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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2018-00394-00

Recurso extraordinario de revisión

Fecha
5 de marzo de 2019
Consejero ponente
Rocío Araújo Oñate
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2018-00394-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR fundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra la sentencia del 14 de junio de 2007 proferida por la Sección Segunda de esta Corporación en la segunda instancia del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado con el número 25000-23-25-000-2003-06354-01. En consecuencia, se INFIRMA la sentencia. SEGUNDO: CONFIRMAR los numerales 1º, 2º, 6º, 7º y 8º de la sentencia del 7 de abril de 2005 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. TERCERO: MODIFICAR el numeral 3º de la sentencia dictada 7 de abril de 2005 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, así: Como consecuencia de la nulidad parcial de la Resolución 969 del 27 de febrero de 2003, efectuar la reliquidación de la pensión gracia de jubilación de la señora Josefina Cotrino de Olaya, teniendo como base todos los factores salariales percibidos en el año inmediatamente anterior a aquel en que consolidó su derecho a ser beneficiaria de la pensión gracia, esto es, el que transcurrió entre el 13 de octubre de 1995 y el 13 de octubre de 1996, con inclusión, además de los ya reconocidos, de las primas de alimentación, navidad y habitación para los periodos en que fueron devengadas, así: Factores salariales Periodo en el que fueron percibidos Prima de alimentación 01/01/1996 a 13/10/1996 Prima de habitación 13/10/1995 a 13/10/1996 Prima de navidad –anual- 13/10/1995 a 13/10/1996 El pago de la pensión reliquidada se hará efectivo a partir del 15 de julio de 1999, por haber operado el fenómeno de la prescripción trienal, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia. CUARTO: MODIFICAR el numeral 4º de la sentencia dictada 7 de abril de 2005 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, así: En caso de que la nueva reliquidación pensional arroje diferencias a favor de la señora Josefina Cotrino de Olaya, ORDENAR a la Caja Nacional de Previsión Social pagar a la demandante tales diferencias de las mesadas pensionales causadas, con los reajustes autorizados en la Ley 100 de 1993. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2018-00394-00

Consejero ponente: Rocío Araújo Oñate

5 de marzo de 2019

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN / PENSIÓN GRACIA – Naturaleza / PENSIÓN GRACIA – Beneficiarios / PENSIONES DE JUBILACIÓN E INVALIDEZ – Base de liquidación / PENSIÓN GRACIA – Normas aplicables

[L]a pensión graciosa creada por la Ley 114 de 1913 es de carácter especial, pues se concedió a los docentes con el fin de reconocer la labor educativa y compensar los bajos niveles salariales que percibían los profesores de primaria en las entidades territoriales, respecto de las asignaciones recibidas por los docentes vinculados directamente con la Nación. Diferencia salarial que existía porque la educación pública primaria estaba a cargo de los municipios o departamentos, mientras que la secundaria se encontraba a cargo de la Nación. [L]os maestros de escuelas primarias oficiales que sirvieron en el Magisterio por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, de conformidad con las prescripciones de la misma Ley 114 (…) Posteriormente, el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio de la pensión gracia a los empleados y profesores de las Escuelas Normales y a los Inspectores de Instrucción Pública. Y la Ley 37 de 1933 la hizo extensiva a los maestros que prestaran sus servicios en el nivel secundario. (…) Con la expedición de la Ley 4 de 1966, se ordenó que las pensiones de jubilación e invalidez a que tengan derecho los trabajadores de una o más entidades de derecho público, se liquiden y paguen tomando como base el setenta y cinco por ciento (75%) del promedio mensual obtenido en el último año de servicios. Disposición ésta que fue reglamentada por el Decreto 1743 de 1966, en cuyo artículo 5 se dispuso que las pensiones serían liquidadas tomando como base el 75% del promedio mensual de salarios devengados durante el último año de servicio (…) Son las disposiciones antes mencionadas las aplicables a la pensión gracia y no las del régimen pensional ordinario contenidas en las Leyes 33 y 62 de 1985, porque la gracia no es una pensión ordinaria sino especial; ello es así porque no requiere afiliación ni aportes y está excluida taxativamente de dicha regulación ordinaria al tenor del inciso segundo del artículo 1 de la mencionada Ley 33 de 1985

FUENTE FORMAL: LEY 114 DE 1913 – ARTÍCULO 1 / LEY 114 DE 1913 – ARTÍCULO 2 / LEY 116 DE 1928 – ARTÍCULO 6 / LEY 4 DE 1966 / LEY 37 DE 1933 / LEY 33 DE 1985 / LEY 62 DE 1985

PENSIÓN GRACIA – Requisitos para su reconocimiento / PENSIÓN GRACIA – Factores que integran concepto de salario / PENSIÓN GRACIA - Reliquidación

El beneficiario debe ser docente nacionalizado, vinculado antes del 31 de diciembre de 1980, con mínimo 20 años de servicio docente en planteles territoriales y con 50 años de edad, cuyo desempeño docente cumpla con los requisitos de honradez, consagración y buena conducta. (…) Para efectos de la liquidación de la mesada pensional, los factores que integran el concepto de salario, son todos aquellos devengados en el año inmediatamente anterior al que se adquirió el estatus, lo que sucede cuando se reúnen los requisitos de edad -50 años- y de tiempo -20 años-. (…) La reliquidación de la pensión gracia sólo es posible respecto de factores devengados al momento de la consolidación del estatus pensional y no de la época del retiro
FUENTE FORMAL: LEY 91 DE 1989 – ARTÍCULO 1 / LEY 43 DE 1975 / LEY 33 DE 1985 – ARTÍCULO 1

SUMAS PAGADAS EN EXCESO – No hay lugar a devolución por haber recibido de buena fé

En el caso que no ocupa, a la señora Josefina Cotrino de Olaya se le reliquidó la pensión gracia a la fecha del retiro del servicio, tomando como base de liquidación factores de salario extralegales y excluyendo otros percibidos, a cuya inclusión tenía derecho. Como se trata en este caso de un error de la administración al reliquidar la mesada pensional, en el caso de que la nueva reliquidación arroje que la pensionada recibió sumas en exceso, no hay lugar a la devolución de las mismas, pues fueron percibidas de buena fe por la señora Cotrino de Olaya, porque los yerros cometidos por CAJANAL no puede trasladarse a la pensionada ni se le puede reprochar el uso de los medios legales para reclamar su derecho, mucho menos cuando en el presente proceso no se alegó ni se probó una actuación de mala fe por parte de la demandante

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 83

CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SALA VEINTISIETE ESPECIAL DE DECISIÓN

Consejera ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., cinco (5) de marzo de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 11001-03-15-000-2018-00394-00(REV)

Actor: JOSEFINA COTRINO DE OLAYA

Demandado: CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL - CAJANAL

Asunto: Recurso Extraordinario de Revisión - Sentencia

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 797 de 2003, corresponde a la Sala Veintisiete Especial de Decisión decidir el recurso extraordinario de revisión interpuesto el 6 de febrero de 2018 por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP-, contra la sentencia de segunda instancia dictada por la Sección Segunda del Consejo de Estado el 14 de junio de 2007, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la señora Josefina Cotrino de Olaya contra la extinta Caja Nacional de Previsión Social EICE –CAJANAL-.

I. ANTECEDENTES

1. Demanda

1.1 Mediante apoderado, la UGPP interpuso recurso extraordinario de revisión con el fin de que se revoque el fallo proferido por la Sección Segunda del Consejo de Estado el 14 de junio de 2007, que confirmó la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 7 de abril de 2005 en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho número 25000232500020030635401.

1.2 Como sustento del recurso extraordinario de revisión señaló el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, expresando que con las sentencias atacadas se ordenó la reliquidación de una pensión gracia con la inclusión de factores salariales no previstos en la ley.

1.2.1 Explicó que las sentencias ordenaron la reliquidación y pago de la mesada pensional otorgada a la señora Cotrino de Olaya, incluyendo factores que se devengaron conforme a lo previsto en el Acuerdo 11 del 3 de agosto de 1989 expedido por el Concejo de Bogotá, cuya nulidad fue declarada por la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en sentencia del 29 de marzo de 1996.

1.2.1.1 Sobre este punto, indicó que el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la nulidad del Acuerdo 11 de 1989 por encontrarlo contrario a los artículos 52, 76 numeral 9 y 197 numeral 3 de la Carta Política de 1886, vigente en el momento de su expedición, así como la Ley 43 de 1975, en consideración a que el Concejo de Bogotá no tenía competencia constitucional ni legal para fijar factores salariales ni prestacionales, siendo esta exclusiva del Congreso de la República.

1.2.2 Con relación a la falta de competencia de las entidades territoriales para establecer el régimen salarial y prestacional del magisterio, la UGPP advirtió que conforme con lo dispuesto en el literal e. del numeral 19 del artículo 150 constitucional, la misma corresponde exclusivamente al Congreso de la República en concordancia con lo señalado en el artículo 12 de la Ley 4 de 1992.

1.2.3 Expresó que la extinta CAJANAL, en cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia del 14 de junio de 2007 dictada por la Sección Segunda del Consejo de Estado, expidió la Resolución 214 del 13 de enero de 2009, con la cual reliquidó la pensión gracia de la señora Cotrino de Olaya conforme lo dispuso el mencionado fallo.

1.2.4 Concluyó que las sentencias dictadas i) el 7 de abril de 2005 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y ii) el 14 de junio de 2007 por la Sección Segunda del Consejo de Estado, han originado erogaciones del erario público sin justificación legal y con abuso del derecho, porque ordenaron la reliquidación de la pensión gracia de la señora Cotrino de Olaya con inclusión de factores salariales no contemplados por la ley, fijados por el Acuerdo 11 de 1989 expedido por el Concejo de Bogotá sin competencia, razón por la cual fue declarado nulo.

1.3 De acuerdo con lo anterior, la UGPP formuló las siguientes pretensiones:

“PRIMERA: Revocar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca con fecha del 07 de abril de 2005 y confirmada por el Consejo De (sic) Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda mediante sentencia del 14 de junio de 2007 y el cual (sic) cobró ejecutoria el 29 de febrero de 2008, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por JOSEFINA COTRINO DE OLAYA en contra de la extinta CAJANAL EICE”.

“SEGUNDA: Condenar en costas a la parte demandada”.

1.4 Sobre la pensión gracia señalo que a la luz de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, la jurisprudencia en la materia y la doctrina, constituye un reconocimiento de carácter especial que el legislador creó en favor de los docentes que cumplieran la totalidad de los requisitos, por lo tanto no es posible que la misma se reconozca sobre factores salariales que el legislador no contempló para su otorgamiento.

1.5 En cuanto a la oportunidad del medio de control y la legitimidad de la UGPP, explicó que tratándose éste caso de uno que se ajusta a lo señalado en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, a la luz de la sentencia de unificación de la Corte Constitucional SU 427 del 11 de agosto de 2016, la caducidad del recurso es de cinco (5) años y se contabiliza a partir del 12 de junio de 2013, fecha en que la UGPP asumió la defensa judicial de los asuntos que tenía a su cargo CAJANAL EICE.

2. Hechos probados

2.1 La señora Cotrino de Olaya nació el 13 de octubre de 1946 como constan en la copia del Registro Civil de Nacimiento que obra a folio 39 del cuaderno anexo.

2.2 Se vinculó a la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá el 29 de enero de 1969 mediante Resolución 129 de 1969, como consta en la certificación expedida el 24 de abril de 1996 (folio 90 del expediente 25000232500020030635401 y folio 40 del cuaderno anexo).

2.3 Se retiró del servicio el 30 de diciembre de 1998, por renuncia que le fue reconocida en la Resolución 8168 de 1998, como consta en dicho acto administrativo y en la certificación de la Secretaría de Educación de la Alcaldía Mayor de Bogotá de 12 de abril de 1999 (folios 105 a 107 del expediente 25000232500020030635401 y folios 149 y 57 respectivamente, del cuaderno anexo).

2.3 Adquirió su estatus pensional el 13 de octubre de 1996 cuando cumplió 50 años de edad, momento para el cual llevaba más de 20 años de servicio y se desempeñaba como docente nacionalizada del Distrito Capital -Directora de Primaria, Grado 14 del Centro Educativo Distrital Villa María de Suba-, como queda probado con las certificaciones de la Secretaría de Educación expedidas el 14 de octubre de 1996 y el 6 de marzo de 1998, que obran a folios 40, 41 y 42 del cuaderno anexo.

2.4 La señora Cotrino de Olaya devengó los siguientes factores en el año anterior al que adquirió su estatus pensional: i) sueldo ii) sobresueldo iii) prima de alimentación iv) prima de habitación v) prima de navidad y vi) reajuste 25%. De ello dan cuenta las certificaciones expedidas por la Secretaría de Educación, obrantes a folios 19, 20 y 21 del expediente 2500023250002003063540141 y a folios 41, 42 y 43 del cuaderno anexo.

2.5 Los pagos del reajuste 25%, sobresueldo y prima de alimentación que en el año 1995 se realizaron a la docente, lo fueron en aplicación del Acuerdo 11 de 1989, conforme consta en la certificación expedida por la Jefe de Liquidaciones y Nóminas de la Secretaría de Educación (folio 19 del cuaderno 1 del expediente original de la causa 25000232500020030635401 y 41 anverso del cuaderno de anexos).

2.6 El Acuerdo 11 de 1989 expedido por el Concejo de Bogotá fue anulado por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del 29 de marzo de 1996, cuya ejecutoria ocurrió el 26 de abril de 1996, tal como obra en los folios 80 a 85 del cuaderno 1 del presente recurso extraordinario de revisión, que contienen copia del fallo judicial y constancia de su firmeza.

2.6.1 Estos documentos públicos fueron incorporados al proceso por el despacho sustanciador, previa verificación de su existencia con la Relatoría de la Sección Segunda del Consejo de Estado y con la Secretaría de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dependencias que los remitieron de manera inmediata.

2.7 El Acuerdo 11 del 3 de agosto de 1989, expedido por el Concejo de Bogotá, dispuso el reconocimiento, liquidación y pago de los siguientes emolumentos para el personal docente y directivo docente distrital:

i) Reajuste salarial 25% o 50% conforme con el grado que acredite el beneficiario en el escalafón nacional docente ii) Sobresueldo rural del 10% iii) Prima de alimentación del 10% para los docentes entre el grado 8 y 14 del escalafón nacional docente liquidada sobre el salario básico iv) Sobresueldo liquidado sobre la asignación básica para directivos docentes del: 20% para Directores de concentración y Coordinadores de colegio; 30% para Rectores de colegio y 40% para Supervisores de educación y v) Recompensa salarial por quinquenio cumplido.

2.7.1 El texto del Acuerdo Distrital 11 de 1989 fue incorporado al proceso previa consulta del sistema de información jurídica de la Alcaldía Mayor de Bogotá en la siguiente dirección electrónica: http://bogotajuridicadigital.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp¡=8900.

2.8 CAJANAL EICE reconoció una pensión gracia de $672.010,52 a favor de la señora Cotrino de Olaya mediante Resolución 021459 del 11 de agosto de 1998, efectiva a partir del 13 de octubre de 1996 y calculada con base en los siguientes factores: i) asignación básica ii) reajuste 25% descongelado iii) sobresueldo y iv) reajuste 25% congelado (folio 48 del cuaderno anexo).

2.9 CAJANAL reliquidó la pensión de la docente a la fecha del retiro del servicio –30 de diciembre de 1998-, con base en los siguientes factores devengados: i) asignación básica ii) sobresueldo iii) reajuste 25%, conforme obra en la Resolución 01341 del 8 de noviembre de 1999 –folios 62, 62 anverso, 63 y 63 anverso del cuaderno anexo.

