Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2016-00389-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2016-00389-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 47001-23-33-000-2016-00389-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
20 de noviembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA- SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024).
Radicado : 47001-23-33-000-2016-00389-01 (2402-2019)
Demandante : Hernando Segundo Barros Acosta
Demandada : Administradora Colombiana de Pensiones
Colpensiones
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema : Reliquidación de pensión ordinaria de jubilación
conforme a las Leyes 33 y 62 de 1985; factores
salariales que deben tenerse en cuenta en el
ingreso base de liquidación pensional de persona
beneficiaria del régimen de transición de la Ley
100 de 1993
Decisión : Sentencia de segunda instancia
La Sala procede a dar cumplimiento al fallo emitido por la Sala Quinta Especial
de Decisión de esa Corporación, con ponencia del Dr. Milton Chaves García,
el diecinueve (19) de mayo de dos mil veintitrés (2023), dentro del recurso
extraordinario de revisión con radicado: 11001 03 15 000 2022 00179 00 y en
el que se indicó lo siguiente:
Primero: Declarar fundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por
el señor Hernando Segundo Barros Acosta contra la sentencia del 28 de enero
de 2021, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B –
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado con nro.
47001-23-33-000-2016-00389-01. En consecuencia, se infirma la sentencia.
Segundo: Ordenar al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, que
dicte nueva sentencia, en la que se analice si hay lugar a reliquidar la pensión
de jubilación del señor Hernando Segundo Barros Acosta, conforme a lo previsto
en la Ley 33 de 1985, teniendo en cuenta el periodo comprendido desde el 28
de octubre de 1987 hasta el 1° de noviembre de 1988, en la Contraloría del
Magdalena, para efectos de computar el tiempo de servicio como funcionario
público.
Por consiguiente, la Subsección decide el recurso de apelación interpuesto por
la parte demandante, contra la sentencia proferida el 28 de noviembre de 2018
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Interno: 2402-2019
Demandante: Hernando Segundo Barros Acosta
Demandado: Colpensiones
proferida por el Tribunal Administrativo de Magdalena, mediante el cual negó
las pretensiones de la demanda.
l. ANTECEDENTES
1. Demanda
1.1. Pretensiones
Hernando Segundo Barros Acosta mediante apoderado judicial, acudió a la
jurisdicción en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
para solicitar la nulidad de los siguientes actos administrativos1:
• Resoluciones Nos. GNR 262876 del 18 de julio y GNR 409677 del 25
de noviembre, todas de 2014, por medio de las cuales se ordenó el
reconocimiento pensional y en la segunda se reajustó bajo la égida de
la Ley 71 de 1988.
A título de restablecimiento del derecho pidió que se condene a la entidad
enjuiciada a (i) declarar que el demandante debe ser pensionado con
fundamento en el régimen establecido en el artículo 1 de la Ley 33 de 1985 y
normas concordantes, esto es, que la prestación periódica debe liquidarse con
la inclusión de todos los factores salariales devengados en el último año de
servicios; (ii) Condenar a la demandada al pago del retroactivo desde el 20 de
febrero de 2010; (iii) Condenar al pago de intereses de conformidad con el
artículo 141 de la Ley 100 de 1993; y (v) condenar al pago de costas.
Los hechos en que se fundamentan las pretensiones de la demanda son los
siguientes:
Precisó que, al accionante le reconocieron la pensión a través de la Resolución
GNR 262876 del 18 de julio de 2014.
1
Samai índice 00029 dentro del radicado: 11001 03 15 000 2022 00179 00 que corresponde al del recurso
extraordinario de revisión.
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Interno: 2402-2019
Demandante: Hernando Segundo Barros Acosta
Demandado: Colpensiones
Enfatizó que mediante Resolución GNR 409677 del 25 de noviembre de 2014
modificó la anterior. Luego, la misma entidad a través de la Resolución VPB -
42083 del 11 de mayo de 2015, negó el recurso de apelación.
Destaca que actualmente percibe un monto pensional de $ 1.370.831.
1.2. Normas violadas y concepto de violación
Como normas violadas se citan en la demanda las siguientes:
Constitución Política, artículos 13, 29, 48, 53 y 83; Leyes 33 y 62 de 1985
respectivamente; 71 de 1988 y; 1437 de 2011.
