Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-00179-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › 2023 › Radicado 11001-03-15-000-2022-00179-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-00179-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-00179-00
Consejero ponente: Milton Chaves Garcia
19 de mayo de 2023
Radicado: 11001 03 15 000 2022 00179 00
Demandante: Hernando Segundo Barros Acosta
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA QUINTA ESPECIAL DE DECISIÓN
Consejero ponente: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá D.C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicado: 11001 03 15 000 2022 00179 00
Demandante: HERNANDO SEGUNDO BARROS ACOSTA
Demandado: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –
COLPENSIONES
Temas: Recurso extraordinario de revisión. Causal 5 del artículo 250 del
CPACA
Recurso extraordinario de revisión
La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto mediante apoderado
judicial por el señor Segundo José Barros Acosta contra la sentencia del 28 de enero
de 2021, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, que
confirmó el fallo del 28 de noviembre de 2018, del Tribunal Administrativo del
Magdalena, que negó las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. Antecedentes administrativos y demanda
Mediante Resolución nro. GNR 262876 de 18 de julio de 2014, la Administradora
Colombiana de Pensiones - Colpensiones reconoció pensión de jubilación a favor del
señor Segundo José Barros Acosta, a partir del 1º de agosto de 2014, con
fundamento en la Ley 71 de 1988, liquidada con el promedio de lo aportado durante
los últimos 10 años de vida laboral, con inclusión de los factores previstos en el
Decreto 1158 de 1994.
Contra el anterior acto administrativo se interpusieron recursos de reposición y
apelación, los cuales se resolvieron con Resoluciones nro. GNR 409677 de 25 de
noviembre de 2014, en la que se modificó el acto impugnado en el sentido de elevar
la cuantía por acreditación de nuevos tiempos y la fecha de efectividad de la pensión,
al 1º de junio de 2011, y nro. VPB 42083 de 11 de mayo de 2015, que confirmó la
anterior.
El señor Barros Acosta promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
contra Colpensiones, con el fin de que se dejaran sin efecto los anteriores actos
administrativos y, en consecuencia, se ordenara el reconocimiento de la pensión de
conformidad con la Ley 33 de 1985, con los factores de salario devengados durante
el último año de servicio; y pagar las respectivas diferencias indexadas de
conformidad con el IPC, junto con los intereses moratorios previstos en el artículo
141 de la Ley 100 de 1993.
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx
1
Radicado: 11001 03 15 000 2022 00179 00
Demandante: Hernando Segundo Barros Acosta
El Tribunal Administrativo del Magdalena, en sentencia del 28 de noviembre de 2018,
negó las pretensiones de la demanda, al considerar que, el señor Barros Acosta es
beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993, por lo que, acorde con la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018,
los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo son los establecidos en el
régimen general de pensiones de la Ley 33 de 1985, pero el IBL es el consagrado en
los artículos 21 y 36, inciso tercero- de la Ley 100 de 1993.
Contra la anterior decisión se interpuso recurso de apelación, al considerar que en la
sentencia de primera instancia se omitió determinar que el régimen aplicable era la
Ley 33 de 1985. Que equiparó los dos regímenes – el previsto en la Ley 71 de 1988
y el de la Ley 33 de 1985-, lo cual le generó un detrimento patrimonial, en la medida
en que el cómputo de los últimos 10 años de servicios prestados en el sector público,
como lo ordena la norma referida corresponde a salarios muy superiores al de los
últimos 10 años de servicio prestados conjuntamente, lo que constituye un
desconocimiento de los principios de favorabilidad y al debido proceso.
2. Sentencia recurrida en revisión
El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en sentencia del 28 de
enero de 2021, confirmó el fallo de primera instancia, por las siguientes razones:
Señaló que Colpensiones reconoció la pensión de jubilación a favor del señor Barros
Acosta con el 75% del promedio de los factores salariales cotizados durante los 10
últimos años de aportes. Que, en atención a las reglas de interpretación fijadas por la
Corte Constitucional y el Consejo de Estado, en el inciso 3° del artículo 36 de la Ley
100 de 1993, el legislador excluyó del régimen de transición la expectativa de las
personas beneficiarias de éste de obtener su pensión con el IBL que consagraba el
régimen anterior al que se encontraban afiliadas al entrar en vigor aquella, por lo que
se someten al mandato contenido en tal norma o en el artículo 21 ib, según
corresponda, como lo hizo Colpensiones en el presente caso; lo que además guarda
relación con el artículo 48 superior, en cuanto dispone que «Para la liquidación de las
pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona
hubiere efectuado las cotizaciones […]».
