Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-03052-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-03052-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2016-03052-02
Consejero ponente: Conjuez Miguel Arcángel Villalobos Chavarro
5 de noviembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SALA DE CONJUECES
CONJUEZ PONENTE: MIGUEL ARCANGEL VILLALOBOS CHAVARRO
Bogotá, D. C., cinco (05) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Expediente N° 250002342000201603052-02
Número interno: 0701-2023
Demandante: Andrés Gómez Abadía
Demandado: Nación – Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial
Proceso: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
PRIMA MENSUAL SIN CARÁCTER SALARIAL (Art. 14 de la Ley 4ª de 1992)
Procede la Sala de Conjueces a proferir sentencia de segunda instancia en la que
resuelve el recurso de apelación interpuesto por las partes contra la sentencia
proferida el día 30 de abril de 2021 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-
Sección Segunda- Sala Transitoria, en la cual se resolvió en forma favorable las
pretensiones de la demanda.
1. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
Se trata de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por
ANDRÉS GÓMEZ ABADÍA en contra de la Nación – Rama Judicial - Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, presentada el día 03 de diciembre de 20141,
tendiente a declarar la nulidad del Oficio No. DESAJ13-JR-5311 del 11 de octubre
de 2013, que resuelve no acceder a la petición del demandante; y la nulidad de la
1
fl. 55 del expediente.
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Nulidad y Restablecimiento del Derecho de Carácter Laboral
Número Interno: 0701-2023
Demandante: Andrés Gómez Abadía
Demandado: Nación – Rama Judicial
Resolución No. 3067 del 23 de abril de 2014 que resolvió el recurso de apelación
que interpuso el actor.
A título de restablecimiento del derecho solicitó:
“(…)
1.2. Como consecuencia de la declaratoria de nulidad y en restablecimiento
de los derechos de mi poderdante, se ordene a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial- Bogotá, a RELIQUIDAR los salarios, las primas de
servicio, de vacaciones y navidad, las vacaciones, cesantías y la bonificación
por servicios prestados, más las diferencias que resulten en el pago de la
prima especial contemplada en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992.
1.3. Como consecuencia de la declaratoria de nulidad y en restablecimiento
de los derechos de mi poderdante, se CONDENE a la aquí convocada:
1.3.1. Al PAGO de las diferencias salariales ocasionadas por la disminución
de la remuneración mensual de mi representando, en razón al descuento del
30% del salario básico, por concepto de prima especial.
1.3.2. Al PAGO de las diferencias prestacionales por la indebida liquidación
de las primas de servicio, de vacaciones y navidad, las vacaciones, cesantías
y la bonificación por servicios prestados, entendida ésta reliquidación sobre
el 100% del salario básico establecido en los decretos que reglamentan el
régimen salarial y prestacional de los funcionarios judiciales año por año.
1.3.3. Al PAGO de las diferencias que resulten en el pago de la prima
especial contemplada en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992.
1.3.4. Al PAGO de los intereses moratorios, así como, el pago indexado de
las referidas sumas.
1.3.5. Finalmente, se ordene a la Nación- Rama Judicial- Consejo Superior
de la Judicatura- Dirección Ejecutiva de Administración Judicial- Bogotá, para
que los pagos futuros en una eventual vinculación como funcionario judicial,
en lo sucesivo, sea el señalado en el respectivo incremento que decrete el
gobierno, más el 30% de ese valor, como prima especial sin carácter salarial,
de acuerdo con el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, y que las prestaciones
sociales sean liquidadas con el 100% del valor del salario básico.
(…)”2.
a. La contestación de la demanda
2
fls. 47-48 (demanda) y 173-174 (reforma) del expediente.
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Número Interno: 0701-2023
Demandante: Andrés Gómez Abadía
Demandado: Nación – Rama Judicial
La entidad demandada solicita el rechazo de las pretensiones.
Hizo referencia al régimen prestacional de los funcionarios y empleados de la Rama
Judicial y señaló que por expreso mandato de la Ley 4 de mayo 18 de 1992,
establecido en su artículo 14, la prima allí instituida no tiene carácter salarial, criterio
que fue reafirmado por la Corte Constitucional en la sentencia C-279 de 1996,
mediante la cual declaró la exequibilidad del aparte “sin carácter salarial” del citado
artículo, lo que significa que dicho porcentaje no constituye factor de salario para la
liquidación y pago de la prima de servicios, navidad, vacaciones, auxilio de
cesantías y bonificación por servicios prestados, aunque si para efectos de calcular
el ingreso base de cotización al Sistema de Seguridad Social en pensiones y en
salud.
Señaló que para la administración judicial es incuestionable que la prima especial
establecida por el Artículo 14 de la Ley 4 de 1992 y consagrada en los decretos
anuales de salarios que ha expedido el ejecutivo para fijar el régimen salarial y
prestacional de los servidores públicos de la Rama Judicial constituye un ingreso
mensual, pero no por ello puede desconocer que esas mismas disposiciones son
las que limitan el carácter salarial de dicho concepto, de donde es dable concluir
que no constituye factor de salario para la liquidación y pago de las prestaciones
sociales y demás factores de salario.