Asegura que es beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo
36 de la Ley 100 de 1993, por ende, le asiste derecho a que su pensión sea
liquidada de conformidad con la Ley 33 de 1985, con el universo de los factores
salariales devengados durante el último año de servicios, en armonía con el
criterio jurisprudencial del Consejo de Estado, fijado en sentencia de
unificación de 4 de agosto de 2010, comoquiera que acredita un total de 20
años, 1 mes y 1 día de servicio público, por lo que los actos acusados
contravienen las disposiciones legales arriba citadas, al haberle concedido la
prestación con fundamento en la Ley 71 de 1988.
2. Contestación de la demanda
Colpensiones2 se opuso a la prosperidad de las pretensiones, al considerar
que:
Respecto a lo alegado esgrime que el solicitante solo cuenta con dieciocho
(18) años, un (1) mes y dieciséis (16) días con vinculación de tipo público, es
decir no acredita los veinte (20) años de servicio público.
Que por tal razón le fue concedido el derecho prestacional conforme los
parámetros de la Ley 71 de 1988.
2
Ibidem
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Interno: 2402-2019
Demandante: Hernando Segundo Barros Acosta
Demandado: Colpensiones
Propone como excepciones las que denominó como ineptitud de la demanda
por indebida acumulación de pretensiones, inexistencia de la obligación
pretendida, cobro de lo no debido, presunción de legalidad de los actos
administrativos, falta de causa para pedir, buena fe, prescripción de las
mesadas pensionales y compensación.
3. Sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo del Magdalena por sentencia de 28 de noviembre
de 2018 negó las súplicas de la demanda y sin condena en costas, en
consideración a que, de conformidad con el criterio jurisprudencial fijado por el
Consejo de Estado, en fallo de unificación de 28 de agosto de 2018, el régimen
de transición «[…] siendo imperativo prácticamente la aplicación de los criterios unificadores
delineados por el máximo Tribunal en materia contenciosa administrativa. Así las cosas, a
esta Corporación no le queda otra opción que acogerse al nuevo lineamiento jurisprudencial
trazado por el H. Consejo de Estado en materia de liquidación y reliquidación de pensiones de
jubilación, razón por cual tal criterio le será aplicable al caso bajo estudio […]».
Y luego concluye: «En efecto, con relación a los actos administrativos demandados en el
sub-lite, se permite advertir el Tribunal que los mismos fueron expedidos teniendo en cuenta
las directrices normativas contenidas en el régimen anterior la Ley 33 de 1985, la Ley 71 de
1988 y en el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 como en efecto lo precisó la
sentencia de unificación de fecha 28 de agosto de 2018, razón por la cual no procede la
reliquidación pensional con el fin de que se tuviera como ingreso base de liquidación la
totalidad de los factores devengados en el último año de servicios, incluyendo aquellos sobre
los que realizó los aportes al Sistema General del Pensi0nes, en virtud de lo cual advierte el
Tribunal ningún vicio de nulidad que suprima la presunción de legalidad que ostentan los actos
administrativos enjuiciados ».
4. Recurso de apelación
Inconforme con la decisión, el apoderado de la parte demandante, disiente de
la sentencia atacada, y sustenta el recurso de alzada al considerar que el a
quo «[…] omitió […] en la sentencia disponer que el régimen aplicable […] era la
Ley 33/85 tal como se solicitó […] en el libelo demandatorio, [lo que] le causó un
grave detrimento patrimonial, toda vez que el cómputo de los últimos 10 años de
servicios prestados en el sector público, como lo ordena la Ley 33/85
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Interno: 2402-2019
Demandante: Hernando Segundo Barros Acosta
Demandado: Colpensiones
corresponden a salarios muy superiores a los [de] los últimos 10 años de servicio
prestados conjuntamente […]», lo que también constituye un desconocimiento
de los principios favorabilidad y debido proceso.
5. Trámite del recurso Ley 1437 de 2011.
Por auto de 13 de noviembre de 20193, el consejero sustanciador admitió el
recurso de apelación; luego se dio traslado para alegar de conclusión el 8 de julio
de 2020 sin embargo las partes no hicieron uso del derecho.