Indicó que no era dable acceder a la pretensión del actor referente a que se le
reconozca la pensión con fundamento en la Ley 33 de 1985, toda vez que los
tiempos públicos cotizados resultan insuficientes para colmar el requisito previsto en
dicha normativa, pues solamente alcanzó un total de 19 años, 1 mes y 14 días en el
sector oficial.
II. RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
1. Escrito del recurso extraordinario de revisión
El señor Hernando Segundo Barros Acosta, el 14 de enero de 2022, interpuso
recurso extraordinario de revisión contra la sentencia del 28 de enero de 2021,
proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, porque
consideró que se encuentra incursa en la causal 5 del artículo 250 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, al concluir que el
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx
2
Radicado: 11001 03 15 000 2022 00179 00
Demandante: Hernando Segundo Barros Acosta
ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación no era el previsto en la Ley 33
de 1985, sino en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993.
Que, en la providencia cuestionada, al relacionar los tiempos de servicio prestados al
servicio del Estado, se omitió el periodo comprendido entre el 28 de octubre de 1987
y el 1° de noviembre de 1988, cuando laboró como jefe de Control Previo de la
Contraloría Departamental del Magdalena, que al sumar ese tiempo se hubiera
concluido que cumplió los 20 años al servicio al Estado y, por lo tanto, su pensión
debía reliquidarse conforme con la Ley 33 de 1985.
Indicó que, el argumento del fallador para adoptar la decisión “no se compadece con
la realidad, toda vez que solo incluyó dos de los tres periodos o tiempos de servicio
que mi Poderdante laboró a órdenes de la CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL
MAGDALENA con lo cual el Demandante ajusta más de 20 años de servicio al
Estado, todos en el orden regional; tal como se comprueba con la documentación
que obra en el expediente”.
Precisó que, acorde con lo previsto en el artículo 212 CPACA, la Sección Segunda
del Consejo de Estado dentro del término de ejecutoria del auto admisorio del
recurso de apelación debió solicitar las pruebas necesarias, si para el caso
específico existía una duda razonable y se requería esclarecer unos hechos
relevantes en el proceso.
2. Trámite procesal
En auto del 31 de mayo de 2022, se admitió el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por el señor Hernando Segundo Barros Acosta, se ordenaron las
notificaciones de rigor1 y, por secretaría, se requirió al Tribunal Administrativo del
Magdalena, para que remitiera en calidad de préstamo, el expediente dentro del cual
se tramitó el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número:
47001-23-33-000-2016-00389-00.
Mediante auto del 24 de octubre de 2022, se tuvieron como pruebas los documentos
aportados con la demanda y se reiteró el requerimiento al Tribunal Administrativo del
Magdalena para la remisión del expediente dentro del cual se profirió la sentencia
cuestionada.
3. Contestación al recurso
La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones guardó silencio.
4. Concepto del Ministerio Público
El Ministerio Público no rindió concepto.
1
Se ordenó notificar personalmente, a través de los diferentes canales virtuales, a la Administradora Colombiana
de Pensiones - Colpensiones, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx
3
Radicado: 11001 03 15 000 2022 00179 00
Demandante: Hernando Segundo Barros Acosta
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en el inciso 1 del artículo 249 del CPACA, de los
recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones
del Consejo de Estado, conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sin
exclusión de la sección que profirió la decisión.
El Acuerdo 321 del 2 de diciembre de 2014, expedido por la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, reglamentó la integración y
funcionamiento de las Salas Especiales de Decisión de que trata el artículo 107 de la
Ley 1437 de 2011.
Por su parte, el numeral 1 del artículo 29 del Acuerdo 080 de 2019, asigna la
competencia a las Salas Especiales de Decisión de los recursos extraordinarios de
revisión interpuestos contra las sentencias de las Secciones o Subsecciones del
Consejo de Estado.
De acuerdo con lo anterior, a la Sala Quinta Especial de Decisión del Consejo de
Estado le corresponde conocer del recurso extraordinario de revisión interpuesto por
el señor Hernando Segundo Barros Acosta contra la sentencia del 28 de enero de
2021, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B.
2. Oportunidad del recurso
El recurso extraordinario de revisión se presentó el 14 de enero de 2022, es decir, en
vigencia del CPACA, por lo que, es procedente revisar el término de interposición,
conforme con lo previsto en el artículo 251 ejusdem, según el cual, el recurso podrá
interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia2.
Comoquiera que la sentencia que se cuestiona quedó ejecutoriada el 31 de mayo de
20213 y el recurso extraordinario de revisión se radicó el 14 de enero de 2022, es
claro que la demanda se presentó dentro del término.
3. Legitimación en la causa
Respecto del señor Hernando Segundo Barros Acosta recae el interés jurídico que
se debate en el sub examine, en tanto que, fue la parte demandante vencida dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho objeto de reproche.