2.9.1 Con dicho acto administrativo se reliquidó la pensión gracia por $1.165.529,25, a partir del 1 de enero de 1999, incrementándose en la suma de $493.518,73.

2.10 El 15 de julio de 2002, la señora Cotrino de Olaya solicitó a CAJANAL la reliquidación de su pensión gracia, a efectos de que se incluyeran la totalidad de los factores salariales devengados para el cálculo de la mesada pensional en el año anterior a aquel en que se retiró del servicio, tal como obra a folios 67 y 68 del cuaderno anexo.

2.11 Sobre dicha solicitud operó el silencio administrativo negativo y contra dicho acto ficto la docente interpuso el recurso de apelación ante CAJANAL EICE, el cual se resolvió negativamente mediante Resolución 0969 del 27 de febrero de 2003, como consta en los folios 57 a 83 del cuaderno anexo.

2.12 El 9 de julio de 2003, la señora Cotrino de Olaya presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra estos dos últimos actos administrativos, con el fin de que su pensión gracia se reliquidara con inclusión de todos los factores que percibió durante el año anterior a aquel en que se retiró efectivamente del servicio docente, con los correspondientes reajustes de ley (demanda que obra en los folios 24 a 49 del cuaderno 1 del expediente original).

2.13 Se constata en los folios 183 a 201 del expediente original de la causa 25000232500020030635401 que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dictó sentencia el 7 de abril de 2005, en la que declaró la nulidad de los actos administrativos demandados, probada la excepción de prescripción trienal de mesadas pensionales y ordenó a CAJANAL EICE:

i) Reliquidar la pensión gracia de la demandante teniendo como base salarial todos los factores devengados por la señora Cotrino de Olaya durante el año inmediatamente anterior a aquel en que consolidó su derecho pensional, con inclusión de las primas de alimentación, navidad y habitación.

ii) Realizar el pago efectivo a partir del 15 de julio de 1999, por haber operado la prescripción trienal de las mesadas pensionales.

iii) Pagar las diferencias de las mesadas pensionales causadas, con los reajustes autorizados en la Ley 100 de 1993 y ajustar tales diferencias conforme lo dispone el artículo 178 CCA y siguiendo la fórmula fijada en la parte motiva del fallo.

2.14 En segunda instancia, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado dictó sentencia el 14 de junio de 2007 y confirmó la decisión proferida en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, aclarando que el derecho de la demandante era exigible a partir del 15 de julio de 1999 por razón de la prescripción trienal de las mesadas pensionales, contabilizada según el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969 (folios 239 a 257 del expediente original de la causa 25000232500020030635401).

3. Actuaciones procesales relevantes

3.1 Admisión de la solicitud

3.1.1 El recurso extraordinario de revisión fue admitido mediante auto del 16 de febrero de 2018 por reunir los requisitos contemplados en los artículo 248 a 255 de la Ley 1437 de 2011, así:

3.1.1.1 El recurso se formuló por la UGPP contra una sentencia dictada por el Consejo de Estado, como lo prevé el artículo 248 ejusdem.

3.1.1.2 Se sustentó en lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, como lo autoriza el artículo 250 ibídem.

3.1.1.3 El recurso fue oportuno porque se interpuso el 6 de febrero de 2018, dentro del término de cinco años establecido en el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011, el cual, para efectos de lo establecido en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, se contabiliza desde el 12 de junio de 2013 como lo señaló la Corte Constitucional en la SU 427 de 2011, en razón a que en dicha fecha la UGPP sumió la defensa judicial de los asuntos de CAJANAL EICE.

3.1.1.4 La demanda se presentó en forma, mediante escrito que reunió los requisitos previstos en el artículo 252 ejusdem en lo referente a la indicación de las partes y sus apoderados, los hechos y las omisiones que le sirven de fundamento, el señalamiento de la causal invocada, el correspondiente poder y las pruebas documentales que pretende hacer valer en el proceso.

3.1.2 El auto admisorio se notificó: i) por mensaje de datos a la UGPP el 26 de febrero de 2018 ii) por mensaje de datos a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado el 27 del mismo mes y año iii) personalmente al Agente del Ministerio Público el 28 de febrero de 2018 y iv) A la señora Josefina Cotrino de Olaya mediante Aviso fijado el 13 de marzo de 2018 y desfijado el 24 de abril de 2018.

3.2 Concepto rendido por el Ministerio Público

El Agente del Ministerio Público rindió concepto el 3 de abril de 2018 en los siguientes términos:

3.2.1 Sobre el recurso extraordinario de revisión y la causal alegada por la UGPP, advirtió que aun cuando no se especificó en la demanda cuál de las dos causales previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 es la que se configura en el presente asunto, dado que el argumento central es que la reliquidación de la pensión graciosa ordenada por el Consejo de Estado, excede ilícitamente lo debido a la señora Cotrino de Olaya por razón de la nulidad declarada del Acuerdo 11 de 1989, puede concluirse que la causal invocada es la prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

3.2.2 Luego de la precisión mencionada, en el caso concreto solicitó negar las pretensiones de infirmación de la sentencia atacada y de condena en costas a la parte demandante, por considerar que la UGPP no cumplió con la carga probatoria que le corresponde.

3.2.2.1 Al respecto, advirtió la ausencia de la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 29 de marzo de 1996 en el acervo probatorio, a partir de la cual, la apoderada de la demandante, argumentó que los factores cuya inclusión ordenó la sentencia del Consejo de Estado se encontraban fuera del ordenamiento, por haber sido declarado nulo el Acuerdo 11 de 1989 del Concejo Distrital del Bogotá 11 de 1989, al no ser competentes las entidades territoriales para fijar factores salariales y prestacionales.

3.2.2.2 Señaló que a la luz del artículo 167 del Código General del Proceso, aplicable por el mandato de reenvío contenido en el artículo 211 del CPACA, acreditar la causal alegada, por el medio pertinente y conducente, es una obligación procesal de la cual no puede sustraerse el demandante, y que el documento público contentivo de la sentencia que anuló el Acuerdo 11 de 1989 no puede sustituirse con las comunicaciones internas que cruzan las dependencias de la UGPP y allegadas al plenario, por cuanto es un asunto que reviste solemnidad y porque tales oficinas no son autoridades judiciales que definan derechos.

3.3. El escrito de oposición

3.3.1 En escrito presentado el 24 de abril de 2018, la apoderada de la señora Josefina Cotrino de Olaya se opuso a las pretensiones de la demanda, con base en los siguientes argumentos:

3.3.1.1 Señaló que la reliquidación de la pensión gracia atacada por la UGPP se obtuvo en cumplimiento de los requisitos legales exigidos para tal efecto y con sustento en documentación idónea.

3.3.1.2 Indicó que el actuar de su poderdante ha sido de buena fe y ajustado a la ley, pues fue la autoridad judicial competente la que ordenó reliquidar la pensión gracia.

3.3.1.3 Manifestó que pese a existir fallos judiciales que ordenaron la reliquidación de la pensión gracia de la que es beneficiaria la señora Cotrino de Olaya con inclusión de todos los factores devengados por ella, la UGPP no les ha dado cumplimiento.

3.3.1.4 Consideró que la UGPP niega el derecho de acceso a la justicia de su poderdante al no proferir acto administrativo alguno en el que se resuelva la reliquidación pensional en cumplimiento de la sentencia, que pueda atacarse ante la jurisdicción.

3.3.1.5 Sobre las costas pretendidas, indicó la imposibilidad de que se condenara en las mismas so pena de configurarse un cobro de lo no debido, porque la reliquidación de la pensión gracia fue ordenada por vía judicial y a la fecha su poderdante no ha recibido beneficio alguno proveniente de dicha sentencia.

3.3.2 Como hechos que sustentan su oposición a la prosperidad de la demanda, expuso los siguientes:

3.3.2.1 Mediante derecho de petición del 23 de julio de 2015, se solicitó a la UGPP reliquidar la pensión gracia de la señora Cotrino de Olaya en cumplimiento del fallo proferido por el Consejo de Estado en 2007.

3.3.2.2 La reliquidación fue negada por Resolución RDP 055873 del 29 de diciembre de 2015. Decisión que fue recurrida el 22 de enero de 2016.

3.3.2.3 Los recursos fueron desatados negativamente por la UGPP mediante Resoluciones RDP 0555158 del 8 de febrero de 2016 y RDP 010189 del 4 de marzo de 2016.

3.3.2.4 A la fecha no se ha dado cumplimiento al fallo del Consejo de Estado que ordenó reliquidar la pensión gracia con inclusión de todos los factores devengados por la señora Cotrino de Olaya en el año anterior a aquel en el que adquirió el derecho.

3.3.3 En relación con la caducidad, la apoderada explicó que la sentencia que se ataca quedó ejecutoriada el 29 de febrero de 2008 y fue dictada en aplicación del régimen legal establecido en el Código Contencioso Administrativo, motivo por el cual, en aplicación del artículo 40 de la Ley 153 de 1886 y del tránsito legislativo señalado en el artículo 308 del CPACA, la UGPP contaba con el término de 2 años para interponer el recurso extraordinario de revisión.

En adición, dijo que incluso aplicando el término de caducidad de 5 años previsto para la causal del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la acción caducó pues la ejecutoria ocurrió el 29 de febrero de 2008 y el recurso extraordinario de revisión se presentó el 9 de febrero de 2018.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

La Sala Especial de Decisión es competente al tenor de las siguientes disposiciones:

1.1 El artículo 249 de la Ley 1437 de 2011, que faculta a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo para conocer los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra sentencias dictadas por las secciones o subsecciones del Consejo de Estado, sin exclusión de la sección que profirió la decisión.

1.2 El inciso cuarto del artículo 107 ejusdem, que creó las salas especiales de decisión, encargadas de decidir los procesos sometidos a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo que esta les encomiende, salvo de los procesos de pérdida de investidura y de nulidad por inconstitucionalidad, cuya integración y funcionamiento se regula por reglamento interno de la Corporación.

1.3 El numeral 1 del artículo 2 del Acuerdo 321 del 2 de diciembre de 2014 dictado por la Sala Plena del Consejo de Estado, que fijó en cabeza de las Salas Especiales de Decisión la competencia para decidir los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado.

2. Recurso Extraordinario Especial de Revisión

2.1 Este recurso es un mecanismo judicial establecido por el legislador en materia civil, penal, laboral y contencioso administrativa, como una excepción al principio de inmutabilidad de las sentencias que hacen tránsito a cosa juzgada material y que tiene lugar cuando la decisión resuelve el fondo del asunto objeto de litigio, por lo cual su naturaleza es extraordinaria y no ordinaria.

2.2 Sobre este recurso extraordinario la Corte Constitucional ha dicho que se trata de un “(…) mecanismo para evitar, aun luego de su ejecutoria, que persistan dentro del ordenamiento jurídico sentencias que vulneren el debido proceso, o que no se ajusten al derecho y a la Constitución”.

2.3 Por su parte, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha reiterado que el recurso extraordinario de revisión constituye un nuevo proceso y no una instancia adicional del mismo, pues no hace parte de la causa que dio origen al fallo recurrido.

2.3.1 Aunque en el pasado la Corporación sostuvo la tesis de que los recursos extraordinarios no podían entenderse como una actuación ajena e independiente del proceso de origen, motivo por el cual se les aplicaba la legislación que rigió el trámite del proceso y bajo las cuales se adoptó la sentencia, dicha postura fue modificada por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo.

2.3.2 Así fue, la Sala Plena de la Corporación, mediante decisión del 12 de agosto de 2014, modificó la postura expuesta para señalar que el recurso extraordinario de revisión constituye una verdadera acción judicial, cuyo objeto es examinar una sentencia que cobró ejecutoria y por tanto, debe agotar todos los cauces de una nueva actuación.

2.3.3 En este sentido, el recurso extraordinario de revisión inicia con una demanda contra el fallo atacado, sujeta a una serie de requisitos que deben ser observados para su admisibilidad y procedencia, porque se repite, es un medio de control que consagrado por el legislador en la jurisdicción contencioso administrativa y no una tercera instancia.

2.4 De lo expuesto se concluye que el recurso extraordinario de revisión constituye una verdadera acción impugnatoria, dirigida a cuestionar la inmutabilidad de la sentencia cuando se configuran las causales previstas para su procedencia, de las cuales, una vez acreditadas, deviene que el fallo debe invalidarse por resultar contrario a derecho. En consecuencia, no es admisible que por vía de esta acción se reviva el debate sobre el fondo del asunto que ya se decidió.

3. Régimen aplicable

3.1 El artículo 40 de la Ley 157 de 1887, señala que los términos que hubieren comenzado a correr se regirán por las leyes vigentes cuando los mismos empezaron a correr, y que la competencia para tramitar el proceso se regirá por la legislación vigente en el momento de formulación de la demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine dicha autoridad.

3.2 Teniendo en cuenta la regla procesal general sobre transición entre estatutos procesales prevista en la norma señalada, se concluye que los términos previstos en la Ley 1437 de 2011 se aplican a partir de la fecha en que entró a regir dicha ley, incluso si los procesos en trámite fueron iniciados en vigencia del Código Contencioso Administrativo.

3.3 Ahora bien, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011-, se separa de la mencionada regla procesal y en su artículo 308 consagra un régimen de transición diferente en el ámbito de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, así:

“Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el 2 de julio del año 2012.

Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.

Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”.

3.4 La disposición transcrita es clara. Señala que la vigencia del nuevo código se estableció a partir del 2 de julio de 2012 y ordenó su aplicación a todos los procesos, demandas, trámites, procedimientos o actuaciones que se inicien con posterioridad a dicha fecha. Igualmente, señaló expresamente que las actuaciones en curso al momento de entrar a regir la Ley 1437 de 2011, se regulan por el régimen jurídico precedente, es decir, el Decreto Ley 01 de 1984.

3.5 No cabe duda de que la Ley 1437 de 2011 se aplica a los recursos extraordinarios de revisión interpuestos con posterioridad a su entrada en vigencia, aunque con ellos se cuestionen sentencias ejecutoriadas y proferidas bajo el régimen jurídico del Decreto Ley 01 de 1984, porque como han reiterado los pronunciamientos de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, este medio de control constituye un nuevo proceso, distinto al que originó y culminó con el fallo cuya revisión se pretende.

3.6 Como el presente recurso extraordinario de revisión se interpuso el 8 de febrero de 2018, corresponde aplicar al caso las normas contenidas en la Ley 1437 de 2011.

4. Cuestión previa

Oportunidad del medio de control, legitimación por activa para interponerlo y causal invocada

4.1 Al tenor de lo señalado en el inciso cuarto del artículo 251 del CPACA, el término para interponer el recurso extraordinario de revisión en los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 es de cinco años, contabilizados a partir de la ejecutoria de la providencia recurrida.

4.2 Sobre la regla fijada en dicha disposición para contabilizar el término de caducidad del medio de control, a la luz de los pronunciamientos de la Corte Constitucional contenidos en las sentencias C-835 de 2003 y SU 427 de 2016, reiterada por las sentencias SU 631 de 2017 y la Sala llega a las siguientes conclusiones:

4.2.1 De acuerdo con la sentencia C-835 de 2003, el término para interponer el recurso extraordinario de revisión con fundamento en las causales del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, corresponde al previsto en la normativa aplicable al caso según corresponda, esto es, el Decreto 01 de 1984 (2 años) o la Ley 1437 de 2011 (5 años).

4.2.2 De conformidad con la sentencia SU 427 de 2016, el punto de partida para contabilizar la caducidad del recurso extraordinario de revisión respecto de la UGPP, no es la ejecutoria de la providencia atacada conforme lo prevé el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 sino la fecha en que dicha entidad asumió la funciones de CAJANAL, lo que ocurrió el 12 de junio de 2013.

