Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06748-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-06748-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06748-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-06748-00
Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria
15 de abril de 2026
Radicado: 11001031500020240674800
Recurrente: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA SÉPTIMA ESPECIAL DE DECISIÓN
Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Bogotá, D. C., quince (15) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Recurso extraordinario de revisión – Ley 797 de 2003
Radicación: 11001031500020240674800
Recurrente: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, en
adelante, “UGPP”
La Sala resuelve el recurso extraordinario de revisión interpuesto en contra de la
sentencia de segunda instancia dictada el 6 de julio de 2023, por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, radicado 44001-23-33-000-2015-00103-
01 (4208-2016), a favor del señor William Giraldo Díaz, mediante la cual se dispuso
lo siguiente:
(...) PRIMERO. ADICIONAR un ordinal a la sentencia proferida el 24 de junio de
2.016, el cual quedará de la siguiente forma:
Primero bis: Inaplicar, por vía de excepción de inconstitucionalidad, la expresión
«siempre que para esta época fueren funcionarios de ese Departamento»,
contenida en el artículo 2 del Decreto 1047 de 1.978, por las razones expuestas
en esta decisión.
SEGUNDO. MODIFICAR el ordinal segundo de la sentencia de primera instancia,
el cual quedará así:
Segundo: Condenar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) a reconocer, liquidar
y pagar la pensión de jubilación del señor William Giraldo Díaz, identificado con
cédula 17.352.337 teniendo en cuenta el 75% del promedio de lo cotizado en los
10 años anteriores al retiro definitivo del servicio, con la inclusión de la asignación
básica y la bonificación por servicios prestados.
TERCERO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia proferida el 24 de junio de
2016 por el Tribunal Administrativo de La Guajira, que accedió a las pretensiones
de la demanda, en el proceso promovido por el señor William Giraldo Díaz, contra
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP), de conformidad con lo expuesto en
la parte motiva de esta providencia.
CUARTO. Sin costas en esta instancia. (...)
La Sala es competente para proferir esta providencia en virtud de lo dispuesto en
el artículo 249, inciso 2, de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante “CPACA”, el artículo
2° del Acuerdo 321 de 2014 de la Sala Plena del Consejo de Estado y el artículo 29
del Acuerdo 080 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado.
1
Radicado: 11001031500020240674800
Recurrente: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social
SÍNTESIS1
Se formula recurso extraordinario de revisión con fundamento en las causales
descritas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, en contra de
la sentencia de segunda instancia proferida por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, mediante la cual se adicionó y modificó
parcialmente la decisión de primera instancia que resolvió favorablemente las
pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho de los actos administrativos
que negaron la pensión solicitada por el demandante. La Sala declara infundado el
recurso porque no se configuran las causales invocadas, pues, aunque el
recurrente alega la violación al debido proceso, no se evidencian los defectos
sustantivos, fácticos y probatorios de la sentencia y es claro que los argumentos
del recurrente están dirigidos a reabrir el debate interpretativo sobre el régimen de
transición que favorece al demandante y a los requisitos exigidos para obtener la
pensión reconocida.
I. ANTECEDENTES
A. Demanda del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
1. El señor William Giraldo Díaz instauró demanda en contra de la UGPP, en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado
en el artículo 138 del CPACA, con el fin de que se accediera a las siguientes
pretensiones:
Que se declare la nulidad de las Resoluciones RDP 15863 del 23 de abril de 2015;
RDP 019430 del 19 de mayo de 2015; y RDP 026564 del 30 de junio de 2015,
proferidas por la UGPP, por las cuales se negó el reconocimiento de una pensión
de vejez de alto riesgo.
Que como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
se condene a la demandada a: i) que se le reconozca la pensión especial vitalicia
de jubilación, a partir del 27 de mayo de 2010, liquidada en monto equivalente al
75% del salario promedio devengado por el trabajador durante el último año de
servicio, conforme a lo dispuesto en el Decreto 1045 de 1978, la Ley 33 de 1985
y el artículo 14 de la Ley 100 de 1993; ii) que se paguen las mesadas causadas y
dejadas de cancelar y se actualicen las sumas de dinero reconocidas; iii) que se
indexe la primera mesada pensional y; iv) que se condene al pago de intereses
moratorios y costas.
B. Sentencias dictadas en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho
2. El proceso fue tramitado bajo el radicado 44001-23-33-000-2015-00103. En
primera instancia su conocimiento le correspondió al Tribunal Administrativo de La
Guajira, el cual accedió a las pretensiones de la demanda, mediante sentencia del
24 de junio de 20162.
3. El a quo consideró, en primer lugar, que el demandante es beneficiario del
régimen de transición especial regulado en el parágrafo 5 del artículo 2 de Ley 860
1 Temas: Recurso extraordinario de revisión. Causales del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 – No
tener derecho a la pensión reconocida por no cumplir los requisitos legales del régimen especial del
DAS. – Reiteración de argumentos propuestos en el proceso ordinario.
2 Índice 30, Samai, documento 33RECIBEPRUEBAS_OneDrive_3_21102025z(.zip) NroActua 30.