Debe decirse que mediante sentencia del veintiocho (28) de enero de 2021,
esta Subsección confirmó «la sentencia de 28 de noviembre de 2018 proferida por el
Tribunal Administrativo del Magdalena, que negó las súplicas de la demanda en el proceso
instaurado por el señor Hernando Segundo Barros Acosta contra la Administradora
Colombiana de Pensiones (Colpensiones), conforme a la parte motiva.».
Sin embargo, esta providencia fue infirmada el diecinueve (19) de mayo de dos
mil veintitrés (2023), dentro del recurso extraordinario de revisión radicado:
11001 03 15 000 2022 00179 00.
Debe decirse que el fundamento para adoptar la decisión enrostró la Sala Quinta
Especial de Decisión fue:
“Tal y como lo afirmó el recurrente, en la sentencia acusada no se tuvo en cuenta
el periodo comprendido desde el 28 de octubre de 1987 hasta el 1° de noviembre
de 1988, en la Contraloría del Magdalena, para efectos de computar el tiempo de
servicio como funcionario público. Cabe destacar que lo referidos tiempos de
servicio no eran objeto de controversia, pues como se indicó en párrafos anteriores
los argumentos expuestos en el trámite de primera instancia se limitó a analizar si
el IBL de la pensión del actor era el previsto en la Ley 33 de 1985 o en el artículo
21 de la Ley 100 de 1993.
Aunado a ello, las certificaciones de tiempo de servicio y los actos administrativos
de reconocimiento pensional tuvieron en cuenta el referido periodo de tiempo y
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho las partes no
cuestionaron la veracidad o no de esas cotizaciones.
Aunque era acertado que en la sentencia cuestionada se hiciera referencia a los
tiempos de servicio del señor Barros Acosta como funcionario público, para efectos
de determinar si era aplicable la Ley 33 de 1985, a efectos de liquidar la pensión de
jubilación. No se explicaron las razones por las cuales no se tuvo en cuenta el lapso
ya referido. Valga decir, que al haber efectuado la sumatoria con ese periodo, se
habría dado por cumplido el requisito de los 20 años de servicio en el sector público
3
Samai índice 00006.
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Interno: 2402-2019
Demandante: Hernando Segundo Barros Acosta
Demandado: Colpensiones
y, en consecuencia, determinar la posibilidad de reliquidar la pensión del señor
Barros Acosta con base en la Ley 33 de 1985.
En ese orden, la Sala declarará fundado el recurso extraordinario de revisión y, por
consiguiente, infirmará la sentencia 28 de enero de 2021, en la que se confirmó el
fallo del 28 de noviembre de 2018, del Tribunal Administrativo del Magdalena, que
negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.”
Tomando en cuenta lo anterior, procede la Subsección a dictar el fallo ordenado
por la Sala Quinta Especial de Decisión de esa Corporación, previas las
siguientes:
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. La Sala se
pronunciará únicamente sobre las razones expuestas en la alzada.
2.2. Problema jurídico
Se circunscribe a establecer si Hernando Segundo Barros Acosta, siendo
beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, tiene derecho a
la reliquidación de la pensión de vejez teniendo en cuenta la totalidad de los
factores salariales devengados durante el último año de servicios, de
conformidad con el régimen ordinario previsto en las Leyes 33 y 62 de 1985,
al haber trabajado más 20 años en el sector oficial; o por el contrario, se ajustó
a derecho la liquidación contenida en los actos administrativos censurados,
esto es, que se fundamentaron en la Ley 71 de 1988, así como en el inciso 3°
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y su Decreto reglamentario 1158 de 1994,
como se efectuó en sede administrativa.
Para desatar el problema jurídico se abordarán los siguientes aspectos: (i)
hechos probados; y (ii) caso en concreto.
2.2.1. Lo probado en el proceso
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Interno: 2402-2019
Demandante: Hernando Segundo Barros Acosta
Demandado: Colpensiones
El señor Hernando Segundo Barros Acosta nació el 1 de junio de 19514.
Resolución GNR 262876 del 18 de julio de 2014, por medio de la cual la
Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones le reconoció al
demandante la pensión vitalicia de vejez en la suma de $ 1.199.346.
Resolución GNR 409677 del 25 de noviembre de 2014, por medio de la cual se
resolvió el recurso de reposición contra la GNR 262876 del 18 de julio de 2014,
y en la que se modificó la anterior.
