Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-04344-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-04344-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-04344-00
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
2 de noviembre de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04344-00
Actor: José Oscar Hernández
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA ONCE (11) ESPECIAL DE DECISIÓN
Consejera ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá, D.C., dos (2) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04344-00
Actor: José Oscar Hernández
Tema: Causal de revisión prevista en el numeral 5 del artículo 250 de la
Ley 1437 de 2011. Intereses moratorios causados por el pago
tardío de la homologación y nivelación salarial
FALLO
La Sala Once (11) Especial de Decisión resuelve el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por el señor José Oscar Hernández, contra la sentencia proferida el 24
de junio de 2021 por la Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de
Estado1, mediante la cual se revocó el ordinal tercero y se confirmó en lo demás el
fallo del 11 de marzo de 2019 del Tribunal Administrativo de Caldas, por el que se
negaron las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto
en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (en adelante, CPACA), el señor José Oscar Hernández presentó
demanda en contra de la Nación - Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría
de Educación del Municipio de Manizales2, en la que solicitó:
«Primera.- Se declare la nulidad del Oficio SEM-UAF-2063 “acto administrativo” del 18 de
julio de 2016, notificado el día 25 de Julio de 2016, respecto de la petición del (la)
demandante, el (la) señor (a) José Oscar Hernández; y por medio de la cual desconocieron y
negaron los intereses moratorios generados con ocasión al pago tardío del retroactivo de la
Homologación y Nivelación salarial.
Segunda.- Como consecuencia de la anterior declaración y a título de RESTABLECIMIENTO
DEL DERECHO, igualmente se declare que el (a) actor (a) tiene pleno derecho a que LA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE MANIZALES y/o LA NACIÓN –
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, le reconozcan y ordenen pagar, los intereses
moratorios, efectivos a partir del día siguiente a los treinta (30) días posteriores a su causación -
1
Índice 2 de SAMAI. Archivo: «ED_FH286RECURSODERE(.pdf) NroActua 2», págs. 66 a 99.
2
Índice 28 de SAMAI. Carpeta: «RECIBEPRUEBAS_ONEDRIVE_1_1322023(.zip) NroActua 28». Archivo: «C01Principal.pdf»,
págs. 6 a 24.
1
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04344-00
Actor: José Oscar Hernández
1 de Enero de 2003 al año 2008 – y en adelante hasta el día en que fue efectivo el pago del
retroactivo por homologación y nivelación salarial, esto es, el mes de Mayo de 2014.
Tercera.- Se condene a LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE MANIZALES
y LA NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, a pagar al actor los intereses
moratorios a que tiene derecho, liquidados con base al interés bancario corriente desde la fecha
de causación hasta la fecha efectiva de pago; en consideración a que, el pago de la nivelación
salarial debe hacerse al igual que el salario, por periodos de treinta (30) días, por tanto, una vez
ocurrido dicho vencimiento, su no pago genera automáticamente la obligación de cancelar los
intereses aludidos.
Cuarta.- Se ordene liquidar y pagar, a expensas de LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL
MUNICIPIO DE MANIZALES y LA NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, a
favor del (a) actor (a), los intereses reclamados, con base al capital neto cancelado, es decir, sin
incluir el valor que por concepto de indexación salarial se reconoció.
Quinta.- Se ordene a LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE MANIZALES y
LA NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, dar cumplimiento al fallo dentro del
término previsto en el inciso segundo del artículo 192 del CPACA, igualmente que en virtud de
la voluntad contemplada en el poder conferido se haga entrega de los dineros al apoderado.
Sexta.- Se condene a LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE MANIZALES y
LA NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, pagar a favor de mi mandante los
intereses moratorios, conforme lo ordena el inciso 3º del artículo 192 del CPACA.
Séptima.- Se condene en costas a LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE
MANIZALES y a LA NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, en caso de que se
opongan a las pretensiones de esta demanda.
Octava.- En el fallo que acceda a las pretensiones de la demanda, se ordene expedir al suscrito
apoderado, primera copia que preste mérito ejecutivo, así como copia auténtica con constancia
de ejecutoria.
Novena.- Una vez quede en firme el fallo que acceda a las pretensiones de la demanda, solicito
muy comedidamente, que al momento de comunicar a LA SECRETARÍA DEL MUNICIPIO DE
MANIZALES y a LA NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL- se les remita copia
auténtica con la fecha exacta de la constancia de ejecutoria».
Invocó como normas violadas3 los artículos 1, 2, 13, 25, 53, 58, 93, 123, 209 y 350
de la Constitución Política (CP); 1608 (numerales 1 y 2), 1617 y 1649 del Código Civil
(CC); 177 del Código Contencioso Administrativo (CCA) y 12 del Convenio 95 de
1949 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Sostuvo que el señor José Oscar Hernández prestó sus servicios en la Secretaría de
Educación del Municipio de Manizales en calidad de personal administrativo y que
mediante el Decreto 011 de 2004 esa entidad territorial incorporó en su planta de
personal que laboraba en el departamento de Caldas, a la planta central de la
Administración Municipal a partir del 1º de enero de 2003, con cargo a los recursos
del Sistema General de Participaciones.
La citada incorporación se llevó a cabo sin que se homologaran y nivelaran
salarialmente los correspondientes cargos y salarios, lo que generó desigualdad para
los funcionarios pagados con recursos del Sistema General de Participaciones,
respecto de aquellos pertenecientes a la planta central del municipio.
Precisó que con sustento en la Directiva Ministerial 10 de 2005 y en la Resolución
nro. 2171 de 2006 expedida por el Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría
3
Índice 28 de SAMAI. Carpeta: «RECIBEPRUEBAS_ONEDRIVE_1_1322023(.zip) NroActua 28». Archivo: «C01Principal.pdf»,
págs. 6 a 24.
2
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04344-00
Actor: José Oscar Hernández
de Educación Municipal, esta última elaboró y presentó el estudio técnico para la
homologación y nivelación salarial ante el citado ministerio, quien lo aprobó con el
oficio del 28 de agosto de 2012. Posteriormente, por medio del Decreto 388 del 12 de
octubre del 2012, el municipio modificó la homologación y nivelación salarial de
cargos administrativos de la Secretaría de Educación, financiados con recursos del
Sistema General de Participaciones, los cuales tienen como parámetro los salarios
del departamento de Caldas a 31 de diciembre de 2002, aplicando los respectivos
incrementos salariales efectuados por parte del municipio desde el año 2003 a 2012.
La Secretaría de Despacho Encargada de la Secretaría de Hacienda del municipio
de Manizales expidió la Resolución nro. 630 del 11 de abril de 20144, por la cual se
liquida y reconoce la suma de $66.620.687 a favor del demandante, por concepto de
ajuste de homologación y nivelación salarial del periodo comprendido entre el 1º de
enero de 2003 hasta el 31 de diciembre de 20115. El pago se realizó de manera
extemporánea en el mes de mayo de 2014, debiéndose los intereses moratorios.
