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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2020-02897-00

Fecha
17 de marzo de 2023
Consejero ponente
Jaime Enrique Rodríguez Navas
Citada por
8 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2020-02897-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Gabriel Jaime Tobón Álvarez contra la sentencia proferida por la Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación el 11 de marzo de 2019, que revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: SIN CONDENA en costas.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2020-02897-00

Consejero ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas

17 de marzo de 2023

Radicado: 110010315000202002897-00
Demandante: Gabriel Jaime Tobón Álvarez

CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA DIECISIETE ESPECIAL DE DECISIÓN

Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D.C., diecisiete (17) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Radicación número: 11001-03-15-000-2020-02897-00
Demandante: Gabriel Jaime Tobón Álvarez
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Armada Nacional
Referencia: Recurso Extraordinario de Revisión

Tema: Recurso extraordinario de revisión. Recobro de pruebas y nulidad originada en la sentencia
(causales 1º y 5º del artículo 250 del CPACA).
Subtema 1: Ausencia de presupuestos para la configuración de la prueba recobrada.
Subtema 2: Violación del debido proceso. Indebida motivación. Indebida valoración probatoria.
Subtema 3: Recurso infundado, instancia adicional.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 17 Especial de Decisión,
resuelve el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Gabriel Jaime Tobón
Álvarez contra la sentencia proferida por la Subsección “C” de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, el 11 de marzo de 2019, que revocó la decisión de primera
instancia dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y, en su lugar,
negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Gabriel Jaime Tobón Álvarez, en ejercicio del recurso extraordinario de revisión
previsto en el artículo 248 del CPACA, pretende que se invalide la providencia
dictada el 11 de marzo de 2019 por la Subsección “C” de la Sección Tercera de
esta Corporación, por haber incurrido en las causales primera y quinta de revisión
del artículo 250 ejusdem, pues, por una parte, aduce haber recobrado un
documento decisivo después de dictada la sentencia que demuestra la atribución
de responsabilidad a la Armada Nacional por el daño consistente en la pérdida de
la draga denominada Midas I bajo su tenencia y, por otra, protesta que la
denegación de las pretensiones de la demanda obedeció a una indebida
valoración de los medios de prueba que demostraban el actuar negligente del
órgano demandado.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda inicial y la sentencia cuestionada1

Gabriel Jaime Tobón Álvarez, por conducto de apoderado judicial, presentó
demanda en ejercicio de la acción de reparación directa en contra de la Nación,
Ministerio de Defensa, Armada Nacional, con la pretensión de que se le declarara
responsable del daño consistente en la avería total de la draga denominada Midas
I, propiedad del demandante, y se condenara al pago de los perjuicios materiales
causados por el naufragio ocurrido el 7 de diciembre de 2000, por la operación de
rescate y reparación, y “por la pérdida de elementos importantes de la draga en

1 Expediente digital, índice 34.

1

Radicado: 110010315000202002897-00
Demandante: Gabriel Jaime Tobón Álvarez

poder de la base ARC Málaga una vez que el artefacto naval fue desvalijado
cuando se terminó el contrato entre Coopacífico Ltda. La base ARC MÁLAGA” 2.

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio de sentencia fechada el
19 de agosto de 2011, resolvió declarar probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva de Coopacífico Ltda., declaró
administrativamente responsable a la Nación, Ministerio de Defensa, Armada
Nacional de los perjuicios causados al demandante por motivo de los hechos
ocurridos el 7 de mayo de 2000 y la condenó al pago de perjuicios materiales en la
modalidad de daño emergente por la suma de $544.539.783 y lucro cesante por
$1.919.912.180. Para sustentar la decisión, el Tribunal adujo que los medios de
prueba acreditaron que el ente demandado desatendió las recomendaciones para
el acondicionamiento de la draga en la embarcación dispuesta para su traslado e
insistió en navegar a alta velocidad sin tomar medidas para contrarrestar la
entrada de agua a la máquina, que posteriormente naufragó. Precisó que, si bien
el ente demandado rescató la draga, la reparó y posibilitó su uso al contratista que
la arrendó para ejecutar el contrato de obra, la responsabilidad “irradi[ó] a todas
las actividades y diligenciamientos realizados por la Armada con posterioridad al
naufragio (…), se convirtió en su guardiana y en su protectora por lo que cualquier
daño que se le hubiere generado está llamado a solventar”, por lo que concluyó
que el daño reclamado por el actor “tiene origen en un proceder negligente de la
Armada”.

La Subsección “C” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por medio de la
sentencia objeto de revisión fechada el 11 de marzo de 2019, revocó la
providencia de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la
demanda, porque si bien encontró acreditado el deterioro y pérdida de la draga
después de la terminación del contrato de obra en el que fue usada, no se
demostró que la causa de esa circunstancia fuera atribuible a la entidad
demandada. Al punto, señaló: “[P]or el contrario, si existe evidencia probatoria del
abandono de la draga en las instalaciones de la Armada Nacional por parte de la
entidad privada que la arrendó”, motivo por el cual el incumplimiento de ese
contrato entraña un tipo de responsabilidad exigible en otra jurisdicción. En ese
orden, concluyó que el daño causado por el naufragio fue reparado “al punto de
permitir su cabal funcionamiento (…) y no hay ninguna prueba que demuestre que
la draga fuera posteriormente desvalijada por la Armada Nacional.”.

2.2. El recurso extraordinario de revisión3

Gabriel Jaime Tobón Álvarez, por medio de apoderado judicial, interpuso ante esta
Corporación el recurso extraordinario de revisión contra la sentencia expedida por
la Subsección “C” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, con fundamento
en las causales previstas en los numerales 1° y 5° del artículo 250 de la Ley 1437
de 2011, porque, a su juicio, recobró un documento decisivo después de dictada la
sentencia, consistente en la respuesta dada por la Armada Nacional a una petición
presentada por él, fechada el 19 de febrero de 2020, por medio de la cual ese
organismo le informó, primero, que en los archivos del contrato 2-412 de 23 de
octubre de 2000 no se encontró solicitud de entrega y retiro de la draga de las
instalaciones del muelle y, segundo, que tampoco encontró documentación
enviada de la base naval de Málaga que refiera inversiones o describa elementos
utilizados para el rescate y funcionamiento de la draga Midas I, información a
partir de la cual concluyó que la demandada ocultó documentación.
2 Expediente digital, índice 34, pdf 1, pág. 36.
3 Expediente digital, índice 3 (1210).

