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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2020-00943-00

Fecha
25 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2020-00943-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el señor Ubadel José Mora Álvarez y otros contra la sentencia de 14 de febrero de 2019, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, dentro de la acción de reparación directa con radicación núm.: 54001- 23-31-000-2005-01271-01. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: ARCHIVAR el expediente del recurso extraordinario de revisión, previas las anotaciones en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2020-00943-00

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

25 de noviembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA VEINTE ESPECIAL DE DECISIÓN

Bogotá D.C., veinticinco (25) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2020-00943-00
Demandantes: UBADEL JOSÉ MORA ÁLVAREZ Y OTROS
Demandado: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO
NACIONAL

Sentencia que resuelve recurso extraordinario de revisión

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Ubadel José
Mora Álvarez y otros contra la sentencia de 14 de febrero de 2019, proferida por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, dentro de la acción de
reparación directa con radicación núm.: 54001-23-31-000-2005-01271-01.

I.- ANTECEDENTES

I.1. Proceso ordinario

I.1.1. Demanda

1. El señor Ubadel José Mora Álvarez y otros1, por intermedio de apoderado judicial
y en ejercicio de la acción de reparación directa prevista en el artículo 86 del Código
Contencioso Administrativo, instauraron demanda en contra del Ministerio de
Defensa Nacional - Ejército Nacional, con el fin de que se declarara
administrativamente responsable por las heridas graves que sufrió el señor Ubadel
José Mora Álvarez como consecuencia de la explosión de una mina antipersonal.

2. Expusieron que, el 22 de enero de 2004, el señor Ubadel José Mora Álvarez se
dirigía a la finca “El Hueco”, ubicada en la vereda San Martín del Corregimiento La
Gabarra, Municipio de Tibú (Norte de Santander), cuando se detonó un artefacto
que le ocasionó lesiones significativas, entre ellas, la amputación de su brazo
derecho.

3. Argumentaron que el señor Ubadel José Mora Álvarez tendría que afrontar daños
físicos irreversibles que limitan el desarrollo de “[…] diversas actividades inherentes
a una vida normal […]” y que implican asumir los costos del tratamiento requerido
para recuperar su salud y mejorar las condiciones de su vida.

1
Leonardo José Mora Guerra, Olga Yurany Mora Gómez, Ana Domitila Álvarez Pérez, Francisco Antonio Mora Martínez,
Arley del Socorro Mora Álvarez, Everto Hernán Mora Álvarez, Argemiro Antonio Mora Martínez y Argelio Mónico Mora Álvarez.

2

Radicación núm.: 11001-03-15-000-2020-00943-00
Demandantes: Ubadel José Mora Álvarez y otros

4. Señalaron como precedente jurisprudencial la sentencia proferida por la Sección
Tercera del Consejo de Estado el 10 de septiembre de 1997 2, en la que, según su
interpretación, se consideró que “[…] existe responsabilidad extracontractual de la
Nación, en cabeza del Ministerio de Defensa Nacional, por los daños y perjuicios
materiales y extrapatrimoniales sufridos por los civiles cuando se pisa y acciona una
mina antipersonal […]”.

5. Con sustento en ello, solicitaron el reconocimiento de perjuicios morales,
fisiológicos o a la vida de relación y materiales, en la modalidad de lucro cesante y
daño emergente.

I.1.2. Contestación

6. La entidad demandada se opuso a las pretensiones del libelo introductorio,
formuló la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva y alegó el
eximente de responsabilidad por el hecho de un tercero, porque, a su juicio, no
estuvo involucrada en los hechos en los que se fundamentó la demanda y las
lesiones sufridas por el señor Ubadel José Mora Álvarez fueron ocasionadas por un
grupo al margen de la ley.

I.1.3. Sentencia de primera instancia

7. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, a través de sentencia del 7 de
noviembre de 2012, negó las pretensiones de la demanda.

8. Comprobó la existencia del daño que sufrió el señor Ubadel José Mora Álvarez,
que consistió en la secuela irreversible por “[…] la amputación 1/3 proximal del
húmero derecho […]” y las lesiones de su pierna derecha.

9. Encontró que el daño no podía imputarse a la entidad accionada, dado que fue
ocasionado por terceros indeterminados de manera ilícita y, aunque se estableció
que miembros del Ejército Nacional se enfrentaron a grupos armados ilegales, en
fechas cercanas al 22 de enero de 2004, en los informes rendidos por el “Grupo de
Caballería No. 5 Maza” y la Sección de Operaciones del Ejército Nacional se precisó
que el día de la explosión de la mina antipersonal que hirió a la víctima, no hubo
combates.

10. Manifestó que la presencia de militares y grupos insurgentes en la zona en la que
ocurrieron los hechos no derivaba en la responsabilidad del Estado, por el contrario,
sostuvo que no existía nexo causal entre la actuación de la entidad demandada y el
daño antijurídico.

11. Explicó que el Estado colombiano adquirió obligaciones internacionales con el
propósito de asegurar la destrucción de las minas antipersonal ubicadas en su
territorio, con fundamento en la Convención de Ottawa suscrita el 18 de septiembre
de 1997 y las Leyes 554 de 2000 y 759 de 2022; no obstante, debido a la
imposibilidad de cumplir con el plazo inicial, solicitó la ampliación del término, por lo
que se extendió hasta el 1° de marzo de 2021.

2
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 10 de septiembre de 1997.
Radicación:12.939. C.P. Juan de Dios Montes Hernández.

3

Radicación núm.: 11001-03-15-000-2020-00943-00
Demandantes: Ubadel José Mora Álvarez y otros

12. En ese sentido, afirmó que dicho compromiso no era exigible en su integridad y
que no era viable declarar la responsabilidad endilgada por falla del servicio.

13. Aseveró que la sentencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado que se
incluyó en los fundamentos de la demanda, no establecía un parámetro
jurisprudencial vinculante, pues, a pesar de que la situación fáctica se asemejaba a
los hechos del sub examine, las conclusiones a las que se arribó en ese caso no
fueron replicadas con posterioridad.

14. Eximióde responsabilidad administrativa y extracontractual al Ministerio de
Defensa Nacional – Ejército Nacional, porque el hecho era imputable a un tercero
y no se acreditó que hubiera participado en alguna acción u omisión que se pudiera
considerar como causa eficiente del daño.

I.1.4. Recurso de apelación

15. Los demandantes sostuvieron que el a quo reconoció que el precedente
jurisprudencial en el que se sustentó la demanda era similar al caso objeto de
estudio, pero decidió apartarse de ese criterio sin exponer los motivos y acoger los
argumentos de defensa de la entidad accionada.

16. Anotaron que en el corregimiento La Gabarra del Municipio de Tibú se
presentaban, en la época de los hechos, enfrentamientos entre grupos insurgentes
y el Ejército Nacional, incluso, en el informe remitido por el “Grupo de Caballería No.
5 MAZA” se señaló a actores armados ilegales como responsables de sembrar la
mina antipersonal que lesionó a la víctima.

17. Indicaron que el artefacto explosivo se instaló con el fin de herir a los miembros
de las tropas estatales; sin embargo, lesionó a un campesino que residía en la zona
del conflicto, motivo por el que, en su criterio, se debía aplicar la teoría del daño
especial en atención al rompimiento del equilibrio en la distribución de las cargas
públicas, sin que resultara relevante que el día que se activó la mina antipersonal
no se hubieran reportado combates.

18. Por lo anterior, solicitaron que se revocara la sentencia de primera instancia y, en
su lugar, se accediera a las pretensiones de la demanda.

I.1.5. Sentencia de segunda instancia

19. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante
sentencia de 14 de febrero de 2019, confirmó el fallo apelado y ordenó que “[…] el
evento se registre en el Sistema de Gestión de Información sobre Actividades
relativas a Minas Antipersonales -IMSMA - y el señor Ubadel José Mora Álvarez sea
incluido, si es que ya no lo está, en la ruta de atención y reparación en mención, a
fin de que pueda acceder a todos los servicios asistenciales e indemnizatorios
dispuestos para el goce efectivo de sus derechos. […]”.