Destacó que la obligación de reconocer el pago de la homologación de cargos y
nivelación salarial debe ser a partir del momento en el que el demandante fue
trasladado a la planta de personal de la entidad territorial -1º de enero de 2003-, razón
por la cual, el pago tardío del retroactivo, realizado en el mes de mayo de 2014, da
lugar a los intereses moratorios en los términos de los artículos 1608, 1617 y 1649
del Código Civil, los cuales fueron solicitados mediante derecho de petición
presentado el 24 de julio de 2015.
Por medio del oficio SEM-UAF-2063 del 18 de julio de 2016, la Secretaría de
Educación Municipal negó el reconocimiento y pago de los intereses moratorios
reclamados, porque de acuerdo con el reporte remitido por el Ministerio de
Educación Nacional no hay lugar a su exigencia, toda vez que no existe mora en el
pago de las obligaciones laborales.
Afirmó que la Secretaría de Educación del municipio de Manizales tenía que liquidar
los intereses moratorios desde el 1º de enero de 2003, en la cuantía de 1.5 veces el
interés bancario corriente, mes a mes desde el día siguiente a la fecha de su
causación y hasta el día efectivo del pago total, pese a lo cual, no lo hizo.
Indicó que del pago total de la deuda [$66.620.687], la citada entidad reconoció como
valor neto sin indexación la suma de $50.624.744, de modo que los intereses
reclamados deben reconocerse y calcularse con base en esta última.
2. Contestación de la demanda
El Ministerio de Educación Nacional6 afirmó que no expidió el acto administrativo
demandado, por lo que no es posible que se le impute responsabilidad por el hecho
de un tercero.
Explicó que la función ministerial en casos como el presente consiste en: (i) impartir
directrices a las entidades territoriales en relación con el proceso de homologación y
nivelación salarial, (ii) generar la política sectorial y la reglamentación pertinente para
la organización de las diferentes modalidades de prestación del servicio público
4
Por la cual se reconoce y ordena un pago por concepto de homologación y nivelación salarial del personal administrativo
adscrito a la Secretaría de Educación del municipio de Manizales.
5
Así consta en el acto administrativo.
6
Índice 28 de SAMAI. Carpeta: «RECIBEPRUEBAS_ONEDRIVE_1_1322023(.zip) NroActua 28». Archivo: «C01Principal.pdf»,
págs. 179 a 197.
3
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04344-00
Actor: José Oscar Hernández
educativo y (iii) definir la metodología, distribuir, girar y hacer seguimiento a los
recursos que provienen del Sistema General de Participaciones.
Propuso las siguientes excepciones: (i) falta de legitimación en la causa por pasiva,
(ii) prescripción, (iii) inepta demanda y (iv) la genérica.
El municipio de Manizales7 se opuso a las pretensiones de la demanda porque al
demandante no le asiste el derecho al pago de los intereses moratorios a los que se
refieren los artículos 1608, 1617 y 1649 del CC, sobre las sumas reconocidas como
ajuste a la homologación y nivelación salarial efectuada por el municipio de
Manizales y el MEN en el año 2008.
Aclaró que como esa suma fue indexada, el actor no tiene derecho a reclamar los
intereses moratorios, toda vez que se estaría pretendiendo que la entidad territorial
realice un doble pago.
Propuso las excepciones de: (i) inexistencia de la obligación con fundamento en la
ley de inaplicabilidad de intereses moratorios, (ii) falta de legitimación en la causa por
pasiva, (iii) caducidad de la acción, (iv) prescripción extintiva del derecho e (v) inepta
demanda.
3. Sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Caldas mediante sentencia proferida el 11 de marzo de
2019, resolvió8:
«PRIMERO: DECLÁRASE FUNDADA la excepción de “falta de legitimación en la causa
por pasiva”, formulada por el MUNICIPIO DE MANIZALES, en el proceso relacionado en la
parte motiva de la providencia.
SEGUNDO: DECLÁRENSE NO PROBADAS las excepciones de falta de legitimación en la
causa por pasiva, prescripción y genérica propuesta por el Ministerio de Educación
Nacional.
TERCERO: RECONOCER POR RAZONES DE EQUIDAD Y JUSTICIA, que por parte de
la NACION – MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, se le reconozca al actor una
indemnización teniendo como base la suma de $ 29.412.399, y como límites temporales
para la liquidación el 1 de enero de 2012 hasta el 21 de mayo de 2014.
CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
QUINTO: SIN COSTAS».
Explicó que de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado9, tanto la
indexación como los intereses moratorios tienen la finalidad de mitigar los efectos
adversos que devienen de la mora del deudor en el cumplimiento de sus
obligaciones, de manera que no son acumulables, por lo que reconocer ambos
emolumentos implica condenar a la entidad a un doble pago por la misma causa.
Señaló que los intereses moratorios inician con el incumplimiento del crédito u
obligación, en tanto el periodo de la indexación está dado entre la fecha del crédito,
7
Índice 28 de SAMAI. Carpeta: «RECIBEPRUEBAS_ONEDRIVE_1_1322023(.zip) NroActua 28». Archivo: «C01Principal.pdf»,
págs. 146 a 161.
8
Índice 28 de SAMAI. Carpeta: «RECIBEPRUEBAS_ONEDRIVE_1_1322023(.zip) NroActua 28». Archivo: «C01Principal.pdf»,
págs. 292 a 307.
9
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de abril de 2015, exp. 2503-2013, C.P. Gustavo Eduardo Gómez
Aranguren.
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Actor: José Oscar Hernández
capital u obligación y aquella en la que se quiere actualizar, no siendo relevante la
existencia de la mora.
Sostuvo que el proceso de nivelación tuvo como fundamento la necesidad de
incorporar los cargos del orden nacional a la planta de la entidad territorial, y dada la
diferencia salarial y prestacional entre uno y otro, había lugar al reconocimiento de
los mayores valores resultantes de la homologación actualizados al momento del
pago, sin que tuviera la connotación de pago tardío de la obligación. A lo que agregó,
que tampoco hay norma que faculte liquidar intereses moratorios para casos como el
presente.
Encontró acreditado que mediante la Resolución nro. 630 del 11 de abril de 2014 se
realizó el ajuste por homologación y nivelación salarial por el periodo comprendido
entre el 1º de enero de 2003 al 31 de diciembre de 2011. Así mismo, que se
reconoció por concepto de indexación la suma de $15.995.942.
Advirtió, frente al periodo comprendido entre el 1º de enero de 2012 y el 21 de mayo
de 2014, que este no había sido indexado, por lo que, de manera oficiosa, en
cumplimiento del artículo 53 Constitucional, dispuso su reconocimiento en el monto
de $29.412.399.
Finalmente, no se impuso condena en costas por no estar demostradas.
4. Recurso de apelación
La parte demandante interpuso recurso de apelación10 contra la decisión de primera
instancia, con fundamento en lo siguiente:
Afirmó que con fundamento en el artículo 53 de la CP, el despacho judicial justificó la
protección del poder adquisitivo del salario; sin embargo, desestimó que, de la misma
norma, devienen otros derechos -favorabilidad y pago oportuno de los salarios y prestaciones-,
los cuales fueron desconocidos, pese a que el ajuste al retroactivo por homologación
se pagó 11 años después de su causación.
