Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-06476-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-06476-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-06476-01
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
16 de mayo de 2024
Demandante: Gabriel Jaime Tobón Álvarez
Demandado: Consejo de Estado, Sala Diecisiete Especial de Decisión
Rad: 11001-03-15-000-2023-06476-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Ricaurte (Cundinamarca), dieciséis (16) de mayo dos mil veinticuatro
(2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06476-01
Demandante: GABRIEL JAIME TOBÓN ÁLVAREZ
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SALA DIECISIETE ESPECIAL DE
DECISIÓN
Temas: Tutela contra providencia judicial – falta de relevancia
constitucional – confirma
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala decide la impugnación instaurada por la parte demandante contra la
sentencia del 21 de noviembre de 2023, a través de la cual la Subsección B de
la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de
tutela, por no cumplir el requisito de la inmediatez.
I. ANTECEDENTES
1.1. La petición de amparo
Mediante escrito del 20 de octubre de 2023, el señor Gabriel Jaime Tobón
Álvarez presentó acción de tutela contra de la Sala Diecisiete Especial de
Decisión del Consejo de Estado con el fin de obtener la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia.
Consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales con ocasión de la
providencia del 17 de marzo de 2023 proferida por dicha autoridad judicial en el
recurso extraordinario de revisión identificado con el radicado 11001-03-15-000-
2020-02897-00. A su vez, el demandante cuestionó la sentencia de segunda
instancia del 11 de marzo de 2019 en el proceso de reparación directa
identificado con el número 76001-23-31-000-2002-05139-01, mediante la cual la
Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación, revocó la decisión de
primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda
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Demandante: Gabriel Jaime Tobón Álvarez
Demandado: Consejo de Estado, Sala Diecisiete Especial de Decisión
Rad: 11001-03-15-000-2023-06476-01
promovida contra la Nación, Ministerio de Defensa, Armada Nacional.
1.2. Pretensiones
En consecuencia, la parte actora solicitó
PRIMERO: Que se DECLARE vulnerado el DERECHO FUNDAMENTAL AL
DEBIDO PROCESO por el CONSEJO DE ESTADO en cabeza del
MAGISTRADO PONENTE JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ, con ocasión a la
sentencia de única instancia del 17 de marzo de 2023, notificada por correo
electrónico el 21 de abril de 2023.
SEGUNDO: Se ORDENE al CONSEJO DE ESTADO proferir una decisión
conforme al acervo probatorio obrante en el expediente.
1.3. Hechos
El señor Gabriel Jaime Tobón le arrendó una draga a la empresa Coopacifico
Ltda., la cual fue utilizada por dicha empresa para cumplir el contrato de obra
que celebró con la Armada Nacional para el dragado de una zona marina. El 7
de diciembre de 2000 mientras la maquina era trasladada por miembros de la
armada desde el puerto de Buenaventura hasta Bahía Málaga, donde debía
realizar dicha actividad, ocurrió el naufragio de ésta.
Por lo anterior, el señor Tobón Álvarez presentó demanda en ejercicio del
medio de control de reparación directa en contra de la Nación, Ministerio de
Defensa Nacional, Armada Nacional para que se declarara patrimonialmente
responsable por los daños sufridos como consecuencia del naufragio de la
draga a manos de miembros de dicha institución, por el deterioro que sufrió con
ocasión de su rescate y la pérdida de elementos estructurales mientras se
encontraba en poder de la armada, luego de terminado el contrato de obra.
Mediante sentencia del 19 de agosto de 20111, el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca declaró probada la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva de Coopacífico Ltda; declaró administrativamente responsable
1 “1. DECLARANSE NO PROBADAS LAS EXCEPCIONES PROPUESTAS POR LA NACIÓN –
MINISTERIO DE DEFENSA – ARMADA NACIONAL.
2. DECLÁRENSE PROBADA LA EXCEPCIÓN PROPUESTA POR COOPACIFICO LTDA, en
cuanto a la falta de legitimación en la causa por pasiva.
3. DECLÁRENSE a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – ARMADA NACIONAL
administrativamente responsables de los perjuicios ocasionados por los hechos ocurridos el 7
de mayo de 2000 en inmediaciones de la ensenada del Tigre en Jurisdicción del Municipio de
Buenaventura – Valle del Cauca. 4. Como consecuencia de la declaración anterior,
CONDÉNASE NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – ARMADA NACIONAL, a pagar por
concepto de perjuicios materiales las siguientes sumas de dinero:
Por concepto de daño emergente: Quinientos cuarenta y cuatro millones quinientos treinta y
nueve mil setecientos ochenta y tres pesos ($ 544´539.783,00) M/CTE.