2

Radicado: 110010315000202002897-00
Demandante: Gabriel Jaime Tobón Álvarez

En cuanto a la causal de revisión por existir nulidad originada en la sentencia,
argumentó que está se configuró por la indebida valoración probatoria expuesta
en la parte motiva, pues los medios de prueba allegados al expediente de
reparación acreditaron que después de usar la draga en la obra pública y de
solicitar su entrega, la base Naval ordenó el retiro de las piezas empleadas en la
reparación, “es decir desvalijan la draga, esta queda en iguales condiciones que al
momento del naufragio, es decir, en pérdida total. Las anteriores descripciones
son precisamente extraídas de pruebas que fueron aportadas y que su
apreciación no precisa en lo realmente acontecido, sino que se desvía su valor
probatorio”.

2.3. Trámite del recurso extraordinario de revisión

El magistrado sustanciador, por medio de auto expedido el 24 de agosto de 2021,
admitió el recurso extraordinario de revisión interpuesto en contra de la
sentencia de 11 de marzo de 2019, proferida por la Subsección “C” de la Sección
Tercera de esta Corporación, después de corroborar que el demandante aportó el
poder especial para el ejercicio del recurso, la constancia de ejecutoria de la
providencia cuestionada y los documentos recobrados en los que sustentó la
causal primera de revisión. El auto fue notificado en debida forma a la parte
demandada, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y al Ministerio
Público4.

La Nación, representada por el Ministerio de Defensa, Armada Nacional, no
contestó la demanda. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
también guardó silencio5.

El procurador delegado ante esta Corporación rindió concepto en el que solicitó
declarar infundado el recurso extraordinario de revisión, en primer lugar, porque
no se acreditaron los requisitos de procedencia de la causal primera, dado que, si
bien la respuesta dada por la Armada Nacional a una petición presentada por el
recurrente es posterior a la sentencia, el documento obraba en el expediente de
reparación antes de que se dictara sentencia, fue apreciado junto con los demás
medios de prueba para sustentar la decisión y, en todo caso, no tiene la
trascendencia que el recurrente quiere darle. En segundo lugar, tampoco acreditó
la nulidad originada en la sentencia, pues la decisión de revocar la sentencia
apelada fue sustentada en el análisis de los hechos probados en el proceso, que
dio lugar a concluir que el daño no era atribuible al órgano demandado6.

El Despacho sustanciador, por medio de auto expedido el 31 de marzo 2022, tuvo
como pruebas los documentos aportados con la demanda y, como prueba de
oficio, ordenó oficiar al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca para que
enviara a este proceso el expediente de reparación directa radicado bajo el nro.
2002-05139-01, iniciado por Gabriel Jaime Tobón Álvarez contra la Nación,
Ministerio de Defensa, Armada Nacional, que culminó con la sentencia objeto de
revisión7.

Agotada la etapa probatoria, la Secretaría General de esta Corporación corrió
traslado de las pruebas allegadas al expediente por el término de tres días, por

4 Expediente digital, índices 4, 10 y 16 a 20.
5 Expediente digital, índice 27.
6 Expediente digital, índice 25.
7 Expediente digital, índice 27.

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Radicado: 110010315000202002897-00
Demandante: Gabriel Jaime Tobón Álvarez

medio de fijación en lista publicada el 20 de abril de 2022, conforme a lo previsto
en el artículo 110 del CGP8.
III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia y oportunidad del recurso extraordinario de revisión

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, acorde con lo establecido en el
artículo 249 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA)9, es competente para conocer del
recurso extraordinario de revisión, a través de las Salas Especiales de Decisión
implementadas mediante el Acuerdo nro. 321 de 2014 de esta Corporación 10, por
cuanto se trata de una providencia ejecutoriada dictada por la Sección Tercera,
Subsección “C”, del Consejo de Estado.

En relación con la oportunidad en la interposición del recurso extraordinario
de revisión, la Sala reitera lo expuesto en el auto admisorio en cuanto consideró
que fue presentado en el término de un (1) año previsto en el primer inciso del
artículo 251 del CPACA, contados a partir de la firmeza de la sentencia
cuestionada, porque la providencia cobró ejecutoria el 1 de abril de 2019, los
términos judiciales permanecieron suspendidos desde el 16 de marzo de 2020
hasta el 1 de julio de 2020 (3 meses y 12 días), y la demanda fue presentada por
ventanilla virtual el 1 de julio de 2020.

3.2. Legitimación en la causa

Gabriel Jaime Tobón Álvarez está legitimado en la causa por activa para
interponer el recurso extraordinario de revisión ante esta Corporación contra la
sentencia proferida por la Subsección “C” de la Sección Tercera del Consejo de
Estado el 11 de marzo de 2019, dado que está demostrado que actuó como parte
demandante en el proceso de reparación directa radicado bajo el nro. 2002-05139-
01 (43278), finalizado por medio de la providencia cuestionada.

Asimismo, se encuentra demostrado con la copia del expediente de reparación
directa que la Nación, Ministerio de Defensa, Armada Nacional fue el organismo
demandado en ese trámite procesal, motivo por el cual tiene legitimación en la
causa por pasiva.

3.3. Naturaleza del recurso extraordinario de revisión

De acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación, el recurso extraordinario de
revisión previsto en los artículos 248 y siguientes del CPACA es un mecanismo
judicial de naturaleza restrictiva, extraordinaria y, por ende, excepcional 11, que
posibilita el análisis de las sentencias amparadas bajo la intangibilidad de la cosa
juzgada ante el hallazgo de incurrir en una causal de revisión, que permite
infirmarlas por la demostración inequívoca de ser decisiones injustas12.

8 Expediente digital, índices 47 y 50.
9 Competencia. De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones

del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sin exclusión de la sección
que profirió la decisión (…)”.
10 Por medio del cual se reglamenta la integración y funcionamiento de las Salas Especiales de Decisión.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 27 Especial de Decisión, sentencia

del 3 de abril de 2018, expediente 11001-03-15-000-2017-02091-00 (REV).
12 CPACA, artículo 250. “Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de

2003, son causales de revisión:
1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se
hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza
mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.