4.2.2.1 Este plazo lo determinó la Corte Constitucional en atención al estado de cosas inconstitucional que afrontó CAJANAL EICE, reconocido por dicha Corporación en las sentencias T-068, T-167 y T-439 de 1998, señalando que el problema estructural de ineficiencia e inoperancia administrativa que padeció dicha entidad en relación con la administración del sistema pensional impidió que cumpliera sus funciones correctamente.

4.2.2.2 En este pronunciamiento la Corte Constitucional también señaló que la UGPP, en calidad de sucesora procesal de CAJANAL EICE, está legitimada para acudir ante el Consejo de Estado e interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las decisiones judiciales en las cuales se haya incurrido en un abuso del derecho, bajo el entendido de que el término de caducidad de cinco años previsto en el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 sólo podrá contabilizarse desde el 12 de junio de 2013, fecha en la cual dicha entidad asumió la defensa judicial de los asuntos que tenía a cargo CAJANAL.

4.2.2.3 Ello es así, porque como lo advirtió la Corte Constitucional en la Sentencia SU-631 de 2017 y lo reitera esta Sala, respecto del término para interponer el mecanismo de revisión de las decisiones judiciales que hayan reconocido pensiones ilegales o con fraude a ley o fundadas en abuso del derecho, existió un vacío legal que sólo se superó con la expedición del artículo 251 de la Ley 1437 de 2011, razón por la cual y para todos estos eventos, la obligación de defensa judicial de la UGPP, como sucesora procesal de CAJANAL EICE, sólo le es exigible a partir de la fecha en que asumió las funciones de esta, lo que ocurrió el 12 de junio del 2013.

4.2.3 Por su parte, la sentencia SU-631 de 2017 también reiteró lo expuesto en la SU-427 de 2016, restringiendo la procedencia formal de la acción de tutela a la caducidad del recurso de revisión, contabilizada desde el 12 de junio de 2013, así como a la configuración del abuso palmario del derecho, y señaló que este último requisito en materia pensional se evidencia con la acreditación de dos condiciones, a saber: i) la ventaja irrazonable, fundada en una vinculación precaria del beneficiario de la pensión y ii) el incremento excesivo de la mesada pensional derivada de la sentencia atacada.

4.2.4 Como la jurisprudencia sentada por la Corte Constitucional ha sido dictada en sede de tutela y en punto del cumplimiento del requisito de la subsidiaridad, es claro que el recurso extraordinario de revisión es el mecanismo principal y ordinario establecido por el legislador para la defensa de la entidad, y al debe acudir la UGPP en el término de cinco años contados a partir del 12 de junio de 2013, cuando controvierte decisiones judiciales que versan sobre reconocimientos, liquidaciones o reliquidaciones pensionales con fundamento en las causales consagradas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y 250 de la Ley 1437 de 2011.

4.2.5 Esta conclusión se refuerza con lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia SU-114 de 2018, decisión en la que en Sala Plena estudió nueve acciones de tutela formuladas contra providencias judiciales que resolvieron procesos en los que se cuestionaba el Ingreso Base de Liquidación y la inclusión de factores salariales devengados por el trabajador, y sobre las cuales expuso lo siguiente:

(…) “se constató que siete de las de las ocho demandas de amparo formuladas por la UGPP no acreditaban los requisitos generales de procedibilidad, específicamente la subsidiariedad, por cuanto la entidad cuenta –o contaba− con el recurso extraordinario de revisión para redargüir las providencias que la condenaron a reliquidar y pagar aquellas prestaciones (expedientes T-6.568.757, T-6.569.788, T-6.571.422, T-6.571.452, T-6.571.465, T-6.576.750, T-6.579.452). La vía que ofrece el mecanismo principal del referido recurso extraordinario sólo se puede sustituir por la acción de tutela en tanto se haya comprobado el abuso palmario del derecho, lo cual no ocurre en este caso.

4.2.5.1 En cuanto al término de caducidad de cinco años previsto en el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 para la interposición del recurso extraordinario de revisión, la Corte Constitucional estableció que en dos de los casos aun cuando dicho término se había cumplido al momento en que se formularon las acciones de tutela, a la UGPP sólo puede exigírsele el despliegue de las conductas procesales necesarias para desvirtuar la juridicidad de las sentencias de reliquidación pensional, a partir del momento en que asumió las funciones de CAJANAL EICE, lo que ocurrió el 12 de junio de 2013.

4.2.5.2 En consecuencia, como para el momento en que se formularon las acciones de tutela el término de caducidad de cinco años con que cuenta la UGPP no se había cumplido, ni tampoco se acreditó un palmario abuso del derecho, en tanto la entidad no expuso que las vinculaciones fueran precarias o que se hubiera ocasionado un aumento desproporcionado de las mesadas pensionales, la Corte declaró la improcedencia del mecanismo de protección constitucional, advirtiendo que era la legalidad de las reliquidaciones pensionales lo que se controvertía y por tanto, el recurso extraordinario de revisión el mecanismo idóneo para tal efecto.

4.5 De acuerdo con todo lo anterior, en el presente asunto la UGPP contaba con 5 años a partir del 12 de junio de 2013 para solicitar la revisión de la providencia, porque el recurso extraordinario de revisión se fundamentó en el artículo 20 de la ley 797 de 2003, y aun cuando en la demanda no se expresó en concreto cuál de las dos causales previstas en esta disposición es la que sustenta su interposición, el alegato permite concluir que lo pretendido es atacar la legalidad de la reliquidación ordenada por las sentencias del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y del Consejo de Estado, pues ordenaron incluir primas que son extralegales por haberse reconocido con sustento en un acto administrativo nulo.

4.6 La entidad señaló que las sentencias del 7 de abril de 2005 y del 14 de junio de 2007, que ordenaron la reliquidación de la pensión gracia de la señora Josefina Cotrino de Olaya, son ilegales porque incluyeron factores salariales no contemplados por la ley y fijados por el Acuerdo Distrital 11 de 1989 expedido por el Concejo de Bogotá, el cual fue declarado nulo por falta de competencia, mediante sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 29 de marzo de 1996.

4.7 Así pues, es claro que la UGPP ataca la legalidad de la sentencia al tenor de la causal prevista en el literal b. del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, pues es esta la que autoriza revisar la decisión judicial “Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.”

4.8 Conclusión

4.8.1 Como la UGPP es la sucesora procesal de CAJANAL EICE, está legitimada para interponer el recurso extraordinario de revisión.

4.8.2 Como el término de caducidad de cinco años previsto en el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 se contabiliza para la UGPP desde el 12 de junio de 2013, la UGPP tenía plazo para solicitar la revisión de la sentencia hasta el 12 de junio de 2018 y lo hizo el 8 de febrero de 2018, el recurso extraordinario de revisión es oportuno.

4.8.3 Como la UGPP controvierte la inclusión de primas extralegales en la reliquidación pensional ordenada por las sentencias dictadas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, la causal cuya configuración debe analizarse es la prevista en el literal b. del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

5. Problema jurídico

Corresponde a la Sala decidir si la reliquidación de la pensión gracia reconocida en la sentencia dictada por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado el 14 de junio de 2007, excede lo debido a la beneficiaria de la pensión gracia conforme a la ley, por haberse ordenado con inclusión de las primas de navidad, alimentación y habitación previstas en el Acuerdo Distrital 11 de 1989, cuya nulidad fue declarada mediante sentencia judicial.

En el evento en que la Sala encuentre probado que la causal de revisión alegada se configuró, dictará la sentencia de reemplazo correspondiente.

6. Finalidad de la causal prevista en el literal b. del artículo 20 de la Ley 797 de 2003

Como se dejó sentado en el acápite relativo a la cuestión previa, de los supuestos fácticos y jurídicos señalados por la entidad actora, se advierte que el recurso extraordinario de revisión se fundamenta en la causal contemplada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que dispone:

“Las providencias judiciales que  hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado (…)”
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse  por las causales consagradas para este en el mismo código y además:
(…) b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.”

En la exposición de motivos del proyecto de ley que dio origen a esta disposición, se señaló que la posibilidad de revocar las pensiones irregularmente otorgadas, es uno de los instrumentos que permite afrontar la corrupción y evitar los perjuicios que pueda sufrir la Nación.

De acuerdo con esta finalidad, el legislador dotó a las entidades públicas pagadoras de pensiones de un instrumento judicial encaminado a corregir aquellos reconocimientos pensionales que en contravía de la ley, suponen erogaciones que exceden lo que en derecho corresponde a sus beneficiarios, cuestión que afecta la liquidez y solvencia del sistema pensional y por esta misma vía, atenta contra el interés general y el principio de universalidad que gobiernan el sistema de la seguridad social.

Así pues, la estricta concordancia entre lo que reconoce la ley y el valor de las mesadas pensionales que se pagan, protege la viabilidad de los fondos públicos que apalancan el reconocimiento de esta pensión dadivosa en el tiempo, pues de ser lo contrario y mantenerse en cabeza del Estado la obligación de pagar sumas periódicas que han sido concedidas de manera irregular, se disminuye la capacidad del mismo.

6. Caso concreto

6.1 El objeto del recurso

Lo primero que se debe advertir es que el reclamo recae única y exclusivamente en la inclusión de las primas de navidad, alimentación y habitación ordenadas por las decisiones judiciales que se revisan, por cuanto la UGPP advirtió que las mismas fueron reconocidas con fundamento en un acto administrativo que fue declarado nulo.

No se discute el reconocimiento pensional de que goza la pensionada gracia ni los factores salariales que fueron incluidos en dicho reconocimiento, sino la presunta inclusión de las primas extralegales en la reliquidación ordenada judicialmente, por lo tanto, el pronunciamiento de la Sala se circunscribirá a éstas últimas –prima de alimentación, prima de navidad y prima de habitación-.

6.2 Configuración de la causal invocada

De acuerdo con los hechos probados que resultan relevantes en el presente caso, la Sala advierte que las sentencias de primera y segunda instancia dictadas el 7 de abril de 2005 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el 14 de junio de 2007 por el Consejo de Estado, concedieron la reliquidación de la pensión gracia que corresponde a la señora Josefina Cotrino de Olaya, con inclusión de factores salariales que aun cuando habían sido devengados se encontraban por fuera del ordenamiento por virtud de sentencia judicial ejecutoriada.

En efecto, quedó probado en este proceso que el Acuerdo 11 de 1989 expedido por el Concejo de Bogotá fue declarado nulo por sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca dictada el 29 de marzo de 1996, cuya ejecutoria ocurrió el 23 de abril de 1999.

De igual manera, está acreditado que en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho adelantado por Josefina Cotrino de Olaya, obra certificación expedida por la Jefe de Liquidaciones y Nóminas de la Secretaría de Educación de Bogotá, en la que hizo constar que:

i) El pago mensual correspondiente a la prima de alimentación devengada por la docente fue pagada en aplicación del Acuerdo 11 de 1989.

ii) Que dicho Acuerdo fue declarado nulo mediante sentencia judicial del 3 de agosto de 1996, dictado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, porque estableció prestaciones y salarios contrariando las leyes y la Constitución, tanto de 1886 como la de 1991, y vulnerando el principio de reserva legal.

iii) Que la prima de alimentación se pagó mensualmente en la anualidad comprendida entre el 1 de enero de 1995 y el 30 de diciembre de 1995.

Revisadas las sentencias dictadas por el Tribunal de Cundinamarca y por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, la Sala observa que los falladores de primera y segunda instancia pasaron por alto la mencionada certificación, sin que en ellas obre pronunciamiento sobre tal documento o sobre la prima de alimentación que se certificó pagada con fundamento en el Acuerdo Distrital que fue declarado nulo.

Lo anterior condujo a una decisión irregular sobre el derecho que le asistía a la demandante en cuanto a la inclusión de factores salariales devengados, pues concedió la reliquidación pensional incluyendo la prima de alimentación, aun cuando el acto administrativo que sustentó su pago había sido extraído del ordenamiento por nulidad declarada en sentencia del 29 de marzo de 1996, misma razón que impedía acogerlos como fuente generadora de derecho.

Así pues, la inclusión de la prima de alimentación en la reliquidación de la pensión gracia resulta contraria a la legalidad, porque:

i) Los fallos judiciales se profirieron sin tener en cuenta que dicha prima fue devengada con fundamento en un acto administrativo que había sido declarado nulo por virtud de una decisión judicial y respecto de lo cual obraba prueba dentro de la causa.

ii) Se mejoró el derecho pensional de la señora Cotrino de Olaya sobrepasando los límites impuestos por el ordenamiento, con lo cual se desviaron o distorsionaron los fines de aquel, porque una reliquidación por encima de los factores previstos por la ley resulta lesiva del tesoro público y por esta misma vía, afecta a la comunidad en general.

iii) Para el momento en que fueron proferidos los fallos de primera y segunda instancia atacados, la jurisprudencia constitucional y contencioso administrativa tenía plena claridad sobre la ilegalidad e inconstitucionalidad de la que adolecen aquellas disposiciones de carácter territorial que usurpan la competencia del legislador en materia de creación, fijación o determinación de prestaciones sociales y salariales en el ámbito del empleo público.

Sobre este punto de derecho, debe resaltarse que, tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado han reiterado que bajo la vigencia de la Constitución Nacional de 1886 como de la Constitución Política de 1991, la creación y regulación de las prestaciones sociales y de los salarios de los empleados públicos, dentro de ellos la de los docentes, es competencia reservada del legislador.

En consecuencia, aun cuando es claro que la ilegalidad e inconstitucionalidad de los factores salariales cuya inclusión pretendió la señora Cotrino de Olaya, sustentada en la nulidad declarada del Acuerdo Distrital 11 de 1989, no fue aspecto debatido dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que siguió contra CAJANAL EICE, correspondía a los falladores pronunciarse sobre los mismos, en aplicación del principio iura novit curia, más aún cuando en el proceso obraba prueba indicativa de la nulidad declarada del Acuerdo 11 de 1989, y de que tal disposición fue la fuente normativa que sustentó el pago de algunos factores salariales devengados, cuya inclusión se discutió en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió la señora Josefina Cotrino de Olaya.

Por las razones mencionadas, se enfatiza en que las sentencias atacadas desatendieron el principio general del derecho, según el cual la ilegalidad no genera derechos, motivo por el que se impone infirmar la sentencia dictada el 14 de junio de 2007 por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, con el fin de impedir que se mantenga vigente una situación jurídica irregular en desmedro del erario público, por cuanto se trata de una prestación periódica que lo afecta en forma constante y permanente.

6.3 Conclusión

Como la reliquidación de la pensión gracia reconocida a la señora Cotrino de Olaya mediante la sentencia dictada el 14 de junio de 2007 por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado dio lugar al reconocimiento de una prestación periódica que incluye una prestación extralegal, es claro que la reliquidación reconocida lo fue con exceso de lo debido de acuerdo con la ley, y por tal razón se encuentra configurada la causal prevista en el literal b. del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

6.4 Corresponde a la Sala dictar sentencia de reemplazo

Para corregir la irregularidad en la que incurrió la sentencia atacada, corresponde a la Sala Plena la decisión de fondo que correspondía dictar en segunda instancia a la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que adelantó la señora Josefina Cotrino de Olaya contra CAJANAL, con el fin de que se accediera a la reliquidación de la pensión gracia de la que es beneficiaria.

III. SENTENCIA DE REEMPLAZO

7. Lo demandado por la pensionada gracia

7.1 En la demanda pidió:

7.1.1 La nulidad del acto ficto emanado del silencio administrativo del escrito presentado ante dicha entidad el 15 de julio de 2002 y de la Resolución 969 del 27 de febrero de 2003, que resolvió el recurso de apelación contra el mencionado acto ficto y que negó la revisión de la pensión gracia de la actora.