Por concepto de lucro cesante: Mil novecientos diecinueve millones novecientos doce mil ciento
ochenta pesos ($ 1.919.912.180,00) M/CTE. 5. Negar las demás pretensiones de la demanda.
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Demandante: Gabriel Jaime Tobón Álvarez
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a la demandada y la condenó al pago de perjuicios materiales en la modalidad
de daño emergente y lucro cesante. El a quo estimó que la Armada Nacional
aceptó transportar la draga sin inspección previa, debido a que se trataba de
una maquina nueva y en buen estado. Además, encontró probado que el
hundimiento ocurrió como consecuencia de que la tripulación del remolcador de
bahía y el suboficial desatendieron las medidas técnicas para realizar el
remolque, excediendo la velocidad permitida.
Agregó que, si bien el ente demandado rescató la draga, la reparó y posibilitó
su uso al contratista que la arrendó para ejecutar el contrato de obra, «la
responsabilidad irradio a todas las actividades y diligenciamientos realizados por la
armada con posteridad al naufragio».
Con fallo del 11 de marzo de 20192, la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado revocó la providencia de primera instancia y, en su lugar,
negó las pretensiones de la demanda. Esto, porque si bien encontró acreditado
el deterioro y pérdida de la draga después de la terminación del contrato de
obra en el que fue usada, no se demostró que la causa de esa circunstancia
fuera atribuible a la parte demandada.
Agregó que el daño causado durante la labor de transporte adelantado por la
Armada Nacional fue reparado al punto de permitir su cabal funcionamiento y
no existía ninguna prueba que demostrara que la draga fuera posteriormente
desvalijada, como lo afirma el demandante.
El actor formuló recurso extraordinario de revisión contra esa decisión con
fundamento en las causales previstas en los numerales 1. ° y 5 del artículo 250
de la Ley 1437 de 2011.
A través de la sentencia de 17 de marzo de 20233, la Sala Diecisiete Especial
de Decisión del Consejo de Estado declaró infundado el recurso por no
encontrar configuradas las causales invocadas.4
2 Notificado el 11 de abril de 2019 mediante correo electrónico.
Se dispuso: REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
el 19 de agosto de 2011, en el que accedió a las pretensiones de la demanda y, en su lugar:
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda.
3 PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto por
Gabriel Jaime Tobón Álvarez contra la sentencia proferida por la Subsección C de la Sección
Tercera de esta Corporación el 11 de marzo de 2019, que revocó la sentencia de primera
instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda
4 Frente a la causal 1° de revisión concluyó que el documento aportado por el demandante no
reunía los presupuestos para ser considerado como una prueba documental recuperada
después de dictada la sentencia, porque se trataba de un oficio expedido con posteridad a la
providencia por solicitud del demandante y no resultaba decisivo, «pues su apreciación no
supone que la decisión hubiera sido diferente».
Por último, en cuanto a la causal 5, sustentado en la causal de nulidad originada en la
sentencia, arguyó que resultaba infundada toda vez que los argumentos que soportaron el
presunto desconocimiento del principio de motivación no encajaban en ningún de los supuestos
que determinan la prosperidad de la causa prevista en el artículo 250-5 del CPACA, «pues no
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La anterior decisión fue notificada mediante correo electrónico el 21 de abril de
2023.
1.4. Sustento de la petición
En primer lugar, explicó que se cumplían todos los requisitos de procedibilidad,
en especial con la inmediatez, pues la sentencia fue proferida el 17 de marzo de
2023 y notificada el 21 de abril del mismo año.
Mencionó que, este asunto goza de relevancia constitucional pues la
providencia del 17 de marzo de 2023 se adoptó con desconocimiento de: «i) el
medio de control invocado, el cual es la reparación directa ii) y su necesaria
indemnización concerniente al daño emergente y el lucro cesante los cuales fueron
debidamente acreditados con las pruebas allegadas.»
Defecto fáctico: La parte actora sostuvo que sus derechos fundamentales se
vulneraron con la sentencia del 11 de marzo de 2019 porque se incurrió en una
«indebida valoración probatoria», por las siguientes razones:
Señaló que, la Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación al
dictar la sentencia desconoció las pruebas que demostraban que: i) la Draga
Midas I quedó en un deterioro total, ii) no hubo un plan previo y, iii) no se
tuvieron en cuenta las condiciones meteorológicas, ni la experiencia de la zona.