4

Radicado: 110010315000202002897-00
Demandante: Gabriel Jaime Tobón Álvarez

La Corte Constitucional, al declarar la exequibilidad del artículo 249 del CPACA 13,
reiteró que el recurso extraordinario de revisión previsto en la mayoría de las áreas
del derecho ha sido diseñado para proceder contra las sentencias ejecutoriadas 14,
por las causales taxativas establecidas por el legislador en cada caso, que giran
en torno a hechos o circunstancias posteriores a la decisión y que revelan que
ésta es materialmente injusta. En lo que atañe al recurso de revisión contra
sentencias expedidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, la Corte
precisó que “tiene su origen inmediato en el recurso extraordinario de revisión en
el campo civil, y al igual que este, se dirige contra sentencias ejecutoriadas,
buscando esencialmente el restablecimiento de la justicia material y constituyendo
una excepción al principio general de la cosa juzgada 15”.

La excepción del principio de cosa juzgada deviene de la configuración de
causales de naturaleza eminentemente procedimental, por vicios o errores que, de
conformidad con la ley, son los únicos que permiten la revisión de la sentencia por
la vía del recurso extraordinario. En punto a la naturaleza de las causales de
revisión extraordinaria, esta Corporación ha considerado que “involucran
irregularidades de carácter procesal (numeral 6, referido a la existencia de causal
de nulidad originada en la sentencia, y numeral 8, referido al desconocimiento de
la cosa juzgada), o bien, aspectos que atañen a la validez intrínseca o
insuficiencia de los elementos de prueba que determinaron el sentido de la
decisión (numerales 1, 2, 3, 4 y 7), a excepción de la causal del numeral 5,
referida a la violencia o cohecho en que se pudo incurrir en el pronunciamiento del
fallo” 16.

2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.
3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos
cometidos en su expedición.
4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la
sentencia.
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación.
6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar.
7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la
aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las
causales legales para su pérdida.
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que
aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción
de cosa juzgada y fue rechazada.”
13 Corte Constitucional, sentencia C-450 de 16 de julio de 2015.
14 Corte Constitucional, sentencia C-520-09: “la procedencia y causales del recurso extraordinario de revisión

se encuentran regulados: (i) En materia civil, en el Código de Procedimiento Civil, los artículos 379 y 380. En
materia laboral, en la Ley 712 de 2001, artículos 30 y 31; (iii) En el ámbito penal, en la Ley 600 de 2000,
artículo 192; y (iv) En materia contencioso administrativa, en el Código Contencioso Administrativo, Artículo
188. (modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998)”. Actualmente, las causales del recurso
extraordinario de revisión en materia contencioso administrativa están previstas, en forma taxativa, en el
artículo 250 del CPACA”.
15 Corte Constitucional, sentencia C-871 de 2003: “Con todo, el principio de la cosa juzgada no tiene carácter

absoluto pues puede llegar a colisionar con la justicia material del caso concreto. Para enfrentar tal situación
se ha consagrado la acción de revisión, la cual permite en casos excepcionales dejar sin valor una sentencia
ejecutoriada en aquellos casos en que hechos o circunstancias posteriores a la decisión judicial revelan que
ésta es injusta. En este sentido puede afirmarse que la revisión se opone al principio “res iudicata pro veritate
habertur” para evitar que prevalezca una injusticia, pues busca aniquilar los efectos de la cosa juzgada de una
sentencia injusta y reabrir un proceso ya fenecido. Su fin último es, entonces, buscar el imperio de la justicia y
verdad material, como fines esenciales del Estado”.
16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 7 de mayo de 2013,

expediente 2010-0038-00. Sobre el tema ver: Corte Constitucional, sentencia C-520 de agosto 4 de 2009.
“Como puede observarse, las causales consagradas en los numerales 1, 2 (parcial), 5, y 7 del artículo 188 del
Código Contencioso Administrativo se fundan en la necesidad de obtener una sentencia conforme a derecho
frente a la ocurrencia de hechos delictivos o fraudulentos: (…) Por su parte, las causales consagradas en los
numerales 2 (parcial), 3, y 4, permiten corregir errores por circunstancias no conocidas al momento de proferir
la sentencia cuestionada, que de haber sido conocidas, hubieran dado lugar a una sentencia distinta: la
aparición de documentos esenciales que no pudieron ser conocidos por fuerza mayor o caso fortuito, la
existencia de un tercero con mejor derecho que el beneficiado con la sentencia cuestionada, o la

5

Radicado: 110010315000202002897-00
Demandante: Gabriel Jaime Tobón Álvarez

3.4. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si la providencia expedida el 11 de marzo de
2019 por la Subsección “C” de la Sección Tercera de esta Corporación incurrió en
las causales de revisión previstas en los numerales 1º y 5º del artículo 250 del
CPACA, relacionadas, primero, con el recobro de un documento decisivo después
de dictada la providencia que, a criterio del demandante, hubiera dado lugar a una
decisión diferente por demostrar que la Armada Nacional actuó en forma
negligente y, segundo, la existencia de nulidad originada en la sentencia derivada
del desconocimiento del principio de motivación por indebida valoración
probatoria, porque, según el recurrente, las pruebas allegadas al expediente de
reparación daban cuenta de que al órgano demandado le era atribuible el daño
consistente en la pérdida total de la draga propiedad de Gabriel Jaime Tobón.

3.5. Análisis del caso concreto

3.5.1.- Frente a la causal primera de revisión, la jurisprudencia de esta
Corporación ha precisado que los presupuestos configurativos de la causal son: i)
que la prueba encontrada o recuperada se trate de un documento, “[…] queda
descartada su configuración por pruebas de naturaleza distinta” 17, ii) que el medio
de prueba documental se hubiere recobrado con posterioridad a la sentencia, pero
su expedición hubiere sido anterior, iii) que la imposibilidad para aportarlo
obedezca a razones de fuerza mayor, caso fortuito o al obrar de la parte
contraria18, debidamente demostradas en el recurso extraordinario y, iv) que tenga
la relevancia suficiente para sustentar una decisión distinta a la cuestionada19.