2
Radicado: 11001031500020240674800
Recurrente: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social
de 2003 para los funcionarios del DAS3, razón por la cual su derecho pensional está
regido por el artículo 10 del Decreto Ley 1933 de 19894, que a su vez remite a las
disposiciones del artículo 2 del Decreto-ley 1047 de 19785. En este orden de ideas,
concluyó que de acuerdo con la referida normativa, los empleados públicos del DAS
que realizaron actividades de alto riesgo, como los detectives, y que permanecieron
en la entidad durante 18 años de servicio, tienen derecho a acceder a una pensión
especial de jubilación al cumplir 50 años de edad. Lo anterior, sin que fuera
necesario acreditar el ejercicio de funciones de dactiloscopista o la realización de
un curso de formación en estas funciones, tal como lo había establecido el Consejo
de Estado, en sentencia del 22 de junio de 20066, en la cual se indicó lo siguiente:
Ahora, se deben determinar los parámetros de esta pensión especial. Al final del
inciso 2º del art. 10 del Dcto. L. 1933 de 1989 se dispuso que al personal de
detectives en sus distintos grados y denominaciones se aplicarían las normas del
Decreto Ley 1047 de 1978, que tiene relación con el régimen de pensión de
jubilación. Al hacer la remisión al régimen pensional “especial” del D. L. 1047/78
se encuentra que éste tiene en cuenta tiempo de servicio –en ciertas actividades
con una capacitación específica-, edad (en un caso) y monto pensional. Pues bien,
si esta pensión especial (in fine del Inc. 2º del Art. 10) aplica a los detectives que
ejercen la labor específica de su empleo, lógico es que para ellos no operan los
requisitos de labor en dactiloscopia y curso de formación para la misma, dado que
esta pensión se consagra es en razón del riesgo o sea por actividad de peligro y
no por la protección de salud debido a otra clase de labores que tuvo en cuenta el
Legislador. Así, estos detectives, que se dedicaron al cumplimiento de la función
específica de su cargo, al amparo de esta norma tienen derecho a la pensión
“especial” de jubilación cuando cumplan 20 años de servicio (sin requisito de edad)
o cuando cumplan 18 años de servicio en las condiciones señaladas y acrediten
haber cumplido los 50 de edad. Pero, esta pensión, dada su remisión a la
disposición citada, también tiene el vacío relacionado con los factores
computables, como ya se ha expresado.
4. Por estas razones, el tribunal declaró el derecho a la pensión del demandante.
Sin embargo, estableció la prescripción de las mesadas causadas por el
demandante con anterioridad al 23 de diciembre de 2011, toda vez que entre la
3 Ley 860 de 2003. “Artículo 2. Definición y campo de aplicación. El régimen de pensiones para el
personal del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, al que se refieren los artículos 1o y
2o del Decreto 2646 de 1994 ó normas que lo modifiquen o adicionen, será el que a continuación
se define.
(…)
Parágrafo 5o. Régimen de transición. Los detectives vinculados con anterioridad al 3 de agosto de
1994 que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley hubieren cotizado 500 semanas les
serán reconocida la pensión de vejez en las mismas condiciones del régimen de transición
contenidas en el Decreto 1835 de 1994”.
4 Decreto 1933 de 1989. “Artículo 10. Pensión de jubilación. Las normas generales sobre pensión
de jubilación previstas para los empleados de la administración pública del orden nacional se
aplicarán a los empleados del Departamento Administrativo de Seguridad.
Los empleados que cumplan funciones de dactiloscopistas en los cargos de Detective Agente,
Profesional o Especializado, se regirán por lo establecido en cuanto a régimen de pensión vitalicia
de jubilación, por el Decreto-ley 1047 de 1978, cuyas normas serán igualmente aplicables al
personal de detectives en sus distintos grados y denominaciones”.
5 Decreto ley 1047 de 1978. “Los empleados públicos que hayan aprobado el curso a que se refiere
el artículo anterior y que permanezcan al servicio del Departamento Administrativo de Seguridad por
un término no menor de 16 años continuos en el desempeño de funciones de dactiloscopistas,
tendrán derecho a la pensión de jubilación al cumplir 50 años de edad, siempre que para esta época
fueren funcionarios de ese Departamento”.
6 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 22 de junio de 2006, radicación
25000-23-25-000-2002-12944-01 (3114-05). C.P. Tarsicio Cáceres Toro.
3
Radicado: 11001031500020240674800
Recurrente: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social
fecha de causación de su derecho (27 de mayo de 2010) y la de presentación de la
reclamación administrativa (23 de diciembre de 2014) transcurrieron más de tres
años.
5. Adicionalmente, el a quo estableció que de conformidad con el Decreto Ley 1933
de 1989 y la Ley 860 de 2003, para el reconocimiento de la referida pensión se
deben tener en cuenta los factores devengados en el último año de servicio por
concepto de asignación básica, bonificación por servicios, primas de navidad,
vacaciones y riesgo.
6. La Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, mediante sentencia
del 6 de julio de 2023, adicionó la anterior decisión.
7. El ad quem reiteró que al demandante no le aplicaba el régimen de transición del
artículo 36 de la Ley 100 de 19937, sino el régimen especial previsto para los
servidores públicos del DAS que habían ejercido actividades de alto riesgo, como
los detectives; régimen establecido en el parágrafo 5 del artículo 2 de la Ley 860 de
2003 y el artículo 4 del Decreto 1835 de 19948.