Agregó que acceder a un pago adicional del 30% de la retribución consagrada
anualmente, en cada uno de los decretos salariales, por concepto de prima especial,
implicaría que mensualmente se le pague al servidor una remuneración que excede
el techo establecido por el Decreto 1251 de 2009.
Finalmente propuso las excepciones de: integración de litis consorcio necesario,
ausencia de causa petendi, prescripción e innominada3.
b. La sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca- Sección Segunda- Sala Transitoria, en
la sentencia del 30 de abril de 2021, decidió estarse a lo resuelto en la sentencia
del 2 de septiembre de 2019, proferida por la Sala de Conjueces de la Sección
Segunda del Consejo de Estado; declarar probada la excepción de prescripción, la
nulidad del acto administrativo demandado y, a título de restablecimiento del
derecho dispuso4:
3
fls. 150-163 del expediente.
4
Fls. 201-208 del expediente.
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Demandante: Andrés Gómez Abadía
Demandado: Nación – Rama Judicial
“SEGUNDO: DECLARAR probada la excepción de prescripción trienal de las
sumas a que haya lugar por razón de condena a la Nación- Rama Judicial, en
el entendido de que las sumas causadas antes del 04 de octubre de 2010 se
encuentran prescritas, conforme con lo expuesto en la parte motiva.
(…)
CUARTO: CONDENAR a la NACIÓN- RAMA JUDICIAL a RECONOCER y
PAGAR en favor del señor ANDRÉS GÓMEZ ABADÍA retroactivamente la
diferencia existente entre lo percibido y lo que debió percibir, por concepto de
ingresos mensuales, sobre la base del salario básico más el 30% de acuerdo a
la prima especial de servicios, y de las prestaciones sociales liquidadas sobre
la base de todo el salario básico para las que únicamente se tuvo en cuenta el
70% del salario básico al momento de su liquidación, en lo correspondiente a
los períodos comprendidos desde el 10 de octubre de 2010 y en adelante, hasta
tanto ejerza o haya ejercido el cargo de juez de la República; DEBIÉNDOSE
DESCONTAR LO EFECTIVAMENTE PAGADO POR ESTOS MISMOS
CONCEPTOS, y sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por
el Gobierno Nacional para cada anualidad, conforme con lo expuesto en la parte
motiva.
(…)
SEXTO: SE NIEGAN las demás pretensiones de la demanda, conforme con lo
expuesto en la parte motiva.
(…)”.
Por otro lado, mediante providencia del 31 de agosto de 2022 5, se corrigió la
sentencia, así:
“SEGUNDO: CORREGIR la parte motiva y el numeral cuarto de la parte
resolutiva de la sentencia del 30 de abril de 2021, debiéndose entender para
todos los efectos que la fecha desde la cual se debe reconocer las diferencias
entre lo recibido y lo dejado de percibir por el demandante siempre y cuando o
hasta tanto haya ejercido el cargo de juez de la República, es a partir del 04 de
octubre de 2010”.
c. El recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia
5 Fls. 258-259 del expediente.
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-La parte demandante6 interpuso recurso de apelación en el cual sustentó que “(…)
el mismo se dirige contra el numeral 6° de la parte resolutiva de la decisión, para
que sea revocado, y en su lugar, se imparta condena por intereses moratorios
tasados desde el mismo momento en que se produjo cada diferencia salarial y
respecto de cada prestación reliquidada desde la fecha de su causación. De no
prosperar la solicitud, por lo menos, deberá ordenarse su reconocimiento y pago
desde el 2 de septiembre de 2019, fecha en que se expidió la sentencia de
unificación por parte del H. Consejo de Estado (…)”.
Adujo que si bien los intereses moratorios previstos por el artículo 195 del CPACA,
solo resultan aplicables si la administración incurre en mora en el pago de la
sentencia ejecutoriada. Esta tesis resulta reduccionista y no se acompasa con la
solicitud de intereses moratorios solicitados en el líbelo introductorio, pues avala
una total indemnidad del Estado, en el cumplimiento de sus obligaciones laborales,
puesto que desfigura la función indemnizatoria de los intereses moratorios, además
desconoce el postulado contemplado en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, toda
vez que, el resarcimiento debe operar desde el momento en que el Estado aplicó
en indebida forma las normas salariales de los funcionarios judiciales, ello en virtud
de la reparación integral que debe darse a la luz de la citada disposición normativa.
Afirmó que, en la sentencia apelada que la entidad accionada, con una indebida
interpretación de los decretos salariales, redujo mes a mes, en forma sistemática,
los ingresos del actor en un 30% de lo que correspondían, con la afectación no solo
salarial sino también prestacional, al no tener en cuenta ese porcentaje para efectos
del cálculo de las prestaciones causadas. Hecho vulnerador que ocurrió mucho
antes de la decisión proferida en primera instancia, y que debe ser reparado
conforme su naturaleza indemnizatoria; por lo que acoger la interpretación de
aplicación del artículo 195 del CPACA, resulta admitir una indemnidad del Estado y
premiar su indebido proceder en el pago cumplido de las obligaciones laborales.
