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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-01070-00

Fecha
15 de abril de 2026
Consejero ponente
Diego Enrique Franco Victoria

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-01070-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DECLÁRASE INFUNDADO el recurso extraordinario promovido por la parte demandante contra la sentencia proferida el 30 de noviembre de 2023, por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, dentro del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho número 08001-23-33-000-2020-00080-01. 23 CPACA “Artículo 255. (…) Si se declara infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios al recurrente”. 10 Radicado: 11001031500020250107000 Recurrentes: Gabriel Sagbini Consuegra SEGUNDO: Condénese en costas a la parte recurrente, las cuales se liquidarán de conformidad con lo establecido en el artículo 366 del CGP; por Secretaría liquídense e inclúyase, por concepto de agencias en derecho, la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de ejecutoria de esta sentencia en favor de la Universidad del Atlántico. TERCERO: Cumplido lo anterior y ejecutoriada esta providencia, ARCHÍVESE el expediente. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE (Firmado electrónicamente) DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA Presidente de la Sala 7 Especial de Decisión (Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente) CARLOS FERNANDO MANTILLA JORGE EDISON PORTOCARRERO NAVARRO BANGUERA Magistrado Magistrado Aclaración de voto (Firmado electrónicamente). (Firmado electrónicamente) WILSON RAMOS GIRÓN PEDRO PABLO VANEGAS GIL Magistrado Magistrado 11

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-01070-00

Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria

15 de abril de 2026

Radicado: 11001031500020250107000
Recurrentes: Gabriel Sagbini Consuegra

CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA SÉPTIMA ESPECIAL DE DECISIÓN

Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Bogotá, D. C., quince (15) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Radicación: 11001031500020250107000
Recurrente: Gabriel Sagbini Consuegra

La Sala resuelve el recurso extraordinario de revisión interpuesto en contra de la
sentencia de segunda instancia proferida el 30 de noviembre de 2023, por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, mediante la cual se dispuso
lo siguiente:

Primero. Confirmar la sentencia del 11 de junio de 2021 proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico que denegó las pretensiones de la demanda promovida
por Gabriel Antonio Sagbini Consuegra contra la Universidad del Atlántico, de
acuerdo con las razones expuestas en la presente providencia.
Segundo. Sin condena en costas en esta instancia (…).

La Sala es competente para proferir esta providencia en virtud de lo dispuesto en
el artículo 249 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo, en adelante, “CPACA”, el artículo 2° del Acuerdo
321 de 2014 de la Sala Plena del Consejo de Estado y el artículo 29 del Acuerdo
080 de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 2024, Reglamento Interno del
Consejo de Estado.

SÍNTESIS1

Se formula recurso extraordinario de revisión con fundamento en la causal quinta
del artículo 250 del CPACA (nulidad de la sentencia) en contra de una sentencia
de segunda instancia proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, en la cual se confirmó la decisión de primera instancia que
desestimó las pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho del acto
administrativo a través del cual se negó la pensión solicitada por el demandante.
La Sala declara infundado el recurso porque no se configura la causal invocada,
pues, aunque el recurrente alega la violación al debido proceso por falta de
motivación de la sentencia, es evidente que solo intenta crear una tercera instancia
para que se realice una nueva valoración e interpretación de las normas y la
jurisprudencia con fundamento en las cuales reclama el derecho pensional.

1 Temas: Recurso extraordinario de revisión / / Nulidad originada en la sentencia / Se declara
infundado el recurso porque no se configura la causal invocada.

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Radicado: 11001031500020250107000
Recurrentes: Gabriel Sagbini Consuegra

I. ANTECEDENTES

A. Demanda del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho

1. El señor Gabriel Antonio Sagbini Consuegra presentó demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo
138 del CPACA, en orden a que se declarara la nulidad del Oficio 20192070094821
del 9 de octubre de 2019, por medio del cual el jefe de la Oficina de Asesoría
Jurídica de la Universidad del Atlántico le negó el reconocimiento y pago de una
pensión suplementaria convencional con fundamento en el artículo 9 de la
Convención Colectiva de 1976, suscrita entre los sindicatos de trabajadores de la
Universidad del Atlántico y dicha institución educativa.