8. Adicionalmente, consideró procedente pronunciarse sobre otros aspectos
relacionados con el reconocimiento pensional del demandante, aunque no
hubiesen sido objeto de reparo en el recurso de apelación. Esto, de conformidad
con lo dispuesto por los artículos 187 del CPACA9 y 328 del CGP10.
7 Ley 100 de 1993: “Artículo 36. Régimen de transición. Artículo modificado por la Ley 860 de 2003.
La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las
mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se
incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.
La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas,
y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema
tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad
si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen
anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas
personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la
presente Ley”.
8 Decreto 1835 de 1994. “Artículo 4º. Régimen de transición. Los funcionarios de las entidades
señaladas en este capítulo que laboren en las actividades descritas en el numeral 1º del artículo 2º
de este Decreto, que estuviesen vinculados a ellas con anterioridad a su vigencia, no tendrán
condiciones menos favorables, en lo que respecta a la edad para acceder a la pensión de vejez o
jubilación, el tiempo de servicio requerido o el número de semanas cotizadas, y el monto de esta
pensión, a las existentes para ellos en las normas vigentes con anterioridad a la Ley 100 de 1993.
Para los demás servidores, las condiciones y requisitos para acceder a la pensión de vejez o
jubilación, se regirán por las disposiciones contenidas en la Ley 100 de 1993 y sus reglamentos,
particularmente en lo relacionado al monto de las cotizaciones a cargo del respectivo empleador”.
9 CPACA. “Artículo 187. Contenido de la Sentencia. La sentencia tiene que ser motivada. En ella se
hará un breve resumen de la demanda y de su contestación y un análisis crítico de las pruebas y de
los razonamientos legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las
conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión y citando los textos legales que se apliquen.
En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador
encuentre probada El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas la
excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus.
Para restablecer el derecho particular, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo podrá estatuir
disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas y modificar o reformar estas. (…)”.
10 CPACA. “Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las
decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
4
Radicado: 11001031500020240674800
Recurrente: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social
9. En primer lugar, consideró que el actor es beneficiario del derecho pensional
regulado en el artículo 2 del Decreto 1047 de 197811, aunque no demostró que
aprobó el curso de dactiloscopista al que hace referencia el artículo 1 del mismo
decreto12, por las siguientes razones:
“(…) esta misma Sala ha considerado que, con base en el artículo 1227 (sic) y del
literal c) del artículo 1528 (sic) del Decreto 1550 de 197813, así como del artículo
50 del Decreto 2147 de 198914, es posible inferir que, si el demandante ingresó al
DAS como detective rural alumno (sic) y permaneció en la institución e incluso fue
promovido en los cargos de detective agente y profesional en sus diferentes
códigos y grados, es porque aprobó el curso exigido en el Decreto 1047 de 1 978,
razón suficiente para entender acreditado este requisito”15.
10. Adicionalmente, precisó que la jurisprudencia de la “Sala”16 también ha
determinado que para acceder a esta pensión no se puede exigir, con base en la
literalidad del artículo 2 del Decreto 1047 de 1978, que el peticionario haya cumplido
la edad para pensionarse estando vinculado al DAS, razón por la cual era necesario
inaplicar la norma por vía de la figura de la excepción de inconstitucionalidad.
10.1. En primer lugar, porque la exigencia del referido requisito comportaba un
quebrantamiento del principio de igualdad en relación con las exigencias
establecidas en el artículo 1 del Decreto 1047 de 1978, para los funcionarios que
contaban con 18 años de servicios en el DAS y para los que contaban con 20 años,
en cuanto a estos últimos no se les exigía permanecer en la entidad hasta cumplir
50 años de edad.
10.2. En segundo lugar, en razón a que la referida exigencia contraría la finalidad de
la norma, la cual fue prevista para flexibilizar los requisitos de pensión para los
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las
nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia”.
11 Decreto 1047 de 1978. “Artículo 1º. Los empleados públicos que ejerzan por veinte años continuos
o discontinuos las funciones de dactiloscopistas en el Departamento Administrativo de Seguridad, y
que hayan aprobado el curso de formación en dactiloscopia impartido por el instituto correspondiente
de dicho Departamento, tendrán derecho a gozar de la pensión de jubilación cualquiera sea su
edad”.
12 Decreto ley 1047 de 1978. “Artículo 1º. Los empleados públicos que ejerzan por veinte años
continuos o discontinuos las funciones de dactiloscopistas en el Departamento Administrativo de
Seguridad, y que hayan aprobado el curso de formación en dactiloscopia impartido por el instituto
correspondiente de dicho Departamento, tendrán derecho a gozar de la pensión de jubilación
cualquiera sea su edad”.
13 No se ubica el Decreto relacionado en la sentencia en los diferentes buscadores de la normativa
colombiana.