-La parte demandada7 formuló recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia, para lo cual señaló que la sentencia objeto de impugnación se encuentra
viciada por una clara violación del principio de congruencia, pues de la lectura del
escrito demandatorio, se encuentra que el medio de control de la referencia, como
restablecimiento del derecho, solicitó el reconocimiento y pago de las prestaciones
sociales y cesantías con el 30% del salario que se tuvo como prima especial de
servicios del artículo 14 de la Ley 4 de 1992; y así se estableció al fijar el litigio de
la controversia planteada, en la etapa correspondiente.
6 Fls. 211-213.
7 Fls. 215-219.
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Sin embargo, refirió que al proferir la sentencia de primera instancia el magistrado
ponente con una motivación a todas luces violatoria de los preceptos
constitucionales y legales, adujo que se debía reliquidar la pensión o aportes a
pensión con la prima especial del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, como factor
salarial, aspecto que no fue solicitado específicamente en las pretensiones de la
demanda, menos aún deprecado en sede administrativa.
Sostuvo que, lo anterior es un flagrante desconocimiento de los derechos de la
entidad demandada, en especial el debido proceso y los derechos de defensa y
contradicción, pues como resulta evidente, la entidad demandada no tuvo
oportunidad de pronunciarse sobre la incidencia de la prima especial, ni en sede
administrativa ni en sede judicial, dado que incluso al momento de fijar el litigio se
omitió señalar que en este proceso también se discutiría lo relativo a la pensión de
jubilación o a los respectivos aportes a pensión.
Por otro lado, trajo a colación la Sentencia de Unificación del 2 de septiembre de
2019, proferida por la Sala Plena de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo
de Estado y señaló que se debe aplicar la prescripción trienal, teniendo como fecha
de exigibilidad del derecho, esto es, desde la entrada en vigencia de la referida Ley
4 o desde la de la vinculación al cargo de juez, si fue posterior, prescripción que se
interrumpe con la solicitud presentada ante la administración y hay lugar a reconocer
los 3 últimos años anteriores a la petición.
d. Alegatos de conclusión de segunda instancia
La parte demandante8 alegó de conclusión y trajo a colación los argumentos ya
expuestos en el recurso de apelación. Refirió que Conforme a la C – 604 de 2012,
que reconoce la naturaleza indemnizatoria de los intereses moratorios; y si bien en
dicha sentencia se estableció la legalidad del artículo 195 del C.P.A.C.A., ello frente
al interés moratorio causado a partir de la ejecutoria de las sentencias judiciales; lo
cierto es que, quedó sin resolver cómo puede indemnizarse el daño causado con
anterioridad a ese hecho, por el indebido proceder de la administración en el
cumplimiento de sus obligaciones laborales.
La parte demandada guardó silencio y el Ministerio Público no intervino en el
proceso.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA9
8 Índice 35 de SAMAI.
9
La metodología aquí empleada para presentar los argumentos de la Sala sigue las pautas contenidas en el libro
de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”: “Argumentación judicial: construcción, reconstrucción y
evaluación de argumentaciones orales y escritas”. Bogotá, 2008. Asimismo se tiene en cuenta el “Manual de
Escritura Jurídica”, publicado en agosto de 2018 por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
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e. Nota preliminar
El Consejo de Estado, en calidad de superior funcional, es competente para resolver
los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos.
Aceptados los impedimentos manifestados por los Magistrados de la Sección
Segunda del Consejo de Estado y agotado el respectivo sorteo de Conjueces, le ha
correspondido a esta Sala conocer en segunda instancia de este proceso10. La Sala
de Conjueces, al no encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede
de conformidad.
f. El problema jurídico
En esencia el debate jurídico en ese caso gira en torno a la pregunta: ¿tiene derecho
ANDRÉS GÓMEZ ABADÍA al reajuste de sus salarios y de sus prestaciones
sociales, consistente en la diferencia entre el valor reconocido por la demandada (el
cual tuvo como base para su liquidación el 70% del salario básico mensual), y el
valor que resultaría de reconocerle tanto el salario como las prestaciones sociales,
tomando como base de liquidación el salario básico más la prima especial de
servicios? Y, en caso afirmativo, ¿desde cuándo?
Así mismo, se deberá establecer si se vulneró el principio de congruencia y si
procede el reconocimiento de los intereses moratorios conforme lo solicitado por la
parte recurrente.
g. La argumentación de la Sala
La argumentación de la Sala de Conjueces, que será breve porque reitera la
jurisprudencia, seguirá este orden expositivo: en primer lugar, se presentará la
jurisprudencia unificada vigente y obligatoria y, en segundo lugar, se abordará el
caso concreto.
i. La jurisprudencia vigente
En este caso se acogen las reglas de unificación expuestas en la sentencia del 2 de
septiembre de 2019, proferida por la Sala Plena de Conjueces de la Sección
10
Ver fl. 269- impedimento; Ver fls. 291-292- en el que se aceptan e índice 15 de SAMAI- sobre el sorteo de
Conjueces.
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Segunda del Consejo de Estado, en la que se ordenó lo siguiente en el numeral
primero de la parte resolutiva:
1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o
asignación básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En
consecuencia, los beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta
sentencia, al reconocimiento y pago de las diferencias que por concepto de la
prima resulten a su favor. La prima especial sólo constituye factor salarial para
efectos de pensión de jubilación.
