Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-04506-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-04506-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-04506-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-04506-00
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
18 de octubre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D. C., 18 de octubre de 2024
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04506-00
Demandante: Gabriel Sagbini Consuegra
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Desconocimiento del
precedente - niega
Síntesis del caso: La parte actora enjuició la sentencia de segunda instancia que confirmó
la decisión de primer grado que negó una demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho, relacionada con el reconocimiento y pago de una pensión convencional de
jubilación.
De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver, en
primera instancia, la acción de tutela presentada por Gabriel Sagbini
Consuegra contra la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada y demás
vinculados.
1.1. Posición de la parte actora
1. El 26 de agosto de 2024, Gabriel Sagbini Consuegra, mediante
apoderado judicial, presentó una acción de tutela contra la Subsección B
de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por la presunta vulneración
de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, seguridad
social y acceso a la administración de justicia, con ocasión de la Sentencia
de 30 de noviembre de 20232, proferida dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho No. 08001-23-33-000-2020-00080-01.
2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):
“1. TUTELAR a favor de mi representada, los derechos constitucionales
fundamentales al Debido Proceso, a la igualdad y seguridad social y al efectivo
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de
2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
2 Notificada mediante mensaje de datos enviado el 26 de febrero de 2024.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04506-00
Demandante: Gabriel Sagbini Consuegra
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Naturaleza: Acción de tutela
Decisión: Niega amparo
_____________________________________________________________________________________________________________
Acceso a la Administración de Justicia por haber incurrido en una violación
directa del artículo 53 de la Constitución Nacional, por falta de aplicación del
principio in dubio pro operario.
2. Como consecuencia de lo anterior, se deje sin efectos la sentencia proferida
por el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B, Bogotá, D. C., treinta (30) de noviembre de
dos mil veintitrés (2023) Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 08001-23-33-000-2020-00080-01 (1005-2022), que confirmó la
sentencia proferida por el TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL
ATLÁNTICO, Sala de decisión oral 'A' del once (11) de junio de dos mil veintiuno
(2021).
3. Remitir el proceso al juez natural, para que corrija el yerro en una nueva
providencia, o en su defecto, dado que el yerro en este asunto está
debidamente acreditado, con la entidad para vulnerar los derechos
fundamentales del actor, proferir la respectiva sentencia en esta sede de
acción constitucional.”
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos,
fueron identificados los siguientes:
4. 1) Gabriel Sagbini Consuegra se desempeñó como docente en la
Universidad del Atlántico, del 30 de noviembre de 1979 al 7 de octubre de
2008.
5. 2) El 18 de septiembre de 2019, Gabriel Sagbini Consuegra presentó
una petición a la Universidad del Atlántico, para que, con fundamento en
el artículo 9 de la Convención Colectiva de Trabajo de 1976, se le
reconociera y pagara una “pensión compartida convencional de
jubilación”, desde el 30 de noviembre de 1997, fecha en la que cumplió 15
años de servicio, y hasta la fecha de su cancelación.
6. 3) A través del Oficio No. 20192010094821 de 9 de octubre de 2019, la
Universidad del Atlántico negó lo solicitado, con fundamento en que el
Instituto de Seguros Sociales ya le había reconocido3 una pensión de vejez
de origen legal al señor Sagbini Consuegra y porque no reunió los requisitos
establecidos en la convención antes de la entrada en vigencia de la Ley
100 de 1993.
7. 4) El 7 de febrero de 2020, Gabriel Sagbini Consuegra, por conducto
de apoderado judicial, presentó demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho, con el fin de que se declarara la nulidad del acto
administrativo referido en el numeral anterior y, en consecuencia, se
ordenara el reconocimiento pensional solicitado.
