Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2002-05139-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Acción de reparación directa
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2002-05139-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 76001-23-31-000-2002-05139-01
Consejero ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas
11 de marzo de 2019
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - Revoca
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DAÑO CAUSADO A LA PROPIEDAD - Naufragio de draga / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR NAUFRAGIO DE DRAGA - No configurada
SÍNTESIS DEL CASO: El señor Gabriel Jaime Tobón arrendó una draga a la empresa Coopacífico. Esta fue utilizada por dicha empresa para cumplir el objeto del contrato de obra que celebró con la Armada Nacional, para el dragado de una zona marina. Mientras la draga era trasladada, por miembros de la Armada Nacional, desde el puerto de Buenaventura hasta Bahía Málaga, donde debía realizarse el dragado, ocurrió el naufragio de esta, por lo que el demandante pretende la reparación de los perjuicios causados.
PROBLEMA JURÍDICO: Antes de entrar a analizar si el naufragio de la draga ocurrió como consecuencia de una falla en el servicio, por parte de la Armada Nacional, es necesario determinar la existencia de un daño antijurídico. Para el efecto, la Sala tendrá que estudiar si se encuentran debidamente acreditados los daños sufridos por la draga con ocasión del mentado naufragio.
JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA - Entidad de carácter público / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA - En razón a la cuantía
Como la presente controversia se originó en una actuación en la que se encuentra involucrada una entidad pública, el presente asunto es de conocimiento de esta jurisdicción, de conformidad con el artículo 82 del CCA. A su vez, esta Sala es competente para resolver el presente caso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa, en razón al recurso de apelación interpuesto por las partes, en un proceso con vocación de segunda instancia, en los términos de la Ley 446 de 1998, dado que la cuantía de la demanda, determinada por el valor de la mayor de las pretensiones supera la exigida por la norma para el efecto.
FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 82 / LEY 446 DE 1998
PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - Casos de responsabilidad extracontractual por un hecho, omisión u operación de la Administración
[D]e acuerdo con el artículo 86 del CCA, la reparación directa es la acción procedente en los casos en lo que se persigue la declaración de responsabilidad extracontractual por un hecho, omisión u operación de la administración, como se pretende en el presente caso.
FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 86
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - Término. Cómputo / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN - No operó. La demanda se presentó de forma oportuna
La acción de reparación directa incoada por Gabriel Jaime Tobón (art. 86, CCA) tiene una vigencia de “[…] dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa” (art. 136.8. CCA). En el presente asunto, el demandante alegó que el hecho que ocasionó el daño consistió en la falla en la que incurrió la Armada Nacional que ocasionó el naufragio de la draga arrendada ocurrido el 7 de diciembre del 2000. Como la demanda se presentó el 6 de diciembre del 2002, la Sala encuentra que la acción de reparación directa se ejerció oportunamente.
FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 86 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 136.8
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA - No se acreditó la propiedad de la draga / CONTRATO DE ARRENDAMIENTO - Acredita la tenencia material del bien mueble / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA - En calidad de tenedor material de la nave
De acuerdo con la normativa señalada, la draga es un bien mueble de carácter especial cuyo título traslaticio de dominio está sometido a la solemnidad de la escritura pública y al registro. Por tanto, para demostrar la propiedad del bien por el que se reclama perjuicios es necesario aportar la escritura pública del título y la constancia de registro, cuya certificación debe ser expedida por la capitanía del puerto, sin embargo, al proceso no se aportaron dichos medios de prueba. No obstante lo anterior, en el proceso se demostró la suscripción de un contrato de arrendamiento entre el señor Gabriel Jaime Tobón, como arrendador, y Coopacífico S.A., como arrendatario, sobre el bien mueble mencionado; además, obran en el expediente dos certificaciones relacionadas con la construcción y ensamble de la embarcación, documentos que si bien no demuestran la propiedad, son indicativos de la calidad de poseedor de la nave del señor Tobón Álvarez. (…) [S]e tendrá como legitimado en la causa por activa al actor, en calidad de tenedor material del bien mueble que naufragó, por el que reclama perjuicios. Esto, en virtud de los medios de prueba aportados que dan cuenta de que el demandante ejercía la posesión del bien y en este sentido su pérdida pudo haberle afectado de alguna manera, por lo que la Sala pasará a estudiar el asunto. NOTA DE RELATORÍA: Respecto a la legitimación en la causa por activa, consultar sentencia del 6 de octubre de 2016, exp. 38296, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA - Acreditación
Según el actor, la entidad demandada Nación-Ministerio de Defensa-Armada Nacional fue la encargada de realizar la maniobra de traslado de la draga que terminó en un su naufragio, por lo que la Nación se encuentra legitimada en la causa por pasiva y en su representación acude la Armada Nacional, por cuanto sus miembros estuvieron involucrados en el siniestro. Así mismo, se encuentra legitimada en la causa la empresa Coopacífico Ltda. que fungía como contratista de la Nación para la obra en virtud de la cual arrendó el bien mueble afectado, situación de la que se deriva su interés sustantivo para integrar el extremo pasivo de la controversia.
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO - Cláusula general de responsabilidad / DAÑO ANTIJURÍDICO - Elementos que lo configuran
El artículo 90 de la constitución prestó fundamento al instituto de la responsabilidad patrimonial del Estado con basamento en una concepción dogmática cuyo centro no reside ya en un juicio de valor jurídico sobre el accionar del Estado, sino en la damnificación de la víctima, de tal manera que su elemento central ha quedado fundado en el daño que esta sufre, y el juicio de valor jurídico se ha desplazado hacia este. En efecto, el artículo 90 constitucional, que engloba dos proposiciones normativas, dispone lo siguiente en la primera de ellas: El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En este entendimiento, el daño incorpora dos elementos: uno, físico, material, y otro jurídico, formal. Para que el daño adquiera una dimensión jurídicamente relevante (para que pueda predicarse su antijuridicidad) es menester que recaiga sobre un interés tutelado por el derecho; que no exista un título legal conforme al ordenamiento constitucional que justifique o, legitime la lesión al interés jurídicamente tutelado; y que no haya sido causado por la propia víctima.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 90
DAÑO ANTIJURÍDICO - No es imputable a la demandada por cuanto la draga fue reparada después del siniestro / DAÑO POR NAUFRAGIO DE DRAGA - Entraña un tipo de responsabilidad de índole contractual exigible en otra jurisdicción / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR NAUFRAGIO DE DRAGA - No se configuró
Respecto del primer hecho generador del daño, la Sala observa que se encuentra debidamente acreditado que el 7 de diciembre del 2000 ocurrió un siniestro en el que la Draga Midas I naufragó. Sin embargo, de acuerdo con el material probatorio obrante en el expediente, la draga fue reparada después del accidente, con el fin de cumplir el objeto del contrato de obra para el que fue arrendada. (…) También se evidencia en el expediente que la draga reparada funcionó por varios meses, hasta que la entidad contratante decidió terminar y liquidar el contrato, debido a que la empresa contratista no cumplió con las especificaciones técnicas requeridas para la ejecución del contrato. (…) Así las cosas, el daño que la parte actora aduce, sufrió la draga durante el naufragio, fue reparado con el fin de ponerla en funcionamiento para la ejecución de la obra, y no se evidencia que este hubiera tenido consecuencias posteriores a la reparación, por lo que no se constituye como un daño reparable en sede contencioso-administrativa. (…) Por tanto, la Sala encuentra que no es posible atribuir la pérdida de la draga a la actuación de la entidad demandada, pues solamente se demostró en el proceso que los daños ocurridos con ocasión del naufragio de la draga fueron reparados para el cumplimiento del objeto del contrato de obra, y las pruebas aportadas son insuficientes para demostrar lo que hubiera sucedido con la draga luego de la liquidación de dicho contrato. (…) Ahora bien, ante la falta de prueba que indique la causa del daño de la draga luego de haber sido reparada y puesta en funcionamiento, la Sala encuentra que, en virtud del contrato de arrendamiento celebrado entre el demandante y la empresa Coopacífico Ltda., esta última tenía la obligación de devolver la maquinaria a su arrendador en perfecto estado, pues así quedó estipulado en el contrato de arrendamiento entre aquellos suscrito. Esta Sala no encuentra razón que explique por qué, el demandante no exigió a Coopacífico Ltda. el cumplimiento de dicho contrato, situación que entraña un tipo de responsabilidad de índole contractual, exigible en otra jurisdicción ante un eventual daño o pérdida total de la maquinaria arrendada, y sí acudió a este contencioso en procura de la reparación de unos daños que, como ha quedado visto, tuvieron ocasión después de la cesación de los trabajos realizados con la draga una vez recuperada del naufragio, reparada y puesta en operación. NOTA DE RELATORÍA: Con aclaración de voto del consejero Guillermo Sánchez Luque. Ver voto disidente del expediente con radicado No. 41679 de 2018.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bogotá D. C., once (11) de marzo de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 76001-23-31-000-2002-05139-01(43278)
Actor: GABRIEL JAIME TOBÓN ÁLVAREZ
Demandado: NACIÓN–MINISTERIO DE DEFENSA–ARMADA NACIONAL
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
Tema: Naufragio draga
Subtema 1: No demostró la imputabilidad del daño
Sentencia: Revoca
La Subsección resuelve los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el 19 de agosto de 2011, en la que accedió a las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Gabriel Jaime Tobón arrendó una draga a la empresa Coopacífico. Esta fue utilizada por dicha empresa para cumplir el objeto del contrato de obra que celebró con la Armada Nacional, para el dragado de una zona marina. Mientras la draga era trasladada, por miembros de la Armada Nacional, desde el puerto de Buenaventura hasta Bahía Málaga, donde debía realizarse el dragado, ocurrió el naufragio de esta, por lo que el demandante pretende la reparación de los perjuicios causados.