7.1.2 Que a título de restablecimiento del derecho se reconozca: A. El pago de la pensión gracia efectiva a partir del 13 de octubre de 1996, fecha en la que adquirió el estatus pensional por cumplir los requisitos de edad y tiempo de servicio. B. La reliquidación de mesada pensional a partir del 1 de enero de 1999, fecha en la que se retiró del servicio. C. La liquidación de los reajustes pensionales de las Leyes 4 de 1976 y 71 de 1988.

7.1.3 Condenar a CAJANAL al pago de las diferencias dinerarias que resulten entre lo que se le ha venido pagando por virtud de las Resoluciones 021459 del 11 de agosto de 1998 y 13041 del 8 de noviembre de 1999, a partir de la adquisición del estatus jurídico hasta la inclusión en nómina, y lo que se determine pagar en la sentencia que ordene el reconocimiento de la reliquidación pensional, teniendo en cuenta para efectos de la cuantía definitiva, la totalidad de los factores salariales devengados –Sobresueldo, prima de alimentación, reajuste 25%, prima de habitación, prima de navidad y prima de vacaciones-.

7.1.4 Que se efectúen los correspondientes ajustes de valor, de acuerdo con el IPC o al por mayor, como lo previene el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo, y se ordene dar cumplimiento al fallo de acuerdo con los establecido en el artículo 176 ejusdem.

7.1.5 Condenar en costas CAJANAL.

7.2 Los hechos en que se funda la demanda fueron los siguientes:

7.2.1 Que la demandante prestó servicios como docente del Distrito por más de 20 años.

7.2.2 Que CAJANAL reconoció su derecho a la pensión gracia mediante Resolución 021459 del 11 de agosto de 1998, en cuantía de $672.010,52 efectiva a partir del 13 de octubre de 1996.

7.2.3 Que la cuantía de la mesada pensional se reliquidó por Resolución 13041 del 8 de noviembre de 1999, por una cuantía de 1.1165.529, 25, con efectividad a partir del 1 de enero de 1999.

7.2.4 Que para el reconocimiento pensional y la reliquidación de la mesada pensional se incluyó la asignación básica y se excluyeron la totalidad de los restantes factores salariales que devengó la docente durante el año inmediatamente anterior a la fecha en que adquirió el estatus pensional, cuales fueron: sobresueldo, prima de alimentación, prima de navidad y prima de vacaciones.

7.2.5 Que mediante derecho de petición del 15 de julio de 2002 se solicitó la revisión de la mesada pensional reconocida a la actora mediante la Resolución 021459 del 11 de agosto de 1998 y reliquidada mediante Resolución 13041 del 8 de noviembre de 1999, así como el pago de la indexación de los valores reconocidos.

7.3 En cuanto al concepto de violación y las normas, el libelo introductorio señaló:

7.3.1 Que CAJANAL debió liquidar la pensión de jubilación de la señora Cotrino de Olaya, conforme lo ordena el régimen especial aplicable a los docentes, con inclusión de todos los factores salariales devengados desde el 13 de octubre de 1995 y hasta el 12 de octubre de 1996.

7.3.2 Que como ello no ocurrió así, en tanto a la situación de la docente se aplicó el régimen de la Ley 33 de 1985, con desconocimiento de la excepción prevista en el artículo 1, dentro de la cual están cobijados los docentes nacionalizados, los actos impugnados adolecen de nulidad, por violar las siguientes disposiciones:

Artículos 2,6, 25 y 58 del Código Civil; artículo 10 de la Ley 57 de 1987; artículo 4 del Decreto reglamentario 1743 de 1966; artículo 5 del Código Contencioso Administrativo, artículo 178 de la Ley 33 de 1985; el artículo 1 de la Ley 62 de 1985; los artículo 1 a 5 de la Ley 114 de 1913 y el artículo 3 de la Ley 37 de 1933.

8. La contestación de CAJANAL:

8.1 Mediante apoderada judicial, la entidad se opuso a la totalidad de las pretensiones de la demanda, precisando que lo pretendido es que se realicen dos revisiones o dos reliquidaciones de la pensión gracia, es decir, a la fecha del retiro definitivo de la docente y al momento en que adquirió su estatus de pensional.

8.2 Señaló que los actos administrativos atacados se ajustan a los previsto en la leyes 4 de 1966 y a las Leyes 33 y 62 de 1985, así como a la Ley 100 de 1993, porque si bien los docentes tienen un régimen especial, el mismo no regula el valor de la pensión ya que se limita a proteger los requisitos relativos a la edad, tiempo de servicio y periodo liquidable, especificando que éste se trata del año anterior a la adquisición del estatus pensional, lo que sucede cuando se cumplen 20 años de servicios y 50 años de edad.

8.3 Las normas aplicables al ingreso base de liquidación son las mismas del régimen ordinario pensional y con fundamento en ellas las primas de navidad, alimentación, habitación y vacaciones no están contempladas como ingreso que constituye salario.

8.4 Enfatizó en que los docentes beneficiarios de la pensión gracias no tienen derecho a la reliquidación pensional al momento del retiro del servicio, por virtud de encontrarse en un régimen especialísimo.

8.5 Solicitó, en caso de que se acojan las pretensiones de la demanda, declarar la prescripción trienal prevista en el artículo 102 del decreto 1848 de 1969, contada a partir de la solicitud de reliquidación pensional elevada ante CAJANAL por la actora, lo que ocurrió el 15 de julio de 2002.

9. Alegatos de conclusión

Los apoderados de la parte actora y de CAJANAL reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y su correspondiente contestación, respectivamente.

10. El Ministerio Público no rindió concepto.

11. La sentencia apelada

11.1 El Tribunal Administrativo de Cundinamarca dictó sentencia el 7 de abril de 2005, en la que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, así:

11.1.1 Declaró probada la prescripción trienal de las mesadas pensionales.

11.1.2 Declaró la nulidad de la Resolución 0969 del 17 de febrero de 2003, confirmatoria del acto ficto negativo de la reliquidación de la pensión gracia.

11.1.3 Ordenó reliquidar la pensión gracia teniendo como base la totalidad de los factores salariales devengados por la pensionada en el año inmediatamente anterior a aquel en que consolidó su estatus, con inclusión de las primas de alimentación, habitación y navidad, y ordenó su pago efectivo a partir del 15 de julio de 1999 por haber operado la prescripción trienal.

11.1.4 Ordenó que CAJANAL pague a la demandante las diferencias de las mesadas causadas, con los reajustes autorizados en la ley 100 de 1993.

11.1.5 Ordenó que las diferencias resultantes de la reliquidación se ajusten según lo dispuesto en el artículo 178 del CCA.

11.1.6 Ordenó el cumplimiento de la sentencia dentro de los términos establecidos en los artículo 176 y 177 del CCA, este último ajustado a la sentencia de inexequibilidad C-188 de 1999 y adicionado por el artículo 60 de la Ley 446 de 1998.

11.2 Las demás pretensiones de la demanda fueron negadas.

11.3 Los argumentos que sustentaron la decisión del tribunal Administrativo fueron los siguientes:

11.3.1 Que de acuerdo con las leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, el régimen de los pensionados gracia es especial y se otorga a los docentes que cumplan las exigencias legales contenidas en dicho régimen.

11.3.2 Que la actora acreditó los requisitos legales exigidos en las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, para ser beneficiaria de la pensión gracia, a saber: i) haber sido docente del Distrito Capital por 20 años, pues quedó probado que lo fue desde el 29 de enero de 1969 hasta el 30 de diciembre de 1998; ii) que cumplió 20 años de servicio docente el 29 de diciembre de 1989 y 50 años de edad el 13 de octubre de 1996.

11.3.3 Que la Ley 4 de 1966 en su artículo 4, dispone que las pensiones de jubilación de los trabajadores de una o más entidades de derecho público, se liquidan y pagan tomando como base el 75% del promedio mensual obtenido en el último año de servicio.

11.3.4 Que por virtud de la excepción prevista en el artículo 1 de la Ley 33 de 1985, para aquellos empleados que por ley cuentan con un régimen especial de pensiones, como es el caso de los docentes, no son aplicables las disposiciones de las Leyes 33 y 62 de 1985 a efectos de la reliquidación de la pensión, porque tales disposiciones se aplican al régimen ordinario de pensiones pero no a los regímenes especiales, y el de la pensión gracia lo es.

11.3.5 Como consecuencia de lo anterior, se tiene que las pensión gracia, al ser regulada por normas especiales, no se liquida con fundamento en los aportes sino en la remuneración, que es todo lo que recibe el empleado, tal como lo señaló la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto del 26 de marzo de 1992 emitido por el magistrado Humberto Mora Osejo dentro de la radicación 433.

11.3.6 Como en el proceso obran constancias expedidas por la Secretaría de Educación del Distrito Capital, que acreditan que la actora devengó, en el año anterior a la consolidación de su derecho a la pensión gracia y que corrió del 13 de octubre de 1995 al 13 de octubre de 1996, sueldo, sobresueldo, reajuste 25%, prima de navidad, prima de alimentación y prima de habitación, la pensión gracia de la señora Josefina Cotrino de Olaya debe reliquidarse en suma equivalente al 75% del promedio obtenido con la totalidad de los factores salariales antes mencionados.

11.3.7 Como la pensionada elevó su petición de reliquidación ante CAJANAL el 15 de julio de 2002 y el derecho pensional fue reconocido a partir del 13 de octubre de 1996, se configura la prescripción trienal, motivo por el cual sólo hay lugar a reconocer las mesadas pensionales a partir del 15 de julio de 1999. En consecuencia, se declarará probada la excepción de prescripción señalada por CAJANAL.

11.3.8 Como la pensionada gracia tenía derecho a que se liquidara la pensión con la totalidad de los factores salariales devengados en el año en que adquirió el estatus y ello no ocurrió así, hay lugar a efectuar el ajuste de los valores que no fueron pagados oportunamente, en los términos del artículo 178 del CCA y según la regla establecida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, aplicada por la Sección Segunda, aplicada mes por mes para cada mesada pensional, teniendo en cuenta que el índice inicial es el vigente al momento de la causación de cada uno de ellos.

11.3.9 No hay lugar a que la pensión sea actualizada con base en los incrementos salariales que se dieron con posterioridad a la fecha en que se adquirió el estatus pensional, en tanto la pensión ya estuvo reconocida.

11.3.10 Por la misma razón señalada, hay lugar a ordenar el cumplimiento de los reajustes dispuestos por la Ley 100 de 1993.

11.3.11 No hay lugar a condenar en costas a la parte demandada, porque al tenor del artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, no observó una conducta dilatoria o de mala fe dentro del proceso.

12. Apelación del fallo

12.1 El 26 de abril de 2005, dentro de la oportunidad procesal correspondiente, la apoderada de CAJANAL apeló la sentencia, con el fin de que se modifique, en el sentido de declarar que la pensión gracia de la demandante se liquide con base en los factores salariales devengados durante el año anterior al momento en que adquirió el estatus y que se encuentren contemplados en las Leyes 33 y 62 de 1985.

Así mismo, solicitó que de mantenerse el fallo, se declare la prescripción de las mesadas pensionales o de las diferencias de las mensualidades causadas con 3 años de anterioridad a la fecha de radicación de la demanda, con respecto a la fecha en que adquirió el estatus.

Motivó su disenso de la sentencia dictada por el tribunal Administrativo de Cundinamarca, así:

12.1.1 La cuantía de la mesada pensional se debe establecer incluyendo los factores salariales aplicables a todos los empleados oficiales y previstos en las Leyes 33 y 62 de 1985, por cuanto la excepcionalidad de los regímenes cobija el tiempo de servicio y la edad, no se refieren a los factores de liquidación.

12.1.2 El artículo 1 de la Ley 33 de 1985 establece los requisitos de edad, tiempo y porcentaje a reconocer, tomando como base los factores salariales sobre los cuales se realizaron aportes en el último año de servicio.

12.1.3 El artículo 3 ibídem consagra la obligación para CAJANAL de pagar los aportes, enumera taxativamente los factores objeto del descuento y señala que en todo caso, las pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los factores que hayan servido de base para calcular los aportes.

12.1.4 Como la pensión gracia no está ligada a una afiliación ni a unos aportes, debe ceñirse a la norma general que rija en la fecha en que se adquiere el estatus, por cuanto el Consejo de Estado ordena tener en cuenta la Ley 4 de 1966, aplicable a todos los servidores públicos.

12.1.5 El Consejo de estado ha sostenido que en materia de pensiones de empleados de orden territorial rige la Ley 33 de 1985, al tratarse este caso de una empleada del orden territorial, cuyo estatus pensional fue adquirido con posterioridad al 29 de enero de 1985, fecha en que entro en vigencia la mencionada ley 33, se concluye que para este caso, es esta norma legal la que debe aplicarse en su integridad.

12.1.6 Que la prescripción se contabiliza, conforme lo dispone el artículo 102 del decreto 1848 de 1969, para los tres años anteriores a la fecha en que se radicó la demanda y debe declararse con respecto a la fecha en que se adquirió el estatus pensional.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

13. Lo probado en el proceso

13.1 La señora Cotrino de Olaya nació el 13 de octubre de 1946 como constan en la copia del Registro Civil de Nacimiento que obra a folio 88 del expediente 25000232500020030635401.

13.2 Es una docente nacionalizada porque se vinculó a la Secretaría de Educación el 29 de enero de 1969 mediante Resolución 129 de 1969, como consta en la certificación expedida el 24 de abril de 1996 (folio 90 del expediente 25000232500020030635401).

13.3 Se retiró del servicio el 30 de diciembre de 1998, por renuncia que le fue reconocida en la Resolución 8168 de 1998, como consta en dicho acto administrativo y en la certificación de la Secretaría de Educación de la Alcaldía Mayor de Bogotá de 12 de abril de 1999 (folios 105 a 107 del expediente 25000232500020030635401).

13.4 Adquirió su estatus pensional el 13 de octubre de 1996 cuando cumplió 50 años de edad, momento para el cual llevaba más de 20 años de servicio y se desempeñaba como docente nacionalizada del Distrito Capital -Directora de Primaria, Grado 14 del Centro Educativo Distrital Villa María de Suba-, como queda probado con las certificaciones de la Secretaría de Educación expedidas el 14 de octubre de 1996 y el 6 de marzo de 1998, que obran a folios 19 a 22 del expediente 25000232500020030635401).

13.5 La señora Cotrino de Olaya devengó los siguientes factores en el año anterior al que adquirió su estatus pensional: i) sueldo ii) sobresueldo iii) prima de alimentación iv) prima de habitación v) prima de navidad y vi) reajuste 25%.

De ello dan cuenta las certificaciones expedidas por la Secretaría de Educación, obrantes a folios 19, 20 y 21 del expediente 2500023250002003063540141.

13.6 El pago de la prima de alimentación que en el año 1995 se realizó a la docente, lo fue en aplicación del Acuerdo 11 de 1989, declarado nulo por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante sentencia del 29 de marzo de 1996, conforme consta en la certificación expedida por la Jefe de Liquidaciones y Nóminas de la Secretaría de Educación (folio 19 del cuaderno 1 del expediente original de la causa 25000232500020030635401).

13.7 CAJANAL EICE reconoció una pensión gracia de $672.010,52 a favor de la señora Cotrino de Olaya mediante Resolución 021459 del 11 de agosto de 1998, efectiva a partir del 13 de octubre de 1996 y calculada con base en los siguientes factores: i) asignación básica ii) reajuste 25% descongelado iii) sobresueldo y iv) reajuste 25% congelado. Así se observa en los folios 2 a 4 del expediente 2500023250002003063540141.