2
“Artículo 251. Término para interponer el recurso. El recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la
ejecutoria de la respectiva sentencia.
En los casos contemplados en los numerales 3 y 4 del artículo precedente, deberá interponerse el recurso dentro
del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia penal que así lo declare.
En el caso del numeral 7, el recurso deberá presentarse dentro del año siguiente a la ocurrencia de los motivos
que dan lugar al recurso.
En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro de los cinco
(5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del
mismo término contado a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio”.
3
Según consta en el índice 15 de SAMAI.
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx
4
Radicado: 11001 03 15 000 2022 00179 00
Demandante: Hernando Segundo Barros Acosta
Por su parte, la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, está
legitimada, pues fue parte demandada en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho en el cual se profirió la sentencia que ahora se cuestiona.
La Sala procede a pronunciarse respecto de: (i) la naturaleza y marco legal de la
acción extraordinaria de revisión y, (ii) el alcance y requisitos de la causal 5 del
artículo 250 del Código de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
4. Naturaleza y marco legal del recurso extraordinario de revisión
En los términos del artículo 249 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, el recurso extraordinario de revisión procede contra las
sentencias ejecutoriadas dictadas por las Secciones y Subsecciones de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales
Administrativos y por los jueces administrativos, en los eventos contemplados en el
artículo 250 del CPACA4.
Respecto de la naturaleza del recurso extraordinario de revisión, la Corte
Constitucional lo ubica como una verdadera acción contra decisiones injustas, a fin
de restablecer la justicia material5, en el mismo sentido, la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, a través de la Sala Especial
Número Tres6, explicó que, en general, es un medio de impugnación excepcional
contra la sentencia, que permite el rompimiento del principio de cosa juzgada. Se
propone con el fin de restablecer tanto el imperio de la justicia como la vigencia del
ordenamiento jurídico, que pueden resultar quebrantados por las sentencias injustas.
Dicho recurso, sin embargo, no es el mecanismo para cuestionar la actividad
interpretativa, ni la valoración probatoria del juez, ni para que el afectado con la
sentencia proponga cuestiones que no alegó oportunamente en el proceso originario.
Es un instrumento para discutir y ventilar ciertos hechos procesales externos a la
labor funcional del juez, que pueden llegar a afectar el principio de justicia material.
4
“Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son
causales de revisión:
1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se
hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor
o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.
3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos
en su expedición.
4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la
sentencia.
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación.
6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar.
7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud
legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales
para su pérdida.
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que
aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de
cosa juzgada y fue rechazada”.
5
Sentencia C-418 de 1994.
6
Ver, sentencia del 6 de septiembre de 2016, expediente con radicado número: 11001031500020130199800.
M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, Sala Especial de Decisión número 3.
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx
5
Radicado: 11001 03 15 000 2022 00179 00
Demandante: Hernando Segundo Barros Acosta
De ahí que, el ámbito de revisión esté restringido por las causales que el legislador
ha determinado de manera taxativa, causales que, en todo caso, por tratarse de
situaciones excepcionales contra el valor de la cosa juzgada, no admiten
interpretaciones más allá de lo que en buena ley se deduce de su texto.
Las causales de revisión previstas en el artículo 250 CPACA básicamente tienen que
ver con hechos como la falsedad, el fraude, el error, la aparición de documentos
decisivos que hubieren modificado el sentido de la decisión o incluso la violación del
debido proceso. Esas causales, como es apenas obvio, no aluden a errores
sustanciales que puedan derivarse de la falta de aplicación, la aplicación indebida o
la interpretación errónea de una norma sustancial. No es un recurso que proceda por
violación de la ley7.
5. Del alcance y requisitos de la causal quinta: -“(…) 5. Existir nulidad
originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede
recurso de apelación”.
De la lectura del numeral 5 del artículo 250 del CPACA, es posible advertir que para
que se configure la causal, deben concurrir los siguientes requisitos: (i) que la
providencia que es recurrida mediante el recurso extraordinario de revisión ponga fin
al proceso; (ii) que contra esta decisión no proceda el recurso de apelación y, (iii)
que la nulidad alegada haya ocurrido en el momento en que se dictó la sentencia y
no antes8.
Pues bien, por regla general, los motivos de nulidad que afectan la sentencia son
aquellos eventos descritos en el artículo 133 del Código General del Proceso9 –
antes el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil – y por violación del artículo
29 de la Constitución Política10, ocurre lo propio en las distintas jurisdicciones11.
7
Ibídem.
8
Recuérdese, que de conformidad con el parágrafo del artículo 133 del Código General del Proceso, las demás
irregularidades del proceso que no se impugnan oportunamente por los mecanismos que establece el código se
tendrán por subsanadas.