II. ANTECEDENTES
El 9 de diciembre de 2002, Gabriel Jaime Tobón Álvarez presentó demanda en ejercicio de la acción de reparación directa contra la Nación–Ministerio de Defensa–Armada Nacional, con la pretensión de que se le condene al pago de los perjuicios sufridos como consecuencia del naufragio de una draga a manos de miembros de la institución.
2.1. Trámite procesal relevante en primera instancia
Mediante auto del 16 de diciembre del 2002, el Tribunal Administrativo del Valle del cauca admitió la demanda contra la Nación-Ministerio de Defensa-Armada Nacional y ordenó la notificación del auto admisorio en debida forma. La entidad demandada contestó la demanda.
En virtud del incidente de nulidad propuesto por la empresa Coopacífico debido a que a pesar de haberse solicitado en la demanda su notificación como tercero afectado, esta no se realizó, el Tribunal negó la apertura de un incidente de nulidad, pero ordenó la notificación del auto admisorio de la demanda a la Sociedad Coopacífico Ltda. según las siguientes consideraciones:
Para el Despacho, es claro que hubo debida notificación a la parte demandada y que no se configuró las causales de nulidad alegadas, pero sí reconoce que de alguna manera el hecho de no haberse notificado el auto admisorio de la demanda a la sociedad Demandada no le permitió concurrir al proceso para que en ejercicio de su derecho de defensa contestara la demanda, propusiera excepciones y solicitara pruebas.
Así las cosas, surtida la notificación personal del auto admisorio a la empresa Coopacífico Ltda., ésta contestó la demanda el 29 de julio del 2007.
El 19 de agosto de 2011, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dictó sentencia de primera instancia en la que accedió a las pretensiones de la demanda.
La parte actora y la parte demandada interpusieron recursos de apelación contra la sentencia de primera instancia. En un acápite posterior, la Sala resumirá los motivos de inconformidad expuestos en los recursos.
2.5. Trámite en segunda instancia
Esta Corporación admitió los recursos, en auto del 14 de marzo de 2012.
En esta instancia, la parte demandante presentó alegatos de conclusión y el Ministerio Público rindió concepto. La parte demandada guardó silencio.
III. PRESUPUESTOS DE LA SENTENCIA DE MÉRITO
3.1. Jurisdicción, competencia y procedencia de la acción
Como la presente controversia se originó en una actuación en la que se encuentra involucrada una entidad pública, el presente asunto es de conocimiento de esta jurisdicción, de conformidad con el artículo 82 del CCA.
A su vez, esta Sala es competente para resolver el presente caso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa, en razón al recurso de apelación interpuesto por las partes, en un proceso con vocación de segunda instancia, en los términos de la Ley 446 de 1998, dado que la cuantía de la demanda, determinada por el valor de la mayor de las pretensiones supera la exigida por la norma para el efecto.
Por último, de acuerdo con el artículo 86 del CCA, la reparación directa es la acción procedente en los casos en lo que se persigue la declaración de responsabilidad extracontractual por un hecho, omisión u operación de la administración, como se pretende en el presente caso.
3.2. Vigencia de la acción
La acción de reparación directa incoada por Gabriel Jaime Tobón (art. 86, CCA) tiene una vigencia de “[…] dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa” (art. 136.8. CCA).
En el presente asunto, el demandante alegó que el hecho que ocasionó el daño consistió en la falla en la que incurrió la Armada Nacional que ocasionó el naufragio de la draga arrendada ocurrido el 7 de diciembre del 2000.
Como la demanda se presentó el 6 de diciembre del 2002, la Sala encuentra que la acción de reparación directa se ejerció oportunamente.
3.3. Legitimación para la causa
El hecho generador del daño fue la pérdida de una draga que había sido arrendada por el demandante a la empresa contratista Coopacífico Ltda. Por tanto, es determinante, en primer lugar, establecer su legitimación en la causa por activa para reclamar los perjuicios alegados en la demanda.
Una draga es una nave o un artefacto naval, bien mueble al cual se le aplican las disposiciones del Código de Comercio. Por tanto, para acreditar la propiedad sobre esta resulta necesario demostrar el perfeccionamiento por escritura pública del negocio jurídico traslaticio del dominio.
Código de comercio, artículo 1427: Los actos o contratos que afecten el dominio o que tengan por objeto la constitución de derechos reales sobre naves mayores o sobre aeronaves se perfeccionan por escritura pública. La respectiva escritura sólo se inscribirá en la capitanía del puerto de matrícula o en el registro aeronáutico nacional, según el caso.
La tradición se efectuará mediante dicha inscripción acompañada de la entrega material.
Las embarcaciones menores se sujetarán a lo dispuesto en el reglamento.
Código de comercio, artículo 1456: Será plena prueba del dominio y demás derechos reales sobre naves, así como de los embargos o hipotecas que pesen sobre ellas y de la existencia de litigios sobre tales derechos, los certificados que expida el capitán de puerto de matrícula, previo examen de ésta.
La parte demandante sostuvo que, como prueba de la propiedad sobre la draga obran en el expediente: i) la certificación emitida por la empresa Tractoagro sobre el ensamble del “equipo de dragado (MIDAS 1)”; ii) la Certificación expedida por la empresa Astilleros y Muelles Continental, en la que expresa que construyó la Draga Midas I en toda su parte estructural para el señor Gabriel Tobón, por un valor de $175.000.000; iii) y el contrato de arrendamiento suscrito entre Coopacífico S.A. y el señor Tobón Álvarez, sobre la draga en mención.
De acuerdo con la normativa señalada, la draga es un bien mueble de carácter especial cuyo título traslaticio de dominio está sometido a la solemnidad de la escritura pública y al registro. Por tanto, para demostrar la propiedad del bien por el que se reclama perjuicios es necesario aportar la escritura pública del título y la constancia de registro, cuya certificación debe ser expedida por la capitanía del puerto, sin embargo, al proceso no se aportaron dichos medios de prueba.
No obstante lo anterior, en el proceso se demostró la suscripción de un contrato de arrendamiento entre el señor Gabriel Jaime Tobón, como arrendador, y Coopacífico S.A., como arrendatario, sobre el bien mueble mencionado; además, obran en el expediente dos certificaciones relacionadas con la construcción y ensamble de la embarcación, documentos que si bien no demuestran la propiedad, son indicativos de la calidad de poseedor de la nave del señor Tobón Álvarez.