8. 5) Mediante Sentencia de 11 de junio de 2021, el Tribunal
Administrativo de Atlántico, Sala de Decisión A, negó las pretensiones de la
3 Mediante la Resolución No. 1182 de 7 de octubre de 2008.
2 de 8
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04506-00
Demandante: Gabriel Sagbini Consuegra
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Naturaleza: Acción de tutela
Decisión: Niega amparo
_____________________________________________________________________________________________________________
demanda. Argumentó que los presupuestos establecidos en el literal b) del
artículo 9 de la Convención Colectiva de Trabajo de 1976 no se cumplieron4,
comoquiera que el demandante al cumplir los 15 años de servicio no fue
retirado sin justa causa ni renunció voluntariamente, sino que su retiro
efectivo se produjo el 7 de octubre de 2008, luego de que el Instituto de
Seguros Sociales le reconociera una pensión, (se trascribe) “luego entonces,
al 30 de junio de 1997 contemplaba 18 años, pero no tenía ningún derecho
adquirido o consolidado, según la convención colectiva”.
9. 6) La parte demandante apeló la anterior decisión5 y la Subsección B
de la Sección Segunda del Consejo de Estado, a través de la Sentencia de
30 de noviembre de 2023, la confirmó, tras considerar que, si bien, el señor
Sagbini Consuegra tenía derecho a que su situación pensional fuera
definida con apego a la Convención Colectiva de 1976, en aplicación de
lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley 100 de 19936, era necesario acreditar
que, al 30 de junio de 1995, contaba con un derecho adquirido, es decir,
que cumplía con los requisitos y exigencias del acuerdo convencional.
10. Determinó que lo anterior no había sucedido, ya que (se trascribe) “si
bien para el 30 de junio de 1995, tenía más de 50 años de edad y había
prestado más de 15 años de servicios en la Universidad del Atlántico y por
tanto, podría ser beneficiario de las disposiciones contenidas en los literales
a), b) o c) del artículo 9 de la Convención Colectiva de Trabajo de 1976
suscrita por el ente territorial, éste no se retiró del servicio sin justa causa, ni lo
hizo en forma voluntaria”. Además, evidenció que la contingencia de la
vejez ya se encontraba cubierta y, por ende, no había lugar a reconocer
otra prestacional adicional que garantizara igual riesgo.
11. El fundamento de la vulneración radicó, a juicio de la parte actora,
en que la providencia enjuiciada incurrió en una violación directa de la
Constitución porque, en esta, la Subsección B de la Sección Segunda del
4 “Art. 9. “La universidad pagará a los profesores y trabajadores la pensión de jubilación según las siguientes reglas:
(…) b. Con quince (15) o más años de servicio y menos de 20 a cualquier edad, si es retirado sin justa causa o
renuncie voluntariamente.”
5 Adujo que (se trascribe) “la Ley 33 de 1985 no señaló en forma taxativa los factores salariales que conforman la
base de liquidación pensional, sino que los mismos están simplemente enunciados, y no impiden la inclusión de
otros conceptos devengados por el trabajador durante el último año de prestación de servicios bajo el entendido
que salario es “todo lo que remunera el servicio personal. (…) Argumentó que liquidar las pensiones tomando
como base los factores sobre los cuales se han efectuado aportes, no es obstáculo para que si no se descontó
sobre esos emolumentos se deban excluir del IBL, ya que siempre es posible ordenar el descuento que por dicho
concepto hubiere lugar. Por lo que solicitó al Tribunal disponer la reliquidación de la pensión con la inclusión de
todos los factores salariales devengados en su último año de servicios y sobre los que se hubiesen realizado las
correspondientes cotizaciones, como la prima de vacaciones.” Páginas 2 y 3 de la sentencia enjuiciada.
6 “Artículo 146. Situaciones jurídicas individuales definidas por disposiciones municipales o departamentales. Las
situaciones jurídicas de carácter individual definidas con anterioridad a la presente Ley, con base en disposiciones
Municipales o Departamentales en materia de pensiones de jubilación extralegales en favor de empleados o
servidores públicos o personas vinculadas laboralmente a las entidades territoriales o a sus organismos
descentralizados, continuarán vigentes.
<Expresión tachada INEXEQUIBLE> También tendrán derecho a pensionarse con arreglo a tales disposiciones,
quienes con anterioridad a la vigencia de este artículo, hayan cumplido o cumplan dentro de los dos años
siguientes los requisitos exigidos en dichas normas.
