RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › 2025 › Radicado 11001-03-15-000-2023-04267-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-04267-00

Fecha
3 de marzo de 2025
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes
Citada por
21 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-04267-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Enel Colombia S.A. E.S.P. contra la sentencia de 13 de julio de 2022, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, dentro del medio de control de controversias contractuales con radicación núm. 25000-23-36-000-2015-01397-01. SEGUNDO: CONDENAR en costas, por concepto de agencias en derecho, a la parte recurrente. TERCERO: Para la fijación de las agencias en derecho, por Secretaría General, INGRESAR el expediente al despacho del consejero ponente para lo de su competencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-04267-00

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

3 de marzo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA VEINTE ESPECIAL DE DECISIÓN

Bogotá D.C., tres (3) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2023-04267-00
Demandante: ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.
Demandada: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL DISTRITO CAPITAL
DE BOGOTÁ -UAESP-

Sentencia que resuelve recurso extraordinario de revisión

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Enel Colombia
S.A. E.S.P. contra la sentencia de 13 de julio de 2022, proferida por la Subsección
B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, dentro del medio de control de
controversias contractuales con radicación núm.: 25000-23-36-000-2015-01397-01.

I.- ANTECEDENTES

I.1. Proceso ordinario

I.1.1. Demanda

1.Codensa S.A. E.S.P.1, por intermedio de apoderado judicial y en ejercicio del
medio de control de controversias contractuales previsto en el artículo 141 de la Ley
1437 de 18 de enero de 20112, instauró demanda en contra de la Unidad
Administrativa Especial de Servicios Públicos Domiciliarios del Distrito Capital de
Bogotá, en adelante UAESP, cuyas pretensiones fueron las siguientes:

“[…] Pretensiones Principales.

Primera. Declarar que la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS
PUBLICOS -UAESP, incumplió las obligaciones derivadas del Convenio suscrito el
30 de abril de 1997 y el Acuerdo firmado el 25 de enero de 2002, en lo relativo al
pago de la facturación de acuerdo con lo establecido en las cláusulas 13 y 14 del
Convenio y en la cláusula Segunda del Acuerdo.

Segunda. Declarar que como consecuencia de este incumplimiento en virtud de las
cláusulas 13 y 14 (sic) Convenio suscrito el 30 de abril de 1997 y el Acuerdo firmado
el 25 de enero de 2002 cláusula segunda, la UAESP debe pagar a Codensa el valor

1
Hoy Enel Colombia S.A. E.S.P., según el certificado de existencia y representación legal aportado con el recurso
extraordinario de revisión, cfr. índice 2 del expediente digital.
2
“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.

2

Radicación núm.: 11001-03-15-000-2023-04267-00
Demandante: Enel Colombia S.A. E.S.P.

de $23.839.773.236, correspondiente al valor del IVA de mayo de 2013 hasta julio
de 2015, causado por el arrendamiento de la infraestructura de alumbrado público,
así como todos los valores que por el mismo concepto se causen hasta la fecha de
terminación de éste proceso y/ó hasta el momento en que la UAESP empiece a
realizar el pago.

Tercera. Declarar que la UAESP en lo sucesivo, debe cancelar, según lo
establecido en el Estatuto Tributario y ajustándose a la normatividad presente, el
IVA causado por el arrendamiento de la infraestructura necesaria para la prestación
del servicio de alumbrado público en el Distrito Capital.

Cuarta. Condenar al pago de los intereses de financiación correspondientes al DTF
(+) el 2%, de acuerdo con la cláusula tercera del Acuerdo firmado entre CODENSA
y UESP (sic) en el 2002, desde el vencimiento de cada factura y hasta la fecha de
pago.

Quinta. Condenar a la UAESP al pago de los intereses moratorios correspondientes
al 6% EA de acuerdo al Concepto Jurídico No. 086 de 2011, de la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios, desde el vencimiento de la factura y hasta la
fecha en que se realice el pago.

Pretensiones Subsidiarias.

Primera. Declarar que la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS
PUBLICOS - UAESP, en cumplimiento del artículo 420 del Estatuto Tributario, debe
cancelar a Codensa S.A. E.S.P., el valor correspondiente al IVA causado con
ocasión del arrendamiento de la infraestructura necesaria para la prestación del
servicio de alumbrado público.

Segunda. Declarar que como consecuencia de la anterior declaración, la UAESP
debe pagar a Codensa el valor de $23.839.773.236, correspondiente al valor del
IVA de mayo de 2013 hasta julio de 2015, causado por el arrendamiento de la
infraestructura de alumbrado público, así como todos los valores que por el mismo
concepto se causen hasta la fecha de terminación de éste proceso y/ó hasta el
momento en que la UAESP empiece a realizar el pago.

Tercera. Condenar a la UAESP al pago de los intereses moratorios correspondiente
(sic) al 6% EA de acuerdo al Concepto Jurídico No. 086 de 2011, de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, desde el vencimiento de la
factura y hasta la fecha en que se realice el pago.

Cuarta. Declarar que la UAESP en lo sucesivo, debe cancelar según lo establecido
en el Estatuto Tributario y ajustándose a la normatividad presente, el IVA causado
por el arrendamiento de la infraestructura necesaria para la prestación del servicio
de alumbrado público en el Distrito Capital.

Quinta. Que se ordene al pago de los interés (sic) correspondientes, según el
artículo 195 del C.P.C.A. (sic), desde la ejecutoria del fallo y hasta cuanto se haga
efectivo el pago de la sentencia.

Sexta. Condenar a la demandada al pago de las costas del proceso. […]” (negrilla
del texto).

2. Como sustento de las pretensiones, argumentó que, el 30 de abril de 1997, el
Distrito Capital y la Empresa de Energía de Bogotá S.A. suscribieron el Convenio
n.° 766 con el fin de garantizar al “[…] Distrito Capital la prestación del servicio de
alumbrado público durante los años de 1997 y siguientes, suministrando la energía
y utilizando para el efecto sus sistemas de transmisión y distribución incluyendo

3

Radicación núm.: 11001-03-15-000-2023-04267-00
Demandante: Enel Colombia S.A. E.S.P.

postes, redes, transformadores exclusivos para alumbrado público luminarias y
demás elementos requeridos, ajustándose a las características técnicas
establecidas en los Códigos de Distribución y de Redes vigentes […]”, el cual con
posterioridad fue cedido a Codensa S.A. E.S.P.

3. Señaló que el 25 de enero de 2002 la UAESP y Codensa S.A. E.S.P. firmaron un
acuerdo en el que establecieron la metodología para calcular la remuneración
teniendo en cuenta las siguientes actividades: “[…] i) suministro de energía, ii)
alquiler de la infraestructura necesaria para la prestación del servicio y iii) la
operación y mantenimiento del sistema […]”.

4. Arguyó que, de acuerdo con lo previsto en los artículos 420 y 424 del Estatuto
Tributario, el arrendamiento, operación y mantenimiento de la infraestructura se
encontraban gravados por el Impuesto al Valor Agregado, en adelante IVA, mientras
que el suministro de energía eléctrica hacía parte de las actividades excluidas de
dicho tributo.

5. Manifestó que, mediante comunicación de 6 de junio de 2013, Codensa S.A.
E.S.P. le informó a la UAESP que “[…] a partir de la facturación del servicio de
Alumbrado Público correspondiente al mes de mayo, la cual se emite en junio de
2013, se aplicará el IVA del 16% al canon de arriendo de la infraestructura de
Alumbrado Público del Distrito […]”, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1607
de 26 de diciembre de 20123.

6. Adujo que la UAESP informó que no asumiría el cobro del IVA, por lo que
Codensa S.A. E.S.P. cumplió con las obligaciones de “[…] causar, facturar, declarar
y pagar […]” el impuesto.

7. Afirmó que el IVA hacía parte del bien o servicio vendido, motivo por el cual la
negativa de la UAESP de efectuar el pago “[…] en su calidad de usuario del servicio
gravado (arrendamiento) […]”, derivaba en un incumplimiento contractual.

8. Mencionó que la Resolución CREG 043 de 1995 y el Decreto 2424 de 2006
establecen que los municipios o distritos son los responsables de la prestación del
servicio de alumbrado público. En ese sentido, precisó que el Distrito Capital no le
entregó en concesión a Codensa S.A. E.S.P. la prestación de dicho servicio, por lo
que solo le correspondía facilitar las actividades necesarias para cumplir con este
propósito.

9. Expuso que el servicio de alumbrado público no se enmarca en la exclusión de
IVA prevista en el artículo 476 del Estatuto Tributario, en la medida que tiene un
tratamiento distinto del otorgado al servicio público domiciliario de energía eléctrica.

3
“[…] Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones […]”.

4

Radicación núm.: 11001-03-15-000-2023-04267-00
Demandante: Enel Colombia S.A. E.S.P.

I.1.2. Contestación

10. La UAESP se opuso a las pretensiones de la demanda, por las siguientes
razones:

11. Manifestó que Codensa S.A. E.S.P. era responsable de la prestación del servicio
de alumbrado público y debía asumir las cargas que se derivaran de la posesión de
la infraestructura requerida para cumplir con esa obligación.

12. Destacó que en la metodología que se fijó para el cálculo de la remuneración por
la prestación del servicio de alumbrado público, se identificaron una serie de
actividades; sin embargo, esa distinción no modificaba el objeto del Convenio
suscrito en 1997.

13. Adujo que Codensa S.A. E.S.P. era la empresa encargada de la prestación del
servicio de alumbrado público y, en su calidad de propietaria de la infraestructura,
le correspondía efectuar el mantenimiento y garantizar su adecuado
funcionamiento, sin que fuera viable trasladar esa responsabilidad al Distrito Capital.

