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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2020-00080-01

Fecha
30 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2020-00080-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia del 11 de junio de 2021proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico que denegó las pretensiones de la demanda promovida por Gabriel Antonio Sagbini Consuegra contra la Universidad del Atlántico, de acuerdo con las razones expuestas en la presente providencia. Segundo. Sin condena en costas en esta instancia. Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-33-000-2020-00080-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

30 de noviembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 08001-23-33-000-2020-00080-01 (1005-2022)
Demandante: Gabriel Antonio Sagbini Consuegra
Demandado: Universidad del Atlántico

Temas: Pensión convencional. Situaciones pensionales amparadas por
el artículo 146 de la Ley 100 de 1993

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 11 de junio de 2021 por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

Gabriel Antonio Sagbini Consuegra presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 1, en
orden a que se declarara la nulidad del Oficio 20192070094821 del 9 de octubre de
2019, por medio del cual el jefe de la oficina de asesoría jurídica de la Universidad
del Atlántico le negó el reconocimiento y pago de una pensión suplementaria
convencional con sujeción al inciso 2 del artículo 9 de la Convención Colectiva de
1976.

Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó

1 En adelante CPACA.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 08001-23-33-000-2020-00080-01 (1005-2022)
Demandante: Gabriel Antonio Sagbini Consuegra

que: i) se ordenara a la universidad demandada reconocer y pagar una pensión
convencional acorde con lo establecido en el artículo 9 de la Convención Colectiva
de 1976, efectiva a partir del 30 de noviembre de 1997; ii) se reajustaran en todas
sus prestaciones legales y beneficios convencionales los valores reconocidos; y iii)
se ordenara la indexación de la primera mesada pensional.

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:

• Gabriel Antonio Sagbini Consuegra prestó sus servicios en la Universidad del
Atlántico desde el 30 de noviembre de 1979 hasta el 1° de enero de 2009.

• Mediante «Resolución 153 del 3 de septiembre de 1952»2 fue contratado en el cargo
de docente catedrático, adscrito a la facultad de economía.

• Según el presupuesto 1982 del 1° de enero de 1982 se mantuvo su vinculación en
el cargo de auxiliar grado I, adscrito a la facultad de economía. Cargo en el cual se
mantuvo vinculado hasta 1993 «conforme al presupuesto de cada año».

• A través del contrato administrativo de prestación de servicios 94-1/147 del 4 de
abril de 1994 y 177-1-95 del 6 de febrero de 1995 fue contratado en el cargo de
docente catedrático, adscrito a la facultad de ciencias jurídicas.

• Con la Resolución de Rectoría 1 del 1° de enero de 1997, fue ascendido en la
categoría de titular y según la Resolución 002039 del 23 de octubre de 1997, fue
nombrado como docente de tiempo completo en la facultad de nutrición y dietética.

• Por medio de la Resolución 02220 del 1° de diciembre de 1997, fue nombrado en
la asignatura de Teoría Económica y mediante la Resolución 001163 del 4 de
febrero de 1998, fue nombrado en la categoría de titular en la facultad de ciencias
jurídicas.

• Mediante la Resolución 00304 del 15 de abril de 1998 fue nombrado profesor de
la facultad de nutrición y dietética.

• Con la Resolución 00202 del 1° de enero de 2008, el Instituto de Seguros Sociales3
reconoció una pensión de jubilación, a favor de Gabriel Antonio Sagbini Consuegra.

2 Así se señaló en el escrito de la demanda; sin embargo, luego de contrastado con el material

probatorio, se advierte que la fecha corresponde al 3 de septiembre de 1980 y no corresponde a
una resolución sino a un contrato administrativo de prestación de servicios.
3 En adelante ISS.

2

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Demandante: Gabriel Antonio Sagbini Consuegra

• A través de la Resolución 01182 del 7 de octubre de 2008, la Universidad del
Atlántico retiró del servicio definitivo al demandante por reconocimiento de pensión.

• El 18 de septiembre de 2019, el demandante solicitó a la Universidad del Atlántico
el reconocimiento y pago de una «pensión compartida convencional». Esta petición le
fue negada con el Oficio 20192070094821 del 9 de octubre de 2019, al considerar
que al solicitante ya le había sido reconocida una pensión de jubilación de origen
legal, razón por la cual no puede beneficiarse de «otra de carácter convencional o
extralegal, aunado a que los tiempos de servicios con los que pretende sea reconocida la
pensión extralegal ya fueron tenidos en cuenta para el reconocimiento de la pensión legal».

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales, se señalaron los artículos 25, 53, y 55 de la Constitución Política; las
leyes 100 de 1993 y 1437 de 2011; y la Convención Colectiva de 1976.

En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente4:

• La entidad demandada omitió aplicar el principio constitucional de favorabilidad en
la interpretación de las convenciones colectivas.

• Para la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, acreditó tener más de 15 años
de servicio prestados de forma continua e ininterrumpida a la Universidad del
Atlántico, razón por la cual, es claro, que cumple con los requisitos previstos en el
literal b) del artículo 9 de la Convención Colectiva de Trabajo de 1976, que dispuso
que se reconocerá una pensión vitalicia de jubilación a los docentes y trabajadores
del ente universitario que cuenten con más de 15 años de servicio y menos de 20,
a cualquier edad.

