Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06427-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06427-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-06427-00
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
10 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA QUINCE ESPECIAL DE DECISIÓN
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá D.C., diez (10) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Número único de radicación: 11001 03 15 000 2024 06427 00
Demandante: Hernando Ruiz Reátiga
Demandado: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social -UGPP-1
Asunto: Resuelve sobre un recurso extraordinario de revisión
SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA
La Sala Especial de Decisión número 15 de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado procede a resolver la demanda que contiene el recurso
extraordinario de revisión interpuesta por Hernando Ruiz Reátiga contra la
sentencia proferida, en segunda instancia, por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado el 23 de octubre de 2023, en el proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación
15001 23 33 000 2018 00590 01, por estimar que se encuentra incursa en la causal
prevista en el numeral 5.° del artículo 250 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20112.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a
continuación.
1 Cfr. Índice 1 SAMAI.
2 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
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I. ANTECEDENTES
La demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
1. Hernando Ruiz Reátiga presentó demanda contra la Unidad Administrativa de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – en
adelante UGPP-, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho3, para que se declare la nulidad de las resoluciones: i) RDP 008597
de 25 de febrero de 2016; ii) RDP 016960 de 27 de abril de 2016; y RDP 020772
de mayo de 2016 expedidas por la UGPP, mediante las cuales le negó el
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación gracia.
2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó: i) ordenar a la UGPP le
reconozca la pensión de jubilación gracia desde el momento que adquirió el
estatus pensional; ii) reajustar las sumas reconocidas de acuerdo con el Índice de
Precios del Consumidor; y iii) reconocer y pagar los intereses moratorios4.
Presupuestos fácticos
3. La parte demandante del proceso ordinario, indicó, en síntesis, los siguientes
hechos para fundamentar sus pretensiones5:
3.1. Nació el 28 de enero de 1961, razón por la cual cumplió los 50 años de edad
el 28 de enero de 2011. Asimismo, que prestó servicio como docente oficial
territorial y nacionalizado en el departamento de Boyacá por más de 20 años,
desde el 1.° de febrero de 1979 hasta el 20 de junio de 2016.
3.2. Solicitó a la UGPP el reconocimiento de la pensión de jubilación gracia, la
cual fue negada mediante los actos acusados.
3 Previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 “Por la cual se expide el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
4 Cfr. Índice 16 SAMAI.
5 Cfr. Índice 16 SAMAI.
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Normas violadas y concepto de violación
4. La parte demandante del proceso ordinario invocó como normas violadas, las
siguientes:
• Artículo 1, 2, 4, 5, 6, 13, 23, 25, 46, 48, 53, 58, 228 y 336 de la Constitución
Política.
• Artículos 2, 6, 23, 25 y 58 de la Constitución Política.
• Ley 114 de diciembre 4 de 19136.
• Ley 116 de 22 de noviembre de 19287.
• Ley 91 de 29 de diciembre de 19898.
5. La parte demandante del proceso ordinario explicó el concepto de violación, en
los siguientes términos9:
5.1. Sostuvo que la pensión de jubilación gracia fue prevista por el legislador como
una prestación de carácter especial, que buscaba equiparar los ingresos de los
docentes territoriales y nacionalizados respecto de sus pares nacionales que
tenían remuneraciones superiores, siempre y cuando su vinculación hubiera
tenido lugar antes del 31 de diciembre de 1980.
5.2. Adujo que, contrario a lo señalado por la entidad demandada, tenía el derecho
al reconocimiento de la citada prestación, toda vez que cumplió los requisitos
previstos en la ley, comoquiera que: i) cumplió 50 años de edad el 28 de enero de
2011; ii) prestó sus servicios como docente del orden nacionalizado y territorial,
desde el 1.° de febrero de 1979; es decir, antes de la fecha prevista en el numeral
2.° del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 (31 de diciembre de 1980); y iii) cumplió
más de 20 años de servicios como docente territorial en el Departamento de
Boyacá.
6 “Por la cual se crean pensiones de jubilación a favor de los maestros de escuelas”.
7 “Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927”.
8 “Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio”.
9 Cfr. Índice 16 SAMAI.
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Contestación de la demanda
6. La UGPP contestó a la demanda10 y se opuso a las pretensiones formuladas,
así:
6.1. Indicó que se desconoce la normativa especial que regula la pensión de
jubilación gracia, en tanto se encuentra dirigida a suplir las diferencias salariales
entre los maestros del orden nacional con los territoriales y nacionalizados,
siempre que estos últimos se hubieren vinculado antes del 31 de diciembre de
1980.
6.2. Refirió que, conforme a las certificaciones de tiempo de servicios, se podía
establecer que Hernando Ruiz Reátiga no estuvo vinculado como docente
territorial o nacionalizado por más de 20 años toda vez que: i) los tiempos
laborados desde el 10 de noviembre de 1988 fueron del orden nacional, en la
medida que los salarios fueron cancelados con recursos del situado fiscal, los
cuales provenían de la Nación; y ii) no cumplió con los 20 años de servicios con
anterioridad al 31 de diciembre de 1989 y los laborados con posterioridad no eran
susceptibles de ser contabilizados para el reconocimiento pensional.
6.3. Por último, propuso las excepciones denominadas: i) inexistencia de la
obligación o cobro de lo no debido; ii) inexistencia de vulneración de principios
constitucionales y legales; y iii) prescripción.
Sentencia de 25 de agosto de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo
de Boyacá dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el número único de radicación 15001 23 33 000 2018 00590
01
7. El Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante la sentencia de 25 de agosto de
2020, resolvió:
10 Cfr. Índice 17 SAMAI.
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“[…] PRIMERO: Negar las pretensiones de la demanda, conforme lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia […]”11
Consideraciones del Tribunal
8. Después de indicar el marco normativo, el desarrollo jurisprudencial de la
pensión de jubilación gracia y de realizar un recuento de los hechos y las pruebas
obrantes en el expediente, consideró que Hernando Ruiz Reátiga no reunía los
requisitos para el reconocimiento de la pensión de jubilación gracia, en la medida
que, de conformidad con el literal a) del numeral 2.° del artículo 15 de la Ley 91 de
1989, a pesar de que se encontraba vinculado como docente con nombramiento
en propiedad desde antes de 31 de diciembre de 1980, no cumplió con la totalidad
de los requisitos antes de su entrada en vigencia, es decir, el 29 de diciembre de
1989, toda vez que “[…] el actor no gozaba de un derecho adquirido antes del 31
de diciembre de 1980 pues a esa fecha no contaba con 20 años de servicios
docentes, toda vez que para dicha fecha solamente contaba con 1 mes de
servicios docencia […]”.