Al respecto, sostuvo:
Se menciona en la sentencia de segunda instancia proferida por el Consejo
de Estado - Sala de lo contencioso Administrativo – Sección Tercera –
Subsección C del 11 de marzo de 2019 con ponencia del consejero de
Estado Jaime Enrique Rodríguez Navas y notificada el 28 de marzo del
mismo año, de la cual fue objeto el Recurso Extraordinario de Revisión, que
no fue posible probar el estado en el cual la Armada por intermedio de la
Base Naval de “BAHÍA MÁLAGA” entregó la DRAGA MIDAS I la cual fue
objeto de un aparatoso accidente en alta mar debido a la impericia de los
funcionarios encargados de su traslado, hechos que fueron debidamente
probados pero que para la instancia judicial no se encontró un valor
probatorio suficiente para confirmar el daño ocasionado, aun cuando
existe en el plenario la copia de la orden de operación emitida por la
Base Naval ARC Málaga de diciembre del 2000, de igual forma la orden
de apoyo para zarpar al destino donde ocurrió el incidente de la Draga
Midas I y el informe del perito que detalló que la maniobra utilizada por
los miembros de la ARC Málaga no fue apropiada, desatendiendo con
esto todo tipo de recomendaciones, lo que generó un deterioro significativo
a la DRAGA MIDAS I, conllevando este hecho a que se desplegaran
condiciones y conciliaciones con la Base Naval ARC Málaga, esto es llegar
se observa que la sentencia hubiera omitido la apreciación de las pruebas o que hubiera
realizado una valoración probatoria manifiestamente errónea».
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a un concilio respecto de los arreglos que necesariamente debía recibir la
DRAGA MIDAS I para continuar con el trabajo para el cual fue contratada.
(…)
Con todo lo anterior, es pertinente que se les dé estudio a las pruebas
aportadas y que de igual forma se les brinde una valoración probatoria
debida a las pruebas ya existentes dentro del plenario.
Esto permite concluir que (…) es un fallo sin sustento probatorio, que
además va en plena contravía de lo establecido la Constitución y la ley y
por ende, configura una clara vulneración al derecho fundamental del
debido proceso.
Precisó que, la Base Naval Málaga se negó a entregar la documentación sobre
el estado de la draga; por tal motivo, no la pudo aportar al proceso y que el
abandono del que se pretende culpar al señor Gabriel Jaime Tobón Álvarez es
falso, ya que desde que evidenció el daño inició las acciones legales
pertinentes ante la Capitanía de Puerto de Buenaventura para que se reiniciara
la investigación y se nombrara un perito que evaluara las condiciones en que se
encontraba la draga.
Afirmó que «no es de mi conformidad ni la de mi cliente la decisión de instancia al no
acceder al reconocimiento del pago de los daños y perjuicios causados a mi
poderdante, por la DRAGA MIDAS I la cual fue objeto de un aparatoso accidente en
alta mar debido a la impericia de los funcionarios encargados de su traslado por lo que
se vio afectada, causándole la pérdida total de dicho equipo».
1.5. Trámite en primera instancia
Mediante auto de 24 de octubre de 2023, el magistrado ponente del Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B admitió la acción de tutela y se ordenó
la notificación al presidente y magistrados integrantes de la Sala Diecisiete
Especial de Decisión del Consejo de Estado.
Asimismo, se ordenó la vinculación del presidente y los magistrados integrantes
de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, del ministro de Defensa Nacional y del
comandante de la Armada Nacional, con el fin de que allegaran un informe
sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción.
1.6. Contestación
1.6.1. Consejo de Estado, Sala Diecisiete Especial de Decisión
Se opuso a la prosperidad de la solicitud de tutela, pues el accionante pretendía
atacar la decisión del proceso de reparación directa, como si el mecanismo de
amparo constituyera una instancia adicional.
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Demandado: Consejo de Estado, Sala Diecisiete Especial de Decisión
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Refirió que, en sus argumentos lo que cuestionó fue la sentencia de segunda
instancia del proceso de reparación directa, particularmente, lo concluido con
respecto al daño, puesto que, en criterio de la parte demandante, estaba
plenamente demostrado en el expediente.
Mencionó que, no se expuso con precisión cuál o cuáles fueron las pruebas
presuntamente omitidas o valoradas indebidamente, lo cual evidencia la
improcedencia del mecanismo.
16.2. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
La secretaría de esta corporación se limitó a aportar el enlace del proceso
ordinario 76001-23-31-000-2002-05139-00.
Los demás sujetos, pese a haber sido notificados en debida forma, no rindieron
informe de fondo frente al asunto.5.