9
La comprensión del artículo 133 del Código General del Proceso permite advertir que las causales de nulidad
tienen que ver básicamente con sucesos del siguiente orden:
1. Que el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción o de competencia.
2. Que el juez proceda contra providencia ejecutoriada del superior, reviva un proceso legalmente concluido o
pretermita íntegramente la respectiva instancia.
3. Que se adelante después de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupción o de suspensión, o si,
en estos casos, se reanude antes de la oportunidad debida.
4. Cuando es indebida la representación de alguna de las partes, o cuando quien actúa como su apoderado
judicial carece íntegramente de poder.
5. Cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, o cuando se omite la práctica
de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria.
6. Cuando se omita la oportunidad para alegar de conclusión o para sustentar un recurso o descorrer su traslado.
7. Cuando la sentencia se profiera por un juez distinto del que escuchó los alegatos de conclusión o la
sustentación del recurso de apelación.
8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas
determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas
como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo
ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo
con la ley debió ser citado.
10
la Corte Constitucional en las sentencias C-491 de 1995, C-217 de 1996 y C-739 de 2001 precisó que la
nulidad originada en la sentencia no se restringe a las causales que prevé el Código General del Proceso – antes
Código de Procedimiento Civil-, que, adicionalmente, puede derivar de la violación al debido proceso establecido
en el artículo 29 de la Constitución Política.
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx
6
Radicado: 11001 03 15 000 2022 00179 00
Demandante: Hernando Segundo Barros Acosta
Será entonces, en los eventos en los que algunas de las circunstancias descritas en
la precitada norma se configuren en el momento procesal de la expedición de la
sentencia que se habilita el recurso extraordinario de revisión12, pues recuérdese, que
de conformidad con el parágrafo del artículo 133 del Código General del Proceso, las
demás irregularidades del proceso que no se impugnan oportunamente se tendrán
por subsanadas y que, en los términos del inciso final del artículo 135 ejusdem, será
rechazada de plano toda solicitud de nulidad que se funde en hechos que se
propongan después de saneada la nulidad, sin perjuicio de las nulidades insaneables
que describe el parágrafo del artículo 136 de la misma norma.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de mayo de
2011, en el expediente con radicado número: 11001-03-15-000-2008-00294-00,
identificó algunos eventos es los que se predica la existencia de la nulidad originada
en la sentencia, en los siguientes términos:
“En síntesis, la nulidad que tiene origen en la sentencia se presenta por i) falta de
jurisdicción o competencia, ii) cuando se dicta nueva sentencia en proceso terminado
normalmente por sentencia firme, iii) cuando sin más actuación se dicta sentencia
después de ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido aceptado el desistimiento,
aprobada la transacción o declarada la perención del proceso, iv) cuando se dicta
sentencia como única actuación, sin el previo trámite correspondiente, v) cuando se
condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la
demanda o por causa diferente de la invocada en ésta, vi) cuando se condena a quien no
ha sido parte en el proceso, vii) o cuando, sin más actuación, se profiere sentencia
después de ocurrida cualquiera de las causas legales de interrupción o de suspensión o,
en estos casos, antes de la oportunidad debida, viii) cuando la sentencia aparece firmada
con mayor o menor número de magistrados, o adoptada con un número de votos diverso
13
al previsto en la ley, ix) cuando la providencia carece completamente de motivación[ ]”.
Aunado a lo anterior, esta Corporación ha previsto que la causal de nulidad originada
en la sentencia también comprende la violación al principio de congruencia, así:
“Ahora bien, la causal quinta del artículo 250 del CPACA también comprende la violación
del principio de congruencia cuando al accionado es condenado por cantidad superior, o
por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente a la invocada en
ésta; también se configura en el evento que la sentencia no se pronuncie sobre todos los
14
puntos litigiosos objeto del debate (cifra petita)”
11
La jurisdicción civil [Artículos 379 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.], la jurisdicción penal
[Artículos 192 y siguientes de la Ley 906 de 2004 Código de Procedimiento Penal], la jurisdicción ordinaria laboral
[Artículo 62 y siguientes del Código de Procedimiento Laboral] y la jurisdicción de lo contencioso administrativo
[artículo 250 y siguientes del Código de lo Contencioso Administrativo y de Procedimiento Administrativo].
12
Salvo algunos eventos en los que, a pesar de presentarse en un momento previo a la emisión del fallo, no pudo
ser advertida por el afectado, caso en el cual el interesado tiene la carga de probar que no tuvo la oportunidad de
proponer la nulidad o alegar el vicio oportunamente. De lo contrario, la causal de revisión en cuestión se
convertiría en una anormal oportunidad para que las partes subsanen las omisiones del proceso ordinario y
aleguen nulidades o errores procesales que debieron proponer dentro del término oportuno. Al respecto, ver
sentencias del 3 de diciembre de 2019, expediente con radicado número: 11001-03-15-000-2018-01235-00 y del
3 de diciembre de 2019, expediente con radicado número: 11001-03-15-000-20120-00643-00.