Recurso de apelación
9. Hernando Ruiz Reátiga presentó recurso de apelación12, en el que solicitó se
revoque la sentencia proferida, en primera instancia y, en su lugar, se accedan a
las pretensiones de la demanda, argumentando que:
9.1. En el período comprendido entre el 23 de mayo de 1985 al 31 de diciembre
de 2005 y entre el 1.° de marzo de 2006 a la fecha, su vinculación fue de carácter
territorial y el nombramiento en ningún momento fue hecho por el Ministerio de
Educación Nacional para ser considerado del orden nacional.
9.2. El tiempo de servicio necesario para acceder a prestación económica puede
cumplirse de manera interrumpida y en cualquier tiempo, por lo que tiene derecho
al reconocimiento de la prestación.
11 Cfr. Índice 16 SAMAI.
12 Cfr. Índice 16 SAMAI.
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La sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión
10. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante la
sentencia proferida el 23 de octubre de 2023, en segunda instancia, resolvió:
“[…] PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 25 de agosto de 2020, proferida por
el Tribunal Administrativo de Boyacá, que negó las súplicas de la demanda
interpuesta por el señor Hernando Ruiz Reátiga en contra de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y de Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social – UGPP, pero por las razones expuestas en esta providencia
[…]”13
Consideraciones de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado
11. Consideró que el problema jurídico a resolver consistía en determinar si “[…]
¿El señor Hernando Ruiz Reátiga, en su calidad de docente oficial, tiene derecho
al reconocimiento y pago de la pensión gracia? […]”.
12. Para el efecto, después de indicar el marco normativo y los criterios
jurisprudenciales de la pensión de jubilación gracia, en especial, las sentencias
de unificación proferidas por la Sección Segunda del Consejo de Estado 14,
consideró que para acceder a dicha pensión, el interesado debía cumplir la
totalidad de los requisitos, a saber: i) tener 50 años de edad; ii) acreditar una
vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980;
iii) haber servido en el magisterio como docente oficial un por un término no
menor a 20 años con una naturaleza jurídica del vínculo territorial o
nacionalizado; y iv) haberse desempeñado en los empleos con honradez,
consagración y buena conducta.
13. Al analizar el caso concreto, consideró acreditado el requisito de la edad. A
su vez, indicó respecto al tiempo de servicios por sus vinculaciones, entre otras
que:
13 Cfr. Índice 16 SAMAI.
14 i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 21 de junio
de 2018, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, número único de radicación 25000 23 42 000 2013 04683 01 (3805-
2014); y ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia SUJ -030-
CE-S2- 2022 del 11 de agosto de 2022.
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13.1. Entre el 1.° de febrero al 30 de noviembre de 1984, fue realizada mediante
contratos de prestación de servicios suscritos con el Departamento de Boyacá,
válido para el reconocimiento de la pensión de jubilación gracia.
13.2. Entre el 17 de noviembre de 1988 y 15 de julio de 1990 que “[…] del análisis
integral del acto administrativo de nombramiento y de las pruebas obrantes en
el proceso, se concluye que el tiempo de servicio prestado por el demandante
entre el 17 de noviembre de 1988 y 15 de julio de 1990, resulta válido para la
sumatoria del tiempo exigido para el reconocimiento de la pensión gracia, ya que
fueron del orden nacionalizado […]”.
13.3. Entre 8 de octubre y el 16 de noviembre de 1990 consideró que “[…] en el
escrito de demanda estas vinculaciones no fueron referenciadas por el
demandante ni sobre ellas se ha realizado algún tipo de pronunciamiento en
sede administrativa y/o judicial. Por ende, al no ser relacionado este tiempo de
servicios ni contar con los elementos materiales probatorios para realizar un
análisis integral, carga que le correspondía al demandante, no se realizará el
estudio de las dos vinculaciones referenciadas […]”.
13.4. Entre el 27 de mayo de 1993 y el 6 de agosto de 2019, consideró que las
vinculaciones como docente eran del orden nacional, en la medida que en los
términos de la sentencia de unificación SUJ-11S2 de 21 de junio de 2018,
cobraba relevancia la certificación de la autoridad nominadora que diera cuenta
de manera inequívoca del tipo de vinculación al que se encontrara sometido el
docente oficial y, en el caso concreto:
13.4.1. La certificación expedida por la Secretaría de Educación de Boyacá
indicó que el tipo de vinculación fue de carácter nacional, lo cual coincide con los
certificados de salarios expedidos por la misma entidad y el expedido por el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
13.4.2. La vinculación “[…] ocurrió en ejercicio de las atribuciones conferidas en
el artículo 9 de la Ley 29 de 1.989, y los Decretos 2277 de 1979 y 1706 de 1989,
y en casos como el presente, aquel actuó en calidad de agente de la Nación y
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no en representación de la entidad territorial, pues para ese entonces tenía a su
cargo la administración del personal docente nacional y nacionalizado […]”, en
la medida que no había entrado en vigencia la Ley 60 de 1993 que descentralizó
la educación y atribuyó a los departamentos la dirección y administración directa
y conjuntamente con los municipios de los servicios de educación.
13.4.3. Por último, consideró que: i) Hernando Ruiz Reátiga no reunía la totalidad
de los requisitos para el reconocimiento pensional; y ii) no le asistía razón al
Tribunal Administrativo de Boyacá al requerir que la totalidad de los requisitos se
acrediten previo a la entrada en vigor de la Ley 91 de 1989, en la medida que la
norma en mención no determina ese presupuesto dentro de su texto, y que como
se dejó claro en la sentencia de unificación SUJ -030-CE-S2- 2022 del 11 de
agosto de 2022, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia los
docentes pueden acceder a la prestación antes y después del 29 de diciembre
de 1989, siempre que prueben los requisitos legales.
II. RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
La demanda que contiene el recurso extraordinario de revisión
14. Hernando Ruiz Reátiga interpuso la demanda que contiene el recurso
extraordinario de revisión15 contra la sentencia proferida, en segunda instancia,
por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado el 23 de
octubre de 2023, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el número único de radicación 15001 23 33 000 2018 00590 01,
por estimar que se encuentra incursa en la causal prevista en el numeral 5.° del
artículo 250 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201116.
15. Hernando Ruiz Reátiga presentó las siguientes pretensiones:
“[…] PRIMERO: INFIRMAR la sentencia proferida el 23 de octubre de 2023, por el
H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, con ponencia del H. Magistrado Gabriel Valbuena Hernández, dentro
15 Previsto en el artículo 248 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 “Por la cual se expide el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
16 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
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del proceso 15001233300020180059001, instaurado por HERNANDO RUIZ
REÁTIGA, contra la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales – UGPP, que
confirmó la Sentencia de Primera Instancia, proferida el 25 de agosto de 2020, por
el H. Tribunal Administrativo de Boyacá, que negó las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: En su lugar, declarar que el Docente HERNANDO RUIZ REÁTIGA,
tiene derecho a que la UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCALES -
UGPP, reconozca y pague la Pensión Gracia, a partir de la fecha en que cumplió el
status pensional, cincuenta (50) años de edad y veinte (20) años de servicio
(03/06/2011), en cuantía del setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio
devengado en el año anterior al estatus pensional, con la totalidad de los factores
salariales devengados.
TERCERO: Condenar a la UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCALES
-UGPP, a pagar, a favor de mi poderdante, el señor HERNANDO RUIZ REATIGA
C. C. […], el valor de las mesadas pensionales y adicionales con los
correspondientes reajustes de ley, desde la fecha de la adquisición del status de
pensionado, es decir desde el 03 de junio de 2011.
CUARTO: Condenar a la UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCALES -
UGPP-, a que, sobre las sumas adeudadas a mi poderdante, se incorporen los
ajustes de valor, conforme al índice de precios al consumidor, o al por mayor, como
lo autoriza el artículo 187 del C.P.A.C.A.
SEXTO (sic): Condenar a la UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y
PARAFISCALES - UGPP -, a que reconozca y pague los intereses moratorios de
que trata la Ley 100 de 1993, artículo 141. […]”17
16. Para sustentar la causal de revisión expuso los siguientes argumentos:
16.1. La sentencia recurrida incurrió en una deficiente motivación y vulneración del
debido proceso, en la medida que “[…] no se debate con suficiencia el argumento
medular de la discusión (calidad docente), sino que se descartan dichas
consideraciones de fondo y en su defecto, se estudia la calidad en la que el Alcalde
del Municipio de Chiscas, realizó el nombramiento de mi mandante en el sentido
de ser dirigido por el Ministerio de Educación Nacional, aun cuando invoca los
precedente jurisprudenciales que le orientan a establecer que su nombramiento
es territorial y no nacional como indica, lo que recaer en una razón al
desconocimiento de una ritualidad propia de las sentencias: motivación suficiente.
Que a su vez configura la violación al derecho fundamental del debido proceso, tal
como lo ha aceptado esa misma H. Corporación y que a pesar de ser catalogada
como una causal genérica, se refleja en la desprotección del derecho de la parte
17 Cfr. Índice 2 SAMAI.
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acá demandante a obtener respuestas razonadas por la administración de justicia
en razón a la función judicial […]”18.
16.2. En efecto, adujo que el Alcalde Municipal de Chiscas, en uso de sus
facultades legales previstas en la Ley 29 de 1989, mediante el Decreto 040 de
1991, nombró a Hernando Ruiz Reátiga docente del orden territorial-
departamental, ello de conformidad con los Decretos 2277 de 1979 y 1706 de
1989, por lo cual, conforme a la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, le asiste el derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación
gracia.
Contestación al recurso extraordinario de revisión
17. La UGPP contestó la demanda19, oponiéndose a la prosperidad de la
pretensión formulada, en la medida que, a su juicio, no se presenta la causal
invocada, toda vez que la sentencia fue debidamente motivada y el demandante
pretende reabrir el debate, subsanar omisiones del proceso y cuestionar la
actividad del juez sobre la apreciación de los hechos y las pruebas.
Concepto del Ministerio Público
18. El señor Agente del Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad
procesal.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
19. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en los siguientes términos:
i) la competencia de la Sala; ii) la procedencia y término para interponer el recurso
extraordinario de revisión; iii) el problema jurídico; iv) el marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del recurso extraordinario de revisión; v) el marco
normativo y desarrollo jurisprudencial de la causal prevista en el numeral 5.º del
18 Cfr. Índice 2 SAMAI.
19
Cfr. Índice 17 SAMAI.
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artículo 250 de la Ley 1437 y; vi) el análisis de la causal de revisión, los cuales se
desarrollarán a continuación:
Competencia de la Sala
20. Vistos los artículos: i) 248 de la Ley 1437, sobre la procedencia del recurso
extraordinario de revisión; ii) 24920 ibidem, sobre competencia para conocer los
recursos extraordinarios de revisión21; iii) 111 ibidem, en especial, el numeral 2.°22
sobre las funciones de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo; y iv) 29, en
especial, el numeral 1.° del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 23: esta Sala
es competente para resolver el recurso extraordinario de revisión interpuesto
contra la sentencia de 23 de octubre de 2023 proferida por la Subsección A de
Sección Segunda del Consejo de Estado.
Procedencia y término para interponer el recurso extraordinario de revisión
21. Visto el artículo 251 de la Ley 1437, sobre el término para interponer el recurso
extraordinario de revisión, que dispone:
“[…] Artículo 251. El recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la
ejecutoria de la respectiva sentencia […]”
22. En el caso sub examine, la sentencia recurrida fue proferida por la Subsección
A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, el 23 de octubre de 2023.