14 Decreto 1047 de 1 978. ·Artículo 50. Nombramiento en periodo de prueba. El ingreso al servicio
se hará mediante nombramiento en período de prueba para el grado inferior de detective agente,
entre quienes hayan adelantado y aprobado los cursos de formación y especialización en la
Academia de Inteligencia y Seguridad Pública o en las escuelas regionales, y obtenido evaluación
favorable del Comité Interdisciplinario del respectivo centro docente. Parágrafo. Los alumnos de
Academia que no aprueben los cursos de formación y especialización para Ingreso u obtengan
evaluación desfavorable, serán retirados de la institución mediante resolución expedida por el Jefe
del Departamento”,
15 Se destaca que la providencia no incluye las referencias a las sentencias enunciadas.
16 En la sentencia no se incluye la cita correspondiente a la sentencia.
5
Radicado: 11001031500020240674800
Recurrente: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social
funcionarios del DAS que realizaron actividades especialmente riesgosas y
acumularon un tiempo considerable de servicio. En este sentido, precisó que si la
disposición se aplica en sentido estricto, carecería de efecto útil, porque
prácticamente ningún servidor lograría acceder a esta pensión, en razón a que,
según lo dispuesto en el Decreto 1550 de 1978, estos funcionarios debían
vincularse a la entidad entre los 20 y 26 años de edad, de modo que, incluso, si el
funcionario se vinculó a la edad máxima posible (26 años), al alcanzar el tiempo de
servicio (18 años) cumpliría apenas 44 años de edad.
11. Por otra parte, en cuanto a la forma de liquidar la prestación, señaló que según
la sentencia de Unificación del 28 de julio de 202217, en línea con lo dispuesto por
la Corte Constitucional en la sentencia C-258 de 2013, las reglas aplicables a la
liquidación de la pensión de los detectives del DAS son las establecidas en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Por su parte, los factores salariales a tener en
cuenta para liquidar la pensión son los devengados por el servidor de acuerdo con
el Decreto 1158 de 1994 y, a partir de la Ley 860 de 2003, la prima de riesgo se
debe calcular con los porcentajes señalados por el artículo 2 ibidem.
12. En consecuencia, concluyó que la pensión del demandante debía liquidarse con
el promedio de lo devengado en los últimos 10 años (y no en el último año como
estableció la sentencia de primera instancia). Además, que en la liquidación solo
debían ser incluidos la asignación básica y la bonificación por servicios prestados,
pero no la prima de riesgo, toda vez que esta solo constituye factor salarial a partir
de la Ley 860 de 2003 y el demandante se retiró del servicio en el año 1999.
13. En razón a lo expuesto, la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de
Estado se modificó la sentencia de primera instancia en este aspecto.
C. Recurso extraordinario de revisión
14. La UGPP interpuso recurso extraordinario de revisión contra la sentencia del 6
de julio de 2023, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
A, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 44001-
23-33-000-2015-00103-01. Lo anterior, con fundamento en las causales a) y b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y por considerar que la sentencia atacada:
(i) desconoció e inaplicó la exigencia de un requisito legal para acceder al
reconocimiento de la pensión; (ii) usó incorrectamente la excepción de
inconstitucionalidad, pues no explicó con suficiente claridad que el contenido de
la norma resultaba contrario a la Constitución; y (iii) interpretó de manera errada
la norma que regula el derecho.
15. Respecto a la configuración de la causal del literal “a)” del artículo 20 de la Ley
797 de 2003, relativa a que el reconocimiento de la pensión se hubiese obtenido
con violación del debido proceso, señaló que al señor William Giraldo Díaz no le
asiste el derecho al reconocimiento y pago de la pensión especial de vejez, porque
no cumple con uno de los requisitos exigidos por el artículo 2 del Decreto 1047 de
1978. Esto es, estar en servicio activo cuando llegó a la edad de 50 años para
acceder a la pensión; requisito que, a su juicio, no podía ser desconocido por el
juez de instancia so pretexto de acudir a una excepción de inconstitucionalidad, que
además no fue sustentada de manera suficiente.
17 No se cita la referencia de la sentencia.
6
Radicado: 11001031500020240674800
Recurrente: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social
16. Como fundamento de estas afirmaciones, transcribió varios apartes de una
decisión del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección A (sin identificar fecha y radicación) en la que, según la
transcripción realizada en el recurso, la corporación señaló que no era procedente
la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad respecto de la expresión
“siempre que para esta época fueren funcionarios de ese Departamento” contenida
en el artículo 2 del Decreto 1047 de 1978.
17. Asimismo, consideró que con el reconocimiento de la pensión fueron vulnerados
los artículos 1, 2, 6, 29, 48, 93 y 230 de la Constitución, por cuanto las actuaciones
de los particulares y los funcionarios deben someterse a las leyes, de manera que
se desconoce el interés general y los fines esenciales del Estado y el debido
proceso.
18. En este sentido, citó las sentencias C-341 de 2014 y C-012 de 2013 de la Corte
Constitucional, la cuales desarrollan el derecho al debido proceso previsto en el
artículo 29 de la Constitución Política, y lo vinculan con el principio de legalidad al
cual están sometidos los funcionarios en sus actuaciones.
19. Adujo que el reconocimiento de la pensión de jubilación a favor del señor William
Giraldo Díaz, sin el lleno de las exigencias legales, constituye un flagrante
desconocimiento del artículo 13 superior, por cuanto aplica un trato diferencial al ex
servidor del DAS, sin justificación alguna, en detrimento de los demás funcionarios
de la entidad en relación con los requisitos exigidos para acceder a la pensión.