1.2. Contestación de la demanda

La Universidad del Atlántico se opuso a las pretensiones de la demanda, por las
razones que se expresan a continuación5:

• El demandante no demostró que para el 30 de junio de 1997, hubiese cumplido

4 Samai, índice 2, ED_ONEDRIVE_20220228(.zip) NroActua 2,
4_080012333000202000080011EXPEDIENTEDIGI20220328082452, Remito al HCE 2020-00080-
00 JR j, 001. EXP 2020-00080-00 JR.pdf.
5 Samai, índice 2, ED_ONEDRIVE_20220228(.zip) NroActua 2,
4_080012333000202000080011EXPEDIENTEDIGI20220328082452, Remito al HCE 2020-00080-
00 JR j, 001. 005. CONTESTACION DE DEMANDA 2020-080- GABRIEL CONSUEGRA -
UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO.pdf.

3

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Demandante: Gabriel Antonio Sagbini Consuegra

con las condiciones previstas por la convención colectiva para el reconocimiento
pensional, por cuanto para esa fecha aún se encontraba activo en el servicio.

• Los artículos 55 de la Constitución Política y 416 del Código Sustantivo del Trabajo,
de amanera expresa prohíben a los sindicatos de empleados públicos presentar
pliego de peticiones y celebrar convenios colectivos, por tanto, las convenciones
colectivas celebradas entre el sindicato de trabajadores y la Universidad del
Atlántico no aplican para el reconocimiento de derechos laborales a empleados
públicos, ya que únicamente cobijan a los trabajadores oficiales.

• Gabriel Antonio Sagbini Consuegra no tiene derecho al reconocimiento pensional,
toda vez que su vinculación es de carácter legal y reglamentario, razón por la cual
sus derechos laborales están establecidos en la ley y no en normas diferentes, como
la convención colectiva de trabajo.

• Con la expedición de la Ley 100 de 1993, la Universidad quedó vedada para
reconocer pensiones con fundamento en convenciones colectivas celebradas entre
el sindicado de trabajadores y dicho ente educativo.

• Actualmente, el demandante goza de una pensión de jubilación reconocida por el
ISS, motivo por el cual no puede beneficiarse de una de origen legal, y a la vez otra
de carácter convencional.

Por último, alegó las excepciones de: i) de inconstitucionalidad; ii) prescripción;
iii) inexistencia de la obligación; iv) prohibición legal del Acto Legislativo 001 del 22
de julio de 2005; y v) el actor carece de causa legal por no haberse retirado antes
del 30 de junio de 1997.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo del Atlántico en sentencia del 11 de junio de 2021 negó
las súplicas de la demanda. Para tal efecto, luego de realizar un recuento de los
preceptos legales y jurisprudenciales aplicables al asunto concluyó lo siguiente6:

• Si bien Gabriel Antonio Sagbini Consuegra cumplió con el requisito de haber
prestado sus servicios por 15 años y menos de 20, éste no fue retirado sin justa
causa o voluntariamente del servicio, toda vez que, en el proceso se demostró que
su retiro se dio en el 2008, luego de que el ISS le reconociera una pensión de

6 Samai, índice 2, ED_ONEDRIVE_20220228(.zip) NroActua 2,
4_080012333000202000080011EXPEDIENTEDIGI20220328082452, Remito al HCE 2020-00080-
00 JR j, 001. 005. 011. F 2020-00080 GABRIEL CONSUEGRA VS. UA PENSION.pdf.

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Demandante: Gabriel Antonio Sagbini Consuegra

jubilación.

• A pesar de que la convención colectiva de trabajo invocada por la parte
demandante para su reconocimiento pensional fue emanada por una autoridad sin
competencia, sería viable amparar su derecho con fundamento en el artículo 146
de la Ley 100 de 1993; sin embargo, al 30 de junio de 1997, éste no tenía un derecho
adquirido o consolidado, puesto que no estaban dados todos los presupuestos
establecidos por Convención Colectiva de 1976, pues no cumplió con el requisito
de retirarse sin justa causa o voluntariamente del servicio.

1.4. El recurso de apelación

Gabriel Antonio Sagbini Consuegra interpuso recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia, a efecto de que sea revocada y en su lugar, se
acceda a las pretensiones de la demanda, para lo cual argumentó que en el artículo
9 de la Convención Colectiva de 1976 las partes pactaron reconocer un beneficio
pensional una vez el trabajador cumpliera con el tiempo de servicio exigido, por lo
que para el accionante hubiese resultado perjudicial retirarse o renunciar al trabajo
para adquirir una pensión parcial, y dejar de acceder a la pensión de vejez que por
ley tiene derecho; Asimismo, indicó que la forma de desvinculación no es una
condición «sine qua non del derecho pensional», sino solo una forma de terminación
de la relación laboral7.

1.5. Pronunciamientos en segunda instancia

1.5.1. La parte demandante, reafirmó lo sostenido en el libelo introductorio y en el
recurso de apelación8.

1.5.2. La Universidad del Atlántico solicitó confirmar lo decidido en primera instancia,
con fundamento en lo expuesto con la contestación de la demanda9.