Lo dispuesto en la presente Ley no afecta ni modifica la situación de las personas a que se refiere este artículo.
Las disposiciones de este artículo regirán desde la fecha de la sanción de la presente Ley.
3 de 8
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04506-00
Demandante: Gabriel Sagbini Consuegra
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Naturaleza: Acción de tutela
Decisión: Niega amparo
_____________________________________________________________________________________________________________
Consejo de Estado no tuvo en cuenta que, en la Sentencia SU-221 de 2024,
la Corte Constitucional consideró que: a) una interpretación de la
convención colectiva, apartada del principio in dubio pro operario
constituía una violación directa del artículo 53 de la Constitución Política, y
b) cuando el operador judicial interpreta normas convencionales debe
tener como requisito de adquisición del derecho únicamente el
cumplimiento del tiempo de servicio previsto en la convención, ya que (se
trascribe) “la desvinculación sin justa causa o por retiro voluntario sería un
presupuesto de exigibilidad de la pensión”. Por lo expuesto, adujo que se
trasgredieron sus derechos adquiridos derivados de la Convención
Colectiva de 1976.
1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados7
12. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, luego
de hacer un recuento de los hechos y exponer los fundamentos de su
decisión, puso de presente que la circunstancia de que la Corte
Constitucional profiriera la Sentencia SU-221 de 2024, no evidenciaba yerro
alguno en su decisión, comoquiera que la aludida providencia de
unificación fue posterior.
13. Agregó que no advertía la vulneración de algún derecho
fundamental, sino la pretensión de que, a través de la solicitud de amparo,
se abordara un debate ya resuelto, como si se tratara de una tercera
instancia.
14. Con fundamento en lo anterior, solicitó que se declarara la
improcedencia de la acción de tutela o, en su defecto, se negaran las
pretensiones.
15. El Tribunal Administrativo de Atlántico remitió, de manera digital, el
expediente ordinario solicitado, junto con el enlace de su consulta en el
aplicativo SAMAI, pero no rindió informe alguno.
16. La Universidad del Atlántico, tras referirse a cada uno de los hechos,
manifestó que la acción de tutela era improcedente por no satisfacer el
requisito de inmediatez, comoquiera que entre la expedición de la
sentencia reprochada -20 de noviembre de 2023- y la admisión de la acción
constitucional -27 de agosto de 2024-, transcurrieron 9 meses. Además,
sostuvo que se oponía a las pretensiones del accionante, por carecer de
fundamento fáctico.
7 Mediante Auto de 27 de agosto de 2024, el despacho ponente resolvió (1) admitir la acción de tutela de la
referencia, (2) tener como parte demandada a la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado y
al Tribunal Administrativo de Atlántico y (3) vincular, en calidad de tercero interesado, a la Universidad del
Atlántico.
4 de 8
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04506-00
Demandante: Gabriel Sagbini Consuegra
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Naturaleza: Acción de tutela
Decisión: Niega amparo
_____________________________________________________________________________________________________________
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Identificación de derechos y defectos. 2.2. Procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial. 2.3. Fijación de la controversia. 2.4. Verificación de
defectos alegados y/o afectación a derechos fundamentales. 2.5. Conclusión.
2.1. Identificación de derechos y defectos
17. Pese a que la parte actora señaló en su solicitud de amparo como
vulnerados varios derechos fundamentales, esta Sala centrará su análisis en
la violación del derecho al debido proceso, pues ante una presunta
vulneración de garantías constitucionales en el marco de una actuación
judicial, cobra relevancia estudiar si este derecho fue lesionado durante el
desarrollo del trámite judicial ordinario. Asimismo, la vulneración de los
demás derechos invocados surge como consecuencia de la misma afrenta
al debido proceso. En consecuencia, en el evento de encontrar lesionado
este derecho, existirá razón suficiente para conceder el amparo.
