Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2014-00111-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2014-00111-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 08001-23-33-000-2014-00111-01
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter
10 de febrero de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter
Bogotá, D. C., diez (10) de febrero de dos mil veintidós (2022)
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 08001-23-33-000-2014-00111-01 (2964-2018)
Demandante : Ramiro Pacheco Reales
Demandado : Universidad del Atlántico
Litisconsorte Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público y
necesario departamento del Atlántico
Tema : Reconocimiento de pensión de jubilación extralegal
Procede la Sala a decidir los recursos de apelación interpuestos por la
Universidad del Atlántico y la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito
Público contra la sentencia de 23 de agosto de 2017 proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico (sala de decisión oral A), mediante la cual accedió
a las súplicas de la demanda dentro del proceso del epígrafe.
I. ANTECEDENTES
1.1 Medio de control (ff. 1 a 11 c.1). El señor Ramiro Pacheco Reales, a través
de apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo a
incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho conforme al
artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), contra la Universidad del Atlántico, para que se
acojan las pretensiones que en el apartado siguiente se precisan.
1.2 Pretensiones. Se declare la nulidad del acto ficto negativo producto de la
falta de respuesta ante la reclamación presentada por el accionante a la
Universidad del Atlántico el 26 de abril de 2013 y, subsidiariamente, de la
Resolución 2336 de 19 de diciembre de 2013, mediante la cual el ente educativo
negó al demandante «[…] el reconocimiento de la pensión Suplementaria
Convencional».
A título de restablecimiento del derecho, (i) se ordene a la parte demandada
«[…] reconocer y pagar la PENSIÓN SUPLEMENTARIA CONVENCIONAL
[al actor] de conformidad con el artículo 9°. de la convención Colectiva de
Trabajo del año 1976 desde Mayo de 1998, cuando cumplió los 20 años de
servicio, hasta la fecha de su cancelación» (sic), con el correspondiente
retroactivo pensional; y efectuar «[…] los respectivos reajustes en todas sus
prestaciones legales y beneficios convencionales, y en las cotizaciones a
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Ramiro Pacheco Reales contra la Universidad del Atlántico
seguridad social integral […]» (sic); (ii) «[s]e hagan los reajustes en la mesada
pensional que recibe del ISS, en vista de lo ordenado en las sentencias del 03
de Octubre de 2011 y 03 de mayo de 2012 proferidas por el Juzgado Doce
Administrativo de Barranquilla y el Tribunal del Atlántico, que ordenaron la
nulidad del Oficio R 388 de 2006, y en consecuencia se dispuso el pago de la
Prima de Antigüedad y Bonificación por Compensación, o que produce un
incremento al salario promedio devengado […]» (sic); y (iii) «[…] se d[é]
aplicación al artículo 18 y ss del Decreto 758 de 1990, y en consecuencia se
decrete la compartibilidad de la pensión Extra-legal, y la Universidad del
Atlántico cancele el mayor valor que se origina por esta compartibilidad» (sic).
Por último, pide que las sumas reconocidas sean actualizadas, la «indexación
de la primera mesada pensional» y condenar en costas a la demandada.
1.3 Fundamentos fácticos. Relata el demandante que se vinculó a la
Universidad del Atlántico, designado el «9 de mayo de 1978» como «[…]
Docente Catedrático, en la categoría Auxiliar, adscrito a la Facultad de
Educación» (sic) y, posteriormente, tuvo varios nombramientos y ascensos con
el ente educativo hasta el 11 de julio de 2008.
Que «[e]l ISS [le] otorgó Pensión de Vejez […] mediante Resolución No. 00572
del 18 de Enero de 2008» (sic), efectiva a partir del 16 de julio de 2008.
Afirma que deprecó de la Universidad del Atlántico «pensión suplementaria
por convención» el 26 de abril de 2013 y, solo después de agotada la audiencia
de conciliación como requisito de procedibilidad, le fue notificada la
Resolución 2336 de 19 de diciembre de 2013, mediante la cual se resolvió
denegar el reconocimiento de tal prestación.
1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas
violadas con el acto administrativo acusado los artículos 423, 53 y 55 de la
Constitución Política y 146 de la Ley 100 de 1993; y la «Convención Colectiva
de 1976».
Aduce que sus pretensiones están fundamentadas en el antecedente
jurisprudencial contenido en la sentencia de 29 de septiembre de 2011 proferida
por el Consejo de Estado, sección segunda, en el expediente 2005-02866 (2434-
10), con ponencia del consejero Víctor Hernán Alvarado Ardila, en la que, en
un caso similar al acá discutido, se amparan los derechos adquiridos y la
confianza legítima de la allí demandante.
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1.5 Contestaciones de la demanda:
1.5.1 Universidad del Atlántico (ff. 158 a 183 c.1). El ente educativo
accionado, por intermedio de apoderado, contestó el libelo introductorio con
oposición a sus súplicas y respecto de los hechos dice que algunos son ciertos,
otros no constituyen situaciones fácticas y los demás no le constan.
Asevera que el «[…] demandante, por condenar la calidad de empleado
público, no le es aplicable las disposiciones convencionales que contemplan la
Pensión de Jubilación deprecada; de conformidad con lo que establece la
Constitución de 1986 y lo previsto en la actual Constitución, los Consejos
Superiores de las Universidades Públicas carecen de competencia para fijar el
régimen jurídico de las prestaciones sociales de los servidores públicos de las
entidades territoriales, pues ella aparece radicada exclusivamente en el
Congreso de la República» (sic).