1.6. El Ministerio Público

7 Samai, índice 2, ED_ONEDRIVE_20220228(.zip) NroActua 2,
4_080012333000202000080011EXPEDIENTEDIGI20220328082452, Remito al HCE 2020-00080-
00 JR j, 013. RECURSO DE APELACIÓN 2020-00080.pdf.
8 Samai. Índice 10,
RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_CES2SECRCONSEJODEES(.pdf)
NroActua 10.
9 Samai, índices 11 y 12,
RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_CES2SECRCONSEJODEES(.pdf)
NroActua 12.

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Demandante: Gabriel Antonio Sagbini Consuegra

El procurador delegado ante el Consejo de Estado rindió concepto en el que solicitó
confirmar la sentencia de primera instancia10. Lo anterior con fundamento en que,
para beneficiarse de la pensión convencional se requería que Gabriel Antonio
Sagbini Consuegra se hubiera desvinculado del servicio sin justa causa o haberse
retirado de forma voluntaria, lo cual solo ocurrió el «7 de octubre de 2008», esto es,
luego de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993; de manera que el instrumento
convencional no podía surtir efectos.

2. Consideraciones

2.1. Los problemas jurídicos

Se circunscribe a establecer si ¿Gabriel Antonio Sagbini Consuegra es beneficiario
de la Convención Colectiva suscrita el 5 de abril de 1976 con la Universidad del
Atlántico?, y en caso tal, determinar si cumple con los requisitos establecidos en el
artículo 9 de dicha convención para ser beneficiario de una pensión de jubilación en
los términos allí indicados.

2.2. Marco normativo

2.2.1. De las situaciones pensionales definidas por disposiciones
municipales, departamentales y por convenciones colectivas suscritas por
sindicatos de empleados públicos en vigencia de la Ley 100 de 1993

Conforme con lo dispuesto en el literal e) del numeral 19 del artículo 150 de la
Constitución Política11 corresponde al Congreso de la República expedir las leyes
por medio de las cuales el gobierno nacional debe fijar el régimen salarial y
prestacional de los empleados públicos. Dicha competencia se reiteró con la
expedición de la Ley 4ª de 1992, la cual dispuso:

10 Samai, índice 13,
MemorialWebCGP_13CONCEPTO_CONCEPTODELMINISTERIOPUBLICO192202220200008001
NI10052022(.pdf) NroActua 13..
11 «Articulo 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes

funciones:

(…)

19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse
el Gobierno para los siguientes efectos:

(…)

e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso
Nacional y la Fuerza Pública».

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Demandante: Gabriel Antonio Sagbini Consuegra

«Artículo 1o. El Gobierno Nacional, con sujeción a las normas, criterios y objetivos
contenidos en esta Ley, fijará el régimen salarial y prestacional de:

a) Los empleados públicos de la Rama Ejecutiva Nacional, cualquiera que sea su sector,
denominación o régimen jurídico;
b) Los empleados del Congreso Nacional, la Rama Judicial, el Ministerio Público, la
Fiscalía General de la Nación, la Organización Electoral y la Contraloría General de la
República;
c) Los miembros del Congreso Nacional, y
d) Los miembros de la Fuerza Pública.
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0004_1992.html
Artículo 2o. Para la fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores
enumerados en el artículo anterior, el Gobierno Nacional tendrá en cuenta los siguientes
objetivos y criterios:

a) El respeto a los derechos adquiridos de los servidores del Estado tanto del régimen
general, como de los regímenes especiales. En ningún caso se podrán desmejorar sus
salarios y prestaciones sociales;
b) El respeto a la carrera administrativa y la ampliación de su cobertura;
c) La concertación como factor de mejoramiento de la prestación de los servicios por
parte del Estado y de las condiciones de trabajo;
d) La modernización, tecnificación y eficiencia de la administración pública;
e) La utilización eficiente del recurso humano;
f) La competitividad, entendida como la capacidad de ajustarse a las condiciones
predominantes en las actividades laborales;
g) La obligación del Estado de propiciar una capacitación continua del personal a su
servicio;
h) La sujeción al marco general de la política macroeconómica y fiscal;
i) La racionalización de los recursos públicos y su disponibilidad, esto es, las limitaciones
presupuestales para cada organismo o entidad;
j) El nivel de los cargos, esto es, la naturaleza de las funciones, sus responsabilidades y
las calidades exigidas para su desempeño;
k) El establecimiento de rangos de remuneración para los cargos de los niveles
profesional, asesor, ejecutivo y directivo de los organismos y entidades de la Rama
Ejecutiva y de la Organización Electoral;
l) La adopción de sistemas de evaluación y promoción basados en pruebas generales
y/o específicas. En el diseño de estos sistemas se tendrán en cuenta como criterios, la
equidad, productividad, eficiencia, desempeño y la antigüedad;

ll) El reconocimiento de gastos de representación y de salud y de primas de localización,
de vivienda y de transporte cuando las circunstancias lo justifiquen, para la Rama
Legislativa.

(…)

Artículo 10. Todo régimen salarial o prestacional que se establezca contraviniendo las
disposiciones contenidas en la presente Ley o en los decretos que dicte el Gobierno

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Demandante: Gabriel Antonio Sagbini Consuegra

Nacional en desarrollo de la misma, carecerá de todo efecto y no creará derechos
adquiridos».