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó que: i) se ordenara a la Universidad demandada reconocer y pagar la
pensión convencional acorde con lo establecido en el artículo 9 de la Convención
Colectiva de 1976, efectiva a partir del 30 de noviembre de 1997; ii) se reajustaran
en todas sus prestaciones legales y beneficios convencionales los valores
reconocidos; y iii) se ordenara la indexación de la primera mesada pensional.

B. Sentencias del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho

3. El proceso de nulidad y restablecimiento del derecho fue tramitado bajo el
radicado 08001-23-33-000-2020-000800. En primera instancia su conocimiento
correspondió al Tribunal Administrativo del Atlántico, el cual negó las pretensiones
de la demanda en sentencia del 11 de junio de 2021.

4. La Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, confirmó la anterior
decisión, mediante sentencia del 30 de noviembre de 2023, radicado 08001-23-33-
000-2020-00080-01.

5. La providencia precisó que, a pesar de que la convención colectiva de trabajo,
invocada por la parte demandante para su reconocimiento pensional, fue expedida
por la Universidad del Atlántico sin competencia para el efecto, sería viable amparar
su derecho con fundamento en el artículo 146 de la Ley 100 de 1993, el cual
mantuvo a salvo los regímenes prestacionales anteriores a esa ley, definidos por
municipios o departamentos.

6. Sin embargo, previo un análisis normativo y jurisprudencial del asunto, concluyó
que el señor Gabriel Antonio Sagbini Consuegra no cumplió con todos los requisitos
de la Convención Colectiva suscrita el 5 de abril de 1976, entre los sindicatos de
trabajadores de la Universidad del Atlántico y dicha institución educativa, para
adquirir el derecho a la pensión solicitada. Esto, porque si bien prestó sus servicios
por más de 15 años y menos de 20, el demandante no fue retirado sin justa causa
o voluntariamente del servicio antes del 30 de junio de 1995, requisito también
necesario para acceder al derecho pensional. Por el contrario, en el proceso se
demostró que su retiro se dio en el 2008, luego de que el Instituto de Seguros
Sociales, en adelante “ISS”, le reconociera una pensión de jubilación.

7. De manera adicional, la sentencia, bajo el entendido de que Gabriel Antonio
Sagbini Consuegra se benefició de una pensión de vejez reconocida por el ISS el
15 de enero de 2008, señaló que la contingencia de la vejez ya se cubrió, de manera

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Recurrentes: Gabriel Sagbini Consuegra

que no habría lugar a reconocer ninguna prestación adicional que garantice tal
riesgo.

C. Recurso extraordinario de revisión

8. El 25 de febrero de 2025, el señor Gabriel Sagbini interpuso recurso
extraordinario de revisión, con fundamento en la causal quinta del artículo 250 del
CPACA, respecto de la sentencia del 30 de noviembre de 2023, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, la cual confirmó la sentencia
del 11 de junio de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala
de Decisión Oral “B”, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
radicado 08001-23-33-000-2020-00080-01.

9. La solicitud de revisión se fundamentó en las siguientes afirmaciones:

9.1. Consideró que la sentencia recurrida infringió directamente la Constitución,
específicamente los artículos 53 y 29 de la Carta Política, por desconocimiento del
debido proceso laboral, toda vez que no motivó su decisión en cuanto invocó los
mismos argumentos del juez de primera instancia para denegar el derecho a la
pensión convencional al demandante y desconoció el principio de in dubio pro
operario.

9.2. Como respaldo de esta afirmación, en primer lugar, transcribió algunos apartes
de la sentencia censurada en la que se concluye que el demandante no cumple con
el derecho a la pensión de jubilación solicitada, conforme a lo establecido en la
Convención Colectiva de Trabajo de 1976, suscrita entre los sindicatos de
trabajadores de la Universidad del Atlántico y dicha institución educativa, porque si
bien cumplía con el requisito de los años de servicios, no se había retirado del
servicio por justa causa o voluntariamente, pues su vinculación culminó como
consecuencia de haberle sido reconocida una pensión de vejez.