Resolución VPB 42083 del 11 de mayo de 2015, por la cual se resuelve un
recurso de apelación contra la Resolución GNR 262876 del 18 de julio de 2014
y que confirmó la que resolvió el recurso de reposición.
2.3. Solución del caso concreto
Para dar solución al problema jurídico, la Subsección abordará el estudio de la
situación particular del demandante con el fin de establecer si es beneficiario de
la transición de la Ley 100 de 1993 y por tal razón le es aplicable en su caso la
liquidación de su pensión conforme los términos de la Ley 33 de 1985, pero
tomando en cuenta el último año de servicios.
Es indiscutible que Hernando Segundo Barros Acosta es beneficiario del
régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por
cuanto acredita que, para el 1 de abril de 1994, tenía más de 40 años de edad.
Esta situación le impone en su caso que pueda verificarse que su prestación
periódica puede liquidarse conforme las regulaciones pensionales previas a la
entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.
En su caso como prestó sus servicios tanto en el Departamento del Magdalena,
Contraloría del Magdalena, Municipio de Pueblo Viejo, la demanda y el recurso
de apelación, sugieren que podía optar por la Ley 33 de 1985.
4
00020 Samai
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Demandante: Hernando Segundo Barros Acosta
Demandado: Colpensiones
No debe olvidarse que la demandada en los actos cuestionados liquidó la
prestación periódica, pero atendiendo al régimen de la Ley5 71 de 1988, esto es,
que permite que se acumulen tiempos públicos y privados.
Es así que el artículo 7 de dicha normatividad indica:
“A partir de la vigencia de la presente ley, los empleados oficiales y trabajadores
que acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier tiempo y
acumulados en una o varias de las entidades de previsión social o de las que
hagan sus veces, del orden nacional, departamental, municipal, intendencial,
comisarial o distrital y en el Instituto de los Seguros Sociales, tendrán derecho a
una pensión de jubilación siempre que cumplan sesenta (60) años de edad o
más si es varón y cincuenta y cinco (55) años o más si es mujer.
El Gobierno Nacional reglamentará los términos y condiciones para el
reconocimiento y pago de esta prestación y determinará las cuotas partes que
correspondan a las entidades involucradas.”
Y en el sub-lite, además de los tiempos prestados en las diferentes entidades
territoriales reseñadas en precedencia, también lo hizo en el sector privado como
cuando lo hizo a su nombre, así como con el empleador SEA PRODUCT
JAIPHER SA.
Los dos regímenes mencionados tienen la particularidad que permiten que el
reconocimiento prestacional pueda hacerse con el promedio de lo devengado en
el último año de servicios.
Ahora bien, al demandante le fue reconocida la pensión mediante Resolución
GNR 262876 del 18 de julio de 2014, donde la entidad demandada al ponderar
por favorabilidad el régimen a aplicar, entre la Ley 71 de 1988 y el Decreto 758
de 1990, dispuso:
Nombre Fecha Fecha Valor Valor Mejor %IBL Valor Aceptada
Status Efectividad IBL 1 IBL 2 IBL Pensión
Mensual
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Por la cual se expiden normas sobre pensiones y se dictan otras disposiciones
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Interno: 2402-2019
Demandante: Hernando Segundo Barros Acosta
Demandado: Colpensiones
20 años de 1 de junio 1 de agosto 1.599.128 0.00 1 75.00 1.199.346 Si
servicio y 55º de 2011 de 2014
60 años de
edad con
régimen de
transición
Ley 71 de
1988
Pensión de 1 de junio 1 de agosto 1.599.128 0.00 1 48.00 767.581 No
vejez de 2011 de 2014
Decreto 758
de 1990
régimen de
transición
hombre
Luego, mediante Resolución GNR 409677 del 25 de noviembre de 2014, la
entidad reliquidó la pensión, así:
Nombre Fecha Fecha Valor Valor Mejo %IB Valor Aceptada
Status Efectividad IBL 1 IBL 2 r IBL L Pensión
Mensual
De acuerdo con lo probado en el proceso, el demandante acreditó más de 20
años de servicios cotizados tanto en el sector público como en el sector privado,
lo que justificaría, en principio, la decisión adoptada por la demandada en los
actos administrativos cuestionados cuando fundamento el reconocimiento
prestacional en el artículo 7 de la Ley 71 de 1988.