1.7. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 21 de noviembre de 2023, el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B declaró la improcedente la acción de tutela por
no cumplir el requisito de la inmediatez. Destacó que, si bien en el escrito de
tutela se indicó como providencia atacada la del 17 de marzo de 2023,
mediante la cual se resolvió el recurso extraordinario de revisión, lo cierto es
que los argumentos que sustentan la solicitud se dirigieron de manera puntual a
cuestionar la sentencia del 11 de marzo de 2019; por lo tanto, el análisis se
limitaría a esta última providencia.
Reiteró que, no se cumplió el requisito de inmediatez, en atención a la referida
sentencia se notificó mediante edicto fijado el 28 de marzo 2019 y desfijado el
1. ° de abril siguiente.
Sostuvo que la acción de tutela se radicó transcurridos más de 4 años desde
que se realizó la notificación, es decir, por fuera del plazo de los 6 meses que
se estableció como razonable para presentar el amparo, pues la demandante la
presentó a través de correo electrónico ante esta Corporación el 20 de octubre
de 2023.
Precisó que, en este caso tampoco se explicó ni justificó la presentación tardía
de la acción, pues la actora no esgrimió ningún i) motivo válido o situación
personal que justificara su inactividad; ii) no se aprecia que se esté ante una
vulneración o amenaza permanente, iii) que el fundamento de la acción haya
surgido después de acaecida la actuación violatoria de los derechos, o iv)
ninguna otra circunstancia especial que permita flexibilizar el término de
5 Índice 7 del expediente digital Samai.
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inmediatez.
1.8. Impugnación
Mediante correo enviado el 19 de diciembre de 2023, la parte actora impugnó el
fallo de primera instancia que fue notificado el 14 del mismo mes y año.
En dicho correo se indicó lo siguiente:
HERNANDO MORALES PLAZA, actuando como apoderado del señor
GABRIEL JAIME TOBÓN ÁLVAREZ, encontrándome dentro del término
legal, adjunto en un (01) archivo PDF contentivo de un (01) folio, memorial
con consecutivo HM-2023-1627, por medio del cual presento
IMPUGNACIÓN en contra de la sentencia de tutela del 21 de noviembre de
2023, notificada por correo electrónico el 14 de diciembre del mismo año.
En el documento adjunto se refirió lo siguiente:
HERNANDO MORALES PLAZA, actuando como apoderado del señor
GABRIEL JAIME TOBÓN ÁLVAREZ, presento IMPUGNACIÓN en contra
de la sentencia de tutela de primera instancia del 21 de noviembre de 2023,
notificada por correo electrónico el 14 de diciembre del mismo año.
1.9. Trámite de impedimento y designación del conjuez
Se tiene que el asunto correspondió, en un primer momento, al despacho
magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez.
El magistrado Luis Alberto Álvarez Parra le manifestó su impedimento para
conocer del asunto de la referencia, en tanto que, consideró que se configuraba
la causal del numeral 6.º del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal,
aplicable al caso por disposición del artículo 39 del Decreto 2591 de 1991, pues
como integrante de la Sala Diecisiete Especial de Decisión dictó la providencia
objeto de estudio de la solicitud de amparo de la referencia.
Con providencia del 4 de abril de 2024 la Sala declaró fundado el impedimento
en mención.
Luego de surtido el debate del proyecto de sentencia en la Sala de Decisión
realizada el 18 de abril de 2024, no se logró obtener el quórum reglamentario
para su aprobación.
Por lo anterior, el expediente pasó al despacho de la magistrada Gloria María
Gómez Montoya y con auto del 28 de abril de 2024 se ordenó el sorteo de un
conjuez, a efectos de conformar el quórum requerido.
En cumplimiento de lo anterior se realizó diligencia el 3 de mayo de 2024, en la
cual fue designado como conjuez el señor Humberto Antonio Sierra Porto,
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decisión que le fue notificada el 6 de mayo siguiente.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por el
señor Tobón Álvarez contra la sentencia del 21 de noviembre de 2023 proferida
por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, de conformidad con
lo establecido en los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015 y 333 de 2021, así
como en el Acuerdo 080 de 2019.
2.2. Cuestión previa
Se tiene que, en su escrito de impugnación, la parte actora indicó lo siguiente
«presento IMPUGNACIÓN en contra de la sentencia de tutela de primera instancia del
21 de noviembre de 2023».
Al respecto, esta Sala debe precisar que el criterio mayoritario de la Sala era
que, constituía una carga para el impugnante exponer los motivos de
inconformidad con base en los cuales recurría un fallo de tutela. Tal
requerimiento se sustentaba tanto en las disposiciones del Decreto 2591 de
1991, como en los pronunciamientos de la Corte Constitucional6 y esta
Corporación7.