1.5.2 Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público1 (ff. 215 a 222
vuelto c.2). A través de apoderado, se opuso a las pretensiones de la demanda y
adujo frente a los hechos que no le constan, puesto que el actor no presta sus
servicios a ese ente estatal y, por tanto, no tiene ninguna información al
respecto.
Agrega que esa cartera «[…] no es sujeto de la relación sustantiva que se
plantea en la demanda, por cuanto […] no fue la entidad que expidió ni
intervino en la expedición del acto administrativo objeto de acusación y jamás
fue empleador de la parte demandante» (sic).
1.5.2 Departamento del Atlántico2 (ff. 225 a 252 c.2). Por conducto de
apoderada, se opuso a las peticiones del medio de control y en relación con los
hechos expresa que unos no constituyen situaciones fácticas y otros no le
constan. Como razones de defensa, sostiene que no tuvo vínculo de carácter
laboral con el accionante y, en todo caso, el Instituto de Seguros Sociales (ISS),
en atención a las cotizaciones efectuadas por la Universidad del Atlántico, se
subrogó la obligación y, por ende, sustituyó el pago de la pensión.
1.6 La providencia apelada (ff. 440 a 451 vuelto c.3). El Tribunal
Administrativo del Atlántico (sala de decisión oral A), en sentencia de 23 de
1
Vinculada como litisconsorte necesario de la parte demandada mediante auto de 27 de noviembre de 2014 (ff. 198
y 199 c.2).
2
Ibidem.
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agosto de 2017, accedió a las súplicas de la demanda (sin condena en costas),
al considerar que «[…] aun cuando la Convención Colectiva fue emanada por
autoridades incompetentes para la regulación del régimen pensional de los
empleados públicos, dicha situación fue convalidada por expresa disposición
del legislador a través del referido artículo 146 de la Ley 100 de 1993, cuya
constitucionalidad fue avalada por el Órgano que de conformidad con la
Constitución Política de 1991 es el encargado de mantener la guarda e
integridad del ordenamiento superior» (sic).
Que «[…] comoquiera que el Instituto de Seguros Sociales, mediante
Resolución No. 000572 del 18 de enero de 2008, reconoció pensión de
jubilación [al actor] la pensión extralegal pretendida […] , conforme al artículo
9 de la convención colectiva suscrita en el año 1976 será reconocida bajo la
figura de la compartibilidad pensional pues la situación fáctica del demandante
enmarca con los requisitos establecidos en el artículo 18 del Decreto 758 de
1990 esto es, haberse causado el derecho a partir del 17 de octubre de 1985,
haber cotizado al Instituto de Seguros Sociales para la pensión de vejez hasta
su reconocimiento y que no exista impedimento expreso en el texto de la
convención que indique la imposibilidad de compartibilidad pensional» (sic).
Por lo anterior, condenó «[…] a la Universidad del Atlántico, con cargo al
Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al Departamento del Atlántico al
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación [del demandante] conforme
a la convención colectiva suscrita en el año 1976, bajo la figura de la
compartibilidad pensional […]» (sic).
1.7 Los recursos de apelación:
1.7.1 Universidad del Atlántico (ff. 453 a 470 c.3). Mediante apoderado, el
ente educativo demandado interpuso recurso de apelación, al estimar que «[l]a
Convención Colectiva de Trabajo que consagra la pensión para reconocérsela
a un empleado público, es abiertamente violatoria de la Constitución Política
en los Artículos 150, numeral 19, literal e) y 55, al igual que el acto
administrativo que la contenga como fundamento normativo para adoptar
decisiones de este tipo» (sic).
1.7.2 Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público (ff. 494 a 498 c.3).
La cartera accionada, a través de apoderado, sostiene que «[d]e conformidad
con la prueba obrante al plenario del expediente, se evidencia que el [actor]
conforme a la convención colectiva suscrita por la Universidad del Atlántico
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en 1976, cumplió el requisito de los 20 años de servicios a ese Centro de
Educación Superior el 9 de mayo de 1998, fundamento fáctico que prueba que
su situación jurídica individual respecto de la pensión convencional que
reclama de una entidad territorial como lo es la Universidad del Atlántico no
se definió dentro del plazo o fecha límite establecida por el artículo 146 de la
Ley 100 de 1993, razón por la cual la providencia […] condenatoria incurre
en vía de hecho por violación del artículo 146 de la Ley 100 de 1993 al
fundamentar su decisión en aplicación de la figura de la “situación jurídica
individual definida”, reconociendo el derecho pensional reclamado que no se
consolidó dentro del término legal establecido en la norma» (sic).
II. TRÁMITE PROCESAL.
Los recursos de apelación fueron concedidos mediante proveído de 20 de abril
de 2018 (ff. 516 a 518 c.3) y admitidos por esta Corporación a través de auto de
13 de noviembre de 2019 (f. 534 c.3), en el que se dispuso la notificación
personal al agente del Ministerio Público y a las partes por estado, en
cumplimiento de los artículos 198 (numeral 3) y 201 del CPACA.
2.1 Alegatos de conclusión. Admitidas las alzadas, se continuó con el trámite
regular del proceso en el sentido de correr traslado a las partes y al Ministerio
Público, por medio de auto de 8 de septiembre de 2021 (f. 545 c.3), para que
aquellas alegaran de conclusión y este conceptuara, de conformidad con lo
establecido en el artículo 247 del CPACA, oportunidad aprovechada por las
primeras3.