9.3. Adicionalmente, transcribió apartes de la sentencia SU-221 del 13 de junio de
2024, de la Corte Constitucional, en el que se analizó un caso análogo al examinado
en la decisión recurrida y, en aplicación del principio in dubio pro operario, se acogió
la interpretación según la cual, para acceder a la pensión de jubilación de
conformidad con la Convención de Trabajo de 1976, de la Universidad del Atlántico,
solo se requiere cumplir con la edad y el tiempo de servicio, con independencia de
la modalidad y el momento en el cual se produjo la desvinculación.

9.4. En este orden de ideas, el recurrente concluye que la regla de aplicar la
interpretación más beneficiosa al trabajador hace parte del debido proceso laboral
y debió ser tenida en cuenta en la sentencia recurrida. En consecuencia, concluye
que, “en casos como el del actor, solo se debe tener en cuenta el tiempo estipulado
en la Convención y que debe haberse cumplido antes del 30 de junio de 1997,
presupuestos que cumple el recurrente”.

9.5 Advirtió que la razonabilidad de esta postura está sustentada en jurisprudencia
del Consejo de Estado, en la cual se ha establecido la regla según la cual, la
desvinculación del trabajador es un requisito de exigibilidad de la pensión, más no
una causal del derecho y que la sentencia recurrida.

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Recurrentes: Gabriel Sagbini Consuegra

9.5. Por todo lo anterior, considera que es claro que adquirió el derecho a la pensión
solicitada.

D. Oposición al recurso extraordinario de revisión

10. La Universidad del Atlántico, en escrito de fecha 11 de agosto de 20252,
mediante apoderado, solicitó que se declarara infundado el recurso, pues no se
configuraba la causal quinta de revisión, en la medida en que la supuesta nulidad
invocada por el recurrente se fundamentaba en los artículos 53 y 29 de la Carta
Política por una presunta violación de la sentencia al debido proceso, en atención
a lo que califica el recurrente como una “falsa motivación” de la providencia que
equivale a una ausencia total de motivación.

11. No obstante, de lo expuesto en el recurso y del contenido de la providencia
recurrida es evidente que esta contiene una argumentación jurídica estructurada,
en la que se exponen de forma clara, coherente y razonada los fundamentos para
desestimar las pretensiones del recurrente.

12. Como fundamento de esta conclusión, la Universidad realizó un análisis sobre
las generalidades del recurso extraordinario de revisión, en especial sobre la
configuración de la causal quinta prevista en el artículo 250 del CPACA. Destacó
que conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado, para que prospere el cargo
de nulidad de la sentencia por falta de motivación que afecta el debido proceso, es
necesario que, efectivamente, el juez de instancia no haya especificado ninguna
razón para la sentencia, aunque también se ha reconocido la configuración de la
causal de nulidad cuando la decisión se fundamenta en circunstancias
manifiestamente erróneas, incompletas o de actitudes dolosas.

13. Sin perjuicio de las anteriores consideraciones, la Universidad del Atlántico
formuló excepción de prescripción del derecho de reajuste salarial y de todas las
pretensiones del actor, así como la excepción genérica o las que resulten probadas
en el curso del proceso, en línea con lo cual presentó un análisis de las pretensiones
del recurrente en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho y las
razones para oponerse a estas.

F. Concepto del Ministerio Público

14. El procurador delegado ante el Consejo de Estado rindió concepto negativo
frente a la prosperidad del recurso3. Lo anterior con fundamento en que el reproche
del recurrente radica en que, a su juicio, en la sentencia se realizó “una
interpretación restrictiva de la Convención Colectiva”, toda vez que exigió la
desvinculación laboral como requisito para reconocer la pensión, a pesar de que el
actor cumplía la edad y el tiempo de servicio antes del 30 de junio de 1997.