14. Sostuvo que mediante comunicación núm. 100208221-00270 de 23 de febrero
de 2015 la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en adelante DIAN,
precisó que el “[…] servicio de alumbrado público está excluido del IVA […]”; no
obstante, seis meses después emitió un concepto en el que indicó que la
mencionada exclusión solamente recaía sobre el servicio de energía domiciliaria.

15. Añadió que el servicio de alumbrado público debía excluirse del cobro del IVA,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 476 del Estatuto Tributario.

16. Afirmóque el Convenio n.° 766 de 1997 no constituía un contrato de
arrendamiento y que, conforme con lo previsto en el artículo 78 de la Ley 633 de
2000, el régimen del IVA aplicable era el vigente a la fecha de su suscripción,
momento en el cual no existía la obligación tributaria alegada.

I.1.3. La sentencia de primera instancia

17. La Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en sentencia de 28 de septiembre de 2016, negó las pretensiones
de la demanda y condenó en costas a la parte actora, al considerar lo siguiente:

18. Precisó que el servicio de alumbrado público puede estar a cargo de un ente
territorial o de un tercero, en virtud de la descentralización por servicios. Esta figura
permite a una entidad “[…] despojarse de ciertas funciones para que otra, de
manera más técnica y especializada, las ejerza […]”, para ello, es necesario
suscribir un contrato o un convenio.

19. Explicó que, de acuerdo con lo establecido en el Convenio n.° 766 de 1997, la
prestación del servicio de alumbrado público en el Distrito Capital estaba a cargo de
la empresa Codensa S.A. E.S.P.

5

Radicación núm.: 11001-03-15-000-2023-04267-00
Demandante: Enel Colombia S.A. E.S.P.

20. Indicó que el Convenio referido no tiene por objeto el arrendamiento de bienes
muebles o inmuebles, sino la prestación del servicio de alumbrado público,
comoquiera que no se concede al Distrito Capital el goce de algún bien, pues la
infraestructura continúa en poder de Codensa S.A. E.S.P.

21. Señaló que en el Anexo n.° 1 del Acuerdo del 25 de enero de 2002 se fijó la
metodología para calcular “[…] la remuneración del prestador del servicio de
alumbrado público de Bogotá […]”, en la cual se estableció como componente el
arrendamiento de la infraestructura, que retribuye “[…] la utilización de los activos
de propiedad de CODENSA usados exclusivamente para el servicio de alumbrado
público […]”.

22. Advirtió que en la metodología referida no se discriminó el IVA como un elemento
computable al pago por la prestación del servicio, de modo que consideró que
estaba incluido en los factores que se cancelaban mes a mes o que la empresa
prestadora asumió el impuesto.

23. Consideró que, según lo dispuesto en los artículos 420 y 437 del Estatuto
Tributario, el servicio de alumbrado público no está excluido del IVA y el responsable
de su pago era el prestador, es decir, Codensa S.A. E.S.P.

24. Concluyó que no se materializó el incumplimiento contractual alegado, porque el
Distrito Capital no era el encargado de prestar el servicio de alumbrado público y en
el Convenio y sus documentos anexos no se estipuló que en la facturación se
incluiría el IVA.

I.1.4. El recurso de apelación

25. La accionante interpuso recurso de apelación en contra del fallo de 28 de
septiembre de 2016, porque, en su criterio, el a quo no tuvo en cuenta que, según
lo dispuesto en la Resolución CREG 043 de 1996, el Distrito Capital era el prestador
del servicio de alumbrado público, puesto que esa responsabilidad solo podía
trasladarse a través de un contrato de concesión.

26. Manifestó que, de conformidad con el Acuerdo de 25 de enero de 2002, el
Convenio n.° 766 de 1997 y la Resolución CREG 043 de 1996, el Distrito Capital
tenía el deber de asumir el arrendamiento de la infraestructura para la prestación
del servicio de alumbrado público.

27. Adujo que el arrendamiento de la infraestructura cumplía con los elementos
propios de este tipo de contratos, pues Codensa S.A. E.S.P. le entregó a la UAESP
el uso y goce de los bienes, y a cambio recibió una remuneración, en la que se
omitió el pago del IVA.

28. Aseguró que la UAESP es la beneficiaria del servicio, de ahí que en materia
tributaria se considerara como sujeto pasivo económico del IVA, es decir, quien
tenía la obligación de sufragar el impuesto, mientras que Codensa S.A. E.S.P., en
su condición de sujeto pasivo jurídico, debía recaudar, declarar y pagar el tributo.

6

Radicación núm.: 11001-03-15-000-2023-04267-00
Demandante: Enel Colombia S.A. E.S.P.

29. Indicó que no existía la obligación legal de discriminar el IVA en los contratos o
acuerdos que regulan operaciones sujetas a dicho impuesto, por tal razón en los
casos en los que no se discriminaba lo que correspondía era adicionarlo al valor
pactado, tomando como base gravable la establecida en el artículo 447 del Estatuto
Tributario.

30. Esgrimió que la condena en costas no era procedente, porque actuó en el
proceso en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 9. del artículo 95 de la
Constitución Política, y en la demanda se pretendía la protección de un interés
público, de acuerdo con lo previsto en el artículo 188 de la Ley 1437.

I.1.5. La sentencia de segunda instancia

31. LaSubsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante
sentencia de 13 de julio de 2022, confirmó el fallo apelado.

32. Previo a abordar el fondo del asunto, aceptó el impedimento manifestado por el
Consejero de Estado, doctor Alberto Montaña Plata con fundamento en la causal
establecida en el numeral 12 del artículo 141 de la Ley 1564 de 12 de julio de 20124.

33. Aclaró que la controversia se dirigía a establecer el “[…] supuesto incumplimiento
de la UAESP del convenio no. 766 de 1997 y el acuerdo de 25 de enero de 2002 en
relación con el pago de la facturación por concepto del servicio de alumbrado
público en el Distrito Capital en cuanto al IVA generado con ocasión de la operación
del servicio, a través de la infraestructura destinada a la prestación del mencionado
servicio […]”.

34. Manifestóque no era procedente pronunciarse “[…] sobre si el servicio de
alumbrado público está exento o no del pago del impuesto al valor agregado (IVA),
ya que la controversia se centra exclusivamente en determinar si ese impuesto
debía ser asumido por las partes fuera de la remuneración pactada […]”.

35. Sostuvo que el objeto del Convenio en cita coincidía con la definición del contrato
de suministro, prevista en el artículo 968 del Código de Comercio, de conformidad
con el cual “[…] una parte se obliga, a cambio de una contraprestación, a cumplir
en favor de otra, en forma independiente, prestaciones periódicas o continuadas de
cosas o servicios […]”.

36. Encontró que la Resolución CREG 043 de 1995 estableció que la prestación del
servicio de alumbrado público es obligación de los municipios y que el suministro de
energía eléctrica “[…] es responsabilidad de la empresa distribuidora o
comercializadora con quien el municipio acuerde el suministro, mediante convenios
o contratos celebrado con tal finalidad […]”.

4
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones […]”.

7

Radicación núm.: 11001-03-15-000-2023-04267-00
Demandante: Enel Colombia S.A. E.S.P.

37. Indicó que el pago del IVA estaba a cargo de Codensa S.A. E.S.P. en su
condición de prestador del servicio de alumbrado público y propietario de la
infraestructura requerida para el cumplimiento de este fin.

38. Consideró que la UAESP no incumplió el Convenio n.° 766 de 199, ni el Acuerdo
de 25 de enero de 2002, en lo relacionado con el reconocimiento y pago del IVA
generado por el uso de la infraestructura, pues, aunque en la metodología de pago
se incluyó un valor por su arrendamiento, esto no implicaba que la entidad
demandada adquiriera la calidad de arrendataria.

39. Por último, señaló que la condena en costas se ajustaba al ordenamiento jurídico,
toda vez que la expresión “interés público” contenida en el artículo 188 de la Ley
1437 hace referencia a “[…] acciones públicas, contencioso objetivo o de mera
constitucionalidad y/o legalidad […]”.

II. EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

II.1. El recurso extraordinario -causal invocada-

40. Enel Colombia S.A. E.S.P., por intermedio de apoderado judicial, instauró recurso
extraordinario de revisión en el que solicitó que se revoque la sentencia de 13 de
julio de 2022 y, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda.

41. En criterio de la revisionista, en el sub examine se configura la causal de revisión
prevista en el numeral 5. del artículo 250 de la Ley 1437, esto es, nulidad originada
en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación.

42. Argumentó que la “[…] aplicación […]” de esta causal se fundamenta en la
sentencia de 16 de mayo de 20235, proferida por la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, en la que se “[…] declaró improcedente la acción
de tutela interpuesta por ENEL en contra de la Sentencia aquí recurrida, […] al
considerar que el reparo formulado debía tramitarse por la vía del recurso de
revisión […]”.

43. Como sustento de la causal invocada, sostuvo que la sentencia cuestionada
vulneró sus derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia
e incurrió en un defecto fáctico, dado que no se valoraron el Convenio n.° 766 de
1997, el Acuerdo de 25 de enero de 2002 y sus anexos, particularmente, se refirió
a las “[…] definiciones propias del contrato […]”, la cláusula primera del Acuerdo y
los anexos 1 al 5, documentos en los que se diferencian las prestaciones a cargo
de Codensa S.A. E.S.P.

5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección B, Sección Segunda. Sentencia de 16 de mayo de
2023. Radicación núm.: 11001-03-15-000-2022-05254-01. C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.

8

Radicación núm.: 11001-03-15-000-2023-04267-00
Demandante: Enel Colombia S.A. E.S.P.

44. Resaltó que en el Anexo n.° 1 del Acuerdo en mención, se estableció la
metodología para la remuneración del servicio de alumbrado público, en la cual se
incluyó el arrendamiento de la infraestructura, como se transcribe a continuación:

“[…] La definición de la metodología para la remuneración del servicio de alumbrado
público, correspondiente a cada una de estas dos categorías, considera los
siguientes tres componentes:

• Suministro de Energía (CUap): Costo total de entregar la energía requerida en el
punto de conexión.