2.1.1 Parte demandante. El accionante insiste en los argumentos de la
demanda y expresa que en relación con la entrada en vigor de la Ley 100 de
1993, dicha normativa no afectó las situaciones jurídicas individuales que se
encontraban consolidadas y conforme a la convención colectiva de 1976, se
respetarían los derechos de quienes hubiesen configurado su derecho antes del
30 de junio de 1997.
2.1.2 Universidad del Atlántico. El ente educativo accionado, por intermedio
de apoderado, reitera los planteamientos de alzada e indica que «[e]l
reconocimiento de la pensión que pretende el actor, no quedo respaldado por
el artículo 146 de la Ley 100 de 1.993, toda vez que no cumplió con los
requisitos exigidos en la Convención Colectiva de Trabajo de 1.976 antes de la
entrada en vigencia de la citada Ley. Esto es, No fue retirado del servicio sin
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Memoriales adjuntados a la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI.
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justa causa, ni renunciado voluntariamente a su cargo» (sic).
2.1.3 Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público. A través de
apoderado, itera lo dicho en el recurso de apelación y menciona que «[…] a la
fecha límite 30 de junio de 1997 para consolidar el estatus pensional, el
demandante no había acumulado los 20 años de servicio previstos en el literal
c) del artículo 9º de la Convención Colectiva del 1976. De igual forma,
analizando la situación del demandante bajo lo contemplado en los literales a)
y b) de tal convención, esto es, con más de 10 años de servicio y menos de 15,
o 15 años y menos de 20, sin consideración de la edad, se hace evidente que
tampoco cumple con tales requisitos, entendiendo que la última fecha que ha
de tenerse en cuenta para determinar la existencia o no de un derecho
adquirido es el 30 de junio de 1997, debiéndose cumplir con la cualificación
del retiro del servicio por renuncia o sin justa causa, situación que no ocurrió
en el presente caso» (sic).
2.1.4 Departamento del Atlántico. A través de apoderada, arguye que «[t]al
como lo ha señalado la Corte Constitucional, esa autonomía universitaria, "se
traduce en la facultad que tienen las universidades para autodeterminarse y
autogobernarse sin la intromisión de poderes externos. Se manifiesta no sólo
en el ámbito académico, como expresión de la libertad de pensamiento y del
pluralismo ideológico plasmado en la Carta Política, sino en el administrativo
y financiero, orientada a regular todo lo relacionado con la organización
interna del ente, ASÍ COMO TAMBIÉN EL TRAMITE Y REGULACIÓN DE
LAS PENSIONES DE JUBILACIÓN, que implica manejar su presupuesto y sus
recursos". (Sentencia C-926 de 2005 Corte Constitucional)» (sic).
III. CONSIDERACIONES.
3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA a esta
Corporación es competente para conocer del presente litigio, en segunda
instancia.
3.2 Problema jurídico. De acuerdo con los recursos de apelación, se contrae a
determinar si al demandante le asiste el derecho de reclamar de la Universidad
del Atlántico una pensión de jubilación de acuerdo con la convención colectiva
de trabajo de 1976 firmada entre el ente educativo y los sindicatos de profesores
y trabajadores de la universidad ASPU y SINDRAUA.
3.3 Marco normativo. En punto a la resolución del problema jurídico planteado
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en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis normativo
a efectos de establecer la solución jurídicamente correcta respecto del caso
concreto.
3.3.1 Situaciones pensionales consolidadas conforme al artículo 146 de la
Ley 100 de 1993. En principio, precisa la Sala que, a través del Acto legislativo
1 de 1968, se atribuyó al Congreso de la República la potestad de determinar
«[…] las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías
de empleos, así como el régimen de sus prestaciones sociales», sin embargo, en
lo que atañe a los requisitos para acceder a la pensión de jubilación, la
Constitución Nacional de 1886 ya consagraba en su artículo 62 que «La ley
determinará […] las condiciones de ascenso y de jubilación; y la serie o clase
de servicios civiles o militares que dan derecho a pensión del Tesoro público».
Posteriormente, la Carta Política de 1991, en el numeral 19 (letra e) del artículo
150, le asigna al Congreso de la República competencia para dictar las normas
generales, desde luego por medio de leyes, a las cuales debe sujetarse el
Gobierno, entre otras materias, en punto a fijar el régimen salarial y prestacional
de los empleados públicos, los miembros del Congreso Nacional y de la fuerza
pública.
En ejercicio de las anteriores atribuciones, el Congreso de la República expidió
la Ley 4ª de 1992, que señala las normas, objetivos y criterios que debe observar
el Gobierno nacional para establecer el régimen salarial y prestacional de los
empleados públicos, de los miembros del Congreso y de la fuerza pública y
respecto de la fijación de las prestaciones sociales de los trabajadores oficiales
y se dictan otras disposiciones, la cual previó, en su artículo 12, lo siguiente:
El régimen prestacional de los servidores públicos de las entidades
territoriales será fijado por el Gobierno Nacional, con base en las normas,
criterios y objetivos contenidos en la presente Ley.
En consecuencia, no podrán las corporaciones públicas territoriales
arrogarse esta facultad.
Parágrafo. El Gobierno señalará el límite máximo salarial de estos
servidores guardando equivalencias con cargos similares en el orden
nacional.