Así las cosas, es posible concluir que la fijación del régimen salarial y prestacional
de los empleos públicos goza de reserva legal, por ende, la competencia reside de
manera única, exclusiva e indelegable en cabeza del gobierno nacional, por lo que
no le es dable a otro organismo o autoridad usurpar dicha competencia. En
consecuencia, resulta claro que cualquier norma de carácter local, instrumentada
en ordenanzas, acuerdos, resoluciones, así como aquellos convenios colectivos
suscritos por sindicatos de empleados públicos que establezcan disposiciones
relativas a este tipo de materia, es abiertamente ilegal.

No obstante, la Ley 100 de 1993, en su artículo 146 mantuvo a salvo tales
regímenes prestacionales y en consecuencia avaló ciertas situaciones en materia
pensional, así:

«Artículo 146. Situaciones jurídicas individuales definidas por disposiciones
municipales o departamentales. Las situaciones jurídicas de carácter individual
definidas con anterioridad a la presente Ley, con base en disposiciones Municipales o
Departamentales en materia de pensiones de jubilación extralegales en favor de
empleados o servidores públicos o personas vinculadas laboralmente a las entidades
territoriales o a sus organismos descentralizados, continuarán vigentes.

También tendrán derecho a pensionarse con arreglo a tales disposiciones, quienes con
anterioridad a la vigencia de este artículo, hayan cumplido los requisitos exigidos en
dichas normas.

Lo dispuesto en la presente Ley no afecta ni modifica la situación de las personas a que
se refiere este artículo.

Las disposiciones de este artículo regirán desde la fecha de la sanción de la presente
Ley».

Ahora bien, la Corte Constitucional al analizar la constitucionalidad del mencionado
artículo, en la sentencia C- 410 del 28 de agosto de 1997, concluyó:

«El inciso primero de la norma en referencia se encuentra ajustado a los preceptos
constitucionales y en especial a lo previsto en el artículo 58 de la Constitución Política,
según el cual ‹se garantizan los derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los
cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores›.

En efecto, ha expresado la jurisprudencia de la Corporación, que los derechos adquiridos
comprenden aquellas situaciones individuales y subjetivas que se han consolidado y
definido bajo la vigencia de la ley, y por ende ellos se encuentran garantizados, de tal

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Demandante: Gabriel Antonio Sagbini Consuegra

forma que no pueden ser menoscabados por disposiciones futuras, basado en la
seguridad jurídica que caracteriza dichas situaciones.

Desde luego que lo que es materia de protección constitucional se extiende a las
situaciones jurídicas definidas, y no a las que sólo configuran meras expectativas.

(…)

De esta manera, teniendo en cuenta la intangibilidad de los derechos adquiridos de los
pensionados por jubilación del orden territorial antes de la expedición de la ley 100 de
1993, las situaciones jurídicas individuales definidas con anterioridad, por disposiciones
municipales y departamentales, deben continuar vigentes.

Por lo tanto, se declarará la exequibilidad del inciso primero del artículo acusado, así
como del inciso segundo, en la parte que reconoce el derecho a pensionarse con arreglo
a las disposiciones municipales o departamentales en materia de pensiones de jubilación
extralegales, para quienes con anterioridad a la vigencia de este artículo hayan cumplido
los requisitos exigidos en dichas normas. Ello con fundamento en la garantía de los
derechos adquiridos, reconocida por el artículo 58 superior, por tratarse de situaciones
adquiridas bajo la vigencia de una ley anterior al nuevo régimen de segundad social (ley
100 de 1993).

No sucede lo mismo con la expresión contenida en el citado inciso segundo acusado, en
virtud de la cual tendrán igualmente derecho a pensionarse con fundamento en las
disposiciones señaladas, quienes cumplan "dentro de los dos años siguientes" los
requisitos exigidos en dichos preceptos para pensionarse. A juicio de la Corte, ello
quebranta el ordenamiento superior, ya que equipara una mera expectativa con un
derecho adquirido. Ello impide que los que están próximos a pensionarse -es decir,
dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigencia de la ley- y que tan solo tienen
una mera expectativa de adquirir el derecho, puedan hacerse acreedores a los beneficios
propios de la ley 100 de 1993»12. (subrayado fuera de texto)

Posteriormente, esta Corporación en sentencia de unificación del 29 de septiembre
de 201113 dispuso:

«(…) la negociación colectiva es una manifestación particular del diálogo social, y está
considerado como un derecho fundamental básico integrante de la libertad sindical, que
en su momento se dio por el convencimiento errado de que la Autonomía Universitaria
incluía la potestad de darles un régimen salarial y prestacional a sus empleados y que el
Legislador en su libertad configurativa, que no fue declarada inconstitucional la validó o
refrendó.

Ahora bien, la seguridad jurídica, es un principio del Derecho según el cual los

12 Corte Constitucional, sentencia C-410 del 28 de agosto de 1997. M.P. Hernando Herrera Vergara.
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 29 de septiembre de 2011, expediente 08001-

23-31-000-2005-02866-03 (2434-2010) M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.

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ciudadanos tienen la certidumbre de que el derecho a aplicar, es el previsto en las
normas jurídicas y por ello, el Estado debe acatar las normas legales que regulan, en
nuestro caso, las relaciones laborales para garantizar los derechos de los asociados.

