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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2015-01397-01

Fecha
13 de julio de 2022
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2015-01397-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA 1º) Confírmase la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B del 28 de septiembre de 2016. 2º) Condénase en costas a la parte demandante las cuales deberán liquidarse por la Secretaría de la Sección Tercera del Tribunal administrativo de Cundinamarca de manera concentrada en caso de haberse causado. 3º) Fíjanse por concepto de agencias en derecho la suma equivalente a treinta y tres (33) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la presente providencia que, deberán ser pagados por Codensa SA ESP. 4º) Acéptase el impedimento manifestado por el magistrado Alberto Montaña Plata. 12 Para la tasación de ese monto, se procedió a la actualización de las pretensiones de la demanda a la fecha de la presente providencia, cálculo que arrojó la cantidad de $33.209.495.166,21, de ese valor se extrajo el 0,1% conforme a las reglas del Acuerdo 1887 de 2003 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y que arrojó la suma de $33.209.495,16, monto que fue convertido y expresado en salarios mínimos legales mensuales vigentes. 17 Expediente no. 25000-23-26-000-2015-01397-01 (58.425) Actor: Codensa SA ESP Controversias contractuales Apelación de sentencia 5º) Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría Devuélvase el expediente al Tribunal de origen con las correspondientes constancias.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-36-000-2015-01397-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

13 de julio de 2022

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, trece (13) de julio de dos mil veintidós (2022).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 25000-23-36-000-2015-01397-01 (58.425)
Demandante: CODENSA SA ESP
Demandado: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
SERVICIOS PÚBLICOS (UAESP)
Medio de control: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA

Síntesis del caso: la demanda se circunscribe en la discusión acerca del supuesto incumplimiento
de la UAESP al convenio no. 766 de 1997 y al acuerdo de 25 de enero de 2002 en relación con el
pago de la facturación por concepto del servicio de alumbrado público en el Distrito Capital, en cuanto
al IVA generado con ocasión de la operación del servicio, a través de la infraestructura destinada a
la prestación del mencionado servicio. Previo a resolver se acepta el impedimento manifestado por
el magistrado Alberto Montaña Plata.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia de 28 de septiembre de 2016 proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B que denegó las pretensiones de
la demanda (fls. 220 a 243 cdno. ppal.) en los siguientes términos:

“PRIMERO: NEGAR las pretensiones principales y subsidiarias de la
demanda por las razones expuestas en la parte considerativa de la
presente sentencia.

SEGUNFO: CONDENAR en costas a la parte actora -CODENSA SA
ESP- y a favor de la parte demandada -UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS-. Dichas costas comprenden la
totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el proceso, y las
agencias en derecho. Para lo cual una vez en firme esta sentencia, por
Secretaría liquídense las mismas siguiendo el procedimiento establecido
en el artículo 366 del Código General del Proceso y las tarifas
establecidas en el Acuerdo 1887 de 2003, expedido por el Consejo
Superior de la Judicatura.

TERCERO: Contra la presente sentencia procede el recurso de
apelación, en los términos dispuestos en el artículo 243 y 247 del
CPACA.” (fl. 243 ibidem – negrillas y mayúsculas fijas del texto original).

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Expediente no. 25000-23-26-000-2015-01397-01 (58.425)
Actor: Codensa SA ESP
Controversias contractuales
Apelación de sentencia

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

Mediante escrito radicado el 17 de junio de 2015 en la Secretaría de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la sociedad Codensa SA
ESP, actuando por intermedio de apoderada judicial, interpuso demanda en
ejercicio del medio de control de controversias contractuales (fls. 71 a 94 cdno. no.
1) con las siguientes súplicas:

“Pretensiones Principales

Primera. Declarar que la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
SERVICIOS PÚBLICOS -UAESP, incumplió las obligaciones derivadas
del Convenio suscrito el 30 de abril de 1997 y el Acuerdo firmado el 25 de
enero de 2002, en lo relativo al pago de la facturación de acuerdo con lo
establecido en las cláusulas 13 y 14 del Convenio y en la cláusula
segunda del Acuerdo.

Segunda. Declarar que como consecuencia de este incumplimiento en
virtud de las cláusulas 13 y 14 Convenio suscrito el 30 de abril de 1997 y
el Acuerdo firmado el 25 de enero de 2002 cláusula segunda, la UAESP
debe pagar a Condena el valor de $23.839.773.236, correspondiente al
valor del IVA de mayo de 2013 hasta julio de 2015, causado por el
arrendamiento de la infraestructura de alumbrado público, así como todos
los valores que por el mismo concepto causen hasta la fecha de
terminación de este proceso y/o hasta el momento en que la UAESP
empiece a realizar el pago.