En sentencia del 5 de octubre del 2016, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación se encontró demostrada la legitimación en la causa por activa de un demandante que no acreditó su calidad de propietario sobre una embarcación, pero que, con el contrato de arrendamiento celebrado sobre la nave, se encontró demostrada su calidad de tenedor material del bien mueble.
En el mismo sentido la jurisprudencia de esta Sección ha precisado:
[D]e conformidad con la ley, la transmisión de vehículos automotores es solemne, en la medida en que para transferir la propiedad no basta con el contrato verbal o escrito celebrado entre las partes, sino que es preciso también que el mismo se inscriba en el registro correspondiente. Por ello, únicamente es prueba válida para el efecto la tarjeta de propiedad del bien mueble (…) La anterior circunstancia, sin embargo, no es suficiente para concluir que la [demandante] carece de legitimación material en la causa por activa pues dentro del expediente obran pruebas que llevan a la Sala al convencimiento de que la demandante ha sufrido un daño por cuenta de la vulneración de su derecho de posesión sobre el bien, el cual si bien es distinto al que adujo, también la legitima para acudir ante la jurisdicción (…). [L]a Sala ha reconocido, como lo hizo antes la Sección Tercera, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 762 y 2342 del Código Civil, que al poseedor pueden indemnizársele los perjuicios que haya sufrido con ocasión de la pérdida, inmovilización o destrucción de un determinado bien, al margen de que la calidad que haya invocado en la demanda hubiera sido la de propietario.
Así las cosas, en consonancia con la jurisprudencia antecedente citada, se tendrá como legitimado en la causa por activa al actor, en calidad de tenedor material del bien mueble que naufragó, por el que reclama perjuicios. Esto, en virtud de los medios de prueba aportados que dan cuenta de que el demandante ejercía la posesión del bien y en este sentido su pérdida pudo haberle afectado de alguna manera, por lo que la Sala pasará a estudiar el asunto.
Según el actor, la entidad demandada Nación-Ministerio de Defensa-Armada Nacional fue la encargada de realizar la maniobra de traslado de la draga que terminó en un su naufragio, por lo que la Nación se encuentra legitimada en la causa por pasiva y en su representación acude la Armada Nacional, por cuanto sus miembros estuvieron involucrados en el siniestro.
Así mismo, se encuentra legitimada en la causa la empresa Coopacífico Ltda. que fungía como contratista de la Nación para la obra en virtud de la cual arrendó el bien mueble afectado, situación de la que se deriva su interés sustantivo para integrar el extremo pasivo de la controversia.
IV. CONSIDERACIONES
4.1. De la prueba de los hechos expuestos en la demanda y en su réplica por parte de los demandados
A continuación, la Sala analizará las pruebas que obran en el expediente con relación a los supuestos fácticos de la pretensión declarativa de responsabilidad deprecada por el demandante, para valorar el mérito que ellas presten para acreditar los hechos que expuso como fundamento de sus pretensiones, hechos respecto de los cuales la Nación-Ministerio de Defensa-Armada Nacional y la empresa Coopacífico Ltda. controvirtieron algunos y manifestaron que no les constaban otros.
Según la demanda:
El 23 de octubre del 2000, la Nación-Ministerio de Defensa-Armada Nacional, Base Naval ARC Málaga celebró contrato de obra sin formalidades plenas con la empresa Coopacífico Ltda. cuyo objeto era el dragado del fondo marino de un volumen aproximado de 7000 metros cúbicos en la zona de la bahía de Málaga.
Sobre este hecho, obra en el expediente copia del contrato de obra sin formalidades plenas n.° 2-412-s-ABDN2/2000, por un valor de $135.000.000, suscrito entre el Jefe del Departamento de Administración Delegado del Gasto de la Base Naval ARC Málaga y la empresa Coopacífico Ltda., el 23 de octubre del 2000.
La empresa Coopacífico Ltda. celebró contrato de arrendamiento sobre la Draga Midas I, con el señor Gabriel Jaime Tobón, con el fin de cumplir el objeto contractual de dragado con la Armada Nacional. El canon mensual de arrendamiento se pactó en $12.000.000.
Sobre este particular, obra en el expediente copia del contrato de arrendamiento celebrado entre Coopacífico Ltda. y Gabriel Jaime Tobón Álvarez sobre la draga denominada Midas I, el 6 de diciembre del 2000. En el clausulado quedó estipulado que el contratista se comprometía a entregar la Draga en perfectas condiciones, así como la empresa contratante, a devolverla en el mismo estado; la draga sería entregada por el contratista en la ciudad de Buenaventura, mismo lugar dónde debería ser devuelta; los costos de transporte de la draga serían asumidas por la empresa contratante; entre otras.
El 7 de diciembre de 2000, mientras la draga Midas I era transportada hacia la Base Naval ARC, por miembros de la Armada Nacional, con el remolcador Josué Álvarez, ocurrió su naufragio, debido a i) la impericia de los encargados del traslado al maniobrar la maquinaria a alta velocidad; ii) la falta de planificación de la labor de traslado encomendada por el jefe del departamento de servicios generales de la Armada Nacional, pues no realizó las inspecciones necesarias para verificar si el transportador contaba con los elementos para atender una emergencia.
Como prueba de lo anterior obran en el expediente los siguientes medios de prueba:
• Copia de la orden de operación emitida por el Comando de la Base Naval ARC Málaga de diciembre del 2000, con el fin de efectuar la maniobra de remolque y embarque de personal de la empresa Coopacífico en el puerto de Buenaventura con destino a la Base Naval de Málaga. En la orden se anotó:
La operación consiste en zarpar con destino Buenaventura al muelle de la sociedad portuaria con el propósito de efectuar remolque de la draga Midas hacia la Base Naval ARC Málaga y embarcar abordo personal de la empresa Coopacífico, de igual manera con destino a la Base Naval de Bahía Málaga (…).
En caso que el alistamiento de zarpe se prolongue por horas de tarde o la noche, se aplazará para las primeras horas del día siguiente (…).
Debe extremar todas las medias de seguridad del caso en la maniobra de remolque, con el fin de evitar cualquier tipo de accidente.
• Copia de la orden de operación emitida por el Comando de la Base Naval ARC Málaga de diciembre del 2000, con el fin de “zarpar con destino al sitio donde se hundió la Draga Midas con el propósito de prestar apoyo al personal que trabaja en el área”.
• Copia de las anotaciones de la bitácora en las que se indica que la unidad llega a Buenaventura a las 10:00 y zarpa de este muelle a las 10:30 am del día siguiente, a las 14:30 pm la unidad zarpa remolcando la draga y a las 18:00 se verifica el remolque encontrándose 5 bodegas secas y dos con agua. Seguidamente se anotó:
Se procede a tratar de achicar los compartimentos de la draga que se encontraban con agua, pero la motobomba empezó a fallar debido a que se apagaba con la carga. Se continúa remolque debido a que por el oleaje no podía permanecer acoderada a la draga, como novedad el personal de trabajadores de la draga se pasó a la unidad (…).
18:55. Novedad. La draga se escora sobre uno de sus costados y empieza a hacer agua hasta undirse (sic), se suelta cabo de remolque que amarrado a un flotador de 04 canecas que trajimos a bordo para señalizar el lugar donde quedó undida (sic) la draga (…).
• Copia del informe de viaje del remolcador ARC Josué Álvarez en el que se anotó: “el 6 de diciembre del 2000, la unidad zarpa hacia B/tura con el propósito de efectuar la maniobra de remolque de una draga en la ruta B/tura-BN2 (…). CAUSAS DE LA FALLA: CARCAZA DEL IMPELLER POROSA”.
• Copia del auto de apertura de investigación preliminar del 13 de diciembre del 2000, por el hundimiento de la draga Midas I.
• Copia de oficio de envío de información suscrito por el capitán del Puerto de Buenaventura, el 5 de enero del 2001, en el que informó que la draga no contaba con autorización de zarpe por parte de la capitanía del puerto y que, además, no se encuentra matriculada.