13.8 CAJANAL reliquidó la pensión de la docente a la fecha del retiro del servicio –30 de diciembre de 1998-, con base en los siguientes factores devengados: i) asignación básica ii) sobresueldo iii) reajuste 25%, conforme obra en la Resolución 013041 del 8 de noviembre de 1999. Esto se constata a folios 5 a 8 del expediente 2500023250002003063540141.

13.8.1 Así mismo, quedó acreditado que con dicho acto administrativo se reliquidó la pensión gracia por $1.165.529,25, a partir del 1 de enero de 1999.

13.9 El 15 de julio de 2002, la señora Cotrino de Olaya solicitó la reliquidación de su pensión gracia, a efectos de que se incluyeran la totalidad de los factores salariales devengados para el cálculo de la mesada pensional, tal como obra a folios 112 a 119 del expediente 2500023250002003063540141.

13.10 Sobre dicha solicitud operó el silencio administrativo negativo y contra dicho acto ficto la docente interpuso el recurso de apelación ante CAJANAL EICE, el cual se resolvió negativamente mediante Resolución 0969 del 27 de febrero de 2003, como consta en los folios 121 a 130 del expediente 25000-23-25-000-2003-063540141.

14. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si la actora tiene derecho a la reliquidación de su pensión gracia con inclusión de las primas de alimentación, navidad y habitación devengadas durante el año inmediatamente anterior a aquel en que adquirió el estatus o si por el contrario, la reliquidación debe efectuarse sobre los factores salariales que le fueron pagados en dicho periodo, respecto de los cuales se hubieran efectuado los correspondiente aportes y siempre que se encuentren contemplados en las Leyes 33 y 62 de 1985.

Para resolver el problema jurídico la Sala se pronunciara sobre los siguientes ejes temáticos: i) Pensión gracia ii) Jurisprudencia del Consejo de Estado sobre el régimen aplicable a la liquidación de la pensión gracia iii) Reliquidación de la pensión gracia iv) Caso concreto.

15. 7. Pensión gracia

15.7.1 Como ha reiterado la jurisprudencia de esta Corporación, la pensión graciosa creada por la Ley 114 de 1913 es de carácter especial, pues se concedió a los docentes con el fin de reconocer la labor educativa y compensar los bajos niveles salariales que percibían los profesores de primaria en las entidades territoriales, respecto de las asignaciones recibidas por los docentes vinculados directamente con la Nación. Diferencia salarial que existía porque la educación pública primaria estaba a cargo de los municipios o departamentos, mientras que la secundaria se encontraba a cargo de la Nación.

15.7.2 Conforme con el artículo 1 ibídem, los maestros de escuelas primarias oficiales que sirvieron en el Magisterio por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, de conformidad con las prescripciones de la misma Ley 114. Y según el artículo 2 ejusdem, la cuantía de la pensión corresponde a la mitad del sueldo que hubieren devengado en los dos últimos años de servicio, o el promedio de tales salarios si éstos hubieren sido distintos durante dicho periodo.

15.7.3 Posteriormente, el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio de la pensión gracia a los empleados y profesores de las Escuelas Normales y a los Inspectores de Instrucción Pública. Y la Ley 37 de 1933 la hizo extensiva a los maestros que prestaran sus servicios en el nivel secundario.

15.7.4 Con la expedición de la Ley 4 de 1966, se ordenó que las pensiones de jubilación e invalidez a que tengan derecho los trabajadores de una o más entidades de derecho público, se liquiden y paguen tomando como base el setenta y cinco por ciento (75%) del promedio mensual obtenido en el último año de servicios. Disposición ésta que fue reglamentada por el Decreto 1743 de 1966, en cuyo artículo 5 se dispuso que las pensiones serían liquidadas tomando como base el 75% del promedio mensual de salarios devengados durante el último año de servicio.

15.7.5 Bajo este panorama normativo y dado el carácter especial de la pensión gracia, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido clara en señalar lo siguiente:

15.7.5.1 Son las disposiciones antes mencionadas las aplicables a la pensión gracia y no las del régimen pensional ordinario contenidas en las Leyes 33 y 62 de 1985, porque la gracia no es una pensión ordinaria sino especial; ello es así porque no requiere afiliación ni aportes y está excluida taxativamente de dicha regulación ordinaria al tenor del inciso segundo del artículo 1 de la mencionada Ley 33 de 1985.

15.7.5.2 El beneficiario debe ser docente nacionalizado, vinculado antes del 31 de diciembre de 1980, con mínimo 20 años de servicio docente en planteles territoriales y con 50 años de edad, cuyo desempeño docente cumpla con los requisitos de honradez, consagración y buena conducta.

15.7.5.3 Para efectos de la liquidación de la mesada pensional, los factores que integran el concepto de salario, son todos aquellos devengados en el año inmediatamente anterior al que se adquirió el estatus, lo que sucede cuando se reúnen los requisitos de edad -50 años- y de tiempo -20 años-.

15.7.5.4 La reliquidación de la pensión gracia sólo es posible respecto de factores devengados al momento de la consolidación del estatus pensional y no de la época del retiro, como sí ocurre en las pensiones ordinarias “en cuyo caso existe afiliación y, por ende, aportes que llevan a la mejora en el monto de la pensión al momento de la desvinculación”.

15.8 Conforme con las reglas mencionadas, no existe duda para la Sala acerca de que, en la liquidación de la pensión gracia se deben incluir todos los factores salariales percibidos por la beneficiario durante el año inmediatamente anterior a aquél en que cumplió con los requisitos de tiempo y edad, vale decir los que conforme con la ley regían para el momento en que consolidó su derecho pensional y por tal razón fueron devengados.

16. La jurisprudencia del Consejo de Estado

Sobre las reglas mencionadas el Consejo de Estado se ha pronunciado en reiteradas ocasiones, así:

16.1 En la sentencia dictada por la Sección Segunda el 11 de octubre de 1994 en el proceso el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 7639, cuyo magistrado ponente fue el Dr. Carlos Orjuela Góngora, se dijo:

(…) “Sin embargo como la entidad plantea que el actor cumplió los veinte años de servicios el 27 de noviembre de 1987, cumpliendo la edad cronológica el 18 de enero de 1988, lo que significa que la consolidación del derecho se realizó con posterioridad al 18 de enero de 1988, es decir después de entrar en vigencia la Ley 33 de 1985, que fue la que se tuvo en cuenta para el reconocimiento de la pensión por parte de la accionada; debe examinarse si esta norma le es aplicable al actor en el entendido de que la pensión concedida es de carácter especial.

El artículo 1º de la Ley 33 de 1985, determina:

“El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) años tendrá derecho a que por la respectiva caja de previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio.

No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales que trabajan en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya determinado expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones…”.

Si bien es cierto que la citada ley limitó el valor de liquidación de las mesadas pensionales al 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios, nótese cómo esta normatividad exceptuó expresamente a aquellos empleados que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones, como es el caso del demandante, por ser beneficiario de la “pensión gracia”, que se otorga en los Maestros de Escuelas Primarias Oficiales con veinte años de servicio y cincuenta de edad.

Por esta razón la pensión no puede liquidarse con base en el valor de los aportes durante el último año de servicios, porque esta pensión es a cargo exclusivo del Tesoro Nacional, y por ser de carácter excepcional no se requiere afiliación a la Caja de Previsión Nacional, ni hacer aportes, porque como ya se dijo, no se ha expedido una norma especial que así lo establezca.

Es de relevar además que con la expedición de la Ley 62 de 1985 quedó incólume el artículo 1º de la Ley 33 del mismo año, porque la primera de las citadas lo único que hizo fue modificar el artículo 3º relacionado con los aportes que deben cancelar todos los empleados oficiales de una entidad afiliada a cualquier Caja de Previsión.” (…).

16.2 Con respecto a la inclusión de todos los factores salariales devengados en el año en que se consolida el derecho a ser beneficiario de la pensión gracia, la Sección Segunda del Consejo de Estado se ha pronunciado en los siguientes términos:

(…) “Así pues, el carácter especial que rige a la pensión gracia la excluye de la aplicación de la Ley 33 de 1985, razón por la cual la liquidación de la pensión gracia debe realizarse incluyendo todos los factores que se devengaron durante el año anterior al momento en que se obtuvo el estatus.” (…).

16.3 Sobre este mismo aspecto, en otro proceso señaló lo siguiente:

(…) “En el caso sub lite, la actora está sometida a un régimen especial de pensiones, por ser beneficiaria de la “Pensión Gracia” que se otorga a docentes, de conformidad con la ley 114 de 1913, que no obstante estar a cargo del Tesoro Nacional se causa sin estar afiliado a la Caja Nacional de Previsión Social, es decir sin que se requiera de aportes a ésta. Por esta razón, su pensión no puede liquidarse con base en el valor de los aportes, sino que, como se señaló anteriormente, debe efectuarse sobre todos los factores salariales devengados como retribución por sus servicios durante el último año de servicio. En consecuencia se impone confirmar la sentencia del a quo.” (…)

17. Caso concreto

17.1 El acto administrativo demandado es nulo parcialmente

De acuerdo con las constancias expedidas por la Secretaría de Educación Distrital, está acreditado que la señora Cotrino de Olaya adquirió su estatus pensional el día 13 de octubre de 1996, fecha esta en que cumplió 50 años de edad y para la cual contaba con más de 20 años de servicio docente en el Distrito Capital.

Tales constancias dan cuenta de que durante el año anterior al que adquirió el estatus de pensionada gracia y que corrió del 13 de octubre de 1995 al 13 de octubre de 1996, la demandante percibió, entre otros, prima de alimentación, prima de habitación y prima de navidad.

De igual manera, se encuentra probado mediante constancia expedida por la misma Secretaría de Educación Distrital de Bogotá visible a folio 19, que la prima de alimentación le fue pagada en el año 1995, en aplicación del Acuerdo Distrital 11 de 1989 y que fue declarado nulo el 29 de marzo de 1996.

Sobre la base de estas probanzas, la Sala observa que los actos acusados adolecen de irregularidades que afectan la legalidad de la misma, como pasa a explicarse:

En primer término, tal como lo señaló el a quo, la Sala concuerda en que CAJANAL aplicó el régimen de pensiones ordinario previsto en las Leyes 33 y 62 de 1985, cuando lo pertinente era aplicar el régimen especial de la pensión gracia previsto en las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y 4 de 1992.

En aplicación del régimen errado, los actos acusados negaron la reliquidación de la pensión graciosa con inclusión de las primas de alimentación, habitación y navidad pese a que habían sido percibidas en el año inmediatamente anterior a aquel en que adquirió el derecho a la pensión gracia, resultando ello contrario a lo dispuesto por el régimen especial que rige esta clase de pensión.
En segundo término, la Sala advierte que CAJANAL pasó por alto la certificación expedida por la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá, que acreditaba que el pago hecho a la beneficiaria en el año 1995 por concepto de prima de alimentación, tuvo sustento en el Acuerdo Distrital 11 de 1989, que fue declarado nulo el 29 de marzo de 1996.

De todo lo anterior, se concluye que los actos acusados no se ajustan a la legalidad por las razones expuestas, y por tanto confirmará en este aspecto la sentencia dictada por el a quo.

17.2 Reliquidación pensional y factores salariales devengados

Como la pensión gracia se liquida con base en los factores salariales devengados en el año inmediatamente anterior a aquel en que se consolidó el derecho, es necesario verificar las primas que se encontraban contenidas en el en el Acuerdo 11 de 1989.

Consultado el texto de dicho acto administrativo, se constata que una de las primas extralegales creada por el Concejo Distrital a favor de algunos de sus docentes fue la de alimentación, en los siguientes términos:

(…) “ARTICULO  1. De conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia, ordenar el reconocimiento, liquidación y pago de los emolumentos adeudados y de los que causen hacia el futuro al personal Docente y Directivo Docente adscrito al Fondo Educativo Regional F.E.R. de Bogotá, por concepto de:
(…) 3. Prima de alimentación, liquidada sobre el sueldo básico así:

GRADO 5
: 20%
GRADO 6
: 18%
GRADO 7
: 15%
GRADO 8 al 14
: 10%

Para los educadores clasificados en los grados 1, 2, 3 y 4 del Escalafón Nacional Docente, la Prima de Alimentación será del 20% del sueldo básico.

Como lo probado en el plenario es que: i) la prima de alimentación fue pagada a la señora Cotrino de Olaya con sustento en el Acuerdo 11 de 1989 ii) que dicha prima de alimentación se devengó en el lapso comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1995 y iii) que el año en que dicha beneficiaria adquirió su derecho pensional transcurrió del 13 de octubre de 1995 al 13 de octubre de 1996, forzosamente se concluye lo siguiente:

Lo devengado por prima de alimentación no puede incluirse en la reliquidación de la pensión gracia para la fracción del año 1995 transcurrido dentro del año anterior al momento en que adquirió el estatus pensional, esta es, la que corrió entre el 13 de octubre de 1995 y el 31 de diciembre del mismo año.

Por contrario, como para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1996 y el 13 de octubre de 1996, la prima de alimentación no le fue pagada en aplicación del Acuerdo 11 de 1989, la Sala concluye que debe incluirse como factor para la liquidación de la pensión gracia, pues así aparece certificado por la Secretaría de Educación de Bogotá.

Ello debe ser así conforme con las normas vigentes en materia de salarios y prestaciones del magisterio para el año 1996, Decreto 45 de 1996, norma que era la que regulaba la remuneración del personal del Escalafón Nacional Docente en dicho año, y por tanto regía los empleos docentes de carácter nacional o nacionalizado, los docentes nacionalizados percibían tales factores salariales.

De acuerdo con el parágrafo segundo el artículo 20 del Decreto 45 de 1996, el personal docente cuya asignación mensual sobrepasara la suma de $397.965 y que al 31 de diciembre de 1985 venía percibiendo prima de alimentación conforme a las leyes anteriores, continuaba percibiéndola en la forma y cuantía establecidas en tales normas.

Como no hay prueba de que la prima de alimentación devengada por la señora Cotrino de Olaya no fue percibida de conformidad con el supuesto contemplado por la norma en comento, no hay lugar a excluir dicho concepto de la base de liquidación para el año 1996.

En relación con la prima de habitación y la prima de navidad, es claro que al no estar consagradas en el Acuerdo 11 de 1989 y obrando constancia expedida por la Secretaria Distrital de Hacienda de que fueron percibidas en el año inmediatamente anterior a que la docente adquiriera su derecho pensional, resulta palmario que deben ser incluidas para liquidar la cuantía de la mesada pensional.

Conclusión: De acuerdo con lo señalado anteriormente, la Sala concluye que la pensión gracia de jubilación reconocida a la señora Josefina Cotrino de Olaya, debe reliquidarse en suma equivalente al 75% del promedio de la totalidad de los factores salariales reconocidos que fueron devengados en el año inmediatamente anterior a aquel en el que consolidó su derecho pensional, es decir, el que transcurrió del 13 de octubre de 1995 al 13 de octubre de 1996, con la inclusión de las primas de alimentación, navidad y habitación, así:

Factores salariales
Periodo en el que fueron percibidos
Prima de alimentación
01/01/1996 a 13/10/1996
Prima de habitación
13/10/1995 a 13/10/1996
Prima de navidad –anual-
13/10/1995 a 13/10/1996

17.3 De la prescripción alegada por CAJANAL

La prescripción trienal se encuentra regulada en el Decreto 1848 de 1969, reglamentario del Decreto 3135 de 1968, por medio del cual se dispuso la integración de la Seguridad Social entre el sector privado y público.