En otras palabras, la aplicación de las normas legales en materia pensional constituyen
la realización de la seguridad jurídica pues los empleados públicos tienen que tener la
certeza de quién, cómo y cuándo obtener sus derechos para que entren a formar parte
de su patrimonio y puedan denominarse ‹derechos adquiridos›.

En ese sentido, existe un derecho adquirido cuando hay situaciones individuales y
subjetivas que se han definido bajo el imperio de la ley, de manera que deban ser
respetados por las leyes posteriores; sin embargo, en el asunto sub judice ocurrió fue lo
contrario, pues el derecho sólo se adquirió a partir de que la ley lo garantizó, antes no
estaba cobijado bajo este manto; es más, puede decirse que el derecho sólo se consolidó
a partir de la declaración que sobre el derecho se profiera y en los demás asuntos que
están sub júdice.

(…)

Por lo mismo, el juez no puede alterar la voluntad del legislador, en la aplicación del
principio de la confianza legítima, pues el beneficiario de las prestaciones pensionales,
inicialmente extralegales, recibe el aval del competente para continuar percibiendo los
dineros necesarios para su jubilación, situación que conlleva, también a un derecho
adquirido.

En síntesis, aun cuando la Convención Colectiva fue emanada de autoridades
incompetentes para la regulación del régimen pensional de los empleados públicos,
dicha situación fue convalidada por expresa disposición del legislador a través del
referido artículo 146 de la Ley 100 de 1993, cuya constitucionalidad fue avalada por el
Órgano que de conformidad con la Constitución Política de 1991 es el encargado de
mantener la guarda e integridad del ordenamiento superior».

Así las cosas, resulta claro que en materia pensional el legislador previó la
protección especial para aquellas personas que con anterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993 adquieran el derecho acorde con disposiciones
municipales y territoriales, incluidas las regulaciones contenidas en convenciones
colectivas de trabajo.

2.4. Caso concreto

En el expediente se encuentra demostrado lo siguiente:

• Gabriel Antonio Sagbini Consuegra nació el 31 de marzo de 194914.

14 Según la copia de la cédula de ciudadanía vista en Samai, índice 2,
ED_ONEDRIVE_20220228(.zip) NroActua 2,

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• Mediante oficio DGTH-0441-2019 del 12 de junio de 201915, el jefe del
departamento de talento humano de la Universidad del Atlántico certificó que el
demandante laboró en el ente universitario desde el 30 de noviembre de 1979 hasta
el 1° de enero de 2009, así:

Acto administrativo Novedad
1. Resolución 00344 del 30 de Se nombró en el cargo de docente catedrático,
noviembre de 1979 adscrito a la facultad de ciencias económicas.
2. Contrato administrativo de servicios Se contrató en el cargo de docente catedrático,
153 del 3 de septiembre de 1980 adscrito a la facultad de economía.
3. Contrato 301 del 16 de marzo de Se aumentó aumentó la carga en el cargo de
1981 docente catedrático adscrito a la Facultad de
contaduría.
4. Presupuesto 1982 del 1° de enero de Se mantuvo su vinculación en el cargo de docente
1982 catedrático en la categoría de auxiliar II.
5. Presupuesto 1983 del 1° de enero de Se mantuvo su vinculación, adscrito a la facultad
1983 de economía.
6. Presupuesto 1984 del 1° de enero de Se mantuvo su vinculación, adscrito a la facultad
1984 de economía.
7. Presupuesto 1985 del 1° de enero de Se mantuvo su vinculación, adscrito a la facultad
1985 de economía.
8. Presupuesto 1986 del 1° de enero de Se mantuvo su vinculación, adscrito a la facultad
1986 de economía.
9. Presupuesto 1987 del 1° de enero de Se mantuvo su vinculación, adscrito a la facultad
1987 de economía.
10. Presupuesto 1988 del 1° de enero de Se mantuvo su vinculación, adscrito a la facultad
1988 de economía.
11. Presupuesto 1989 del 1° de enero de Se mantuvo su vinculación, adscrito a la facultad
1989 de economía.
12. Presupuesto 1990 del 1° de enero de Se mantuvo su vinculación, adscrito a la facultad
1990 de economía.
13. Presupuesto 1991 del 1° de enero de Se mantuvo su vinculación, adscrito a la facultad
1991 de economía.
14. Presupuesto 1992 del 1° de enero de Se mantuvo su vinculación.
1992
15. Presupuesto 1993 del 1° de enero de Se mantuvo su vinculación.
1993
16. Contrato administrativo de prestación Se contrató en el cargo de docente catedrático,
de servicios No. 94-1/147 del 4 de adscrito a la facultad de ciencias jurídicas.
abril de 1994
17. Contrato administrativo de prestación Se contrató en el cargo de docente catedrático,

4_080012333000202000080011EXPEDIENTEDIGI20220328082452, Remito al HCE 2020-00080-
00 JR j, 001. EXP 2020-00080-00 JR.pdf, folio 10.
15 Samai, índice 2, ED_ONEDRIVE_20220228(.zip) NroActua 2,
4_080012333000202000080011EXPEDIENTEDIGI20220328082452, Remito al HCE 2020-00080-
00 JR j, 001. EXP 2020-00080-00 JR.pdf, folios 6 al 9.