• Oficio de respuesta suscrito por el comandante de la Base Naval ARC Málaga el 29 de mayo del 2002, y dirigido al Capitán del Puerto de Buenaventura en el que se informó:
De la manera más atenta me permito dar respuesta al oficio de la referencia mediante el cual solicita se informe bajo qué condiciones contractuales era transportada la Draga MIDAS I por el remolcador ARC JOSUE ÁLVAREZ, al respecto le comunico que de acuerdo con el archivo existente en el Comando, dentro del contrato de obra sin formalidades plenas (…), del 23 de octubre de 2000, celebrado entre COOPACÍFICO LTDA y el jefe del Departamento de Administración de la Base Naval ARC MÁLAGA, para el dragado de la rampa submarina, no se estipuló en ninguna de sus cláusulas la obligación de efectuar esa maniobra.
Con relación al transporte de la Draga MIDAS I desde Buenaventura hasta Bahía Málaga, éste se realizó por autorización del señor Capitán de Navío LUIS FERNANDO LANZZIANO, Comandante de la Base Naval ARC Málaga para la época de los hechos, y en ningún momento se constituyó póliza que cubriera los posibles riesgos del transporte.
La draga Midas I fue rescatada por miembros de la ARC Málaga en una maniobra inapropiada y en desatención de las recomendaciones del señor Tobón Álvarez, lo que generó un mayor deterioro del navío.
En el expediente obra constancia de solicitud de material y personal, del 9 de diciembre del 2000, para efectuar la maniobra de rescate de la draga Midas I.
También obra documento suscrito por Gabriel Tobón, el 16 de febrero del 2001, en el que informó a la Capitanía de Puerto de Buenaventura el desistimiento a la “acción investigativa” adelantada con ocasión del naufragio de la draga Midas I, debido a que esta fue rescatada por la Armada Nacional, con quien concilió para que se gestionen los arreglos necesarios para dejarla en óptimas condiciones.
Obra en el expediente acta de fecha 31 de marzo de 2001, en la que se estipuló la ampliación de la cláusula séptima del contrato de obra suscrito entre la Armada Nacional y Coopacífico Ltda., con el fin de otorgar una prórroga para su ejecución. En el acta se anotó que durante la suspensión del contrato, en virtud del naufragio de la draga se efectuaron las reparaciones necesarias y que, para esa fecha, ya se encontraba en óptimas condiciones para su funcionamiento.
El 16 de junio de 2006, la Capitanía de Puerto de Buenaventura profirió fallo dentro de la investigación administrativa adelantada por el siniestro ocurrido con la draga Midas I, en el que resolvió declarar responsables en el grado de culpa y en forma solidaria a Fernando Castro Tejada, sub oficial de la Armada Nacional encargado del remolque de la draga y a Gabriel Jaime Tobón en calidad de propietario de esta. En el fallo se anotó:
Este despacho considera que si bien se produjo el hundimiento de la draga, también es cierto que se tomaron las medidas por parte de la Armada para el reflote y reparación y puesta en operación de la misma por lo tanto este despacho considera que los daños ocasionados a la draga por el siniestro fueron resarcidos.
No existe evidencia en el expediente que sustente la afirmación referente a que el rescate de la draga consistió en una maniobra inapropiada, pues, por el contrario, el demandante, en la declaración rendida dentro de la investigación administrativa, afirmó que la draga funcionó durante aproximadamente un año, mientras se intentó cumplir el objeto contractual para el que fue arrendada.
El señor Gabriel Jaime Tobón invirtió, por intermedio de Coopacífico Ltda., $45.000.000 en la reparación de la draga y la Armada Nacional suministró “un motor, la casamata y el wiche de popa”, para dejarla en condiciones de trabajar.
Este hecho no se encuentra demostrado en el proceso, sin embargo, en el documento obrante a folio 325 del cuaderno 5A, la empresa Coopacífico Ltda. afirmó que asumió los gastos de reparación de la draga en los siguientes términos: “la draga Midas I se hundió bajo la responsabilidad de la Base Naval ARC Málaga, sin embargo Coopacífico participó (…) en el rescate de la draga (…). Vale la pena mencionar que la reconstrucción y reparación de la Draga corrió en su totalidad por cuenta de Coopacífico (…)”.
La draga fue utilizada en trabajos sobre un suelo diferente al que se había pactado en el contrato de obra, situación que causó demoras en el trabajo y, esfuerzo en la máquina que le ocasionó daños. Según la demanda, la draga Midas I no era la maquinaria adecuada para remover ese tipo de material (“suelo limo arcilloso compacto de alta resistencia”).
Obra en el expediente acta de finalización y liquidación del contrato de obra para el dragado del fondo submarino del varadero de la Base Naval ARC Málaga, en la que se anotó que la existencia de suelos compactos de alta dureza fue inicialmente considerada por el contratista Coopacífico en su propuesta técnica.
No obra en el expediente ninguna prueba tendiente a demostrar los daños que hubiese sufrido la draga con ocasión de los trabajos de dragado para los que fue utilizada. Si bien durante la investigación administrativa adelantada por el naufragio se practicó un dictamen pericial, en este solo se evaluaron los daños ocurridos con ocasión del siniestro que, como se anotó anteriormente, fueron reparados, para poner en funcionamiento la draga.
Una vez finalizado el contrato de obra, en septiembre del 2001, se pidieron las autorizaciones correspondientes para retirar la draga de la Base Naval y al revisarla para su retiro se constató que esta había sido desvalijada, por lo que se encontraba en estado de pérdida total.
Contrario a lo que se afirmó en la demanda, obra en el expediente copia de la Denuncia elevada por la Base Naval ARC Málaga ante el Inspector de Policía del Corregimiento de Juanchaco, el 15 de mayo de 2003, por el abandono de la draga Midas I, por parte de la empresa Coopacífico Ltda., desde el mes de septiembre del 2001, en las instalaciones de la Base Naval.
Asimismo, obra oficio del 14 de julio del 2003, en el que la Base Naval ARC Málaga señala que la draga fue reparada luego del naufragio para la continuidad del contrato de obra, por lo que si hoy en día la draga no se encuentra en las mismas condiciones, es por el abandono del cual ha sido objeto (…).
No existe ninguna prueba que dé cuenta del retiro de la draga de la Base Naval y que indique las condiciones en la que se encontraba. Tampoco se documentó el estado de la draga al terminar el contrato de obra y la supuesta desmembración que sufrió.
Estos son hechos a los que se hace alusión en los documentos que integran el expediente de la investigación administrativa archivado por la Base Naval y que fueron remitidos a este proceso a petición de la parte actora, por lo que esta Sala considera que se encuentran debidamente acreditados.
4.2. La sentencia recurrida
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dictó sentencia de primera instancia el 19 de agosto de 2011, en la que accedió a las pretensiones de la demanda.
El a quo encontró que la entidad demandada aceptó haber transportado la draga sin inspección previa, debido a que se trataba de una máquina nueva y en buen estado. Además, encontró probado que el hundimiento de la draga ocurrió como consecuencia de que la tripulación del remolcador de bahía ARC Josué Álvarez y el suboficial al cargo Fernando Castro Tejada, desatendieron las medidas técnicas para realizar el remolque y excedieron la velocidad permitida.
El tribunal estableció que, a pesar de no existir un contrato entre el dueño de la draga y la entidad demandada Nación-Ministerio de Defensa Armada Nacional, el hecho de haber transportado la draga en una embarcación oficial y con servidores públicos que cumplían tareas propias de su cargo, permite atribuirle responsabilidad, debido a que la entidad asumió la obligación de transportar la draga con las consecuencias que esto pudiera conllevar.
Además, el a quo concluyó que la responsabilidad asumida por la Armada Nacional se extendió a todas las actividades adelantadas luego del naufragio, es decir, el rescate de la draga y el almacenamiento de esta luego de la terminación de los trabajos para los que fue utilizada con ocasión del contrato de obra. Al respecto, en la sentencia de primera instancia se anotó:
La responsabilidad que se pregona en el sub-lite se irradia a todas las actividades y diligenciamientos realizados por la Armada con posterioridad al naufragio, luego que una vez zozobrado el artefacto puso a disposición personal de la Entidad con el objeto de rescatarlo, llevándolo a puerto, donde se convirtió en su guardiana y en su protectora por lo que cualquier daño que se le hubiera generado esta llamada a solventar.