20. Agregó que, en el caso examinado, se presenta “un abuso palmario del derecho”
porque las autoridades judiciales demandadas reconocieron una pensión de
jubilación sin el cumplimiento de las exigencias legales, lo que trae como
consecuencia que la UGPP pague al titular un retroactivo aproximado de
$217.202.111 y, además, una mesada que asciende a $990.129, ocasionando con
ello un grave detrimento al erario.
21. También indicó que con el reconocimiento de la pensión de jubilación sin el
cumplimiento de los requisitos legales, la Sección Segunda, Subsección A del
Consejo de Estado incurrió en:
21.1. Uno, un “defecto sustantivo por desconocimiento del precedente”, porque de
acuerdo con las sentencias de la Corte Constitucional, especialmente la sentencia
SU- 453 de 2019, se incurre en un defecto sustantivo “cuando en una providencia
judicial se aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que
evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraríe los postulados
mínimos de razonabilidad”.
21.2. En este sentido, señaló que cuando una providencia “aplica una norma jurídica
manifiestamente errada, sacando del marco de la juridicidad y de la hermenéutica
jurídicamente aceptable tal decisión judicial, ésta deja de ser una vía de derecho
para convertirse en un vía de hecho”.
21.3. Dos, un “defecto fáctico” por la valoración probatoria realizada para llegar a la
conclusión de que el demandante tenía derecho a la pensión, toda vez que para
acceder a esta prestación el servidor público, además de reunir los requisitos de
tiempo de servicio y edad, debía encontrarse vinculado al DAS para la fecha en la
7
Radicado: 11001031500020240674800
Recurrente: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social
que cumplió su estatus pensional, exigencia que la sentencia de segunda instancia
inobservó aplicando la excepción de inconstitucionalidad.
21.4. Adicionalmente, señaló que el pago de las prestaciones económicas a favor de
William Giraldo Díaz le corresponden a Colpensiones, “por tratarse de la última
entidad de seguridad social a la cual aportó”.
22. Finalmente, respecto de la causal “b)”, relativa a que “la cuantía del derecho
reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva
que le eran legalmente aplicables”, el recurrente se limitó a reiterar los argumentos
por los cuales considera que el demandante no tenía derecho a la pensión, para
concluir que todo lo reconocido a título de pensión en las sentencias de primera y
segunda instancia se otorgó en exceso.
D. Oposición al recurso extraordinario de revisión
23. En forma oportuna, el 16 de septiembre de 2025, el señor William Giraldo Díaz,
a través de apoderado, presentó escrito en el que se pronunció sobre el recurso
extraordinario de revisión interpuesto por la UGPP y se opuso a las pretensiones
de la entidad18.
24. Indicó que tiene derecho a la obtención de la pensión de jubilación por haber
cumplido los requisitos necesarios para ser beneficiario del régimen de transición,
como lo estableció en las sentencias de primera y segunda instancia, conforme a
lo establecido en la Ley 860 de 2003 y el Decreto 1933 de 1989.
25. Señaló que no es de recibo que la UGPP pretenda, a través de un recurso de
revisión, que se revoque una decisión debidamente ejecutoriada, dentro de un
proceso que agotó todas las etapas procesales y con aplicación de la normatividad
que vigente, con aplicación del principio de favorabilidad en materia laboral.
26. Resaltó que la sentencia de segunda instancia ratificó el derecho a la pensión
del demandante, pero modificó, en favor de la UGPP, la base de liquidación de la
pensión, en cuanto estableció que esta debía calcularse teniendo en cuenta el 75%
del promedio de lo cotizado en los 10 años anteriores al retiro definitivo del servicio,
y no durante el último año como lo había establecido la decisión de primera
instancia.
27. Asimismo, destacó que la sentencia de segunda instancia disminuyó la base de
liquidación de la pensión, pues estableció que solo debía incluir la asignación
básica y la bonificación por servicios prestados, y no la prima de riesgo como lo
había indicado la sentencia de primera instancia.
28. Finalmente, advirtió que el recurso extraordinario no es una instancia adicional
para debatir aspectos propios que ya fueron debatidos y resueltos en el proceso
inicial, pues se trata de una vía excepcional para corregir errores graves o vicios de
fondo en sentencias ejecutoriadas, por la aparición de documentos nuevos, la
falsedad de documentos utilizados o la influencia de conductas punibles, sin que su
fin sea corregir errores que el recurrente le atribuya a la interpretación de la ley,
como lo pretende la UGPP.
18 Índice 22, Samai.
8
Radicado: 11001031500020240674800
Recurrente: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social
E. Concepto del Ministerio Público
29. El Ministerio Público no presentó consideraciones.
F. Otras actuaciones relevantes en relación con el proceso
30. La UGPP presentó acción de tutela en contra de las decisiones de primera y
segunda instancia adoptadas en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.
31. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
en sentencia del 25 de enero de 2024, radicado 11001031500020230727300 19,
declaró improcedente la solicitud de amparo presentada por la UGPP, al no
acreditarse el requisito de subsidiariedad. Como fundamento de la decisión, señaló
que a la entidad le asistía legitimación para presentar recurso extraordinario de
revisión en contra de las decisiones atacadas en sede de tutela, de conformidad
con las causales previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Por lo tanto, la
acción constitucional era improcedente.