11

Radicado: 08001-23-33-000-2020-00080-01 (1005-2022)
Demandante: Gabriel Antonio Sagbini Consuegra

de servicios No. 152-1-95 del 6 de adscrito a la facultad de ciencias jurídicas.
febrero de 1995
18. Contrato administrativo de prestación Se contrató en el cargo de docente catedrático,
de servicios No. 177-1-95 del 6 de adscrito a la facultad de ciencias jurídicas.
febrero de 1995
19. Presupuesto 1996 del 1° de enero de Se mantuvo su vinculación
1996
20. Resolución 1 del 1° de enero de 1997 Se ascendió en la categoría de titular I.
21. Presupuesto 1997 del 1° de enero de Se mantuvo su vinculación
1997
22. Resolución 002039 del 23 de octubre Se nombró docente de tiempo completo de la
de 1997 facultad de nutrición y dietética, en la categoría de
asistente.
23. Resolución 2220 del 1° de diciembre Se nombró en la asignatura de teoría económica.
de 1997
24. Presupuesto 1998 del 1° de enero de Se mantuvo su vinculación en el cargo de docente
1998 de tiempo parcial, adscrito a la facultad de
economía.
25. Resolución 304 del 15 de abril de Se nombró por el primer periodo académico de
1998 1998 como profesor en la facultad de nutrición y
dietética.
26. Resolución 001190 del 16 de Se nombró a término definido a partir del 24 de
septiembre de 1998 agosto de 1998 al 30 de octubre de esa anualidad.
27. Presupuesto 1999 del 1° de enero de Se mantuvo su vinculación como docente de
1999 tiempo parcial adscrito a la facultad de economía.
28. Resolución 000701 del 21 de mayo Se nombró como profesor en la facultad de
de 1999 nutrición y dietética. Departamento de
Alimentación
29. Resolución 001024 del 26 de agosto Se unificó estipulándose 24 horas semanales en
de 2000 la categoría de titular I, a partir del 20 de
noviembre de 2000 hasta el 20 de noviembre de
2002
30. Presupuesto 2001 del 1° de enero de Se mantuvo su vinculación.
2001
31. Presupuesto 2003 del 1° de enero de Se mantuvo su vinculación.
2003
32. Presupuesto 2004 del 1° de enero de Se mantuvo su vinculación.
2004
33. Presupuesto 2005 del 1° de enero de Se mantuvo su vinculación.
2005
34. Presupuesto 2006 del 1° de enero de Se mantuvo su vinculación.
2006
35. Presupuesto 2007 del 1° de enero de Se mantuvo su vinculación.
2007
36. Presupuesto 2008 del 1° de enero de Se mantuvo su vinculación.
2008
37. Resolución 001182 del 7 de octubre Se produce el retiro definitivo del servicio público
de 2008 por reconocimiento de pensión por parte del ISS,
efectivo a partir del 1° de enero de 2009

12

Radicado: 08001-23-33-000-2020-00080-01 (1005-2022)
Demandante: Gabriel Antonio Sagbini Consuegra

• A través de la Resolución 00202 del 15 de enero de 200816 el jefe del departamento
de atención al pensionado de la seccional del Atlántico del ISS reconoció a favor de
Gabriel Antonio Sagbini Consuegra una pensión de jubilación, condicionada al retiro
definitivo del servicio.

• Certificaciones expedidas el 5 de noviembre de 200817 y el 20 de mayo de 200918,
en las cuales el presidente de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios
ASPU, Seccional Atlántico y el secretario de la junta directiva de la asociación
sindical de profesores universitarios de la Seccional Atlántico (ASPU) Atlántico,
respectivamente, certificaron que Gabriel Antonio Sagbini Consuegra, fue afiliado a
esa asociación sindical desde noviembre de 1980 a diciembre de 2009, razón por
la cual era «beneficiario de la Convención Colectiva firmada entre la Universidad del
Atlántico y SPU Atlántico en el año 1976».

• El 18 de septiembre de 201319 el demandante solicitó a la universidad demandada
el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación, de conformidad con el literal
b) del artículo 9 de la Convención Colectiva de Trabajo de 1976; petición que fue
negada con el Oficio 20192070094821 del 9 de octubre de 201920, con fundamento
en que ya le había sido reconocido una pensión de origen legal, por lo cual no había
lugar al reconocimiento de una convencional

• Al expediente también se allegó copia de la hoja de vida y antecedentes
administrativos Gabriel Antonio Sagbini Consuegra21.