La inconformidad se presenta por el pago inoportuno de una obligación que se
originó por ministerio de la Constitución y de la Ley, que debía pagarse cuando el
servidor fue trasladado a la nueva planta de personal -año 2003-, y no esperar hasta el
año 2014, por lo que esa tardanza justifica el reconocimiento de intereses moratorios.
Discrepó del argumento según el cual no es posible reconocer intereses de mora
sobre las sumas indexadas y consideró que el tribunal debía aplicar los principios de
analogía y equidad, teniendo en consideración las normas que regulan las
indemnizaciones por el incumplimiento en el pago de las obligaciones, que deben
interpretarse según la protección especial al trabajador prevista en el artículo 53
Superior.
Las entidades demandadas omitieron la obligación de efectuar las gestiones
administrativas y presupuestales en el tiempo oportuno con el fin de salvaguardar la
equidad e igualdad laboral entre los empleados de una y otra planta, para que así los
que fueron trasladados gozaran de un salario en igualdad de condiciones respecto al
personal del nivel territorial.
10
Índice 28 de SAMAI. Carpeta: «RECIBEPRUEBAS_ONEDRIVE_1_1322023(.zip) NroActua 28». Archivo: «C01Principal.pdf»,
págs. 310 a 330.
5
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04344-00
Actor: José Oscar Hernández
La homologación salarial no era una mera expectativa puesto que, según el Consejo
de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil11, en ese proceso no debía existir una
desmejora salarial y, por el contrario, sería un mejoramiento de la asignación, con
cargo al situado fiscal -hoy Sistema General de Participaciones-.
De conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado12 y de la Corte
Constitucional13, el reconocimiento de la indexación de los valores adeudados no es
excluyente ni incompatible con los intereses de mora.
Solicitó que no se le condene en costas, toda vez que no se demostró la temeridad o
mala fe en su actuación.
El Ministerio de Educación Nacional14 solicitó que se revoque el fallo cuestionado
porque se le ordenó el reconocimiento de «una indemnización teniendo como base la
suma de $29.412.399, y como límites temporales para la liquidación el 1º de enero de 2012
hasta el 21 de mayo de 2014» -ordinal tercero de la parte resolutiva-.
Señaló que la citada indemnización no resultó del proceso de homologación e
incorporación del personal administrativo de la planta nacional a la de la entidad
territorial, sino que se generó por la demora de la administración municipal en el
pago de los recursos por ese concepto. Así mismo, anotó que su reconocimiento
atenta contra el principio de «consonancia» de la sentencia, en tanto que aquella no
fue pretendida en la demanda y no se surtió el debido agotamiento de la vía
administrativa, por lo que la condena extra petita impuesta por el a quo se aparta de
la homologación y nivelación salarial solicitada.
Alegó que se configura la falta de legitimación en la causa por pasiva, al no ser el
titular de la obligación que se demanda, ni haber proferido el acto administrativo
cuestionado, como tampoco haber retrasado el pago de los emolumentos
reconocidos.
5. Sentencia de segunda instancia
Mediante providencia del 24 de junio de 2021, la Subsección “A” de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, resolvió15:
«Primero. Revocar el numeral Tercero de la parte resolutiva de la sentencia del 11 de marzo
de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala de Decisión por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia apelada que negó las pretensiones de la
demanda presentada por el señor José Oscar Hernández contra la Nación – Ministerio de
Educación Nacional y el Departamento de Caldas, por los motivos manifestados en las
consideraciones de este fallo.
Tercero. No condenar en costas de segunda instancia a la parte demandante.
Cuarto. Devolver el expediente al Tribunal de origen».
11
Concepto nro. 1607 del 9 de diciembre de 2004.
12
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 24 de febrero de 2005, exp. 21120, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.
13
Sentencia T-418 de 1996.
14
Índice 28 de SAMAI. Carpeta: «RECIBEPRUEBAS_ONEDRIVE_1_1322023(.zip) NroActua 28». Archivo: «C01Principal.pdf».
págs. 331 a 341.
15
Índice 28 de SAMAI. Carpeta: «RECIBEPRUEBAS_ONEDRIVE_1_1322023(.zip) NroActua 28». Archivo: «C01Principal.pdf».
págs. 372 a 405.
6
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04344-00
Actor: José Oscar Hernández
Precisó que la petición del demandante, respecto de la procedencia del
reconocimiento de intereses moratorios, parte de una premisa que no se ajusta a la
realidad, pues en ella se sostiene que el retroactivo por concepto de homologación y
nivelación salarial realizado desde el año 2003 hasta el 31 de diciembre de 2011 tan
solo se ordenó en la citada resolución y se pagó en mayo de 2014, cuando el que, en
realidad, se ordenó a través de la aludida resolución no fue como resultado de la
homologación propiamente dicha, sino de un ajuste a esa homologación.
Consideró que no procedía el reconocimiento de intereses moratorios, con sustento
en lo que encontró acreditado en el expediente, así: (i) «mediante la Resolución 630 del
11 de abril de 2014, que dispuso el pago del ajuste a la homologación, también se reconoció
una suma por concepto de la indexación», (ii) «entre la fecha de expedición del acto
administrativo antes indicado, esto es el 11 de abril de 2014 y la fecha en que se materializó
el pago de tales diferencias -mayo de 2014- no se podría considerar que la autoridad incurrió
en tardanza para pagar las sumas correspondientes, toda vez que se trató del tiempo
razonable durante el cual el acto administrativo cobró firmeza y se realizaron las gestiones
tendientes para realizar el desembolso, además, tampoco está demostrada,
fehacientemente, la fecha exacta en que se hizo el pago, pues tan solo se indicó que ello
ocurrió en el mes de mayo de 2014 […]. Bajo el anterior lineamiento, cuando se demuestra
que ha transcurrido un término razonable entre la expedición del acto administrativo que
reconoce la suma correspondiente a la homologación y nivelación salarial y el momento del
pago, no procede el reconocimiento de los intereses moratorios» y (iii) «los intereses
pretendidos en la demanda no estaban contemplados en norma expresa que los autorice o
que faculte su cobro».
Destacó que pese a que el demandante fue incorporado a la planta de la Secretaría
de Educación de Caldas a partir de 2003 y que era desde esa fecha que se debían
sufragar los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos, lo cierto es que la
administración, con el fin de conjurar la pérdida del poder adquisitivo de lo que se
dejó de devengar, indexó las sumas, lo que resulta incompatible con el pago de
intereses moratorios.
En relación con la solicitud de que se revoque el ordinal tercero de la sentencia de
primera instancia que ordenó la indexación por el periodo comprendido entre la fecha
en que quedó ejecutoriado el acto administrativo de reconocimiento de los valores
debidos al demandante y aquella en la que se hizo el pago -1º de enero de 2012 hasta el
21 de mayo de 2014-, expuso que comoquiera que esa pretensión no la formuló el actor,
el a quo no estaba en capacidad de reconocerlo, en consideración al carácter rogado
de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por lo que procede su
revocatoria.