Tercera. Declarar que la UAESP en lo sucesivo, debe cancelar, según lo
establecido en el Estatuto Tributario y ajustándose a la normatividad
presente, el IVA causado por el arrendamiento de la infraestructura
necesaria para la prestación del servicio de alumbrado público en el
Distrito Capital.

Cuarta. Condenar al pago de los intereses de financiación
correspondientes al DTF (+) el 2%, de acuerdo con la cláusula tercera del
Acuerdo firmado entre Codensa y UAESP en el 2002, desde el
vencimiento de cada factura y hasta la fecha de pago.

Quinta. Condenar a la UAESP al pago de los intereses moratorios
correspondiente al 6% EA de acuerdo al Concepto Jurídico No. 086 de
2011, de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, desde
el vencimiento de la factura y hasta la fecha en que se realice el pago

Pretensiones Subsidiarias.

Primera. Declarar que la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
SERVICIOS PÚBLICOS – UAESP, en cumplimiento del artículo 420 del
Estatuto Tributario, debe cancelar a Codensa SA ESP, el valor
correspondiente al IVA causado con ocasión de arrendamiento de la
infraestructura necesaria para la prestación del servicio de alumbrado

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Expediente no. 25000-23-26-000-2015-01397-01 (58.425)
Actor: Codensa SA ESP
Controversias contractuales
Apelación de sentencia

público.

Segunda. Declarar que como consecuencia de la anterior declaración, la
UAESP debe pagar a Codensa el valor de $23.839.773.236,
correspondiente al valor del IVA de mayo de 2013 hasta julio de 2015,
causado por el arrendamiento de la infraestructura de alumbrado público,
así como todos los valores que por el mismo concepto se causen hasta la
fecha de terminación de este proceso y/o hasta el momento en que la
UAESP empiece a realizar el pago.

Tercera. Condenar a la UAESP al pago de los intereses moratorios
correspondiente al 6% EA de acuerdo al Concepto Jurídico No. 086 de
2011, de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Desde
el vencimiento de la factura y hasta la fecha en que se realice el pago.

Cuarta. Declarar que la UAESP en lo sucesivo, debe cancelar según lo
establecido en el Estatuto Tributario y ajustándose a la normatividad
presente, el IVA causado por el arrendamiento de la infraestructura
necesaria para la prestación del servicio de alumbrado público en el
Distrito Capital.

Quinta. Que se ordene al pago de los interés (sic) correspondientes,
según el artículo 195 del CPACA, desde la ejecutoria del fallo y hasta
cuanto se haga efectivo el pago de la sentencia.

Sexta. Condenar a la demandada al pago de las costas del proceso.” (fls.
81 y 82 cdno. no. 1).

2. Hechos

Como fundamento fáctico la parte demandante expuso en el escrito contentivo de
la demanda, en síntesis, lo siguiente:

1) El 30 de abril de 1997, la entonces Empresa de Energía de Bogotá SA suscribió
con la Alcaldía Mayor de Bogotá un convenio con el objeto de garantizar “al Distrito
Capital la prestación del servicio de alumbrado público durante los años 1997 y
siguientes, suministrando la energía y utilizando para el efecto sus sistemas de
transmisión y distribución incluyendo postes, redes, transformadores exclusivos
para alumbrado público luminarias y demás elementos requeridos ajustándose a las
características técnicas establecidas en los Códigos de Distribución y Redes
Vigentes” (fl. 72 cdno. no. 1), el cual posteriormente fue cedido a Codensa SA ESP
en virtud del numeral 12 del mismo acuerdo.

2) En el año 2002, entre la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
(UAESP) y Codensa SA ESP se firmó un acuerdo con el objeto de establecer la

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Actor: Codensa SA ESP
Controversias contractuales
Apelación de sentencia

metodología para calcular la remuneración del suministro, transmisión y distribución
de la energía eléctrica como actividades prestadas por Codensa SA ESP.

3) Según lo previsto en los artículos 420 y 424 del Estatuto Tributario el suministro
de energía está excluido de IVA, mientras que el arrendamiento de la
infraestructura, como la operación y mantenimiento por tratarse de servicios se
encuentran gravados por el impuesto aludido.

4) El 7 de junio de 2013, con radicación no. 2013-680-006923-2, Codensa SA ESP
informó a la UAESP que a partir de la factura de mayo de 2013 se aplicaría el IVA
del 16% al canon de arrendamiento de la infraestructura de alumbrado público del
Distrito Capital.

5) En respuesta a la comunicación anterior, la UAESP informó a Codensa SA ESP
que haría el pargo parcial de la factura de mayo de 2013 dado que no asumiría el
cobro del IVA causado con ocasión del canon de arrendamiento de alumbrado
público, actuación que se mantuvo hasta la presentación de la demanda de la
referencia.