13
Al respecto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 20 de octubre
de 2009, dentro del expediente con radicado número: 2003-00133-00, señaló que la nulidad originada en la
sentencia por ausencia de motivación, se presenta solamente ante la carencia total de pronunciamiento del
juez sobre las razones de hecho o de derecho que le permiten arribar a una decisión.
14
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 7 de septiembre de 2018, Rad. REV 2014-
00440-00.
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx
7
Radicado: 11001 03 15 000 2022 00179 00
Demandante: Hernando Segundo Barros Acosta
Se resalta que la Sala Plena de esta Corporación dio un nuevo alcance a la referida
causal, en lo que concierte al derecho al debido proceso. En sentencia de unificación
del 8 de mayo de 2018, proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado, en el
expediente con radicado número: 11001-03-15-000-1998-00153-0115, se refirió
ampliamente al derecho a la tutela judicial efectiva o recurso judicial efectivo y
consideró que el recurso de revisión y las causales que dan lugar a su solicitud,
constituyen un mecanismo judicial destinado a la protección de derechos
fundamentales como el de acceso a la justicia y el debido proceso, es decir, es
un instrumento o medio de control adicional que el legislador diseñó para la
protección de esos derechos fundamentales y, por tanto, hacen parte del haz de
acciones para la satisfacción plena del derecho fundamental a la tutela judicial
efectiva16.
Al respecto, precisó que toda persona tiene derecho al debido proceso y, por tal
razón, a que los procesos judiciales sean resueltos de fondo cuando el cumplimiento
de los presupuestos procesales así lo permita, pues de lo contrario, iría en
detrimento no solo del derecho al debido proceso, sino del derecho de acceso a una
real y efectiva administración de justicia, dado que la no resolución de las
controversias judiciales, fundada en motivos caprichosos, equivale a una falta de
tutela judicial efectiva y, en forma genérica a una vulneración al debido proceso.
Por tal razón, la Sala concluyó, que también hay una vulneración del derecho
fundamental al debido proceso, artículo 29 Constitucional, cuando una autoridad
judicial dicte sin fundamento válido, razonable, una sentencia inhibitoria, por
considerarla una clara denegación de justicia.
Al tiempo, estableció que, en adelante, «los eventos definidos tradicionalmente por la
jurisprudencia de esta Corporación como constitutivos de nulidades originadas en
sentencia, no son taxativos».
En ese sentido, en aras de hacer efectivos los derechos a la tutela judicial efectiva, al
acceso a la administración de justicia y al debido proceso, estableció como subregla
jurisprudencial: es deber del juez decidir de fondo los litigios cuando las circunstancias así
se lo permitan, lo que significa que la violación a tales preceptos cuando se expide un fallo
inhibitorio injustificado también configura la causal de revisión alegada.
Finalmente, se precisa que esta causal no procede para controvertir las razones del
fallo ni para corregir los errores de apreciación de los hechos y de las pruebas, en
que, a juicio del recurrente, hubiera incurrido el fallador. Un entendimiento distinto
equivaldría a convertir el recurso en un juicio en que se discutirían nuevamente los
hechos, ya dilucidados con fuerza de cosa juzgada17. En los términos de la sentencia
15
En esa oportunidad, la Sala Plena estableció que se configura la nulidad originada en la sentencia i) cuando se
presenta alguno de los hechos enlistados en el artículo 140 del C. P. C, vigente para la época en que se dictó el
fallo de segunda instancia, objeto del recurso de revisión, [actualmente artículo 133 del Código General del
Proceso] y ii) por desconocimiento del artículo 29 de la Carta Política, como expresamente lo reconoció esta
Corporación en la sentencia de 7 de febrero de 2006, expediente REV-00150 y la Corte Constitucional en la
Sentencia C-739 de 2001 y entró a determinar si un fallo inhibitorio no justificado, es causal de nulidad
constitucional por violación de los derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia y a una tutela
judicial efectiva.
16
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 21 de junio de 2012, Rad. 11001-03-15-000-2012-00676-00.