Se colige entonces que los daños reclamados por el Actor con ocasión del naufragio de la draga el 7 de diciembre de 2000, tienen origen en un proceder negligente de la Armada, por lo que se encuentran acreditados los elementos que configuran la responsabilidad extracontractual del Estado en hipótesis como la estudiada, en tanto se probó el diligenciamiento que conllevó el traslado de tal artefacto no fue el adecuado, ocasionándole un daño antijurídico, suficientemente claro, imputable al Estado y que indefectiblemente debe indemnizarse.
Así las cosas, el tribunal condenó a la Nación, al pago de mil novecientos diecinueve millones novecientos doce mil ciento ochenta pesos ($1.919.912.180) a favor del demandante, a título de lucro cesante; y quinientos cuarenta y cuatro millones quinientos treinta y nueve mil setecientos ochenta y tres pesos ($544.539.783), por concepto de daño emergente.
4.3. Recursos de apelación
4.3.1. Recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
La parte actora interpuso recurso de apelación contra la decisión del a quo, debido a que consideró que no se tuvo en cuenta la pérdida total del bien para tasar el daño emergente y que para establecer este monto es necesario evaluar el valor comercial actual de la máquina perdida.
Si bien el título del acápite en el que se realizó la anterior solicitud es “frente a los dineros solicitados por concepto de despojo y que hacen parte del lucro cesante”, el escrito no contiene ninguna alusión a esta última modalidad de prejuicios, sino que se refiere solamente al daño emergente.
Por otra parte, solicitó que se reconozca indemnización por los perjuicios morales, que se encuentran demostrados con el hecho que la draga había sido arrendada por lo que constituía una fuente de ingresos para su propietario.
4.3.2. Recurso de apelación interpuesto por la parte demandada
Por su parte, la entidad demandada, Nación-Ministerio de Defensa-Armada Nacional interpuso recurso de apelación contra la decisión de primera instancia en el que expuso los siguientes argumentos:
• A pesar de que se solicitó permiso para zarpar, la capitanía del puerto nunca expidió la respectiva autorización.
• El hundimiento se produjo por la falla del empaque de registro de la draga, además, el peritaje estableció que la velocidad de desplazamiento se encontraba dentro de su capacidad.
• La draga no contaba con el equipo de achique necesario para contrarrestar la inundación, por lo que lo más prudente era buscar aguas más tranquilas para disminuir el ingreso de agua a la embarcación. No se realizó el achique a mano con balde, pues el flujo de agua de achique sería menor que el flujo de agua de la inundación, lo que ponía en riesgo al personal a bordo.
• La maniobra de remolque se hizo de manera correcta, sin embargo no se contaba con los equipos de achique apropiados.
• La causa eficiente del daño fueron los defectos de fabricación de la draga, lo que involucra la responsabilidad del señor Gabriel Jaime Tobón. Al artefacto naval no se le hicieron pruebas hidráulicas durante el proceso de construcción y las pruebas neumáticas realizadas para navegación fluvial no eran suficientes, para la labor marítima para la que fue utilizada.
• La draga Midas I fue construida para minería por el astillero El Continental. Este astillero no cuenta con licencia expedida por autoridad marítima, lo que explica los defectos en su construcción.
• Finalmente, la draga fue “reflotada” por la Armada Nacional, y fue rehabilitada con el fin de dejarla en condiciones normales para el trabajo en el que fue utilizada por Coopacífico. A partir de ese momento, la draga quedó bajo responsabilidad de sus propietarios y de la empresa contratista. La armada no suscribió ningún contrato que la relacione con la draga y su propietario.
Con todo lo anterior, la entidad demandada solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia y se nieguen las pretensiones de la demanda. También anotó que en caso de no revocar la sentencia, se considere la concurrencia de culpas con la del señor Gabriel Jaime Tobón.
4.4. Problema jurídico
Antes de entrar a analizar si el naufragio de la draga ocurrió como consecuencia de una falla en el servicio, por parte de la Armada Nacional, es necesario determinar la existencia de un daño antijurídico. Para el efecto, la Sala tendrá que estudiar si se encuentran debidamente acreditados los daños sufridos por la draga con ocasión del mentado naufragio.
4.4.1. Consideraciones generales
El artículo 90 de la constitución prestó fundamento al instituto de la responsabilidad patrimonial del Estado con basamento en una concepción dogmática cuyo centro no reside ya en un juicio de valor jurídico sobre el accionar del Estado, sino en la damnificación de la víctima, de tal manera que su elemento central ha quedado fundado en el daño que esta sufre, y el juicio de valor jurídico se ha desplazado hacia este.
En efecto, el artículo 90 constitucional, que engloba dos proposiciones normativas, dispone lo siguiente en la primera de ellas: El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.
En este entendimiento, el daño incorpora dos elementos: uno, físico, material, y otro jurídico, formal.
Para que el daño adquiera una dimensión jurídicamente relevante (para que pueda predicarse su antijuridicidad) es menester que recaiga sobre un interés tutelado por el derecho; que no exista un título legal conforme al ordenamiento constitucional que justifique o, legitime la lesión al interés jurídicamente tutelado; y que no haya sido causado por la propia víctima.
En el presente caso, la parte actora hizo consistir el daño en tres episodios distintos. El primero, el naufragio de la draga Midas I, ocurrido el 7 de diciembre del 2000, mientras esta era transportada por el remolcador de bahía ARC Josué Álvarez de la Armada Nacional. El segundo, el mayor deterioro que sufrió la draga con ocasión de su rescate por parte de miembros de la Armada, cuya impericia determinó un incremento en sus daños. Por último, la pérdida de elementos estructurales de la draga, mientras esta se encontraba en poder de la Armada, luego de terminado el contrato de obra.
Respecto del primer hecho generador del daño, la Sala observa que se encuentra debidamente acreditado que el 7 de diciembre del 2000 ocurrió un siniestro en el que la Draga Midas I naufragó. Sin embargo, de acuerdo con el material probatorio obrante en el expediente, la draga fue reparada después del accidente, con el fin de cumplir el objeto del contrato de obra para el que fue arrendada.
Así quedó consignado en el otrosí del contrato de obra suscrito el 31 de marzo del 2001, en el que se amplió el plazo de ejecución luego del naufragio, con el fin de que la empresa contratista pudiera cumplir con el dragado para el que fue contratada. Con dicho fin la draga tuvo que ser reparada, en aras de dejarla en condiciones óptimas para su funcionamiento.
También se evidencia en el expediente que la draga reparada funcionó por varios meses, hasta que la entidad contratante decidió terminar y liquidar el contrato, debido a que la empresa contratista no cumplió con las especificaciones técnicas requeridas para la ejecución del contrato. En el acta de finalización se anotó:
(…) 10) Que el día 22 de Mayo/2001, la interventoría realiza mediciones y obtiene perfiles topográficos que demuestran que el material dragado no está siendo efectivamente retirado de la zona, ya que el contratista “COOPACÍFICO” ha hecho caso omiso a las recomendaciones y solicitudes de la interventoría, con relación a la distancia y sitio de descarga del material.
11) Que mediante Oficio sin número de Mayo 25 de 2001, el contratista “COOPACÍFICO” ratifica la información antes mencionada y advierte que cambiará el sistema de tubería de desalojo del material.
12) Que mediante oficio No. 049-OPBN2-351 de Junio 6 de 2001, la interventoría nuevamente pone de manifiesto la situación de la tubería de descarga y su preocupación por el atraso que presenta la actividad del dragado.
13) Que el día 13 de Julio, en reunión efectuada en la Sede de COOPACÍFICO en Buenaventura, el contratista manifiesta la inminente consecución y alquiler de la Draga Río Cesar para ejecutar los trabajos y se condiciona el cambio de equipo como alternativa para la continuación del contrato.