En el artículo 102, prescribe que las acciones que emanan de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968 y en este Decreto, prescriben en 3 años, contados a partir de la fecha en que la respectiva obligación se haya hecho exigible.

Así mismo, prevé que el simple reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la entidad o empresa obligada, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual.

Conforme con lo anterior, la prescripción trienal comienza a contarse desde el momento en que la actora presentó ante CAJANAL la solicitud de revisión y reliquidación pensional, y no desde la fecha en que se presentó la demanda como lo pretende la recurrente.

Como la petición fue presentada ante CAJANAL el 15 de julio de 2002, la prescripción se interrumpió a partir de ésta fecha, debiéndose contar hacia atrás los tres años que son exigibles para el pago de la diferencia de la liquidación pensional que llegare a surgir, como bien lo ordenó el ad quo, al señalar que se debe reliquidar la pensión con efectos fiscales a partir del 15 de julio de 1999.

Conforme con lo anterior y encontrándose acreditado que la petición elevada por la señora Contrino de Olaya y que dio origen a expedición de la Resolución 969 de 2003 cuya nulidad parcial será confirmada en este fallo, se presentó el 15 de julio de 2002, la prescripción trienal invocada por CAJANAL se encuentra probada y así se declarará.

17.4 De los ajustes de valor ordenados en las sentencia de primera instancia

Como la sentencia objeto del recurso de alzada ordenó la reliquidación de la pensión con la inclusión de la totalidad de los valores percibidos por la docente en el año inmediatamente anterior a aquel en que adquirió su derecho pero sin excluir aquel que fueron percibidos con sustento en un acto administrativo contrario al ordenamiento, en el evento en que la nueva reliquidación arroje valores que se debían pagar y no lo fueron oportunamente, las mismas deberán ajustarse conforme lo dispone el artículo 178 del CCA.

Ahora bien, como la pensión ya fue reconocida, no hay lugar a que se actualice con base en los incrementos salariales que con posterioridad al reconocimiento hubiese tenido el empleo que sirvió de base para hacer la liquidación pensional, pero si hay lugar a los reajustes dispuestos por la ley 100 de 1993.

17.5 La buena fe

El principio de la buena fe implica la convicción en el ciudadano de que el acto emanado de la administración goza de legalidad, precisamente porque los actos administrativos están amparados por dicha presunción.

En el caso que no ocupa, a la señora Josefina Cotrino de Olaya se le reliquidó la pensión gracia a la fecha del retiro del servicio, tomando como base de liquidación factores de salario extralegales y excluyendo otros percibidos, a cuya inclusión tenía derecho.

Como se trata en este caso de un error de la administración al reliquidar la mesada pensional, en el caso de que la nueva reliquidación arroje que la pensionada recibió sumas en exceso, no hay lugar a la devolución de las mismas, pues fueron percibidas de buena fe por la señora Cotrino de Olaya, porque los yerros cometidos por CAJANAL no puede trasladarse a la pensionada ni se le puede reprochar el uso de los medios legales para reclamar su derecho, mucho menos cuando en el presente proceso no se alegó ni se probó una actuación de mala fe por parte de la demandante.

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR fundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra la sentencia del 14 de junio de 2007 proferida por la Sección Segunda de esta Corporación en la segunda instancia del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado con el número 25000-23-25-000-2003-06354-01. En consecuencia, se INFIRMA la sentencia.

SEGUNDO: CONFIRMAR los numerales 1º, 2º, 6º, 7º y 8º de la sentencia del 7 de abril de 2005 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

TERCERO: MODIFICAR el numeral 3º de la sentencia dictada 7 de abril de 2005 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, así:

Como consecuencia de la nulidad parcial de la Resolución 969 del 27 de febrero de 2003, efectuar la reliquidación de la pensión gracia de jubilación de la señora Josefina Cotrino de Olaya, teniendo como base todos los factores salariales percibidos en el año inmediatamente anterior a aquel en que consolidó su derecho a ser beneficiaria de la pensión gracia, esto es, el que transcurrió entre el 13 de octubre de 1995 y el 13 de octubre de 1996, con inclusión, además de los ya reconocidos, de las primas de alimentación, navidad y habitación para los periodos en que fueron devengadas, así:

Factores salariales
Periodo en el que fueron percibidos
Prima de alimentación
01/01/1996 a 13/10/1996
Prima de habitación
13/10/1995 a 13/10/1996
Prima de navidad –anual-
13/10/1995 a 13/10/1996

El pago de la pensión reliquidada se hará efectivo a partir del 15 de julio de 1999, por haber operado el fenómeno de la prescripción trienal, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

CUARTO: MODIFICAR el numeral 4º de la sentencia dictada 7 de abril de 2005 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, así:

En caso de que la nueva reliquidación pensional arroje diferencias a favor de la señora Josefina Cotrino de Olaya, ORDENAR a la Caja Nacional de Previsión Social pagar a la demandante tales diferencias de las mesadas pensionales causadas, con los reajustes autorizados en la Ley 100 de 1993.

QUINTO: MODIFICAR el numeral 5º de la sentencia dictada 7 de abril de 2005 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, así:

En caso de que la nueva reliquidación pensional arroje diferencias a favor de la señora Josefina Cotrino de Olaya, ORDENAR a la Caja Nacional de Previsión Social pagar a la demandante tales diferencias de las mesadas pensionales causadas, ajustadas según lo dispuesto en el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente de la Sala Especial
Magistrada

STELLA JEANNETTE CARVAJAL DEL BASTO
Magistrada

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Magistrado

SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
Magistrada

MARÍA ADRIANA MARÍN
Consejera de Estado

CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SALA VEINTISIETE ESPECIAL DE DECISIÓN

SALVAMENTO DE VOTO DE LA CONSEJERA STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., cinco (5) de marzo de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 11001-03-15-000-2018-00394-00(REV)

Actor: JOSEFINA COTRINO DE OLAYA

Demandado: CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL - CAJANAL

SALVAMENTO DE VOTO

Con el respeto debido por la decisión mayoritaria, me permito salvar el voto en la providencia aprobada el 5 de marzo de 2019, proferida dentro del proceso de la referencia, en la que se resolvió declarar fundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra la sentencia del 14 de junio de 2007 de la Sección Segunda de esta Corporación y, en consecuencia, infirmar la providencia objeto del recurso.

Lo anterior, porque considero que el recurso extraordinario de revisión debió rechazarse por extemporáneo, como se pasa a explicar.

ANÁLISIS GENERAL DE LA CADUCIDAD DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN DE LAS SENTENCIAS QUE IMPONEN EL RECONOCIMIENTO DE UNA PENSIÓN.

Para discutir a través del recurso extraordinario de revisión las sentencias que imponen el reconocimiento de una pensión, además de las causales previstas en el Código Contencioso Administrativo y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, existen las siguientes:

1) Las establecidas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 que proceden cuando las pensiones hayan sido: a) otorgadas con violación al debido proceso o b) cuya cuantía exceda lo que se ha debido reconocer de conformidad con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.

2) La prevista en el Acto Legislativo 01 de 2005 que adicionó el artículo 48 de la Constitución Política así: “(…) [l]a ley establecerá un procedimiento breve para la revisión de las pensiones reconocidas con abuso del derecho o sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley o en las convenciones y laudos arbitrales válidamente celebrados (…)".

En cuanto a la caducidad para promover el recurso extraordinario de revisión con fundamento en las causales señaladas, debe precisarse lo siguiente:

Frente a las primeras, en el mencionado artículo 20 de la Ley 797 de 2003 se establecía que el recurso extraordinario de revisión podía ser promovido “en cualquier tiempo”, expresión que fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-835 de 2003, en la cual se indicó que en estos casos la revisión debía solicitarse dentro del término señalado en Código Contencioso Administrativo, por ser el que interesa al presente asunto, esto es, dentro de los 2 años siguientes a la ejecutoria de la sentencia, normativa que estaba vigente al momento del pronunciamiento de la Corte Constitucional en comento.
En relación con la causal de abuso del derecho, como no se había expedido la Ley que estableciera el procedimiento a que aludía el Acto Legislativo 01 de 2005, la Corte Constitucional en sentencia C-258 de 2013 consideró que «debe darse aplicación a las herramientas con las que en la actualidad se cuenta y que se encuentran establecidas en los artículos 19 y 20 de la Ley 797 de 2003», pero indicó que los términos para interponer las posibles acciones contenciosas se reanudarían o empezarían a contar a partir de la ejecutoria de esa providencia, lo cual ocurrió el 13 de junio de 2013.

Ahora bien, en la sentencia SU-427 de 2016, la Corte Constitucional unificó su criterio en relación con la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales que reconozcan pensiones con abuso del derecho, teniendo en cuenta el carácter subsidiario de esta acción frente al recurso extraordinario de revisión como mecanismo principal.

Sin embargo, la Corte Constitucional nuevamente llamó la atención sobre el mecanismo de revisión previsto en el A.L. 01 de 2005, por cuanto no se había expedido el procedimiento para examinar las pensiones reconocidas con abuso del derecho.

En esas condiciones, precisó dos aspectos: i) que la sentencia C-835 de 2003 que declaró inexequible la expresión “en cualquier tiempo” del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y en la que concluyó que los términos de revisión aplicables serían los previstos en el Código Contencioso Administrativo solo era aplicable para las causales previstas en dicha norma, «[e]n consecuencia, el abuso del derecho como causal de revisión independiente no se consideró por la Corte para establecer los términos de caducidad provisionales referidos», y ii) que el vacío legal sobre el término para interponer el recurso extraordinario de revisión de las decisiones judiciales que hayan reconocido pensiones con abuso del derecho se superó con el previsto en el artículo 251 del CPACA, esto es, 5 años siguientes a la ejecutoria de la providencia, por ser el único desarrollo sobre la materia en vigencia del A.L. 01 de 2005.

Sin embargo, la Corte consideró que dado el estado de cosas inconstitucional que afrontaba Cajanal, el término de 5 años previsto en el CPACA para interponer el recurso extraordinario de revisión contra sentencias que reconocieron pensiones fundadas en abuso del derecho, se debía entender que dicho plazo «debe iniciarse a contar no antes del día en que la demandante asumió las funciones de esta última empresa [Cajanal], es decir, con posterioridad al 12 de junio de 2013».

Ahora, en cuanto al objeto de la unificación, la Corte Constitucional estableció las siguientes reglas para el análisis de las acciones de tutela promovidas por la UGPP con el propósito de cuestionar las decisiones judiciales en las cuales se haya incurrido en un abuso del derecho, así:

(a) La UGPP está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de Estado, según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las decisiones judiciales en las cuales se haya incurrido en un abuso del derecho, en el entendido de que el término de caducidad de cinco años de dicho mecanismo no podrá contabilizarse desde antes del 12 de junio de 2013, fecha en la cual dicha entidad asumió la defensa judicial de los asuntos que tenía a cargo Cajanal.

(b) Ante la existencia de dicho recurso de revisión, en principio, las acciones de tutela interpuestas por la UGPP contra providencias judiciales en las que presuntamente se incurrió en un abuso del derecho en el reconocimiento y/o liquidación de una prestación periódica son improcedentes, salvo en aquellos casos en los que de manera palmaria se evidencie la ocurrencia de dicha irregularidad.

(c) En caso de verificarse la configuración de un abuso del derecho, el juez constitucional deberá dejar sin efectos las providencias judiciales que avalaron el mismo, y disponer que se reajuste la prestación conforme al ordenamiento jurídico constitucional. Sin embargo, deberá advertirle a la UGPP que los efectos de la disminución en el monto de la prestación no regirán de manera inmediata, sino que los mismos entraran a regir luego de trascurridos seis meses contados a partir de la notificación de la resolución que se expedida por la entidad demandante en cumplimiento de la respectiva providencia de tutela, así como que no habrá lugar al reintegro de sumas de dinero ya percibidas.

Los anteriores criterios fueron aplicados y ampliados posteriormente por la Corte Constitucional en la sentencia SU-631 de 2017, pero para el análisis de acciones de tutela, lo cual se resume así:

«61. La Sala Plena de esta Corporación considera que es procedente la acción de tutela cuando es promovida por la UGPP para controvertir decisiones judiciales proferidas antes del 12 de junio de 2013 y originadas en un abuso del derecho, a pesar de la existencia del recurso de revisión previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, siempre que dicho abuso del derecho haya emergido en forma palmaria. Para analizar la oportunidad de la interposición de la acción es preciso considerar las circunstancias de inoperancia institucional que rodearon a la extinta CAJANAL, que no puede ser trasladada a la UGPP para efecto de impedirle asegurar, a través de su derecho al debido proceso, la sostenibilidad del sistema pensional.

Entonces, la UGPP se encuentra facultada para cuestionar por vía de tutela, exclusivamente, sentencias judiciales que, con ocasión de un abuso del derecho en modo palmario, hayan hecho reconocimiento de mesadas pensionales sin advertir la existencia de vinculaciones precarias y con fundamento en ellas. En virtud del principio de inmediatez, tal posibilidad la mantendrá por seis meses contados a partir de la notificación de esta decisión.

Pensiones logradas a través de abuso del derecho, del que no sea demostrado su carácter palmario por parte de la UGPP solo podrán ser discutidas por ella mediante el recurso de revisión regulado en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, por debido proceso, o por cualquier norma que desarrolle el mandato incorporado en la Constitución, mediante el Acto Legislativo 01 de 2005».

El anterior criterio fue aplicado por la Corte Constitucional, al analizar las acciones de tutela que fueron objeto de pronunciamiento en la sentencia SU-114 de 2018, y a la cual me referiré más adelante. Sin embargo, debe advertirse que el “carácter palmario del abuso del derecho” como presupuesto para la procedibilidad de la acción de tutela, fue delimitado en la sentencia SU-631 de 2017.

CONCLUSIÓN I:

De lo hasta aquí expuesto, se puede concluir que en ningún momento la Corte Constitucional unificó en 5 años el término de caducidad para que la UGPP cuestionara las sentencias que reconocieran pensiones con fundamento tanto en las causales del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 como en la causal de abuso del derecho contenida del Acto Legislativo 01 de 2005.

Por el contrario, se advierte que la Corte hizo énfasis en que la sentencia C-835 de 2003 al establecer el término para interponer el recurso extraordinario de revisión solo analizó las causales del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, por lo que decidió darle un tratamiento excepcional en materia de caducidad únicamente a la causal de abuso del derecho por dos razones:
La primera, porque el legislador no había expedido una ley con el procedimiento para la revisión de esta causal, lo cual solo entendió superado con la expedición del CPACA que previó un término de 5 años y,
La segunda, porque dado el estado de cosas inconstitucional de Cajanal, dicho término de 5 años solo podría contabilizarse a partir del 12 de junio de 2013, por ser la fecha en que la UGPP asumió las funciones de la extinta entidad.
En esas condiciones, se puede establecer lo siguiente:

Las causales de revisión del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 son independientes de la consagrada en el Acto Legislativo 01 de 2005.

Conforme con lo analizado en la sentencia C-835 de 2003, el término para interponer el recurso extraordinario de revisión con fundamento en las causales del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, corresponde al previsto en la normativa que regula dicho recurso en el Decreto 01 de 1984, en su momento, o en la Ley 1437 de 2011, así:

Si el recurso extraordinario de revisión se interpone con fundamento en las causales previstas en la Ley 797 de 2003 y el término para su presentación empezó a correr bajo la vigencia del C.C.A., el término será de dos años contados a partir de la ejecutoria de la sentencia, según lo dispuesto en el artículo 187 del C.C.A.
Si el recurso extraordinario de revisión se interpone con fundamento en las causales previstas en la Ley 797 de 2003 y el término para su presentación empezó a correr bajo la vigencia del C.P.A.C.A., el término será de cinco años contados a partir de la ejecutoria de la sentencia, según lo dispuesto en el artículo 251 del C.P.A.C.A.