3. Posición de la parte demandada

El 12 de noviembre de 2015, por intermedio de apoderado judicial contestó la
demanda, se opuso a las pretensiones y solicitó que fueran negadas (fls. 122 a 133
cdno. no. 1), con apoyo en el siguiente razonamiento:

1) Codensa SA ESP es el prestador del servicio de alumbrado público y como tal
cobra al Distrito Capital por dicha prestación, sin que sea viable el desglose
pretendido en tres actividades con el objetivo de generar cargos tributarios.

2) De acuerdo con el concepto jurídico de la Dirección de Gestión Jurídica de la
DIAN del 1º de septiembre de 2015, la exclusión del IVA se refiere solo al servicio
de energía domiciliaria y no al servicio de energía de alumbrado público; sin
embargo, dicho concepto fue revocado con un concepto del 15 de febrero de 2015
en el que la DIAN concluyó que el servicio de alumbrado público está excluido del
IVA, conclusión que deja a Codensa SA ESP en franco incumplimiento de lo

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Expediente no. 25000-23-26-000-2015-01397-01 (58.425)
Actor: Codensa SA ESP
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pretendido por la DIAN y desvirtúa el cobro del IVA sobre el canon de arrendamiento
de la infraestructura.
Propuso como excepciones las siguientes:

a) “El Convenio 766 de 1997 no es un contrato de arrendamiento”, por cuanto no
existe a la fecha contrato alguno del que se derive, por parte de la UAESP o el
Distrito Capital de Bogotá, la obligación de pago del alquiler de la infraestructura
requerida para la prestación del servicio de alumbrado público de la ciudad de
Bogotá.

b) “Aplicación del régimen de IVA vigente al momento de la suscripción del Convenio
766 de 1997”, debido a que el artículo 78 de la Ley 633 de 2000 impone que el
régimen del IVA aplicable a los contratos es el vigente a la fecha de su suscripción
y, como para el año 1997 no existía tal obligación, no le es dable a Codensa SA
ESP el cobro pretendido.

c) “El servicio de energía está excluido del Impuesto al Valor Agregado”, pues, el
numeral 4 del artículo 476 del Estatuto Tributario expresamente excluye del IVA al
servicio de alumbrado público de energía.

4. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B en
providencia de 28 de septiembre de 2016 (fls. 220 a 243 cdno. ppal.) denegó las
pretensiones de la demanda, con base en el siguiente razonamiento:

1) El convenio 766 de 1997 no tiene por objeto el arrendamiento de ningún bien
mueble o inmueble; sin embargo, el anexo no. 1 al Acuerdo del 25 de enero de 2002
hace alusión a la metodología para calcular la remuneración del prestador del
servicio de alumbrado público de Bogotá como desarrollo del convenio 766 de 1997,
se establece como componente de la remuneración el arrendamiento de la
infraestructura “componente que remunera la utilización de los activos de propiedad
de CODENSA, usados exclusivamente para el servicio de alumbrado público” (fl.
258 ibidem).

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Actor: Codensa SA ESP
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2) De acuerdo con lo anterior, se concluye que dentro del convenio 766 de 1997 ni
tampoco en el Acuerdo de 25 de enero de 2002 para determinar la metodología de
pago Codensa SA ESP incluyó el IVA dentro de la forma en que se discriminó el
pago respecto del arrendamiento de la infraestructura.

3) En el acuerdo de voluntades las partes no pactaron un contrato de arrendamiento
y, aun cuando existiere, dentro de la metodología de pago prevista para tal servicio
no incluyó el IVA como un factor de remuneración, por lo que deberá entenderse
que estaba incluido dentro de los factores que mes a mes se pagaban, o que la
empresa prestadora los asumió.

5. El recurso de apelación

Codensa SA ESP interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia (fls. 409 a 420 cdno. ppal.) el cual fue concedido por el a quo mediante
auto de 25 de octubre de 2016 (fls. 297 a 298 ibidem), impugnación que fue
sustentada en los siguientes términos:

1) El tribunal omitió hacer referencia a la Resolución CREG 043 de 1995 aplicable
al Convenio no. 766 de 1997, en virtud de la cual el responsable de la prestación
del servicio de alumbrado público es el municipio y no Codensa SA ESP, pues, para
que ello fuera así el Distrito de Bogotá debió suscribir un contrato de concesión.