Justamente, uno de los motivos de inconformidad planteados por el recurrente,
es sí la pensión puede liquidarse con la Ley 33 de 1985, al reunir los veinte
(20) años de servicios con entidades estatales.
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Interno: 2402-2019
Demandante: Hernando Segundo Barros Acosta
Demandado: Colpensiones
Sobre este reparo debe decir la Sala que se hará un recuento donde se
establezcan las vinculaciones con entidades estatales a partir de las pruebas
que obran en el plenario:
Empleador Desde Hasta Prueba
Ese Hospital Certificación
Departamental 10 de enero de 21 de octubre de electrónica de
San Rafael – 1979 1983 tiempos
Departamento laborados Cetil
del Magdalena del 14 de
septiembre de
2021.
Departamento 12 de enero de 24 de mayo de Certificación
del Magdalena 1984 1984 electrónica de
tiempos
laborados Cetil
del 17 de agosto
de 2021
Departamento 7 de diciembre 14 de abril de Certificación
del Magdalena de 1984 1986 electrónica de
tiempos
laborados Cetil
del 17 de agosto
de 2021
Contraloría del 1 de julio de 1986 17 de julio de Certificación
Magdalena 1987 electrónica de
tiempos
laborados Cetil
del 15 de octubre
de 2020
Contraloría del 28 de octubre de 1 de noviembre Certificación
Magdalena 1987 de 1988 electrónica de
tiempos
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Interno: 2402-2019
Demandante: Hernando Segundo Barros Acosta
Demandado: Colpensiones
laborados Cetil
del 15 de octubre
de 2020
Departamento 4 de noviembre 27 de diciembre Certificación
del Magdalena de 1988 de 1990 electrónica de
tiempos
laborados Cetil
del 17 de agosto
de 2021
Contraloría del 8 de enero de 6 de enero de Certificación
Magdalena 1991 1992 electrónica de
tiempos
laborados Cetil
del 15 de octubre
de 2020
Departamento Seis de julio de Nueve de agosto Certificación
del Magdalena 1994 de 1995 electrónica de
tiempos
laborados Cetil
del 17 de agosto
de 2021
Municipio de 15 de agosto de 13 de marzo de Certificación
Pueblo Viejo 1995 1997 electrónica de
tiempos
laborados Cetil
del 30 de
noviembre de
2021
Municipio de 31 de enero de 25 de octubre de Certificación
Pueblo Viejo 2001 2002 electrónica de
tiempos
laborados Cetil
del 30 de
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Interno: 2402-2019
Demandante: Hernando Segundo Barros Acosta
Demandado: Colpensiones
noviembre de
2021
Municipio de 1 de enero de 31 de diciembre Certificación
Pueblo Viejo 2004 de 2007 electrónica de
tiempos
laborados Cetil
del 30 de
noviembre de
2021
Total 20 años y 15 días
Por consiguiente, el reajuste pedido con fundamento en la Ley 33 de 1985,
tiene fundamento comoquiera que a la luz de la prueba destacada en
precedencia se logra establecer que el demandante reúne los veinte años de
servicios públicos de que trata el régimen anterior.
En ese entendido, lo que debe auscultarse para la resolución del caso, es sí
la transición de la Ley 100 de 1993 cobija la integridad del régimen pensional
o en su defecto solo los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo.
Y en esa dirección, esta Subsección procederá a aplicar las sentencias de
unificación definidas por esta Corporación en virtud del deber de aplicación
uniforme, el cual «debe ser observado por todas las autoridades6 […]» Toda vez, que
estos constituyen un precedente vinculante y obligatorio en la resolución de
casos fáctica y jurídicamente iguales7. Sin que exista excusa, para no aplicarlo
porque la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, precisó que se
aplicaría con efectos retrospectivos «[…] a todos los casos pendientes de solución