17
Sentencias del 16 de agosto de 2018, expediente con radicado número: 23001-33-31-003-2007-00107-01
[47300], Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado, M.P. Guillermo Sánchez Luque Consejo de
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx
8
Radicado: 11001 03 15 000 2022 00179 00
Demandante: Hernando Segundo Barros Acosta
del 11 de octubre de 200518, “no se trata de controvertir la corrección o incorrección del
juzgamiento, ni de corregir los errores de apreciación de los hechos y de las pruebas, en que
a juicio del recurrente hubiera podido incurrir el fallador, pues eso equivaldría a convertir el
recurso en un juicio contra el fondo de la sentencia, discutiendo nuevamente los hechos, ya
dilucidados con fuerza de cosa juzgada; sino de la inobservancia de las reglas propias de la
sentencia, que vician su validez”.
6. Planteamiento del problema jurídico
En los términos del recurso, a la Sala le corresponde estudiar si la sentencia
proferida el 28 de enero de 2021, por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado
con número 47001-23-33-000-2016-00389-01, está incursa en la causal de revisión
prevista en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011.
Para lo anterior, la Sala establecerá si los argumentos planteados por la parte
recurrente se enmarcan dentro de los presupuestos para alegar la causal invocada.
7. De la solución al problema jurídico planteado
El señor Hernando Segundo Barros Acosta pidió que se dejara sin efecto la
sentencia del 28 de enero de 2021, proferida por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, que confirmó el fallo del 28 de noviembre de 2018, del
Tribunal Administrativo del Magdalena, que negó las pretensiones de la demanda,
referentes a que se ordenara la reliquidación de la pensión de jubilación aplicando la
Ley 33 de 1985, esto es, con el 75 % del promedio de los salarios cotizados durante
los últimos 10 años de servicio público.
La petición del señor Barros Acosta se funda en que, la sentencia cuestionada se
encuentra incursa en la causal 5 del artículo 250 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, porque se vulneró su derecho
fundamental al debido proceso, por indebida valoración de las pruebas que fueron
aportadas al proceso, con las cuales se acreditaba el cumplimiento de los requisitos
para reliquidar su pensión con base en la Ley 33 de 1985.
Concretamente, indicó que, al momento de determinar el tiempo de servicio cotizado,
no se tuvo en cuenta el periodo comprendido entre el 28 de octubre de 1987 y el 1°
de noviembre de 1988, cuando laboró como jefe de Control Previo de la Contraloría
Departamental del Magdalena, cumpliendo así con los 20 años de servicio al Estado
que exige la norma para que le sea reconocida la pensión con el IBL de los últimos
10 años laborados como servidor público.
Al respecto, se observa que, el cargo cumple con los requisitos de procedencia de la
causal, en tanto: la providencia recurrida mediante el recurso extraordinario de
revisión puso fin al proceso [del 28 de enero de 2021, proferida por la Sección
Segunda, Subsección B del Consejo de Estado]; contra esta decisión no procedía el
recurso de apelación, pues es una sentencia de segunda instancia que confirmó el
Estado, que reitera la sentencia del 11 de octubre de 2005, Rad. 00794-00 de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo.
18
Expediente con radicado número: 11001-03-15-000-2003-00794-01 M.P. Ligia López Díaz, Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo.
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx
9
Radicado: 11001 03 15 000 2022 00179 00
Demandante: Hernando Segundo Barros Acosta
fallo del 28 de noviembre de 2018 y, la nulidad alegada se invoca con ocasión a la
sentencia, no antes, pues se alega una presunta violación al debido proceso en la
valoración de las pruebas decretadas y aportadas al proceso.
En cuanto a los presupuestos de fondo para declarar su prosperidad, la Sala entrará
a analizar si se vulneró el debido proceso del señor Barros Acosta, teniendo en
cuenta que, los argumentos del recurrente no se circunscriben a una discrepancia
con la valoración probatoria, sino a la nulidad originada en la sentencia por falta
absoluta de consideración de un elemento de prueba sobre un hecho cuya negación
en la sentencia incide directamente en la decisión adoptada.
Teniendo en cuenta que el recurso extraordinario no es una instancia adicional del
proceso ordinario, ni está previsto para revivir discusiones jurídicas e incorporar
material documental respecto de un asunto que se encuentra definido por el juez
natural de conocimiento, el análisis será restrictivo y solo referente a determinar si se
vulneró o no el debido proceso del recurrente.
Como se indicó, el recurrente asegura que en la sentencia no se tuvo en cuenta el
periodo comprendido entre el 28 de octubre de 1987 y el 1° de noviembre de 1988,
para efectos de computar el tiempo que trabajo como servidor público, pese a que en
el expediente ese periodo de cotización se encontraba acreditado. Al respecto, se
evidencia que:
Mediante Resolución nro. GNR 262876 del 18 de julio de 201419, Colpensiones
reconoció y ordenó el pago de una pensión vitalicia de jubilación a favor del señor
Hernando Segundo Barros Acosta, al considerar, entre otras cosas que, “el
interesado acredita un total de 7,226 días laborados, correspondientes a 1,032
semanas”. Debe precisarse que, en la relación de tiempos de servicio no se enlistó el
periodo comprendido desde el 28 de octubre de 1987 hasta el 1° de noviembre de
1988.