Es decir, que la función de establecer el régimen prestacional de los servidores
públicos está reservada al Congreso de la República y al Gobierno nacional,
pero este último bajo los lineamientos del legislador.
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Cabe aclarar que el precitado artículo 12 fue declarado exequible
condicionalmente por la Corte Constitucional, en sentencia C-315 de 19 de julio
de 1995, en el sentido de que «[…] siempre que se entienda que las facultades
conferidas al gobierno se refieren, en forma exclusiva, a la fijación del régimen
prestacional de los empleados públicos territoriales, al régimen prestacional
mínimo de los trabajadores oficiales territoriales y al límite máximo salarial de
los empleados públicos de las entidades territoriales […]».
Así las cosas, las normas relacionadas con el reconocimiento y pago de
pensiones de jubilación son establecidas por el legislador, o por el Gobierno
bajo los parámetros que fije aquel; sin embargo, la Ley 100 de 1993, en su
artículo 146, dejó a salvo las situaciones pensionales extralegales consolidadas
con fundamento en disposiciones territoriales, adoptadas con anterioridad a su
entrada en vigor, en los siguientes términos:
Situaciones jurídicas individuales definidas por disposiciones municipales
o departamentales. Las situaciones jurídicas de carácter individual
definidas con anterioridad a la presente Ley, con base en disposiciones
Municipales o Departamentales en materia de pensiones de jubilación
extralegales en favor de empleados o servidores públicos o personas
vinculadas laboralmente a las entidades territoriales o a sus organismos
descentralizados, continuarán vigentes.
También tendrán derecho a pensionarse con arreglo a tales disposiciones,
quienes con anterioridad a la vigencia de este artículo, hayan cumplido o
cumplan dentro de los dos años siguientes los requisitos exigidos en dichas
normas.
Lo dispuesto en la presente Ley no afecta ni modifica la situación de las
personas a que se refiere este artículo.
Las disposiciones de este artículo regirán desde la fecha de la sanción de
la presente Ley.
La frase tachada fue declarada inexequible por la Corte Constitucional, a través
de sentencia C-410 de 1997, con ponencia del magistrado Hernando Herrera
Vergara, así:
[…] El inciso primero del artículo 146 de la Ley 100 de 1993,’por la cual se
crea el Sistema de Seguridad Social Integral y se dictan otras disposiciones’,
prescribe que las situaciones individuales definidas con anterioridad a la ley,
con base en las disposiciones municipales o departamentales en materia de
pensiones de jubilación extralegales, en favor de empleados o servidores
públicos o personas vinculadas laboralmente a las entidades territoriales o a
sus organismos descentralizados, continuarán vigentes.
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Estima la Corte que como se ha ordenado en anteriores circunstancias, es
preciso, en aplicación del principio de unidad normativa examinar la
constitucionalidad del artículo mencionado en su integridad ya que este
guarda una relación inescindible con los apartes demandados.
El inciso primero de la norma en referencia se encuentra ajustado a los
preceptos constitucionales y en especial a lo previsto en el artículo 58 de la
Constitución Política, según el cual ‘se garantizan los derechos adquiridos
con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni
vulnerados por leyes posteriores.’.
En efecto, ha expresado la jurisprudencia de la Corporación, que los derechos
adquiridos comprenden aquellas situaciones individuales y subjetivas que se
han consolidado y definido bajo la vigencia de la ley, y por ende ellos se
encuentran garantizados, de tal forma que no pueden ser menoscabados por
disposiciones futuras, basado en la seguridad jurídica que caracteriza dichas
situaciones.
Desde luego que lo que es materia la protección constitucional se extiende a
las situaciones jurídicas definidas, y no a las que sólo configuran meras
expectativas.
‘Nuestro Estatuto Superior protege expresamente, en el artículo 58, los
derechos adquiridos y prohíbe al legislador expedir leyes que los vulneren
o desconozcan, dejando por fuera de esa cobertura a las llamadas
expectativas, cuya regulación compete al legislador, conforme a los
parámetros de equidad y justicia que le ha trazado el propio constituyente
para el cumplimiento de su función.’ (Corte Constitucional, Sentencia C-
168 de 1995, M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz).
De esta manera, teniendo en cuenta la intangibilidad de los derechos
adquiridos de los pensionados por jubilación del orden territorial antes de
la expedición de la ley 100 de 1993, las situaciones jurídicas individuales
definidas con anterioridad, por disposiciones municipales y
departamentales, deben continuar vigentes.
Por lo tanto, se declarará la exequibilidad del inciso primero del artículo
acusado, así como del inciso segundo, en la parte que reconoce el derecho
a pensionarse con arreglo a las disposiciones municipales o
departamentales en materia de pensiones de jubilación extralegales, para
quienes con anterioridad a la vigencia de este artículo hayan cumplido los
requisitos exigidos en dichas normas. Ello con fundamento en la garantía
de los derechos adquiridos, reconocida por el artículo 58 superior, por
tratarse de situaciones adquiridas bajo la vigencia de una ley anterior al
nuevo régimen de seguridad social (ley 100 de 1993)
No sucede lo mismo con la expresión contenida en el citado inciso segundo
acusado, en virtud de la cual tendrán igualmente derecho a pensionarse con
fundamento en las disposiciones señaladas, quienes cumplan “dentro de
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los dos años siguientes” los requisitos exigidos en dichos preceptos para
pensionarse. A juicio de la Corte, ello quebranta el ordenamiento superior,
ya que equipara una mera expectativa con un derecho adquirido.