14) Que el día 31 de Julio mediante oficio, el contratista informa de las dificultades que se tienen para la consecución de la Draga Río Cesar.
15) Que el día 14 de Agosto/2001 el contratista confirma la imposibilidad de cambiar la Draga por falta de recursos.
16) Que el día 17 de Agosto/2001 la Draga Midas “I” sufrió un daño en el gato hidráulico del Balde, lo que la inhabilita definitivamente para el dragado y se encuentra sin bomba de succión.
17) Que el día 22 de Agosto/2001, la interventoría efectúa sondeo para nivelación topográfica en los ejes A y B, con el fin de verificar la remoción del material. Los resultados obtenidos son completamente negativos, es decir, que los niveles existentes están por encima de las cotas que se tenían en mediciones anteriores, esto como consecuencia de la descarga de material muy cerca del sitio de dragado.
18) Que la interventoría rechaza rotundamente el contenido del oficio sin número de fecha Agosto 28/2001, mediante el cual el contratista manifiesta problemas que se han tenido en la ejecución del contrato (…), con lo que se pretende desconocer el caso fortuito del naufragio de la Draga Midas “I” y la existencia de suelos compactos de alta dureza (ROCOSOS), lo cual fue inicialmente considerado por el contratista en su propuesta técnica, en sus numerales 1-3 y 4.
19) Que finalmente el día 04 de Septiembre de 2001, se suspenden todas las actividades de dragado por parte del contratista COOPACÍFICO y se manifiesta que la Draga Midas “I” será retirada del sitio y de la Base Naval ARC “Málaga”.
Así, se evidencia en el acta de finalización transcrita que el contratista no logró realizar la actividad de dragado con la maquinaria que contaba. Sin embargo, no obra en el expediente ninguna prueba que indique que la imposibilidad de ejecutar el contrato con la draga Midas I se deba a daños ocasionados durante el naufragio, máxime si estos fueron reparados con el fin de lograr el objeto contractual y la draga trabajó por varios meses luego del siniestro. Por el contrario, existen pruebas que indican que la maquinaria utilizada para la ejecución de la obra no era la idónea para la tarea asignada.
De acuerdo con establecido en el proceso, la draga Midas I no era la maquinaria señalada en la propuesta del contratista para ejecutar la obra y la terminación del contrato se dio por la falta de idoneidad de la máquina para realizar el dragado y no por los daños que hubieran sido ocasionados durante el naufragio, por que como se dijo, estos fueron reparados.
La Sala observa que ni del acta de finalización del contrato ni de ningún otro documento que obre en el expediente se desprende que la razón por la que el contratista debía procurar conseguir la Draga Río Cesar para ejecutar los trabajos de dragado residiera en los daños ocasionados a la draga Midas en virtud del naufragio.
Este hecho se puede inferir porque en el proceso contractual que Coopacífico Ltda. adelantó contra la Armada Nacional, resuelto por esta Corporación en segunda instancia, el 9 de septiembre del 2005, la empresa contratista no expuso como argumento para justificar la imposibilidad de concluir el objeto contractual, el daño que hubiera sufrido la draga Midas I durante el naufragio.
En el mencionado proceso, la empresa Coopacífico Ltda. no alegó que el incumplimiento del objeto contractual obedeciera a los daños ocasionados a la draga durante su anegamiento o después de haber sido reparada, sino que su argumento estuvo encaminado a demostrar que la entidad contratante no fue clara al establecer las condiciones del suelo sobre el cual debía hacerse el dragado, labor para la que la draga arrendada no era idónea.
Lo que la Sala encuentra demostrado es que la draga fue reparada luego del naufragio y trabajó durante varios meses, hasta la declaración de terminación del contrato, debido a la falta de idoneidad de la máquina que impidió cumplir el objeto contractual. En la sentencia proferida en el proceso adelantado por Coopacífico contra la Armada Nacional, en ejercicio de la acción de controversias contractuales se estableció:
[S]urge con nitidez para la Sala que al margen de que se hubiera hallado roca sedimentaria durante las actividades de dragado, lo cierto es que desde un inicio el contratista no atendió la ejecución del contrato con la draga que presentó en la propuesta como aquélla que utilizaría, pues él mismo informó que la ofrecida se encontraba en otra ciudad, de manera que la que se utilizó para las labores contratadas, no solo no fue la misma anunciada en la oferta, sino que en todo momento presentó problemas de orden técnico y operativo que impidieron el avance de los trabajos. Cabe advertir que aun cuando en los documentos mencionados se hizo referencia a la imposibilidad de retirar la roca encontrada, lo que da lugar a entender que, en efecto, durante la ejecución del dragado se toparon con la roca de origen sedimentario, no es menos cierto que con anterioridad a ese inconveniente, ya la draga había revelado problemas de succión, es decir que ni siquiera resultaba apta para aspirar el sedimento arenoso o arcilloso que supuso el contratista encontrar desde un principio, material que, dicho sea de paso, fue el que supuestamente le sirvió de base para formular su propuesta.
Además de lo anterior, se tiene que el demandante, de manera constante, reiteró sus dificultades de índole económica para asumir los gastos de reparación de las deficiencias técnicas de la draga utilizada o para transportar a la Base Naval de Málaga la que, en un inicio, había ofrecido para desarrollar el objeto del contrato, razones estas que, valga precisar, no resultaban oponibles a la entidad contratante si se tiene en consideración que el pago del 100% del precio del contrato, según lo pactado de manera voluntaria por los extremos contratantes, debía realizarse en el mes de junio del 2001, esto es, al finalizar el plazo de ejecución inicialmente previsto y previa suscripción del acta de liquidación, de tal suerte que ante el conocimiento y asunción del hecho de que el contrato no sería pagado sino hasta su finalización, el contratista debía contar con la disponibilidad económica suficiente para llevar a feliz término los compromisos adquiridos y para sortear los inconvenientes propios del desarrollo del contrato, tales como la reparación del equipo suministrado.
Así las cosas, el daño que la parte actora aduce, sufrió la draga durante el naufragio, fue reparado con el fin de ponerla en funcionamiento para la ejecución de la obra, y no se evidencia que este hubiera tenido consecuencias posteriores a la reparación, por lo que no se constituye como un daño reparable en sede contencioso-administrativa.
Ahora bien, la parte actora alegó que durante la maniobra de rescate se ocasionaron daños irreparables a la draga. Al respecto, la Sala advierte que obra en el expediente el documento de la orden de operación emitida por el comando de la Base Naval, con el fin de apoyar el rescate de la draga, sin embargo, en este no se especifica las condiciones en las que se realizó tal operación.
Sobre este tema declaró, en el proceso contencioso administrativo, el señor José Oliver Mosquera, encargado de dirigir la operación de traslado de la draga, por parte de Coopacífico Ltda., quien afirmó que durante el rescate se perdieron varias partes de la draga en el fondo del mar. En la declaración se dijo:
En este evento asumimos un compromiso de la Base Naval y Coopacífico ejecutora de la obra a rescatar la draga pero posteriormente la Base Naval no tuvo en cuenta a Coopacífico y rescató la draga por partes en el cual quedaron muchas partes en el fondo marino, no sé si valga recalcar que le correspondió a Coopacífico reconstruir la draga con sus propios recursos y que la Armada Base Naval ARC Málaga en compensación a las partes de la draga que habían quedado en el fondo marino entre ellos el motor de succión decidió darle a la Cooperativa otro motor cosa que fue por un tiempo porque en el momento en que el señor Comandante decidió unilateralmente quitarle caducidad al contrato la Base Naval ARC Málaga desmanteló la draga sacando el motor que nos había suministrado y otras piezas. PREGUNTADO: con base en lo que usted acaba de mencionar manifieste en qué condiciones quedó la draga después de que se recuperó del naufragio. CONTESTO: Lógicamente que la draga no quedó en las mismas condiciones porque la draga estaba nueva cuando se transportaba hacía Bahía Málaga al repararla o construirla con materiales de segunda porque se requería para la ejecución de la obra. PREGUNTADO: Manifieste si la draga después del naufragio se usó en la obra por usted tantas veces citada y en caso afirmativo en qué consistió su utilización y por cuánto tiempo su utilizó. CONTESTO: La draga quedó en muy buenas condiciones para trabajar y se utilizó alrededor de unos 7 meses por la dureza del terreno que se estaba trabajando inclusive hasta el momento antes de dictar la caducidad del contrato la draga estaba en buenas condiciones para trabajar. (…) El caso fue que el comando de la Base Naval ARC Málaga autorizó que le bajaran el motor y algunas partes que a raíz de la mala ejecución de rescate quedaron en el fondo marino la base le había suministrado para colocar a trabajar la draga y de esa manera poder ejecutar la obra que se requería.