32. La referida sentencia fue impugnada y confirmada mediante sentencia del 8 de
abril de 2024, de la Subsección A, de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
radicado 11001031500020230727301, con fundamento en el requisito de
subsidiariedad y, además, porque no se evidenció de manera palmaria un abuso
del derecho en el reconocimiento a la pensión, por las siguientes razones:
(…) en criterio de la Sala las consideraciones que sirvieron de fundamento a la
decisión censurada, resultan razonables y no merecen reproche alguno desde el
punto de vista constitucional, toda vez que la autoridad judicial de segunda
instancia analizó el requisito según el cual el empleado tenía que estar vinculado
al DAS a la fecha en que cumpliera el estatus pensional, a la luz de la Carta
Superior y consideró que debe inaplicarse, en aras de evitar un tratamiento
desigual entre detectives que tienen la misma expectativa ante la ley.
II. CONSIDERACIONES
G. Aspectos procesales
33. La Sala se pronunciará de fondo porque están reunidos los presupuestos
procesales para decidir el recurso, el cual fue presentado dentro del término de
cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial, previsto en el
artículo 251 del CPACA. En efecto, la sentencia objeto de revisión quedó
ejecutoriada el 27 de julio de 202320, y el recurso extraordinario de revisión se
presentó el 6 de diciembre de 202421.
19 Índice 30, Samai.
20 Según constancia de ejecutoria de la sentencia. Indíce Samai 30, documento
33RECIBEPRUEBAS_OneDrive_3_21102025z(.zip) NroActua 30, pág. 336.
21 Índice 2 Samai.
9
Radicado: 11001031500020240674800
Recurrente: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social
H. Sentido de la decisión
34. La Sala declarará infundado el recurso extraordinario de revisión porque no se
acreditan los presupuestos normativos y jurisprudenciales exigidos para la
configuración de las causales invocadas.
35. Según la argumentación presentada por el recurrente, la sentencia cuestionada
incurrió en la causal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2023. Sin embargo, se
advierte que los cuestionamientos del actor se dirigen, exclusivamente, contra la
valoración jurídica y la interpretación normativa realizadas por el juez natural del
proceso, las que se advierte no constituyen una violación del debido proceso por
un defecto sustantivo o fáctico. Por el contrario, la Sala observa que la
interpretación y alcance que le dio la Sección Segunda de esta corporación a los
requisitos para acceder a la pensión en el caso concreto fueron debidamente
motivadas, con argumentos razonables y ajustados a los principios
constitucionales. Adicionalmente, el actor no plantea consideraciones adicionales
que puedan ubicarse en la causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2023, invocada
en el recurso.
i). Generalidades del recurso extraordinario de revisión
36. El recurso extraordinario de revisión constituye una excepción al principio de
inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas que hacen tránsito a cosa juzgada,
puesto que abre la posibilidad de controvertir una decisión en firme, siempre que
se configure alguna de las causales consagradas en la ley.
37. El objeto del recurso es el restablecimiento de la justicia material, cuando se
advierte que ha sido afectada por situaciones o circunstancias exógenas que no
pudieron plantearse en el proceso correspondiente y que revisten tal gravedad, que
autorizan al juez a romper el principio de la cosa juzgada. Al respecto la Corte
Constitucional ha indicado lo siguiente:
(…) la revisión, más que un recurso, es un medio para conseguir la realización de
la justicia, pero no de la justicia formal propia de las sentencias en firme contrarias
a derecho, sino de aquella verdadera que demandan el Preámbulo y los artículos
1º, 228 y 230 del estatuto superior22.
38.El legislador estableció de manera taxativa las causales que habilitan la
procedencia del recurso extraordinario de revisión en la jurisdicción de lo
contencioso administrativa, en los artículos 250 del “CPACA”, y 20 de la Ley 797
de 200323.
39. El artículo 252 del CPACA dispone que el recurso debe interponerse mediante
escrito que deberá contener i) la indicación de las partes y sus representantes, ii)
22 Corte Constitucional, sentencia C-739 del 11 de julio de 2001, expediente D-3293, M.P. Álvaro
Tafur Galvis.
23 En este caso, el recurso procede frente a las providencias que impongan al tesoro público o a
fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de
cualquier naturaleza, en los supuestos contenidos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, esto es,
cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso y/o cuando la cuantía
del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que
le eran legalmente aplicables. Al respecto, ver: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sala Veintisiete Especial de Decisión, sentencia del 5 de marzo de 2019, radicación
11001-03-15-000-2018-00394-00. C.P. Rocío Araújo Oñate.
10
Radicado: 11001031500020240674800
Recurrente: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social
el nombre y domicilio del recurrente, iii) los hechos u omisiones que le sirvan de
fundamento y, iv) la indicación precisa y razonada de la causal invocada.
40. En atención a su carácter extraordinario, este recurso no es una tercera instancia
en la que puedan plantearse nuevamente argumentos de fondo en relación con la
sentencia que se pretende revisar, por tal razón, las pretensiones y fundamentos
deben limitarse a demostrar la configuración de alguno de los supuestos
contemplados en las causales previstas para su procedencia24.