En la Resolución nro. GNR 409677 del 25 de noviembre de 201420, la Vicepresidencia
de Beneficios y Prestaciones de Colpensiones resolvió el recurso de reposición
interpuesto contra el acto de reconocimiento pensional. En dicha resolución se
precisó que el señor Barros Acosta acreditó un total de 8,330 días laborados,
correspondientes a 1.190 semanas, dentro de las cuales se encontraba incluido le
periodo comprendido desde el 28 de octubre de 1987 hasta el 1° de noviembre de
1988, en la Contraloría del Magdalena.
Posteriormente, mediante Resolución VPB 42083 del 11 de mayo de 201521, se
resolvió el recurso de apelación, en la que se confirmó la Resolución nro. GNR
409677 del 25 de noviembre de 2014. En el referido acto administrativo se hizo una
relación de los tiempos de servicio del actor, dentro de los cuales se evidencia el
periodo del 28 de octubre de 1987 al 1° de noviembre de 1988, en la Contraloría del
Magdalena y concluyó que “(…) el interesado acredita un total de 8,328 días
laborados, correspondientes a 1,190 semanas”.
19
Folios 69 a 72 del expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que se envió en
calidad de préstamo.
20
Folios 75 a 78 ibd.
21
Folios 80 a 85 ibd.
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx
10
Radicado: 11001 03 15 000 2022 00179 00
Demandante: Hernando Segundo Barros Acosta
En la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho el señor Barros Acosta
solicitó la reliquidación de su pensión de jubilación, con el régimen previsto en la Ley
33 de 1985, esto es, con el salario promedio del último año de servicios, incluyendo
los factores salariales de prima de vacaciones, prima de navidad, viáticos
permanentes y gastos de representación, que devengó entre el 1° de enero y el 31
de diciembre de 2007.
Revisado el expediente contentivo del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, se evidencia que Colpensiones en la contestación de la demanda22 hizo
alusión a los tiempos de servicio del señor Barros Acosta y validó la información
reportada en la Resolución nro. GNR 409677 del 25 de noviembre de 2014. Aunado
a ello, se aportaron el reporte de semanas cotizadas23, así como los actos
administrativos de reconocimiento y reliquidación demandados.
Los anteriores documentos dan cuenta de la vinculación entre el señor Barros Acosta
y la Contraloría del Magdalena, entre el 28 de octubre de 1987 y el 1° de noviembre
de 1988, tiempo de servicios que le serviría para completar los 20 años exigidos para
obtener la liquidación de la pensión en los términos de la Ley 33 de 1985.
El fallo de primera instancia no hizo referencia a los tiempos de servicio prestados
por el señor Barros Acosta, pues el análisis de la decisión del Tribunal se centró en
determinar que era aplicable la sentencia unificación del 28 de agosto de 2018,
proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado y, en esa medida, no
procedía la reliquidación pensional con el fin de que se tuviera en cuenta como
ingreso base de liquidación la totalidad de los factores devengados en el último año
de servicios.
En el recurso de apelación, el actor insistió en que debía determinarse que el
régimen aplicable era la Ley 33 de 1985, porque acreditó los 20 años de servicio al
Estado y que no era dable equipararlo con la Ley 71 de 1988, como lo hizo el a quo.
Que el cómputo de los últimos 10 años de servicios prestados en el sector público,
como lo ordena la Ley 33 de 1985, corresponde a salarios muy superiores al de los
últimos 10 años de servicio prestados conjuntamente.
En la sentencia de segunda instancia se concluyó que la pensión del señor Barros
Acosta, no podía reliquidarse con fundamento en la Ley 33 de 1985, con los
siguientes argumentos:
“Por otra parte, en cuanto a la pretensión formulada por el actor encaminada a que se le
reconozca la pensión con fundamento en la Ley 33 de 1985, esta carece de sustento
fáctico y jurídico, comoquiera que los tiempos públicos cotizados resultan insuficientes
para colmar el requisito previsto en dicha normativa, pues solamente alcanzó un total
de 19 años, 1 mes y 14 días en el sector oficial, como se aprecia a continuación:
Empleador Desde Hasta
Departamento de Magdalena 10/1/1979 21/10/1983
Departamento de Magdalena 12/1/1984 28/5/1984
Departamento de Magdalena 7/12/1984 14/4/1986
Contraloría del Magdalena 1/7/1986 17/7/1987
22
Folios 89 a 95 ibd.
23
Folios 96 a 100 ibd.