18. Respecto de los defectos, si bien, la parte actora mencionó una
violación directa de la Constitución, se considera que su fundamento,
relativo a la inobservancia de la Sentencia SU-221 de 2024 de la Corte
Constitucional, se enmarca es en un desconocimiento del precedente, por
lo que será este el defecto que se analice.
2.2. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
19. Se evidenció que (1) hubo un plazo razonable entre la fecha de
notificación de la providencia enjuiciada (28/2/248) y la de interposición de
la presente acción de tutela (26/8/24). (2) No se enjuició un fallo de tutela,
pues la controversia se relaciona con una sentencia de segunda instancia
proferida en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. (3) Se
identificaron de manera clara, detallada y comprensible los hechos y la
presunta vulneración derivada de ellos. (4) No existe recurso idóneo y eficaz
que permitiera a la parte actora alegar los reparos planteados vía tutela y
procurar la defensa de los derechos invocados.
20. (5) La controversia tiene relevancia constitucional por tratarse de la
presunta afectación del derecho al debido proceso, con ocasión de la
Sentencia de 30 de noviembre de 2023 a la que se le endilga no haber
tenido en cuenta el pronunciamiento de la Corte Constitucional contenido
en la Sentencia SU-221 de 2024. En esa medida, la Sala considera que el
aludido reproche no pudo discutirse ni resolverse en el marco del proceso
8 Comoquiera que el mensaje de datos se envió el 26 de febrero de 2024. Información obtenida al consultar la
plataforma de gestión judicial SAMAI.
5 de 8
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04506-00
Demandante: Gabriel Sagbini Consuegra
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Naturaleza: Acción de tutela
Decisión: Niega amparo
_____________________________________________________________________________________________________________
ordinario, ya que este se decidió con anterioridad a la sentencia de
unificación, cuya observancia se solicitó.
2.3. Fijación de la controversia
21. Determinar si la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, como juez de segunda instancia, incurrió en desconocimiento del
precedente por no tener en cuenta lo dispuesto por la Corte Constitucional
en la Sentencia SU-221 de 2024 sobre la interpretación de la Convención
Colectiva de 1976, bajo el principio in dubio pro operario, para el
reconocimiento de la pensión de jubilación allí prevista.
2.4. Verificación de defectos alegados y/o afectación a derechos
fundamentales
22. La Sala negará el amparo solicitado, por las razones que se explican
a continuación:
23. El reparo del demandante consistió en que la autoridad judicial
accionada, en su decisión de segunda instancia, no tuvo en cuenta la
Sentencia SU-221 de 2024, en la que la Corte Constitucional determinó: a)
una interpretación de la convención colectiva, apartada del principio in
dubio pro operario constituía una violación directa del artículo 53 de la
Constitución Política, y b) cuando el operador judicial interpreta normas
convencionales debe tener como requisito de adquisición del derecho
únicamente el cumplimiento del tiempo de servicio previsto en la
convención.
24. En ese orden, la Sala advierte que, como la providencia enjuiciada de
30 de noviembre de 2023, es anterior a la Sentencia SU-221 de 13 de junio
de 2024, es imposible e inadmisible que se exija su observancia por parte de
la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, ya que, para
el momento en el que dicha autoridad judicial profirió su decisión, el aludido
precedente no existía.
25. Es más, para ese mismo momento, la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado tampoco estaba ante una postura
unificada sobre el reconocimiento pensional derivado de la Convención
Colectiva de 1976, ya que, en unos casos9, esta corporación exigió el
cumplimiento de las condiciones de tiempo de servicio y despido o retiro
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencias de 29 de septiembre de 2011 Rad. 08001-23-31-000-2005-02866-
03(2434-10); 12 de septiembre de 2019, Rad. 08001-23-33-000-2013-00838-01 (2739-17) (Subsección B); 12 de
noviembre de 2019, Rad. 08001-23-33-000-2013-00838-01 (2739-17) (Subsección B); 16 de abril de 2020, Rad.