Los presupuestos de procedencia referidos descartan el aporte de documentos
que existían al momento de la sentencia y no fueron anexados en la etapa
probatoria oportuna por omisión de la parte interesada, porque su práctica no fue
solicitada aún en los eventos de procedencia de pruebas en segunda instancia o
porque las actuaciones para su obtención se iniciaron con posterioridad a la
expedición de la sentencia objeto de revisión, pues tales circunstancias derivan del
incumplimiento de la carga probatoria que impone a las partes probar el supuesto
de hecho en que sustentan las pretensiones o aportar el objeto de la prueba que
tienen en su poder por haber intervenido directamente en las circunstancias que
motivaron el litigio. “Si esto ocurre, así el documento que no se allegó pueda tener
influencia suficiente para cambiar el sentido del fallo, no tiene la naturaleza de
‘recobrado’ y, por ende, no es idóneo para estimar la pretensión revisoría”20.

desaparición, al momento del reconocimiento, de las circunstancias que justificaban que se hubiera decretado
una prestación periódica. La causal del numeral 6, busca restablecer el debido proceso, al permitir
corregir una nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso que no era susceptible del recurso de
apelación. Finalmente, la causal del numeral 8, protege tanto el debido proceso como la intangibilidad de la
cosa juzgada, desconocida con la sentencia que es objeto de revisión.”.
17 Consejo de Estado, sentencia del 26 de febrero de 2013, expediente 11001-03-15-000-2008-00181-

00(REV). Si bien, la sentencia hizo referencia al numeral 2º del artículo 188 del Código de Procedimiento Civil,
entonces vigente, tal texto es idéntico al del numeral 1º del artículo 250 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, aplicable al asunto sub lite.
18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 20 de abril de 1998, Rad.

REV-110 y 18 de octubre de 2005, Rad. 1998-00173(REV). “no basta con una dificultad por grave que pueda
parecer, por cuanto la ley exige una verdadera ‘imposibilidad’ apreciada objetivamente (…)”
19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado, sentencias del 14 de

abril de 2021, expediente 2020-04067-00, de 4 de febrero de 2020, expediente 2017-02615-00, de 20 de
septiembre de 2018, expediente 2013-01209-00, de 17 de julio de 2013, expediente 2009-00062-00, de 1º de
marzo de 2016, expediente 2015-01917-00 y de 1º de diciembre de 1997, expediente REV-117.
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 8 de noviembre de 2005,

expediente No. 1999-00218. Tesis reiterada en sentencias expedidas el 14 de abril de 2021, expediente 2020-
04067-00, de 6 de agosto de 2019, expediente 2017-03099-00, de 4 de septiembre de 2018, expediente 2010-
01518 y de 1 de agosto de 2018, expediente 2000-00851-01.

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Radicado: 110010315000202002897-00
Demandante: Gabriel Jaime Tobón Álvarez

En el caso bajo estudio, el recurrente aduce que la causal primera de revisión se
configura porque el oficio expedido por la Armada Nacional, en respuesta a una
petición presentada por él con posterioridad a la sentencia, como prueba
“recobrada”, acredita que “la Base Naval Málaga se ha negado desde sus inicios a
mostrar el material probatorio que determinaría los daños ocasionados a la draga
y los perjuicios que con esta se causó y se sigue causando” y, además, que ese
organismo no realizó inversión ni aportó elementos para la reparación de la
máquina, pues “no se encontró documentación alguna” que demuestre ese hecho.

La prueba documental que el recurrente califica como “encontrada” o “recobrada”
surgió en respuesta a la solicitud presentada por Gabriel Jaime Tobón Álvarez
ante la Armada Nacional el 20 de febrero de 2020, en ejercicio del derecho de
petición, en la que pidió: i) copia del oficio por medio del cual solicitó el reintegro
de la draga de su propiedad, ii) certificación en la que constara las inversiones o
elementos empleados en el rescate y puesta en operación de la máquina, iii) copia
de los documentos que ordenaron reiterar las piezas usadas en la reparación y, iv)
constancia sobre el estado actual de la draga21.

Así, el documento “encontrado” consiste en el oficio fechado el 18 de marzo de
2020, expedido por el comandante de la Base Naval ARC Málaga, por medio del
cual dio respuesta a la petición presentada por Gabriel Jaime Tobón Álvarez en el
siguiente sentido22:

1. Referente a la solicitud de copia de la solicitud de que la draga de su propiedad
fuese reintegrada de nuestras instalaciones, me permito informar que dentro de los
archivos del contrato No. 2-412-S- del 23 de octubre del 2000, no se encontró
solicitud alguna sobre la misma, sin embargo se remitirá folios (sic) 228, 237, 238,
239, 244, 245, 246, 251, 252, 254 y 255 del expediente contractual, en el cual se
solicitaba e informaba por parte de la Base Naval ARC “Málaga” el retiro de la Draga
Midas I.
2. Revisado el expediente contractual, no se encontró documentación alguna de
inversiones y/o elementos aportados por la Base Naval ARC “Málaga” para el
rescate y puesta en funcionamiento de la Draga MIDAS I, situación por la cual,
tampoco aparece registro de órdenes impartidas para retirar elementos de la Draga
EN MENCIÓN.
3. Una vez revisados los documentos del contrato No. 2-412-S- del 23 de octubre
del 2000, y así mismo los archivos del Departamento Técnico y Servicios Generales
de la Base Naval ARC “Málaga”, no se tiene conocimiento que ha (sic) acontecido
con la Draga Midas I y en qué estado se encuentra.
La presente información suministrada es tomada a partir del expediente del contrato
(…)

Como puede apreciarse, la descripción del documento presentado por el
recurrente para sustentar la causal de revisión demuestra que no se trata de una
prueba documental recobrada o encontrada, porque el oficio no existía al
momento en que fue dictada la providencia cuestionada, sino que fue expedido
con posterioridad a la terminación del proceso judicial, en virtud del ejercicio del
derecho de petición, hecho demostrativo de que el primer elemento configurativo
de la causal no se cumple.

Tal circunstancia también descarta la configuración del segundo elemento
constitutivo de la causal, pues está claro que el documento fue expedido en virtud

21 Expediente digital, índice 8, archivo 13259, pág. 3.
22 Expediente digital, índice 8, archivo 13259, pág. 6.

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Radicado: 110010315000202002897-00
Demandante: Gabriel Jaime Tobón Álvarez

de las acciones ejercidas por el recurrente con posterioridad a la expedición de la
sentencia cuestionada, manifestación de voluntad que, por sí misma, desvirtúa
una circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito, pues la imposibilidad para
aportarlo no devino de una situación imprevisible, irresistible y externa.