• Arrendamiento de Infraestructura (Alap): Componente que remunera la
utilización de los activos de propiedad de CODENSA usados exclusivamente
para el servicio de alumbrado público.

• Administración Operación y Mantenimiento (AMap): Costos asociados con tales
actividades llevadas a cabo por CODENSA para la prestación del servicio de
alumbrado público en el Distrito Capital. (...)

En aplicación de la fórmula anterior se tendrán en cuenta las siguientes
consideraciones:

b) Arrendamiento de infraestructura (Aiap):

Cargo por unidad de energía que remunera la infraestructura de alumbrado público y
se establece al iniciar cada año siguiendo la metodología de la Resolución CREG
098 de 1997. […]” (negrilla del texto).

45. Igualmente, denotó que, en la cláusula primera del Acuerdo de 25 de enero de
2002, se individualizaron las prestaciones a cargo de Codensa S.A. E.S.P.

46. Advirtióque en la sentencia recurrida se incurrió en una “[…] valoración
incompleta e irreflexiva del material probatorio aportado […]” al proceso, pues no
bastaba con hacer alusión al Convenio y al Acuerdo, sino que era necesario que su
examen fuera claro y se enmarcara en los supuestos fácticos y jurídicos que
suscitaron la controversia, por el contrario, se consignaron argumentos
contradictorios que no se coinciden con la realidad del negocio jurídico celebrado
entre las partes.

47. Afirmó que el fallo cuestionado carece de motivación, porque la interpretación
sobre la naturaleza del contrato se apartó del tenor literal de lo acordado por las
partes, que expresamente consignaron que se trataba de un arrendamiento, por lo
que no era acertado concluir que consistía en la prestación del servicio de
alumbrado público y que, en consecuencia, el IVA estaba a cargo de Codensa S.A.
E.S.P.

9

Radicación núm.: 11001-03-15-000-2023-04267-00
Demandante: Enel Colombia S.A. E.S.P.

48. Sostuvo que se configuró un defecto sustantivo por no aplicar las normas que
rigen la prestación del servicio de alumbrado público6, el arrendamiento y el IVA7 y
su discriminación en los contratos8.

49. Mencionó que la falta de claridad de la decisión cuestionada lesionó el principio
de congruencia, pues al referirse al objeto del contrato se confundió la prestación
del servicio de alumbrado público con el suministro de energía eléctrica.

50. En el mismo sentido, reprochó que se concluyera que se “[…] pactó una
obligación propia del contrato de arrendamiento en relación con el uso de la
infraestructura, pero que pese a ello no puede considerarse que se trata de esa
figura […]” (subrayado del texto).

51. Indicóque no se plantearon los fundamentos jurídicos y contractuales que
permitieron colegir que el servicio de alumbrado público lo prestaba Codensa S.A.
E.S.P. y que en la remuneración se pactó el reconocimiento por el uso de la
infraestructura.

52. Aseveró que no se abordó el estudio de fondo respecto a si la prestación del
servicio de alumbrado público estaba exenta del IVA, sin tener en cuenta que su
naturaleza y tratamiento tributario constituían parte fundamental del litigio, puesto
que se planteó en la contestación de la demanda, en el recurso de apelación y en
el memorial radicado el 23 de octubre de 2017, por medio del cual se aportó el
Concepto 100202208-0881 del 4 de septiembre de 2017, proferido por la DIAN, en
cuyo contenido se precisa que dicha actividad está gravada con IVA.

53. Adujo que el proveído es contradictorio porque “[…] establece que se trata de un
servicio de alumbrado público, insinúa que está exento del IVA, pero concluye que
no se pronunciaría de fondo sobre este punto y además que CODENSA debía
asumir el IVA en relación el uso de la infraestructura de alumbrado público
considerada individualmente, tratándolo de manera independiente, aspecto que
carece de coherencia […]” (subrayado del texto).

54. Señaló que no se analizaron los siguientes argumentos expuestos en el recurso
de apelación:

55. (i) De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2424 de 2006, la Ley 1150 de
2007 y la Resolución CREG 043 de 1995, la prestación del servicio de alumbrado
público estaba a cargo del Distrito Capital, razón por la cual en el evento que esa
responsabilidad fuera trasladable era necesario celebrar un contrato de concesión,
en los términos del artículo 32 de la Ley 80 de 1993.

6
Hizo referencia al numeral 4 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, al Decreto 2424 de 2006, a la Ley 1150 de 2007 y a las
normas indicadas en los folios 3, 4, 5, 6 y 7 del recurso de apelación, es decir, los artículos 2 de la Resolución CREG 043 de
1995, 32.4 de la Ley 80 de 1993, 4 y 6 del Decreto 2424 de 2006 y 29 de la Ley 1150 de 2007.
7
Mencionó los artículos 420 y siguientes del Estatuto Tributario y la doctrina de la DIAN mencionada en la demanda y en el
recurso de apelación.
8
Consignó los artículos 27, 28 y 1603 de la Ley 84 de 1873, 38 de la Ley 153 de 1887, 230 de la Constitución Política, 447,
553 y 617 del Estatuto Tributario.

10

Radicación núm.: 11001-03-15-000-2023-04267-00
Demandante: Enel Colombia S.A. E.S.P.

56. (ii) De acuerdo con las normas tributarias que rigen la materia, Codensa S.A.
E.S.P. “[…] era el sujeto pasivo jurídico del IVA y la UAESP el sujeto pasivo
económico, esto es, quien debía asumir el pago del impuesto […]”.

57. (iii) La ausencia de aplicación de las normas que regulan la prestación del servicio
de alumbrado público, el IVA y el arrendamiento, por cuanto se determinó que el
IVA sobre el uso de la infraestructura de alumbrado público estaba incluido en la
remuneración acordada y que le correspondía asumirlo a Codensa S.A. E.S.P., sin
considerar que no es la beneficiaria del servicio y que los contribuyentes o sujetos
pasivos no están obligados a discriminar el impuesto en los contratos o acuerdos
que rigen las operaciones sujetas a este gravamen, de modo que en los eventos en
los que no se específica que al valor del servicio se le debe adicionar el IVA, se
aplica la base gravable y la tarifa previstas en los artículos 447 y 468 del Estatuto
Tributario.

58. (iv) El desconocimiento de las providencias de la Corte Constitucional9 y de las
Secciones Tercera10 y Cuarta11 del Consejo de Estado, así como del Concepto
100202208-0881 de 4 de septiembre de 2017 emitido por la DIAN, en el que se “[…]
reiteró que el servicio de alumbrado público no está amparado por la exclusión de
IVA de que trata el numeral 4 del artículo 476 del Estatuto Tributario […]”.

59. (v) Los extractos del Convenio n.° 766 de 30 de abril de 1997, el Acuerdo de 25
de enero de 2002 y sus anexos.

60. Por último, aseguró que uno de los Consejeros de Estado que integró la Sala
“[…] se encontraba impedido para conocer del proceso por configurarse la causal
de impedimento y recusación prevista en el numeral 12 del artículo 141 del Código
General del Proceso […]”, porque el 28 de agosto de 2008 emitió un concepto “[…]
sobre la diferencia existente entre la UAESP y CONDENSA (sic), en relación con el
valor pagado por concepto de alumbrado público durante los años 1998, 1999 y
2002 [...], en el cual, entre otros, tuvo en cuenta para emitir su opinión el Convenio
de suministro y pago celebrado el 30 de (sic) 1997 y el acuerdo suscrito el 25 de
enero de 2002, ambos fundamento esencial de la demanda que presentó
CODENSA […]”.

61. Porconsiguiente, al recaer el concepto sobre asuntos relacionados con el
proceso, desde su punto de vista, el magistrado debió manifestar su impedimento,
omisión que vulnera la Constitución Política y su derecho al debido proceso.

9
Sentencias C-155 del 26 de febrero de 2003 y C-412 del 4 de septiembre de 1996.
10
“[…] Sentencia de la Sección Tercera, con radicado No. 2003-0650 del 07 de marzo de 2011, CP. Enrique Gil Botero en la
que se analizó que los municipios y distritos únicamente podrían entregar la prestación del servicio de alumbrado público a
terceros en la modalidad de concesión […] Sentencia de la Sección Tercera, con radicado No. 232600019940007101 del 18
de marzo de 2010, CP. Mauricio Fajardo Gómez en relación con los elementos del tipo contractual de arrendamiento […]”.
11
“[…] Sentencias de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, del 4 de noviembre de 2012, Expediente nro. 212212 CP
Martha Teresa Briceño de Valencia y del 31 de enero de 2013, Expediente nro. 18878 CP. Carmen Teresa Ortiz, en relación
con la observancia de las normas tributarias por parte de los convenios y contratos suscritos. […]”.

11

Radicación núm.: 11001-03-15-000-2023-04267-00
Demandante: Enel Colombia S.A. E.S.P.

II.2. Trámite del recurso extraordinario de revisión

62. El recurso extraordinario de revisión fue presentado ante la Secretaría General
del Consejo de Estado el 9 de agosto de 2023 y luego de efectuarse el
correspondiente reparto, se asignó su conocimiento a la Sala Veinte Especial de
Decisión, con la radicación núm.: 11001-03-15-000-2023-04267-00.

63. Mediante proveído de 18 de agosto de 2023 se admitió el recurso extraordinario
de revisión y se solicitó a la Secretaría de la Subsección B de la Sección Tercera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que allegara copia digital del
expediente ordinario núm.: 25000-23-36-000-2015-01397-01, en el que se profirió
la sentencia de 13 de julio de 2022; expediente debidamente incorporado al plenario
y que se encuentra visible en el índice 15 del expediente digital.