De acuerdo con lo anterior, las situaciones jurídicas individuales, en materia
pensional, definidas con anterioridad a la expedición de la Ley 100 de 1993, por
disposiciones municipales y departamentales, continúan vigentes en virtud del
artículo 146 ibidem, cuyo fin es garantizar la intangibilidad de los derechos
adquiridos de los pensionados bajo tales normativas, empero, aunque en la
precitada sentencia C-410 de 18 de agosto de 1997, la Corte Constitucional
consideró que resultaba inconstitucional extender el mencionado beneficio a las
personas que consolidaban su estatus «dentro de los dos años siguientes» a la
entrada en vigor de la Ley 100, en razón a que esa Corporación omitió modular
los efectos de su fallo y comoquiera que estos por regla general son de carácter
ex nunc, las situaciones consolidadas entre el 30 de junio de 1995 y el 30 de
junio de 1997 no resultan afectadas por dicha inexequibilidad.
En este orden de ideas, si bien es cierto que las normas de carácter municipal o
departamental relacionadas con el régimen pensional de los empleados de las
entidades territoriales y de sus organismos descentralizados resultan
inconstitucionales por razones de incompetencia al momento de su expedición,
también lo es que pese a esta, continuaron vigentes para todas aquellas
situaciones (i) consolidadas o adquiridas a la luz de estas antes de la entrada en
vigor de la Ley 100 de 1993 (30 de junio de 1995)4, o (ii) las que «[…] se
adquirieron antes del 30 de junio de 1997 y se consolidaron previamente a que
surtiera efectos la declaratoria de inexequibilidad del aparte del inciso 2º del
artículo 146 de la Ley 100 de 1993, que reza: ‘o cumplan dentro de los dos años
siguientes’»5.
3.3.2 Del derecho de los empleados públicos a suscribir y beneficiarse de
convenciones colectivas. El artículo 4676 del Código Sustantivo del Trabajo
(CST), al definir las convenciones colectivas de trabajo, hace referencia a que
estas fijan las condiciones de los contratos individuales de trabajo, por el
término de sus vigencias, es decir, como instrumentos de negociación de las
condiciones laborales de los trabajadores, en manera alguna, pueden ser
4
De acuerdo con el parágrafo del artículo 151 de la Ley 100 de 1993, «El Sistema General de Pensiones para los
servidores públicos del nivel departamental, municipal y distrital, entrará a regir a más tardar el 30 de junio de
1.995, en la fecha que así lo determine la respectiva autoridad gubernamental».
5
Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, sentencia de 10 de febrero de 2011, expediente 25000-23-25-
000-2004-03791-03, C. P. Víctor Hernando Alvarado.
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«DEFINICIÓN. Convención colectiva de trabajo es la que se celebra entre uno o varios {empleadores} o
asociaciones patronales, por una parte, y uno o varios sindicatos o federaciones sindicales de trabajadores, por la
otra, para fijar las condiciones que regirán los contratos de trabajo durante su vigencia».
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Expediente 08001-23-33-000-2014-00111-01 (2964-2018)
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Ramiro Pacheco Reales contra la Universidad del Atlántico
extendidos sus beneficios a servidores públicos con una relación legal y
reglamentaria, como lo son los empleados públicos (en concordancia con el
artículo 416 ibidem7).
De tal suerte que aceptada la condición de empleado público, mediante
vinculación legal y reglamentaria, no es dable la aplicación de los beneficios
laborales convencionales propios de los trabajadores, pues estos solo quedan
vigentes para el campo de las condiciones de los contratos individuales de
trabajo, que, por su naturaleza, logran un margen diferencial de vinculación
respecto de los primeros servidores públicos; la relación legal y reglamentaria,
se insiste, conlleva la imposibilidad de suscribir convenciones colectivas o de
solicitar la aplicación de algún beneficio derivado de ella.
En la sentencia C-314 de 2004, la Corte Constitucional recordó lo afirmado en
fallo C-110 de 1994 (cuando estudió la constitucionalidad del artículo 416 del
CST), en la que precisó los alcances de esa norma laboral, en el sentido de que
al establecer la restricción al derecho a la negociación colectiva frente a los
sindicatos de los empleados públicos (consistente en la imposibilidad de
presentar pliegos de peticiones destinados a celebrar convenciones colectivas
de trabajo), no contraría la Carta Política, amén de que dicha prohibición logra
su fundamento «[…] en una garantía invaluable para la preservación de los
intereses públicos: la integridad y continuidad del servicio».
Ahora bien, con la entrada en vigor de los convenios internacionales de la OIT
151, «sobre la protección del derecho de sindicación y los procedimientos para
determinar las condiciones de empleo en la administración pública», y 154,
«sobre el fomento de la negociación colectiva», adoptados por la legislación
nacional mediante las Leyes 411 de 19978 y 524 de 12 de agosto de 19999,
respectivamente10, el parámetro de análisis normativo del artículo 416 del CST
fue modificado. En tal sentido, en sentencia C-1235 de 2005, la Corte
Constitucional expresó acerca del derecho a la negociación colectiva de los
empleados públicos, que:
Surge con claridad, entonces, que se está ante un panorama legal distinto
7
«Limitación de las funciones. Los sindicatos de empleados públicos no pueden presentar pliegos de peticiones
ni celebrar convenciones colectivas, pero los sindicatos de los demás trabajadores oficiales tienen todas las
atribuciones de los otros sindicatos de trabajadores, y sus pliegos de peticiones se tramitarán en los mismos
términos que los demás, aún cuando no puedan declarar o hacer huelga».