Asimismo, la sentencia quedó ejecutoriada el 23 de noviembre de 202324 y el
recurso extraordinario de revisión se interpuso el 20 de noviembre de 202425; es
decir, dentro del término previsto en el artículo 251 de la Ley 1437.
20 Adicionado por el artículo 68 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “Por medio de la cual se reforma el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan
otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”.
21 En virtud del artículo 249 de la Ley 1437 no existe impedimento para que los Magistrados que suscribieron
la sentencia recurrida, participen en el proceso del recurso extraordinario de revisión.
22 Modificado por el artículo 18 de la Ley 2080.
23 Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
24 Cfr. índice 26 de SAMAI en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
25 Cfr. índice 2 de SAMAI.
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Problema jurídico
23. En el caso sub examine, el problema jurídico que la Sala debe resolver
consiste en determinar si se configura o no la causal de revisión prevista en el
numeral 5.º del artículo 250 de la Ley 1437; en especial, si: i) la presunta deficiente
motivación de la sentencia; y ii) el disenso frente a la aplicación de la normativa y
de los criterios jurisprudenciales adoptados dentro del proceso ordinario generan
la nulidad en la sentencia recurrida y, en consecuencia, si se declara o no fundado
el recurso extraordinario de revisión.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del recurso extraordinario de
revisión
24. Vistos los artículos: i) 248 de la Ley 1437, sobre procedencia; ii) 24926 ibidem,
sobre competencia; iii) 250 ibidem, sobre causales de revisión; iv) 251 ibidem,
sobre el término para interponer el recurso; y v) 252 ibidem, sobre requisitos del
recurso.
25. Atendiendo a que el recurso extraordinario de revisión es un medio de
impugnación que limita la inmutabilidad de las sentencias en relación con la cosa
juzgada y permite que se subsanen determinadas irregularidades o ilegalidades.
26. La principal finalidad de este recurso es el restablecimiento de la justicia 27, lo
cual no implica, en general, el desconocimiento de los principios de cosa juzgada
y presunción de legalidad y acierto de las decisiones judiciales, sino que,
excepcionalmente, en ciertas circunstancias y por las razones señaladas
específicamente en la ley, es viable revisar las sentencias en aras de restablecer
el imperio de la justicia y mantener el orden jurídico y social. Es precisamente en
atención a lo anterior que el recurso de revisión se determinó como un medio
extraordinario de impugnación.
27. En el mismo orden de ideas, el recurso se encuentra sujeto al estricto, riguroso
26 Adicionado por el artículo 68 de la Ley 2080.
27 Cfr. Corte Constitucional, sentencias C-418 de 1994 y C-247 de 1997, M. P. Jorge Arango Mejía y José
Gregorio Hernández Galindo.
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y ajustado al cumplimiento de las causales que expresamente ha previsto el
legislador, sin que sea dable ampliarlas mediante interpretación analógica, con lo
cual se busca evitar que el mismo se convierta en una tercera instancia y se utilice
para remediar equivocaciones en que hubiera podido incurrir alguna de las partes,
o para controvertir juicios de valor del fallador28. Al respecto, la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo de esta Corporación29 ha considerado lo siguiente:
“[…] El [recurso extraordinario de revisión] no constituye una instancia adicional, la
tercera en este caso, en la que los interesados pueden replantear el asunto objeto
del litigio original para que el Juez de la Revisión lo reexamine o analice una vez
más
[…]
En efecto, con la demanda de revisión se inicia una instancia que cuenta con trámite
propio y diferentes etapas procesales que se enmarcan dentro del debido proceso,
hasta culminar con un fallo que define sobre la legalidad de una sentencia
ejecutoriada […]”.
28. En efecto, el artículo 250 de la Ley 1437, enumera las causales que pueden
proponerse como fundamento de este recurso, las cuales, por lo demás dan
cuenta de la naturaleza eminentemente procedimental de los vicios o errores que,
de conformidad con la ley, eran los únicos que permitían la revisión de la sentencia
por la vía del recurso extraordinario que se analiza.
29. Los requisitos del recurso están enunciados en el artículo 252 de la Ley 1437,
que prevé que debe interponerse mediante escrito que reúna los siguientes
requisitos: i) la designación de las partes y sus representantes; ii) el nombre y
domicilio del recurrente; iii) los hechos u omisiones que le sirvan de fundamento;
iv) la indicación precisa y razonada de la causal invocada; v) el poder para su
interposición; y vi) las pruebas documentales que el recurrente tenga en su poder
y solicitará las que pretende hacer valer.
30. En suma, la interposición del recurso extraordinario de revisión constituye el
28 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia proferida el 27 de abril de 2004,
C.P. María Inés Ortiz Barbosa Rev. 194, identificada con núm. único de radicación
1100103150001998016401.
29 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, providencia proferida el 12 de agosto de
2014, C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez, identificada con núm. único de radicación
11001031500020130211000.
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inicio de un nuevo proceso para cuestionar la sentencia proferida dentro de un
proceso ordinario, el que solo resulta procedente en determinadas y especiales
circunstancias taxativamente previstas en la ley.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial de la causal prevista en el
numeral 5.º del artículo 250 de la Ley 1437
31. Visto el numeral 5.º del artículo 250 de la Ley 1437, que prevé como causal de
revisión la de “[…] existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso
y contra la que no procede recurso de apelación […]”. Sin embargo, debido a que
no se determinó cuáles son los eventos en los que se considera que configura la
citada causal, ha sido la jurisprudencia del Consejo de Estado la que ha
determinado los fundamentos fácticos y jurídicos de su procedencia30.
32. En esa medida, en relación con las irregularidades sustanciales del
procedimiento que pueden considerarse como nulidad originada en la sentencia,
la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de Estado31 ha considerado que
son, a modo enunciativo, las siguientes:
32.1. Cuando sin ninguna otra actuación, se profiere una nueva sentencia en
proceso terminado normalmente por sentencia en firme.