64. Mediante auto de 29 de septiembre de 2023 se tuvo por oportunamente
presentada la contestación de la demanda por parte de la UAESP y se resolvió
sobre el decreto y práctica de las pruebas solicitadas por las partes.

65. Vencido el plazo de fijación en lista12, el expediente pasó para sentencia.

66. El 2 de diciembre de 202413, el Consejero de Estado, doctor Nicolás Yepes
Corrales, manifestó su impedimento para conocer y decidir el asunto de la
referencia, con fundamento en la causal prevista en el numeral 1. del artículo 141
de la Ley 1564.

II.3. Intervención de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
Domiciliarios - UAESP

67. La UAESP se opuso a las pretensiones del recurso extraordinario de revisión,
con fundamento en los siguientes argumentos:

68. Sostuvo que los cuestionamientos del recurso extraordinario de revisión no
coinciden con los eventos que configuran la causal invocada, por el contrario, la
entidad recurrente reitera la tesis planteada en la acción de tutela con radicación
núm.: 11001-03-15-000-2022-05254-00, la cual se declaró improcedente en
segunda instancia por incumplir el requisito de subsidiariedad.

69. Mencionó que la demandante pretende reabrir el debate probatorio suscitado en
las instancias ordinarias, al reprochar la valoración que efectuó el juez de la causa
sobre los términos del Convenio n.° 766 de 1997 y el Acuerdo del 25 de enero de
2022 junto con sus anexos, en la medida que la decisión le resultó adversa.

70. Indicó que el reparo relacionado con la “[…] violación directa del principio al
debido proceso por cuanto uno de los Consejeros que suscriben el fallo aquí
recurrido no podía considerarse juez imparcial […]”, no se materializó en la
providencia cuestionada, pues el accionante conocía la conformación de la Sala y

12
Cfr. Índice 26 del expediente digital en SAMAI.
13
Cfr. Índice 33 del expediente digital en SAMAI.

12

Radicación núm.: 11001-03-15-000-2023-04267-00
Demandante: Enel Colombia S.A. E.S.P.

tuvo a su alcance las oportunidades procesales para exponerlo en el trámite
ordinario.

71. Anotó que el ad quem se pronunció sobre la totalidad de los argumentos
expuestos en el recurso de apelación, por lo que no resulta acertado aducir que la
sentencia cuestionada carece de congruencia. En todo caso, consideró que no se
fundamentó en debida forma este reparo, ni se explicó la incidencia que tuvo en la
decisión.

72. Agregó que la falta de claridad del fallo alegada por la recurrente debió
sustentarse ante el juez de la causa a través de la solicitud de aclaración y/o adición
de sentencia, prevista en el ordenamiento jurídico.

73. Explicó que la omisión en el análisis de si la actividad convenida estaba exenta
del IVA, la “[…] sujeción pasiva […]” de este impuesto y su discriminación en el “[…]
contrato de arrendamiento […]”, obedece a que estos asuntos no hicieron parte de
la fijación del litigio, por lo que, a su juicio, la entidad demandante confunde la
naturaleza del proceso y sus pretensiones, las cuales se encaminaban a que se
declarara el incumplimiento del Convenio n.° 766 de 1997 y el Acuerdo de 25 de
enero de 2002 “[…] en relación con el pago de la facturación por concepto del
servicio de alumbrado público en el Distrito Capital en cuanto al IVA generado con
ocasión de la operación del servicio, a través de la infraestructura destinada a la
prestación del mencionado servicio […]”.

74. Refirió que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales mediante concepto
núm. 000639 resolvió la consulta presentada por la UAESP, en el sentido de indicar
que “[…] la utilización de la infraestructura destinada únicamente para la prestación
del servicio de alumbrado público está excluida de IVA […]”, determinación que se
acompasa con la tesis de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado.

75. Finalmente, solicitó que se condenara en costas a la recurrente.

II.4. Ministerio Público

76. El Procurador Delegado ante el Consejo de Estado, que interviene como agente
del Ministerio Público, solicitó que se resolviera de manera desfavorable el recurso
extraordinario de revisión.

77. Manifestó que los reproches planteados por el recurrente no se adecuan a la
causal de revisión invocada, dado que pretende emplear este medio extraordinario
de impugnación como una tercera instancia, en la que se emita un nuevo
pronunciamiento sobre el fondo del asunto que se dirimió en el proceso ordinario.

78. Anotó que la decisión cuestionada se adoptó como consecuencia del examen
detallado de las pruebas aportadas al proceso y la aplicación de la normativa y
jurisprudencia que rigen la materia, de manera que no se perfeccionan los vicios de

13

Radicación núm.: 11001-03-15-000-2023-04267-00
Demandante: Enel Colombia S.A. E.S.P.

indebida valoración probatoria, defecto fáctico, la lesión a los derechos al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia y el desconocimiento de las
normas de alumbrado público, IVA y arrendamiento.

79. Indicó que los reparos sobre la imparcialidad de uno de los Consejeros de Estado
que conformó la Sala, no coinciden con los supuestos de nulidad previstos en el
artículo 133 de la Ley 1564 de 2012 y debieron exponerse en el curso de la segunda
instancia.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

III.1. Cuestión previa

80. El Consejero de Estado, doctor Nicolás Yepes Corrales, manifestó impedimento
para conocer y decidir el asunto de la referencia, con fundamento en la causal
prevista en el numeral 1.14 del artículo 14115 de la Ley 1564.

81. En la oportunidad procesal para resolver la manifestación de impedimento, se
advierte que la Consejera de Estado, doctora Adriana Polidura Castillo, el 4 de
febrero de 2025 asumió como magistrada titular del despacho del cual se
encontraba encargado el doctor Nicolás Yepes Corrales.

82. Por lo tanto y en atención a que el doctor Nicolás Yepes Corrales ya no integra
la Sala Veinte Especial de Decisión, la Sala se abstendrá de resolver la
manifestación de impedimento realizada por el referido magistrado.

III.2. Competencia y oportunidad

83. El artículo 248 de la Ley 1437 dispone que el recurso extraordinario de revisión
procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y
subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
por los tribunales administrativos y por los juzgados administrativos.

84. En tratándose del recurso extraordinario de revisión instaurado contra las
sentencias proferidas por las secciones y subsecciones del Consejo de Estado, el
artículo 249 de la Ley 1437 prevé que la competencia radica en la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo de la citada Corporación, sin exclusión de la Sección
que profirió la decisión.

85. De conformidad con el artículo 107 ibidem, las Salas Especiales de Decisión del
Consejo de Estado decidirán los procesos sujetos al conocimiento de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo de la Corporación en los asuntos que esta última
les encomiende, salvo en los procesos de pérdida de investidura y de nulidad por
inconstitucionalidad.

14
“[…] Artículo 141. Causales de recusación. Son causales de recusación las siguientes: 1. Tener el juez, su cónyuge,
compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad,
interés directo o indirecto en el proceso. […]” (negrilla del texto).
15
Por remisión del artículo 130 de la Ley 1437.

14

Radicación núm.: 11001-03-15-000-2023-04267-00
Demandante: Enel Colombia S.A. E.S.P.

86. Al respecto, el artículo 29 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 –Reglamento
Interno del Consejo de Estado–, al asignar los asuntos de conocimiento de las Salas
Especiales de Decisión, dispuso lo siguiente:

“[…] ARTÍCULO 29.- Las Salas Especiales de Decisión decidirán los siguientes
asuntos de competencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo:

1. Los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las
Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado. […]”.

87. Los artículos 251 y 252 de la Ley 1437 prevén que este recurso extraordinario
puede interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva
sentencia, mediante escrito que debe reunir los requisitos establecidos en esta
última disposición, con indicación precisa y razonada de la causal en que se funda,
acompañada de los documentos necesarios y de las pruebas documentales que el
recurrente tenga en su poder y las que pretenda hacer valer.

88. En el caso concreto, se advierte que Enel Colombia S.A. E.S.P., el 9 de agosto
de 202316, presentó recurso extraordinario de revisión contra la sentencia de 13 de
julio de 2022, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, dentro del medio de control de controversias contractuales núm. 25000-23-
36-000-2015-01397-01; providencia que fue notificada por estado el 9 de
septiembre de 202217 y quedó ejecutoriada18 el 14 de septiembre del mismo año,
es decir, que el recurso se presentó antes del vencimiento del término de un año
que señala la norma.

89. En consecuencia, la Sala es competente para decidir el recurso extraordinario de
revisión de la referencia, en la medida en que fue instaurado oportunamente y
promovido en contra de una sentencia ejecutoriada proferida por la Subsección B
de la Sección Tercera del Consejo de Estado, motivo por el cual se cumplen los
presupuestos procesales para su estudio de fondo.

III.3. Aspectos generales del recurso extraordinario de revisión

90. El recurso extraordinario de revisión, como excepción al principio de la cosa
juzgada que ampara las sentencias ejecutoriadas, ha sido instituido por el legislador
para enmendar los errores o ilícitos cometidos en la expedición de tales
providencias.

91. El citado recurso procede por las causales taxativas que en cada caso haya
definido el legislador, y tiene como propósito garantizar la justicia real y material
como valor fundante del Estado de Derecho, tal y como lo sostuvo la Corte
Constitucional en la sentencia C-871 de 2003, en la cual señaló lo siguiente:

“[…] Con todo, el principio de la cosa juzgada no tiene carácter absoluto pues puede
llegar a colisionar con la justicia material del caso concreto. Para enfrentar tal

16
Cfr. Índice 2 del expediente digital en SAMAI.
17
Cfr. Índice 55 del expediente ordinario en SAMAI.
18
Conforme con el artículo 302 de la Ley 1564.