8
Sentencia C-377 de 1998.
9
Sentencia C-161 de 2000.
10
Convenios que se consideran parte de la legislación interna conforme al artículo 53, inciso 4º, de la Constitución
Política.
11
Expediente 08001-23-33-000-2014-00111-01 (2964-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Ramiro Pacheco Reales contra la Universidad del Atlántico
al que existía cuando la Corte, en el año de 1994, en la sentencia C-110 de
1994, examinó el artículo 416 del Código Sustantivo del Trabajo, pues,
por un lado, no habían sido incorporados por medio de la Ley, los
Convenios 151 y 154 de la OIT, tantas veces citados, y del otro, los
cambios introducidos son sustanciales y acordes con la Constitución, por
las razones expuestas en las sentencias que aprobaron dichos tratados.
En la precitada providencia se consideró que la imposibilidad de los empleados
públicos de presentar pliegos de peticiones y celebrar convenciones colectivas
no riñe con el ordenamiento jurídico superior, en la medida en que la
negociación colectiva no se identifica con dichos institutos, sino que comprende
un mayor campo de acción a través de diversas figuras que sí pueden ser
utilizadas por este tipo de funcionarios.
De esta forma, la Corte reafirmó la competencia de las autoridades
constitucionalmente establecidas en el orden nacional y territorial para fijar las
condiciones laborales de quienes están vinculados al Estado mediante una
relación legal y reglamentaria e instó al legislador para que regule los
mecanismos de concertación de los empleados públicos, con el objeto de
garantizar su derecho a la negociación colectiva dentro de los límites que
imponen su papel dentro del Estado11.
De lo anterior se concluye que los empleados públicos no gozan de un derecho
pleno a la negociación colectiva, no tienen la posibilidad de presentar pliegos
de peticiones ni de celebrar convenciones colectivas. Empero, tampoco se les
puede vulnerar su derecho a la participación en la toma de las decisiones que
los afectan, sin quebrantar la facultad que tienen las autoridades constitucional
y legalmente establecidas de fijar, en forma unilateral, sus condiciones
laborales.
3.4 Caso concreto. A continuación, procede la Sala a analizar las
11
«La Corte no desconoce que el problema del ejercicio del derecho de los sindicatos de empleados públicos
a la negociación colectiva radica en que no existen mecanismos legales apropiados para hacer cumplir este
derecho. Es más, el legislador no ha desarrollado el procedimiento para que estos sindicatos puedan iniciar la
concertación, garantizar que las peticiones o los reclamos sean recibidos y atendidos por la administración
pública. Ni se ha establecido cuál es la autoridad pública competente para pronunciarse cuando se desconoce,
sin motivo el derecho de negociación colectiva. Tampoco existen los mecanismos legales que garanticen que
las solicitudes de los sindicatos de empleados públicos, después de la etapa de concertación, se reflejen en los
proyectos de ley de presupuesto o en las leyes de carrera administrativa.
Por consiguiente, se comparte la solicitud del Ministerio Público en el sentido de que el legislador debe
reglamentar el procedimiento encaminado a reglamentar, en un plazo prudencial, y concertando en lo posible
con las organizaciones sindicales de empleados públicos, el derecho a la negociación colectiva de estos
servidores, de conformidad con el artículo 55 de la Constitución y con los Convenios 151 y 154 de la OIT
debidamente ratificados por el país y que hacen parte de la legislación interna en virtud de las leyes 411 de
1998 y 524 de 1999, respectivamente».
12
Expediente 08001-23-33-000-2014-00111-01 (2964-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
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peculiaridades del caso objeto de juzgamiento frente al marco normativo que
gobierna la materia. En ese sentido, en atención al material probatorio traído al
plenario y de conformidad con los hechos constatados por esta Corporación, se
destaca:
a) «CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJADORES ENTRE LOS
SINDICATOS DE PROFESORES Y TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD
(ASPU Y SINDRAUA) Y LA UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO 1976» (ff. 16 a
58 c.3), mediante la cual, entre otros, se acordó en su artículo 9°:
La Universidad pagará a los profesores y trabajadores la pensión de
jubilación según las siguientes reglas:
a) Con más de diez (10) años de servicio y menos de quince (15) a cualquier
edad, y si es retirado sin justa causa, o sesenta (60) años de edad y se retire
voluntariamente.
b) Con quince (15) o más años de servicio y menos de veinte (20) a cualquier
edad si es retirado sin justa causa o renuncie voluntariamente.
c) Con veinte (20) años de servicios o más, cualquiera que sea la causa de la
terminación del contrato y a cualquier edad.
d) El monto de la pensión mensual de jubilación será equivalente al cinco
por ciento (5%) del mayor salario mensual de su categoría por cada año de
servicio sin el tope máximo legal.
e) Los años de servicios se entienden continuos y discontinuos pero
prestados a la Universidad del Atlántico.