6 Corte Constitucional sentencia C-588 de 2012.
7
La Corte Constitucional en sentencia C-816 de 2011 en la que estudió la constitucionalidad del artículo 102 de la
Ley 1437 de 2011, sobre la fuerza vinculante de la jurisprudencia del Consejo de Estado, precisó: “[…] sólo a la
jurisprudencia de las altas corporaciones judiciales, en cuanto órganos de cierre de las jurisdicciones - constitucional,
ordinaria, contenciosa administrativa y jurisdiccional disciplinaria-, se le asigna fuerza vinculante; y en virtud de ella,
las autoridades judiciales deben acudir al precedente jurisprudencial para la solución de casos fáctica y jurídicamente
iguales. Pero dicha limitación de la potestad interpretativa de jueces y magistrados no conduce a la negación completa
del margen de autonomía e independencia que la Constitución les reconoce en el ejercicio de su función judicial. Por
eso, como lo ha precisado la jurisprudencia de la Corte Constitucional, las autoridades judiciales cuentan con la
facultad de abstenerse de aplicar el precedente judicial emanado de las cortes jurisdiccionales de cierre, previo
cumplimiento de determinadas condiciones (…)”.
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Demandado: Colpensiones
tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los casos
en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica,
resultan inmodificables.»
En este aspecto, la regla jurisprudencial sobre el IBL en el régimen de
transición fijada por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo fue la
siguiente:
«El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100
de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas
beneficiarias del mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo
y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33
de 1985.»
La razón jurídica que sustenta la regla de interpretación y aplicación del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 a los beneficiarios del régimen de transición,
es la siguiente:
[…]
«87. Para establecer el monto de la pensión, el legislador, en este caso de la Ley
100 de 1993, en desarrollo de su libertad de configuración, fijó un elemento, el IBL,
que cumpliría con la finalidad no solo de unificar la base de la pensión para todos
aquellos que estaban próximos a pensionarse, sino como manifestación de los
principios de solidaridad, universalidad y sostenibilidad financiera para garantizar la
viabilidad futura del Sistema General de Pensiones; máxime teniendo en cuenta que
el periodo de transición abarcaría varias décadas.
(…) 91. Para la Sala Plena de esta Corporación esa es la lectura que debe darse
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. El artículo 36 contiene todos los elementos y
condiciones para que las personas beneficiarias del régimen transición puedan
adquirir su pensión de vejez con la edad, el tiempo de servicios o semanas de
cotización y la tasa de reemplazo del régimen anterior y con el IBL previsto en el
mismo artículo 36, inciso 3, y en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993. La regla
establecida por el legislador en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
excluyó la aplicación ultractiva del ingreso base de liquidación que consagraba el
régimen general de pensiones anterior a dicha ley. El reconocimiento de la pensión
en las condiciones previstas a cabalidad por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993
constituye un verdadero beneficio para este grupo poblacional, porque frente a los
mismos requisitos que están consagrados para el Sistema General de Pensiones,
indudablemente, le son más favorables. (…)”.»
Ahora bien, la primera subregla se refiere al periodo para liquidar las pensiones
de los servidores públicos que adquieran el derecho conforme a las
condiciones de la Ley 33 de 1985 (edad, tiempo y tasa de reemplazo), y se fijó
en los siguientes términos:
«[…]
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Interno: 2402-2019
Demandante: Hernando Segundo Barros Acosta
Demandado: Colpensiones
Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso
base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere
falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior,
actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al
consumidor, según certificación que expida el DANE.
Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de
los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10)
años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base
en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida
el DANE. […].»
La segunda subregla estableció «que los factores salariales que se deben incluir en el
IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son
únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema
de Pensiones.» En ella destacó:
«[…]
99. La interpretación de la norma que más se ajusta al artículo 48 constitucional es
aquella según la cual, en el régimen general de pensiones, previsto en la Ley 33 de
1985, solo los factores sobre los que se haya realizado el aporte o cotización
pueden incluirse como elemento salarial en la liquidación de la mesada
pensional.
100. De conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005 por el cual se adiciona el
artículo 48, para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad,
el tiempo de servicio y las semanas de cotización. Para la liquidación de las
pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona
hubiere efectuado las cotizaciones
[…]»
De acuerdo con las reglas del precedente, el IBL para quienes están en
transición es el previsto en el inciso tercero del artículo 36 o el artículo 21 de
la Ley 100 de 1993, según corresponda. Estas personas se pensionan con los
requisitos de «edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto
en la Ley 33 de 1985.»