15. Sin embargo, del análisis del recurso y de la sentencia se advierte que el
cuestionamiento se dirige, exclusivamente, contra la valoración jurídica y la
interpretación normativa realizadas por el juez natural del proceso, “sin que se
acredite la existencia de un defecto procesal o material”, en virtud del cual se
configure la causal invocada para que proceda el recurso extraordinario de revisión.

2 Índice 33, archivo 29, Samai.
3 Índice 34 Samai.

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16. Destacó que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha reiterado que este
recurso extraordinario no es una tercera instancia ni puede ser utilizada para reabrir
debates probatorios o jurídicos ya resueltos, sino únicamente para enmendar
irregularidades graves y taxativamente previstas en la ley, las cuales no se
presentan en este caso.

II. CONSIDERACIONES

G. Aspectos procesales

17. La Sala se pronunciará de fondo porque están reunidos los presupuestos
procesales para decidir y la demanda fue presentada dentro del término de un (1)
año previsto en el artículo 251 del CPACA. En efecto, la sentencia objeto de revisión
quedó ejecutoriada el 4 de marzo de 20244, y el recurso extraordinario de revisión
se interpuso el 25 de febrero de 20255.

H. Sentido de la decisión

18. La Sala declarará infundado el recurso extraordinario de revisión porque no se
acreditan los presupuestos normativos y jurisprudenciales exigidos para la
configuración de la causal invocada.

19. Según la argumentación presentada el recurrente, el fallo cuestionado omitió la
aplicación de los artículos 53 y 29 de la Constitución Política, relativos al principio
de in dubio pro operario y al debido proceso. Sin embargo, se advierte que el
cuestionamiento del actor se dirige, exclusivamente, contra la valoración jurídica y
la interpretación normativa realizadas por el juez natural del proceso, sin que se
acredite la existencia de un defecto procesal o material de la magnitud exigida por
el artículo 250 del CPACA para la procedencia del recurso extraordinario de
revisión.

i). Generalidades del recurso extraordinario de revisión

20. El recurso extraordinario de revisión constituye una excepción al principio de
inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas que hacen tránsito a cosa juzgada,
puesto que con este se abre la posibilidad de controvertir una sentencia en firme,
siempre que se configure alguno de los supuestos consagrados taxativamente en
la ley.

21. El objeto del recurso es el restablecimiento de la justicia material, cuando se
advierte que ha sido afectada por situaciones o circunstancias exógenas que no
pudieron plantearse en el proceso correspondiente y que revisten tal gravedad que
autorizan al juez a romper el principio de la cosa juzgada: “(…) la revisión, más que
un recurso, es un medio para conseguir la realización de la justicia, pero no de la
justicia formal propia de las sentencias en firme contrarias a derecho, sino de

4 La sentencia fue notificada el 26 de febrero de 2024 (Índice 19 Samai. Expediente segunda
instancia.), razón por la cual, conforme a lo dispuesto en el artículo 302 del Código General del
Proceso, los tres (3) días siguientes luego de su notificación para efectos de su ejecutoria vencieron
el 4 de marzo de 2024.
5 Índice 2 Samai.

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aquella verdadera que demandan el Preámbulo y los artículos 1º, 228 y 230 del
estatuto superior”6.

22.El legislador estableció de manera taxativa las causales que habilitan la
procedencia del recurso extraordinario de revisión en la jurisdicción de lo
contencioso administrativa y están contenidas en los artículos 250 de la Ley 1437
de 2011 y 20 de la Ley 797 de 20037.

23. El artículo 252 del CPACA dispone que el recurso debe interponerse mediante
escrito que deberá contener i) la indicación de las partes y sus representantes, ii)
el nombre y domicilio del recurrente, iii) los hechos u omisiones que le sirvan de
fundamento y, iv) la indicación precisa y razonada de la causal invocada.

24. En atención a su carácter extraordinario, este recurso no es una tercera instancia
en la que puedan plantearse nuevamente argumentos de fondo en relación con la
sentencia que se pretende revisar, por tal razón, las pretensiones y fundamentos
deben limitarse a demostrar la configuración de alguno de los supuestos
contemplados en las causales para su procedencia8.