2. Todos los beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía,
Procuraduría, entre otros tienen derecho a la prima especial de servicios como
un incremento del salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso
supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el
cargo correspondiente.
3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se
refiere el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía
General de la Nación) tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones
sociales sobre el 100 % de su salario y/o asignación básica, es decir, con la
inclusión del 30 % que había sido excluido a título de prima especial.
4. Los demás beneficiarios de la prima especial de servicios que no están
sometidos al límite del 80%, en ningún caso su remuneración podrá superar el
porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional.
5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima
especial de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de
presentación de la reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá
hasta tres años atrás, nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135
de 1998 (sic) y 1848 de 1969…
8. La sentencia de unificación que hoy se adopta no implica que se está
variando o modificando el régimen salarial y prestacional de los servidores
beneficiarios de la prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4 de
1992 – jueces, magistrados y otros funcionarios -, en la medida en que en
ningún caso se podrán superar los porcentajes máximos o topes fijados por el
Gobierno Nacional.
Así mismo, se advierte a la comunidad en general que las consideraciones
expuestas en esta providencia en relación con los temas objeto de unificación,
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constituyen precedente y tendrán aplicación en las decisiones judiciales que se
profieran a partir de la fecha11.
Como precisó después esta misma Corporación, “esta prima mensual sin carácter
salarial, denominada en esta jurisprudencia como prima especial de servicios, está
consagrada en el art. 14 de la Ley 4ª de 199212. Cinco años antes, el Consejo de
Estado había declarado la nulidad de varios decretos del Gobierno Nacional que año
a año regulaban el tema, mediante la sentencia del 29 de abril de 2014, dictada
dentro del proceso radicado con el número 11001032500020070008700 (1686-07);
esta sentencia recae sobre varios actos generales y, en consecuencia, se equipara
en sus efectos a una sentencia de nulidad por inconstitucionalidad, que tiene efectos
ex nunc, o sea desde ahora en adelante, hacia futuro. Expresado en otros términos,
esta sentencia no tiene efectos retroactivos y no afecta situaciones particulares
anteriores, reguladas por actos administrativos que se sujetan entonces al principio
de presunción de legalidad y que quedan en pie, pero, al haber desaparecido los
fundamentos de derecho que les sirvieron de soporte, son susceptibles de ser
demandados ante el juez contencioso, siempre y cuando no haya operado la
prescripción trienal de los derechos. Así las cosas, como bien lo señala la sentencia
de unificación del 2019, aquí transcrita, para el conteo de la prescripción de esta
prima mensual del art. 14 de la Ley 4ª de 1992 ‘se tendrá en cuenta en cada caso la
fecha de presentación de la reclamación administrativa y a partir de allí se
reconocerá hasta tres años atrás, nunca más atrás’. Ahora bien, estando ya
indiscutido el derecho en ciernes, el Gobierno Nacional debería en forma inmediata
adoptar los mecanismos para presupuestar y transferir a la rama judicial los recursos
para pagar dicha prima mensual, sin esperar que lo demanden caso por caso, juez
por juez (más los otros servidores públicos a quienes se extiende este derecho)”13.
De otro lado, para mayor claridad, y con carácter didáctico, los siguientes dos
cuadros permiten visualizar de una manera fácil los efectos de liquidar de manera
11
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala Plena de Conjueces, expediente N° 41001-23-33-000-2016-
00041-02 (número interno 2204-2018), del 2 de septiembre de 2019.
12
ARTÍCULO 14. El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del
salario básico, sin carácter salarial para los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de
Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial
y para los Jueces de la República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores
de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía
General de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero de 1993.
Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente artículo, los delegados departamentales del
Registrador Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito Capital y los niveles Directivo y Asesor
de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
PARÁGRAFO. Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de
la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad.
13
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, MP. Néstor Raúl Correa Henao, expediente N°
73000123331000201100621-02, sentencia del 4 de febrero de 2020.
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correcta la prima especial de servicios o prima mensual sin carácter salarial, para
establecer su impacto sobre el ingreso mensual y su impacto sobre las prestaciones
sociales.
El primer cuadro es sobre el impacto en el ingreso mensual y es tomado de la
sentencia del 29 de abril de 2014 de la Sala de Conjueces de la Sección Segunda
del Consejo de Estado:
Sobre el salario
Primera interpretación Segunda y correcta interpretación
(el 30% del salario básico es la prima misma) (la prima equivale al 30% del salario básico)
Salario básico: $10.000.000 Salario básico: $10.000.000
Prima especial (30%): $3.000.000 Prima especial (30%): $3.000.000
Salario sin prima: $7.000.000 Salario más prima: $13.000.000
Total a pagar al servidor: $10.000.000 Total a pagar al servidor: $13.000.000
El segundo cuadro, elaborado por esta Corporación en el año 2018 14, se refiere al
impacto de la prima especial de servicios en las prestaciones sociales:
Sobre las prestaciones sociales
Primera interpretación Segunda y correcta interpretación
(el 30% del salario básico es la prima misma) (la prima equivale al 30% del salario básico)
Salario básico: $10.000.000 Salario básico: $10.000.000
Prima especial (30%): $3.000.000 Prima especial (30%): $3.000.000
Base para liquidar prestaciones: 7.000.000 Base para liquidar prestaciones: $10.000.000
Entonces en cuanto a lo primero, el ingreso mensual se debe liquidar de manera que
incluya el salario básico más un 30% adicional, a título de prima especial de servicios.