15

Radicación núm.: 11001-03-15-000-2023-04267-00
Demandante: Enel Colombia S.A. E.S.P.

situación se ha consagrado la acción de revisión, la cual permite en casos
excepcionales dejar sin valor una sentencia ejecutoriada en aquellos casos en que
hechos o circunstancias posteriores a la decisión judicial revelan que ésta es injusta.
En este sentido puede afirmarse que la revisión se opone al principio “res iudicata pro
veritate habertur” para evitar que prevalezca una injusticia, pues busca aniquilar los
efectos de la cosa juzgada de una sentencia injusta y reabrir un proceso ya fenecido
[…]”.

92. Así las cosas, en la medida en que, a través de este recurso se puede ver alterada
la certeza brindada por la cosa juzgada, el mismo procede por las causales
expresamente señaladas por la ley, imposibilitando alegar o acudir a otras 19;
taxatividad que resulta razonable, pues se trata de un mecanismo que modifica
providencias que se consideraban inmutables y definitivas, razón por la cual los
motivos que dan lugar a la revisión deben ser aplicados e interpretados en sentido
restringido20.

93. Por tal razón, el recurso extraordinario de revisión no puede ejercerse como un
medio de impugnación para abordar el fondo del asunto que fue objeto de análisis
en el trámite ordinario, pues se trata de un mecanismo de control autónomo que
vincula su procedencia a las causales previstas por el legislador en los artículos 250
de la Ley 1437 y 20 de la Ley 797 de 29 de enero de 2003 21. Es por ello que, su
naturaleza excepcional impide: (i) reabrir el debate jurídico, probatorio o fáctico
propio de las instancias ordinarias; (ii) subsanar las omisiones de las partes en el
curso del proceso; y (iii) cuestionar la interpretación normativa del juez natural.

III.4. De la causal invocada

94. La causal del recurso extraordinario de revisión que invoca el demandante es la
prevista en el numeral 5. del artículo 250 de la Ley 1437, cuyo tenor literal es el
siguiente:

“[…] Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20
de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:

[…]

5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no
procede recurso de apelación […]”.

95. Como puede apreciarse, el legislador restringió la procedencia de este
mecanismo extraordinario a las sentencias ejecutoriadas contra las que no
procedan recursos, con el fin de corregir errores graves y la perpetración de
decisiones injustas o irregulares. Sin embargo, la jurisprudencia ha admitido la
posibilidad de analizar esta causal cuando el vicio se presente en el momento
previo a dictar el fallo y el afectado no pueda advertirlo, evento que deberá
demostrarse con suficiencia en el trámite de revisión22.
19
Corte Constitucional. Sentencia C – 0004 de 20 de enero de 2003. M.P.: Eduardo Montealegre Lynett.
20
Ibidem.
21
“[…] Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se
adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales […]”.
22
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Dieciséis Especial de Decisión. Sentencia de 5 de
mayo de 2020. Radicación núm. 11001-03-15-000-2017-02519-00. C.P. Nicolás Yepes Corrales; Consejo de Estado. Sala

16

Radicación núm.: 11001-03-15-000-2023-04267-00
Demandante: Enel Colombia S.A. E.S.P.

96. En ese orden de ideas, por regla general, no es admisible valerse de esta causal
para controvertir nulidades procesales ocurridas en una etapa previa a la decisión
definitiva, debido a que su formulación se somete a las reglas de oportunidad
consagradas en el artículo 134 de la Ley 1564 de 2012, sin perjuicio del deber del
juez de declarar de oficio las nulidades insaneables que advierta antes de dictar
sentencia.

97. Bajoestas glosas, la jurisprudencia de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo23 ha sostenido, a título enunciativo, que las irregularidades
sustanciales del procedimiento que pueden considerarse como nulidades
originadas en la sentencia son las siguientes:

“[…] i) falta de jurisdicción o competencia, ii) cuando se dicta nueva sentencia en
proceso terminado normalmente por sentencia en firme, iii) cuando sin más actuación
se dicta sentencia después de ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido aceptado
el desistimiento, aprobada la transacción o declarada la perención del proceso, iv)
cuando se dicta sentencia como única actuación, sin el previo trámite
correspondiente, v) cuando se condena al demandado por cantidad superior o por
objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente de la invocada en
ésta, vi) cuando se condena a quien no ha sido parte en el proceso, vii) o cuando, sin
más actuación, se profiere sentencia después de ocurrida cualquiera de las causas
legales de interrupción o de suspensión o, en estos casos, antes de la oportunidad
debida, viii) cuando la sentencia aparece firmada con mayor o menor número de
magistrados, o adoptada con un número de votos diverso al previsto en la ley, ix)
cuando la providencia carece completamente de motivación. […]”.

98. Adicionalmente, se ha aceptado24 que pueden existir otros motivos no
contemplados en los códigos procesales como causales de nulidad, los cuales se
originan en la vulneración del derecho al debido proceso consagrado en el artículo
29 de la Carta Política, en este evento le corresponderá al juez determinar si el
hecho que se dice contrario a esta garantía tiene la magnitud requerida para
configurar la causal de revisión en cita.

99. En este punto, la Sala considera relevante precisar que el precepto constitucional
en mención se relaciona con los principios de legalidad, tipicidad, juez natural,
favorabilidad, presunción de inocencia, publicidad, doble instancia, non bis in idem,
entre otros. Asimismo, integra los derechos de defensa, contradicción, autonomía e
independencia del juez y contempla la declaratoria de nulidad de pleno derecho de
la prueba obtenida irregularmente y la observancia de los términos probatorios y la
oportunidad para solicitar, aportar y contradecir las pruebas.

Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Tercera Especial de Decisión. Sentencia de 3 de diciembre de 2019. Radicación
núm. 11001-03-15-000-2018-01235-00. C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
23
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Quinta Especial de Decisión. Sentencia de 19 de
mayo de 2023. Radicación núm. 11001-03-15-000-2022-00179-00. C.P. Milton Chaves García; Consejo de Estado. Sala de
lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera -Subsección C. Sentencia de 2 de agosto de 2023. Radicación núm. 11001-
03-26-000-2019-00092-00. C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
24
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Catorce Especial de Decisión. Sentencia de 15 de
abril de 2024. Radicación núm. 11001-03-15-000-2008-00294-00. C.P. Alberto Montaña Plata; Consejo de Estado. Sala de lo
Contencioso Administrativo. Sala Veintiuno Especial de Decisión. Sentencia de 20 de marzo de 2024. Radicación núm. 11001-
03-15-000-2022-01662-00. C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas; Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo. Sala Quince Especial de Decisión. Sentencia de 5 de noviembre de 2019. Radicación núm. 11001-03-15-000-
2018-01415-00. C.P. Hernando Sánchez Sánchez.

17

Radicación núm.: 11001-03-15-000-2023-04267-00
Demandante: Enel Colombia S.A. E.S.P.

100. Vistolo anterior, la Sala procederá a efectuar el análisis de fondo de los
argumentos expuestos en el recurso, para, luego, determinar si se configura o no la
causal de revisión invocada por la parte recurrente.

III.5. Problema jurídico

101. Corresponde determinar si se configura o no la causal del numeral 5. del artículo
250 de la Ley 1437, dado que, según la demandante, la sentencia objeto de revisión
está viciada de nulidad por vulnerar sus derechos al debido proceso y de acceso a
la administración de justicia, al lesionar el principio de imparcialidad e incurrir en los
defectos sustantivo y fáctico, indebida valoración probatoria, falta de motivación e
incongruencia.

III.6. El principio de congruencia

102. El principio de congruencia es una garantía procesal que delimita el contenido
de la sentencia, actualmente, se encuentra regulado en el artículo 281 de la Ley
1564, que antes de su vigencia lo preveía el artículo 305 del Código de
Procedimiento Civil, en dichas disposiciones el legislador lo definió en los siguientes
términos:

“[…] La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones
aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este Código contempla,
y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo
exige la ley.

No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del
pretendido en la demanda, ni por causa diferente a la invocada en ésta.

Si lo pedido por el demandante excede de lo probado, se le reconocerá solamente lo
último. […]”.

103. En tal virtud, la jurisprudencia25 de esta Corporación ha sostenido que la
congruencia debe ser interna y externa, la primera acepción se relaciona con la
armonía entre las partes motiva y resolutiva del fallo y, la segunda, con el vínculo
entre lo pretendido por las partes en la demanda y en el escrito de oposición.

104. En otras palabras, en la sentencia se debe salvaguardar la unidad temática
entre lo pedido en la demanda, los fundamentos fácticos y jurídicos que emergen
de la controversia, la contestación y los cuestionamientos del recurso de apelación.

105. Desde este punto de vista, la incongruencia se acredita en los siguientes casos:

“[…] cuando al demandado se le condena por cantidad superior a la pedida (“ultra
petita”), o por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente a la
invocada en la misma (“extra petita”), o cuando se omite el pronunciamiento sobre
una de las pretensiones (“minus petita”). En la misma línea, el Consejo de Estado ha

25
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Subsección A de la Sección Tercera. Sentencia de 1° de
diciembre de 2023. Radicación: 11001-03-26-000-2020-00056-00. C.P. María Adriana Marín. Consejo de Estado, Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo, Sala Once Especial de Decisión. Sentencia de 2 de noviembre de 2023. Radicación: 11001-
03-15-000-2022-04344-00. C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.

18

Radicación núm.: 11001-03-15-000-2023-04267-00
Demandante: Enel Colombia S.A. E.S.P.

puntualizado que la alegación sobre el quebrantamiento del citado principio no
admite el cuestionamiento a la apreciación probatoria o a la actividad
interpretativa desarrollada por el juez, así como tampoco permite calificar el
acierto de la decisión censurada o examinar la posible configuración de errores
in iudicando […]”26 (negrilla fuera del texto).