No obstante, lo anterior, a partir de esta providencia esta Sala recoge dicha
postura atendiendo a que el órgano de cierre en materia constitucional ha
sostenido que el término legal de 3 días para recurrir, debe entenderse como el
plazo para manifestar tal voluntad, lo que es suficiente para que aquella se
6 Ver entre otras la Sentencia C-590 de 2005 de la Corte Constitucional. La misma Corporación
en sentencia T-094-13 indicó: «e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible. Esta exigencia es
comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales
contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga
claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial,
que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de
pretender la protección constitucional de sus derechos».
7 Consejo de Estado, Sección Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate. Sentencia 19 de septiembre de
2018. Exp. 11001-03-15-000-2018-01300-01. Ver entre otras las sentencias del Consejo de
Estado del 12 de mayo de 2016 Exp. 2015-03501-01 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez, del 25 de agosto de 2016 Exp. 2016-01130-01, 27 de octubre de 2016 Exp. 2016-
01234-01, 19 de septiembre de 2018. Exp. 11001-03-15-000-2018-01300-01 M.P. Rocío Araújo
Oñate, del 15 de diciembre de 2015 Exp. 11001-03-15-000-2015-01828-01. M.P Carlos Enrique
Moreno Rubio, del 9 de febrero de 2017. M.P. Rocío Araújo Oñate. Exp. 11001-03-15-000-
2016-02014-01, del 15 de noviembre de 2017. M.P. Rocío Araújo Oñate. Exp. 11001-03-15-
000-2017-01880-01 y del 26 de abril de 2018. Exp. 11001-03-15-000-2017-02928-01. M.P.
Rocío Araújo Oñate, del 9 de noviembre de 2017. Exp. 11001-03-15-000-2016-02743-01. M.P.
Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
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tramite. Esto con fundamento en que el Decreto Ley 2591 de 1991, norma
especial, no exige la carga de motivación.8
A su vez, la Corte Constitucional ha manifestado una postura pacífica y
reiterada en cuanto a que la impugnación: (i) es un recurso de rango
constitucional; (ii) apunta a garantizar los derechos a la defensa y contradicción;
(iii) contribuye a la corrección de la decisión; (iv) tiene como única exigencia que
se presente dentro del término legal9; (v) se concede en el efecto devolutivo10,
con el fin de garantizar la protección inmediata de los derechos
fundamentales11, y (vi) autoriza al juez de tutela para que revise los argumentos
presentados desde el escrito inicial y, en caso de estimarlo necesario, solicite
informes o decrete pruebas con el fin de contrastar las actuaciones adelantadas
ante la primera instancia12.
Por lo anterior, si la impugnación presentada por la parte actora se pone en
conocimiento del juez de tutela de segunda instancia de manera oportuna, no
puede negarse el estudio de fondo de su caso, argumentando la falta de carga
argumentativa de la misma, por cuanto no se requiere sustentar el recurso de
impugnación cuando de acciones de tutela se trata.
En tal sentido, la simple manifestación del recurrente de que impugna la
decisión del a quo resulta suficiente para que el operador jurídico estudie la
solicitud inicial y los demás elementos que aparezcan en el expediente para
basar en ellos su decisión.
Por lo mismo, no es posible exigirle a la parte tutelante que reitere la totalidad
de los argumentos expuestos en el escrito inicial con el fin de que estos puedan
ser estudiados.
Así las cosas, si bien el actor se limitó a indicar que impugnaba la decisión, esta
Sala tiene el deber legal y constitucional de estudiar todos los reparos
expuestos en el escrito inicial, pues como ya fue advertido, el único requisito
de procedibilidad para el trámite de la impugnación es que se presente
dentro del término legalmente establecido.
8 Corte Constitucional, Auto 567 de 2019 y las Sentencias T-286 de 2018 y T-538 de 2017.
9 Corte Constitucional, Auto A 014A de 1997, 033 de 2000 y 078 de 2001; y las sentencias T-
225 de 1993, T-034 de 1994, T-661 de 2014 y T-286 de 2018.
10 El artículo 31 del Decreto 2591 de 1991 dispone que el fallo de primera instancia puede ser
impugnado, “sin perjuicio de su cumplimiento inmediato”. Esto ha sido reiterado en las
Sentencias C-122 de 2018, reiterando en los fallos T-577 de 1993, T-068 de 1995, T-559 de
1995, T-162 de 1997 y los Autos 567 de 2019 y 132 de 2012.