20. Expuso que la providencia proferida por la Sección Tercera de esta Corporación
el 10 de septiembre de 19973, invocada como fundamento de las pretensiones de

3
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 10 de septiembre de 1997.
Radicación:12.939. C.P. Juan de Dios Montes Hernández.

4

Radicación núm.: 11001-03-15-000-2020-00943-00
Demandantes: Ubadel José Mora Álvarez y otros

la demanda, no constituía precedente judicial vertical, pues no fijó una subregla y la
revisión de los supuestos fácticos de cada caso evidenció que se diferenciaban por
el lugar en el que explotó la mina antipersonal.

21. Indicó que el título de imputación aplicable al sub examine era el de la falla del
servicio, toda vez que en todos los casos se debe establecer “[…] si existe una
obligación legal respecto de la cual la Administración hubiese incurrido en una
omisión, acción o extralimitación y solo en su defecto, procede el estudio de una
responsabilidad objetiva […]”.

22. En cuanto a la obligación legal y convencional de desminado refirió que, en la
sentencia de unificación de 7 de marzo de 2018, proferida por la Sección Tercera
de esta Corporación4, se ponderaron los esfuerzos del Estado colombiano para
cumplir con este compromiso, en la medida que se trata de una tarea dispendiosa
y riesgosa que requiere de la articulación institucional.

23. Recalcó que en observancia de lo dispuesto en la Ley 554 de 2000, que aprobó
la Convención de Ottawa, la administración solicitó una prórroga de 10 años para
desactivar los campos minados ubicados en el territorio nacional y, por tanto, aún
no era una obligación exigible para el Estado.

24. Sostuvo que no se demostró que para el año 2004 el Municipio de Tibú se
encontrara priorizado en materia de desminado, ni que se hubieran presentado otros
accidentes ocasionados por minas antipersonal, de modo que, en los términos de
la sentencia de unificación en cita, no era evidente la situación de riesgo.

25. Concluyó que no se configuró la falla del servicio por cuanto: (i) no se comprobó
que en la época y lugar de los hechos se registrara presencia del Ejército Nacional
y de actores armados ilegales; (ii) no se acreditó que la entidad demandada tuviera
conocimiento de la existencia de la mina antipersonal, la ocurrencia de accidentes
similares en el Municipio de Tibú, ni que la obligación de desminado fuera evidente
en esa zona; (iii) el plazo fijado para que el Estado identificara y destruyera los
artefactos explosivos instalados en el territorio nacional vencía el 1° de marzo de
2021; y (iv) la mina antipersonal que lesionó a la víctima fue sembrada por un grupo
armado ilegal, de manera que no provino de una conducta reprochable del Ministerio
de Defensa Nacional – Ejército Nacional.

II. EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

II.1. El recurso extraordinario - causal invocada-

26. El señor Ubadel José Mora Álvarez y otros5, por intermedio de apoderado judicial,
instauraron recurso extraordinario de revisión en el que solicitaron que se infirme la
sentencia de 14 de febrero de 2019 y, en su lugar, se acceda a las pretensiones
indemnizatorias de la demanda.

4
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 7 marzo de 2018.
Radicación: 25000-23-26-000-2005-00320 (34.359). C.P. Danilo Rojas Betancourth.
5
Ana Domitila Álvarez Pérez, Arley del Socorro Mora Álvarez, Everto Hernán Mora Álvarez, Argemiro Antonio Mora Álvarez,
Argelio Mónico Mora Álvarez, viuda y herederos del señor Francisco Antonio Mora Martínez, Leonardo José Mora Guerra y
Olga Yurany Mora Gómez.

5

Radicación núm.: 11001-03-15-000-2020-00943-00
Demandantes: Ubadel José Mora Álvarez y otros

27. En criterio de los demandantes, en el sub examine se configura la causal de
revisión prevista en el numeral 5. del artículo 250 de la Ley 1437 de 18 de enero de
20116, nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no
procede recurso de apelación.

28. Señalaron que en la sentencia censurada se coligió que el día de los hechos no
se presentaron combates, afirmación que se sustentó en los informes del “Grupo
Mecanizado Maza” y de la Sección de Operaciones de la Quinta Brigada del Ejército
Nacional, documentos respecto de los cuales no tuvieron la oportunidad de emitir
algún pronunciamiento, pues el ad quem omitió dictar el auto que ordena dar
traslado a las partes de las pruebas aportadas al proceso, de conformidad con lo
previsto en el artículo 289 del Código de Procedimiento Civil y en la jurisprudencia
de la Sección Tercera de esta Corporación7, por tal razón, consideraron que, en
cumplimiento del artículo 29 de la Constitución Política, esas pruebas eran nulas.

29. En el mismo sentido, manifestaron que, con fundamento en el Plan Estratégico
2016-2021 y en el Programa Presidencial para la Acción Integral contra las Minas
Antipersonales (PAICMA), se concluyó que “[…] no (…) se encuentra información
(…) de otros accidentes por minas antipersonales ocurridos en la vereda San
Martín, corregimiento de la Gabarra, municipio de Tibú, Norte de Santander, lugar
de los hechos demandados, para el año 2004”, por lo cual “tampoco se demostró
que la obligación de desminado fuera evidente […]”, sin tener en cuenta que dichos
elementos probatorios no fueron solicitados o aportados por la entidad demandada,
ni decretados de oficio por el juez, en los términos de los incisos 1 y 2 del artículo
169 del Código Contencioso Administrativo, por lo que no se surtió el trámite
procesal correspondiente.

30. Adujeron que el señor Ubadel José Mora Álvarez sufrió graves lesiones como
consecuencia del estallido de una mina antipersonal, artefacto reconocido como un
“[…] arma de guerra no convencional […]”, que no se dispara, sino que se siembra
con el fin de atentar contra las tropas de infantería estatales. Es por ello que, a su
juicio, no era relevante que en la fecha en la que ocurrieron los hechos objeto de la
demanda no se hubieran presentado combates en la zona.

31. Aseguraron que se infringió el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil
dado que el juez de segunda instancia le exigió a la víctima la demostración de
afirmaciones o negaciones indefinidas y acreditar que: (i) en el lugar en el que
explotó la mina antipersonal se habían presentado hechos similares; (ii) la zona se
encontraba priorizada para adelantar las labores de destrucción de los artefactos
explosivos; y (iii) el Ejército Nacional tenía conocimiento sobre la existencia de la
mina antipersonal y no adelantó alguna acción preventiva, sin advertir que esa
información reposaba en los archivos del Estado.

32. Alegaron la vulneración del artículo 2 de la Constitución Política, del principio de
convencionalidad y del carácter imperativo del ius cogens, porque se analizó su
reclamación desde el punto de vista de la prórroga concedida al Estado para cumplir
con el deber de desminar el territorio nacional, según lo dispuesto en la Convención
de Ottawa, “[…] como si en el entretanto el Estado colombiano estuviese relevado
6
“[…]Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.
7
“Sentencia de septiembre 21 de 2000. Expediente 11.766. Consejero Ponente. Dr. Alier E. Hernández Enríquez. En: revista
Jurisprudencia y Doctrina. Tomo XXX Núm. 349 Editorial LEGIS. Bogotá. Enero de 2001, p.52 […]”.

6

Radicación núm.: 11001-03-15-000-2020-00943-00
Demandantes: Ubadel José Mora Álvarez y otros

del cumplimiento de su obligación constitucional y convencional de velar por la vida
de los residentes del área geográfica de Tibú […] por lo que el Estado tenía que
haber demostrado que […] en dicha área había adelantado las labores de
desminado […]”8.

33. Argumentaron que la providencia objeto del recurso desatiende las disposiciones
del artículo 2 de la Constitución Política, debido a que en el examen de la
providencia del 10 de septiembre de 19979, invocada como precedente, se
diferenciaron las víctimas de dichos artefactos explosivos dependiendo del lugar en
el que se instalaron, razonamiento que crea “[…] una distinción entre las víctimas
de las minas antipersonales totalmente artificial y opuesta a la obligación del Estado
colombiano de proteger a todas las personas residentes en Colombia […]”.