Explicó que el transcurso de un (1) mes para el pago es un tiempo prudencial que no
resulta irracional, dados los trámites administrativos que deben surtirse.
Por último, indicó que no hay lugar a que se imponga la condena en costas, en la
medida en que no se demostró su causación.
II. RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
1. Demanda
7
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04344-00
Actor: José Oscar Hernández
El 10 de agosto de 202216, el señor José Oscar Hernández, mediante apoderado y
con fundamento en la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA,
interpuso recurso extraordinario de revisión contra la sentencia del 24 de junio de
2021, proferida por la Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
Formuló las siguientes pretensiones17:
«PRIMERO.- Declarar Infirmada la sentencia proferida por el Consejo de Estado - Sección
Segunda - Subsección A, del 24 de junio de 2021, bajo el número referenciado, que confirma la
decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Caldas.
SEGUNDO.- En consecuencia, como resultado de la declaratoria de la sentencia viciada en
nulidad, se reenvíe o remita el expediente al despacho de origen, es decir, al Consejo de
Estado-Sección Segunda -Subsección A, conformada por los consejeros de Estado, William
Hernández Gómez, Gabriel Valbuena Hernández y Rafael Francisco Suárez Vargas, para que
se resuelva en debida forma, es decir, profiriendo un fallo favorable.
TERCERO.- Las demás que este Honorable Despacho considere necesarias».
Sustentó la causal de revisión en los siguientes términos18:
Afirmó que la sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión vulneró el
principio de congruencia, porque se incurrió en error «en la parte considerativa de la
decisión, la cual sirvió al consejero para resolver el problema jurídico planteado bajo la
supuesta debida interpretación de las pretensiones y la contestación de la demanda; si bien
no hay discusión sobre el planteamiento de la fijación del litigio, si hay yerros que discutir en
cuanto al objeto del asunto, puesto que […] se negaron todas y cada una de las pretensiones
por un objeto distinto del pretendido en la demanda y una causa diferente a la invocada, esto
es de manera citra petita […]».
Expuso que lo solicitado en la demanda fue el reconocimiento de los intereses de
mora desde el año 2003 -momento a partir del cual el actor pasó a pertenecer a la planta de
personal territorial- hasta el año 2014 -fecha en la que se efectuó el pago del retroactivo salarial
correspondiente a la nivelación tardía-, pese a lo cual, en la sentencia censurada se
entendió erróneamente que la reclamación de dichos intereses correspondía al
periodo causado desde el acto de reconocimiento del retroactivo hasta la fecha de su
pago, lo que desconoce el principio de congruencia previsto en el artículo 281 del
CGP.
A su juicio, en la sentencia de segunda instancia no se resolvió la pretensión
referente a los intereses de mora, y no se indicaron las razones de hecho y de
derecho por las cuales no había lugar a su procedencia y pago, pues lo decidido se
concretó en la indexación, de ahí que resulte incongruente, al reconocerse de oficio.
Destacó que la decisión cuestionada no se ajustó a las normas preexistentes, toda
vez que la Ley 715 de 2001 estableció un término perentorio para que el Estado
realizara la nivelación salarial.
Agregó que no es cierto que esos dos conceptos tengan la misma finalidad, toda vez
que los intereses de mora corresponden a una sanción por el no pago oportuno de la
obligación, mientras que la indexación es la actualización del dinero por la pérdida de
su valor adquisitivo.
16
Índice 1 de SAMAI.
17
Índice 2 de SAMAI. Archivo: «ED_FH286RECURSODERE(.pdf) NroActua 2», pág. 5.
18
Ibidem, págs. 6 a 19.
8
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04344-00
Actor: José Oscar Hernández
El juez de instancia no accedió al reconocimiento y pago de los intereses moratorios
aun cuando la mora estaba probada con documentos idóneos, fechas y periodos de
liquidación que resultan irrefutables.
En el fallo recurrido se indicó que las entidades demandadas no incurrieron en
«dilaciones injustificadas» frente al pago, pese a que en el proceso obran pruebas
suficientes para establecer que transcurrieron 11 años para que se cumpliera la
obligación, ocultando la procedencia de los intereses moratorios con el desembolso
del retroactivo.
Discutió lo afirmado por el Consejo de Estado, en el sentido que los intereses de
mora reclamados no gozan de una ley especial, porque a su juicio eso implica que se
le exija al legislador que expida normas que de forma expresa ordenen el
reconocimiento de intereses moratorios por el incumplimiento de obligaciones de
naturaleza laboral, civil, comercial, administrativa, etc. Además, se está pretendiendo
la existencia de una ley exclusiva que ordene intereses de mora dentro de un
proceso de homologación y nivelación salarial.
No es cierto que, para el reconocimiento de los intereses moratorios, en casos como
el presente, estos deban estar previstos de forma expresa en la resolución que
reconoció el retroactivo, pues se trata de una sanción por el pago tardío de la
obligación.
2. Trámite procesal
Mediante auto del 2 de diciembre de 202219 se admitió el recurso extraordinario de
revisión interpuesto por el señor José Oscar Hernández contra la sentencia del 24 de
junio de 2021, proferida por la Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado nro. 17001-23-33-000-2017-00044-01.
En dicho proveído se ordenó la notificación al Ministerio de Educación Nacional –
Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), al departamento de
Caldas – Secretaría de Educación Departamental, al Ministerio Público y a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, para que se pronunciaran sobre la
solicitud de revisión.
3. Intervenciones
El Ministerio de Educación Nacional20, actuando a través de apoderado judicial, se
opuso a los argumentos de la solicitud de revisión y solicitó declarar infundado el
recurso, toda vez que, la providencia judicial cuestionada no incurrió en falta de
congruencia, por el contrario, fijó adecuadamente el litigio y los planteamientos
realizados en la demanda guardan relación con su resolución, la cual, se limitó al
debate propuesto.
Señaló que, atendió las disposiciones legales y constitucionales aplicables al caso
(Ley 43 de 1975, Decreto 2277 de 1979, Ley 60 de 1993, Ley 115 de 1994, Acto Legislativo 01 de
2005, Directiva Ministerial 10 de 2005 y los artículos 34 y 38 de la Ley 715 de 2001) , y que su
función está limitada a impartir directrices en el proceso de homologación y
nivelación salarial, debido a que la responsabilidad para la prestación del servicio
19
Índice 10 de SAMAI.
20
Índice 16 de SAMAI.
9
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04344-00
Actor: José Oscar Hernández
educativo recae en la entidad territorial a la cual está vinculado el demanante que
reclama su derecho, además de no haber expedido el acto administrativo que se
cuestionó en el proceso ordinario.
Afirmó que no resulta razonable la exigencia de intereses moratorio en lo
correspondiente al pago del retroactivo por concepto de homologación y nivelación
salarial del personal administrativo, toda vez que, la mora en el pago de las
obligaciones laborales por parte del empleador es inexistente, pues lo que se
presenta es la equiparación de cargos como consecuencia de una decisión
administrativa del Estado, la cual tiene un procedimiento legalmente establecido para
determinar el monto a reconocer y para fijar las fuentes de financiación y la
asignación de recursos para el pago.