25. Ahora bien, los vicios o errores en los que se debe fundamentar el recurso son
eminentemente procedimentales, dado que ninguno está dirigido a cuestionar la
labor intelectual de juzgamiento, pues:

(…) todos involucran, bien sea una irregularidad de carácter procesal (numeral 5,
referido a la existencia de causal de nulidad originada en la sentencia, y numeral
8, referido al desconocimiento de la cosa juzgada), o bien, aspectos que atañen a
la validez intrínseca o insuficiencia de los elementos de prueba que determinaron
el sentido de la decisión (numerales 1, 2, 3, 6 y 7), a excepción de la causal del
numeral 4, referida a la violencia o cohecho en que se pudo incurrir en el
pronunciamiento del fallo9.

ii) La causal de revisión invocada y la solución del caso concreto

26. La parte recurrente solicita la revisión de la sentencia impugnada con
fundamento en la causal 5.ª del artículo 250 del CPACA, cuyo tenor literal es el
siguiente:

6 Corte Constitucional, sentencia C-739 del 11 de julio de 2001, expediente D-3293, M.P. Álvaro

Tafur Galvis.
7 En este caso, el recurso procede frente a las providencias que impongan al tesoro público o a

fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de
cualquier naturaleza, en los supuestos contenidos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, esto es,
cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso y/o cuando la cuantía
del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que
le eran legalmente aplicables. Al respecto, ver: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sala Veintisiete Especial de Decisión, sentencia del 5 de marzo de 2019, radicación
11001-03-15-000-2018-00394-00. C.P. Rocío Araújo Oñate.
8 Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 1º de diciembre

de 1997, radicado REV 117, C.P. Libardo Rodríguez Rodríguez. Consultar, igualmente: Consejo de
Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Trece Especial de Decisión, sentencia
del 7 de abril de 2015, radicado. 2006-00318-00(REV), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
9 Consejo de Estado, Sala Plena de Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de

Decisión, sentencia del 2 de febrero de 2016, radicado 2015-02342-00(REV), C.P. Alberto Yepes
Barreiro.

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Recurrentes: Gabriel Sagbini Consuegra

Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797
de 2003, son causales de revisión: (...) 5. Existir nulidad originada en la sentencia
que puso fin al proceso contra la que no procede recurso de apelación.

27. Como se desprende claramente de la norma, para configurar esta causal es
necesario que concurran dos supuestos: el primero, que la nulidad se origine en la
sentencia que puso fin al proceso y, el segundo, que contra el fallo cuestionado no
proceda recurso de apelación.

28. En cuanto al primer supuesto, es importante destacar que el legislador no definió
los eventos constitutivos de la nulidad originada en la sentencia, por lo que ha sido
la jurisprudencia la encargada de establecer su alcance, de la cual han surgido dos
interpretaciones. Una restrictiva, que considera que esta causal de revisión se limita
a las causales de nulidad del artículo 133 del CGP10, en tanto que los efectos
excepcionales que este recurso extraordinario presenta respecto de la cosa
juzgada y la seguridad jurídica exigen una comprensión restringida; y, una tesis
amplia, conforme a la cual esta causal se extiende, además de los eventos de
nulidad del proceso previstos en la ley, a otros eventos en los que la sentencia
implique una violación del artículo 29 de la Constitución (debido proceso) 11.

29. En todo caso, ambas tesis consideran que la referida causal no está diseñada
para cuestionar las razones del fallo ni mucho menos para corregir los yerros de
apreciación de los hechos y de las pruebas en los cuales, según el recurrente,
habría incurrido el fallador; un entendimiento distinto equivaldría a convertir
indebidamente el recurso en un juicio en el que se discutirían nuevamente los
hechos ya establecidos y decididos con fuerza de cosa juzgada12.

30. Esta Sala ha optado por la segunda de las tesis mencionadas13, en la que se
identifican dos grupos de anomalías que pueden dar lugar a un defecto insaneable
derivado de la sentencia14: el primero, relacionado con irregularidades que
constituyen causal de nulidad del proceso, según lo previsto en el artículo 133 del
CGP y, el segundo, relativo a los vicios que contiene la propia sentencia y que
pueden derivar en la vulneración del artículo 29 Superior.