2) En los términos del Acuerdo de 2002, del convenio no. 766 de 1997 y de la
Resolución CREG 043 de 1995, el arrendamiento de la infraestructura es un deber
que tiene el Distrito Capital en cabeza de la UAESP en virtud de la prestación del
servicio de alumbrado público, que no está en capacidad de hacer directamente por
no contar con la infraestructura y bienes necesarios para tal efecto.

3) El sujeto pasivo del impuesto es, única y exclusivamente, el beneficiario del
servicio, lo que lleva a concluir que un acuerdo en contrario sería desconocido por
la autoridad fiscal y, asimismo debería hacerlo el juez del contrato.

4) Por último, respecto de la condena en costas, no es procedente según lo previsto
en el numeral 9 del artículo 95 de la Constitución Política, pues, uno de los deberes

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Actor: Codensa SA ESP
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de los ciudadanos es precisamente contribuir con el financiamiento de los gastos e
inversiones del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad y, como el IVA
es un recurso público girado por Codensa en favor de la Nación para la satisfacción
de los fines estatales, ello comporta un interés público.

7. Actuación surtida en segunda instancia

1) Por auto de 22 de febrero de 2017 se admitió el recurso de apelación formulado
por la parte demandante (fl. 309 cdno. ppal.); posteriormente, el 11 de septiembre
de 2017 (fls. 334 a 335 vlto. ibidem) se ordenó correr traslado a las partes para
alegar de conclusión por el término de 10 días y, vencido este, por el mismo lapso
al Ministerio Público para emitir el respectivo concepto.

2) En dicho término las partes presentaron sendos escritos con sus alegatos de
conclusión (fls. 338 a 346 y 347 a 355 cdno. ppal.), y el Ministerio Público guardó
silencio (fl. 363 ibidem).

8. Impedimento

En la oportunidad para decidir el magistrado Alberto Montaña Plata manifestó su
impedimento para participar en la decisión por cuanto emitió concepto jurídico durante la
ejecución del contrato demandado, con lo cual se configura la causal prevista en el numeral
12 del artículo 141 del Código General del Proceso, razón por la cual se acepta el
impedimento y se le separa del conocimiento del asunto.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de
la decisión, 2) análisis de la impugnación, 3) conclusiones y, 4) la condena en costas
y agencias en derecho.

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1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión

El objeto de la controversia planteada consiste en la discusión acerca del supuesto
incumplimiento de la UAESP del convenio no. 766 de 1997 y al acuerdo de 25 de
enero de 2002 en relación con el pago de la facturación por concepto del servicio
de alumbrado público en el Distrito Capital en cuanto al IVA generado con ocasión
de la operación del servicio, a través de la infraestructura destinada a la prestación
del mencionado servicio.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B
denegó las pretensiones de la demanda, por estimar que en el convenio no. 766 de
1997 ni en el acuerdo de 25 de enero de 2002 las partes incluyeron dentro de las
obligaciones asignadas a ellas el arrendamiento de la infraestructura requerida para
la prestación del servicio, así como tampoco se previó dentro de la metodología de
pago el reconocimiento del IVA, razón por la cual el pago de dicho impuesto es
deber exclusivo del prestador del servicio, esto es, a cargo de Codensa SA ESP.

En el presente asunto, Codensa SA ESP en calidad de entidad demandante
interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia sobre
la base de solicitar la declaración de incumplimiento de la UAESP del convenio no.
766 de 1997 y del acuerdo de 25 de enero de 2002, por cuanto el responsable de
la prestación del servicio de alumbrado público es el municipio y no Codensa SA
ESP, por lo cual el deber de pago del impuesto al valor agregado (IVA) generado
por el uso de la infraestructura es deber de la UAESP.

Adicionalmente, solicita la revocatoria de la condena en costas por ser contraria a
lo dispuesto en el numeral 9 del artículo 95 de la Constitución Política ya que la
demanda de la referencia comporta un interés público.

De conformidad con lo anterior, la Sala confirmará la decisión adoptada por el
tribunal de primera instancia, con base en las razones que se exponen a
continuación.

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2. Análisis de la impugnación

Examinadas las pruebas allegadas al proceso se tiene acreditado lo siguiente:

1) El 30 de abril de 1997, la Alcaldía Mayor de Bogotá suscribió con la Empresa de
Energía de Bogotá SA ESP el “Convenio para el Suministro y Pago del Servicio de
Alumbrado Público entre el Distrito Capital y la Empresa de Energía de Bogotá SA
ESP” (fl. 25 cdno. no. 3), en cuyos considerandos se especificó en el literal d) que
“la Empresa es propietaria de la infraestructura con que se presta el servicio de
alumbrado público en el Distrito Capital” (fl. 25 ibidem).