III.7. De la configuración o no de la causal de revisión alegada

106. Del análisis de los argumentos planteados por el recurrente, la Sala Especial de
Decisión evidencia que su inconformidad se concreta en los siguientes cargos:

107. (i) La configuración de un defecto fáctico por la falta de valoración del Convenio
n.° 766 de 1997, del Acuerdo de 25 de enero de 2002 y sus anexos, particularmente,
las “[…] definiciones propias del contrato […]”, la cláusula primera del Acuerdo y los
anexos 1 al 5, en los que se diferencian las actividades a cargo de Codensa S.A.
E.S.P., dentro de las cuales se encuentra el arrendamiento de la infraestructura
necesaria para la prestación del servicio de alumbrado público.

108. (ii) La “[…] valoración incompleta e irreflexiva del material probatorio aportado
[…]” al proceso.

109. (iii) La falta de motivación por concluir que el Distrito Capital y Codensa S.A.
E.S.P. no suscribieron un contrato de arrendamiento, sin tener en cuenta el tenor
literal de lo acordado por las partes.

110. (iv) La materialización de un defecto sustantivo por no aplicar las normas que
rigen la prestación del servicio de alumbrado público, el arrendamiento y el IVA y su
discriminación en los contratos.

111. (v) La lesión al principio de congruencia por: la ausencia de examen de fondo
respecto a si la prestación del servicio de alumbrado público estaba exenta del IVA;
la omisión del estudio de planteamientos consignados en el recurso de apelación; y
la falta de claridad de la providencia objeto del recurso extraordinario de revisión al
incluir razonamientos contradictorios que no coinciden con la realidad del negocio
jurídico y los hechos que sirvieron de fundamento a la demanda.

112. (vi) La aprobación de la sentencia objeto de revisión por parte de un Consejero
de Estado que “[…] se encontraba impedido para conocer del proceso por
configurarse la causal de impedimento y recusación prevista en el numeral 12 del
artículo 141 del Código General del Proceso […]”.

113. Previoa abordar los cargos del recurso, se destaca que la revisionista
fundamentó la procedencia de la causal de revisión en la sentencia de 16 de mayo
de 202327, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, en la que se confirmó la improcedencia de la acción de tutela instaurada

26
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veinticinco Especial de Decisión. Sentencia de 4 de
agosto de 2023. Radicación: 11001-03-15-000-2022-04218-00. C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección B, Sección Segunda. Sentencia de 16 de mayo de
2023. Radicación núm.: 11001-03-15-000-2022-05254-01. C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.

19

Radicación núm.: 11001-03-15-000-2023-04267-00
Demandante: Enel Colombia S.A. E.S.P.

por Enel Colombia S.A. E.S.P. contra la providencia de 13 de julio de 2022, “[…] por
no satisfacer el requisito de la subsidiariedad […]”, debido a que los motivos de
inconformidad podían plantearse a través del recurso extraordinario de revisión “[…]
bajo una posible nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso de
controversias contractuales […]”.

114. A juicio de la Sala, el juez de tutela se limitó a indicar que la recurrente contaba
con otro medio de defensa judicial, sin que esto implique la prosperidad de las
pretensiones formuladas mediante este mecanismo extraordinario de impugnación,
ni que los defectos propuestos en esa oportunidad, y reiterados en el presente
recurso, se adecuen a la causal de revisión del numeral 5. del artículo 250 de la Ley
1437.

115. Precisado lo anterior, se resalta que en la sentencia de 13 de julio de 2022 se
analizó el “[…] supuesto incumplimiento de la UAESP del convenio no. 766 de 1997
y el acuerdo de 25 de enero de 2002 en relación con el pago de la facturación por
concepto del servicio de alumbrado público en el Distrito Capital en cuanto al IVA
generado con ocasión de la operación del servicio, a través de la infraestructura
destinada a la prestación del mencionado servicio […]”.

116. Para efectos de resolver, la Sala precisa que, en la sentencia de 13 de julio de
2022, se analizó el “[…] supuesto incumplimiento de la UAESP del convenio no. 766
de 1997 y el acuerdo de 25 de enero de 2002 en relación con el pago de la
facturación por concepto del servicio de alumbrado público en el Distrito Capital en
cuanto al IVA generado con ocasión de la operación del servicio, a través de la
infraestructura destinada a la prestación del mencionado servicio […]”.

117. De acuerdo con las pruebas aportadas al proceso se tuvo por acreditado lo
siguiente:

“[…] 1) El 30 de abril de 1997, la Alcaldía Mayor de Bogotá suscribió con la
Empresa de Energía de Bogotá SA ESP el “Convenio para el Suministro y Pago
del Servicio de Alumbrado Público entre el Distrito Capital y la Empresa de
Energía de Bogotá SA ESP” (fl. 25 cdno. no. 3), en cuyos considerandos se
especificó en el literal d) que “la Empresa es propietaria de la infraestructura con que
se presta el servicio de alumbrado público en el Distrito Capital” (fl. 25 ibidem).

El convenio en comento se concentró en las siguientes actividades:

“1. La Empresa de Energía de Bogotá SA ESP continuará garantizando al
Distrito Capital la prestación del servicio de alumbrado público durante
los años de 1997 y siguientes, suministrando la energía y utilizando para
el efecto sus sistemas de transmisión y distribución, incluyendo postes,
redes, transformadores exclusivos para alumbrado público, luminarias y
demás elementos requeridos, ajustándose a las características técnicas
establecidas en los Códigos de Distribución y Redes vigentes.

En este caso, se entiende por alumbrado público el servicio consistente en la
iluminación de las vías públicas (senderos peatonales y públicos, calles y
avenidas de tránsito vehicular), parques públicos y demás espacios de libre
circulación que no se encuentren a cargo de ninguna persona natural o jurídica
de derecho privado o público, con el propósito de proporcionar la visibilidad

20

Radicación núm.: 11001-03-15-000-2023-04267-00
Demandante: Enel Colombia S.A. E.S.P.

adecuada para el normal desarrollo de las actividades tanto vehiculares como
peatonales, acorde con las normas de la Empresa. También se incluirá el
consumo de los sistemas de semaforización y medios electrónicos de
publicidad, como los relojes electrónicos, acordados con el Distrito Capital (…).

10. En el valor facturado por la Empresa de Energía de Bogotá SA ESP, se
reconoce por parte del Distrito Capital el costo correspondiente al servicio de
alumbrado público, su mantenimiento y utilización de la infraestructura
correspondiente, incluyendo redes, transformadores, postes y otros dispositivos
involucrados en la prestación del mismo. La Empresa asumirá la expansión de
la infraestructura del alumbrado público según acuerdo anual entre las partes
(…)” (fls. 43 vlto. y 44 vlto. cdno. no. 3).

2) El 25 de enero de 2002, el Distrito Capital – Unidad Administrativa Especial
de Servicios Públicos (UAESP) y Codensa SA ESP suscribieron un acuerdo (fls.
47 a 53 vlto. cdno. no. 3) con el objeto de “establecer la metodología para calcular la
remuneración del prestador del servicio de alumbrado público de Bogotá; convenir la
forma de pago y la ejecución de otras actividades tendientes al mejoramiento de la
calidad del servicio” (fl. 47 ibidem).

3) En el anexo no. 1 del convenio en comento (fls. 54 a 58 vlto. cdno. no. 3), en
relación con la metodología para calcular la remuneración del prestador del servicio
de alumbrado público de Bogotá las partes convinieron como definición de
“Arrendamiento: Remuneración por el uso de los activos, que se usan
exclusivamente para el sistema de alumbrado público del Distrito Capital” (fl 54
ibidem) […]” (negrilla fuera del texto).

118. En el citado proveído se expuso que, según lo acordado por las partes, Codensa
S.A. E.S.P. en su calidad de prestador del servicio de alumbrado público tenía a
cargo el pago del IVA, puesto que era la dueña de la infraestructura que viabilizaba
la prestación del servicio y la remuneración contemplaba el pago por el uso de
dichos activos, por ello se concluyó que la UAESP no incumplió el Convenio n.° 766
de 1997 ni el Acuerdo de 25 de enero de 2002, como se advierte:

“[…] para la Sala es evidente que atendiendo a la voluntad de las partes en
cabeza de Codensa SA ESP, como prestador del servicio de alumbrado público
estaba el pago del impuesto al valor agregado (IVA), de una parte, porque es la
dueña de la infraestructura con la que se presta el servicio de alumbrado público y,
de otra, porque dentro de la remuneración se incluye el reconocimiento por el uso de
los activos usados para la prestación del servicio.

2) Contrario a lo aducido por la parte actora en el recurso de apelación, la UAESP
en modo alguno ha incumplido el convenio no. 766 de 1997 ni el acuerdo de 25 de
enero de 2002 en cuanto tiene que ver con el reconocimiento y remuneración por la
prestación del servicio de alumbrado público, pues dentro de la metodología de
pago se incluyó el valor correspondiente al uso de la infraestructura, sin que
por ello la obligación de la UAESP fuera en calidad de arrendatario de la
infraestructura de propiedad de Codensa SA ESP a través de la cual se presta
el servicio público.

3) Si bien la Resolución CREG no. 043 de 1995 define a los municipios como
responsables de la prestación del servicio de alumbrado público, también es cierto
que el suministro de la energía eléctrica “es responsabilidad de la empresa
distribuidora o comercializadora con quien el municipio acuerde el suministro,
mediante convenios o contratos celebrado (sic) con tal finalidad”.

21

Radicación núm.: 11001-03-15-000-2023-04267-00
Demandante: Enel Colombia S.A. E.S.P.

En ese orden de ideas, si bien el anexo no. 1 al acuerdo de 25 de enero de 2002, en
virtud del cual se acuerda la metodología para calcular la remuneración del prestador
del servicio de alumbrado público, las partes se sirvieron del sustantivo
“arrendamiento” para denominar la remuneración por el uso de los activos de
propiedad de Codensa SA ESP dispuestos para la prestación del servicio, ello no
implica en modo alguno que las obligaciones de la UAESP mutaran hacia la calidad
de arrendatario.