Sostuvo que el reconocimiento realizado por el municipio de Manizales fue en abril
de 2013 y el pago se efectuó en mayo de ese mismo año, por lo que no hay lugar a
intereses moratorios.
Por último, mencionó que la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo
de Estado ha sido reiterativa en señalar la incompatibilidad de reconocer en el
proceso de homologación y nivelación salarial el pago de intereses moratorios y la
indexación.
El Ministerio Público21 descartó la incongruencia en la sentencia censurada, toda
vez que el problema jurídico planteado se circunscribió: (i) al reconocimiento y pago
de los intereses moratorios respecto de las sumas otorgadas por concepto de
retroactivo, producto de la homologación y nivelación salarial y (ii) la procedencia de
la indexación sobre el valor pagado a título de retroactivo a partir del día siguiente a
la ejecutoria de la Resolución nro. 630 del 11 de abril de 2014, fecha en la que cobró
firmeza el reconocimiento, hasta el día anterior a la realización del pago.
Observó que la providencia objeto de revisión efectuó un completo desarrollo
normativo y jurisprudencial en relación con el pago del retroactivo producto de la
homologación y nivelación salarial de los empleados públicos del orden territorial, y la
improcedencia de reclamar intereses moratorios, por lo que no se evidencia
incongruencia interna o externa.
Por último, manifestó que procedía la condena en costas a la parte recurrente, de
conformidad con el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021.
El departamento de Caldas y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no
intervinieron en este proceso, pese a ser notificados.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
La Sala Once (11) Especial de Decisión es competente para decidir el recurso
extraordinario de revisión interpuesto por el señor José Oscar Hernández contra la
sentencia proferida el 24 de junio de 2021 por la Subsección “A” de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, de conformidad con lo establecido en los artículos
21
Índice 21 de SAMAI.
10
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04344-00
Actor: José Oscar Hernández
107 (incisos penúltimo y último)22, 111 (numeral 2)23 y 249 (inciso primero)24 del
CPACA y, 2825 y 2926 numeral 1 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019
(Reglamento Interno del Consejo de Estado).
2. Oportunidad en la presentación del recurso extraordinario de revisión
Conforme al inciso primero del artículo 251 del CPACA, norma aplicable al presente
asunto, el recurso extraordinario de revisión podrá interponerse dentro del año
siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia.
Comoquiera que el fallo proferido el 24 de junio de 2021 por la Subsección “A” de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, objeto de solicitud de revisión, se notificó el
9 de agosto de 202127, quedó ejecutoriado el 12 de agosto siguiente28 y, la demanda
en este proceso se presentó el 10 de agosto de 2022, se concluye que se interpuso
en forma oportuna.
3. Legitimación en la causa
El señor José Oscar Hernández está legitimado en la causa por activa, en la medida
en que fue la parte demandante en el proceso ordinario en el que se profirió la
sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión que interesa en este asunto.
En el caso del Ministerio de Educación Nacional se advierte que esa entidad actuó
como parte demandada en el citado trámite, de ahí que se haya ordenado su
notificación en el auto admisorio de la demanda, por asistirle interés en las resultas
del proceso.
4. Problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar si en la sentencia del 24 de junio de 2021,
proferida por la Subsección “A” de la Sección Segunda de esta corporación, se
incurrió en la causal de revisión prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA,
esto es, «[e]xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que
no procede recurso de apelación», a juicio del accionante, por desconocerse el principio
de congruencia al negarse «todas y cada una de las pretensiones por un objeto distinto del
pretendido en la demanda y una causa diferente a la invocada, esto es de manera citra petita
[…]».
5. Generalidades del recurso extraordinario de revisión
El artículo 248 del CPACA establece que el recurso extraordinario de revisión
procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas: (i) por las secciones y
22
Por medio de esta norma se crean en el Consejo de Estado las salas especiales de decisión, encargadas de decidir los
procesos sometidos a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, que esta les encomiende, salvo de los procesos de
pérdida de investidura y de nulidad por inconstitucionalidad.
La integración y funcionamiento de dichas salas especiales, se hará de conformidad con lo que al respecto establezca el
reglamento interno.
23
La Sala de lo Contencioso administrativo en pleno tendrá entre otras la siguiente función: resolver los recursos extraordinarios
de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones y los demás que sean de su competencia.
24
De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones del Consejo de Estado conocerá
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión.
25
Conforme con la cual, las Salas Especiales de Decisión creadas por el artículo 107 de la Ley 1437 de 2011 estarán
integradas por un (1) magistrado de cada una de las Secciones de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo.
26
Esta norma señala que las Salas Especiales de Decisión decidirán los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra
las sentencias de las Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado.
27
Según consta en el índice 22 de SAMAI del proceso ordinario.
28
De acuerdo con el artículo 302 del CGP, las providencias «que sean proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas
tres (3) días después de notificadas [...]».
11
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Actor: José Oscar Hernández
subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, (ii)
por los tribunales administrativos y (iii) por los jueces administrativos.
Esta corporación ha precisado29 que el recurso extraordinario de revisión establecido
en la aludida norma es una excepción al principio de cosa juzgada, según el cual, en
firme la sentencia no es procedente discutir nuevamente el asunto decidido.
La Corte Constitucional en la sentencia C-520 de 200930 se refirió a la naturaleza de
este recurso en los siguientes términos:
«[…] “la revisión no pretende corregir errores “in judicando” ni puede fundamentarse en las
mismas pruebas que sirvieron de soporte a la decisión que puso término al proceso, pues para
estos yerros están previstos los recursos ordinarios y extraordinarios dentro del propio proceso.
La revisión, que no es un recurso sino una acción, pretende, como lo ha señalado la doctrina y
la jurisprudencia, un examen detallado de ciertos hechos nuevos que afectan la decisión
adoptada y el sentido de justicia que de ella emana. La acción de revisión, en la medida en que
afecta la certeza brindada por la cosa juzgada, es no sólo extraordinaria sino que además
procede por las causales taxativamente señaladas por la ley, y no es posible aducir otras
distintas. Y esta taxatividad es razonable, pues se trata de “una figura que modifica providencias
amparadas en el principio de cosa juzgada”, y por ello “las causales previstas para la revisión
deben ser aplicadas e interpretadas en sentido restringido”31”. 32».
Así pues, para que proceda este medio extraordinario de impugnación no solo es
imperativo demostrar la existencia de un motivo o causal de revisión, que de manera
inequívoca tenga la aptitud suficiente para variar los resultados de la decisión, sino
que tal demostración debe corresponder a las circunstancias fácticas señaladas
taxativamente en la ley como causal de revisión y que en nada inciden con la
actividad analítica o interpretativa del juez.
Agréguese que esta corporación ha señalado que mediante el recurso extraordinario
de revisión no es posible reabrir el debate objeto de análisis en las respectivas
instancias ni subsanar posibles errores en que pudieron incurrir las partes en la
demanda, en su contestación o en su actividad probatoria33.