En el ejemplo, cada mes se debería pagar $13.000.000 de pesos.
Y en cuanto a lo segundo, las prestaciones sociales se deben liquidar sobre la
totalidad del salario básico, sin restar ni sumar el 30% de la prima especial de
servicios. En el ejemplo, las prestaciones se deben liquidar sobre una base de
$10.000.000 de pesos.
Por último, hay que recordar que para resolver un litigio laboral o prestacional es
necesario partir de la base según la cual la dignidad de la persona es el objetivo
esencial del Estado social de derecho (art. 1º CN) y, para el caso, la dignidad de la
14
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, MP. Néstor Raúl Correa Henao, expediente N°
730012331000201200315 02, sentencia del 17 de octubre de 2018.
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persona trabajadora. Los trabajadores no sólo gozan de los derechos reconocidos
en la Constitución (art. 53 CN) y en la ley, sino también de los derechos consagrados
en los pactos y convenios internacionales sobre derechos humanos reconocidos por
Colombia (art. 93 CN), los cuales hacen parte del denominado “bloque de
constitucionalidad” por la Corte Constitucional15. Uno de esos convenios
internacionales es la Convención Americana de Derechos Humanos, también
llamada “Pacto de San José de Costa Rica”16. Los artículos 6º (derecho al trabajo)
y 7º (condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo) de esta Convención
complementan e integran entonces el ordenamiento jurídico colombiano, hacen
parte de éste, en tanto hacen parte del bloque de constitucionalidad. Por tanto los
jueces y magistrados deben verificar también el respeto de esta normatividad
internacional; y al hacerlo, realizan el denominado “control de convencionalidad”. La
jurisprudencia de la Corte Interamericana denomina control de convencionalidad al
mecanismo que permite a los Estados concretar la obligación de garantía de los
derechos humanos en el ámbito interno, a través de la verificación de la conformidad
de las normas y prácticas nacionales con la Convención Americana de Derechos
Humanos.
ii. El caso concreto
Probado está en el expediente, respecto del doctor ANDRÉS GÓMEZ ABADÍA:
• Que se ha desempeñado en el cargo de juez de la República, así:17
-Juez 11 laboral del circuito de Bogotá, desde el 04 de agosto de 2009 al 24
de enero de 2010.
-Juez 6 laboral del circuito de Bogotá, desde el 17 de marzo de 2010 al 15
de marzo de 2012.
-Juez 6 laboral del circuito de Bogotá, desde el 27 de marzo de 2012 al 31
de julio de 2013.
-Juez 34 laboral del circuito de Bogotá, desde el 20 de junio de 2014 al 11 de
julio de 2014.
-Juez 5 laboral del circuito de Bogotá, desde el 01 de agosto de 2018, sin
que reporte retiro del servicio.
• Que ha percibido desde un principio la remuneración mensual y las
prestaciones sociales por montos inferiores a los que tiene derecho, ya que la
Administración ha restado la prima especial de servicios del 100% del salario,
15
Corte Constitucional, sentencia C-225 de 1995.
16
Ratificada por Colombia mediante la Ley 319 de 1996.
17
Folios 175-176 del expediente.
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lo que arroja un 70% de éste, y sobre ese 70% ha venido liquidando tanto el
salario como las prestaciones sociales18.
• Que el día 4 de octubre de 2013, según se lee en el expediente19, solicitó el
reajuste salarial resultante de considerar la prima especial de servicios como
un 30% adicional al salario y la reliquidación de las prestaciones sociales a
partir de esta premisa.
• Oficio No. DESAJ13-JR-5311 del 11 de octubre de 201320, por medio del cual
se resolvió la petición del demandante.
• Mediante Resolución No. 3067 del 23 de abril de 2014, la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial resolvió el recurso de apelación, confirmando la
anterior decisión21.
De conformidad con los hechos y la argumentación expuesta, se concluye:
Primero, ANDRÉS GÓMEZ ABADÍA tiene derecho al reconocimiento, reliquidación
y pago de sus ingresos mensuales, liquidados sobre la base del salario básico más
el 30% de éste, que corresponde a la prima especial de servicios contenida en el
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, como bien lo señaló el a quo.
Segundo, ANDRÉS GÓMEZ ABADÍA tiene derecho al reconocimiento, reliquidación
y pago de sus prestaciones sociales, liquidadas sobre la base de todo el salario
básico, sin restarle ni sumarle a éste el 30%, ya que la prima especial de servicios
no tiene carácter salarial y por tanto no incide o es inocua para liquidar las
prestaciones sociales.
Tercero, en el recurso de alzada la entidad demandada alega que la sentencia de
primera instancia vulneró el principio de congruencia, pues la parte actora no solicitó
en las pretensiones de la demanda que se ajustaran los aportes a pensión; sin
embargo, el a quo ordenó su reconocimiento para la totalidad de los periodos
reclamados.