PARÁGRAFO 1º. La jubilación que se otorgue con base en el tiempo de
servicio trabajado en otras entidades oficiales será según las normas legales,
pero la cuota parte que le corresponda a la Universidad pagar se calculará
con base en este artículo (sic para toda la cita).
b) Certificación emitida el 3 de diciembre de 2013 por el departamento de talento
humano de la Universidad del Atlántico, según la cual el actor laboró para ese
ente educativo, en forma interrumpida, desde el 9 de mayo de 1978 hasta el 11 de
julio de 200812 (ff. 81 a 83 c.1), cuando se produjo su retiro del servicio con
Resolución 703 de esa última fecha, por reconocimiento de pensión de jubilación
por parte del ISS (f. 87 c.1).
c) Resolución 572 de 18 de enero de 2008, a través de la cual el extinguido
Instituto de Seguros Sociales reconoció al demandante una pensión de jubilación
con fundamento en la Ley 33 de 1985, al acreditar 26 años, 1 mes y 6 días de
servicio, con cargo a la caja de previsión social de la Universidad del Atlántico,
12
Aunque se mencionan los actos de nombramiento, no se especifican las fechas exactas ni la duración de las
vinculaciones y tampoco se hace referencia al tiempo total de servicios.
13
Expediente 08001-23-33-000-2014-00111-01 (2964-2018)
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Ramiro Pacheco Reales contra la Universidad del Atlántico
cuyo pago quedó condicionado al retiro del servicio (ff. 84 a 86 c.1).
d) Escrito de 26 de abril de 2013, por el que el actor depreca de la Universidad del
Atlántico «LA PENSIÓN SUPLEMENTARIA POR CONVENCIÓN» (ff. 13 a 18
c.1).
e) Resolución 2336 de 19 de diciembre de 2013, por la que se deniega la solicitud
descrita en la letra anterior, para lo cual se adujo que al accionante ya se le
concedió una pensión por parte del ISS, respecto de la que el ente universitario
efectuó los correspondientes aportes (ff. 94 a 97 c.1).
f) Resolución 58 de 22 enero de 2013, con la que la Universidad del Atlántico, en
cumplimiento de una sentencia de 3 de octubre de 2011, proferida por el Juzgado
Doce Administrativo del Circuito de Barranquilla, reconoce y paga al actor prima
de antigüedad y bonificación por compensación (f. 91 c.1).
De las pruebas anteriormente enunciadas, se desprende que el demandante (i)
laboró para la Universidad del Atlántico, en forma interrumpida, desde el 9 de
mayo de 1978 hasta el 11 de julio de 2008; (ii) el extinguido ISS le reconoció
pensión de jubilación con fundamento en la Ley 33 de 1985, al acreditar 26
años, 1 mes y 6 días de servicio, con cargo a la caja de previsión social de la
Universidad del Atlántico, cuyo pago quedó condicionado al retiro del servicio;
y (iii) pidió del mencionado ente educativo «LA PENSIÓN SUPLEMENTARIA
POR CONVENCIÓN», negada mediante Resolución 2336 de 19 de diciembre de
2013.
Asimismo, se encuentra probado que la Universidad del Atlántico firmó
convención colectiva en 1976 con los sindicatos de sus profesores y
trabajadores ASPU y SINDRAUA, en la cual se acordó, entre otros asuntos,
pagar pensión de jubilación a quienes cumplieran los requisitos establecidos en
su artículo 9°, para el presente caso «[…] veinte (20) años de servicios o más,
cualquiera que sea la causa de la terminación del contrato y a cualquier edad».
En tal sentido, los fundamentos de alzada se contraen a si el demandante, en su
condición de empleado público al amparo de disposiciones convencionales,
reúne los siguientes requisitos para el reconocimiento de la pensión
convencional: (i) que su prestación haya sido consolidada o adquirida con
anterioridad al 30 de junio de 1995, esto es, a la fecha de entrada en vigor de la
Ley 100 de 1993 por tratarse la demandada de un ente universitario autónomo
14
Expediente 08001-23-33-000-2014-00111-01 (2964-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Ramiro Pacheco Reales contra la Universidad del Atlántico
de educación superior, del orden departamental13; y (ii) que la norma
convencional se halle dentro de los supuestos previstos en el artículo 146 de la
Ley 100 de 1993.
Ahora bien, lo primero que se debe aclarar es que en la parte motiva del fallo
de primera instancia, de manera errada y sin respaldo probatorio se mencionó
que el actor laboró en el ente universitario «[…] desde el nueve (09 de mayo de
1975 hasta el 16 de julio de 2008, por tanto […] se desprende que adquirió el
status de pensionado el 10 de mayo de 1995 fecha en la que cumplió los 20 años
de servicio […]», no obstante, según se afirma en la demanda y se constata en
la certificación de tiempo de servicios expedida por el departamento de talento
humano de la Universidad del Atlántico, el actor laboró para ese ente educativo,
de manera interrumpida, desde el 9 de mayo de 1978 hasta el 11 de julio de
2008, y pese a que no se especifica el período total de servicios, lo cierto es que
desde el 9 de mayo de 1978 tuvo un nombramiento por año, de lo que es dable
concluir que no cumplió 20 años de servicio antes del 9 de mayo de 1998.
Así las cosas, las condiciones del demandante no encuadran dentro de los
presupuestos establecidos en el artículo 146 de la Ley 100 de 1993, puesto que
si bien es cierto que en su condición de empleado público (docente de la
Universidad del Atlántico), al que, en principio, le era aplicable la convención
colectiva de trabajo de 1978 para reconocerle la pensión de jubilación allí
contemplada, también lo es que esa situación jurídica no se consolidó con
anterioridad a la entrada en vigor del sistema general de pensiones para los
servidores públicos del nivel departamental, municipal y distrital, ni antes del
30 de junio de 1997 (de acuerdo con lo dicho por esta Corporación respecto de
la sentencia C-110 de 1997 de la Corte Constitucional).