2.5. Análisis sustancial

16 Samai, índice 2, ED_ONEDRIVE_20220228(.zip) NroActua 2,
4_080012333000202000080011EXPEDIENTEDIGI20220328082452, Remito al HCE 2020-00080-
00 JR j, 001. EXP 2020-00080-00 JR.pdf, folios 12 al 14.
17 Samai, índice 2, ED_ONEDRIVE_20220228(.zip) NroActua 2,
4_080012333000202000080011EXPEDIENTEDIGI20220328082452, Remito al HCE 2020-00080-
00 JR j, 001. EXP 2020-00080-00 JR.pdf, folio 16.
18 Samai, índice 2, ED_ONEDRIVE_20220228(.zip) NroActua 2,
4_080012333000202000080011EXPEDIENTEDIGI20220328082452, Remito al HCE 2020-00080-
00 JR j, 001. EXP 2020-00080-00 JR.pdf, folio 17.
19 Samai, índice 2, ED_ONEDRIVE_20220228(.zip) NroActua 2,
4_080012333000202000080011EXPEDIENTEDIGI20220328082452, Remito al HCE 2020-00080-
00 JR j, 001. EXP 2020-00080-00 JR.pdf, folios 18 al 23.
20 Samai, índice 2, ED_ONEDRIVE_20220228(.zip) NroActua 2,
4_080012333000202000080011EXPEDIENTEDIGI20220328082452, Remito al HCE 2020-00080-
00 JR j, 001. EXP 2020-00080-00 JR.pdf, folios 27 al 33.
21 Samai, índice 2, ED_ONEDRIVE_20220228(.zip) NroActua 2,
4_080012333000202000080011EXPEDIENTEDIGI20220328082452, Remito al HCE 2020-00080-
00 JR j, 006. ANTECEDENTES, HOJA DE VIDA SAGBINI CONSUEGRA GABRIEL.pdf.

13

Radicado: 08001-23-33-000-2020-00080-01 (1005-2022)
Demandante: Gabriel Antonio Sagbini Consuegra

De acuerdo con lo expuesto, en primer lugar, la Sala precisa que para establecer si
Gabriel Antonio Sagbini Consuegra tiene derecho a que su situación pensional sea
definida con apego a la Convención Colectiva de 1976, en aplicación con lo
dispuesto en el artículo 146 de la Ley 100 de 1993, es necesario acreditar que, al
30 de junio de 1995 contaba con un derecho adquirido, es decir, que cumplía con
los requisitos y exigencias del acuerdo convencional.

Para ello se recuerda que el objeto del sub judice es que se reconozca una pensión
colectiva en los términos del artículo 9 de la mencionada convención, según la cual:

«La Universidad pagará a los profesores y trabajadores la pensión de jubilación según
las siguientes reglas:

a) Con más de diez (10) años de servicio y menos de quince (15) a cualquier edad, y
si es retirado sin justa causa, o sesenta (60) años de edad y se retire voluntariamente,

b) Con quince (15) o más años de servicio y menos de veinte (20) a cualquier edad si
es retirado sin justa causa o renuncie voluntariamente.

c) Con veinte (20) años de servicio o más, cualquiera que sea la causa de la
terminación del contrato y a cualquier edad.

El monto de la pensión mensual de jubilación será el equivalente al cinco por ciento (5%)
del mayor salario mensual de su categoría por cada año de servicio sin el tope máximo
legal». [se resalta].

En consecuencia, la entidad demandada se obligó al reconocimiento de una pensión
de jubilación para el docente o trabajador que tuviera más de 15 años de servicio,
pero menos de 20, sin consideración de su edad, cuando lo retirara del servicio sin
justa causa o este hubiese renunciado. Así las cosas, son dos requisitos previstos
para su reconocimiento, el primero correspondiente al tiempo de servicio y el
segundo, relativo a la terminación del vínculo laboral, el cual es un elemento
condicionante del reconocimiento, pues este «representa varios escenarios en donde
los requisitos para el derecho son exigidos de distinta manera, al punto que el carácter
voluntario de la renuncia o la decisión de mantenerse en el cargo determinaban su
monto»22.

Así pues, de acuerdo con el material probatorio allegado al plenario, la Sala
encuentra acreditado que Gabriel Antonio Sagbini Consuegra nació el 31 de marzo
de 1942 y durante el periodo comprendido entre el 30 de noviembre de 1979 y el 1°
de enero de 2009, prestó sus servicios en la Universidad del Atlántico, es decir que

22Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 29 de abril de 2021,
expediente 08001-23-33-000-2014-00187-01 (4453-16) M.P. César Palomino Cortés.

14

Radicado: 08001-23-33-000-2020-00080-01 (1005-2022)
Demandante: Gabriel Antonio Sagbini Consuegra

se retiró del servicio con más de 60 años de edad. Situación que no fue objeto de
reproche alguno.

Conforme con lo anterior, se concluye que a la fecha en que entró en vigencia la
Ley 100 de 1993 en el sector territorial, el demandante no tenía consolidada su
situación, pues si bien para el 30 de junio de 1995, tenía más de 50 años de edad y
había prestado más de 15 años de servicios en la Universidad del Atlántico y por
tanto, podría ser beneficiario de las disposiciones contenidas en los literales a), b)
o c) del artículo 9 de la Convención Colectiva de Trabajo de 1976 suscrita por el
ente territorial, éste no se retiró del servicio sin justa causa, ni lo hizo en forma
voluntaria, pues lo que se advierte, es que la vinculación culminó como
consecuencia de haberle sido reconocida una pensión de vejez, esto es, con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 25 del Decreto Ley 2400 de 1968, 1 del
Decreto 3074 de 1968 y 9 de la Ley 797 de 2003, tal y como se advierte en la
Resolución 001182 del 7 de octubre de 2008.