Cuando el recurso extraordinario de revisión se interponga con el fin de cuestionar las sentencias que hayan reconocido pensiones con abuso del derecho, en aplicación de lo dispuesto en el Acto Legislativo 01 de 2005, el término de caducidad es de cinco años -conforme lo establece el artículo 251 del CPACA- pero contados a partir del 12 de junio de 2013, fecha en la cual la UGPP asumió la defensa de las pensiones reconocidas por la extinta CAJANAL.

Para la procedibilidad de las acciones de tutela contra providencias judiciales que impongan el reconocimiento de pensiones en las que se evidencie que existe un abuso palmario del derecho, el juez de tutela debe tener en cuenta los siguientes criterios: i) la UGPP está legitimada para interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las decisiones judiciales en las cuales se haya incurrido en un abuso del derecho, en un término de caducidad de cinco años contado a partir del 12 de junio de 2013, fecha en la cual dicha entidad asumió la defensa judicial de los asuntos que tenía a cargo Cajanal, por lo que en principio, la acción de tutela es improcedente, ii) si se demuestra de manera palmaria el abuso del derecho, la acción de tutela es procedente para suspender el reconocimiento, en los términos establecidos por la Corte en la sentencia SU-427 de 2016.

ANÁLISIS DE LA CADUCIDAD DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN EN EL CASO CONCRETO.

Precisado lo anterior, en relación con el análisis que realiza en la providencia de la cual me aparto, frente a la “Oportunidad del medio de control, legitimación por activa para interponerlo y causal invocada” (págs. 16 a 22), se considera respetuosamente lo siguiente:

En la sentencia objeto del presente salvamento se indica: 4.2.2 De conformidad con la sentencia SU 427 de 2016, el punto de partida para contabilizar la caducidad del recurso extraordinario de revisión respecto de la UGPP, no es la ejecutoria de la providencia atacada conforme lo prevé el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 sino la fecha en que dicha entidad asumió la funciones de CAJANAL, lo que ocurrió el 12 de junio de 2013. (pág. 17)
Frente a esta afirmación debe indicarse que no es precisa pues, como se explicó, la sentencia SU-427 de 2016 sí estableció la caducidad del recurso extraordinario de revisión para la UGPP a partir del 12 de junio de 2013, pero únicamente cuando dicho recurso se funda en la causal de abuso del derecho. Así lo indicó la Corte Constitucional en la parte resolutiva de la mencionada sentencia:
(a) La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP- está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de Estado, según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las decisiones judiciales en las cuales se haya incurrido en un abuso del derecho, en el entendido de que el término de caducidad de cinco años de dicho mecanismo no podrá contabilizarse desde antes del 12 de junio de 2013, fecha en la cual dicha entidad asumió la defensa judicial de los asuntos que tenía a cargo la Caja Nacional de Previsión Social –Cajanal EICE-. Lo anterior, se hace extensivo a la afirmación que se hace en el párrafo 4.2.4 de la página 19 de la sentencia aprobada mayoritariamente por la Sala, en el que se sostiene: 4.2.4 Como la jurisprudencia sentada por la Corte Constitucional ha sido dictada en sede de tutela y en punto del cumplimiento del requisito de la subsidiaridad, es claro que el recurso extraordinario de revisión es el mecanismo principal y ordinario establecido por el legislador para la defensa de la entidad, y al debe acudir la UGPP en el término de cinco años contados a partir del 12 de junio de 2013, cuando controvierte decisiones judiciales que versan sobre reconocimientos, liquidaciones o reliquidaciones pensionales con fundamento en las causales consagradas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y 250 de la Ley 1437 de 2011. Se insiste, si bien es cierto que la UGPP puede acudir en el término de 5 años contados a partir del 12 de junio de 2013, esto procede cuando la sentencia que se cuestiona haya sido proferida antes de dicha fecha y la causal en que se funda el recurso extraordinario de revisión es la de abuso del derecho. Para el recurso extraordinario de revisión que se interpone con base en las causales del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, como se explicó, el término de caducidad dependerá de cuándo empezó a contabilizarse dicho lapso, si fue en vigencia del CCA sería de 2 años, o en vigencia del CPACA, el plazo es de 5 años. Ahora bien, en el párrafo 4.2.5. (pág 19) de la sentencia objeto de salvamento se hace referencia a la sentencia SU-114 de 2018 de la Corte Constitucional en la cual se analizaron varias tutelas promovidas por la UGPP contra providencias judiciales que reconocieron derechos pensionales. Y en el párrafo 4.2.5.1. (pág. 19) referido a esa sentencia en la que se resaltan dos casos analizados por la Corte en esa oportunidad, la providencia de la cual me aparto sostiene lo siguiente:

4.2.5.1 En cuanto al término de caducidad de cinco años previsto en el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 para la interposición del recurso extraordinario de revisión, la Corte Constitucional estableció que en dos de los casos aun cuando dicho término se había cumplido al momento en que se formularon las acciones de tutela, a la UGPP sólo puede exigírsele el despliegue de las conductas procesales necesarias para desvirtuar la juridicidad de las sentencias de reliquidación pensional, a partir del momento en que asumió las funciones de CAJANAL EICE, lo que ocurrió el 12 de junio de 2013.

Al respecto no debe perderse de vista que en la sentencia SU-427 de 2016 que sirve de fundamento a la tutela SU-114 de 2018, se unificaron las reglas para la procedibilidad de las acciones de tutela instauradas por la UGPP para cuestionar providencias judiciales que reconocen pensiones obtenidas con abuso del derecho, parámetros a los cuales se hizo referencia al analizar la sentencia SU-427 de 2016. Con base en esas reglas jurisprudenciales, en los casos a los que alude la sentencia objeto de este salvamento y que fueron analizados en la sentencia SU-114 de 2018, la Corte Constitucional aplicando el precedente de la SU-427 de 2016 debía verificar si: i) la UGPP estaba en término de interponer el recurso extraordinario de revisión con el propósito de cuestionar las decisiones judiciales en las cuales se haya incurrido en un abuso del derecho, esto es, 5 años contabilizados a partir del 12 de junio de 2013 y ii) si estaba demostrada de manera palmaria la ocurrencia del abuso del derecho en la decisión judicial cuestionada. Es decir, que el análisis que hace la Corte Constitucional parte del supuesto que la UGPP cuestiona la providencia judicial por abuso del derecho, por tal razón, aplica el término de caducidad excepcional previsto para dicha entidad, para interponer el recurso extraordinario de revisión, el cual se contabiliza no a partir de la ejecutoria de la sentencia cuestionada sino del 12 de junio de 2013, fecha en que asumió las funciones de Cajanal. Entonces, en los Casos números 4 y 9, se determinó que las sentencias que allí se cuestionaban por la UGPP, si bien habían quedado ejecutoriadas el 3 de febrero de 2010 y 13 de diciembre de 2007, respectivamente, teniendo en cuenta, se reitera, que lo discutido es la causal de abuso del derecho, la caducidad del recurso extraordinario de revisión debía contabilizarse desde el 12 de junio de 2013, por ende, la UGPP tenía plazo hasta el 11 de junio de 2018 para interponer el recurso, el cual ya se había vencido para la fecha de la sentencia SU-114 de 2018 [8 nov./18]. Nótese que la verificación apuntaba a demostrar la causal de abuso del derecho en todos los casos, por eso, se aplicaba la caducidad excepcional establecida en la sentencia SU-427 de 2016, lo cual no quiere decir, como parece entenderlo la Sala Especial de Decisión, que la Corte haya utilizado dicho término para las causales del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, pues se insiste, la misma Corte en las sentencias que ya se analizaron, señaló que estas últimas causales son independientes [C-835-2003] de la causal de abuso del derecho y solo frente a esta estableció la caducidad de 5 años a partir del 12 de junio de 2013. [SU-427 de 2016]. En ninguno de los casos analizados, la Corte hizo referencia a las causales de la Ley 797 de 2003, por cuanto, se insiste, se parte del supuesto que la acción de tutela procede frente a providencias en las que se reconozcan pensiones con abuso del derecho. Conclusión II. Teniendo en cuenta que, de una parte, la sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión fue proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado el 14 de junio de 2007 y quedó ejecutoriada el 29 de febrero de 2008 y, de otra, que la causal invocada por la UGPP es la prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el término de caducidad aplicable era de 2 años, de acuerdo con lo previsto en el artículo 187 del CCA, pues la providencia quedó ejecutoriada en vigencia de esa normativa. En esas condiciones, el recurso interpuesto el 9 de febrero de 2018, resulta manifiestamente extemporáneo.

APLICACIÓN DE LA CAUSAL DE ABUSO DEL DERECHO AL CASO CONCRETO
Finalmente, si aún en gracia de discusión se insistiera en aplicar la caducidad de 5 años a partir del 12 de junio de 2013, lo alegado por la UGPP no encuadra en la causal de abuso del derecho, en los términos en que fue delimitado este concepto por la Corte Constitucional en la sentencia C-258 de 2013, así:
«En materia pensional con frecuencia se presentan situaciones de abuso del derecho, que se encuadran dentro de esta segunda hipótesis, que dan lugar al reconocimiento de pensiones con ventajas irrazonables frente a la verdadera historia laboral del peticionario, que generan un desequilibrio manifiesto del principio de igualdad, y fruto de un aprovechamiento de las interpretaciones que las autoridades judiciales y administrativas han hecho de las normas.

Esto suele presentarse en situaciones en las que servidores públicos beneficiarios del régimen especial anterior a la Ley 100 y cobijados por la transición, obtienen, en el último año de servicios, un incremento significativo de sus ingresos que en realidad no corresponde con su vida laboral, y por el contrario, representa un salto abrupto y desproporcionado en los salarios recibidos en toda su historia productiva. Ello en aprovechamiento de las tesis de algunas corporaciones judiciales sobre las reglas de la transición y del Ingreso Base de Liquidación. Cabe señalar que para que se produzca este abuso del derecho, el aumento, se repite, debe ser claramente desproporcionado y debe ser evidente que no corresponde a su historia laboral.

En estos eventos, los incrementos significativos de los ingresos del servidor en sus últimos años de servicios –incremento que escapa el sendero ordinario de su carrera salarial- conducen a una pensión que no guarda ninguna relación con los aportes que acumuló en su vida laboral y que, por tanto, imponen al Estado la obligación de proveer un subsidio muy alto para poder pagar la pensión reconocida.

Estos casos suelen además estar acompañados de vinculaciones precarias al cargo en virtud del cual se produce el aumento del ingreso base de liquidación, a través de figuras como las suplencias en el caso de los Congresistas, el encargo en el caso de Magistrados, y la provisionalidad, en los demás casos en que el artículo 17 de la Ley 4 de 1992, es aplicable.
(…)
Otro ejemplo se presenta cuando un servidor durante la mayor parte de su vida laboral cotiza de acuerdo con las reglas que definen topes de las cotizaciones. Luego, en el último año de servicios –según el régimen especial del que es beneficiario- cotiza al sistema sin tope con el fin de luego obtener una pensión sin tope, amparado por la doctrina de la integralidad de los regímenes pensionales.

En todos estos casos, el pensionado no tiene un derecho adquirido, y por tanto, en aras de dar cumplimiento a la presente providencia, la Administración podrá proceder a revocar y reliquidar el derecho pensional con el objeto de hacerlo compatible con el ordenamiento jurídico y con el régimen pensional que realmente le corresponde. En efecto, en la concesión de estos derechos pensionales no se respetó la legalidad. Sin embargo, dicha reliquidación no puede ser arbitraria.
(…)
De lo anterior se concluye que, en términos generales, comete abuso del derecho: (i) aquél que ha adquirido el derecho en forma legítima, pero que lo utiliza para fines no queridos por el ordenamiento jurídico; (ii) quien se aprovecha de la interpretación de las normas o reglas, para fines o resultados incompatibles por el ordenamiento jurídico; (iii) el titular de un derecho que hace un uso inapropiado e irrazonable de él a la luz de su contenido esencial y de sus fines; y (iv) aquél que invoca las normas de una forma excesiva y desproporcionada que desvirtúa el objetivo jurídico que persigue.

3.7.3. Conclusión

De conformidad con las consideraciones previas, la figura jurídica del abuso del derecho es la otra cara del fraude a la ley, ahora mirada desde la acción cometida por el titular de un derecho. En otras palabras, mientras el fraude a la ley se construye desde la mirada del resultado objetivo contrario a las finalidades de una institución jurídica, el abuso del derecho se mira desde el punto de vista de quien es titular del derecho y puede caracterizarse como un ejercicio manifiestamente irrazonable o desproporcionado».

De acuerdo con lo anterior, no puede sostenerse que constituya un ejercicio manifiestamente irrazonable y desproporcionado del derecho por parte de la señora Josefina Cotrino de Olaya, el hecho que en la sentencia objeto del presente recurso no se haya tenido en cuenta la providencia del 3 de agosto de 1996 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se declaró nulo el Acuerdo Distrital 11 de 1989 expedido por el Concejo de Bogotá y que establecía los factores salariales incluidos en la reliquidación de la pensión, pues es evidente que la inclusión de dichos factores declarados nulos, no provino de la demandante como titular del derecho.

CONCLUSIÓN GENERAL

Teniendo en cuenta que la causal invocada por la UGPP corresponde a la prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el término para interponer el recurso extraordinario de revisión era de dos (2) años contados a partir de la ejecutoria de la sentencia, de acuerdo con la sentencia C-835 de 2003 de la Corte Constitucional, que declaró inexequible la expresión «en cualquier tiempo», contenida en la norma antes indicada.

Es decir, si la sentencia quedó ejecutoriada el 29 de febrero de 2008 y se profirió en vigencia del Código Contencioso Administrativo, el plazo que tenía la entidad para interponer el recurso extraordinario de revisión era de dos años, los cuales vencían el 1º de marzo de 2010 y el recurso se presentó el 9 de febrero de 2018, esto es, por fuera del término legal.

Considero que para aplicar la caducidad de 5 años, contados a partir del 12 de junio de 2013, fecha en la cual la UGPP asumió la defensa judicial de los asuntos que tenía a cargo Cajanal, la causal que debe invocarse en el recurso extraordinario de revisión debe ser la de “abuso del derecho”, en los términos en que éste fue delimitado en la sentencia C-258 de 2013 de la Corte Constitucional, que no es el caso que nos ocupa.

En esas condiciones, considero que el recurso extraordinario de revisión debió rechazarse por extemporáneo.

Con todo comedimiento,

STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Expediente. Cuaderno 1. Folios 1 a 28.
El fallo de segunda instancia confirmó el proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que decretó la nulidad parcial de la Resolución 0969 del 27 de febrero de 2003, expedida por la Oficina Jurídica de la CAJANAL EICE, a través de la cual se confirmó el acto ficto que negó la reliquidación de la pensión gracia de la señora Josefina Cotrino de Olaya. Ver Expediente Cuaderno 1, folio 200.
Expediente. Cuaderno 1. Folio 15. La UGPP indicó que dicho fallo se dictó dentro del proceso radicado con el número 34155 cuya magistrada ponente fue la Dra. Martha Betancur Ruíz.
Artículo 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: (…) 19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos: (…) e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública. (…)
Artículo 12.  El régimen prestacional de los servidores públicos de las entidades territoriales será fijado por el Gobierno Nacional, con base en las normas, criterios y objetivos contenidos en la presente Ley. En consecuencia, no podrán las corporaciones públicas territoriales arrogarse esta facultad. Parágrafo. El Gobierno señalará el límite máximo salarial de estos servidores guardando equivalencias con cargos similares en el orden nacional.