11 Ello quiere decir que, las órdenes del juez de primera instancia son de obligatorio
cumplimiento con independencia de si se interpuso el recurso de impugnación.
12 Corte Constitucional, Sentencia C-227 de 2009.
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2.2. Problema jurídico
De conformidad con los antecedentes, corresponde a la Sala determinar si hay
lugar a confirmar, revocar o modificar la providencia de primera instancia
conforme a lo planteado por la parte impugnante.
¿Se superan en el caso concreto los requisitos de procedibilidad adjetiva de la
acción de tutela contra providencia judicial?
De ser positiva la respuesta al interrogante anterior, la Sala analizará lo
siguiente:
¿El Consejo de Estado, Sala Diecisiete Especial de revisión vulneró los
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia al con ocasión de la providencia del 17 de marzo de 2023, que declaró
infundado el recurso extraordinario de revisión formulado contra la sentencia del
proceso de reparación directa en contra de la Nación, Ministerio de Defensa
Nacional Armada Nación?
Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas:
(i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencia judicial; (ii) de los requisitos de procedibilidad adjetiva
y; (iii) el caso concreto.
2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de
201213 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la
acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas
Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el
tema14 y declaró su procedencia.15
Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros
para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere
la relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez; y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces
para la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P.
María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
14 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena
antes reseñado.
15 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta
providencia.”
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observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la
improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, deberá la Sala adentrarse en la
materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud
y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa,
motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.
Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para
revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del
juez natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la
referencia.
2.4. Relevancia constitucional
Para el caso en concreto, la Sala anticipa que confirmará la improcedencia de la
presente acción de tutela, pero al considerar que carece de relevancia
constitucional puesto que no cumple con las reglas establecidas por la Corte
Constitucional en la Sentencia SU-215 de 202216.
En este fallo de unificación la Corte explicó que, las providencias judiciales
hacen tránsito a cosa juzgada; por tanto, cuando se interponga un mecanismo
de amparo constitucional contra una decisión judicial:
[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”.
Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una
alta corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en
cuenta que la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo
tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino que también son
fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones de los
jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio
de igualdad.
Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción
de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una
corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o
formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo
anterior como un eje fundamental para:
16 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.
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[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico,
pues así se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son
de su competencia y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de
la Constitución.
Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:
[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la
protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la
preservación de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para
la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la
prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de
los procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal17 (Énfasis de la
Sala).
De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:
En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en
torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no
referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico18; es
decir, la cuestión “debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible”
relevancia constitucional19.
[…]
En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal
y/o económica.
[…]
Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela
se restringe a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección
efectiva de los derechos [fundamentales] y no a problemas de carácter
legal20”. En este orden, se reitera que el examen de relevancia
constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda la mera
“inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales21”.
En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes
dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un
derecho fundamental.
[…]
17 Sentencia SU-573 de 2019.
18 Sentencia SU-103 de 2022.
19 Sentencia SU-103 de 2022.
20 Sentencia SU-103 de 2022.
21 Sentencia SU-128 de 2021.
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Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela
dirigida contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto22, lo que
implica verificar que en efecto se haya presentado una actuación judicial
claramente arbitraria o violatoria de los derechos fundamentales. Así, la
tutela contra providencias judiciales no debe representar una instancia
adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para definir
controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal23. (Resaltado
de la Sala)
Tras abordar los criterios que debe reunir una solicitud de amparo que reproche
una decisión judicial para superar el requisito de la relevancia constitucional, la
Corte Constitucional esbozó que el mecanismo de tutela formulado por RTI
S.A.S. no cumplía con este postulado. Lo anterior, porque (i) no tenía la
identidad para interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o
desarrollar el alcance de un derecho fundamental; (ii) involucraba un debate
eminentemente legal; (iii) planteaba una discusión preponderantemente
económica; y, (iv) no cumplía con la carga argumentativa y explicativa rígida
porque no se demostraba la grave violación de los derechos fundamentales
invocados.
2.5. Caso concreto
De la inmediatez: El a quo declaró la improcedencia de la acción de tutela por
no cumplir con el mentado requisito, en atención a que el defecto formulado
correspondía a la providencia dictada en segunda instancia en el proceso de
reparación directa, mas no a la decisión del recurso extraordinario de revisión y,
en tal sentido tal requisito debía contabilizarse desde la notificación de esta
última, a saber, la decidida en el marco del recurso extraordinario de
unificación.