Esta declaración rendida por el testigo José Oliver Mosquera difiere de aquella que rindió el 30 de enero del 2001, ante la Capitanía de Puerto de Buenaventura, dentro del proceso interno adelantado por el naufragio de la draga Midas I, en la que afirmó que “la draga ya fue recuperada y se está alistando para realizar los trabajos (…)”.
De acuerdo con la declaración rendida en el proceso administrativo, varias partes de la draga quedaron en el fondo del mar y tuvo que ser reparada con piezas pertenecientes a la Armada Nacional. Además, el declarante afirmó que una vez declarada la terminación del contrato de obra, la Armada Nacional tomó nuevamente las piezas que usó para la reconstrucción de la draga, por lo que esta quedó en un estado de pérdida total.
No obstante, el testimonio del señor Mosquera no resulta suficiente para demostrar dos hechos que no cuentan con ningún otro sustento probatorio en el expediente, como son: i) la utilización de elementos ajenos a la draga original para su reconstrucción, luego del anegamiento; ii) y la posterior retirada de estos elementos de la estructura de la draga, una vez terminado el contrato de obra para el que fue utilizada.
De acuerdo con la clasificación realizada por la doctrina, el señor Mosquera es un testigo idóneo sospechoso, debido a su interés personal en la causa sobre la cual testificó, pues hacía parte de Coopacífico Ltda., empresa involucrada en los hechos objeto de estudio y cuya responsabilidad sobre la draga se encuentra comprometida, en virtud del contrato de arrendamiento que celebró sobre esta. Esto explica que en su primera declaración hubiera manifestado que la draga se encontraba reparada y que, en una declaración posterior agregara que esta reparación no fue suficiente para dejar la draga en buena condición. Lo que evidencia que el testigo rindió una declaración diferente para cada proceso al que fue llamado a testificar, pues ante el proceso adelantado en virtud de la investigación administrativa por el hundimiento de la draga solo indicó que la draga había sido reparada, y ante en proceso contencioso administrativo agregó diversos hechos que no habían sido revelados en su declaración inicial. Al respecto la doctrina ha indicado:
“El testigo que percibió la verdad y que quiere declararla, no cambia su versión en las declaraciones posteriores, ya que la verdad es siempre una misma (…)”.
Esta suerte de contradicción entre las declaraciones del testigo disminuye el valor probatorio de sus afirmaciones, por lo que la Sala no encuentra plenamente demostradas las condiciones en la que fue reparada la draga ni su posterior desarmado, máxime si no existe ningún medio probatorio que corrobore lo afirmado por el referido testigo.
Adicionalmente, la Sala advierte lo siguiente: el señor Gabriel Jaime Tobón, el 15 de febrero del 2001, desistió de la investigación administrativa adelantada en virtud del naufragio, debido a que la draga fue reparada y dejada en condición de realizar la labor de dragado. Sin embargo, cuando la Armada Nacional, luego de la reparación de la draga y de que esta trabajara durante varios meses, liquidó el contrato de obra, debido a la falta de idoneidad de la máquina para cumplir con el objeto contractual, el demandante solicitó la reanudación de la investigación, así como un peritaje que determinara el estado de la draga.
El 15 de julio del 2002, el perito Oswaldo Molina Torrente presentó dictamen pericial en el que, con base en los hechos relacionados con el naufragio de la draga Midas I, determinó las causas del siniestro.
No obstante, en dicho peritaje no se hizo ninguna referencia al estado de la draga luego de haber sido utilizada para labores de dragado durante varios meses, sino que se aludió a los hechos relacionados con el naufragio y a la causa del mismo, sin que de allí se desprenda nada relacionado con el desarmado de la draga, por parte de la Armada Nacional, luego de haber sido reparada.
El 23 de enero del 2003, el perito amplió su dictamen solo para establecer los costos de recuperación de la draga. Sin embargo, no se determinó si esos costos correspondían a la reparación hecha por la Armada Nacional, o al supuesto desarmado de la draga ocurrido después, sino que se refirió a su avanzado estado de deterioro, sin señalar su causa.
El dictamen es un medio de convicción con el que un experto aporta al proceso elementos técnicos, científicos o artísticos, con miras a contribuir a dilucidar la controversia.
La experticia debe estar fundamentada en una observación detallada con un sustento empírico riguroso y debe responder, en forma concreta y expresa todos los puntos sometidos a su consideración. Además, el perito que la rinde debe ser cualificado en el campo relacionado con el estudio.
Ante el dictamen, el funcionario judicial debe valorar la coherencia de las conclusiones con el hecho del cual se requiere la prueba.
En el presente caso el dictamen pericial rendido versó sobre los hechos relacionados con el naufragio y su causa, sin embargo, para el momento en el que se rindió, lo verdaderamente relevante era determinar si una vez terminado el contrato de obra, la draga había sido desarmada o desajustada y, a qué evento correspondía ese daño.
Por tanto, advierte la Sala que dicho dictamen no versó sobre los hechos que requerían ser probados, teniendo en cuenta que los daños causados por el naufragio ya habían sido reparados, pues la draga funcionó durante varios meses posteriores al siniestro.
También, al proceso contencioso administrativo se allegó un dictamen pericial en el que se estimó la pérdida total de la maquinaria, debido a las malas condiciones en las que fue encontrada, sin embargo, la evaluación fue realizada luego de que esta permaneciera abandonada durante varios meses, y tampoco estableció si el deterioro de la draga obedeció a algún daño causado por la Armada Nacional o a los daños causados por el paso del tiempo y por su abandono.
Así las cosas, aunque se pueda tener por probado el deterioro y pérdida de la maquinaria, luego de terminado el contrato de obra, no existe prueba que determine que la causa de dicho daño pueda ser atribuida a la entidad demandada y, por el contrario, sí existe evidencia probatoria del abandono de la draga en las instalaciones de la Armada Nacional por parte de la entidad privada que la arrendó.
En el expediente se evidencian múltiples comunicaciones dirigidas tanto al contratista, como a quien figuraba como propietario de la draga, señor Gabriel Jaime Tobón, con el fin de que retiraran la maquinaria del muelle donde se encontraba abandonada. Una de estas comunicaciones fue emitida el 6 de marzo del 2002, y obra a folio 157 del cuaderno 5. En ella, la Base Naval de Málaga se dirige al capitán de puerto de Buenaventura, con el fin de solicitar su apoyo para lograr que Coopacífico Ltda. retire la draga de sus instalaciones, donde fue abandonada desde el mes de septiembre del año 2001.
Igualmente, se tiene noticia en el proceso de la denuncia elevada por la Base Naval ARC Málaga ante el Inspector de Policía del Corregimiento de Juanchaco, el 15 de mayo de 2003, por el abandono de la draga en sus instalaciones.
De esta forma, la Sala concluye que en el proceso no se demostró que la causa del deterioro y posterior pérdida total de la draga obedeciera a una actuación de la entidad demandada, pues no existe ninguna prueba que permita determinar cuál era el estado de la draga al finalizar el contrato de obra, luego del cual la máquina fue abandonada por quienes la tenían a su cargo.
Por tanto, la Sala encuentra que no es posible atribuir la pérdida de la draga a la actuación de la entidad demandada, pues solamente se demostró en el proceso que los daños ocurridos con ocasión del naufragio de la draga fueron reparados para el cumplimiento del objeto del contrato de obra, y las pruebas aportadas son insuficientes para demostrar lo que hubiera sucedido con la draga luego de la liquidación de dicho contrato.