4) Por consiguiente, la Sala encuentra que en el presente asunto no se tiene
acreditado el incumplimiento de la UAESP del convenio no. 766 de 1997 ni del
acuerdo de 25 de enero de 2002 reclamado por la parte actora como consecuencia
de la omisión en el reconocimiento y pago del impuesto del IVA generado con ocasión
del uso de la infraestructura de propiedad de Codensa SA ESP afecta a la prestación
del servicio de alumbrado público […]” (negrilla fuera del texto).

119. De acuerdo con lo expuesto, se evidencia que en la providencia objeto de
revisión se valoraron el Convenio n.° 766 de 1997, el Acuerdo de 25 de enero de
2002 y el Anexo n.° 1; cuestión distinta es que el juez ordinario haya determinado
que dichas pruebas no tenían la vocación de acreditar la existencia del contrato de
arrendamiento de infraestructura alegado por la empresa demandante.

120. Cabe denotar que en la valoración probatoria prima la autonomía e
independencia de la autoridad judicial que la realiza, entonces, aunque en la
providencia objeto de revisión solamente se transcribió la definición de
arrendamiento y no se citaron expresamente las demás “[…] definiciones propias
del contrato […]”, la cláusula primera del Acuerdo de 25 de enero de 2002 y los
anexos 2 al 5, esto no implica que la apreciación del Convenio n.° 766 de 1997 y
del Acuerdo en cita no hubiera sido integral.

121. Adicionalmente, a juicio de la Sala, la revisionista no sustentó con suficiencia
las repercusiones que la presunta falencia tuvo en la providencia examinada, en
orden a establecer el carácter fundamental de los elementos de convicción referidos
en el párrafo anterior y su potencialidad para alterar la decisión definitiva.

122. En ese contexto, el primer argumento del recurso, relacionado con la
configuración de un defecto fáctico, no está llamado a prosperar, en razón a que se
dirige a reabrir el debate probatorio suscitado en las instancias ordinarias sobre el
objeto contractual y las actividades que contemplaba la remuneración pactada por
las partes.

123. En cuanto al segundo cargo del recurso, asociado a la “[…] valoración
incompleta e irreflexiva del material probatorio aportado […]” al proceso, se observa
que la recurrente expuso, de manera general, una supuesta anomalía, sin identificar
las pruebas que dejaron de analizarse en el fallo cuestionado y por qué su
apreciación era determinante para resolver la controversia.

124. Al respecto, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que la
interposición del recurso extraordinario de revisión “[…] exige una carga
argumentativa precisa por parte del recurrente, toda vez que, esta debe hacerse de
manera técnica, rigurosa y fundamentada, y que impida la reapertura de aspectos

22

Radicación núm.: 11001-03-15-000-2023-04267-00
Demandante: Enel Colombia S.A. E.S.P.

que fueron tratados por el juez de instancia. De ahí que, tampoco sea un
instrumento procesal para discutir los fundamentos jurídicos de las providencias28.
[…]”.

125. En armonía con lo anterior, la Sala Trece Especial de Decisión, en sentencia de
7 de abril de 201529, indicó:

“[…] debe tenerse en cuenta que la apreciación o valoración probatoria que haga el
juez en la sentencia sea que se haga de una forma u otra, no puede ni debe
considerarse como violación al debido proceso, salvo que se trate de una evidente
arbitrariedad o una ausencia total de motivación.

Y eso es así, porque dicha apreciación es una actividad propia de la labor de
juzgamiento del juez, que se encuentra revestida por el principio de autonomía e
independencia judicial y por el principio de la sana crítica.

5.1.6.- En ese sentido, el desacuerdo en la valoración de las pruebas no puede
ser desatado mediante el ejercicio del recurso extraordinario de revisión. De ser
así, se convertiría este recurso en un escenario para evaluar el grado de
convencimiento de los razonamientos de los jueces ordinarios y, por ende, en una
tercera instancia, lo que vulneraría el principio de cosa juzgada.

No puede perderse de vista que la interpretación y valoración probatoria es un
asunto propio del debate que debe surtirse en el proceso ordinario de
conocimiento.30 […]” (negrilla fuera del texto).

126. A partir de la jurisprudencia citada supra, se encuentra que la taxatividad de la
causal de que trata el numeral 5. del artículo 250 de la Ley 1437 y los derroteros
jurisprudenciales que establecen los límites del juez revisor, hacen improcedente la
prosperidad de este cargo del recurso, toda vez que la falta de carga argumentativa
del libelista implicaría adelantar un nuevo estudio de todas las pruebas que fueron
allegadas al proceso ordinario, con lo cual este mecanismo extraordinario se
convertiría en una tercera instancia.

127. En lo atinente al tercer cargo del recurso, vinculado a la falta de motivación del
fallo censurado, se recuerda que la jurisprudencia31 de esta Corporación ha
sostenido que esta causal se materializa ante la carencia absoluta de exposición de
las razones de hecho y de derecho que le sirven de sustento, por lo que se torna
improcedente retomar el estudio de la estimación de los hechos, las normas
aplicadas o la apreciación de alguna probanza32.

28
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Catorce Especial de Decisión. Sentencia de 13 de
octubre de 2020. Radicación núm.: 11001-03-15-000-2019-00119-00. C.P. Alberto Montaña Plata.
29
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Trece Especial de Decisión. Sentencia de 7 de abril de
2015. Radicación: 2013-02724-00. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
30
Corte Suprema de Justicia –Sala de Casación Civil- sentencia 076 del 11 de marzo de 1991.
31
Consejo de Estado, Subsección A de la Sección Segunda. Sentencia del 26 de agosto de 2021. Radicación: 11001-03-25-
000-2017-00852-00 (4598-17). C.P. William Hernández Gómez. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sala Diecisiete Especial de Decisión. Sentencia de 17 de marzo de 2023. Radicación: 11001-03-15-000-2020-
02897-00. C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala
Novena Especial de Decisión. Sentencia de 14 de diciembre de 2021. Radicación: 11001 03 15 000 2019 03823 00. C.P.
Gabriel Valbuena Hernández.
32
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección A de la Sección Segunda. Sentencia del 26 de
agosto de 2021. Radicación: 11001-03-25-000-2017-00852-00 (4598-17). C.P. William Hernández Gómez.

23

Radicación núm.: 11001-03-15-000-2023-04267-00
Demandante: Enel Colombia S.A. E.S.P.

128. En tal sentido, el vicio examinado no tiene vocación de prosperidad, pues
conforme se observa en los apartes transcritos, en la providencia de 13 de julio de
2022 se expusieron los motivos por los cuales la UAESP no incumplió el Convenio
n.° 766 de 1997 ni el Acuerdo de 25 de enero de 2002, por ello, se colige que lo
pretendido por la recurrente es que se modifique la tesis sostenida por el ad quem
sobre la naturaleza de las prestaciones consignadas en el contrato.

129. Respecto al cuarto cargo del recurso, en el que se aduce la materialización de
un defecto sustantivo por no aplicar las normas que rigen la prestación del servicio
de alumbrado público, el arrendamiento y el IVA y su discriminación en los contratos
o acuerdos sujetos a este gravamen, la Sala encuentra que no está llamado a
prosperar, en razón a que no se orienta a exponer una causal de nulidad o de
vulneración al debido proceso en que haya incurrido el proveído analizado, sino a
cuestionar la interpretación normativa efectuada por el juez ordinario en el marco de
sus competencias, propósito ajeno al recurso extraordinario de revisión.

130. Frente al quinto argumento del recurso, esto es, la lesión al principio de
congruencia por: la ausencia de examen de fondo respecto a si la prestación del
servicio de alumbrado público estaba exenta del IVA33; la omisión del estudio de
planteamientos consignados en el recurso de apelación; y la falta de claridad de la
providencia censurada, la Sala destaca que la incongruencia “[…] genera la nulidad
de la sentencia cuando esta trastorna completamente los términos de referencia
que sirvieron al desarrollo del proceso34. Por esta razón, no cualquier reproche
sobre la falta de congruencia externa o interna estructura la causal de
revisión, pues se exige que la disparidad entre lo pedido, lo debatido y lo
probado sea protuberante35, a tal punto que, no exista justificación objetiva y
relacionada con las materias medulares del proceso […]36” (negrilla fuera del texto).

131. Bajo ese entendido, la Sala precisa que, en la audiencia inicial del 4 de agosto
de 2016, el a quo fijó el litigio en los siguientes términos:

“[…] ¿Establecer si la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS
PÚBLICOS incumplió con las obligaciones contenidas en el Convenio No. 766
de 1997 y el Acuerdo del 25 de enero de 2002, concretadas en el pago de la
facturación por concepto del servicio de alumbrado público en el Distrito Capital?

En el evento de que se determine que hubo el alegado incumplimiento ¿determinar si
hay lugar al pago de los perjuicios económicos y ocasionadas (sic) en razón del
incumplimiento? […]” (negrilla fuera del texto).

132. Según lo indicado, el ad quem delimitó el problema jurídico y explicó que “[…]
no se pronunciaría sobre si el servicio de alumbrado público está exento o no del
pago del impuesto al valor agregado (IVA), ya que la controversia se centra

33
Reproche que se sustentó en el Concepto 100202208-0881 del 4 de septiembre de 2017 emitido por la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN.
34
“Corte Constitucional, Sentencia T- 1274 de 2008”.
35
“Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Decisión, Sentencia de 7 de abril de
2015, Radicado 2013-00358-00(REV)”
36
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Catorce Especial de Decisión. Sentencia de 13 de octubre
de 2020. Radicación: 11001-03-15-000-2019-00119-00. C.P. Alberto Montaña Plata.

24

Radicación núm.: 11001-03-15-000-2023-04267-00
Demandante: Enel Colombia S.A. E.S.P.

exclusivamente en determinar si ese impuesto debía ser asumido por las
partes fuera de la remuneración pactada […]” (negrilla fuera del texto).

