Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-04506-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-04506-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-04506-01
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
23 de enero de 2025
Demandante: Gabriel Sagbini Consuegra
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04506-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá D.C., veintitrés (23) de enero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04506-01
Demandante: GABRIEL SAGBINI CONSUEGRA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN
B
Tema: Tutela contra providencia judicial. Requisito de relevancia
constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la impugnación formulada por la parte accionante, contra
la sentencia del 18 de octubre de 2024, en virtud de la cual el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B, negó el amparo solicitado en su escrito de amparo.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
Con escrito radicado el 26 de agosto de 2024, el señor Gabriel Sagbini Consuegra,
actuando a través de apoderado judicial1, promovió demanda en ejercicio de la acción
de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en la que
pretende el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad
y seguridad social.
En criterio del actor, la vulneración de las citadas garantías constitucionales se
materializó en la sentencia del 30 de noviembre de 2023, proferida por la autoridad
judicial accionada al interior del proceso ordinario 08001 -23-33-000-2020-00080-01,
la cual confirmó la decisión de primera instancia dictada por el Tribunal Administrativo
del Atlántico el 11 de junio de 2021.
Dicho asunto versó sobre la controversia de nulidad y restablecimiento del derecho
promovida por el señor Sagbini Consuegra, referente a la nulidad de un acto
administrativo proferido por la Universidad del Atlántico que negó una solicitud
pensional y su consecuente reconocimiento.
1 El abogado Blasco Ibañez Jimeno, cuyo poder fue debidamente allegado al proceso.
1
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Demandante: Gabriel Sagbini Consuegra
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
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1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, el accionante formuló las siguientes pretensiones:
1. TUTELAR a favor de mi representada, los derechos constitucionales
fundamentales al Debido Proceso, a la igualdad y seguridad social y al efectivo
Acceso a la Administración de Justicia por haber incurrido en una violación directa
del artículo 53 de la Constitución Nacional, por falta de aplicación del principio in
dubio pro operario.
2. Como consecuencia de lo anterior, se deje sin efectos la sentencia proferida
por el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B, Bogotá, D. C., treinta (30) de noviembre
de dos mil veintitrés (2023) Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 08001 -23-33-000-2020-00080-01 (1005-2022), que confirmó la
sentencia proferida por el TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DEL ATLÁNTICO, Sala de decisión oral 'A' DEL, once (1 1) de junio de dos mil
veintiuno (2021).
3. Remitir el proceso al juez natural, para que corrija el yerro en una nueva
providencia, o en su defecto, dado que el yerro en este asunto está debidamente
acreditado, con la entidad para vulnerar los derechos fundamentales del actor,
proferir la respectiva sentencia en esta sede de acción constitucional.2
1.3. Hechos probados y/o admitidos
La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:
El señor Sagbini Consuegra laboró como docente de la Universidad del Atlántico
desde el 30 de noviembre de 1979 y hasta el 1 de enero de 2009.
Por medio de Resolución 00202 del 15 de enero de 2008, el jefe del departamento de
atención al pensionado de la Seccional del Atlántico del Instituto de Seguridad Social
(ISS) reconoció pensión de jubilación al accionante que se condicionó a su retiro
definitivo del servicio.
El 18 de septiembre de 2019, el señor Sagbini Consuegra elevó petición a la
Universidad del Atlántico identificada con radicado 20192050175922 para que se le
reconociera y pagara una pensión convencional de jubilación desde el 30 de
noviembre de 1979 y hasta la fecha de su cancelación, con fundamento en el artículo
9 de la Convención Colectiva de Trabajo de 1976 de la Universidad del Atlántico.
A través de oficio 20192010094821 del 9 de octubre de 2019, la Universidad del
Atlántico negó la solicitud pensional en razón a que el ISS ya le había reconocido
una pensión de origen legal que impedía el reconocimiento de la pensión
convencional.
Con ocasión del anterior acto administrativo, el accionante promovió demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la
2 Transcripción literal del texto original con posibles errores.
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Universidad del Atlántico en la cual pretendió la nulidad del Oficio 20192070094821
del 9 de octubre de 2019. Asimismo, a título de restablecimiento de derecho, solicitó
que se ordenara a la universidad reconocer y pagar la pensión convencional de
conformidad con el artículo 9 de la Convención Colectiva de 1976.