10 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 16 de agosto de 2022,
expediente 47097, C.P Alberto Montaña Plata. En el mismo sentido, sentencia del 23 de agosto de
2022, expediente 66289, C.P. Alberto Montaña Plata; sentencia del 19 de septiembre de 2025,
radicación 71957, C.P. Fredy Ibarra Martínez.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 8 de mayo de

2018, radicación 11001-03-15-000-1998-00153-01, C.P. Alberto Yepes Barreiro; Consejo de
Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia
del 27 de marzo de 2025, radicación: 11001-03-25-000-2023-0032-6-00(4896-2023), C.P. Jorge
Iván Duque Gutiérrez; Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veinte
Especial de Decisión, sentencia del 3 de marzo de 2025, expediente 11001-03-15-000-2023-04267-
00, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala Diecinueve Especial de Decisión. Sentencia del 16 de marzo de 2022,
radicación 11001-03-15-000-2021-00921-00. C.P. William Hernández Gómez.
12 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 16 de agosto de 2018,

radicación 2007-00107-01 (47.300), C.P. Guillermo Sánchez Luque.
13
El ponente aclara que, como integrante de la Sala de Subsección B, de la Sección Tercera he expuesto la
tesis restrictiva, teniendo en cuenta los efectos excepcionales que el recurso extraordinario presenta respecto
de la cosa juzgada y la seguridad jurídica. Sin embargo, en esta oportunidad adhiero al criterio mayoritario de
la Sala Especial de Decisión.
14 Consejo de Estado, Sala Séptima Especial de Decisión. Sentencia del 16 de julio de 2025,
radicación 1100-1031-5000-2024-02357-00 (3.765), C.P. Fredy Ibarra Martínez y sentencia del 16
de julio de 2025, radicación 11001-03-15-000-2024-03398-00, C.P. Fredy Ibarra Martínez y
sentencia del 16 de julio de 2025, radicación 11001-03-15-000-2024-04447-00, C.P. Fredy Ibarra
Martínez.

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Radicado: 11001031500020250107000
Recurrentes: Gabriel Sagbini Consuegra

31. Dentro de los vicios o irregularidades procesales constitutivos de la nulidad
originada en la sentencia, identificados por esta corporación por virtud del artículo
29 superior, se pueden mencionar, entre otros, cuando la sentencia: i) fue dictada
con sustento, únicamente, en una prueba obtenida con violación al debido
proceso15; ii) aparece firmada con mayor o menor número de magistrados o
adoptada con un número de votos diverso al previsto en la ley; adolece
completamente de motivación16; iv) se dictó con violación al principio de la non
reformatio in pejus17; v) desconoce el principio de congruencia18; vi) incluye una
decisión condenatoria contra una persona que no fue vinculada al proceso19.

32. La jurisprudencia de la Corporación ha precisado que la nulidad originada en la
sentencia por ausencia de motivación se presenta ante la carencia absoluta de
pronunciamiento del juez sobre las razones de hecho o de derecho que sirvieron
de fundamento a la decisión20. En esta medida, esta no puede ser utilizada para
controvertir las razones del fallo ni la apreciación que de los hechos y de las pruebas
hizo el fallador21.

iii) Solución del caso concreto: los argumentos formulados contra la
sentencia objeto de revisión no configuran una nulidad procesal

33. El recurrente considera que se configura la causal invocada porque la sentencia
de segunda instancia del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
desconoce el principio constitucional al debido proceso, toda vez que a su juicio
carece de motivación, porque se limitó a reiterar los criterios expuestos por la
sentencia de primera instancia para denegar las pretensiones del actor y,
adicionalmente, desconoció el principio in dubio pro operario.

34. En relación con este último aspecto, alude a las consideraciones expuestas en
la sentencia SU-221 de 2024 de la Corte Constitucional.