Al respecto, se advierte que la congruencia constituye un límite al contenido de las
decisiones judiciales, de manera que lo resuelto guarde identidad jurídica con las
18
Folios 29 y s.s. del expediente.
19
Folios 3-5 del expediente.
20 Folios 7-8 del expediente.
21 Folios 16-21 del expediente.
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peticiones y excepciones propuestas por las partes en el marco del litigio, salvo que
la ley otorgue facultades oficiosas al juez22.
En punto de los supuestos que dan lugar a la incongruencia de la sentencia, se ha
sostenido que esta se verifica cuando al demandado se le condena por cantidad
superior a la pedida (“ultra petita”), o por objeto distinto del pretendido en la
demanda o por causa diferente a la invocada en la misma (“extra petita”), o cuando
se omite el pronunciamiento sobre una de las pretensiones (“minus petita”)23.
En la misma línea, el Consejo de Estado ha puntualizado que la alegación sobre el
quebrantamiento del citado principio no admite el cuestionamiento a la valoración
probatoria o a la actividad interpretativa desarrollada por el juez, así como tampoco
permite calificar el acierto de la decisión censurada o examinar la posible
configuración de errores in iudicando24.
Ahora bien, en el caso concreto se advierte que en el escrito de demanda, la actora
solicitó en la pretensión cuarta lo siguiente:
“1.2. Como consecuencia de la declaratoria de nulidad y en restablecimiento
de los derechos de mi poderdante, se ordene a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial- Bogotá, a RELIQUIDAR los salarios, las primas de
servicio, de vacaciones y navidad, las vacaciones, cesantías y la bonificación
por servicios prestados, más las diferencias que resulten en el pago de la
prima especial contemplada en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992...
(negrita fuera de texto).
Así las cosas, se advierte que no le asiste razón al recurrente, pues la parte
demandante si solicitó el reconocimiento y pago de las demás diferencias que
resultaren en el pago de la prima especial que se podían ver incididos por el ajuste
invocado, por lo que se infiere que entre estos se encuentran los aportes al Sistema
de Seguridad Social en Pensiones, pues al ordenarse el reajuste de su salario en
un 100%, respecto de la prima especial de servicios, es una consecuencia que se
deriva del mismo y es de todas formas una obligación legal del empleador realizar
los respectivos aportes frente a la totalidad del salario y aquellas prestaciones que
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 4
de marzo de 2021, radicación: 11001-03-25-000-2013-01223-00(3095-13), C.P. César Palomino Cortés;
Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 22 de noviembre de 2021, radicación: 11001-03-26-000-2019-
00001-00 (63.104), C.P. María Adriana Marín.
23 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión No. 22,
sentencia del 2 de febrero de 2016, radicación: 11001-03-15-000-2015-02342-00, C.P. Alberto Yepes Barreiro.
24
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Sexta Especial de Decisión,
sentencia del 3 de mayo de 2022, radicación: 11001-03-15-000-2022-00580-00, C.P. Carlos Enrique Moreno
Rubio, entre muchas otras decisiones.
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hagan parte del ingreso base para efectos de la liquidación de la pensión de
jubilación, conforme lo dispone el artículo 17 de Ley 100 de 199325.
Aunado a lo anterior, es del caso señalar que la sentencia de la Sala de Conjueces
del 2 de septiembre de 2019 en el numeral 1º dispuso como regla de unificación que:
“La prima especial sólo constituye factor salarial para efectos de pensión de
jubilación”. Por lo tanto, el actor si tiene derecho al reconocimiento y pago de los
aportes a pensión por las diferencias reconocidas en el presente asunto y que no
realizó la entidad demandada, por lo que no le asiste razón a la entidad recurrente.
Cuarto, frente al fenómeno jurídico de la prescripción, es del caso recordar que la
sentencia de unificación del 2 de septiembre de 2019, la Sala de Conjueces de la
Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado señaló:
“Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial de
servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la
reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás,
nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de 1969.”
“Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial de
servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la
reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás,
nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de 1969.”
Así mismo la sentencia de unificación en cita señalo:
“Como es ampliamente conocido, la reglamentación de los salarios de los servidores
públicos cobijados por la Ley 4 de 1992 -acogidos al Decreto 57 de 1993- se actualiza
anualmente, de manera que el Gobierno Nacional expide año tras año un nuevo
decreto que señala los porcentajes y escalas salariales que regirán durante su
vigencia. Ello implica que al tratarse de una norma de carácter general y de orden
público, sus beneficiarios tuvieron conocimiento de la reglamentación a la ley y,
anualmente, de su reiteración, de manera que, de presentarse alguna inconformidad
con su contenido, contaron desde el inicio con las herramientas jurídicas para
objetarlo ante la autoridad administrativa encargada de su aplicación.
Por lo anterior, el hecho constitutivo del derecho a la prima especial que se reclama
se hizo exigible con la entrada en vigor del decreto que reglamentó primigeniamente
la Ley 4 de ·1992. es decir. a partir del 7 de enero de 1993, fecha de entrada en
vigencia del Decreto 57 de 199343. En consecuencia, desde el 7 de enero de 1993 los
interesados podían haber interrumpido la prescripción trienal. Expresado en otras
25
ARTÍCULO 17. Obligatoriedad de las Cotizaciones. Durante la vigencia de la relación laboral deberán
efectuarse cotizaciones obligatorias a los Regímenes del Sistema General de Pensiones por parte de los
afiliados y empleadores, con base en el salario que aquéllos devenguen.