Conforme con la certificación que obra a folio 43 del cuaderno anexo, el Juzgado 11 Laboral del Circuito dentro del proceso Ejecutivo 6152-97, el 13 de febrero de 1998 ordenó el pago del reajuste descongelado del 50% a la señora Cotrino de Olaya –Docente Grado 14- por el periodo: Año 1995 (prima de navidad) y Año 1996 del 1 de enero al 11 de julio. El despacho sustanciador, en aplicación del principio de la carga dinámica de la prueba que corresponde al juez y para verificar el contenido de la certificación que obra a folio 19 del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho adelantado por Josefina Cotrino de Olaya contra CAJANAL EICE, consultó la Secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dependencia que remitió copia de la correspondiente sentencia y de su ejecutoria. El fallo señaló que la prescripción declarada debía serlo con respecto a las mensualidades causadas con tres años de anterioridad a la fecha de radicación de la demanda y declararse en relación con la fecha en que la demandante adquirió el estatus pensional. Expediente. Cuaderno 1. Folios 32 a 34. Expediente Cuaderno 1. Folio 35 y 35 anverso. Expediente Cuaderno 1. Folio 36 y 36 anverso. Expediente Cuaderno 1. Folio 38. Expediente Cuaderno 1. Folio 61. Expediente Cuaderno 1. Folios 62 a 69
Expediente. Cuaderno 1. Folios 70 a 75. En materia contencioso administrativa, la procedencia y causales del recurso extraordinario de revisión se encuentran regulados en los artículos 248 a 255 de la Ley 1437 de 2011. Corte Constitucional. Sentencia T-649 de 2011. MP. Doctor Luis Ernesto Vargas Silva. Exp. T-2921805. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Trece Especial de Decisión. Sentencia de 7 de abril de 2015. MP. Doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Rad. 11001-03-15-000-2006-00318-00; Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Veintisiete Especial de Decisión. Sentencia de 3 de febrero de 2015. MP. Doctor Alberto Yepes Barreiro. Rad. No.: 11001-03-15-000-2014-00387-00. Consejo de estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto del 12 de agosto de 2014. MP. Doctora Bertha Lucía Ramírez de Páez. Rad. 11001-03-15-000-2013-02110-00.
“Por la cual se adicionan y reforma los códigos nacionales, la Ley 61 de 1886 y la 57 de 1887.” Modificado por el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012Vigente aún luego de superar el examen de constitucionalidad que le hizo la Corte Constitucional en la sentencia C-188 de 1999. En armonía con este precepto, el artículo 309 ejusdem derogó entre otras normas, el Decreto Ley 01 de 1984 –Código Contencioso Administrativo-, en los siguientes términos: “Artículo 309. Derogaciones. Deróganse a partir de la vigencia dispuesta en el artículo anterior, todas las disposiciones que sean contrarias a este Código, en especial, el Decreto 01 de 1984(…)”. También corresponde dar aplicación a las normas del Código General del Proceso, por integración normativa dispuesta en el artículo 306 del CPACA, que señala: “Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.”
M.P. Alejandro Martínez Caballero. M.P. Fabio Morón Díaz. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. Reconocido por la Corte en las sentencias T-068 de 1998 (M.P. Alejandro Martínez Caballero) y T-1234 de 2008 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), en las que advirtió un problema estructural de ineficiencia e inoperancia administrativa.
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.”
En la Sentencia SU-361 de 2017, la Sala Plena analizó los expedientes T-5.574.837 y T-5.631.824. En el primer plenario, consideró que “para el año 2017 la mesada pensional que se le paga de modo mensual a la señora Santander es de $12.711.108,66 cuando no debía superar los $7.441.049,77”.

En el segundo expediente, manifestó que “la accionante debería percibir mensualmente $8.384.857”, empero recibe $18.442.925. En contraste, en la causa T-5.640.742, consideró que era inexistente el incremento excesivo de la mesada pensional, porque el aumento de la prestación no había superado los tres salario mínimos legales mensuales vigente de la época en que se ordenó dicho acrecentamiento y “la emisión del fallo cuestionado implicó que actualmente cuando debe pagársele una mesada pensional por valor de $4.243.694 se le paga la suma de $6.755.960.”
En la Sentencia SU-427 de 2016, se estimó que el incremento del valor de la pensión había sido excesivo, al pasar de $3.935.780 pesos m/cte. a $14.140.249 pesos m/cte. En el caso de las sentencias de unificación mencionadas, la UGPP no había participado en los procesos judiciales de reliquidación de pensión, puesto que, en esos trámites, CAJANAL fue la entidad demandad y condenada. Además, en las causas objeto de revisión en las Sentencias SU-427 de 2016 y SU-631 de 2017, el plazo que existía para promover el recurso extraordinario de revisión había caducado. En Sentencia SU-631 de 2017, la Sala Plena indicó que “El carácter palmario del abuso del derecho debe ser identificado por el juez de tutela al momento de hacer el análisis de procedencia de la acción de tutela. No solo debe advertir (i) que el ejercicio del derecho pensional pudo haber desbordado los límites que le impone el principio de solidaridad del sistema de seguridad social –caso en el cual no debe perder de vista que la acción de tutela será, en principio, improcedente ante la existencia del recurso de revisión-, sino además (ii) constatar que la ventaja irrazonable que generó pone en un riesgo inminente a los demás afiliados del sistema de seguridad social, con ocasión de una anomalía en la interpretación judicial, en relación con la cual CAJANAL no pudo ejercer su derecho de defensa y la UGPP se encuentra obligada a hacer erogaciones cuantiosas que, por su carácter periódico, atentan contra la equidad y la sostenibilidad del sistema, de manera actual”. Corte Constitucional. Sala Plena. SU 114 del 8 de noviembre de 2018. MP. Alberto Rojas Ríos. “Expediente T-6.571.422 (Caso número 4). (…) De conformidad con la información que obra en el expediente, dicha providencia cobró ejecutoria el 3 de febrero de 2010, sin que la entidad condenada –CAJANAL para entonces− hubiese interpuesto recurso de apelación contra la decisión que le fue adversa. Es así que para el momento del fallo cuestionado la UGPP no había sucedido a CAJANAL, debido a que sólo asumió tales funciones a partir del 12 de junio de 2013. Es, por tanto, a partir de esta última fecha que puede exigírsele a la UGPP que desplegara las conductas procesales necesarias para desvirtuar la juridicidad de los términos en que le fue concedida la pensión al señor Brand. Ahora bien: en línea con lo señalado en precedencia, la procedibilidad de la acción de tutela en estos casos está dada por la comprobación de que la pensión a que se alude encuadra en la hipótesis de un abuso palmario del derecho, circunstancia que no se verifica en esta oportunidad en razón a que la entidad accionante (i) no expuso que la vinculación del pensionado Guillermo Brand fuera precaria, (ii) como tampoco puso de presente que la reliquidación hubiera ocasionado un aumento desproporcionado del monto de la mesada.

En tal sentido, le asiste razón al ad quem en cuanto afirmó que la UGPP estaba obligada a agotar el recurso extraordinario de revisión para discutir lo relativo a la reliquidación pensional del señor Guillermo Brand, recurso cuyo término de interposición se venció el 11 de junio de 2018 tomando en consideración que en esa fecha se cumplieron cinco años a partir del momento en que la UGPP se puso al frente del asunto por virtud de la liquidación de CAJANAL, ya que –se insiste− no puede contabilizarse el lustro a partir de la providencia acusada, porque ella es anterior a la asunción de funciones por parte de la UGPP. Visto entonces que no se reúnen las condiciones para analizar el mérito de la solicitud de amparo, debe declararse la improcedencia de la acción identificada bajo el número de radicación T-6.571.422, subrayando que este mecanismo de salvaguarda de las garantías fundamentales no fue instituido como una instancia para revivir términos procesales fenecidos, ni para exonerar a los interesados de procurar la defensa de sus derechos por medio de los dispositivos jurídicos idóneos que prevé el ordenamiento.”
“Expediente T-6.571.465 (Caso número 7). (…) De conformidad con la información que obra en el expediente, dicha providencia cobró ejecutoria el 13 de diciembre de 2007. Es así que para el momento del fallo cuestionado la UGPP no había sucedido a CAJANAL, debido a que sólo asumió tales funciones a partir del 12 de junio de 2013. Es, por tanto, a partir de esta última fecha que puede exigírsele a la UGPP que desplegara las conductas procesales necesarias para desvirtuar la juridicidad de los términos en que le fue concedida la pensión al señor Brand. En tal sentido, la UGPP estaba obligada a agotar el recurso extraordinario de revisión para discutir lo relativo a la reliquidación pensional del señor Caicedo Flórez, recurso cuyo término de interposición se venció el 11 de junio de 2018 tomando en consideración que en esa fecha se cumplieron cinco años a partir del momento en que la UGPP se puso al frente del asunto por virtud de la liquidación de CAJANAL, ya que –se insiste− no puede contabilizarse el lustro a partir de la providencia acusada, porque ella es anterior a la asunción de funciones por parte de la UGPP. Ahora bien: en línea con lo señalado en precedencia, la procedibilidad de la acción de tutela en estos casos está dada por la comprobación de que la pensión a que se alude encuadra en la hipótesis de un abuso palmario del derecho, circunstancia que no se verifica en esta oportunidad en razón a que la entidad accionante (i) no expuso que la vinculación del pensionado (…) ni siquiera referenció un ascenso desmesurado en los últimos seis meses de la prestación del servicio, (ii) como tampoco puso de presente que la reliquidación hubiera ocasionado un aumento desproporcionado del monto de la mesada. (…) Por consiguiente, no se reúnen las condiciones para analizar el mérito de la solicitud de amparo, debe declararse la improcedencia de la acción, subrayando que este mecanismo de salvaguarda de las garantías fundamentales no fue instituido como una instancia para revivir términos procesales fenecidos, ni para exonerar a los interesados de procurar la defensa de sus derechos por medio de los dispositivos jurídicos idóneos que prevé el ordenamiento.”
“Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales”
Imprenta Nacional. Gaceta Legislativa 56. Consecutivo 4-816. Exposición de motivos Proyecto de Ley 56 de 2002-Senado. Artículos 20 y 21. Revisión y revocatoria de pensiones. Estos artículos contemplan la posibilidad de revisar las decisiones judiciales, las conciliaciones o las transacciones que han reconocido pensiones irregularmente o por montos que no corresponden a la ley.

Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública. Las providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación. (…) La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse por las causales consagradas para este en el mismo código y además:   (…) b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.

Expediente original. Folios 27 a 49. Presentada el 9 de julio de 2003.
Expediente original, folios 67 a 71. Presentada el 11 de mayo de 2004.
Expediente original. Folios 176 a 181. Presentados el 28 de febrero por los apoderados de la parte actora y por la demandada.
Expediente original. Folios 153 a 201.
Artículo 1º. El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco años (55) tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aporte durante el último año de servicio.  No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales que trabajan en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya determinado expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones. (…) (Negrilla fuera de texto)

Conforme con la certificación que obra a folio 43 del cuaderno anexo, el Juzgado 11 Laboral del Circuito dentro del proceso Ejecutivo 6152-97, el 13 de febrero de 1998 ordenó el pago del reajuste descongelado del 50% a la señora Cotrino de Olaya –Docente Grado 14- por el periodo: Año 1995 (prima de navidad) y Año 1996 del 1 de enero al 11 de julio.
Ley 39 de 1903. Artículo 3. La Instrucción Primaria costeada con fondos públicos será gratuito y no obligatoria. Estará a cargo y bajo la inmediata dirección y protección de los Gobiernos de los Departamentos, en consonancia con las Ordenanzas expedidas por las Asambleas respectivas, e inspeccionada por el Poder Ejecutivo nacional. Artículo 4. La Instrucción Secundaria será de cargo de la Nación e inspeccionada por el Poder Ejecutivo. Esto no obsta para que los Departamentos y Municipios que dispongan de recursos suficientes sostengan establecimientos de enseñanza secundaria.
Sección Segunda. Sentencia del 13 de julio de 2006. MP: Jaime Moreno García. Expediente 25000-23-25-000-2002-08700-01. Sección Segunda. Sentencia del 27 de abril de 2006. MP: Ana Margarita Olaya Forero. Expediente 25000-23-25-000-2002-05153-01.
Ley 91 de 1989. Artículo 1. (…) Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975. Por su parte, la Ley 43 de 1975 se expidió con el fin de nacionalizar la educación primaria y secundaria que oficialmente venían prestando los Departamentos, el Distrito Especial de Bogotá, los Municipios, las Intendencias y Comisarías; se redistribuye una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones.
Factores salariales que se tienen en cuenta para obtener la base líquida sobre la que se calcula el 75%, que es el porcentaje que corresponde a la pensión gracia por virtud del artículo 1 de la Ley 33 de 1985.
Ver entre otros: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B: Sentencia del 30 de abril de 2008. MP: Jesús María Lemos Bustamante. Radicado 52001-23-31-000-2004 00506-01(1924-07); Sentencia del 6 de marzo de 2008. MP: Alejandro Ordoñez Maldonado. Expediente: 2142-06
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 6 de marzo de 2008. MP: Alejandro Ordoñez Maldonado. Expediente: 2142-06
Sección Segunda. Sentencia del 13 de julio de 2006. MP: Jaime Moreno García. Expediente 25000-23-25-000-2002-08700-01.
Sección Segunda. Sentencia del 27 de abril de 2006. MP: Ana Margarita Olaya Forero. Expediente 25000-23-25-000-2002-05153-01.

Obran a folios 20 y 21 del cuaderno 1 del expediente original de la causa.
Los demás factores fueron incluidos n la liquidación y post reliquidación de la prensión gracias.
En referencia a los actos demandados: Acto ficto originado en la petición del 15 de julio de 2002, con cuyo silencio se negó la reliquidación pensional y la Resolución 969 del 27 de febrero de 2003.
Cuya nulidad quedó en firme el 23 de abril de, como consta en la constancia de ejecutoria que obra a folio 79 a 80 del cuaderno 1 contentivo del Recurso Extraordinario de Revisión.
Esta norma fue expedida por el Presidente de la República conforme a la autorización que para el efecto señaló el artículo 1 de la Ley 4 de 1992, así: Artículo 1º. El Gobierno Nacional, con sujeción a las normas, criterios y objetivos contenidos en esta Ley, fijará el régimen salarial y prestacional de: a) Los empleados públicos de la Rama Ejecutiva Nacional, cualquiera que sea su sector, denominación o régimen jurídico; (…).
Decreto 45 de 1996. Artículo Vigésimo. A partir del 1º. de enero de 1996, fíjase la prima de alimentación en la suma mensual de catorce mil ciento sesenta y siete pesos ($ 14.167) para el personal docente que devengue hasta una asignación básica mensual de trescientos noventa y siete mil novecientos sesenta y cinco pesos ($397.965) moneda corriente y sólo por el tiempo que devengue esta suma. No tendrán derecho a esta prima de alimentación los docentes que se encuentren en disfrute de vacaciones, en uso de licencia o suspendidos en el ejercicio del cargo. Parágrafo 1º. La prima de alimentación de que trata este artículo reemplaza las primas de ésta o similar denominación o naturaleza que venían gozando algunos docentes.
Parágrafo 2º. El personal docente cuya asignación mensual pase de la fijada en este artículo y que a 31 de diciembre de 1985 venía percibiendo prima de alimentación conforme a leyes anteriores, continuará percibiéndola en la forma y cuantía establecida en tales normas.

SU-427 de 2016 de la Corte Constitucional.

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