41. Ahora bien, los vicios o errores en los que se debe fundamentar el recurso son
eminentemente procedimentales, dado que ninguno está dirigido a cuestionar la
labor intelectual de juzgamiento, pues:
“(…) todos involucran, bien sea una irregularidad de carácter procesal (numeral 5,
referido a la existencia de causal de nulidad originada en la sentencia, y numeral
8, referido al desconocimiento de la cosa juzgada), o bien, aspectos que atañen a
la validez intrínseca o insuficiencia de los elementos de prueba que determinaron
el sentido de la decisión (numerales 1, 2, 3, 6 y 7), a excepción de la causal del
numeral 4, referida a la violencia o cohecho en que se pudo incurrir en el
pronunciamiento del fallo”25.
ii). Las causales de revisión invocadas en el caso concreto
42. La parte recurrente solicita la revisión de la sentencia impugnada con
fundamento en las causales recurso especial de revisión descritas en los numerales
a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la cual establece la posibilidad de que
el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia, según sus competencias,
revisen las providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de
sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública.
Asimismo, cuando la mesada pensional se haya otorgado como resultado de una
transacción o conciliación26.
43. La norma establece como causales del recurso las siguientes:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con
la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.
44. Ahora, aunque la mencionada disposición estableció que el recurso se tramitará
por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión, que para
el caso de la jurisdicción de lo contencioso administrativo es el regulado en los
artículos 248 y siguientes del CPACA, el Consejo de Estado ha precisado que las
24 Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 1º de
diciembre de 1997, radicado REV 117, C.P. Libardo Rodríguez Rodríguez. Consultar, igualmente:
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Trece Especial de Decisión,
sentencia del 7 de abril de 2015, radicado. 2006-00318-00(REV), C.P. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
25 Consejo de Estado, Sala Plena de Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de
Decisión, sentencia del 2 de febrero de 2016, radicado 2015-02342-00(REV), C.P. Alberto Yepes
Barreiro.
26 En cuanto a las entidades legitimadas para su interposición, la precitada norma establece que la
acción especial estará a cargo del Gobierno nacional (a través de los Ministerios del Trabajo y de
Hacienda y Crédito Público), del contralor general de la República y del procurador general de la
Nación. De igual modo, la Corte Constitucional, mediante la Sentencia SU-427 de 2016, habilitó a
las administradoras encargadas de reconocer prestaciones periódicas para impetrarla.
11
Radicado: 11001031500020240674800
Recurrente: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social
causales señaladas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003
presentan aspectos que particularizan el procedimiento que se debe seguir para su
trámite, del establecido para el recurso extraordinario de revisión propiamente
dicho27, por las siguientes razones:
i) Son susceptibles del recurso no solo las sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo
de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación.
ii) Están legitimadas para su interposición el Gobierno nacional –por conducto de los
Ministerios de Trabajo y de Hacienda y Crédito Público–, del contralor General de la
República o del procurador General de la Nación y las administradoras públicas que
conceden las pensiones.
iii) Respecto a su alcance, la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el debate
probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en contra de
lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la prestación y
su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados del tesoro público,
la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el
principio de universalidad que lo inspira.
iv) De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita analizar de nuevo
sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar los
aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación de aquel
(literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley, o en un valor
mayor al que corresponde, respectivamente.
v) Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al
reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo con
las normas que rigen la materia.
Por otra parte, vale advertir que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión con
la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero, precisamente, estos
mecanismos se instituyeron como una excepción que debe admitirse frente a un fin
legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al
debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley.
45. Ahora bien, en relación con las causales para la procedencia del recurso, debe
resaltarse, en primer lugar, que en torno a la causal de revisión del literal “a)” la
Constitución Política, en su artículo 29, prevé el derecho al debido proceso como
un derecho fundamental encaminado a garantizar a cada persona el respeto en
todas las actuaciones que se surten en los procesos judiciales o en trámites
administrativos, con el propósito de lograr la aplicación correcta de la justicia.
46. En este sentido, se ha señalado que para que se configure la referida causal
debe acreditarse que la pensión fue reconocida con vulneración del núcleo de
garantías del debido proceso que se desprenden del artículo 29 de la Constitución
Política, el cual comprende, fundamentalmente, tres elementos: (i) el derecho al
juez natural o funcionario competente; (ii) el derecho a ser juzgado según las formas
de cada juicio o procedimiento; y (iii) las garantías de audiencia y defensa, dentro
de las que se encuentran el derecho a ofrecer y producir la prueba de descargo, la
presunción de inocencia, el derecho a la defensa técnica, el derecho a un proceso
público y sin dilaciones, el derecho a que se produzca una decisión motivada, el
derecho a impugnar la decisión y la garantía de non bis in ídem28.
27 Entre otras decisiones, ver: Consejo de Estado, Sala 10 Especial de Decisión, sentencia del 26
de marzo de 2025, radicado: 11001-03-15-000-2020-03719-00 (REV). C.P. Juan Enrique Bedoya
Escobar y Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 1 de febrero de 2024,
radicado 11001-03-25-000-2016-00946-00 (4322-2016). C.P. Rafael Suárez Vargas.