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palabras, no fue con la ejecutoria de la sentencia del 29 de abril de 2014 que surgió
el derecho a interrumpir la prescripción, dada su naturaleza declarativa.”
Conforme a lo expuesto, la parte demandante tiene derecho a que se le pague la
diferencia entre lo efectivamente recibido y lo dejado de percibir, desde el día 04 de
octubre de 2010, o sea tres años atrás de la fecha en que solicitó el reajuste de sus
prestaciones sociales y salariales, debido a la prescripción trienal, al 15 de marzo
de 2012, del 27 de marzo de 2012 al 31 de julio de 2013, del 20 de junio de 2014
al 11 de julio de 2014, y del 01 de agosto de 2018 y hasta la fecha en que se
desempeñe en el cargo de juez de la República, lo cual será aclarado en la parte
resolutiva de la sentencia. Recuérdese que la petición de la prima especial de
servicios no vino a hacerla sino hasta el 04 de octubre de 2013; y a partir de esta
fecha se cuentan los tres años hacia atrás para efectos de la prescripción. Lo anterior
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia y con la
sentencia de unificación citada.
Por otro lado, la prescripción no opera en relación con la obligación de la
demandada de realizar, en favor del accionante, las cotizaciones o aportes al
Sistema General de Seguridad Social en materia de pensiones, por tratarse de un
derecho cierto, irrenunciable e imprescriptible que se reconoce en cabeza del
servidor público que presta sus servicios laborales al Estado26, utilizando como
ingreso base de cotización el 100% de su remuneración, sin descontar el 30% que
se tomaba como prima especial, por lo que la sentencia será adicionada en dicho
sentido.
Quinto, frente a lo solicitado por la parte actora en el recurso de alzada, de que “se
imparta condena por intereses moratorios tasados desde el mismo momento en que
se produjo cada diferencia salarial y respecto de cada prestación reliquidada desde
la fecha de su causación. De no prosperar la solicitud, por lo menos, deberá
ordenarse su reconocimiento y pago desde el 2 de septiembre de 2019, fecha en
que se expidió la sentencia de unificación por parte del H. Consejo de Estado (…)”.
Al respecto, esta Corporación27 ha indicado lo siguiente:
“existe tanto la indexación como la indemnización moratoria (o intereses moratorios),
a título de herramientas jurídicas que permiten en el mismo sentido, cubrir los efectos
adversos del paso del tiempo sin que se haya solucionado efectivamente una
obligación dineraria. No obstante, la primera hace referencia a la forma de
26 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 26 de agosto de 2016; Consejero ponente:
Carmelo Perdomo Cuéter; Radicación: 23001-23-33-000-2013-00260-01 (0088-15) CE-SUJ2-005-
16.
27 Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección Segunda- Subsección A-
consejero ponente: William Hernández Gómez- sentencia del cinco (5) de agosto de dos mil veintiuno
(2021)- Radicación número: 17001-23-33-000-2018-00553-01(2288-20).
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actualización monetaria con base en el IPC en los casos en los que se evidencia una
razón válida para la tardanza en la cancelación del saldo, mientras que los intereses
moratorios implican una suerte de sanción, que si bien igualmente busca equiparar
los valores de la deuda a un momento posterior, lo hace con el cálculo de una tasa
fijada en un porcentaje mayor a la que resultaría de la aplicación de la regla anterior,
pero como consecuencia de una actitud dolosa o de mala fe por parte del obligado,
que no genere un sustento explicativo de aquella disrupción.
En suma, la indexación se aplica a los casos en los que la tardanza en el pago de una
deuda conlleva una razón de ser, como puede ser un proceso sistemático con la
superación de etapas, la fijación de un término específico para el cumplimiento de la
obligación o la materialización de una condición que se configura por el paso del
tiempo. Por el contrario, los intereses moratorios por su naturaleza sancionatoria,
deben estar estipulados previamente en la norma que regule el asunto y tienen que
obedecer a una causa injustificada en la dilación del abono, que se relacione con la
demostración por parte de quien los solicita, de la mala fe o la intención del deudor
de no cumplir a pesar de estar expresamente conminado a ello”.
Lo expuesto significa que pese a ser cierto el hecho de que ambas figuras ostentan
una naturaleza diferente, esto es, una de carácter compensatorio y la otra de tipo
sancionatorio, debe tenerse en cuenta que las dos instan por un mismo fin que es
restablecer los efectos adversos del cumplimiento tardío de una obligación en
cantidad líquida, razón por la cual no es procedente asentir en su compatibilidad o
en la posibilidad de liquidar una y luego otra, así se solicite descontar lo ya
cancelado por alguno de estos conceptos, pues tanto los aspectos divergentes
como el semejante impiden su coexistencia.28
Igualmente, esta Corporación29 ha sido enfática en precisar, lo relativo a la
imposibilidad de reconocer los intereses moratorios frente aquellas sumas que son
objeto de indexación, tal como ocurre en el sub iudice.