Sea lo primero poner de presente que esta Sala se aparta de dicho análisis. Por
el contrario, se considera que el accionante agotó todos los medios de defensa
judicial - ordinarios y extraordinarios - a su alcance puesto que, contra la
sentencia de segunda instancia, que puso fin al proceso de reparación directa,
intentó el recurso extraordinario de revisión, invocando la causal 1° y 5° de
revisión del artículo 250 de CPACA.
Se ha insistido en que la acción de tutela debe presentarse en un plazo
razonable24, el cual debe ser ponderado por el juez en cada caso, pues de lo
contrario se burlaría el alcance jurídico establecido por el constituyente y se
22 Sentencia SU-573 de 2019.
23 Ibid.
24 Dicho criterio fue expuesto por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia
05.08.14, Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01, Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Así mismo, reiterado entre
otras en: Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia 26.02.15, Rad. 11001-03-15-000-2015-
00045-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; Consejo de Estado, Sección Quinta,
Sentencia 15.10.15, Rad. 11001-03-15-000- 2015-01605-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro.
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desvirtuaría su finalidad de ser un medio de protección actual, inmediato y
efectivo25.
De acuerdo con lo anterior, esta Sección26 ha considerado como plazo
prudencial el de seis (6) meses desde la ocurrencia del hecho generador – el
cual es el día hábil siguiente a la ejecutoria de la providencia judicial
cuestionada- que da lugar a la solicitud de protección y la presentación de ésta,
y cuando este es excesivo se declara su improcedencia. No obstante, lo
anterior, se analiza en cada caso concreto si median razones suficientes que
justifiquen el retardo, como para omitir su consideración y entrar al fondo del
debate jurídico planteado.
Así, la inmediatez se debe contar a partir de la notificación de la sentencia que
resolvió el recurso extraordinario de revisión, la cual se produjo el 21 de abril de
2023 y dado que esta acción de tutela fue radicada el 20 de octubre 2023, es
claro que el actor se encuentra dentro del plazo prudencial de 6 meses
establecidos por la jurisprudencia27.
Relevancia constitucional: Ahora bien, en cuanto a este requisito se tiene que el
señor Gabriel Jaime Tobón Álvarez presentó acción de tutela contra de la Sala
Diecisiete Especial de Decisión del Consejo de Estado con ocasión de la
providencia del 17 de marzo de 2023, proferida por dicha autoridad judicial en el
recurso extraordinario de revisión identificado con el radicado 11001-03-15-000-
2020-02897-00.
De una lectura integral de los argumentos expuestos en su demanda, se
advierte que la decisión cuestionada concretamente es la sentencia de segunda
instancia del proceso de reparación directa del 11 de marzo de 2019
identificado con el número 76001-23-31-000-2002-05139-01, pues consideró
que la Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación, al revocar la
decisión de primera instancia y, en su lugar, negar las pretensiones de la
demanda, incurrió en una «indebida valoración probatoria».
Ahora bien, los reparos de la parte actora apuntan a probar la presunta lesión
de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia ya que, a su juicio, de desconocieron las pruebas que
demostraban que el daño le era imputable a la Armada Nacional y debía ser
25 Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, Sentencia T-290 14.04.11., M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub.
26 Ver, entre otras, Sentencia 18.04.13, Rad. 11001-03-15-000-2012-01172-01, M.P. Susana
Buitrago Valencia; Sentencia 03.07.13, Rad. 11001-03-15-000-2012-01891-01, M.P. Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez; Sentencia 03.07.13, Rad. 11001-03-15-000-2013-00142-01,
M.P. Alberto Yepes Barreiro; Sentencia 21.09.16, Rad. 11001-03-15-000-2016-01549-01, M.P.
Rocío Araújo Oñate.
27 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto
de 2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica.
Actor: Alpina Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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indemnizado por los daños sufridos como consecuencia del naufragio de una
draga a manos de miembros de dicha institución, así como el deterioro que
sufrió con ocasión de su rescate y la pérdida de sus elementos estructurales.
Adujo que dichas pruebas demostraban que: i) la draga quedó en un deterioro
total, ii) no hubo un plan previo y, iii) no se tuvieron en cuenta las condiciones
meteorológicas, ni la experiencia de la zona. Adicionalmente sostuvo que la
Base Naval Málaga se negó a entregar la documentación sobre el estado de la
draga y, por tal motivo, no la pudo aportarla al proceso.