6. La causal de revisión invocada. Existir nulidad originada en la sentencia
que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.
Alcance en la jurisprudencia del Consejo de Estado
La parte actora invocó la causal de revisión prevista en el numeral 5 del artículo 250
del CPACA, esto es, «[e]xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y
contra la que no procede recurso de apelación».
29
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias del 11 de febrero de 2001, proceso REV-037,
C.P. Miguel Viana Patiño, del 21 de octubre de 1993, proceso REV-040, C.P. Daniel Suárez Hernández, del 1º de septiembre
de 1998, proceso REV-073, C.P. Julio E. Correa Restrepo y del 27 de abril de 2004, proceso REV-194, C.P. María Inés Ortiz
Barbosa, reiteradas en la sentencia del 3 de marzo de 2020, proferida por la Sala Once (11) Especial de Decisión, proceso
11001-03-15-000-2017-02457-00(REV), C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
30
M.P. María Victoria Calle Correa. Por medio de esta sentencia se declaró inexequible la expresión «dictadas por las
Secciones y Subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado y por los Tribunales
Administrativos, en única o segunda instancia», contenida en el artículo 57 de la Ley 446 de 1998.
31
Cita de cita: Sentencia C-680 de 1998, MP: Carlos Gaviria Díaz, Fundamento 4.2. En el mismo sentido, ver sentencia T-039
de 1996, MP: Antonio Barrera Carbonell.
32
Cita de cita: Sentencia C-004 de 2003, MP, Eduardo Montealegre Lynett.
33
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias del 28 de abril de 2009, proceso REV-00116,
C.P. Martha Sofía Sanz Tobón, del 20 de octubre de 2009, proceso REV-00133, C.P. Enrique Gil Botero y del 2 de marzo de
2010, proceso REV-00091, C.P. Mauricio Torres Cuervo, reiteradas en la sentencia del 3 de marzo de 2020, proferida por la
Sala Once (11) Especial de Decisión, proceso 11001-03-15-000-2017-02457-00(REV), C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
12
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04344-00
Actor: José Oscar Hernández
Esta causal ha sido objeto de diversos pronunciamientos que buscan circunscribir su
alcance, para evitar que se emplee con la única finalidad de que el juez de la revisión
se convierta en uno de instancia.
Sobre la nulidad originada en la sentencia como causal de revisión, esta corporación,
en el fallo del 5 de abril de 201634 indicó que se deben cumplir dos requisitos:
El primero, es que el vicio se presente en la sentencia y no durante el trámite del
proceso, pues en tal caso debe alegarse por el interesado durante las oportunidades
previstas en el ordenamiento procesal [art. 133 del CGP].
La anterior regla no excluye «la posibilidad de alegar como nulidad originada en la
sentencia aquella que, aunque ocurrida en momento anterior a la emisión del fallo definitivo
no apelable, no pudo ser advertida por el recurrente durante el curso del proceso»35,
correspondiéndole al interesado la carga de probar que «no tuvo la oportunidad de
proponer la nulidad. De lo contrario, la causal de revisión se convertiría en un mecanismo
para que las partes subsanen las omisiones en el proceso ordinario y aleguen nulidades que
pudieron proponer en la oportunidad prevista en el artículo 142 C.P.C. [hoy, artículo 134 del
CGP]»36.
El segundo requisito consiste en que la sentencia presente un vicio grave o
insaneable que afecte su validez.
La jurisprudencia de esta corporación ha identificado los siguientes defectos como
causantes de nulidad en la sentencia37:
• Dictarse sentencia a pesar de la terminación previa del proceso por
desistimiento, transacción o perención, porque revive un proceso legalmente
concluido.
• Dictarse sentencia cuando el proceso se encuentra suspendido.
• Dictarse sentencia sin las mayorías necesarias para la decisión, por la firma
de más o menos jueces de los requeridos legalmente.
• Pretermitir la instancia.
• Decidir aspectos que no corresponden, por falta de jurisdicción o competencia
del juez.
• Proferir sentencia con fundamento en una prueba obtenida con violación al
debido proceso.
En relación con la nulidad originada en la sentencia por ausencia de motivación la
jurisprudencia de esta corporación «ha diferenciado la falta absoluta de motivación de la
34
Sala Catorce (14) Especial de Decisión del Consejo de Estado, proceso 11001-03-15-000-2008-00320-00(REV), C.P. Danilo
Rojas Betancourth.
35
Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia del 2 de marzo de 2010, proceso 2001-0091-01. C.P. Mauricio Torres Cuervo,
reiterada en las sentencias del 15 de mayo de 2014, proceso 2004-01432-01(18740), C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas y
del 7 de abril de 2015, proceso 2013-02724-00(REV), C.P. Jorge Octavio Ramírez. Providencias citadas en la sentencia del 5
de abril de 2016 de la Sala Catorce (14) Especial de Decisión del Consejo de Estado, proceso 11001-03-15-000-2008-00320-
00(REV), C.P. Danilo Rojas Betancourth. En el mismo sentido, cfr. la sentencia de la Sala Veinte (20) Especial de Decisión,
proferida el 29 de enero de 2021, proceso 11001-03-15-000-2019-01457-00(REV), C.P. William Hernández Gómez.
36
Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia del 6 de agosto de 2013, proceso 2009-00687-00, C.P. Hugo Fernando Bastidas
Bárcenas, reiterada en la sentencia del 7 de abril de 2015, proceso 2013-02724-00(REV), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
Providencias citadas en la sentencia del 5 de abril de 2016 de la Sala Catorce (14) Especial de Decisión del Consejo de Estado,
proceso 11001-03-15-000-2008-00320-00(REV), C.P. Danilo Rojas Betancourth.
37
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias del 11 de mayo de 1998, proceso REV-093, del
18 de octubre de 2005, proceso 2000-00239, del 20 de octubre de 2009, proceso REV-2003-00133 y del 7 de abril de 2015,
proceso 2013-02724-00(REV), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. De la Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 11
de junio de 2009, proceso 836-06 y de la Sección Primera, sentencia del 14 de diciembre de 2009, proceso 2006-00123.
Providencias citadas en la sentencia del 5 de abril de 2016 de la Sala Catorce (14) Especial de Decisión del Consejo de Estado,
proceso 11001-03-15-000-2008-00320-00(REV), C.P. Danilo Rojas Betancourth.
13
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Actor: José Oscar Hernández
deficiente o errada, y ha señalado que únicamente la carencia total de pronunciamiento del
juez sobre las razones de hecho o de derecho que le permiten arribar a una decisión, es
motivo de revisión bajo la causal sexta. De manera que es improcedente, con fundamento en
dicha causal, alegar situaciones relacionadas con deficiencias en la motivación derivadas,
por ejemplo, de la estimación errada de las pruebas o de los hechos por parte del juez; de la
indebida interpretación de las normas jurídicas aplicadas; o del desconocimiento del
precedente judicial»38.
Igualmente, se ha aceptado que pueden existir otros motivos no contemplados en los
códigos procesales como causales de nulidad, pero que surgen de la vulneración al
artículo 29 Constitucional39.