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx
11
Radicado: 11001 03 15 000 2022 00179 00
Demandante: Hernando Segundo Barros Acosta
Departamento de Magdalena 4/11/1988 27/12/1990
Contraloría del Magdalena 8/1/1991 8/1/1992
Departamento de Magdalena 7/7/1994 9/8/1995
Municipio de Pueblo Viejo 15/8/1995 13/3/1997
Municipio de Pueblo Viejo 31/1/2001 25/10/2002
Municipio de Pueblo Viejo 1/1/2004 31/12/2007
Total 19 años, 1 mes y 14 días
Por consiguiente, no es dable acceder a la reliquidación de la pensión con base en la
Ley 33 de 1985, toda vez que, se insiste, el demandante no alcanzó los 20 años de
servicios públicos de que trata el régimen pensional contenido en esa norma.”
Tal y como lo afirmó el recurrente, en la sentencia acusada no se tuvo en cuenta el
periodo comprendido desde el 28 de octubre de 1987 hasta el 1° de noviembre de
1988, en la Contraloría del Magdalena, para efectos de computar el tiempo de
servicio como funcionario público. Cabe destacar que lo referidos tiempos de servicio
no eran objeto de controversia, pues como se indicó en párrafos anteriores los
argumentos expuestos en el trámite de primera instancia se limitó a analizar si el IBL
de la pensión del actor era el previsto en la Ley 33 de 1985 o en el artículo 21 de la
Ley 100 de 1993.
Aunado a ello, las certificaciones de tiempo de servicio y los actos administrativos de
reconocimiento pensional tuvieron en cuenta el referido periodo de tiempo y dentro
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho las partes no cuestionaron la
veracidad o no de esas cotizaciones.
Aunque era acertado que en la sentencia cuestionada se hiciera referencia a los
tiempos de servicio del señor Barros Acosta como funcionario público, para efectos
de determinar si era aplicable la Ley 33 de 1985, a efectos de liquidar la pensión de
jubilación. No se explicaron las razones por las cuales no se tuvo en cuenta el lapso
ya referido. Valga decir, que al haber efectuado la sumatoria con ese periodo, se
habría dado por cumplido el requisito de los 20 años de servicio en el sector público
y, en consecuencia, determinar la posibilidad de reliquidar la pensión del señor
Barros Acosta con base en la Ley 33 de 1985.
En ese orden, la Sala declarará fundado el recurso extraordinario de revisión y, por
consiguiente, infirmará la sentencia 28 de enero de 2021, en la que se confirmó el
fallo del 28 de noviembre de 2018, del Tribunal Administrativo del Magdalena, que
negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.
Como consecuencia, se devolverá el proceso a la Subsección B, Sección Segunda
del Consejo de Estado, para que dicte sentencia de nuevo, en la que se analice si
hay lugar a reliquidar la pensión de jubilación del señor Hernando Segundo Barros
Acosta, conforme a lo previsto en la Ley 33 de 1985, teniendo en cuenta el periodo
comprendido desde el 28 de octubre de 1987 hasta el 1° de noviembre de 1988, en
la Contraloría del Magdalena, para efectos de computar el tiempo de servicio como
funcionario público.
8. Condena en costas
El artículo 255 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 70 de la Ley 2080
de 2021, prevé que “Si se declara infundado el recurso, se condenará en costas y
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx
12
Radicado: 11001 03 15 000 2022 00179 00
Demandante: Hernando Segundo Barros Acosta
perjuicios al recurrente”. Dicha norma es aplicable en el presente caso, teniendo en
cuenta que, el recurso extraordinario de revisión se interpuso en su vigencia – 14 de
enero de 2022-.
Teniendo en cuenta que en el presente caso el recurso extraordinario de revisión se
declarará fundado, no hay lugar a la condena en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala Quinta Especial de Decisión, administrando justicia, en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Declarar fundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el
señor Hernando Segundo Barros Acosta contra la sentencia del 28 de
enero de 2021, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B – dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho radicado con nro. 47001-23-33-000-2016-00389-01. En
consecuencia, se infirma la sentencia.
Segundo: Ordenar al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, que
dicte nueva sentencia, en la que se analice si hay lugar a reliquidar la
pensión de jubilación del señor Hernando Segundo Barros Acosta,
conforme a lo previsto en la Ley 33 de 1985, teniendo en cuenta el periodo
comprendido desde el 28 de octubre de 1987 hasta el 1° de noviembre de
1988, en la Contraloría del Magdalena, para efectos de computar el tiempo
de servicio como funcionario público.
Tercero: Sin condena en costas.
Quinto: En firme esta providencia, devolver al despacho de origen para lo de su
cargo.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente de la Sala
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
(Firmado electrónicamente)
NICOLÁS YEPES CORRALES
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx
13
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.