Sobre esto último, de las disposiciones municipales o departamentales en
materia de pensiones de jubilación extralegales, como son las acordadas en las
convenciones colectivas de trabajo, la Sala precisa que, en sentencia de 29 de
septiembre de 2011 de esta sección14, caso que cita el actor como precedente
judicial que pretende le sea aplicado, se determinó que «[…] en criterio que
ahora unifica la Sala, las convenciones colectivas están dentro de los supuestos
establecidos en el artículo 146 de la Ley 100 de 1993», por lo que no se
desvirtúa la presunción de legalidad del acto ficto negativo producto de la falta
de respuesta ante la reclamación presentada por el accionante a la Universidad
13
Con fundamento en el artículo 69 de la Constitución Política y en armonía con la Ley 30 de 1992 y el artículo 40
de la Ley 489 de 1998.
14
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, sentencia de 29 de septiembre de
2011, expediente 08001-23-31-000-2005-02866-03 (2434-10), C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
15
Expediente 08001-23-33-000-2014-00111-01 (2964-2018)
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del Atlántico el 26 de abril de 2013 y de la Resolución 2336 de 19 de diciembre
de 2013, mediante la cual el ente educativo negó al actor «[…] el
reconocimiento de la pensión Suplementaria Convencional».
Por lo tanto, con base en los razonamientos que se dejan consignados, en
armonía con los elementos de juicio allegados al expediente y apreciados en
conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones
sobre el particular, se revocará la sentencia de primera instancia, que accedió a
las pretensiones de la demanda, para en su lugar negarlas.
En relación con la condena en costas y las agencias en derecho que corresponde
a los gastos por concepto de apoderamiento dentro del proceso, esta
Corporación, en sentencia de 1.º de diciembre de 201615, se pronunció así:
En ese orden, la referida norma especial que regula la condena en costas
en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo dispone:
Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se
ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del
Código de Procedimiento Civil.
La lectura interpretativa que la Sala otorga a la citada regulación especial
gira en torno al significado del vocablo disponer, cuya segunda acepción
es entendida por la Real Academia Española como «2. tr. Deliberar,
determinar, mandar lo que ha de hacerse».
Ello implica que disponer en la sentencia sobre la condena en costas no
presupone su causación per se contra la parte que pierda el litigio y solo,
en caso de que estas sean impuestas, se acudirá a las normas generales del
procedimiento para su liquidación y ejecución (artículo 366 del CGP).
En tal virtud, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones (civil,
comercial, de familia y agraria), donde la responsabilidad en materia de
costas siempre es objetiva (artículo 365 del CGP), corresponde al juez de
lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición
de la medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar
paso a una aplicación razonable de la norma.
Ese juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte vencida
esté revestido de acciones temerarias o dilatorias que dificulten el curso
normal de las diferentes etapas del procedimiento, cuando por ejemplo sea
15
Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, expediente 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-
2014), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter, actor: Ramiro Antonio Barreto Rojas, demandada: Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP).
16
Expediente 08001-23-33-000-2014-00111-01 (2964-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Ramiro Pacheco Reales contra la Universidad del Atlántico
manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, excepción,
recurso, oposición o incidente, o a sabiendas se aleguen hechos contrarios
a la realidad; se aduzcan calidades inexistentes; se utilice el proceso,
incidente o recurso para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos
o fraudulentos; se obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas;
se entorpezca el desarrollo normal y expedito del proceso; o se hagan
transcripciones o citas deliberadamente inexactas (artículo 79 CGP).
Así las cosas, frente al resultado adverso a los intereses del demandante,
se tiene que ejerció de forma legítima el reclamo por la vía judicial del
derecho que le asistía de acceder a la pensión gracia, pues con base en el
ordenamiento que la rige y los lineamientos jurisprudenciales en la
materia, así lo consideró.
Por consiguiente, esta Sala considera que la referida normativa deja a
disposición del juez la procedencia o no de la condena en costas, puesto que
para ello debe examinar la actuación procesal de la parte vencida y comprobar
su causación y no el simple hecho de que las resultas del proceso le fueron
desfavorables a sus intereses, pues dicha imposición surge después de tener
certeza de que la conducta desplegada por aquella comporta temeridad o mala
fe, por lo que, al no predicarse tal proceder del demandante, no se impondrá
condena en costas.
Por último, comoquiera que quien se halla legalmente habilitado para ello
confirió poder en nombre de la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, se reconocerá personería al profesional del derecho destinatario de
aquel16.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
1°. Revócase la sentencia de 23 de agosto de 2017 proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico (sala de decisión oral A), que accedió a las súplicas
de la demanda en el proceso instaurado por el señor Ramiro Pacheco Reales
contra la Universidad del Atlántico; en su lugar, niéganse tales pretensiones,
conforme a la parte motiva.
2°. Sin condena en costas.
16
Memorial obrante en el sistema de gestión judicial SAMAI.
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Expediente 08001-23-33-000-2014-00111-01 (2964-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Ramiro Pacheco Reales contra la Universidad del Atlántico
3°. Reconócese personería al abogado José Saúl Valdivieso Valenzuela, con
cédula de ciudadanía 1.085.281.870 y tarjeta profesional 262.541 del Consejo
Superior de la Judicatura, para representar a la Nación - Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, en los términos del poder conferido, obrante en
el sistema de gestión judicial SAMAI.
4°. Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones que fueren menester.
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en Sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS
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