En lo relativo al tercer elemento configurativo de la causal, la Sala observa que el
oficio calificado como prueba recobrada tampoco se trata de un documento
decisivo, pues su contenido no lleva a considerar una decisión judicial diferente a
la dictaminada en la sentencia objeto de revisión, que negó las pretensiones
reparatorias por no encontrar demostrado el elemento de imputación configurativo
de la responsabilidad patrimonial del Estado, precisamente porque no tiene la
virtualidad de demostrar que la draga, después del naufragio, de la reparación y
de la puesta en funcionamiento, hubiera sido “desvalijada” para retirar las piezas
presuntamente empleadas por la Armada Nacional en el arreglo de la máquina.
Por el contrario, el documento aportado con el recurso extraordinario precisa que
“no se encontró documentación alguna de inversiones y/o elementos aportados
por la Base Naval ARC “Málaga” para el rescate y puesta en funcionamiento de la
Draga MIDAS I, situación por la cual, tampoco aparece registro de órdenes
impartidas para retirar elementos de la Draga”.

Ahora, el recurrente aduce que el documento aportado con el recurso
extraordinario demuestra claramente que la Base Naval Málaga “se ha negado
desde sus inicios a mostrar el material probatorio que determinaría los daños
ocasionados a la draga y los perjuicios que con esta se causó y se siguen
causando”, inferencia que, por sí misma, resta valor demostrativo al documento,
pues acepta que no tiene fuerza de convicción para acreditar que el daño objeto
de la pretensión reparatoria era imputable al organismo demandado, tal como lo
consideró la Subsección “C” de la Sección Tercera en la providencia cuestionada,
en los siguientes términos:

“(…) En el expediente se evidencian múltiples comunicaciones dirigidas tanto al
contratista, como a quien figuraba como propietario de la draga, señor Gabriel Jaime
Tobón, con el fin de que retiraran la maquinaria del muelle donde se encontraba
abandonada. Una de estas comunicaciones fue emitida el 6 de marzo del 2002, y obra
a folio 157 del cuaderno 5. En ella, la Base Naval de Málaga se dirige al capitán de
puerto de Buenaventura, con el fin de solicitar su apoyo para lograr que Coopacífico
Ltda. retire la draga de sus instalaciones, donde fue abandonada desde el mes de
septiembre del año 2001.

Igualmente, se tiene noticia en el proceso de la denuncia elevada por la Base Naval
ARC Málaga ante el Inspector de Policía del Corregimiento de Juanchaco, el 15 de
mayo de 2003, por el abandono de la draga en sus instalaciones.

De esta forma, la Sala concluye que en el proceso no se demostró que la causa del
deterioro y posterior pérdida total de la draga obedeciera a una actuación de la
entidad demandada (…)”

Por lo expuesto, el documento aportado por el demandante no reúne los
presupuestos para ser considerado como una prueba documental
recuperada después de dictada la sentencia, porque se trata de un oficio
expedido con posterioridad a la providencia por solicitud del demandante y no es
decisivo, pues su apreciación no supone que la decisión hubiera podido ser
diferente.

3.5.2.- En lo atinente a la causal quinta de revisión, la jurisprudencia de la
Corporación ha sido pacífica al considerar que la existencia de nulidad originada
8

Radicado: 110010315000202002897-00
Demandante: Gabriel Jaime Tobón Álvarez

en la sentencia se configura por causa de un vicio que aparezca en la providencia
y no en actuaciones que la antecedan, dado que respecto de las últimas el vicio
puede alegarse por medio de los recursos ordinarios que, de no interponerse,
suponen el eventual saneamiento de la nulidad.

El presupuesto de procedencia de la causal de nulidad en el marco exclusivo de
la sentencia desliga su configuración de los eventos de nulidad procesal general,
para circunscribirlo a eventos excepcionales pasibles de ocurrir en esa etapa
procesal.

Al respecto, la jurisprudencia de esta Corporación ha considerado que, no es
posible “alegar como fundamento del recurso, alguna causa de nulidad acaecida
en una etapa previa a la sentencia, ya que ‘la proposición de nulidades procesales
se encuentra sometida a las reglas de oportunidad y legitimación previstas en el
artículo 142 del Código de Procedimiento Civil, sin perjuicio del deber que el
artículo 145 ibídem, impone al juez de declarar de oficio las nulidades insaneables
que observe antes de dictar sentencia’”23.

No obstante, pueden configurar causal de nulidad de la sentencia los vicios
procesales ocurridos antes de proferirse la sentencia, siempre que el afectado no
haya tenido la oportunidad de invocarlos ante el juez, porque los conoció cuando
fue expedida la decisión final24. En tal evento, el afectado tiene la carga de probar
que no tuvo la oportunidad de proponer la nulidad o alegar el vicio oportunamente,
bajo la precisión de que la causal de revisión por nulidad originada en la sentencia
no constituye una etapa adicional para que las partes subsanen las omisiones del
proceso ordinario y aleguen nulidades o errores procesales que debieron proponer
en la oportunidad prevista en el artículo 134 del CGP, o propongan nulidades que
se consideran saneadas en los términos del artículo 136.

En armonía con lo anterior, la jurisprudencia de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado ha señalado los eventos que
tradicionalmente han sido considerados constitutivos de nulidad de la sentencia,
con la precisión de que no son taxativos. En sentencia reciente, afirmó que
expedir un fallo inhibitorio sin motivación o razón para ello puede constituir un
evento de nulidad de la sentencia por configurar una violación al derecho de tutela
judicial efectiva y, reiteró, que la nulidad también puede devenir25:

“(…) i) Por falta de jurisdicción o competencia, ii) cuando se dicta nueva sentencia en
proceso terminado normalmente por sentencia firme, iii) cuando sin más actuación se
dicta sentencia después de ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido aceptado el
desistimiento, aprobada la transacción o declarada la perención del proceso, iv)
cuando se dicta sentencia como única actuación, sin el previo trámite correspondiente,
v) cuando se condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del
pretendido en la demanda o por causa diferente de la invocada en ésta, vi) cuando se
condena a quien no ha sido parte en el proceso, vii) o cuando, sin más actuación, se
profiere sentencia después de ocurrida cualquiera de las causas legales de
interrupción o de suspensión o, en estos casos, antes de la oportunidad debida, viii)

23 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión 13, sentencia

del 7 de junio de 2016, expediente 2015-02493-00. Sala Especial de Decisión 3, sentencia de 4 de agosto de
2021, expediente 2021-00610-00.
24 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión 3, sentencia

de 4 de agosto de 2021, expediente 2021-00610-00.
25 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 8 de mayo de 2018,

expediente 1998-00153-01, que reitera tesis expuesta en sentencias de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, expedidas el 1 de junio de 2005, expediente REV-062 y de 25 de noviembre de 2008,
expediente 2003-00135-01.