Sin embargo, esta prerrogativa solo cobija la edad, el tiempo de servicios y la
tasa de reemplazo del 75%. Se excluye el ingreso base de liquidación pues
este se realiza conforme los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993 y a la luz
del Decreto 1158 de 1994.
Por consiguiente, Hernando Segundo Barros Acosta no tiene derecho a la
reliquidación de su pensión de vejez incluyendo lo devengado durante el último
año de servicios.
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Interno: 2402-2019
Demandante: Hernando Segundo Barros Acosta
Demandado: Colpensiones
En efecto, de la lectura de la Resolución GNR 262876 del 18 de julio de 2014,
por medio de la cual la Administradora Colombiana de Pensiones
Colpensiones le reconoció al demandante la pensión vitalicia de vejez, se
advierte que se aplicaron los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, con una
tasa de reemplazo del 75% y el régimen de la Ley 71 de 1988.
Así las cosas, la Sala precisa que la pretensión de reajustar la pensión con el
último año de servicios, bien sea con las leyes 33 de 1985 o 71 de 1988,
comoquiera que a la entrada en vigor la Ley 100 de 1993, le faltaban más de
diez años para adquirir su estatus pensional. Así pues, su ingreso base de
liquidación debió determinarse con «el promedio de los salarios o rentas sobre los
cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la
pensión, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al
consumidor, según certificación que expida el DANE », de conformidad con el inciso
tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y con la inclusión de los factores
salariales señalados en el Decreto 1158 de 1994.
En atención a los pronunciamientos mencionados, la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en la sentencia de unificación del 28 de agosto de
2018, estableció una regla general y dos subreglas respecto a la aplicación del
régimen de transición de la Ley 100 de 1993. Esta decisión, que constituye un
precedente vinculante y obligatorio en la resolución de casos fáctica y
jurídicamente similares, precisó que dichas pautas se aplicarían con efectos
retrospectivos; por lo que, al ceñirnos a este derrotero jurisprudencial, no hay
lugar a admitir el reajuste pedido al suponer que el régimen de transición también
cobija el ingreso base de liquidación, lo cual como se expuso en precedencia
está excluido.
Retomando la discusión que se planteó con la alzada, aunque es improcedente
el reconocimiento de la pensión con el último año de servicios por no estar
incluido en el régimen de transición lo relativo al ingreso base de liquidación, tal
y como se dijo ut supra, al reunir el accionante más de veinte años de servicios
en entidades estatales por lo que debe reajustarse la prestación periódica en los
términos de la Ley 33 de 1985.
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Interno: 2402-2019
Demandante: Hernando Segundo Barros Acosta
Demandado: Colpensiones
Lo anterior tiene sustento en que la liquidación de la pensión solo con los
tiempos de servicio prestados en entidades estatales resulta más favorable que
aquella que tiene en cuenta los cotizados con el sector privado y que permitieron
el reconocimiento pensional a la luz de la Ley 71 de 1988.
Este aserto parte del análisis de los certificados electrónicos de tiempo
laborados aportados con el recurso extraordinario de revisión, en especial,
cuando se avizora de las últimas vinculaciones con el Municipio de Pueblo Viejo
los salarios donde fungió como secretario de Salud y Alcalde.
En estas condiciones, se revocará parcialmente el fallo apelado, declarando la
nulidad parcial de las Resoluciones GNR 262876 del 18 de julio, GNR 409677
del 25 de noviembre, ambas de 2014, y VPB 42083 del 11 de mayo de 2015.
En consecuencia, se ordenará a Colpensiones que reajuste la pensión en los
términos de la Ley 33 de 1985, pero atendiendo para ello que como beneficiario
del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, esta prerrogativa solo cobija la
edad, el tiempo de servicios y la tasa de reemplazo del 75%. El ingreso base de
liquidación se realiza conforme los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993 y a
la luz del Decreto 1158 de 1994.
Como el derecho prestacional surge a partir del momento en que reunió los
requisitos de edad y tiempo de servicios prestados, los veinte años de servicios
con entidades estatales, de acuerdo a lo relatado en precedencia, solo los reunió
el 16 de diciembre de 2007, pero solo radicó la petición de reconocimiento el 20
de febrero de 2013.
Quiere decir que el reajuste debe hacerse tomando como referencia el
surgimiento del derecho, 16 de diciembre de 2007, pero las diferencias
pensionales anteriores al 20 de febrero de 2010 prescribirán.
