultados para solicitar su
reconocimiento y hasta tres (3) años después, es decir, hasta el 5 de octubre de 2004, so

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pena, de aplicar la prescripción trienal de que trata el Decreto 3135 de 1968, reglamentado
por el Decreto 1848 de 1969.

(ii) El Decreto 4040 de 2004 y el régimen de la bonificación por gestión judicial
frente al Decreto 610 de 1998.

Como lo definió la jurisprudencia de unificación antes referida, ante la coexistencia de dos
regímenes salariales diferentes, no es posible hablar de exigibilidad del derecho a reclamar,
debido a que para los beneficiarios de los derechos existía la disyuntiva del Decreto 610
de 1998, que reconoce la Bonificación por Compensación Judicial y el régimen salarial del
Decreto 4040 de 2004, que reconocía la Bonificación por Gestión Judicial. Es decir, no se
podía establecer con exactitud cuál de los regímenes era el aplicable, ante lo cual resultaba
imposible referirse a la exigibilidad del derecho.

En consecuencia, resulta que la exigibilidad del derecho para reclamar el reconocimiento
de la bonificación por compensación regulada en el Decreto 610 de 1998 se dio en dos
tiempos diferentes, con la ejecutoria de la sentencia que declaró la nulidad del Decreto
2668 y con la ejecutoria de la sentencia que declaró la nulidad del Decreto 4040 y ese
momento de exigibilidad debe analizarse en cada caso concreto. Sirve para ilustrar lo dicho
el siguiente esquema:

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Para el caso concreto:

Conforme a la certificación expedida por certificación19 expedida por el Consejo de Estado,
expedida el 22 de septiembre de 2009, la actora se desempeñó como magistrada auxiliar
del 16 de marzo de 2009 sin que reporte retiro del servicio.

Revisado el plenario se advierte que la demandante presentó derecho de petición a la
entidad demandada el 3 de febrero de 201220 y la demanda fue presentada el 07 de
diciembre de 201221, es decir que ninguna prescripción afectó los derechos de la actora
causados desde el 16 de marzo de 2009.

De otra parte, se aclara que la prescripción no opera en relación con la obligación de la
demandada de realizar, en favor del accionante, las cotizaciones o aportes al Sistema
General de Seguridad Social en materia de pensiones, por tratarse de un derecho cierto,
irrenunciable e imprescriptible que se reconoce en cabeza del servidor público que presta
sus servicios laborales al Estado22.

2.2.4. De los intereses:

En cuanto a la condena impuesta por el a quo por los intereses moratorios, con la que la
recurrente muestra desacuerdo, se advierte que en el presente caso se ordenó dicho
reconocimiento, según lo estipulado en el artículo 192 y 195 del CPACA. Así mismo, se
ordenó la actualización de los valores a pagar conforme al IPC, conforme al artículo 187 del
CPACA, la Sala advierte que dicho restablecimiento está conforme a derecho, pues solo
dará lugar al reconocimiento de intereses moratorios si se dan los supuestos de hecho y de
derecho establecidos en las normas mencionadas, las cuales son aplicables al caso en
concreto, pues la demanda fue interpuesta el 07 de diciembre de 2012, época para la cual
ya regía la Ley 1437 de 2011.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala
de Conjueces de la Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,

19 Fls. 139-40 y 143 del expediente.
20 Fls. 10-12 del expediente.
21 Fl. 30 del expediente.
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 26 de agosto de 2016; Consejero ponente: Carmelo Perdomo

Cuéter; Radicación: 23001-23-33-000-2013-00260-01 (0088-15) CE-SUJ2-005-16.

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FALLA:

PRIMERO. – Reconocer personería al abogado Cesar Augusto Contreras Suárez, con
cédula de ciudadanía No. 79.654.873 de Bogotá, portador de la Tarjeta Profesional de
Abogado No. 143.958, como apoderado de la Nación – Rama Judicial, conforme al poder
obrante al índice 62 Samai.

SEGUNDO. – Revocar los numerales tercero y cuarto de la sentencia, en su lugar se
dispone:

A título de restablecimiento del derecho la Rama Judicial pagará a Gladys Patricia Osorio
Obando las diferencias adeudadas por concepto de Bonificación por Compensación
consagrada en el Decreto 610 de 1998, devengada desde el 16 de marzo de 2009 en
cuantía inferior al 80% de lo que por todo concepto devengaban los Magistrados de
Alta Corte incluidas las cesantías y la prima especial de servicios. De la condena se
descontarán todos los pagos que por este concepto se hayan realizado a Gladys Patricia
Osorio Obando e igualmente se harán los descuentos para aportes al sistema de seguridad
social.

TERCERO.- Confirmar en lo demás la sentencia apelada.

CUARTO: Sin costas en esta instancia.

QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen y
háganse las anotaciones pertinentes en el programa informático SAMAI.

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Cópiese, notifíquese y cúmplase

Firmado electrónicamente
CLARA ELISA CIFUENTES ORTIZ
Conjuez ponente

22

Página 23 de 23

Número Interno: 5260-2019
Demandante: Gladys Patricia Osorio Obando
Demandado: Nación – Rama Judicial
Proceso: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Firmado electrónicamente
MIGUEL ARCANGEL VILLALOBOS CHAVARRO
Conjuez

Firmado electrónicamente
JOSÉ ASCENSIÓN FERNÁNDEZ OSORIO
Conjuez

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala de
Conjueces en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia,
se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA

23

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