El asunto correspondió por reparto al Tribunal Administrativo del Atlántico bajo el
radicado 08001-23-33-000-2020-00080-00, autoridad que clausuró la primera
instancia con fallo del 11 de junio de 2021 en el que negó a las pretensiones de la
demanda. Para llegar a dicha conclusión, consideró que el señor Sagbini Consuegra
no cumplió con todos los presupuestos establecidos por la Convención Colectiva de
1976 para el reconocimiento de la pensión solicitada comoquiera que no se retiró sin
justa causa o voluntariamente del servicio.
La anterior decisión fue confirmada por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, mediante sentencia proferida el 30 de noviembre de 2023, en la cual
se explicó que el señor Sagbini Consuegra no cumplía con los requisitos para que se
le reconociera la pensión puesto que no se retiró del servicio sin justa causa ni en
forma voluntaria. Adicionalmente, se razonó que el demandante se había beneficiado
de una pensión de vejez reconocida por el ISS, por lo cual no había lugar a reconocer
una prestación pensional adicional que garantizara un riesgo idéntico al ya cubierto.
La Secretaría de la Corporación notificó esta decisión a través de correo electrónico
enviado el 26 de febrero de 2024.
1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo
El accionante afirmó que la solicitud de amparo supera todos los requisitos de tutela
contra providencia judicial precisados por la Corte Constitucional en la sentencia C-
590 de 2005. En lo que atañe a la relevancia constitucional del asunto, consideró que
esta se acredita puesto que lo perseguido es la protección de sus derechos
fundamentales.
Asimismo, explicó que se agotaron todos los mecanismos ordinarios de defensa
judicial a su alcance y que la acción de tutela se interpuso dentro de los seis meses
que la jurisprudencia ha entendido como razonables en punto del requisito de
inmediatez.
Finalmente, sostuvo que en la providencia objeto de controversia se configuró una
violación directa de la constitución, puesto que el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, omitió lo establecido por la Corte Constitucional en la
Sentencia SU-221 de 2024. Alegó que, en dicha oportunidad, el tribunal
constitucional aclaró que las convenciones colectivas deben interpretarse bajo el
principio de in dubio pro operario y aplicarse la norma que más beneficie al trabajador
en línea con el artículo 53 de la Constitución.
Igualmente, indicó que, conforme a la sentencia de la Corte Constitucional, cuando
el operador judicial interprete normas convencionales relativas a derechos
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pensionales, debe limitarse a verificar el cumplimiento del tiempo de servicio previsto
en la convención. En este sentido, refirió que la desvinculación laboral sin justa causa
o el retiro voluntario del trabajador, según la Sentencia SU-221 de 2024, no
constituyen requisitos para la adquisición del derecho pensional, sino meros
presupuestos de exigibilidad de este.
1.5. Trámite de la acción de tutela
El magistrado ponente de la decisión de primera instancia, por auto del 27 de agosto
de 2024, admitió la acción de tutela; ordenó la notificación de las autoridades judiciales
accionadas y la vinculación de la Universidad del Atlántico en calidad de tercero con
interés; comisionó al Tribunal Administrativo del Atlántico para que allegara el
expediente del proceso con radicado No. 08001-23-33-000-2020-00080-00/01; y
reconoció personería jurídica al apoderado de la parte actora.
1.6. Intervenciones
La Secretaría General de la Corporación, en cumplimiento a lo ordenado en el auto
admisorio de la acción de tutela, libró los oficios dirigidos a los sujetos procesales
como consta en el expediente de SAMAI3 y en virtud de los cuales se recibieron los
siguientes escritos:
1.6.1. Universidad del Atlántico
La Universidad argumentó que la acción de tutela no es procedente debido al
transcurso de un periodo de 9 meses entre la fecha de la sentencia judicial
cuestionada, del 30 de noviembre de 2023, y la admisión de la acción de tutela el 27
de agosto de 2024. Indicó que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el
principio de inmediatez es un requisito de procedibilidad de la acción de tutela, que
exige su interposición de manera oportuna y razonable frente a los hechos que
generaron la afectación o amenaza de los derechos fundamentales invocados. Por tal
razón, solicitó que se declarara la improcedencia de la solicitud de amparo.
1.6.2. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
El magistrado Juan Enrique Bedoya Escobar aportó contestación a la acción de tutela
en la cual explicó que la decisión cuestionada tuvo en cuenta la incompatibilidad
derivada de la prohibición de recibir doble erogación del erario, al haberse cubierto la
contingencia de la vejez, y que esta se fundamentó en la posición jurisprudencial hasta
entonces pacífica de la corporación respecto al cumplimiento de la totalidad de los
requisitos exigidos en la convención colectiva.