34. Expusieron su inconformidad con el análisis que se adelantó con fundamento en
los presupuestos de la falla del servicio, comoquiera que, a su juicio, se
desconocieron los artículos 90 y 217 de la Constitución Política y 55 de la Ley 270
de 7 de marzo de 199610, el principio de “[…] no rompimiento del equilibrio en la
distribución de las cargas públicas[…]”, la jurisprudencia de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo y de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en la
que se estableció que estos casos se deben abordar desde la óptica del riesgo
excepcional o del daño especial, pues el Ejército Nacional creó el riesgo con su
presencia en la zona de los hechos, la cual derivó en que grupos insurgentes
instalaran el artefacto explosivo.

35. Señalaron que se lesionó su derecho al debido proceso y el principio de confianza
legítima al no aplicar la jurisprudencia vigente para el momento de la presentación
de la demanda y plasmar una nueva postura que no tuvieron la posibilidad de
debatir.

36. Mencionaron que el fallo incurrió en un reconocimiento extra petita, porque en la
contestación de la demanda el Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional
no alegó la “[…] ausencia de responsabilidad estatal por daño especial o
responsabilidad estatal sin falta o por rompimiento del equilibrio en la distribución
de las cargas públicas y, sin embargo, la sentencia lo negó, sustituyendo a la parte
demandada en su alegación y rompiendo así el principio procesal de igualdad de
las partes […]”.

II.2. Trámite del recurso extraordinario de revisión

37. El recurso extraordinario de revisión fue presentado ante la Secretaría General
del Consejo de Estado el 13 de marzo de 2020 y luego de efectuarse el
correspondiente reparto, se asignó su conocimiento a la Sala Veinte Especial de
Decisión, con la radicación núm.: 11001-03-15-000-2020-00943-00.

8
Para el efecto los revisionistas citaron los siguientes pronunciamientos: Consejo de Estado. Sección Tercera. Salvamento
de voto de los doctores Stella Conto Díaz del Castillo y Jaime Orlando Santofimio Gambo. Sentencia de Unificación del 7
marzo de 2018. C.P. Danilo Rojas Betancourth. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 25 de febrero de 2016.
C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 10 de septiembre de 1997.
Radicación:12.939. C.P. Juan de Dios Montes Hernández.
10
“[…] Estatutaria de la Administración de Justicia […]”.

7

Radicación núm.: 11001-03-15-000-2020-00943-00
Demandantes: Ubadel José Mora Álvarez y otros

38. Mediante proveído de 30 de junio de 2020 se dispuso inadmitir el recurso de la
referencia, con el fin de que los recurrentes, dentro de los diez (10) siguientes a su
notificación, indicaran con precisión la causal invocada para solicitar la revisión de
la sentencia de 14 de febrero de 2019, proferida por la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado.

39. El 23 de julio de 2020 el agente oficioso de los demandantes aportó escrito de
subsanación de la demanda, en el que señaló que se sustenta en la causal de
revisión prevista en el numeral 5. del artículo 250 de la Ley 1437.

40. En decisión de 1° de septiembre de 2020 se admitió el recurso extraordinario de
revisión y se ordenó solicitar a la Secretaría General del Tribunal Administrativo de
Norte de Santander que allegara copia digital del expediente ordinario con radicado
núm.: 54001-23-31-000-2005-01271-00/01, en el que se profirió la sentencia de 14
de febrero de 2019; expediente debidamente incorporado al plenario y que se
encuentra visible en el índice 21 del expediente digital.

41. Adicionalmente, se reconoció al señor Óscar Humberto Gómez Gómez como
agente oficioso de la parte demandante, a quien se le informó que, de conformidad
con el artículo 57 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201211, tendría que: (i) prestar
caución dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del auto admisorio a
la entidad demandada, y (ii) ser ratificado por los accionantes dentro de los treinta
(30) días siguientes a dicha notificación, so pena de rechazo de la demanda.

42. El 16 de septiembre de 2020, el abogado Óscar Humberto Gómez Gómez aportó
copia simple del poder judicial otorgado por los demandantes y solicitó que se le
eximiera de prestar caución, en consideración a que fue ratificado por sus
poderdantes antes de que se venciera el plazo establecido por la ley para tal efecto.
En consecuencia, a través de providencia de 24 de septiembre del mismo año se
eximió al profesional del derecho de prestar caución.

43. Mediante auto de 9 de diciembre de 2020 se tuvo por no contestada la demanda
por parte del Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional y se resolvió sobre
el decreto y práctica de las pruebas solicitadas por los recurrentes.

44. Vencido el plazo de fijación en lista12, el expediente pasó al despacho para
sentencia.

II.3. Ministerio Público

45. Guardó silencio 13.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

III.1. Competencia y oportunidad

46. El artículo 248 de la Ley 1437 dispone que el recurso extraordinario de revisión
procede en contra de las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y

11
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones […]”.
12
Cfr. índice 40 del expediente digital en SAMAI.
13
Cfr. índice 17 del expediente digital en SAMAI.

8

Radicación núm.: 11001-03-15-000-2020-00943-00
Demandantes: Ubadel José Mora Álvarez y otros

subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
por los tribunales administrativos y por los juzgados administrativos.

47. En tratándose del recurso extraordinario de revisión instaurado en contra de las
sentencias proferidas por las secciones y subsecciones del Consejo de Estado, el
artículo 249 de la Ley 1437 prevé que la competencia radica en la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo de la citada Corporación, sin exclusión de la Sección
que profirió la decisión.

48. De conformidad con el artículo 107 ibidem, las Salas Especiales de Decisión del
Consejo de Estado decidirán los procesos sujetos al conocimiento de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo de la Corporación en los asuntos que esta última
les encomiende, salvo en los procesos de pérdida de investidura y de nulidad por
inconstitucionalidad.

49. Al respecto, el artículo 29 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 –Reglamento
Interno del Consejo de Estado–, al asignar los asuntos de conocimiento de las Salas
Especiales de Decisión, dispuso lo siguiente:

“[…] ARTÍCULO 29.- Las Salas Especiales de Decisión decidirán los siguientes
asuntos de competencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo:

1. Los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las
Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado.

[…]”.

50. Por su parte, los artículos 251 y 252 de la Ley 1437 prevén que este recurso
extraordinario puede interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la
respectiva sentencia, mediante escrito que debe reunir los requisitos establecidos
en esta última disposición, con indicación precisa y razonada de la causal en que
se funda, acompañada de los documentos necesarios y de las pruebas
documentales que el recurrente tenga en su poder y las que pretenda hacer valer.

51. En el caso concreto, se advierte que el señor Ubadel José Mora Álvarez y otros,
el 13 de marzo de 202014, presentaron recurso extraordinario de revisión en contra
de la sentencia de 14 de febrero de 2019, proferida por la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, dentro de la acción de reparación directa
núm.: 54001-23-31-000-2005-01271-01; providencia que fue notificada por edicto
de 7 de marzo de 201915 y quedó ejecutoriada16 el 14 de marzo del mismo año, es
decir, que el recurso se presentó antes del vencimiento del término de un año que
señala la norma.

52. En consecuencia, la Sala es competente para decidir el recurso extraordinario de
revisión de la referencia, en la medida en que fue instaurado oportunamente y
promovido en contra de una sentencia ejecutoriada proferida por la Subsección A
de la Sección Tercera del Consejo de Estado, motivo por el cual se cumplen los
presupuestos procesales para su estudio de fondo.

14
Cfr. Índice 16 del expediente digital en SAMAI.
15
Cfr. Índice 17 del expediente ordinario en SAMAI.
16
Conforme con el artículo 302 de la Ley 1564 de 2015. Cfr. Fl. 380, visible en el índice 21 del expediente digital en SAMAI.