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Radicado: 110010315000202002897-00
Demandante: Gabriel Jaime Tobón Álvarez

cuando la sentencia aparece firmada con mayor o menor número de magistrados, o
adoptada con un número de votos diverso al previsto en la ley, ix) cuando la
providencia carece completamente de motivación”.

El marco conceptual descrito en precedencia circunscribe la configuración de la
causal de revisión a eventos de nulidad originados en la sentencia, lo que excluye
en forma implícita las inconformidades de interpretación en la aplicación del
derecho y las diferencias en la apreciación probatoria realizada por el juez del
caso, más no la omisión en la evaluación o análisis parcial o contraevidente de los
medios de prueba que pueden dar lugar a una ausencia absoluta de motivación
razonable o al desconocimiento del principio de congruencia.

Así, en lo que tiene que ver con la causal de nulidad de la sentencia por ausencia
de motivación, la jurisprudencia de esta Corporación ha precisado que su
configuración ocurre “ante la carencia absoluta de pronunciamiento del juez sobre
las razones de hecho o de derecho que sirvieron de fundamento a la decisión 26, o
cuando se fundamenta en circunstancias manifiestamente erróneas, incompletas
o de actitudes dolosas27. No aplica, así, para controvertir las razones del fallo ni la
apreciación que de los hechos y de las pruebas hizo el fallador28.”29.

En punto a la procedibilidad de la causal, viene oportuna la jurisprudencia que
sobre el tema ha mantenido la Corte Suprema de Justicia, según la cual, “no
basta la presencia objetiva de argumentos en la sentencia para que el fallo quede
blindado y a resguardo de la nulidad, (…) el juez de la revisión no puede negarse
a auscultar los argumentos y su fuerza, tomando recaudos, eso sí, para no hacer
del recurso de revisión una tercera instancia espuria. La tesis así planteada, por
virtud de la cual la Corte reconoció que la nulidad originada en la sentencia podía
obedecer a defectos graves de argumentación, siendo ese un evento subsumible
en la causal octava de revisión, se reiteró posteriormente en sucesivos fallos de
revisión al momento de referir la jurisprudencia imperante en la materia (…) al
punto que en acciones de tutela, la Corte denegó el amparo implorado con
sustento en esab misma tesis, aduciendo que los accionantes contaban con el
recurso extraordinario de revisión.” 30-31.

26 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 20 de octubre de 2009,

expediente 2003-00133-00.
27 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 29 de septiembre de 2015, expediente

2002-02456-01(35824).
28 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 16 de agosto de 2018, expediente 2007-

00107-01(47300).
29 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 14 de junio de 2019, expediente 1999-

02281-01(43992).
30 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 11 de julio de 2018, expediente 2014-

00691, SC5408-2018. “Como esa interpretación y alcance de la causal 8° fue reiterada y adoptada de manera
uniforme en posteriores sentencias dictadas en sede del recurso extraordinario de revisión, (…) constituye
doctrina probable en esa materia en los términos del artículo 4° de la Ley 169 de 1896, al punto que en
acciones de tutela, la Corte denegó el amparo implorado con sustento en esa misma tesis, aduciendo que los
accionantes contaban con el recurso extraordinario de revisión para cuestionar la deficiente motivación de los
fallos judiciales (…)”.
31 Sobre la improcedencia de la acción de tutela por falta del requisito de subsidiariedad derivado de la

existencia de un mecanismo de defensa judicial (recurso extraordinario de revisión) ver: Consejo de Estado,
Sección Primera, sentencias de 25 de noviembre de 2021, expedientes 2021-04029 y 2021-07287; Sección
Segunda, sentencias de 20 de septiembre de 2020 y de 11 de noviembre de 2021, expedientes 2020-01857-
01 y 2021-03085; Sección Tercera, sentencias de 22 de octubre de 2021, expedientes 2021-05561-01 y 2021-
06424-00 y de 17 de septiembre de 2021, expediente 2021-02337-01; Sección Cuarta, sentencias de 9 de
diciembre de 2021 y de 21 de octubre de 2021, expedientes 2020-04312-00 y 2021-06138, y Sección Quinta,
sentencias de 16 de septiembre de 2021 y de 14 de octubre de 2021, expedientes 2021-03350-01 y 2021-
06111-00.

10

Radicado: 110010315000202002897-00
Demandante: Gabriel Jaime Tobón Álvarez

En ese orden, conforme a lo previsto en el artículo 187 del CPACA sobre el
contenido de la sentencia, la nulidad originada por desconocimiento de motivación
precisa que la providencia omita el “examen crítico de las pruebas, con
explicación razonadas sobre ellas, [y/o] los razonamientos legales, de equidad y
doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones”32, o que
la exposición de los elementos constitutivos de la decisión sea manifiestamente
errónea.

Ahora bien, el recurrente sustentó la causal en el presunto desconocimiento del
principio de motivación, por omitir la sentencia acusada una apreciación adecuada
de las pruebas aportadas al expediente de reparación que, a su juicio,
acreditaban: (i) que la draga estaba “nueva y en buen estado” cuando fue
transportada a la base naval de Málaga para su uso en la ejecución del contrato
de obra suscrito entre la Armada Nacional y Coopacífico Ltda., empresa con la
que el demandante, en condición de tenedor, suscribió contrato de arrendamiento;
(ii) que el naufragio ocurrió durante el traslado realizado por la Armada Nacional a
la base naval donde se llevaría a cabo la obra, motivo por el cual fue ese
organismo el que asumió la reparación y el suministro de las piezas necesarias
para lograr el funcionamiento adecuado de la máquina y, (iii) que la Base Naval,
una vez terminó el contrato de obra, ordenó retirar las piezas usadas en la
reparación, “es decir desvalijan la draga, esta queda en iguales condiciones que al
momento del naufragio, es decir en pérdida total”33.