15 Consejo de Estado, Sala Trece Especial de Decisión, sentencia de 7 de junio de 2016, radicación:

11001-03-15-000-2015-02493-00 (REV), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez y Consejo de Estado,
Sala Veinticinco Especial de Decisión, sentencia de 20 de agosto de 2022, radicación: 11001-03-
15-000-2020-02925-00 (REV), C.P. Martha Nubia Velásquez Rico.
16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del
2 de junio de 2021. Radicación 11001-03-26-000-2018-00183-00. C.P. Ramiro Pazos Guerrero y
Consejo de Estado, Sala Cinco Especial de Decisión, Sentencia de 3 de febrero de 2015, radicación
11001-03-15-000-2009-00494-00 (REV), C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.
17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 2 de marzo de

2010, radicación: 11001-03-15-000-2001-00091-01 (REV), C.P. Mauricio Torres Cuervo.
18 Consejo de Estado, Sala Veintidós Especial de Decisión, sentencia de 2 de febrero de 2016,

radicación: 11001-03-15-000-2015-02342-00 (REV), C.P. Alberto Yepes Barreiro.
19 Consejo de Estado, Sala Veintiuno Especial de Decisión, sentencia de 17 de junio de 2022,

radicación: 11001-03-15-000-2014-04059-00 (REV), MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
20 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Radicación

11001-03-26-000-2018-00183-00. C.P. Ramiro Pazos Guerrero y Consejo de Estado, Sala Cinco
Especial de Decisión, sentencia de 3 de febrero de 2015, radicación 11001-03-15-000-2009-00494-
00 (REV), C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.
21 Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de

Decisión No 14, sentencia del 17 de febrero de 2025, radicación número 11001-03-15-000-2022-
01922-00. C.P. Alberto Montaña Plata y Consejo de Estado, Sala Plena de los Contencioso
Administrativo, Sala Especial de Decisión 15, sentencia de 10 de febrero de 2025, radicación 11001
03 15 000 2024 06427 00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.

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Radicado: 11001031500020250107000
Recurrentes: Gabriel Sagbini Consuegra

35. La Sala advierte que ninguno de los reproches formulados constituye una causal
de nulidad en los términos del artículo 133 de la Ley 1564 de 2012, Código General
del Proceso, en adelante “CGP”22.

36. En cuanto a la violación del debido proceso alegada por el recurrente, la Sala
estima que el defecto alegado no corresponde a los presupuestos legales y
jurisprudenciales que podrían viciar de nulidad la providencia recurrida, por la
simple pero suficiente razón de que los argumentos del recurso extraordinario
interpuesto se encaminan a controvertir las consideraciones expuestas en la
sentencia de segunda instancia y, en consecuencia, a convertir este recurso,
indebidamente, en una tercera instancia y revivir el análisis contenido en la
sentencia censurada.

37. Si bien el recurrente afirmó que la sentencia recurrida adolece de falta de
motivación, para sustentar este cargo se limitó a afirmar que en la decisión se
habían invocado los mismos argumentos del juez de primera instancia para
denegar su derecho.

38. De manera adicional, transcribió algunos apartes de la decisión censurada y
entró a controvertir su análisis y conclusiones, con fundamento en la interpretación
de la sentencia SU-221 del 13 de junio de 2024 sobre la exigencia del requisito de
la desvinculación para acceder a la pensión de jubilación reconocida en una
convención colectiva.

39. De esta manera, es evidente que el recurso solo intenta una nueva valoración
de las consideraciones expuestas por la sentencia recurrida, con el objetivo de que
se modifique la decisión de instancia. Pero además, lo hace con fundamento en
una interpretación planteada por la Corte Constitucional en una sentencia proferida
con posterioridad a la fecha en la que se expidió la sentencia recurrida - del 30 de
noviembre de 2023- y, por lo tanto, no era aplicable como precedente judicial para
el juez de segunda instancia.

40. En este sentido, la Sala observa que la sentencia materia de examen se
encuentra debidamente sustentada en los elementos fácticos, probatorios y
jurídicos aplicables al caso, sobre la base de una debida y ponderada valoración
probatoria y normativa, en el ámbito de la autonomía funcional de la Subsección
del Consejo de Estado que la profirió y por lo tanto, acorde con el debido proceso
laboral.