Atendiendo a dichos argumentos, estima la Sala que se pretende controvertir
las conclusiones asociadas a la valoración probatoria efectuada por el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección C, que revocó la decisión del a quo,
para en su lugar, negar las pretensiones al concluir que si bien quedó
acreditado el naufragio de la maquina por parte de la Armada Nacional, el daño
ocasionado fue reparado con el fin de que la maquinaria entrara en
funcionamiento para la ejecución del contrato de obra.
En la sentencia acusada se reiteró que, el daño causado a la draga por el
siniestro ocurrido durante la labor de transporte adelantada por la Armada
Nacional fue reparado al punto de permitir su cabal funcionamiento, como
efectivamente ocurrió, pero no había pruebas que demostraran que la draga fue
posteriormente desvalijada.
La autoridad judicial accionada concluyó que, por lo anterior no era posible
imputarle a la entidad demandada la pérdida total de la draga debido a que no
se realizó una experticia idónea al momento de liquidar el contrato de obra que
determinara en que condiciones se entregaba la máquina, sino que su estado
fue evaluado luego de varios meses en que estuvo en situación de abandono.
Agregó que en virtud del contrato de arrendamiento celebrado entre el
demandante y la empresa Coopacifico Ltda., esta última tenía la obligación de
devolver la máquina a su arrendador en perfecto estado.
Empero, el accionante aduce que el yerro fáctico consistió en que «la DRAGA
MIDAS I la cual fue objeto de un aparatoso accidente en alta mar debido a la impericia
de los funcionarios encargados de su traslado por lo que se vio afectada, causándole la
pérdida total de dicho equipo». Al respecto, citó las siguientes pruebas: i) copia de
la orden de operación emitida por la Base Naval ARC Málaga de diciembre del
2000, ii) la orden de apoyo para zarpar al destino donde ocurrió el incidente y iii)
el informe del perito que detalló que la maniobra utilizada por los miembros de
la ARC Málaga no fue apropiada.
No obstante, el actor no se refiere o controvierte de manera especifica las
razones del tribunal para concluir que el daño no le era imputable el daño a la
Armada Nacional, ni mucho menos desarrolla una argumentación tendiente a
demostrar la incidencia de esas pruebas en la decisión.
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Dichas afirmaciones, llevan a la Sala a considerar que el tutelante busca reabrir
el debate probatorio y que el juez de tutela imponga una valoración distinta o
una interpretación de las pruebas a la que asumió el juez natural de la causa.
Sobre el punto, se itera que en materia de tutelas contra providencias judiciales
le está vedado al juez constitucional inmiscuirse en asuntos propios de la órbita
de los jueces naturales de la causa; por lo tanto, el estudio debe basarse
exclusivamente en los argumentos de raigambre constitucional esgrimidos por
el actor dentro del trámite de tutela, toda vez que analizar puntos meramente
legales atentaría contra el principio de autonomía judicial y así, en últimas
convertiría el mecanismo constitucional en una tercera instancia.
En consecuencia, se considera que no se acreditaron los criterios fijados por la
Corte Constitucional en la SU-215 de 2022 para encontrar superado el requisito
de relevancia constitucional, ya que los argumentos traídos en el escrito de
tutela ya fueron desatados por el juez natural de la causa, quien concluyó que el
daño no le era imputable a la Armada Nacional porque, luego del naufragio,
reparó y puso en funcionamiento la máquina. En tal sentido, era la empresa
arrendataria Coopacifico Ltda quien tenía la obligación contractual de devolver
la draga en el estado que le fue entregada.
La Sala concluye que la parte pretender utilizar la tutela como un mecanismo
para revivir la controversia ya definida, cuestión que no impacta la garantía de
los derechos fundamentales invocados, pues busca convertir el trámite en una
tercera instancia. Esto, pues la competencia de este juez se restringe a la
protección efectiva de las garantías constitucionales y no a problemas de
carácter legal o a estudiar una mera inconformidad con las decisiones
adoptadas por los jueces naturales.
2.6. Conclusión
Por lo explicado, esta Sala confirmará la decisión de primera instancia, pero al
considerar que no se cumplió con el requisito de la relevancia constitucional.
Ello, en la medida en que, tal y como se advirtió, en el marco del defecto fáctico
no se cumple con la carga argumentativa ni se edifican en argumentos de
raigambre superior, sino que denotan una mera inconformidad con el sentido de
la decisión y su análisis probatorio.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
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Demandado: Consejo de Estado, Sala Diecisiete Especial de Decisión
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FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 21 de noviembre de 2023, a
través de la cual la el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
declaró la improcedente la acción, pero por las razones anotadas en esta
providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, de conformidad con el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
Aclara voto
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Conjuez
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081.
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