Aunado a lo expuesto, esta Sala encuentra necesario señalar que a partir del
régimen contenido en la Ley 100 de 1993, el legislador, en desarrollo del derecho a
la seguridad social previsto en el artículo 48 de la Constitución Política de 1991,
creó el Sistema General de Pensiones cuyo fin es garantizar el amparo a la
población para contingencias provenientes de la vejez, la invalidez y la muerte. Este
ambicioso sistema, entre otras, pretendió desarrollar los principios constitucionales
de eficiencia, universalidad y solidaridad en materia pensional. Además, procuró
resolver el «crecimiento incontrolable del correspondiente gasto público, y aun mayor
aumento de un pasivo escondido», toda vez que el «pago de pensiones en el sector
público se realiza[ba] con cargo a los presupuestos nacional y territorial, o a los
recursos de las entidades, sin contribución de los trabajadores, ni con rendimiento de
inversiones de reservas»23.

En tal sentido, y con el fin de darle vigencia al carácter solidario del sistema que
impone políticas de racionalización del gasto, el legislador buscó, sin desproteger
los riesgos que ampara, que al cubrir esas contingencias desaparezca la necesidad
de su protección. De manera que, la regla del sistema es la incompatibilidad entre
pensiones que aseguren igual riesgo. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia ha
señalado lo siguiente24:

«Para el Tribunal, la pretensión en el reconocimiento de una pensión de vejez, con
tiempos prestados a empleadores privados reñía con el hecho de que el accionante ya
contaba con una pensión de jubilación de Ley 33 de 1985 reconocida por el ISS; que

23 Exposición de motivos de la Ley 100 de 1993, Gaceta 087 de 1992.
24 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia SL536-2018 del 28 de febrero

de 2018, radicado 48880, M.P. Gerardo Botero Zuluaga.

15

Radicado: 08001-23-33-000-2020-00080-01 (1005-2022)
Demandante: Gabriel Antonio Sagbini Consuegra

como ambas tenían idéntica naturaleza y además preservaban el mismo riesgo, no
era viable cargar al sistema con esa condena.

Para esta Sala de la Corte, las conclusiones jurídicas a las que arribó el juzgador de
segundo grado no son equivocadas, pues finalmente lo que hizo fue evidenciar que
bajo la Ley 100 de 1993, no era posible la asignación de dos pensiones de vejez,
independientemente del origen de los servicios prestados.

[…]

En ese sentido deben leerse las decisiones que esta Sala de la Corte ha decantado,
esto es que únicamente bajo el evento de que cualquiera de las dos prestaciones
de las que se pide su compatibilidad, hubiesen sido causadas antes de la
vigencia de la Ley 100 de 1993, es que puede predicarse su compatibilidad, cuando
provengan de distintos tiempos, como los públicos y privados, pues de lo contrario se
entenderá que es inviable. [Resalta la Sala].

En ese orden, el sistema pensional actual no permite que se acceda a una
segunda prestación que cubra el riesgo que ya ha sido amparado, por lo que
resulta intrascendente su origen como su finalidad, esto es, proporcionarle al ex
trabajador que cumple con los requisitos, lo necesario para subsistir. En igual
sentido lo ha considerado esta corporación, al señalar que «al entrar en vigor [la Ley
100] esta implementó un sistema integral que se acompasaba con el canon constitucional
precitado, en el entendido de que no era posible devengar dos prestaciones destinadas a
contener el mismo riesgo de vejez»25.

Así las cosas, bajo el entendido de que Gabriel Antonio Sagbini Consuegra se
benefició de una pensión de vejez reconocida por el ISS el 15 de enero de 2008, ha
de entenderse que la contingencia de la vejez ya se cubrió de manera que no habría
a reconocer ninguna prestación adicional que garantice igual riesgo.

Así las cosas, por todo lo anterior, esta Sala confirmará la sentencia de primera
instancia, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Atlántico negó las
pretensiones de la demanda presentada por Gabriel Antonio Sagbini Consuegra.

2.6. Costas

La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

25Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A.
sentencia del 1.º de julio de 2021, radicado 25000 23 42 000 2017 00280 01 (6442-2018), M.P.
William Hernández Gómez.

16

Radicado: 08001-23-33-000-2020-00080-01 (1005-2022)
Demandante: Gabriel Antonio Sagbini Consuegra

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada, no
presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y solo,
en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales del
procedimiento para su liquidación y ejecución.

Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al juez
de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma.26

Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, la parte vencida
actuase con temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en
el transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.

3. Conclusión

Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que Gabriel Antonio Sagbini
Consuegra no cumple con todos los requisitos necesarios para acceder a la pensión
de jubilación prevista en el artículo 9 de la Convención Colectiva suscrita el 5 de
abril de 1976 entre los sindicatos de trabajadores de la Universidad del Atlántico y
dicha institución educativa.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

26En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

17

Radicado: 08001-23-33-000-2020-00080-01 (1005-2022)
Demandante: Gabriel Antonio Sagbini Consuegra

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia del 11 de junio de 2021proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico que denegó las pretensiones de la demanda promovida
por Gabriel Antonio Sagbini Consuegra contra la Universidad del Atlántico, de
acuerdo con las razones expuestas en la presente providencia.

Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.

Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.

DMGT

18

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