32.2. Cuando sin más actuación se profiere sentencia después de ejecutoriado el
auto por el cual hubiera sido aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o
declarada la perención del proceso, porque así se revive un proceso legalmente
concluido.
32.3. Cuando se profiere sentencia, como única actuación, sin el previo trámite
correspondiente, porque así se pretermite íntegramente la instancia.
32.4. Cuando se condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto
30 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión número 16, sentencia del 5 de mayo de 2020, número único
de radicación 11001-03-15-000-2017-02519-00.
31 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, sentencia proferida el 3 de febrero de
2015, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, identificada con núm. único de radicación
11001031500020090049400.
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del pretendido en la demanda o por causa diferente de la invocada en esta.
32.5. Cuando se condena a quien no ha sido parte en el proceso, porque con ello
se pretermite íntegramente la instancia.
32.6. Cuando, sin más actuación, se profiere sentencia después de ocurrida
cualquiera de las causas legales de interrupción o de suspensión o, en estos
casos, antes de la oportunidad debida.
32.7. Cuando el juez provee sobre aspectos respecto de los cuales carece de
jurisdicción o competencia.
32.8. Cuando la sentencia carece de motivación.
32.9. Cuando la sentencia aparece suscrita por un número mayor o menor de los
magistrados que debieron haberlo hecho; o cuando fue adoptada con un número
de votos diferente del previsto en la ley.
33. En ese sentido, de acuerdo con la posición pacífica del Consejo de Estado,
para probar la configuración de la causal, se ha considerado que, por regla
general, no es posible “[…] alegar como fundamento del recurso, alguna causa de
nulidad acaecida en una etapa previa a la sentencia, ya que ‘la proposición de
nulidades procesales se encuentra sometida a las reglas de oportunidad y
legitimación previstas en el artículo 142 del Código de Procedimiento Civil [hoy,
artículo 134 del Código General del Proceso], sin perjuicio del deber que el artículo
145 ibidem, impone al juez de declarar de oficio las nulidades insaneables que
observe antes de dictar sentencia […]’”32.
34. Sin embargo, en algunos casos se ha aceptado la proposición de la nulidad
procesal ocurrida antes de la expedición de la sentencia, siempre y cuando esta
no haya podido ser advertida por el recurrente, evento en el que la parte
demandante debe probar que efectivamente no tuvo la posibilidad de proponer la
32 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión número 13, sentencia del 7 de junio de 2016, número único
de radicación 11001-03-15-000-2015-02493-00.
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nulidad en el curso del proceso.
35. Asimismo, se ha considerado que la anomalía sea de tal magnitud que
configura un defecto insanable de la actuación, al punto que, de no presentarse
ese yerro, la decisión adoptada hubiese sido distinta33. Dentro de este grupo de
anomalías se encuentran las relacionadas con: i) irregularidades que constituyen
causal de nulidad del proceso previstas en las normas procesales y que solo
pudieron ser advertidas en la sentencia; y ii) los vicios que contiene la propia
sentencia y que pueden derivar en la vulneración del artículo 29 de la Constitución
Política, lo cual excluye la posibilidad de formular, por esta vía, cuestionamientos
que conciernan al contenido de la motivación, a la valoración probatoria o a la
forma de aplicación de una determinada norma.
Sobre la vulneración del debido proceso
36. Junto al criterio señalado supra se ha aceptado que, pueden existir otros
motivos no previstos en los códigos procesales como causales de nulidad, pero
que surgen de la vulneración del artículo 29 de la Constitución Política. Es decir,
que la violación al debido proceso constitucional en la sentencia puede ser causal
de revisión. En este último evento, corresponderá al juez determinar si el hecho
que se dice contrario a este derecho puede configurar la causal de revisión en
comento.
37. En efecto, la jurisprudencia constitucional34 ha definido el derecho al debido
proceso como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
mediante las cuales se busca la protección del individuo dentro de una actuación
judicial o administrativa para que, durante su trámite, se respeten sus derechos y
se logre la aplicación correcta de la justicia y ha considerado que “[…] En virtud
del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma
omnímoda, sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando
33 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión número 26, sentencia del 14 de agosto de 2018, número
único de radicación 11001-03-15-000-2014-03093-00; Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 18 de noviembre de 2018, radicado 11001-03-25-000-2015-00996-00; y Consejo de Estado,
Sala Especial de Decisión número 22, sentencia del 3 de diciembre de 2019, número único de radicación
11001-03-15-000-2019-00894-00.
34 Corte Constitucional, sentencia C-341 de 4 de junio de 2014, M.P. Mauricio González Cuervo.
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las formas propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos
mandatos que garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos […]”
de manera que ha resaltado que el derecho al debido proceso tiene como
propósito “[…] la defensa y preservación del valor material de la justicia, a través
del logro de los fines esenciales del Estado, como la preservación de la
convivencia social y la protección de todas las personas residentes en Colombia
en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y
artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.
38. A su vez, conviene destacar que la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, mediante sentencia de 8 de mayo de
201835, señaló que la causal de revisión consistente en la nulidad originada en la
sentencia también puede configurarse ante una violación del artículo 29 de la
Constitución Política, cuando se dicta un fallo inhibitorio.
Sobre la carencia absoluta de motivación como causal de nulidad originada
en la sentencia
39. Visto el artículo 187 de la Ley 1437, sobre contenido de la sentencia.
40. Atendiendo a que esta Corporación ha considerado36, sobre la nulidad
originada en la sentencia por carencia absoluta de motivación, que:
“[…] En relación con la nulidad originada en la sentencia por ausencia de
motivación, también la jurisprudencia de esta Corporación ha diferenciado la falta
absoluta de motivación de la deficiente o errada y, señala que únicamente la
carencia total de pronunciamiento del juez sobre las razones de hecho o de derecho
que le permiten arribar a una decisión, es motivo de revisión bajo la causal sexta;
que es improcedente con fundamento en dicha causal alegar situaciones
relacionadas con deficiencias en la motivación, con la estimación errada de los
hechos por parte del juez, con las pruebas o las normas jurídicas aplicadas, con la
falta de consideración de alguna de las pruebas etc, porque de admitir tales
reclamaciones se desconocería, abiertamente, el carácter extraordinario del
recurso, convirtiéndolo en otra instancia.