22 CGP “Artículo 133. Causales de nulidad. El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los

siguientes casos: 1. Cuando el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción
o de competencia. 2. Cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un
proceso legalmente concluido o pretermite íntegramente la respectiva instancia. 3. Cuando se
adelanta después de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupción o de suspensión,
o si, en estos casos, se reanuda antes de la oportunidad debida. 4. Cuando es indebida la
representación de alguna de las partes, o cuando quien actúa como su apoderado judicial carece
íntegramente de poder. 5. Cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar
pruebas, o cuando se omite la práctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria. 6.
Cuando se omita la oportunidad para alegar de conclusión o para sustentar un recurso o descorrer
su traslado. 7. Cuando la sentencia se profiera por un juez distinto del que escuchó los alegatos de
conclusión o la sustentación del recurso de apelación. 8. Cuando no se practica en legal forma la
notificación del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las
demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas
que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se
cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con
la ley debió ser citado. (…)”.

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Radicado: 11001031500020250107000
Recurrentes: Gabriel Sagbini Consuegra

41. En efecto, con fundamento en el análisis realizado en la sentencia censurada,
se determinaron los requisitos para adquirir el derecho a la pensión suplementaria
establecida en la Convención Colectiva de 1976 y se concluyó que el actor no los
cumplía.

42. En este sentido, se considera importante reiterar que el recurso extraordinario
de revisión no es una tercera instancia que permita controvertir las motivaciones de
la sentencia que se pretende revisar, por tal razón las pretensiones y fundamentos
deben limitarse a demostrar la configuración de alguno de los supuestos
contemplados en las causales para su procedencia, lo cual no ocurrió en este caso.

43. Por estas mismas razones, la Sala destaca que en esta decisión no es
procedente pronunciarse sobre las excepciones de prescripción del derecho de
reajuste salarial y de todas las pretensiones del actor, formuladas por la Universidad
del Atlántico al pronunciarse sobre el recurso presentado, teniendo en cuenta que
aquellas no hacen referencia ni están dirigidas a controvertir la casual invocada por
el recurrente.

44. De acuerdo con lo anterior, no prospera el recurso extraordinario interpuesto
porque no se acreditaron los supuestos de la causal de revisión extraordinaria
invocada.

I. Costas

45. La Sala condenará en costas a la parte recurrente teniendo en cuenta que el
recurso presentado no prosperó, en virtud del artículo 255 del CPACA 23. Estas se
liquidarán de conformidad con el artículo 366 del CGP; la condena incluye las
agencias en derecho que se fijan, en atención al concepto y los criterios definidos
para su causación en el Acuerdo PSAA16-10554 de 2016 del Consejo Superior de
la Judicatura, en un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de ejecutoria
de esta sentencia y en favor de la Universidad del Atlántico.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sala Séptima Especial de Decisión, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: DECLÁRASE INFUNDADO el recurso extraordinario promovido por la
parte demandante contra la sentencia proferida el 30 de noviembre de 2023, por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, dentro del expediente de
nulidad y restablecimiento del derecho número 08001-23-33-000-2020-00080-01.

23 CPACA “Artículo 255. (…) Si se declara infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios

al recurrente”.

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Radicado: 11001031500020250107000
Recurrentes: Gabriel Sagbini Consuegra

SEGUNDO: Condénese en costas a la parte recurrente, las cuales se liquidarán de
conformidad con lo establecido en el artículo 366 del CGP; por Secretaría
liquídense e inclúyase, por concepto de agencias en derecho, la suma equivalente
a un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de ejecutoria de esta
sentencia en favor de la Universidad del Atlántico.

TERCERO: Cumplido lo anterior y ejecutoriada esta providencia, ARCHÍVESE
el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado electrónicamente)
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Presidente de la Sala 7 Especial de Decisión

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
CARLOS FERNANDO MANTILLA JORGE EDISON PORTOCARRERO
NAVARRO BANGUERA
Magistrado Magistrado
Aclaración de voto

(Firmado electrónicamente). (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado Magistrado

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