Asimismo, sostuvo que ante la Sentencia SU-221 de 2024, proferida por la Corte
Constitucional, no se evidencia error alguno en la decisión adoptada, dado que dicha
sentencia representó un cambio jurisprudencial posterior a la expedición de la
3 Índice 00007 del expediente digital de primera instancia.
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providencia en cuestión, lo que descarta la posibilidad de considerar que la
Corporación haya errado en su momento.
Subrayó que la acción de tutela contra providencias judiciales debe concebirse como
un juicio de validez y no de corrección, lo que impide utilizarla como una tercera
instancia para reabrir debates ya resueltos por el juez natural de la causa. En este
orden de ideas, entendió que la solicitud de tutela se encamina a plantear nuevamente
un debate sobre asuntos que ya fueron considerados, controvertidos y juzgados
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
Con base en lo anterior, solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de
tutela, o en su defecto, que se negaran las pretensiones del accionante.
1.6.3. Tribunal Administrativo del Atlántico
El Tribunal Administrativo del Atlántico se limitó a enviar el expediente del proceso con
radicado No. 08001-23-33-000-2020-00080-00/01 sin pronunciarse sobre el escrito
tutelar.
1.7. Sentencia de primera instancia
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B profirió sentencia el 18 de
octubre de 2024 en la que negó la solicitud de amparo.
Para arribar a la anterior determinación, el a quo advirtió que la acción de tutela supera
los requisitos de procedencia al cuestionarse una providencia judicial. En punto del
defecto por desconocimiento del precedente alegado por el actor, consideró que el
yerro no se configuró puesto que la sentencia SU-221 de 2024 de la Corte
Constitucional se profirió con posterioridad a la decisión judicial cuestionada. Así las
cosas, afirmó que la Sección Segunda no omitió la aplicación de ningún precedente y
que, por el contrario, aplicó una interpretación posible de la Convención Colectiva de
1976.
Frente a esta decisión mayoritaria, el magistrado Martín Bermúdez Muñóz salvó el
voto puesto que, a su juicio, la Sala debió conceder el amparo solicitado. Argumentó
que la sentencia cuestionada se apartó del artículo 53 de la Constitución al adoptar
una interpretación restrictiva de la Convención Colectiva, en virtud de la cual se
concluyó que al accionante no le asistía el derecho pensional.
El fallo se notificó a través de correo electrónico remitido el 20 de noviembre de 2024.
1.8. Impugnación
Con escrito radicado en la Secretaría General de la Corporación el 22 de noviembre
de 2024, el accionante presentó impugnación a la decisión de primera instancia
solicitando su revocatoria para, en su lugar, acceder a las pretensiones de la acción
de tutela.
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Señaló que el a quo identificó de manera errónea los derechos y defectos
mencionados en el libelo inicial. Explicó que contrario a lo consignado en la sentencia
de primera instancia, el yerro alegado no es el desconocimiento del precedente fijado
en la sentencia SU-221 de 2024, toda vez que esta es posterior a la providencia
cuestionada, sino una violación directa de la Constitución por la transgresión de los
derechos fundamentales del actor ante una decisión que se adscribe a una línea
jurisprudencial contraria a las garantías constitucionales de los trabajadores.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer la impugnación al fallo de tutela proferido por
el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 31 y 32 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo 080 de 2019
del Consejo de Estado.
En suma, no se advierte irregularidad alguna que impida a esta sala proferir una
decisión de fondo, de cara a la pretensión constitucional de la parte accionante.
2.2. Problema jurídico
Conforme lo establecido en los antecedentes, la pretensión invocada por la parte
accionante y el material probatorio recaudado corresponde a la Sala establecer si
confirma, modifica o revoca la sentencia del 18 de octubre de 2024, dictada por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. A efectos de lo anterior, se debe
resolver el siguiente problema jurídico:
• ¿Se superan los requisitos adjetivos de procedencia de la acción de tutela en
contra de providencias judiciales?
En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá lo siguiente:
• ¿El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, vulneró los derechos
fundamentales invocados por el accionante, con ocasión de la sentencia del 30
de noviembre de 2023, proferida al interior del proceso ordinario N.º08001 -23-
33-000-2020-00080-00/01?
Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes temas:
i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela
contra providencia judicial; ii) estudio sobre los requisitos de procedencia adjetiva y,
finalmente, de encontrarse superados, (iii) análisis de los defectos invocados, y (iv) el
caso concreto.
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2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 4
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela
contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala
Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema5 y declaró su procedencia.6
Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se
dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice
el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de
los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad
o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la
que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido
de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las
anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.4.1. Relevancia constitucional
El criterio de relevancia constitucional establece la distinción que debe existir entre el
juez natural del caso y el juez constitucional, respetando la competencia que cada uno
tiene. Pues, como se ha sostenido en líneas anteriores, la acción de tutela no se erige
en una tercera instancia. Al respecto, la Sala considera pertinente traer a colación lo
expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia SU 215 de 2022 7, la cual,
desarrolló y explicó los derroteros que deben observarse en aplicación de este
requisito de relevancia constitucional.
4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María
Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
5 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
6 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
7 M.P. Natalia Ángel Cabo.
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En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias judiciales
hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo
constitucional contra una decisión judicial:
el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó en que,
cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia
debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un
órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica,
sino que también son fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las
decisiones de los jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización
del principio de igualdad.
Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como una
instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación de
las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como un eje fundamental
para:
lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues así
se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su
competencia y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la
Constitución.
Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:
(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de
los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción
como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal8 (Énfasis de la Sala).
De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto reviste
relevancia constitucional son los siguientes:
En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico9; es decir, la cuestión
“debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional.”10
(…)
En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.
(…)
8 Sentencia SU-573 de 2019.
9 Sentencia SU-103 de 2022.
10 Sentencia SU-103 de 2022.
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Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no a problemas de carácter legal.”11 En este orden, se reitera
que el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo
trascienda la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales”12
En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos
a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho
fundamental.
(…)
Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra
decisiones de las altas cortes debe ser estricto13, lo que implica verificar que en
efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria
de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no
debe representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un
escenario para definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección
legal14. (Resaltado de la Sala)
2.5. Caso Concreto
Al revisar el escrito introductorio, los memoriales de contestación al amparo
constitucional y las pruebas incorporadas al trámite, la Sala colige que la acción de
tutela debe ser declarada improcedente por cuanto no supera el requisito de
relevancia constitucional expuesto en líneas anteriores.
Desde la perspectiva del accionante, el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, incurrió en una violación directa de la Constitución al proferir la
sentencia del 30 de noviembre de 2023 al interior del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho ordinario N.º08001-23-33-000-2020-00080-00/01.
En su sentir, la autoridad judicial accionada adoptó una decisión violatoria de sus
garantías fundamentales, puesto que adoptó una interpretación contraria a la
Constitución, como se desprende de lo aclarado por la Corte Constitucional en la
sentencia SU-221 de 2024. En concreto, señaló que, como lo estableció el tribunal
constitucional, las convenciones colectivas deben interpretarse bajo el principio in
dubio pro operario y que para los reconocimientos pensionales el operador judicial
debe limitarse a verificar el cumplimiento del tiempo de servicio previsto en la
convención.
Respecto al defecto argumentado por el accionante, se advierte que el amparo
constitucional no tiene la identidad o trascendencia para aplicar, interpretar o
desarrollar mandatos constitucionales, ya que lo pretendido por el actor es que se
dirima un asunto de mera legalidad que deviene de una inconformidad con la
11 Sentencia SU-103 de 2022.
12 Sentencia SU-128 de 2021.
13 Sentencia SU-573 de 2019.
14 Ibid.
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interpretación válida realizada por el juez de instancia que se apoyó de manera
razonable en la convención colectiva aplicable, el marco legal y constitucional como
se observa de los siguientes fragmentos de la sentencia:
Conforme con lo anterior, se concluye que a la fecha en que entró en vigencia la Ley
100 de 1993 en el sector territorial, el demandante no tenía consolidada su situación,
pues si bien para el 30 de junio de 1995, tenía más de 50 años de edad y había
prestado más de 15 años de servicios en la Universidad del Atlántico y por tanto, podría
ser beneficiario de las disposiciones contenidas en los literales a), b) o c) del artículo
9 de la Convención Colectiva de Trabajo de 1976 suscrita por el ente territorial, éste
no se retiró del servicio sin justa causa, ni lo hizo en forma voluntaria, pues lo que se
advierte, es que la vinculación culminó como consecuencia de haberle sido reconocida
una pensión de vejez, esto es, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 25 del
Decreto Ley 2400 de 1968, 1 del Decreto 3074 de 1968 y 9 de la Ley 797 de 2003, tal
y como se advierte en la Resolución 001182 del 7 de octubre de 2008.