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Interno: 2402-2019
Demandante: Hernando Segundo Barros Acosta
Demandado: Colpensiones
Las sumas generadas como consecuencia de la anterior declaración, deberán
reajustarse en su valor con la aplicación de la siguiente fórmula:
R=RH índice final
índice inicial
En donde el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico
(Rh), que es la correspondiente partida de saldo de reajuste pensional, por el
guarismo que resulta de dividir el índice final de precios al consumidor,
certificado por el DANE (vigente a la fecha de ejecutoria de esta sentencia),
por el índice inicial (vigente para la fecha en que debió hacerse el pago). Es
claro que por tratarse de pagos de tracto sucesivo mensual la fórmula se
aplicará separadamente mes a mes teniendo en cuenta que el índice inicial es
el vigente al momento en que debió hacerse el pago respectivo.
Condena en costas
No habrá lugar a la condena en costas, ya que no se cumplen los presupuestos
exigidos por el artículo 188 del CPACA, pues esta Sala ha sostenido que
dichas normas otorgan al juez la facultad de valorar la procedencia de las
costas, lo cual implica examinar la actuación procesal de la parte vencida,
verificar con certeza su causación y constatar que la conducta desplegada
revele temeridad o mala fe. No es suficiente el simple resultado adverso del
proceso8.
En esos términos, en el caso concreto, tras revisar la actuación de las partes
a lo largo del proceso, no se evidencia temeridad ni mala fe. Por lo tanto, se
abstendrá de imponerlas en esta sede.
III. DECISIÓN
8
Radicado 15001-23-33-000-2013-00072, de 27 de enero de 2017 MP. Carmelo Perdomo Cuéter; Radicado: 13000-
33-33-000-2014-00390 (1327-16), de 8 de septiembre de 2017, M.P. Sandra Lissett Ibarra Vélez.
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Interno: 2402-2019
Demandante: Hernando Segundo Barros Acosta
Demandado: Colpensiones
En atención a las anteriores consideraciones, la Sala revoca parcialmente la
sentencia emitida el 28 de noviembre de 2018, por el Tribunal Administrativo
de Magdalena, mediante el cual negó las pretensiones de la demanda y en su
lugar, además de declarar la nulidad de los actos administrativos demandados,
se ordenará el reconocimiento de la pensión de jubilación a Hernando
Segundo Barros Acosta como beneficiario del régimen de transición de la Ley
100 de 1993, en los términos de la Ley 33 de 1985, pero solo en cuanto a los
requisitos de la edad, el tiempo de servicios y la tasa de reemplazo del 75%,
pues el ingreso base de liquidación se efectuará conforme los artículos 21 y
36 de la Ley 100 de 1993 y a la luz del Decreto 1158 de 1994.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia de primera instancia
emitida el 28 de noviembre de 2018, por el Tribunal Administrativo de
Magdalena, mediante el cual negó las pretensiones de la demanda y en su
lugar:
SEGUNDO: DECLARAR la nulidad parcial de las Resoluciones GNR 262876
del 18 de julio, GNR 409677 del 25 de noviembre, ambas de 2014, y VPB
42083 del 11 de mayo de 2015.
TERCERO. En consecuencia, ORDENAR a Colpensiones que reajuste la
pensión de Hernando Segundo Barros Acosta, en los términos de la Ley 33 de
1985, pero atendiendo para ello que como beneficiario del régimen de
transición de la Ley 100 de 1993, esta prerrogativa solo cobija la edad, el
tiempo de servicios y la tasa de reemplazo del 75%. El ingreso base de
liquidación se efectuará conforme los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993
y a la luz del Decreto 1158 de 1994.
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Interno: 2402-2019
Demandante: Hernando Segundo Barros Acosta
Demandado: Colpensiones
Declarar prescritas las diferencias que resulten con anterioridad al 20 de
febrero de 2010.
Colpensiones DEBE ACTUALIZAR las diferencias, de conformidad con el
inciso final del artículo 187 del CPACA.
CUARTO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.
QUINTO: Sin condena en costas en esta instancia.
SEXTO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
(Firmada electrónicamente)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
(Firmada electrónicamente) (Firmada electrónicamente)
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Aclara voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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