Así las cosas, se concluye que, para que prospere la causal de revisión prevista en el
numeral 5 del artículo 250 del CPACA es necesario que: (i) el vicio alegado recaiga
sobre una sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación, (ii) que la nulidad que se alega surja con la sentencia y no antes, a menos
que se trate de aquella que no pudo ser advertida por el recurrente durante el curso
del proceso y (iii) debe corresponder a algún supuesto configurativo de las causales
de nulidad procesal previstas en el artículo 133 del CGP, o a los eventos que según
la jurisprudencia de lo Contencioso Administrativo configuran dicha causal40, o
tratarse de aquellas situaciones que comportan la violación al debido proceso,
siempre que tenga la entidad suficiente para invalidar el fallo de instancia, sometido a
revisión, lo que deberá ser analizado en cada caso concreto.
7. Desconocimiento del principio de congruencia como causal de nulidad
de la sentencia
El artículo 187 del CPACA señala que «[l]a sentencia tiene que ser motivada. En ella se
hará un breve resumen de la demanda y de su contestación y un análisis crítico de las
pruebas y de los razonamientos legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios
para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión, y citando los
textos legales que se apliquen».
Por su parte, el artículo 281 del CGP, aplicable por expresa remisión del artículo 306
del CPACA41, sobre la congruencia de las sentencias establece lo siguiente:
«ARTÍCULO 281. CONGRUENCIAS. La sentencia deberá estar en consonancia con los
hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este
código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si
así lo exige la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido
en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta.
Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente lo último.
38
Cfr. la sentencia del 5 de abril de 2016 de la Sala Catorce (14) Especial de Decisión del Consejo de Estado, proceso 11001-
03-15-000-2008-00320-00(REV), C.P. Danilo Rojas Betancourth. Si bien esta providencia se refiere a la causal de revisión
prevista en el numeral 6 del artículo 188 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de
1998, esos argumentos resultan aplicables al caso concreto, en tanto que dicha causal guarda identidad con la señalada en el
numeral 5 del artículo 250 del CPACA, toda vez que ambas normas prevén como causal de revisión «[e]xistir nulidad originada
en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación».
39
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, sentencia del 8 de mayo de 2018, proceso 11001-03-15-
000-1998-00153-01(REV), C.P. Alberto Yepes Barreiro.
40
Cfr. la sentencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, proferida el 8 de mayo de 2018,
proceso 11001-03-15-000-1998-00153-01(REV), C.P. Alberto Yepes Barreiro.
41
Esta norma establece que en los aspectos no contemplados en el CPACA se seguirá el Código de Procedimiento Civil (hoy,
CGP) en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo.
14
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04344-00
Actor: José Oscar Hernández
En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho
sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda,
siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en
su alegato de conclusión o que la ley permita considerarlo de oficio.
[…]».
De las referidas normas proviene el principio de congruencia de la sentencia, en sus
dos significados: como armonía entre la parte motiva y resolutiva del fallo
(congruencia interna) y como conformidad entre la decisión y lo pedido por las partes
en la demanda y su contestación (congruencia externa). Es importante destacar que,
en caso de existir incongruencia en la providencia, esta debe ser de tal magnitud que
afecte su validez.
Este principio busca la protección del derecho a obtener una decisión judicial certera
sobre el asunto puesto a consideración, al igual que la salvaguarda del debido
proceso, de ahí que la actuación procesal se concrete en los argumentos y hechos
expuestos en la demanda, tratándose del demandante, y en la contestación, si es el
demandado42, precisándose que al juez contencioso no le está permitido rebasar la
relación jurídico procesal trabada por las partes, en tanto que esta jurisdicción debe
observar, por regla general, el principio de justicia rogada.
Así, se concluye que el principio de congruencia garantiza que el juez solo se
pronuncie respecto de lo discutido y que no fallará: contra el demandado por causa
diferente a la invocada en la demanda –extra petita-, en cantidad superior o por
objeto distinto del pretendido en ella –ultra petita-, o dejará de resolver cuestiones
sometidas a la decisión judicial –citra o infra petita-43.
8. Caso concreto
El recurso extraordinario de revisión recae sobre la sentencia proferida el 24 de junio
de 2021, por la Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
mediante la cual se revocó el ordinal tercero y se confirmó en lo demás el fallo del 11
de marzo de 2019 del Tribunal Administrativo de Caldas, por el que se negaron las
pretensiones de la demanda.
Del contenido del recurso extraordinario de revisión se observa que la parte
recurrente sustentó la procedencia de la causal invocada, esto es, la prevista en el
numeral 5 del artículo 250 del CPACA, en la supuesta falta de congruencia de la
sentencia, pues afirmó que en esta se resolvió el asunto de manera citra petita, por
cuanto se negaron las pretensiones de la demanda en el proceso ordinario por un
objeto distinto del pretendido (intereses de mora) y una causa diferente a la
invocada.
Para el efecto, explicó que lo solicitado fue el reconocimiento de intereses de mora
desde el año 2003 -fecha en la que se incorporó a la planta de personal territorial- hasta el año
2014 -cuando se efectuó el pago del retroactivo salarial-, pese a lo cual, en la sentencia
censurada se entendió erróneamente que la reclamación de dichos intereses era
desde el acto de reconocimiento del retroactivo –Resolución nro. 630 del 11 de abril de
42
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencias del 10 de junio de 2021, exp. 24283 y del 20 de octubre de 2022, exp. 26742,
C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
43
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 16 de septiembre de 2021, proceso 11001-03-26-000-2020-00076-
00(66091) A, C.P. María Adriana Marín.
15
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04344-00
Actor: José Oscar Hernández
2014- hasta la fecha de su pago -mayo de 2014-, lo que a su juicio no guarda relación
con el objeto de la demanda.
Revisado el fallo cuestionado, se advierte que la Subsección “A” de la Sección
Segunda de esta corporación fijó como problema jurídico el siguiente: «establecer si el
demandante tiene o no derecho a i) el reconocimiento y pago de los intereses comerciales
y/o moratorios respecto de las sumas otorgadas por concepto de retroactivo, producto de la
homologación y nivelación salarial y ii) si procede la indexación sobre el valor pagado a título
de retroactivo, menos el valor correspondiente a la indexación ya reconocida a partir del día
siguiente a la fecha de ejecutoria de la Resolución 630 de 11 de abril de 2014, fecha en que
cobró firmeza el reconocimiento, hasta el día anterior a la fecha de pago».
Para resolver lo anterior, en la sentencia de segunda instancia se expuso el marco
normativo relacionado con la descentralización del servicio educativo y el
procedimiento que debían seguir las entidades territoriales para llevar a cabo la
homologación de la planta de personal administrativo adscrita al citado sector.
La providencia cuestionada en revisión circunscribió su análisis a verificar si procedía
el reconocimiento de los intereses moratorios en favor del señor José Oscar
Hernández respecto de las sumas reconocidas por concepto de ajuste a la
homologación y nivelación salarial ordenadas a favor del actor por medio de la
Resolución nro. 630 del 11 de abril de 2014.