9

Radicación núm.: 11001-03-15-000-2020-00943-00
Demandantes: Ubadel José Mora Álvarez y otros

III.2. Aspectos generales del recurso extraordinario de revisión

53. El recurso extraordinario de revisión, como excepción al principio de la cosa
juzgada que ampara las sentencias ejecutoriadas, ha sido instituido por el legislador
para enmendar los errores o ilícitos cometidos en la expedición de tales
providencias.

54. El citado recurso procede por las causales taxativas que en cada caso haya
definido el legislador, y tiene como propósito garantizar la justicia real y material
como valor fundante del Estado de Derecho, tal y como lo sostuvo la Corte
Constitucional en sentencia C-871 de 2003, en la cual señaló lo siguiente:

“[…] Con todo, el principio de la cosa juzgada no tiene carácter absoluto pues puede
llegar a colisionar con la justicia material del caso concreto. Para enfrentar tal
situación se ha consagrado la acción de revisión, la cual permite en casos
excepcionales dejar sin valor una sentencia ejecutoriada en aquellos casos en que
hechos o circunstancias posteriores a la decisión judicial revelan que ésta es injusta.
En este sentido puede afirmarse que la revisión se opone al principio “res iudicata pro
veritate habertur” para evitar que prevalezca una injusticia, pues busca aniquilar los
efectos de la cosa juzgada de una sentencia injusta y reabrir un proceso ya fenecido
[…]”.

55. Así las cosas, en la medida en que, a través de este recurso se puede ver alterada
la certeza brindada por la cosa juzgada, el mismo procede por las causales
expresamente señaladas por la ley, imposibilitando alegar o acudir a otras 17;
taxatividad que resulta razonable, pues se trata de un mecanismo que modifica
providencias que se consideraban inmutables y definitivas, razón por la cual los
motivos que dan lugar a la revisión deben ser aplicados e interpretados en sentido
restringido18.

56. Por tal razón, el recurso extraordinario de revisión no puede ejercerse como un
medio de impugnación para abordar el fondo del asunto que fue objeto de análisis
en el trámite ordinario, dado que este control autónomo vincula su procedencia a
las causales previstas por el legislador en los artículos 250 de la Ley 1437 y 20 de
la Ley 797 de 29 de enero de 200319. Es por ello que, su naturaleza excepcional
impide: (i) reabrir el debate jurídico, probatorio o fáctico, propio de las instancias
ordinarias; (ii) subsanar las omisiones de las partes en el curso del proceso; y (iii)
cuestionar la interpretación normativa del juez natural.

III.3. De la causal invocada

57. La causal del recurso extraordinario de revisión que invoca el demandante, es la
prevista en el numeral 5. del artículo 250 de la Ley 1437 cuyo tenor literal es el
siguiente:

“[…] Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20
de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:

[…]

17
Corte Constitucional. Sentencia C – 0004 de 20 de enero de 2003. M.P.: Eduardo Montealegre Lynett.
18
Ibidem.
19
“[…] Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se
adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales […]”.

10

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Demandantes: Ubadel José Mora Álvarez y otros

5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no
procede recurso de apelación […]”.

58. De esta manera, se evidencia que el legislador restringió la procedencia de este
mecanismo extraordinario a las sentencias ejecutoriadas contra las que no
procedan recursos, con el fin de corregir errores graves y la perpetración de
decisiones injustas o irregulares. Sin embargo, la jurisprudencia ha admitido la
posibilidad de analizar esta causal cuando el vicio se presente en el momento
previo a dictar el fallo y el afectado no pueda advertirlo, evento que deberá
demostrarse con suficiencia en el trámite de revisión20.

59. En ese orden de ideas, por regla general, no es admisible valerse de esta causal
para controvertir nulidades procesales ocurridas en una etapa previa a la decisión
definitiva, debido a que su formulación se somete a las reglas de oportunidad
consagradas en el artículo 134 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201221, sin perjuicio
del deber del juez de declarar de oficio las nulidades insaneables que advierta antes
de dictar sentencia.

60. De esta manera, la jurisprudencia de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo22 ha sostenido, a título enunciativo, que las irregularidades
sustanciales del procedimiento que pueden considerarse como nulidades
originadas en la sentencia son las siguientes:

“[…] i) falta de jurisdicción o competencia, ii) cuando se dicta nueva sentencia en
proceso terminado normalmente por sentencia en firme, iii) cuando sin más actuación
se dicta sentencia después de ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido aceptado
el desistimiento, aprobada la transacción o declarada la perención del proceso, iv)
cuando se dicta sentencia como única actuación, sin el previo trámite
correspondiente, v) cuando se condena al demandado por cantidad superior o por
objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente de la invocada en
ésta, vi) cuando se condena a quien no ha sido parte en el proceso, vii) o cuando, sin
más actuación, se profiere sentencia después de ocurrida cualquiera de las causas
legales de interrupción o de suspensión o, en estos casos, antes de la oportunidad
debida, viii) cuando la sentencia aparece firmada con mayor o menor número de
magistrados, o adoptada con un número de votos diverso al previsto en la ley, ix)
cuando la providencia carece completamente de motivación. […]”.

61. Adicionalmente, se ha aceptado23 que pueden existir otros motivos no
contemplados en los códigos procesales como causales de nulidad, los cuales se
originan en la vulneración del derecho al debido proceso consagrado en el artículo
29 de la Carta Política, en este evento le corresponderá al juez determinar si el
hecho que se dice contrario a esta garantía tiene la magnitud requerida para
configurar la causal de revisión en cita.

20
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Dieciséis Especial de Decisión. Sentencia de 5 de
mayo de 2020. Radicación núm. 11001-03-15-000-2017-02519-00. C.P. Nicolás Yepes Corrales; Consejo de Estado. Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Tercera Especial de Decisión. Sentencia de 3 de diciembre de 2019. Radicación
núm. 11001-03-15-000-2018-01235-00. C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
21
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones […]”.
22
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Quinta Especial de Decisión. Sentencia de 19 de
mayo de 2023. Radicación núm. 11001-03-15-000-2022-00179-00. C.P. Milton Chaves García; Consejo de Estado. Sala de
lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera -Subsección C. Sentencia de 2 de agosto de 2023. Radicación núm. 11001-
03-26-000-2019-00092-00. C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
23
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Catorce Especial de Decisión. Sentencia de 15 de
abril de 2024. Radicación núm. 11001-03-15-000-2008-00294-00. C.P. Alberto Montaña Plata; Consejo de Estado. Sala de lo
Contencioso Administrativo. Sala Veintiuno Especial de Decisión. Sentencia de 20 de marzo de 2024. Radicación núm. 11001-
03-15-000-2022-01662-00. C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas; Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo. Sala Quince Especial de Decisión. Sentencia de 5 de noviembre de 2019. Radicación núm. 11001-03-15-000-
2018-01415-00. C.P. Hernando Sánchez Sánchez.

11

Radicación núm.: 11001-03-15-000-2020-00943-00
Demandantes: Ubadel José Mora Álvarez y otros

62. En este punto, la Sala considera relevante destacar que el precepto
constitucional en mención, se relaciona con los principios de legalidad, tipicidad,
juez natural, favorabilidad, presunción de inocencia, publicidad, doble instancia, non
bis in idem, entre otros. Asimismo, integra los derechos de defensa, contradicción,
autonomía e independencia del juez y contempla la declaratoria de nulidad de pleno
derecho de la prueba obtenida irregularmente y la observancia de los términos
probatorios y la oportunidad para solicitar, aportar y contradecir las pruebas.

63. Visto
lo anterior, la Sala procederá a efectuar el análisis de fondo de los
argumentos expuestos en el recurso, para, luego, determinar si se configura o no la
causal de revisión invocada por la parte recurrente.