El convenio en comento se concentró en las siguientes actividades:

“1. La Empresa de Energía de Bogotá SA ESP continuará garantizando al
Distrito Capital la prestación del servicio de alumbrado público durante los
años de 1997 y siguientes, suministrando la energía y utilizando para el
efecto sus sistemas de transmisión y distribución, incluyendo postes,
redes, transformadores exclusivos para alumbrado público, luminarias y
demás elementos requeridos, ajustándose a las características técnicas
establecidas en los Códigos de Distribución y Redes vigentes.

En este caso, se entiende por alumbrado público el servicio consistente
en la iluminación de las vías públicas (senderos peatonales y públicos,
calles y avenidas de tránsito vehicular), parques públicos y demás
espacios de libre circulación que no se encuentren a cargo de ninguna
persona natural o jurídica de derecho privado o público, con el propósito
de proporcionar la visibilidad adecuada para el normal desarrollo de las
actividades tanto vehiculares como peatonales, acorde con las normas de
la Empresa. También se incluirá el consumo de los sistemas de
semaforización y medios electrónicos de publicidad, como los relojes
electrónicos, acordados con el Distrito Capital

(…).

10. En el valor facturado por la Empresa de Energía de Bogotá SA ESP,
se reconoce por parte del Distrito Capital el costo correspondiente al
servicio de alumbrado público, su mantenimiento y utilización de la
infraestructura correspondiente, incluyendo redes, transformadores,
postes y otros dispositivos involucrados en la prestación del mismo. La
Empresa asumirá la expansión de la infraestructura del alumbrado público
según acuerdo anual entre las partes (…)” (fls. 43 vlto. y 44 vlto. cdno. no.
3).

2) El 25 de enero de 2002, el Distrito Capital – Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos (UAESP) y Codensa SA ESP suscribieron un acuerdo (fls. 47 a
53 vlto. cdno. no. 3) con el objeto de “establecer la metodología para calcular la

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remuneración del prestador del servicio de alumbrado público de Bogotá; convenir
la forma de pago y la ejecución de otras actividades tendientes al mejoramiento de
la calidad del servicio” (fl. 47 ibidem).

3) En el anexo no. 1 del convenio en comento (fls. 54 a 58 vlto. cdno. no. 3), en
relación con la metodología para calcular la remuneración del prestador del servicio
de alumbrado público de Bogotá las partes convinieron como definición de
“Arrendamiento: Remuneración por el uso de los activos, que se usan
exclusivamente para el sistema de alumbrado público del Distrito Capital” (fl 54
ibidem).

En ese contexto, a continuación procede la Sala a resolver el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante sobre la base de solicitar la declaración de
incumplimiento de la UAESP del convenio no. 766 de 1997 y del acuerdo de 25 de
enero de 2002, por cuanto el responsable de la prestación del servicio de alumbrado
público es el municipio y no Codensa SA ESP, por lo cual el deber de pago del
impuesto al valor agregado (IVA) generado por el uso de la infraestructura es deber
de la UAESP.

Adicionalmente, pide la revocatoria de la condena en costas por ser contraria a lo
dispuesto en el numeral 9 del artículo 95 de la Constitución Política ya que la
demanda de la referencia comporta un interés público.

2.1 Impuesto al valor agregado (IVA) en el convenio no. 766 de 1997

1) El mencionado convenio no. 766 de 1997 celebrado por las partes de este
proceso, cuyo objeto contenía el suministro de energía eléctrica con el fin de
garantizar la prestación del servicio de alumbrado público en el Distrito Capital para
los años 1997 y siguientes, se enmarca en la definición de un contrato de suministro
en virtud del cual “una parte se obliga, a cambio de una contraprestación, a cumplir
en favor de otra, en forma independiente, prestaciones periódicas o continuadas de
cosas o servicios”1, pues, el objeto del negocio jurídico que se comenta fue el
siguiente:

1 Artículo 968 del Código de Comercio.

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Actor: Codensa SA ESP
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“1. La Empresa de Energía de Bogotá SA ESP continuará garantizando al
Distrito Capital la prestación del servicio de alumbrado público durante los
años de 1997 y siguientes, suministrando la energía y utilizando para
el efecto sus sistemas de transmisión y distribución, incluyendo
postes, redes, transformadores exclusivos para alumbrado público,
luminarias y demás elementos requeridos, ajustándose a las
características técnicas establecidas en los Códigos de Distribución y
Redes vigentes.” (fl. 43 vlto. cdno. no. 3 – mayúsculas sostenidas y
negrillas de la Sala).

2) Ahora bien, en relación con el hecho generador del impuesto sobre las ventas el
literal a) del artículo 420 del Estatuto Tributario2 determina que este se aplica a “las
ventas de bienes corporales muebles que no hayan sido excluidos expresamente
(…)”, y de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 476 del Estatuto
Tributario, modificado por el artículo 50 de la Ley 1607 de 2012, los servicios
públicos domiciliarios están excluidos del impuesto al valor agregado (IVA).

Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia C-035 de 20033 con ocasión del
análisis de exequibilidad del artículo 130 de la Ley 142 de 1994 4 determinó lo
siguiente:

“Si bien el alumbrado público no es de carácter domiciliario, la Corte
encuentra que la conexidad que lo liga al servicio público domiciliario de
energía eléctrica es evidente, toda vez que las actividades
complementarias de éste son inescindibles de aquél, de suerte tal que
varía simplemente la destinación de la energía. En efecto, mientras que
en el servicio público de energía eléctrica ésta llega al domicilio, en el
alumbrado público tiene como destino final las vías y espacios públicos
del municipio. Sin embargo, para que ambos efectos se produzcan no sólo

2 Texto original del Decreto 624 de 1989, modificado por la Ley 6 de 1992, adicionado por la Ley 223

de 1995, Ley 383 de 1997, la Ley 488 de 1998, Ley 633 de 2000 y la Ley 863 de 2003 con los valores
ajustados por la Ley 111 de 2006.
3 Sentencia de 30 de enero de 2003, expediente con radicación no. D-4142, MP Jaime Araujo

Rentería.
4 La norma objeto del análisis de exequibilidad es del siguiente tenor: “ARTÍCULO 130. PARTES

DEL CONTRATO. Son partes del contrato la empresa de servicios públicos, el suscriptor y/o usuario.
El propietario o poseedor del inmueble, el suscriptor y los usuarios del servicio son solidarios en sus
obligaciones y derechos en el contrato de servicios públicos.
Las deudas derivadas de la prestación de los servicios públicos podrán ser cobradas ejecutivamente
ante la jurisdicción ordinaria o bien ejerciendo la jurisdicción coactiva por las empresas industriales
y comerciales del Estado prestadoras de servicios públicos. La factura expedida por la empresa y
debidamente firmada por el representante legal de la entidad prestará mérito ejecutivo de acuerdo
con las normas del Derecho Civil y Comercial. Lo prescrito en este inciso se aplica a las facturas del
servicio de energía eléctrica con destino al alumbrado público. El no pago del servicio mencionado
acarrea para los responsables la aplicación del artículo que trata sobre los "deberes especiales de
los usuarios del sector oficial.
PARÁGRAFO. Si el usuario o suscriptor incumple su obligación de pagar oportunamente los
servicios facturados dentro del término previsto en el contrato, el cual no excederá dos períodos
consecutivos de facturación, la empresa de servicios públicos estará en la obligación de suspender
el servicio. Si la empresa incumple la obligación de la suspensión del servicio se romperá la
solidaridad prevista en esta norma".

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son igualmente necesarias sino que se ejecutan y comparten las mismas
actividades de generación, transmisión, interconexión y distribución de
energía. En este sentido es de observar cómo, en la venta de energía que
hace la empresa distribuidora o comercializadora al municipio, a fin de
prestar el servicio de alumbrado público, está implícita la actividad
complementaria de distribución y comercialización de energía eléctrica.

De este modo, es claro que el alumbrado público constituye
consubstancial al servicio público domiciliario de energía eléctrica,
convirtiéndose así en especie de esta último. (…)”5.

Así las cosas, la Sala advierte que no se pronunciará sobre si el servicio de
alumbrado público está exento o no del pago del impuesto al valor agregado (IVA),
ya que la controversia se centra exclusivamente en determinar si ese impuesto
debía ser asumido por las partes fuera de la remuneración pactada.

2.2 El caso concreto

1) En ese sentido, para la Sala es evidente que atendiendo a la voluntad de las
partes en cabeza de Codensa SA ESP, como prestador del servicio alumbrado
público estaba el pago del impuesto al valor agregado (IVA), de una parte, porque
es la dueña de la infraestructura con la que se presta el servicio de alumbrado
público y, de otra, porque dentro de la remuneración se incluye el reconocimiento
por el uso de los activos usados para la prestación del servicio.

2) Contrario a lo aducido por la parte actora en el recurso de apelación, la UAESP
en modo alguno ha incumplido el convenio no. 766 de 1997 ni el acuerdo de 25 de
enero de 2002 en cuanto tiene que ver con el reconocimiento y remuneración por la
prestación del servicio de alumbrado público, pues dentro de la metodología de
pago se incluyó el valor correspondiente al uso de la infraestructura, sin que por ello
la obligación de la UAESP fuera en calidad de arrendatario de la infraestructura de
propiedad de Codensa SA ESP a través de la cual se presta el servicio público.