Por lo anterior, resulta improcedente alegar que los intereses moratorios tenían que
reconocerse desde que se produjo la diferencia salarial o desde la Sentencia del 2
de septiembre de 2019, ya que en el presente caso se debe dar aplicación a lo
dispuesto en los artículos 187, 192 y 195 del CAPCA, como bien lo señaló el a quo,
habida cuenta de que tampoco se demostró el actuar doloso de la administración
para evitar cumplir con la obligación, aunado al hecho de que en el contexto
normativo aplicable al asunto, no se previó expresamente el reconocimiento de
28 Esta posición ha sido reiterada y sostenida pacíficamente por la presente Sección del Consejo de
Estado en sentencias de la Subsección A: 14 de mayo de 2020 en el proceso radicado: 08001-23-
33-000-2014-01426-01 (0074-2017) y del 3 de diciembre de 2020 en el proceso radicado 17001-23-
33-000-2016-00979-01 (2646-2019). De la Subsección B, el 16 de agosto de 2018 en el proceso
radicado: 20001-23-33-000-2014-00313-02 (2633-2017).
29 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencias del 26 de noviembre de 2020,
radicación: 17001233300020160097401(4499-2019), demandante: Guillermo Gómez Arango; del 3
de diciembre de 2020, radicación: 17001233300020160096301(4490-2019), demandante: Carlos
Arturo Pérez Meza.
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dicha sanción, lo cual convalida el actuar de la demandada, así como el acto
cuestionado.
En consecuencia, las diferencias adeudadas serán indexadas conforme al IPC
desde que se hace exigible la obligación, conforme la prescripción decretada hasta
la ejecutoria de la sentencia, conforme el artículo 187 del CPACA. Igualmente, los
intereses moratorios solo procederán a partir de la ejecutoria de la sentencia
conforme al artículo 192 del CPACA: “Las cantidades líquidas reconocidas en
providencias que impongan o liquiden una condena o que aprueben una conciliación
devengarán intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia
o del auto, según lo previsto en este Código”. Por lo tanto, no tiene vocación de
prosperidad lo solicitado por la parte actora en el recurso de alzada.
Sexto, las diferencias porcentuales reconocidas serán indexadas tomando como
base la variación porcentual de los índices de precios al consumidor certificada por
el DANE, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 178 del C.C.A., modificado
por el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011, a saber:
ÍNDICE FINAL
R = R.H. x --------------------
ÍNDICE INICIAL
En esta fórmula el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico
(R.H.), que es lo dejado de percibir por el actor por concepto de prima especial
desde la fecha en que se hizo exigible la obligación, por el guarismo que resulte de
tomar el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE, vigente a la
fecha de ejecutoria de esta providencia, y dividirlo luego por el índice inicial que es
el vigente en la fecha en que se causaron las sumas adeudadas. Por tratarse de
pagos de tracto sucesivo, esta fórmula se aplicará separadamente, mes a mes,
comenzando desde la fecha de su causación.
Esta Sala se abstendrá de condenar en costas, porque no se aprecia una mala fe o
una deslealtad procesal de la parte condenada.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala de Conjueces de la Sección Segunda, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,
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RESUELVE:
PRIMERO.- ACLARAR el numeral cuarto de la sentencia impugnada en el sentido
de señalar que se debe reconocer las diferencias entre lo recibido y lo dejado de
percibir por el demandante desde el día 04 de octubre de 2010, o sea tres años
atrás de la fecha en que solicitó el reajuste de sus prestaciones sociales y salariales,
debido a la prescripción trienal, al 15 de marzo de 2012, del 27 de marzo de 2012
al 31 de julio de 2013, del 20 de junio de 2014 al 11 de julio de 2014, y del 01 de
agosto de 2018 y hasta la fecha en que se desempeñe en el cargo de juez de
la República, por las razones expuestas en el presente proveído.
SEGUNDO.- ADICIONAR la sentencia apelada en el sentido de ORDENAR el pago
de las diferencias correspondientes a las cotizaciones al Sistema General de
Seguridad Social en materia de pensiones, teniendo en cuenta la prima especial
referida, sin aplicar prescripción, en relación con dicha obligación, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
TERCERO- CONFIRMAR en lo demás la sentencia del 30 de abril de 2021, por
medio de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca- Sección Segunda-
Sala Transitoria que accedió a las pretensiones de la demanda presentada por
ANDRÉS GÓMEZ ABADÍA en contra de la Nación – Rama Judicial – Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial.
CUARTO.- ORDENAR a la parte demandada que le dé cumplimiento a esta
sentencia dentro del término previsto en los artículos 192 y siguientes de la Ley
1437 de 2011 (Cpaca).
QUINTO.- NO CONDENAR en costas.
SEXTO.- Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen y háganse las anotaciones pertinentes en el programa informático SAMAI.
Cópiese, notifíquese y cúmplase
Firmado electrónicamente
MIGUEL ARCÁNGEL VILLALOBOS CHAVARRO
Conjuez Ponente
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Firmado electrónicamente
HUGO ALBERTO MARÍN HERNÁNDEZ
Conjuez
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala
de Conjueces en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA
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