III.4. Problema jurídico

64. Corresponde determinar si se configura o no la causal del numeral 5. del artículo
250 de la Ley 1437, dado que, según los recurrentes, la sentencia objeto de revisión
está viciada de nulidad por: vulnerar su derecho al debido proceso; desconocer el
precedente jurisprudencial, los artículos 2, 90 y 217 de la Constitución Política, 177
y 289 del Código de Procedimiento Civil y 55 de la Ley 270 de 1996, el carácter
imperativo del ius cogens, los principios de convencionalidad y de “[…] no
rompimiento del equilibrio en la distribución de las cargas públicas […]”; y adoptar
una decisión extra petita.

65. Del análisis de los argumentos planteados por los revisionistas, la Sala Especial
de Decisión evidencia que su inconformidad se concreta en los siguientes cargos:

66. (i) La omisión de otorgar a las partes la oportunidad procesal para controvertir los
informes del “Grupo Mecanizado Maza” y de la Sección de Operaciones de la Quinta
Brigada del Ejército Nacional.

67. (ii) La inclusión de planteamientos relacionados con el Plan Estratégico 2016-
2021 y el Programa Presidencial para la Acción Integral contra las Minas
Antipersonales (PAICMA), sin considerar que no fueron decretados como prueba
en el proceso.

68. (iii) Las exigencias probatorias que se hicieron a la víctima sobre información que
reposaba en los archivos del Estado y la demostración de afirmaciones o
negaciones indefinidas.

69. (iv) La interpretación de la prórroga concedida al Estado colombiano para llevar
a cabo las labores de desminado del territorio nacional, en virtud de lo consagrado
en la Convención de Ottawa.

70. (v) La inobservancia del precedente jurisprudencial en el que se estableció que
los títulos jurídicos de imputación aplicables al caso concreto eran el riesgo
excepcional o el daño especial.

71. (vi) La adopción de una decisión extra petita.

12

Radicación núm.: 11001-03-15-000-2020-00943-00
Demandantes: Ubadel José Mora Álvarez y otros

III.5. La omisión de otorgar a las partes la oportunidad procesal para
controvertir los informes del “Grupo Mecanizado Maza” y de la Sección de
Operaciones de la Quinta Brigada del Ejército Nacional

72. Los revisionistas afirmaron que el tribunal de primera instancia omitió proferir el
auto que ordena dar traslado a las partes de las pruebas aportadas al proceso, por
lo que no tuvieron la posibilidad de controvertir los informes del “Grupo Mecanizado
Maza” y de la Sección de Operaciones de la Quinta Brigada del Ejército Nacional,
circunstancia que deriva en la vulneración de su derecho de defensa.

73. Para efectos de resolver este cargo del recurso de revisión, es menester precisar
los aspectos que rodearon las pruebas indicadas en el marco del proceso ordinario,
a saber:

74. Por medio de auto de 25 de mayo de 2007 el a quo tuvo como pruebas los
documentos aportados con la demanda y la contestación, y se pronunció sobre los
requerimientos probatorios de las partes, puntualmente, en relación con el
cuestionamiento que se analiza decidió lo siguiente:

“[…] 2.1. Pedidas por la parte Demandante:

[…]

2.1.12. En consideración que los hechos ocurrieron en la jurisdicción de Norte de
Santander, OFÍCIESE al señor Comandante del Grupo de Caballería Mecanizado N°
5 Maza, en la ciudad de Cúcuta, para que remita informe oficial por los hechos
ocurridos el 22 de enero de 2004, en la Vereda San Martin del Corregimiento La
Gabarra del Mpio. de Tibú, en los que resultó lesionado el señor UBADEL JOSÉ
MORA ALVAREZ, teniendo en cuenta el cuestionario que aparece especificado en el
numeral 150 del acápite de pruebas de la demanda, a folios 38 y 39 del expediente.

[…]

2.2. Pedidas por la parte Demandada:

[…]

2.2.2. Ofíciese al señor Comandante del Grupo de Caballería Mecanizado No 5 Maza,
en la ciudad de Cúcuta, para que certifique si el señor UBADEL JOSÉ MORA
ALVAREZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 84.030.272 de Riohacha, había
comunicado o solicitado protección alguna especial por amenazas recibidas. […]”
(negrilla del texto original).

75. Por consiguiente, en la etapa probatoria se aportaron al plenario los informes del
Grupo de Caballería No. 5 Maza y de la Sección de Operaciones de la Quinta
Brigada del Ejército Nacional.

76. El 7 de febrero de 2011, el apoderado judicial de los recurrentes, allegó un
memorial en el que solicitó que se diera traslado para la presentación de alegatos
de conclusión, expresamente indicó:

“[…] Con toda atención y sin que ello signifique que la parte actora renuncia a las
pruebas solicitadas y decretadas oportunamente, sino al hecho de que ha
transcurrido un tiempo bastante prolongado en la etapa probatoria, solicito se
dé el traslado para alegar. […]” (negrilla fuera del texto).

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Radicación núm.: 11001-03-15-000-2020-00943-00
Demandantes: Ubadel José Mora Álvarez y otros

77. A través de proveído de 28 de junio de 2011, se dispuso correr traslado a las
partes, por el término común de diez (10) días, para que presentaran los alegatos
de conclusión, plazo dentro del cual los demandantes guardaron silencio.

78. Sobre este punto, la sentencia de primera instancia proferida en el proceso
ordinario objeto de revisión, precisó:

“[…] Obran en el expediente, informes rendidos por el Grupo de Caballería 5 Maza
y por la Sección de Operaciones del Ejército Nacional, en los que consta que en
el área general del Municipio de Tibú y particularmente en el Corregimiento de La
Gabarra, en las fechas cercanas al 22 de enero de 2004, se llevaron a cabo
enfrentamientos entre tropas del Ejército conformadas por miembros del Batallón
Contraguerillas No. 45, el Grupo de Caballería No. 5 Hermógenes Maza, y los grupos
insurgentes pertenecientes a las FARC, ELN y AUTODEFENSAS ILEGALES, todo
ello con intención de proteger a la población civil residente en el sector. Sin embargo
dejan el (sic) claro tales informes que en esa fecha específicamente no se
presentaron combates. […]” (negrilla fuera del texto).

79. En consecuencia, los accionantes presentaron recurso de apelación en los
siguientes términos:

“[…] En ninguna parte, aparece que el Ministerio de Defensa Nacional desmienta a
su oficial denunciante en torno a dicho señalamiento. Antes por el contrario, y como
lo acepta el propio Tribunal, existe “El informe remitido por el Ejército Nacional,
Grupo de Caballería No. 5 MAZA (folio 141 v) […] Además, el propio Tribunal admite
la existencia de (sic)

“El Informe remitido por el Ejército Nacional, Grupo de Caballería No. 5 MAZA
(folio 141 v), en el que se indica lo siguiente:

“(...) Igualmente se indica que: “(...) El Área general del Corregimiento de la
Gabarra para el 22 de enero de 2004 era jurisdicción del Grupo de Caballería
Mecanizado No. 5 Maza. (…)24”

5. El propio Ejército Nacional, Grupo de Caballería No. 5 Maza, como lo admite el
Tribunal, es el que informa lo que le sucedió al aquí demandante […] Luego quien
señaló a la guerrilla como la autora de haber sembrado la mina antipersona no fue
cualquier parroquiano o tercero ajeno a los hechos, sino nada menos que el mismo
Ejército Nacional, por conducto del Batallón que se encontraba en el área teatro de
los acontecimientos […]” (negrilla fuera del texto original).

80. Conforme se evidencia de los apartes transcritos, el vicio alegado no tiene origen
en la sentencia de segunda instancia, presupuesto indispensable para la concreción
de la causal de nulidad objeto de análisis; por el contrario, se observa que los
recurrentes tuvieron la oportunidad de emplear los medios ordinarios de defensa
contemplados en el ordenamiento jurídico para advertir las falencias que se
hubieran presentado en la etapa probatoria.

81. Además, se encuentra que en los planteamientos del recurso de apelación se
prohíjan afirmaciones consignadas en el informe del “Grupo de Caballería No. 5
Maza” del Ejército Nacional y no se incluyeron manifestaciones relacionadas con la
nulidad de alguna de las pruebas que obraban en el expediente.