3) Si bien la Resolución CREG no. 043 de 1995 define a los municipios como
responsables de la prestación del servicio de alumbrado público, también es cierto
que el suministro de la energía eléctrica “es responsabilidad de la empresa

5 ibidem

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distribuidora o comercializadora con quien el municipio acuerde el suministro,
mediante convenios o contratos celebrado con tal finalidad”6.

En ese orden de ideas, si bien el anexo no. 1 al acuerdo de 25 de enero de 2002,
en virtud del cual se acuerda la metodología para calcular la remuneración del
prestador del servicio de alumbrado público, las partes se sirvieron del sustantivo
“arrendamiento” para denominar la remuneración por el uso de los activos de
propiedad de Codensa SA ESP dispuestos para la prestación del servicio, ello no
implica en modo alguno que las obligaciones de la UAESP mutaran hacia la calidad
de arrendatario.

4) Por consiguiente, la Sala encuentra que en el presente asunto no se tiene
acreditado el incumplimiento de la UAESP del convenio no. 766 de 1997 ni del
acuerdo de 25 de enero de 2002 reclamado por la parte actora como consecuencia
de la omisión en el reconocimiento y pago del impuesto del IVA generado con
ocasión del uso de la infraestructura de propiedad de Codensa SA ESP afecta a la
prestación del servicio de alumbrado público.

5) Por último, en cuanto a la solicitud de revocatoria de la condena en costas en
primera instancia por resultar contraria al numeral 9 del artículo 95 de la Constitución
Política por cuanto la demanda persigue un interés público, la Sala reitera lo
desarrollado en la sentencia de esta misma Subsección del 11 de octubre de 20217
en la que se advirtió que la expresión “interés público” debe ser asimilada a
“acciones públicas, contencioso objetivo o de mera constitucionalidad y/o legalidad”
en atención al principio de interpretación del efecto útil de las normas8.
Al respecto, la sentencia en comentó previó lo siguiente:

“En efecto, todos los procesos que se adelantan ante esta jurisdicción, en
últimas, tienen como finalidad la protección del interés público porque

6 Inciso cuarto del artículo 2 de la Resolución CREG no. 043 de 1995.
7 Sentencia del 11 de octubre de 2021, expediente 63.217 MP Fredy Ibarra Martínez.
8 “Si la interpretación conforme a la Constitución de una determinada norma le resta a esta última

todo efecto jurídico, lo que en realidad debería proceder es una declaratoria de inexequibilidad pura
y simple. Ciertamente, en un evento como el mencionado, las dos decisiones -de exequibilidad
condicionada y de inexequibilidad - serían, en la práctica, equivalentes, siendo la última mucho más
acorde con los principios de eficacia del derecho y de seguridad jurídica. Resulta contrario a los
principios mencionados, mantener en el ordenamiento una disposición que carece de toda eficacia
jurídica, pues se contradice el principio del efecto útil de las normas generando, al mismo tiempo,
una circunstancia que puede originar grave confusión e incertidumbre” Corte Constitucional,
sentencia C-499 de 1998, MP Eduardo Cifuentes Muñoz.

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buscan definir controversias y litigios en los que participan entidades
públicas y estas a su vez procuran la satisfacción del interés general. Sin
embargo, este entendimiento amplio o extensivo de la norma conlleva una
hermenéutica ad absurdum dado que esta perdería eficacia bajo ese
específico entendimiento, pues no procedería la condena en costas en
ningún proceso que se adelantara ante esta jurisdicción.
De allí que la única forma de imprimirle un efecto útil y eficacia real a la
norma es equiparar “interés público” a “medios de control públicos” (v.gr.
nulidad por inconstitucionalidad, nulidad simple, nulidad electoral, entre
otros).

En esa perspectiva en los procesos contencioso subjetivos en los que se
ventilen intereses particulares o individuales de las entidades públicas o
de los particulares (v.gr. medios de control de nulidad y restablecimiento;
controversias contractuales; reparación directa, repetición, entre otros)
procederá la condena en costas a la parte vencida, sin importar si es
demandante o demandada, en los términos establecidos por las normas
procesales generales a las que remite la disposición.

(…).

Esta hermenéutica garantiza el principio interpretativo del efecto útil de las
normas; se adecúa de manera sistemática con el propósito del legislador
de promover el ejercicio recto y responsable del derecho de acción y
permite darle un entendimiento apropiado a la expresión “en todo caso”
con la cual el legislador estableció, como excepción a la excepción, la
posibilidad de condenar en costas aun en los procesos en los que se
ventile un interés público.

(…).