Sobre la ausencia de motivación, o en otros términos, acerca de la obligación de
fundamentar las sentencias como imperativo o deber de los órganos
35 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P: Alberto Yepes Barreiro, exp: 1998-
153-01.
36 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 20 de octubre de 2009,
C.P. Enrique Gil Botero, número único de radicación 11001-03-15-000-2003-00133-00
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jurisdiccionales, se ha dicho por la doctrina: “No se trata de exigir a los órganos
jurisdiccionales una argumentación extensa, exhaustiva o pormenorizada que vaya
respondiendo, punto por punto, a cada una de las alegaciones de las partes, ni
impedir la fundamentación concisa o escueta que en cada caso estimen suficiente
quienes ejercen la potestad jurisdiccional; se trata de que la tutela judicial efectiva
se anude con los extremos sometidos por las partes a debate. “Por ello, la exigencia
de motivación no implica necesariamente una contestación judicial expresa a todas
y cada una de las alegaciones de las partes […]”37
41. La Sala Plena del Consejo de Estado38, en reiterada jurisprudencia, ha
prohijado los criterios jurisprudenciales indicados supra, según los cuales, no
puede alegarse con fundamento en situaciones que tengan relación con la
deficiencia en la motivación, con la estimación errada de los hechos por parte del
juez, con las pruebas o normas jurídicas aplicadas o con la falta de consideración
de algunas pruebas; en la medida en que, si se admiten esta clase de
reclamaciones, se desconoce el carácter extraordinario del recurso, en tanto que
con ello se le convierte en otra instancia.
Sobre la valoración probatoria, la forma de aplicación de una determinada
norma o de criterios jurisprudenciales como causales de nulidad originada
en la sentencia.
42. En esta Corporación se ha considerado que: i) “[…] No resulta acertado
plantear cuestionamientos a la sentencia, motivados en que se realizó una
apreciación errada de las pruebas […], pues todas estas observaciones escapan
al ámbito de la aludida causal […]”39; y ii) “[…] los errores de apreciación probatoria
en que haya podido incurrir […], son extraños al recurso extraordinario de revisión,
pues éste no es una instancia adicional en la que pueda replantearse el litigio. Lo
anterior tiene fundamento en la necesidad de evitar que el vencido en un proceso
pueda, a su capricho, reanudar el debate concluido, so pretexto de volver la mirada
37 Consejo de Estado, Sección Segunda, Consejero Ponente: Dr. Nicolás Pájaro Peñaranda, sentencia de 17
de diciembre de 1998, exp. No. 11942, actor: Esteban Ossa Collazos.
38 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Diecisiete Especial de Decisión
sentencia de 17 de marzo de 2023, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas, número único de radicación 11001-
03-15-000-2020-02897-00; ii) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Novena
Especial de Decisión sentencia de 14 de diciembre de 2021, C.P. Gabriel Valbuena Hernández, número único
de radicación 11001 03 15 000 2019 03823 00; iii) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, sentencia de 7 de mayo de 2013, C.P. Mauricio Torres Cuervo, número único de radicación
11001-03-15-000-2003-00858-01.
39 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. sentencia de 26 de mayo de 2010, C.P
Mauricio Fajardo Gómez, número único de radicación 2001 – 1504
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a la prueba para pretender que se haga un nuevo y supuesto mejor juicio respecto
de ella […]”40.
43. Además, ha considerado que “[…] el desconocimiento del precedente judicial
no puede ser considerado como un presupuesto configurativo de la nulidad
originada en la sentencia, pues como lo ha dicho el Consejo de Estado, ‘este
argumento de controversia no constituye un vicio formal de la sentencia, en el que
se pueda sustentar alguna de las causales previstas por el legislador para la
procedencia del recurso extraordinario de revisión’, sino, en realidad, ‘una
inconformidad de quien recurre frente a las consideraciones y decisión plasmadas
por el ad quem en la sentencia de segunda instancia, como consecuencia de
haber resuelto desfavorablemente sus pretensiones’[…]”41 .
Análisis de la causal de revisión
44. La Sala procede a considerar si, en el caso sub examine, se estructuran los
presupuestos que la ley establece y que el Consejo de Estado ha precisado, a
través de los criterios jurisprudenciales citados en acápites anteriores, para la
configuración de la causal prevista en el numeral 5.º del artículo 250 de la Ley
1437, en los siguientes términos:
44.1. Hernando Ruiz Reátiga indicó que la sentencia objeto del recurso de revisión
fue motivada de forma deficiente y fue proferida con vulneración del derecho al
debido proceso, por cuanto para determinar su vinculación como docente del
orden nacional: i) no se discutió con suficiencia el argumento de la calidad de
docente y, por el contrario, estudió la calidad en la que el Alcalde del Municipio de
Chiscas realizó su nombramiento, lo cual, a su juicio, desconoce el criterio
jurisprudencial de la Sección Segunda del Consejo de Estado por indebida
40
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de
12 de febrero de 2018, C.P. Gabriel Valbuena Hernández, número único de radicación
11001032500020130172100; ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección A, sentencia de 7 de noviembre de 2019, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico, número único de
radicación 11001032600020190001300; iii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, sentencia de 30 de septiembre de 2021, C.P. Rocío Araújo Oñate, número único de
radicación 11001032800020210004400.
41 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de
22 de agosto de 2022, C.P. Nicolás Yepes Corrales, número único de radicación
11001032600020180006400.
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aplicación de la sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 de 21 de junio de
201842; y ii) en los actos de nombramiento se desconoció el alcance de la Ley 29
de 1989 y los Decretos 2277 de 1979 y 1706 de 1989, con los cuales, a su juicio,
se determinaba su vinculación territorial y, en consecuencia, la procedencia del
reconocimiento pensional.