08001233300020140010401 (1934-2017) (Subsección A), 15 de octubre de 2020, Rad. 08001-23-33-000-2016-00881-
01(1272-19) (Subsección A); 11 de febrero de 2021, Rad. 08001-23-33-000-2017-00809-01(3011-19) (Subsección A);
29 de abril de 2021, Rad. 08001-23-33-000-2014-00187-01(4453-16) (Subsección B) y 10 de febrero de 2022, Rad.
08001-23-33-000-2014-00111-01 (2964-2018) (Subsección B).
6 de 8
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04506-00
Demandante: Gabriel Sagbini Consuegra
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Naturaleza: Acción de tutela
Decisión: Niega amparo
_____________________________________________________________________________________________________________
antes de 30 de junio de 199710, y en otros no11; escenario que, incluso, la
Corte Constitucional exhibió en la Sentencia SU-221 de 202412.
26. En esa medida, la Sala considera que la decisión reprochada no
desconoció ningún precedente, al contrario, estuvo debida y
razonadamente sustentada en una de las interpretaciones posibles del
artículo 9 de la Convención Colectiva de 1976 de la Universidad del
Atlántico13, sumado al hecho de que el ISS ya le había reconocido una
pensión de vejez al señor Sagbini Consuegra.
2.5. Conclusión
27. Se negará el amparo solicitado porque en la Sentencia de 30 de
noviembre de 2023 no se configuró el defecto estudiado.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: NEGAR la acción de tutela presentada por Gabriel Sagbini
Consuegra, por las razones señaladas en la parte motiva de esta decisión.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
10 Fecha límite de convalidación de las prestaciones extralegales del nivel territorial. Artículo 146, inciso 2 de la Ley
100 de 1993.
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia de 4 de julio de 2019, Rad. 08001-23-31-000-2006-
00550-02 (1740-15).
12 “90. En este sentido, de manera reiterada, el máximo tribunal de la justicia contencioso administrativa ha
señalado que ‘el retiro del servicio en las condiciones que estableció la mencionada convención colectiva en su
artículo 9, lejos de ser algo sin importancia, es un elemento condicionante de la pensión, pues, su lectura e
interpretación integral representa varios escenarios en donde los requisitos para el derecho son exigidos de distinta
manera, al punto que el carácter voluntario de la renuncia o la decisión de mantenerse en el cargo determinaban
su monto’.
91. No obstante lo anterior, la Sala no pasa por alto que en la sentencia del 4 de julio de 2019 (…) a Subsección B
consideró que de acuerdo con lo dispuesto en el literal c) del artículo 9 de la convención colectiva de 1976, el
docente ‘adquirió el estatus pensional el 17 de enero de 1997, cuando cumplió 20 años de servicios. Lo anterior,
sin importar que su retiro del servicio se haya registrado 11 meses después, ante su renuncia voluntaria a la
Universidad del Atlántico’. En síntesis, el derecho pensional se “consolidó el 17 de enero de 1997, es decir, antes
del 30 de junio de 1997, fecha de la entrada en vigencia en el nivel territorial del Sistema General de Pensiones
previsto en la Ley 100 de 1993.
93. Lo anterior evidencia que las condiciones del artículo 9 de la convención colectiva admiten al menos dos
interpretaciones a nivel de la jurisdicción contencioso administrativo. La primera (la que utiliza mayoritariamente
el Consejo de Estado) referida a que para acceder a la pensión de jubilación convencional es necesario que se
cumplan los requisitos de edad, tiempo de servicio y desvinculación por renuncia voluntaria o despido injustificado
antes del 30 de junio de 1997. La segunda (el caso aislado) que se cumplan los dos requisitos ya mencionados de
la edad (para el literal c) y el tiempo de servicio, sin que sea exigible la desvinculación laboral antes de la fecha
límite.”
13 Ver párrafo 10 de la presente providencia.
7 de 8
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04506-00
Demandante: Gabriel Sagbini Consuegra
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Naturaleza: Acción de tutela
Decisión: Niega amparo
_____________________________________________________________________________________________________________
recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin14.
TERCERO: De no ser impugnada esta providencia, por Secretaría, REMITIR
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Con salvamento de voto
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
14 secgeneral@consejodeestado.gov.co.
8 de 8
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.