Al respecto, la sentencia objeto de revisión precisó que el daño alegado por el
demandante, consistente en la pérdida total de la draga Midas I, ocurrió en tres
episodios: en el naufragio, ocurrido el 7 de diciembre del 2000 cuando era
transportada por la Armada; en el rescate, que por la impericia de los agentes de la
Armada que participaron causó mayores daños, y durante su permanencia en la
base naval ARC Málaga, donde fue aparcada después de que terminó el contrato de
obra que motivó el arrendamiento de la máquina.

En lo relativo al primer episodio, la providencia analizó el otrosí del contrato de
obra suscrito el 31 de marzo de 2001, que amplió el plazo de ejecución después
del naufragio, y el acta de finalización y liquidación de ese acuerdo, entre otros
documentos, de los que infirió que la draga “tuvo que ser reparada, en aras de
dejarla en condiciones óptimas para su funcionamiento” y “funcionó por varios
meses, hasta que la entidad contratante decidió terminar y liquidar el contrato,
debido a que la empresa contratista no cumplió con las especificaciones técnicas
requeridas para la ejecución del contrato (…) [L]a terminación del contrato se dio por
la falta de idoneidad de la máquina para realizar el dragado y no por los daños que
hubieran sido ocasionados durante el naufragio. (…) [N]o obra en el expediente
ninguna prueba que indique que la imposibilidad de ejecutar el contrato con la draga
Midas I se deba a daños ocasionados durante el naufragio”.

Frente al segundo episodio, la sentencia recurrida hizo referencia a la orden de
operación emitida por el comando de la Base Naval para el rescate de la draga, con
la precisión de que tal documento no especificó las actividades realizadas para
recuperarla y ponerla en funcionamiento. También aparece el testimonio rendido por
el operador de Coopacífico Ltda. encargado de dirigir el traslado de la draga, que fue
apreciado junto con los demás medios de prueba en el sentido de considerar que no
ofreció certeza sobre los hechos, porque si bien manifestó que durante el naufragio
la máquina perdió varias piezas, que la Armada las reemplazó para ponerla en
32 CGP, artículo 280. Contenido de la sentencia.
33 Expediente digital, índice 3, archivo 1210, pág. 12.

11

Radicado: 110010315000202002897-00
Demandante: Gabriel Jaime Tobón Álvarez

funcionamiento y que las retiró después de terminado el contrato, no se aportaron
pruebas que permitieran corroborar su dicho, pues ninguno de los documentos
aportados describió el procedimiento de reparación ni las condiciones estructurales
del aparato después de la terminación del contrato de obra, dado que ni la empresa
arrendataria -Coopacífico Ltda- ni el arrendador, hoy recurrente, acudieron a la base
naval a retirarlo. Al punto, se dijo lo siguiente:

“(…) De acuerdo con la clasificación realizada por la doctrina, el señor Mosquera es un
testigo idóneo sospechoso34, debido a su interés personal en la causa sobre la cual
testificó, pues hacía parte de Coopacífico Ltda., empresa involucrada en los hechos
objeto de estudio y cuya responsabilidad sobre la draga se encuentra comprometida,
en virtud del contrato de arrendamiento que celebró sobre esta. Esto explica que en
su primera declaración hubiera manifestado que la draga se encontraba reparada y
que, en una declaración posterior agregara que esta reparación no fue suficiente para
dejar la draga en buena condición.
(…)
Adicionalmente, la Sala advierte lo siguiente: el señor Gabriel Jaime Tobón, el 15 de
febrero del 2001, desistió de la investigación administrativa adelantada en virtud del
naufragio35, debido a que la draga fue reparada y dejada en condición de realizar la
labor de dragado. Sin embargo, cuando la Armada Nacional, luego de la reparación de
la draga y de que esta trabajara durante varios meses, liquidó el contrato de obra,
debido a la falta de idoneidad de la máquina para cumplir con el objeto contractual, el
demandante solicitó la reanudación de la investigación, así como un peritaje que
determinara el estado de la draga”.

La Subsección “C” de la Sección Tercera estableció que el dictamen pericial
realizado el 15 de julio de 2002, ampliado por medio de escrito fechado el 23 de
enero de 2003, tampoco acreditó el elemento de imputación, porque la prueba
técnica se circunscribió a analizar los hechos relacionados con el naufragio y a
determinar sus causas, pero “no hizo ninguna referencia al estado de la draga luego
de haber sido utilizada para labores de dragado durante varios meses, (…) nada
relacionado con el desarmado de la draga, por parte de la Armada Nacional, luego
de haber sido reparada.”.

Así, la sentencia cuestionada consideró que la avería de la draga, sufrida durante
el naufragio y el rescate realizado por la Armada Nacional, fue reparada “al punto
de permitir su cabal funcionamiento, como efectivamente ocurrió”.

En cuanto al tercer episodio, la sentencia objeto de revisión advirtió: “no hay
ninguna prueba que demuestre que la draga fuera posteriormente desvalijada por
la Armada Nacional, como lo afirma la parte actora”, pues si bien se acreditó la
existencia del naufragio durante la maniobra de traslado a cargo de la Armada
Nacional y su rescate, también se encontró probado que la avería que sufrió la
máquina en esos eventos fue reparada en forma satisfactoria, dado que fue usada
en la ejecución del contrato de obra. Sobre el particular, la providencia recurrida
señaló:

“(…) [A]nte la falta de prueba que indique la causa del daño de la draga luego de haber
sido reparada y puesta en funcionamiento, la Sala encuentra que, en virtud del
contrato de arrendamiento celebrado entre el demandante y la empresa Coopacífico
Ltda., esta última tenía la obligación de devolver la maquinaria a su arrendador en
perfecto estado, pues así quedó estipulado en el contrato de arrendamiento entre

34 FRAMARINO DEI MALATESTA, Nicola. Lógica de las Pruebas en Materia Criminal, Vol. II, 4ª edición,
Temis, Bogotá, 1992, pp.
35 F. 84, c. 2.

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Radicado: 110010315000202002897-00
Demandante: Gabriel Jaime Tobón Álvarez

aquellos suscrito. Esta Sala no encuentra razón que explique por qué, el demandante
no exigió a Coopacífico Ltda. el cumplimiento de dicho contrato, situación que entraña
un tipo de responsabilidad de índole contractual, exigible en otra jurisdicción ante un
eventual daño o pérdida total de la maquinaria arrendada, y sí acudió a este
contencioso en procura de la reparación de unos daños que, como ha quedado visto,
tuvieron ocasión después de la cesación de los trabajos realizados con la draga una
vez recuperada del naufragio, reparada y puesta en operación.
(…)
Por lo anterior, no es posible imputarle a la entidad demandada la pérdida total de la
draga, debido a que no se realizó una experticia idónea al momento de liquidar el
contrato de obra que determinara en qué condiciones se entregaba la maquinaria,
sino que su condición fue evaluada luego de varios meses en que la maquinaria
estuvo desatendida en las instalaciones de la Armada Nacional, en situación de
abandono que dicha entidad hubo de denunciar en múltiples ocasiones”.