82. Así las cosas, este cargo no tiene vocación de prosperidad.

24
“Sentencia impugnada, p.13”.

14

Radicación núm.: 11001-03-15-000-2020-00943-00
Demandantes: Ubadel José Mora Álvarez y otros

III.6. La inclusión de planteamientos relacionados con el Plan Estratégico
2016-2021 y el Programa Presidencial para la Acción Integral contra las Minas
Antipersonales (PAICMA), sin considerar que no fueron decretados como
prueba en el proceso

83. Los recurrentes manifestaron que el ad quem concluyó que no se presentaron
accidentes similares en el lugar y época de los hechos, ni “[…] se demostró que la
obligación de desminado fuera evidente […]”, con fundamento en el Plan Estratégico
2016-2021 y el Programa Presidencial para la Acción Integral contra las Minas
Antipersonales (PAICMA), los cuales no fueron decretados como prueba en el
proceso, por lo que no se les permitió cuestionar su contenido.

84. En lo atinente a este cargo, la Sala evidencia que los demandantes no
sustentaron con suficiencia las repercusiones que la presunta falencia tuvo en la
providencia examinada, en orden a establecer su carácter fundamental y capacidad
para influir en la decisión definitiva.

85. No obstante, como garantía al derecho al debido proceso, y en gracia de
discusión, la Sala pone de relieve que, sobre los documentos en cita, en el proveído
analizado se señaló:

“[…] En el caso del departamento de Norte de Santander, este se encuentra
priorizado dentro del Plan Estratégico 2016-2021 “Colombia Libre de Sospecha de
Minas Antipersonal a 2021”, en el que se identifican cuatro tipologías de afectación y
la intervención en los próximos cinco años en los 199 municipios con más alta
afectación, entre ellos, el municipio de Tibú25, donde ocurrió el hecho objeto de
demanda.

Según el Programa Presidencial para la Acción Integral contra las Minas
Antipersonales (PAICMA), entre 2000 y 2012, el total de víctimas de estos
artefactos en el Catatumbo (Subregión de Norte de Santander a la que pertenece el
municipio de Tibú, en donde ocurrió el suceso demandado) fue de 666, lo que
representa el 93,2% de las víctimas que se registraron en ese departamento26.
El mismo Programa reportó que, en el año 2004, hubo una disminución progresiva
de víctimas de minas antipersonales en el Catatumbo y que esa región fue incluida
en el proyecto “Fortalecimiento de la Acción contra Minas Antipersonal en Colombia”
del PAICMA, iniciado en octubre de 2011. Los municipios priorizados desde entonces
fueron El Carmen, Convención, El Tarra, Hacarí, La Playa, San Calixto, Sardinata,
Teorama y Tibú.

El proyecto incluye el fortalecimiento de la cobertura y extensión de las intervenciones
de PAICMA, incluyendo la ejecución de actividades de coordinación, desminado
humanitario, educación en el riesgo de minas, asistencia a víctimas, gestión territorial
y gestión de información.

[…]

Se tiene entonces que la labor de desminado en el territorio nacional continúa y que
el Estado colombiano tiene plazo hasta el 1 de marzo de 2021, que el municipio de
Tibú en donde ocurrió el hecho demandado se encuentra priorizado por el Programa
Presidencial para la Acción Integral contra las Minas Antipersonales (PAICMA) desde

25
“Consultado en: http://www.accioncontraminas.gov.co/direccion/Paginas/Plan-Estrategico-2016-2021.aspx y en el
documento denominado “Estado de Intervención municipal de Colombia” actualizado 31 de diciembre de 2018 publicado en
http://www.accioncontraminas.gov.co/estadisticas/Paginas/Operaciones-de-Desminado-Humanitario.aspx”.
26
“Documento denominado "dinámicas del conflicto armado en el Catatumbo y su impacto humanitario publicado por la
Fundación Ideas para la Paz y la Organización Internacional para las Migraciones publicado en
http://cdn.ideaspaz.org/media/website/document/5b72fe7f2b9d1.pdf”.

15

Radicación núm.: 11001-03-15-000-2020-00943-00
Demandantes: Ubadel José Mora Álvarez y otros

2011 y que, además, fue incluido en el Plan Estratégico 2016-2021 “Colombia Libre
de Sospecha de Minas Antipersonal a 2021 (sic).

Además, no se allegó al expediente ni se encuentra información en las
publicaciones a cargo de la Dirección para la Acción Integral contra Minas
Antipersonal, Descontamina Colombia, de otros accidentes por minas
antipersonales ocurridos en la vereda San Martín, corregimiento La Gabarra,
municipio de Tibú, Norte de Santander, lugar de los hechos demandados para
el año 2004.

No se comprobó que para el año 2004 se hubieran presentado otros accidentes
como el sufrido por el demandante en esa zona, ni que esta se encontrara
priorizada dentro del plan de desminado para la época en que ocurrió el hecho.

En todo caso, como lo advierte la sentencia de unificación de la Sala Plena de la
Sección Tercera27, solo en aquellos lugares que son objeto de priorización en materia
de desminado se torna evidente la identificación de una situación de riesgo y por
tanto una labor de prevención y desminado priorizado, circunstancia que no se
demostró en el proceso respecto de la vereda San Martín, corregimiento La
Gabarra, municipio de Tibú, Norte de Santander, lugar donde ocurrió el
accidente que sufrió la víctima. […]” (negrilla fuera del texto).

86. De acuerdo con lo expuesto, se evidencia que, a partir de la revisión del acervo
probatorio allegado al expediente, el juez ordinario de segunda instancia advirtió
que no se aportó información sobre la ocurrencia de otros accidentes en
circunstancias similares a las del señor Ubadel José Mora Álvarez, ni se comprobó
que la zona estuviera priorizada en el plan de desminado en la época en la que
ocurrieron los hechos referidos en la demanda.

87. A juicio de la Sala, la alusión que se hizo al Plan Estratégico 2016-2021 “Colombia
Libre de Sospecha de Minas Antipersonal” y al Programa Presidencial para la
Acción Integral contra las Minas Antipersonales (PAICMA), no fue determinante
para la construcción de la tesis planteada en el fallo recurrido, en la medida que su
supresión no tiene la potencialidad de alterar las conclusiones a las que arribó el ad
quem, de conformidad con los elementos de convicción aportados al proceso.

88. Por lo tanto, este cargo no está llamado a prosperar.

II.7. Las exigencias probatorias que se hicieron a la víctima sobre información
que reposaba en los archivos del Estado y la demostración de afirmaciones o
negaciones indefinidas

89. Los demandantes expusieron que el ad quem le impuso a la víctima la carga de
aportar información que reposaba en los archivos del Estado y la demostración de
afirmaciones o negaciones indefinidas, lo cual, a su juicio, implica el
desconocimiento del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil28, porque se les
exigió comprobar que en el lugar en el que explotó la mina antipersonal se habían
presentado hechos similares, que la zona se encontraba priorizada para adelantar

27
“Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 7 de marzo de
2018, exp. 250002326000200500320 (34359), C.P: Danilo Rojas Betancourth”.
28
“ARTÍCULO 177. CARGA DE LA PRUEBA. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran
el efecto jurídico que ellas persiguen. Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba”.

16

Radicación núm.: 11001-03-15-000-2020-00943-00
Demandantes: Ubadel José Mora Álvarez y otros

las labores de desminado y que el Ejército Nacional tenía conocimiento sobre la
existencia del artefacto explosivo y omitió adelantar labores preventivas.

90. La Sala considera que este cargo del recurso pretende evidenciar presuntas
anomalías que surgen de la inconformidad con la valoración de las pruebas
aportadas al proceso, en virtud de las cuales se descartó la configuración de la falla
del servicio.

91. Al respecto, la Sala Trece Especial de Decisión del Consejo de Estado, en
sentencia de 7 de abril de 201529, indicó:

“[…] debe tenerse en cuenta que la apreciación o valoración probatoria que haga el
juez en la sentencia sea que se haga de una forma u otra, no puede ni debe
considerarse como violación al debido proceso, salvo que se trate de una evidente
arbitrariedad o una ausencia total de motivación.