44.2. Para el efecto, se considera que la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, mediante la sentencia objeto del recurso extraordinario de
revisión, indicó como problema jurídico que correspondía determinar si “[…] ¿El
señor Hernando Ruiz Reátiga, en su calidad de docente oficial, tiene derecho al
reconocimiento y pago de la pensión gracia? […]”.
44.3. Para el efecto, después de realizar un recuento del marco normativo y los
desarrollos jurisprudenciales sobre la pensión de jubilación gracia, determinó al
valorar las pruebas obrantes en el expediente, en especial, los decretos de
nombramiento y los certificados de tiempos de servicios expedidos que: i) se
encontraba acreditado el requisito de la edad de 50 años; y ii) el incumplimiento
del tiempo de servicios en instituciones educativas del orden territorial por más de
20 años. Al respecto, consideró:
“[…] Vinculación entre el 1.° de febrero de 1979 al 3 de marzo de 1979
Se tiene que el señor Hernando Ruiz Reátiga laboró como docente en la Escuela
Rural de Tarazona. Asimismo, se encuentra que la designación del aquí
demandante para el período objeto de análisis tuvo lugar con posterioridad a la
nacionalización desarrollada por la Ley 43 de 1975, sin que se evidencie que la
plaza ocupada haya sido objeto de ese proceso de nacionalización.
[…]
Lo anterior permite reafirmar que el aquí demandante para la vinculación entre el
1 de febrero y el 3 de marzo de 1979 ostentó una naturaleza jurídica del vínculo
territorial, dado que la designación la realizó el representante del ente local con
posterioridad al 1.° de enero de 1976 sin el cumplimiento de los requisitos
previstos en la Ley 43 de 1975, que conforme con la interpretación que se efectuó
en la sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018, significa
que la plaza a ocupar haya sido creada de forma exclusiva por la entidad territorial
y los gastos que esta genere se cubran con cargo a su propio presupuesto […]
Vinculación entre el 1.° de febrero al 30 de noviembre de 1984
42
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 21 de junio de
2018, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, número único de radicación 25000 23 42 000 2013 04683 01
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Número único de radicación: 11001 03 15 000 2024 06427 00
El alcalde municipal de Chiscas, vinculó al demandante al servicio docente a
través de contrato prestación de servicios, con el objeto de que el señor Hernando
Ruiz Reátiga ejerciera como maestro en dicho municipio para el periodo
comprendido entre el 1 de febrero al 30 de noviembre de 1984.
[…]
En esos términos, no cabe duda para esta Sala que dichas vinculaciones
mediante órdenes de prestación de servicio son computables para acceder a la
pensión gracia al dar cuenta de que el demandante fue vinculado al servicio del
departamento de Boyacá, como docente en el período referido, labor que como
se dijo, resulta ser efectiva para acceder al beneficio de la pensión gracia, pues
las leyes que regulan la materia la concibieron como una compensación o
retribución a favor de los maestros que laboraran en el nivel territorial sin exigir
una calidad de vinculación específica. Así se concluye que el docente Hernando
Ruiz Reátiga a través del contrato de prestación de servicios referenciado, tuvo
una vinculación con carácter territorial (municipal) por cuanto los recursos con los
que fue cancelado se hicieron con cargo al municipio y no se observa ninguna
intervención por parte del Gobierno nacional […]”.
Vinculación entre el 17 de noviembre de 1988 y 15 de julio de 1990
[…] Así, del análisis integral del acto administrativo de nombramiento y de las
pruebas obrantes en el proceso, se concluye que el tiempo de servicio prestado
por el demandante entre el 17 de noviembre de 1988 y 15 de julio de 1990, resulta
válido para la sumatoria del tiempo exigido para el reconocimiento de la pensión
gracia, ya que fueron del orden nacionalizado.
Vinculación del 8 de octubre y del 16 de noviembre de 1990.
[…] Se advierte que obran en el expediente dos nombramientos del 8 de octubre
y del 16 de noviembre de 199026, a través de los cuales el actor fue nombrado
por el alcalde municipal de Chiscas, en ambos casos para cubrir una licencia por
enfermedad de la señora Pastora Cárdenas Herrera. No obstante, sobre las
vinculaciones referenciadas no obran en el plenario las respectivas actas de
posesión ni certificados expedidos por el FOMAG o la entidad nominadora, que
permitan determinar los extremos temporales.
Se resalta, que en el escrito de demanda estas vinculaciones no fueron
referenciadas por el demandante ni sobre ellas se ha realizado algún tipo de
pronunciamiento en sede administrativa y/o judicial. Por ende, al no ser
relacionado este tiempo de servicios ni conta r con los elementos materiales
probatorios para realizar un análisis integral, carga que le correspondía al
demandante, no se realizará el estudio de las dos vinculaciones referenciadas.
Vinculación entre el 27 de mayo de 1993 y el 6 de agosto de 2019
Se encuentra que mediante Decreto 017 del 17 de mayo de 1993, el señor
Hernando Ruiz Reátiga fue nombrado en propiedad por el alcalde del municipio
de Chiscas, como maestro de primaria en la Escuela Rural Nacionalizada de
Higueras
En ese orden de ideas, de un análisis en conjunto del acto de nombramiento y de
las certificaciones aportadas al proceso, así como de los argumentos objeto de
discusión tanto en sede administrativa como judicial, se concluye que, si bien la
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designación del actor fue procedente del alcalde municipal, lo cierto es que ocurrió
en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 9 de la Ley 29 de 1.989 y
los Decretos 2277 de 1979 y 1706 de 1989, y en casos como el presente, aquel
actuó en calidad de agente de la Nación y no en representación de la entidad
territorial, pues para ese entonces tenía a su cargo la administración del personal
docente nacional y nacionalizado, tal como se expuso en precedencia.
En conclusión, queda claro que, para acceder al reconocimiento de la pensión
gracia se debe acreditar la labor docente durante 20 años en establecimientos
oficiales, departamentales o municipales, en primaria o en secundaria, como
normalista, inspector de instrucción pública, o en calidad de docente
nacionalizado, con alguna posibilidad de adicionar tiempos en uno y otro cargo,
siempre y cuando se demuestre que se ostentó dicha vinculación con anterioridad
al 31 de diciembre de 1980 y cumpla con los demás requisitos exigidos, es decir,
haber alcanzado la edad de 50 años y demostrado buena conducta.