De esta forma, aunque está debidamente acreditada la ocurrencia de un siniestro durante la maniobra de traslado de la draga por parte de la Armada Nacional, el daño ocasionado fue reparado con el fin de que la maquinaria entrara en funcionamiento para la ejecución del contrato de obra, y no se conoce cuál fue el daño sufrido por la draga una vez terminado dicho contrato.
Ahora bien, ante la falta de prueba que indique la causa del daño de la draga luego de haber sido reparada y puesta en funcionamiento, la Sala encuentra que, en virtud del contrato de arrendamiento celebrado entre el demandante y la empresa Coopacífico Ltda., esta última tenía la obligación de devolver la maquinaria a su arrendador en perfecto estado, pues así quedó estipulado en el contrato de arrendamiento entre aquellos suscrito. Esta Sala no encuentra razón que explique por qué, el demandante no exigió a Coopacífico Ltda. el cumplimiento de dicho contrato, situación que entraña un tipo de responsabilidad de índole contractual, exigible en otra jurisdicción ante un eventual daño o pérdida total de la maquinaria arrendada, y sí acudió a este contencioso en procura de la reparación de unos daños que, como ha quedado visto, tuvieron ocasión después de la cesación de los trabajos realizados con la draga una vez recuperada del naufragio, reparada y puesta en operación.
Así las cosas, la Sala considera que el daño causado a la draga por el siniestro ocurrido durante la labor de transporte adelantada por la Armada Nacional fue reparado al punto de permitir su cabal funcionamiento, como efectivamente ocurrió y no hay ninguna prueba que demuestre que la draga fuera posteriormente desvalijada por la Armada Nacional, como lo afirma la parte actora.
Por lo anterior, no es posible imputarle a la entidad demandada la pérdida total de la draga, debido a que no se realizó una experticia idónea al momento de liquidar el contrato de obra que determinara en qué condiciones se entregaba la maquinaria, sino que su condición fue evaluada luego de varios meses en que la maquinaria estuvo desatendida en las instalaciones de la Armada Nacional, en situación de abandono que dicha entidad hubo de denunciar en múltiples ocasiones.
Esta Subsección no encuentra fundamento para el aserto del Tribunal A quo relativo a la irradiación de la responsabilidad de la Armada a todas las actividades y diligenciamientos realizados por esta Armada con posterioridad al naufragio, si se considera que una vez rescatada, la draga fue reparada y puesta en funcionamiento. Tal fundamento no podía radicar, como lo entendió el Tribunal, en que, una vez llevada la draga a puerto, después de su rescate, la Armada debiera fungir como su guardiana y en su protectora a términos de obligarse a solventar cualquier daño que se hubiere sufrido bajo esa custodia, puesto que la Armada no suscribió contrato alguno que le confiriera tal guarda, y por el contrario, existía un contrato por medio del cual, Coopacífico Ltda., recibió su tenencia como arrendatario, y se obligó, por tanto a su guarda y conservación.
Finalmente, la Sala considera que independientemente del origen del daño o deterioro sufrido por la draga, la empresa arrendataria Coopacífico Ltda. tenía la obligación contractual de devolver la maquinaria en el estado en que le fue entregada. Sin embargo, a pesar de que la mencionada empresa fue vinculada al presente proceso, en la demanda no se formuló ninguna pretensión relacionada con esta, por lo que no es posible evaluar la responsabilidad de Coopacífico Ltda., ya que dicho estudio constituiría una modificación a la causa petendi.
Por tanto, se revocará la sentencia proferida en primera instancia por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y se negarán las pretensiones de la demanda.
FALLA
REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el 19 de agosto de 2011, en la que accedió a las pretensiones de la demanda y, en su lugar:
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: En firme este fallo devuélvase el expediente al Tribunal de origen para su cumplimiento, previas las anotaciones de rigor.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Presidente de la Sala
GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE
Magistrado
Aclaración de voto Cfr. Rad. 41679-18
Escrito de demanda, f. 34-46, c. 1.
Auto de admisión de la demanda, f. 47, c. 1.
Informe de notificación, f. 51, c. 1.
Escrito de contestación de demanda, f. 59, c. 1.
Recursos de apelación, f. 309 y 326, c. ppal.
Auto de admisión del recurso de apelación, f. 362, c. ppal.
F. 383-410, c. ppal.
La pretensión mayor fue estimada en $311.000.000, monto que supera la cuantía necesaria para que un proceso iniciado en el 2002 fuera de doble instancia ($154.500.000).
Código de Comercio, artículo 1432: “Se entiende por nave toda construcción principal o independiente, idónea para la navegación y destinada a ella, cualquiera que sea su sistema de propulsión.
Parágrafo: Las construcciones flotantes no comprendidas en la anterior definición recibirán la denominación de artefactos navales, pero si con estos se desarrollan actividades reguladas por este Libro, se le aplicarán sus normas”.
Artículo 1435. Naturaleza jurídica. “La nave es una universalidad mueble de hecho, sujeta al régimen de excepción previsto en este Código”.
F. 32, c. 1.
“Sin embargo, resulta necesario precisar, respecto del contrato de arrendamiento, que ese documento no prueba la propiedad del remolcador, toda vez que, como ya se dijo, la prueba de la propiedad de las embarcaciones es la certificación expedida por el capitán de puerto de matrícula, pero ocurre que ese medio de prueba sí demuestra que el señor Vélez Agudelo era el tenedor material de esa embarcación. En ese sentido, se demostró la legitimación en la causa por activa del señor Vélez Agudelo como tenedor de la embarcación tipo remolcador, por lo que la Sala estudiará si la entidad demandada es responsable por los daños irrogados y la procedencia del reconocimiento de perjuicios” Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, expediente 38296.
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, expediente 41691.
Copia de contrato de obra, f. 99, c. 5.
Copia de contrato de arrendamiento, f. 97, c. 5.
Copia orden de operación remolque, f. 6, c. 5.
Copia orden de operación rescate, f. 9, c. 5.
Copia de anotaciones bitácora, f. 12 y 13, c. 5.
Copia del informe de viaje, f. 14. c. 5.
Auto de apertura de investigación preliminar, f, 24. c. 5.
Oficio de respuesta, f. 20, c. 5.
Respuesta oficio, f. 19, c. 5.
Oficio de la Base Naval ARC Málaga, f. 90, c. 5.
Oficio de desistimiento, f. 134, c. 5.
Acta de ampliación de la cláusula séptima del contrato, f. 339, c. 5A.
Fallo de investigación administrativa, f. 473, c. 5A.
Interrogatorio bajo juramento, f. 274, c. 5A.
Acta de finalización y liquidación de contrato de obra, f. 62, c. 5.
Denuncio abandono draga Midas I, f. 376, c. 5A.
“Que el día 12 de marzo de 2001, la Draga Midas I es llevada hasta el sitio de trabajo (Rampa Submarina) y el personal de COOPACÍFICO inicia pruebas y reparaciones de maquinaria, sistemas hidráulicos, de succión y anclajes”. Acta de finalización y liquidación del contrato sin formalidades plenas, f. 62, c. 5.
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, expediente 43949, C.P. Hernán Andrade Rincón (E).
Declaración rendida por José Oliver Mosquera, ante el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Buenaventura, Valle del Cauca, f. 38, c. 3.
Declaración rendida por José Oliver Mosquera, ante la capitanía de puerto de Buenaventura, f. 81, c. 2.
FRAMARINO DEI MALATESTA, Nicola. Lógica de las Pruebas en Materia Criminal, Vol. II, 4ª edición, Temis, Bogotá, 1992, pp.
Ibíd.
“Siempre que el contenido del testimonio implique una contradicción en sus partes, es lógico que esta pierda valor probatorio; y lo perderá integralmente, si la contradicción se refiere al hecho principal […]. Pierde valor en parte cuando la contradicción recae sobre hechos secundarios”. Ibíd.
F. 84, c. 2.
F. 211, c. 2.
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