Y eso es así, porque dicha apreciación es una actividad propia de la labor de
juzgamiento del juez, que se encuentra revestida por el principio de autonomía e
independencia judicial y por el principio de la sana crítica.

5.1.6.- En ese sentido, el desacuerdo en la valoración de las pruebas no puede
ser desatado mediante el ejercicio del recurso extraordinario de revisión. De
ser así, se convertiría este recurso en un escenario para evaluar el grado de
convencimiento de los razonamientos de los jueces ordinarios y, por ende, en una
tercera instancia, lo que vulneraría el principio de cosa juzgada.

No puede perderse de vista que la interpretación y valoración probatoria es un
asunto propio del debate que debe surtirse en el proceso ordinario de
conocimiento.30 […]” (negrilla fuera del texto).

92. A partir de la jurisprudencia citada supra, para la Sala es claro que la taxatividad
de la causal de que trata el numeral 5. del artículo 250 de la Ley 1437 y los criterios
jurisprudenciales que establecen los límites del juez revisor, hacen improcedente el
estudio de aspectos relacionados con la valoración probatoria efectuada por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

93. Aunado a lo anterior, se advierte que el eventual desequilibrio en la distribución
de la carga de la prueba, no hace parte de los eventos que viabilizan la configuración
de la causal de revisión invocada y no se origina en la sentencia cuestionada. En
tal sentido, se recuerda que este mecanismo de impugnación no se instituyó como
una tercera instancia que permita a las partes corregir sus omisiones.

94. En consecuencia, el cargo analizado no tiene vocación de prosperidad.

III. 8. La interpretación de la prórroga concedida al Estado colombiano para
llevar a cabo las labores de desminado del territorio nacional, en virtud de lo
consagrado en la Convención de Ottawa

95. Los revisionistas señalaron que la providencia acusada vulnera el artículo 2 de la
Constitución Política, el principio de convencionalidad y el carácter imperativo del
ius cogens, porque, en su criterio, la prórroga concedida para que el Estado

29
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Trece Especial de Decisión. Sentencia de 7 de abril de
2015. Radicación: 2013-02724-00. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
30
Corte Suprema de Justicia –Sala de Casación Civil- sentencia 076 del 11 de marzo de 1991.

17

Radicación núm.: 11001-03-15-000-2020-00943-00
Demandantes: Ubadel José Mora Álvarez y otros

colombiano cumpliera con el compromiso de destruir las minas antipersonal
existentes en el territorio nacional, no lo releva de “[…] su obligación constitucional
y convencional de velar por la vida de los residentes del área geográfica de Tibú
[…] por lo que el Estado tenía que haber demostrado que […] en dicha área había
adelantado las labores de desminado […]”31.

96. La Sala Especial de Decisión reitera que el juez revisor no está habilitado para
ahondar en la idoneidad de los criterios hermenéuticos aplicados por el ad quem,
que ejerce sus funciones en cumplimiento de los principios de autonomía,
independencia y sana crítica.

97. Así las cosas, se advierte que este argumento del recurso, no está llamado a
prosperar, en razón a que no se dirige a evidenciar una causal de nulidad o de
vulneración al debido proceso en que haya incurrido la sentencia objeto de revisión,
sino a cuestionar la interpretación efectuada sobre el contenido y alcance de la
Convención de Ottawa, pretensión que desborda la naturaleza del recurso
extraordinario de revisión.

III.9. La inobservancia del precedente jurisprudencial en el que se estableció
que los títulos jurídicos de imputación aplicables al caso concreto eran el
riesgo excepcional o el daño especial

98. Los accionantes afirmaron que se desconocieron los artículos 2, 90 y 217 de la
Constitución Política y 55 de la Ley 270 de 1996, el derecho al debido proceso, el
principio de confianza legítima, el principio de “[…] no rompimiento del equilibrio en
la distribución de las cargas públicas […]” y la jurisprudencia de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo y de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

99. Lo anterior, por cuanto, según su interpretación, no se aplicaron los lineamientos
jurisprudenciales trazados para resolver procesos relacionados con víctimas de la
explosión de minas antipersonal y no se tuvo en cuenta la postura vigente al
momento de la presentación de la demanda. Por ello, aseguraron que no se
consideró que “[…] la falla del servicio no es la única fuente de responsabilidad
extracontractual […]” y que los títulos de imputación que se adecuaban a las
particularidades de esos casos eran el riesgo excepcional o el daño especial.

100. Adicionalmente, adujeron que la providencia objeto del recurso es
inconstitucional por desatender las obligaciones del Estado colombiano previstas en
el artículo 2 de la Constitución Política, pues al estudiar la sentencia de 10 de
septiembre de 199732, proferida por la Sección Tercera de esta Corporación e
invocada como precedente, se incluyó una distinción entre las víctimas de las minas
antipersonal según el lugar en el que se instale el artefacto,

101. Sobre este punto, conviene denotar que en el fallo analizado se explicó que la
sentencia en cita, no constituía precedente jurisprudencial vertical debido a que no

31
Para el efecto, los revisionistas citaron los siguientes pronunciamientos: Consejo de Estado. Sección Tercera. Salvamento
de voto de los doctores Stella Conto Díaz del Castillo y Jaime Orlando Santofimio Gambo. Sentencia de Unificación del 7
marzo de 2018. C.P. Danilo Rojas Betancourth. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 25 de febrero de 2016.
C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
32
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 10 de septiembre de
1997.

18

Radicación núm.: 11001-03-15-000-2020-00943-00
Demandantes: Ubadel José Mora Álvarez y otros

contenía una subregla que se debiera aplicar y a las diferencias fácticas existentes
entre los casos.

102. En relación con la inobservancia del precedente jurisprudencial 33, se precisa que
no constituye un vicio que tenga la vocación de materializar una nulidad originada
en la sentencia, toda vez que no se encamina a la revisión de irregularidades de
carácter procedimental, sino al examen de aspectos de fondo del fallo acusado.

103. De ese modo, se evidencia que los demandantes pretenden reabrir la discusión
que se suscitó en la acción de reparación directa sobre el título jurídico de
imputación que se ajustaba a las particularidades del caso, análisis ajeno a los
propósitos de este recurso.

104. Confundamento en las anteriores premisas, la Sala concluye que estos
planteamientos no están llamados a prosperar.

III.10. La adopción de una decisión extra petita

105. Según los recurrentes el fallo analizado contiene un pronunciamiento extra
petita, que favorece al Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional “[…] pues
esta [entidad] no había abordado en absoluto […] la ausencia de responsabilidad
estatal por daño especial o responsabilidad estatal sin falta o por rompimiento del
equilibrio en la distribución de las cargas públicas y, sin embargo, la sentencia lo
negó, sustituyendo a la parte demandada en su alegación y rompiendo así el
principio procesal de igualdad de las partes […]”.

106. Frente a ello, es menester indicar que el principio de congruencia es una garantía
procesal que delimita el contenido de la sentencia, actualmente, se encuentra
regulado en el artículo 281 de la Ley 1564, antes de su vigencia lo preveía el artículo
305 del Código de Procedimiento Civil, en dichas disposiciones el legislador lo
definió en los siguientes términos:

“[…] La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones
aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este Código contempla,
y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo
exige la ley.

No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del
pretendido en la demanda, ni por causa diferente a la invocada en ésta.