Las consideraciones citadas descartan la configuración de la causal de nulidad
originada en la sentencia por indebida motivación, porque, contrario a lo afirmado
por el recurrente, la providencia acusada hizo una apreciación razonada de los
medios de prueba que permitió a la Sección Tercera, Subsección “C”, concluir que
el demandante no acreditó que el daño consistente en el deterioro total de la draga
fuera atribuible a la Armada Nacional, pues si bien la máquina naufragó cuando
era transportada por agentes de la base naval ARC de Málaga y estuvo sometida
al operativo de rescate, el ente estatal demandado procedió a repararla y a
ponerla en funcionamiento, posibilitando su uso en la ejecución del contrato de
obra suscrito por ese organismo y la empresa Coopacífico Ltda., arrendataria de la
máquina.

Lo que realmente hace el recurrente, más que acreditar alguno de los supuestos
que la jurisprudencia de la Corporación ha establecido para la configuración de la
causal prevista en el numeral 5º del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA),
es presentar la valoración probatoria que a su juicio es acertada, para concluir que
las averías de la draga eran atribuibles a la Armada Nacional, bajo la
consideración de que ese organismo retiró las piezas que usó en la reparación,
hecho que no demostró, tal como lo precisó la sentencia cuestionada.

Resulta claro para la Sala que el demandante fundó el recurso extraordinario en
razones que pretenden reabrir el debate concluido por medio de sentencia
ejecutoriada, para que se acoja la apreciación probatoria que considera adecuada
para resolver el problema jurídico ya definido. Tal actuación convierte la vía judicial
extraordinaria en una instancia adicional, con el propósito de lograr un nuevo juicio
que atienda las reiteradas argumentaciones del recurrente, pretensión que
evidentemente no se ajusta a la naturaleza del recurso extraordinario de revisión.

Conforme con lo expuesto, la Sala concluye que lo pretendido por el recurrente
Gabriel Jaime Tobón Álvarez es cuestionar las consideraciones en las que la
Subsección “C” de la Sección Tercera sustentó la revocación de la decisión de
primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda, aludiendo
una presunta falta de motivación de la sentencia por la inadecuada valoración de
las pruebas que, en su criterio, demostraban la imputación del daño al órgano
demandado, argumento que, como quedó demostrado, carece de fundamento,
pues está claro que la sentencia analizó todos los medios de prueba allegados al
expediente de reparación directa en conjunto y conforme a las reglas de la sana
crítica.

13

Radicado: 110010315000202002897-00
Demandante: Gabriel Jaime Tobón Álvarez

La Sala insiste en que el recurso extraordinario de revisión es una excepción al
principio de cosa juzgada, que procede solo por las causales específicas
señaladas por el legislador en el artículo 250 del CPACA. No es una instancia
adicional del proceso ordinario en el que se profirió la sentencia cuestionada, que
permita reabrir el debate probatorio concluido por medio de sentencia
ejecutoriada.

En ese orden, el recurso extraordinario de revisión sustentado en la causal
de nulidad originada en la sentencia resulta infundado, toda vez que los
argumentos que soportaron el presunto desconocimiento del principio de
motivación no encajan en ninguno de los supuestos que determinan la
prosperidad de la causal prevista en el artículo 250-5 del CPACA, pues no se
observa que la sentencia hubiera omitido la apreciación de las pruebas o que
hubiera realizado una valoración probatoria manifiestamente errónea.

En consecuencia, la Sala declarará infundado el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por el apoderado de Gabriel Jaime Tobón Álvarez contra la sentencia
proferida por la Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación el 11 de
marzo de 2019, que revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, negó
las pretensiones de la demanda.

3.6. Costas

El artículo 255 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), modificado por la Ley 2080 de
2021, precisa que en el evento en que se declare infundado el recurso
extraordinario de revisión se condenará en costas y perjuicios al recurrente. Con
ese propósito, la Sala se remitirá a la norma procesal general que resulta aplicable
por expresa remisión de los artículos 188 y 306 ejusdem.

En lo relativo a la condena, es del caso precisar que, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 361 del CGP, las costas están integradas por los gastos procesales y
por las agencias en derecho, y solo habrá lugar a su imposición “cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación” 36. Al
respecto, la Sala observa que en este caso no procede su imposición por los
componentes de expensas y gastos procesales, porque no aparece demostrado
en el expediente que la parte demandada hubiera incurrido en pagos por esos
conceptos.

En cuanto al componente de agencias en derecho, la Sala observa que en el
expediente no aparece prueba de que se hubieran causado, dado que el órgano

36 CGP, artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que

haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el
recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los
casos especiales previstos en este código. 2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la
actuación que dio lugar a aquella. (…) 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se
causaron y en la medida de su comprobación.
CGP, artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en
el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la
providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior,
con sujeción a las siguientes reglas: (…) 4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las
tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o
este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada
por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales,
sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas.”. Al respecto ver: Acuerdo No.1887 de 2003, artículo 3.
“CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 3.1. ASUNTOS. (…) 3.1.3. Segunda instancia. (…) Con cuantía: Hasta
el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia. (…)”.

14

Radicado: 110010315000202002897-00
Demandante: Gabriel Jaime Tobón Álvarez

demandado guardó silencio en el término de traslado de la demanda y no ejerció
su defensa en otra etapa del procedimiento. En ese orden, la Sala no impondrá
condena en costas al recurrente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sala 17 Especial de Decisión, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por Gabriel Jaime Tobón Álvarez contra la sentencia proferida por la
Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación el 11 de marzo de 2019,
que revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones
de la demanda.

SEGUNDO: SIN CONDENA en costas.

Cópiese, Notifíquese y Cúmplase

JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente de la Sala Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Magistrado Magistrado
Aclaración de voto Firmado electrónicamente
Firmado electrónicamente

WILSON RAMOS GIRÓN
Magistrado
Firmado electrónicamente

15

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