Precisó que la petición del demandante, respecto de la procedencia del
reconocimiento de intereses moratorios parte de una premisa que no se ajusta a la
realidad, pues en ella se sostiene que el retroactivo por concepto de homologación y
nivelación salarial realizado desde el año 2003 hasta el 31 de diciembre de 2011 tan
solo se ordenó en la citada resolución y se pagó en mayo de 2014, cuando el que, en
realidad, se ordenó a través de la aludida resolución no fue como resultado de la
homologación propiamente dicha, sino de un ajuste a esa homologación.
La Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la sentencia
objeto de revisión concluyó que: (i) «mediante la Resolución 630 del 11 de abril de 2014,
que dispuso el pago del ajuste a la homologación, también se reconoció una suma por
concepto de la indexación», (ii) «entre la fecha de expedición del acto administrativo antes
indicado, esto es el 11 de abril de 2014 y la fecha en que se materializó el pago de tales
diferencias -mayo de 2014- no se podría considerar que la autoridad incurrió en tardanza
para pagar las sumas correspondientes, toda vez que se trató del tiempo razonable durante
el cual el acto administrativo cobró firmeza y se realizaron las gestiones tendientes para
realizar el desembolso, además, tampoco está demostrada, fehacientemente, la fecha exacta
en que se hizo el pago, pues tan solo se indicó que ello ocurrió en el mes de mayo de 2014
[…]. Bajo el anterior lineamiento, cuando se demuestra que ha transcurrido un término
razonable entre la expedición del acto administrativo que reconoce la suma correspondiente
a la homologación y nivelación salarial y el momento del pago, no procede el reconocimiento
de los intereses moratorios» y (iii) «los intereses pretendidos en la demanda no estaban
contemplados en norma expresa que los autorice o que faculte su cobro […]».
Es decir, para resolver la litis el juez natural tuvo en cuenta que: (i) la suma
reconocida a favor del demandante fue objeto de indexación, lo cual resulta
incompatible con los intereses moratorios reclamados, (ii) no se presentó tardanza
que implique la causación de intereses de mora -periodo del 11 de abril de 2014 a mayo de
2014- y (iii) en los actos administrativos que reconocieron las sumas a pagar no se
estableció plazo cuyo incumplimiento conduzca a una sanción, lo que, además, debe
contar con previsión legal.
16
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04344-00
Actor: José Oscar Hernández
Planteamientos con los que no está de acuerdo el demandante en este proceso, en
tanto considera que: (i) no fue juzgado conforme a las normas preexistentes y en
cuanto a los intereses de mora no se realizó un análisis normativo concreto al caso,
(ii) las pretensiones de la demanda no se refieren a la indexación, pues esta se
reconoció de oficio, (iii) en el plenario está probado que el Estado tardó 11 años para
cumplir con su responsabilidad, (iv) se está requiriendo que el legislador expida
normas que de forma expresa ordenen el reconocimiento de intereses moratorios por
el incumplimiento de obligaciones de naturaleza laboral, civil, comercial,
administrativa, etc., (v) se está pretendiendo la existencia de una ley exclusiva que
ordene intereses de mora dentro de un proceso de homologación y nivelación salarial
y (vi) no es cierto que, para el reconocimiento de los intereses moratorios, en casos
como el presente, estos deban estar previstos de forma expresa en la resolución que
reconoció el retroactivo, pues se trata de una sanción por el pago tardío de la
obligación.
Así las cosas, lo que se observa es que el debate jurídico y probatorio propuesto por
el actor en este asunto ya fue surtido ante el juez natural, sin que sea posible
plantearlo nuevamente, como si el recurso extraordinario de revisión fuera una
instancia adicional al proceso ordinario -tercera instancia-, reiterando la Sala que en
casos como el presente «[n]o resulta acertado plantear cuestionamientos a la sentencia,
motivados en que se realizó una apreciación errada de las pruebas, en que no se aplicó una
determinada regla de derecho, en que se aplicó en forma indebida o en que se interpretó
equivocadamente una norma jurídica»44, pues esos reparos son ajenos a la causal de
revisión prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA y escapan a la
competencia del juez del recurso extraordinario de revisión.
Por lo expuesto, se tiene que, contrario a lo afirmado por el demandante, en el sub
examine no se advierte que se haya desconocido el principio de congruencia de la
sentencia, toda vez que el hecho de que no se reconozcan las pretensiones de la
demanda en los términos solicitados –intereses de mora- no implica que la segunda
instancia haya resuelto una causa diferente a la invocada u omitido decidir la
cuestión sometida a litigio, pues como se analizó, en este caso, se encontró probado
que la suma reconocida a favor del demandante se indexó –desde 2003 a 2011-, lo que
se encontró incompatible con los intereses pedidos, y que no se presentó tardanza
que implique su causación por el periodo del 11 de abril de 2014 a mayo de 2014.
Teniendo en cuenta lo anterior, se concluye que lo pretendido por la parte actora en
este asunto es que se revise la cuestión decidida en el proceso ordinario, como si el
recurso extraordinario de revisión constituyera una instancia adicional en el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, razón por la cual se declarará
infundado, toda vez que no se probó que se configuró la causal de revisión prevista
en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA, esto es, «existir nulidad originada en la
sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación».
9. Costas
44
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 26 de mayo de 2010, exp. 2001-01504
(35221), C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Si bien esta providencia se refiere a la causal de revisión prevista en el numeral 6 del
artículo 188 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998, esos argumentos
resultan aplicables al caso concreto, en tanto que dicha causal guarda identidad con la señalada en el numeral 5 del artículo
250 del CPACA, toda vez que ambas normas prevén como causal de revisión «[e]xistir nulidad originada en la sentencia que
puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación».
17
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04344-00
Actor: José Oscar Hernández
De conformidad con el artículo 255 del CPACA, modificado por el artículo 70 de la
Ley 2080 de 2021, vigente para cuando se presentó la demanda que contiene el
recurso extraordinario de revisión, «[s]i se declara infundado el recurso, se condenará en
costas y perjuicios al recurrente», regla que se debe analizar en conjunto con lo previsto
en el numeral 8 del artículo 365 del CGP, aplicable por expresa remisión del artículo
188 del CPACA, según la cual, «[s]olo habrá lugar a costas cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».
En este caso no hay lugar a la condena en costas por cuanto revisado el expediente
no se encontró prueba alguna que demostrara su causación.
En conclusión, se declarará infundado el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por el señor José Oscar Hernández, contra la sentencia proferida el 24
de junio de 2021 por la Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, sin que haya lugar a la condena en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Once (11) Especial de
Decisión, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la
Ley,
FALLA:
PRIMERO. DECLARAR infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto
por el señor José Oscar Hernández, contra la sentencia proferida el 24 de junio de
2021 por la Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
SEGUNDO. Sin condena en costas.
TERCERO. En firme esta decisión, archívese el expediente.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MARÍA ADRIANA MARÍN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Aclara el voto
(Firmado electrónicamente)
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
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