Todo lo anterior, quiere decir que el tiempo de servicio prestado por el demandante
entre el 27 de mayo de 1993 y el 6 de agosto de 2019 (fecha de la última
certificación expedida por la Gobernación de Boyacá), no resulta válido para
concederle el reconocimiento de la pensión gracia, ya que fueron del orden
nacional.
45. Determinado lo anterior, esta Sala considera que el supuesto defecto no
corresponde a alguno de los presupuestos legales y jurisprudenciales que podrían
viciar de nulidad la sentencia recurrida, en la medida que:
45.1. La sentencia se motivó en los hechos y en las pruebas decretadas
oportunamente e incorporadas en el proceso ordinario de nulidad y
restablecimiento del derecho, concluyendo que Hernando Ruiz Reátiga no
cumplía el requisito del tiempo de servicio para el reconocimiento de la pensión de
jubilación gracia.
45.2. Conforme los criterios jurisprudenciales del Consejo de Estado, indicados
supra, la causal de revisión invocada no es procedente para alegar situaciones
relacionadas con presuntas deficiencias en la motivación de la sentencia, como
ocurre en el caso sub examine, toda vez que la citada causal procede por carencia
absoluta de motivación.
45.3. Asimismo, los argumentos del recurrente frente a la falta o indebida
valoración probatoria, en especial de los actos de nombramiento y las
certificaciones de tiempo de servicio, no son propios del recurso extraordinario de
revisión, toda vez que, como se indicó supra, esta causal no procede para
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controvertir las razones fácticas ni jurídicas de la sentencia recurrida, tampoco
para corregir los errores de apreciación de los hechos y de las pruebas, en que, a
juicio del recurrente, hubiera incurrido la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado.
45.3.1. Un entendimiento distinto equivaldría a convertir el recurso en un juicio en
que se discutirían nuevamente los hechos, ya dilucidados con fuerza de cosa
juzgada, encaminando a convertir esta etapa procesal en una tercera instancia, al
pretender revivir el análisis normativo, las valoraciones probatorias y los criterios
jurisprudenciales adoptados en la decisión recurrida, sobre la procedencia, en el
caso sub examine, de la pensión de jubilación gracia. Al respecto se ha
considerado:
“[…] No resulta acertado plantear cuestionamientos a la sentencia, motivados en
que se realizó una apreciación errada de las pruebas, en que no se aplicó una
determinada regla de derecho, en que se aplicó en forma indebida o en que se
interpretó equivocadamente una norma jurídica, pues todas estas observaciones
escapan al ámbito de la aludida causal […]”43.
46. Por último, como se advierte, ninguno de los argumentos del recurso
extraordinario de revisión, se refieren al desconocimiento de las garantías
previstas del debido proceso.
Condena en costas
47. Vistos los artículos: i) 25544 de la Ley 1437; ii) 361 de la Ley 1564 sobre la
composición de las costas; iii) 365 ibidem en especial, su numeral 8.º45, sobre
condena en costas; iv) 366 ibidem, sobre liquidación de costas y agencias en
derecho; y v) el Acuerdo PSAA16-10554 de 2016, en especial, los artículos 2.°46
43 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. sentencia de 26 de mayo de 2010, C.P
Mauricio Fajardo Gómez, número único de radicación 2001 – 1504.
44 Modificado por el artículo 70 de la Ley 2080.
45 “[…] Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya
controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el
recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los
casos especiales previstos en este código.
[…] 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación […]”.
46 “Artículo 2º. Criterios. Para la fijación de agencias en derecho el funcionario judicial tendrá en cuenta, dentro
del rango de las tarifas mínimas y máximas establecidas por este acuerdo, la naturaleza, la calidad y la
duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso
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sobre criterios para la fijación de agencias en derecho y 5.°47 sobre las tarifas de
las agencias en derecho.
48. Atendiendo a que la condena en costas: i) está compuesta, por un lado, por la
totalidad de expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y, por el
otro, por las agencias en derecho; ii) para su imposición debe tenerse en
consideración las reglas previstas en el artículo 365 de la Ley 1564; iii) de
conformidad con el numeral 8.° ibidem, solo habrá lugar cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación; y iv) en relación
con la determinación de las agencias en derecho tendrá en cuenta los criterios
para su fijación y las tarifas indicadas por el Consejo Superior de la Judicatura.
49. En el caso sub examine, la Sala considera que no hay lugar a imponer una
condena en costas a la parte demandante, en la medida que, si bien se declarará
infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto, no se acreditó
probatoriamente su causación.
Conclusiones de la Sala
50. La Sala declarará infundado el recurso propuesto, en la medida que no se
advierte la configuración de la causal de revisión prevista en el numeral 5.º del
artículo 250 de la Ley 1437.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión
Núm. 15 de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por Hernando Ruiz Reátiga contra la sentencia proferida, en segunda
y demás circunstancias especiales directamente relacionadas con dicha actividad, que permitan valorar la
labor jurídica desarrollada, sin que en ningún caso se puedan desconocer los referidos límites.
47 Artículo 5º. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: “[…] 9. RECURSOS EXTRAORDINARIOS. […]
Entre 1 y 20 S.M.M.L.V. […]”.
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instancia, por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado el
23 de octubre de 2023, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el número único de radicación 15001 23 33 000 2018 00590 01,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NO CONDENAR en costas, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente del recurso
extraordinario de revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado
FREDY IBARRA MARTÍNEZ JORGE EDISON PORTOCARRERO
Consejero de Estado BANGUERA
Con aclaración y salvamento parcial de Consejero de Estado
voto
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ PEDRO PABLO VANEGAS GIL
MONTAÑO Consejero de Estado
Consejero de Estado Con aclaración de voto
Con salvamento parcial de voto
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sala Quince
Especial de Decisión en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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