(…)
En ese orden, el sistema pensional actual no permite que se acceda a una segunda
prestación que cubra el riesgo que ya ha sido amparado, por lo que resulta
intrascendente su origen como su finalidad, esto es, proporcionarle al ex trabajador
que cumple con los requisitos, lo necesario para subsistir. En igual sentido lo ha
considerado esta corporación, al señalar que «al entrar en vigor [la Ley 100] esta
implementó un sistema integral que se acompasaba con el canon constitucional
precitado, en el entendido de que no era posible devengar dos prestaciones destinadas
a contener el mismo riesgo de vejez»15. Así las cosas, bajo el entendido de que Gabriel
Antonio Sagbini Consuegra se benefició de una pensión de vejez reconocida por el
ISS el 15 de enero de 2008, ha de entenderse que la contingencia de la vejez ya se
cubrió de manera que no habría a reconocer ninguna prestación adicional que
garantice igual riesgo.
Adicionalmente, desde el ámbito argumentativo, los reparos que son expuestos en la
demanda en relación a este defecto no exponen con suficiencia las razones de peso
que justifiquen la intervención del juez constitucional. Máxime por cuanto no se
evidencia prima facie vulneración de los derechos fundamentales por parte de la
autoridad judicial accionada.
Se advierte que, si bien el accionante alegó que el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B incurrió en una violación directa de la Constitución mediante
la interpretación adoptada en la sentencia cuestionada, lo cierto es que su
argumentación en el escrito tutelar se sustenta principalmente en una supuesta
contradicción entre la decisión controvertida y la Sentencia SU-221 de 2024 de la
Corte Constitucional.
Sin embargo, es evidente que dicha providencia fue emitida por el tribunal
constitucional con posterioridad al fallo reprochado en sede de tutela, lo cual descarta
la posibilidad de imputar un yerro al fallador del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho por un supuesto desconocimiento de este precedente.
15 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A.
sentencia del 1.º de julio de 2021, radicado 25000 23 42 000 2017 00280 01 (6442-2018), M.P.
William Hernández Gómez.
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Demandante: Gabriel Sagbini Consuegra
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04506-01
En consecuencia, al no verificarse la base principal de la argumentación del
accionante para sustentar una presunta violación directa de la Constitución, resulta
claro que su exposición carece de suficiencia y se limita a reiterar los planteamientos
ya debatidos y resueltos dentro del proceso ordinario, sin alcanzar el estándar
argumentativo necesario para proceder a un estudio de fondo sobre la existencia de
un eventual defecto.
Por lo anterior, se pone de presente que formular un simple desacuerdo con una
decisión judicial y, sumado a ello, alegar la vulneración de unas garantías
fundamentales, no conlleva a que el asunto puesto en conocimiento del juez de tutela
revista necesariamente relevancia constitucional. La competencia de este juez se
restringe a la protección efectiva de las garantías constitucionales y no a problemas
de carácter legal o a estudiar una mera inconformidad con las decisiones adoptadas
por los jueces naturales
En este sentido, la pretensión del accionante es improcedente por cuanto refleja un
inconformismo con las conclusiones a las que llegó la autoridad judicial accionada, lo
cual, per se no implica una trasgresión de los derechos fundamentales. Es claro que
un sencillo desacuerdo en relación con la conclusión a la cual arribó el juez de
instancia, en ninguna manera puede ser razón para ordenar el amparo constitucional
por este aspecto. Aceptar lo contrario, implicaría una sustitución arbitraria del juez
natural.
Finalmente, en atención a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en los eventos
que el amparo constitucional tiene como objeto cuestionar una decisión proferida por
un órgano de cierre, es imperativo demostrar que ésta se dictó de forma arbitraria o
caprichosa, lo cual no se advierte en el presente asunto.
Con fundamento en lo expuesto en los párrafos precedentes, se revocará la sentencia
del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B que negó las pretensiones de
la solicitud de amparo para, en su lugar, declarar la improcedencia de la tutela al no
cumplirse con el requisito de relevancia constitucional.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 18 de octubre de 2024, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B que negó el amparo solicitado y,
en su lugar, DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
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Demandante: Gabriel Sagbini Consuegra
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04506-01
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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