En suma, la mejor interpretación de la disposición es aquella que
promueve la efectividad y aplicabilidad de la norma a través sistematicidad
entre los incisos primero y segundo del artículo 188 ibidem, que garantiza
la aplicación de la regla general -condena en costas para la parte vencida,
demandante o demandada, en cualquier tipo de procesos- salvo en los
que se ventile un interés público (acciones públicas ) y, en todo caso, en
este tipo de asuntos será procedente la condena en costas al demandante
cuando se advierta que la demanda carece por completo de fundamento
legal porque se castiga el ejercicio infundado e irresponsable del derecho
de acción, al promover un desgaste innecesario del aparato jurisdiccional
(…).”9

Así las cosas, la Sala encuentra que la condena en costas ordenada en la sentencia
de primera instancia es conforme a derecho y acorde con la interpretación sobre el
asunto emitida por esta Corporación, razón por la cual no tiene vocación de
prosperidad este punto del recurso de apelación interpuesto por la parte actora.

9
Sentencia del 11 de octubre de 2021, expediente 63.217 MP Fredy Ibarra Martínez.

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Expediente no. 25000-23-26-000-2015-01397-01 (58.425)
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En consecuencia, la Sala encuentra que la decisión adoptada por el a quo en el
sentido de denegar las pretensiones de la demanda fue la acertada, por lo que se
confirmará la sentencia apelada.

3. Conclusiones

Para la Sala es claro que la demanda se centró en el supuesto incumplimiento de
la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) del convenio no.
766 de 1997 y del acuerdo de 25 de enero de 2002 por cuenta del no reconocimiento
y pago del monto del impuesto al valor agregado (IVA) generado por el uso de la
infraestructura de propiedad de Codensa SA ESP afecta a la prestación del servicio
de alumbrado público, peticiones estas que Codensa SA ESP en calidad de parte
actora no logró acreditar.

En consonancia con lo expuesto, la Sala confirmará la decisión de denegar las
pretensiones de la demanda adoptada por el tribunal de primera instancia.

4. Condena en costas y agencias en derecho

Según el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 salvo, que se ventile un interés
público10 la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil, a su turno,
el artículo 365 del Código General del Proceso consagra que se condenará en
costas “a la parte vencida”.

Para el presente caso se considera parte vencida a Codensa SA ESP, de manera
que en lo que se refiere a los gastos del proceso estos serán liquidados por la
Secretaría de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de
manera concentrada, según el artículo 366 del Código General del Proceso11.

10 Al respecto consultar la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, del 11

de octubre de 2021, expediente no. 11001-03-26-000-2019-00011-00 (63.217), MP Fredy Ibarra
Martínez.
11 El artículo 366 del Código General del Proceso prevé: “Las costas y agencias en derecho serán

liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única
instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado
el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas (…)”.

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Sobre las agencias en derecho, se tiene que para la fecha de la presentación de la
demanda se hallaba vigente el artículo 6 numeral 3.1.3. del Acuerdo 1887 de 2003
expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, de este
modo, la Sala considera razonable tasar las agencias en derecho en treinta y tres
(33) salarios mínimos legales mensuales vigentes12 para la fecha de ejecutoria de
la presente providencia que deberán ser pagados por Codensa SA ESP.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,

FALLA

1º) Confírmase la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección B del 28 de septiembre de 2016.

2º) Condénase en costas a la parte demandante las cuales deberán liquidarse por
la Secretaría de la Sección Tercera del Tribunal administrativo de Cundinamarca de
manera concentrada en caso de haberse causado.

3º) Fíjanse por concepto de agencias en derecho la suma equivalente a treinta y
tres (33) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la presente
providencia que, deberán ser pagados por Codensa SA ESP.

4º) Acéptase el impedimento manifestado por el magistrado Alberto Montaña Plata.

12 Para la tasación de ese monto, se procedió a la actualización de las pretensiones de la demanda

a la fecha de la presente providencia, cálculo que arrojó la cantidad de $33.209.495.166,21, de ese
valor se extrajo el 0,1% conforme a las reglas del Acuerdo 1887 de 2003 de la Sala Administrativa
del Consejo Superior de la Judicatura y que arrojó la suma de $33.209.495,16, monto que fue
convertido y expresado en salarios mínimos legales mensuales vigentes.

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Expediente no. 25000-23-26-000-2015-01397-01 (58.425)
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5º) Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría Devuélvase el expediente al
Tribunal de origen con las correspondientes constancias.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE

(impedimento aceptado)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Subsección

FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Ponente Magistrado
(firmado electrónicamente) (firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados
integrantes de la Sala de decisión en la plataforma SAMAI, en consecuencia, se garantiza
la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de conformidad con el artículo
2 del Decreto Legislativo 806 de 2020.

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