Si lo pedido por el demandante excede de lo probado, se le reconocerá solamente lo
último. […]”.

tal virtud, la jurisprudencia34 de esta Corporación ha sostenido que la
107. En
congruencia debe ser interna y externa, la primera acepción se relaciona con la

33
Sobre la imposibilidad de considerar el desconocimiento del precedente judicial como un presupuesto configurativo de la
nulidad originada en la sentencia, consultar: Sobre la imposibilidad de considerar el desconocimiento del precedente judicial
como un presupuesto configurativo de la nulidad originada en la sentencia, consultar: Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Subsección C de la Sección Tercera. Sentencia de 22 de agosto de 2022. Radicación: 11001-
03-26-000-2018-00064-00. C.P. Nicolás Yepes Corrales. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala
Especial de Decisión 2. Sentencia de 4 de agosto de 2020. Radicación: 11001-03-15-000-2016-03553-00. C.P. César
Palomino Cortés.
34
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Subsección A de la Sección Tercera. Sentencia de 1° de
diciembre de 2023. Radicación: 11001-03-26-000-2020-00056-00. C.P. María Adriana Marín. Consejo de Estado, Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo, Sala Once Especial de Decisión. Sentencia de 2 de noviembre de 2023. Radicación: 11001-
03-15-000-2022-04344-00. C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.

19

Radicación núm.: 11001-03-15-000-2020-00943-00
Demandantes: Ubadel José Mora Álvarez y otros

armonía entre las partes motiva y resolutiva del fallo y, la segunda, con el vínculo
entre lo pretendido por las partes en la demanda y en el escrito de oposición.

108. En otras palabras, en la sentencia se debe salvaguardar la unidad temática entre
lo pedido en la demanda, los fundamentos fácticos y jurídicos que emergen de la
controversia, la contestación y los cuestionamientos del recurso de apelación.

109. Desde este punto de vista, la incongruencia se acredita en los siguientes casos:

“[…] cuando al demandado se le condena por cantidad superior a la pedida (“ultra
petita”), o por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente a
la invocada en la misma (“extra petita”), o cuando se omite el pronunciamiento
sobre una de las pretensiones (“minus petita”). En la misma línea, el Consejo de
Estado ha puntualizado que la alegación sobre el quebrantamiento del citado
principio no admite el cuestionamiento a la apreciación probatoria o a la actividad
interpretativa desarrollada por el juez, así como tampoco permite calificar el acierto
de la decisión censurada o examinar la posible configuración de errores in
iudicando35. […]” (negrilla fuera del texto).

110. Precisado lo anterior, la Sala procede a evaluar si los derroteros incorporados a
la sentencia de 14 de febrero de 2019 sobre la responsabilidad por daño especial,
implican que se adoptó una decisión extra petita.

111. En el libelo introductorio del proceso ordinario se solicitó que se declarara que
“[…] LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (Ejército Nacional) es
administrativamente responsable de la totalidad de los daños y perjuicios de todo orden
ocasionados a los demandantes a consecuencia de las graves lesiones ocasionadas por
una mina antipersonal al ciudadano UBADEL JOSÉ MORA ÁLVAREZ, en hechos
ocurridos en la Vereda San Martin, Corregimiento de La Gabarra, comprensión municipal
de Tibú (Norte de Santander), el día 22 de enero de 2004 […]” (negrillas del texto original).
112. En el término otorgado para contestar la demanda, la entidad accionada formuló
la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva y alegó el eximente de
responsabilidad por el hecho de un tercero.

113. A su turno, el a quo negó las pretensiones al evidenciar que el daño no podía
imputarse al Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional, porque fue causado
por terceros indeterminados, y la obligación de desminar el territorio nacional aún
no era exigible.

114. En consecuencia, en el recurso de apelación los demandantes consignaron,
entre otros, los siguientes argumentos:

“[…] La teoría de la responsabilidad extracontractual del Estado por daño
especial, que se apoya en la noción de Equidad, para que no se desbarate el
equilibrio en la distribución de las cargas públicas, y el costo de la supervivencia de
nuestras tropas, que se salvan de una acción dirigida en su contra gracias a que un
inocente es el que recibe su impacto letal o dañino, ni el costo de una guerra en cuyo
contexto quienes tratan de derribar al Estado lo agreden causándole daño a quien no
está tomando parte en el enfrentamiento, tenga que asumirlo en solitario el pobre
trabajador campesino desgraciadamente residente en el área de los combates,
mientras que el resto de la Nación tranquilamente continúa con su vida normal en el
resto del territorio nacional, en las urbes, exenta de aquellos peligros, fue adoptada
y ha sido reiterada por la máxima autoridad en lo Contencioso Administrativo, y no

35
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veinticinco Especial de Decisión. Sentencia de 4 de
agosto de 2023. Radicación: 11001-03-15-000-2022-04218-00. C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.

20

Radicación núm.: 11001-03-15-000-2020-00943-00
Demandantes: Ubadel José Mora Álvarez y otros

puede un tribunal o un juez subalterno apartarse caprichosamente de ese lineamiento
superior […] la aseveración que de entrada hace el Tribunal en el sentido de que la
Nación no será declarada responsable porque no fue el Ejército el que colocó la mina,
contraría por completo la lógica jurídica y probatoria atinente a este asunto, ya que
la responsabilidad extracontractual del Estado no siempre deriva de que sus
instituciones o autoridades legítimas hayan sido las autoras, por acción del hecho
dañoso, sino que en ocasiones, y por razones de Equidad, se indemniza a la víctima
inocente de una acción ejecutada, por terceros si, pero contra blancos
gubernamentales o militares, en lo que se conoce como la Teoría del Daño Especial
o responsabilidad sin falta, por rompimiento del equilibrio en la distribución de
las cargas públicas, en el entendido de que una solución distinta repugnaría al más
elemental sentido de lo justo, pues, entonces, el artefacto que iba dirigido a las tropas
estatales dañó a un inocente campesino […]” (negrilla fuera del texto).

115. A su vez, en la providencia reprochada se consideró:

“[…] Para los apelantes, al margen de que no se hubieran presentado combates el
mismo día del accidente sufrido por el señor Ubadel José Mora Álvarez, lo cierto es
que el artefacto explosivo iba dirigido a los militares pero la víctima fue un civil,
lo que rompía el equilibrio del principio de igualdad frente a las cargas públicas
que este debía soportar.

Sobre el particular, la Sala en pronunciamiento reciente advirtió que en casos como
el que se examina el título de imputación aplicable es el de la falla en el servicio.
Además, en todos los casos, debe analizarse primero, a fin de verificar si existe una
obligación legal respecto de la cual la Administración hubiese incurrido en una
omisión, acción o extralimitación y solo en su defecto, procede el estudio de una
responsabilidad objetiva […]” (negrilla fuera del texto).

116. En armonía con lo anterior, se encuentra que en el proveído censurado se
descartó la posibilidad de abordar el estudio del caso de acuerdo con los parámetros
del daño especial, de conformidad con las pretensiones de la demanda y en
atención a la tesis propuesta por los accionantes en el recurso de apelación, motivo
por el que no se trata de un asunto ajeno a la controversia.

117. Por consiguiente, la Sala considera que no se adoptó una decisión extra petita,
puesto que no existe discrepancia entre la litis planteada por las partes y la
sentencia objeto de revisión.

118. En virtud de lo expuesto, se advierte que los cargos planteados por los
demandantes no configuran la causal del numeral 5. del artículo 250 de la Ley 1437,
por tal razón se declarará infundado el recurso de la referencia.

III.11. De la condena en costas

119. La Sala de Decisión estima que, no obstante la no prosperidad del recurso de
revisión impetrado, no habrá lugar a condenar en costas, toda vez que la parte
demandada, pese a haber sido debidamente notificada del auto admisorio del
recurso, guardó silencio, lo que da cuenta de que no se incurrió en ningún costo o
gasto procesal para el ejercicio del derecho de contradicción y defensa de dicho
extremo de la litis.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sala Veinte Especial de Decisión, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

21

Radicación núm.: 11001-03-15-000-2020-00943-00
Demandantes: Ubadel José Mora Álvarez y otros

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por el señor Ubadel José Mora Álvarez y otros contra la sentencia de 14
de febrero de 2019, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, dentro de la acción de reparación directa con radicación núm.: 54001-
23-31-000-2005-01271-01.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: ARCHIVAR el expediente del recurso extraordinario de revisión,
previas las anotaciones en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Consejero de Estado Consejera de Estado

NICOLÁS YEPES CORRALES JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado (E) Consejero de Estado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sala Veinte Especial de Decisión
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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