133. En tales condiciones, la Sala considera que el juez ordinario de segunda
instancia profirió la sentencia objeto de revisión con sustento en los límites trazados
en la fijación del litigio, los cuales no fueron objetados por las partes en la
oportunidad procesal correspondiente, de ahí que en la motivación no se
mencionaran las manifestaciones, elementos probatorios y jurisprudencia
orientadas a establecer si el servicio de alumbrado público estaba exento o no del
IVA.

134. Asimismo, la revisionista reprochó la omisión del estudio de los siguientes
planteamientos consignados en el recurso de apelación: (i) la naturaleza de la
prestación del servicio de alumbrado público, en virtud de la cual Codensa S.A.
E.S.P. no ostentaba la calidad de prestador del servicio, porque esa responsabilidad
estaba a cargo del Distrito Capital; (ii) la distinción entre el sujeto pasivo económico
y el sujeto pasivo jurídico del IVA; (iii) la inexistencia de la obligación legal de
discriminar el IVA en los contratos o acuerdos que rigen las operaciones sujetas a
este gravamen; y (iv) el desconocimiento de algunas providencias de la Corte
Constitucional y de las Secciones Tercera y Cuarta del Consejo de Estado y de los
extractos del Convenio n.° 766 de 30 de abril de 1997, el Acuerdo de 25 de enero
de 2002 y sus anexos.

135.Se pone de relieve que el juez ordinario de segunda instancia estableció que,
según la voluntad de las partes, Codensa S.A. E.S.P., como prestador del servicio
de alumbrado público, tenía a cargo el pago del IVA.

136. Respecto a la distinción entre el sujeto pasivo económico y el sujeto pasivo
jurídico del IVA y la ausencia de una obligación legal de discriminar este impuesto
en los contratos o acuerdos, se constata que estos razonamientos no fueron
incluidos en la demanda ni en su reforma, esto significa que se presentaron de
manera extemporánea a la litis. En consecuencia, el ad quem no estaba facultado
para abordarlos en la sentencia objeto de revisión, pues es su deber garantizar el
derecho fundamental al debido proceso de las partes y los principios de lealtad
procesal y congruencia.

137. No obstante, se evidencia que la determinación del sujeto que tenía la
obligación de pagar el IVA hizo parte de los temas analizados por el juez de la causa
y concuerda con las inconformidades planteadas desde el libelo introductorio del
medio de control de controversias contractuales, de ahí que no se trate de un vicio
propio de la sentencia de segunda instancia, sino de la reiteración del desacuerdo
con el resultado del proceso.

138. Sobre el eventual desconocimiento de las providencias referidas en el recurso
de apelación, se aclara que la inobservancia del precedente jurisprudencial 37 no
37
Sobre la imposibilidad de considerar el desconocimiento del precedente judicial como un presupuesto configurativo de la
nulidad originada en la sentencia, consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección C de la
Sección Tercera. Sentencia de 22 de agosto de 2022. Radicación: 11001-03-26-000-2018-00064-00. C.P. Nicolás Yepes

25

Radicación núm.: 11001-03-15-000-2023-04267-00
Demandante: Enel Colombia S.A. E.S.P.

constituye un defecto que tenga la vocación de materializar una nulidad originada
en la sentencia, porque no se orienta a la revisión de irregularidades de carácter
procedimental, sino al examen de aspectos de fondo del fallo acusado.

139. En lo que atañe a las alegaciones sobre la posible falta de claridad, la inclusión
de razonamientos contradictorios que no reflejan la realidad del negocio jurídico ni
los hechos que fundamentaron la demanda y la omisión de valorar los extractos del
Convenio n.° 766 de 30 de abril de 1997, del Acuerdo de 25 de enero de 2002 y sus
anexos, se encuentra que no perfeccionan la incongruencia de la sentencia, toda
vez que la decisión se sustentó en los supuestos fácticos y jurídicos que se
incorporaron a la controversia en las etapas procesales pertinentes.

140. Nótese,entonces, que estos reparos se encaminan a objetar los criterios
hermenéuticos empleados por el fallador de segunda instancia, puesto que no
perfeccionan alguna de las circunstancias que derivan en la lesión del principio de
congruencia, por el contrario, el fallo censurado se acompasa con el petitum de la
demanda, los derroteros de la oposición y los cuestionamientos de la alzada.

141. Por consiguiente, este cargo del recurso no tiene vocación de prosperidad.

142. Por último, en cuanto al sexto motivo de inconformidad, esto es, la aprobación
de la sentencia por parte de un Consejero de Estado que “[…] se encontraba
impedido para conocer del proceso por configurarse la causal de impedimento y
recusación prevista en el numeral 12 del artículo 141 del Código General del
Proceso […]”, se advierte que la revisionista no expuso en el medio de control de
controversias contractuales los motivos por los cuales, a su juicio, se quebrantaba
la garantía de imparcialidad que debe orientar las actuaciones judiciales, en
observancia de las causales, oportunidad y trámite dispuesto en el ordenamiento
jurídico.

143. En consonancia con lo anterior, se itera que la causal de revisión invocada exige
que la anomalía se perfeccione en la sentencia de segunda instancia y, en caso de
que se produzca antes de su expedición, el recurrente debe probar que no tuvo la
posibilidad de plantearla en el proceso ordinario38, en razón a que este mecanismo
extraordinario de impugnación no se instituyó para enmendar errores u omisiones
de las partes en ejercicio del derecho de contradicción y el agotamiento de los
medios de defensa judicial.

144. Sobre el principio de imparcialidad la Corte Constitucional ha manifestado que
“[…] la convicción personal del juez se presume hasta que se demuestre lo contrario
o ante la existencia de ciertos hechos que permitan sospechar sobre su

Corrales. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión 2. Sentencia de 4 de agosto
de 2020. Radicación: 11001-03-15-000-2016-03553-00. C.P. César Palomino Cortés.
38
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Cuarta Especial de Decisión. Sentencia del 12 de
julio de 2023. Radicado: 11001-03-15-000-2023-00759-00. C.P. Pedro Pablo Vanegas Gil. Consejo de Estado, Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo. Sala Dieciséis Especial de Decisión. Sentencia de 5 de mayo de 2020. Radicación núm. 11001-
03-15-000-2017-02519-00. C.P. Nicolás Yepes Corrales; Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo.
Sala Tercera Especial de Decisión. Sentencia de 3 de diciembre de 2019. Radicación núm. 11001-03-15-000-2018-01235-
00. C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.

26

Radicación núm.: 11001-03-15-000-2023-04267-00
Demandante: Enel Colombia S.A. E.S.P.

imparcialidad. De allí que el legislador incorporara los impedimentos y recusaciones,
instituciones procesales de carácter taxativo y de interpretación restringida […]”39.

145. En ese sentido, se observa que la demandante no demostró la imposibilidad de
proponer la recusación en el proceso ordinario, por lo tanto, el juez revisor no está
habilitado para determinar si los hechos expuestos por la recurrente materializan la
causal prevista en el numeral 12 del artículo 141 de la Ley 1564, en la medida que
el objeto de este recurso es el restablecimiento de la justicia material, cuando haya
sido afectada por situaciones exógenas que no pudieron analizarse en la instancia
correspondiente.

146. Además, se evidencia que el Consejero de Estado, doctor Martín Bermúdez
Muñoz, asumió el cargo de magistrado el 5 de marzo de 2019 y que la sentencia
recurrida se profirió el 13 de julio de 2022, es decir, que transcurrió un lapso superior
a tres años, tiempo suficiente para que Enel Colombia S.A. E.S.P. ejerciera su
derecho a recusar al referido magistrado, sin que este mecanismo extraordinario
pueda ser considerado como una nueva oportunidad procesal para tal efecto.

147. Por lo anterior, dicho argumento tampoco está llamado a prosperar.

148. Así las cosas, se concluye que las objeciones de Enel Colombia S.A. E.S.P. se
dirigen a explorar la interpretación normativa efectuada por el juez de la causa y
asuntos de carácter probatorio, los cuales surgen de la divergencia con el resultado
del proceso.

149. En consecuencia, la Sala Especial de Decisión considera que no se acreditó la
configuración de la causal de revisión prevista en el numeral 5. del artículo 250 de
la Ley 1437, motivo por el que declarará infundado el recurso.

III.8. De la condena en costas

150. La Sala estima que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 25540 de la Ley 1437
y en el numeral 8. 41 del artículo 365 de la Ley 1564, procede condenar en costas a
la recurrente, por concepto de agencias en derecho, dado que el recurso
extraordinario se declarará infundado y se acreditó la labor defensiva de la UAESP.

151. Para efectos de la liquidación de las agencias en derecho, el consejero
sustanciador dictará un auto posterior, de conformidad con lo establecido en el
numeral 3.42 del artículo 366 de la Ley 1564, una vez quede en firme la presente
sentencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sala Veinte Especial de Decisión, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

39
Corte Constitucional, Sentencia SU – 174 de 3 de junio de 2021. M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
40
Modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021.
41
Por remisión del artículo 306 de la Ley 1437.
42
Ibidem.

27

Radicación núm.: 11001-03-15-000-2023-04267-00
Demandante: Enel Colombia S.A. E.S.P.

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por Enel Colombia S.A. E.S.P. contra la sentencia de 13 de julio de
2022, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
dentro del medio de control de controversias contractuales con radicación núm.
25000-23-36-000-2015-01397-01.

SEGUNDO: CONDENAR en costas, por concepto de agencias en derecho, a la
parte recurrente.

TERCERO: Para la fijación de las agencias en derecho, por Secretaría General,
INGRESAR el expediente al despacho del consejero ponente para lo de su
competencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Consejero de Estado Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Consejero de Estado Consejera de Estado
Aclara voto

ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sala Veinte Especial de Decisión
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.