28 Cfr. Consejo de Estado, Sala 10 Especial de Decisión, sentencia del 26 de marzo de 2025,
radicado: 11001-03-15-000-2020-03719-00. C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar; Consejo de
Estado, Sala 22 Especial de Decisión, sentencia del 30 de septiembre de 2024, radicado: 11001-
03-15-000-2023-04763-00. C.P. Wilson Ramos Girón y Consejo de Estado, Sala 22 Especial de
Decisión.
12
Radicado: 11001031500020240674800
Recurrente: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social
47. En todo caso, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha considerado que, por
regla general, no es posible alegar los fundamentos propios del litigio o la
controversia suscitada en el marco del medio de control que derivó en la providencia
recurrida.
48. Por el contrario, es necesario exponer las razones por las cuales la sentencia
desconoció el derecho fundamental al debido proceso, con el alcance que tiene
este derecho a propósito de las actuaciones judiciales29.
49. Por su parte, la jurisprudencia de esta corporación ha precisado que la causal
del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 se configura cuando la sentencia
objeto de controversia reúne los siguientes supuestos30:
(i) decretó el derecho a devengar sumas periódicas de dinero o pensiones de
cualquier naturaleza con determinado monto.
ii) que los recursos para el pago del derecho conferido están a cargo del tesoro
público o de fondos de naturaleza pública; y
(iii) que el monto de la prestación periódica no corresponda a lo legalmente
establecido porque excede la cuantía determinada por las normas aplicables31.
50. De igual manera, se ha establecido que la finalidad de esta causal es permitir
que se pueda accionar contra una sentencia judicial ya ejecutoriada y que ha hecho
tránsito a cosa juzgada, para corregirla, porque reconoció prestaciones periódicas
cuyo monto o cuantía excede lo legalmente previsto.
51. En ese orden, en lo que respecta al sistema pensional, pretende restablecer el
propósito y la sostenibilidad del sistema pensional bajo los principios de solidaridad
y equilibrio financiero32.
52. Asimismo, la causal se creó con el objetivo específico de discutir la cuantía o el
monto de la prestación social y no el derecho a la pensión. Por lo tanto, no puede
ser utilizada para que las entidades de previsión social reabran el debate sobre el
cumplimiento de los requisitos del derecho pensional. Al respecto, esta corporación
ha indicado que el examen de la causal aludida debe:
(…) partir del supuesto de que el beneficiario de la prestación (o de la pensión
otorgada) reúne los requisitos exigidos para ser acreedor del derecho; empero, se
debe verificar si existe o no un exceso en la cuantía reconocida mediante
sentencia judicial. En otras palabras, bajo esta causal no es posible controvertir la
aptitud legal del accionado para adquirir la pensión (…).33.
29 Consejo de Estado, Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia del 14 de octubre de 2025,
radicado: 11001-03-15-000-2024-06961-00
30 Consejo de Estado, Sala 10 Especial de Decisión, sentencia del 26 de marzo de 2025, radicado:
11001-03-15-000-2020-03719-00 (REV). C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
31 Consejo de Estado, Sala 22 Especial de Decisión, sentencia del 26 de marzo de 2025, radicado:
11001-03-15-000-2020-03719-00 (REV). C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
32 Consejo de Estado, Sala 22 Especial de Decisión, sentencia del 26 de marzo de 2025, radicado:
11001-03-15-000-2020-03719-00 (REV). C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
33 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 1 de febrero de 2024, radicado
11001-03-25-000-2016-00946-00 (4322-2016). C.P. Rafael Suárez Vargas. En el mismo sentido se
han pronunciado algunas Salas Especiales de Decisión. Ver entre otras: Consejo de Estado, Sala
22 Especial de Decisión, sentencia del 26 de marzo de 2025, radicado: 11001-03-15-000-2020-
03719-00. C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
13
Radicado: 11001031500020240674800
Recurrente: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social
iii) Solución del caso concreto: los argumentos formulados contra la
sentencia objeto de revisión no configuran la causal a) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003 relativa a que el reconocimiento de la pensión se haya
obtenido con violación al debido proceso
53. En primer lugar, el recurrente afirma que la sentencia de segunda instancia
incurre en una violación al debido proceso y en defectos sustantivo y fáctico, en
razón a: i) que el señor Giraldo Díaz no cumplió con el requisito exigido por el
artículo 2 del Decreto Ley 1047 de 1978 para acceder a la pensión34, en tanto no
estaba vinculado a la entidad al momento de cumplir con los 50 años de edad
requeridos para acceder a la pensión y, ii) la sentencia recurrida inaplicó
incorrectamente esta exigencia legal a través de la figura de la excepción de
inconstitucionalidad.
54. En esta línea, el actor considera que en el reconocimiento de la pensión fueron
vulnerados los artículos 1, 2, 6, 29, 48, 93 y 230 de la Constitución, por cuanto las
actuaciones de los particulares y los funcionarios deben someterse a las leyes, de
manera que su desconocimiento va en contravía del interés general y de los fines
esenciales del Estado y el debido proceso. Además, advierte que el reconocimiento
de la pensión al señor William Giraldo Díaz, sin cumplir el requisito de estar activo
al servicio al cumplir los 50 años de edad, vulnera el derecho a la igualdad de los
demás funcionarios de la entidad, en cuanto a los requisitos exigidos para acceder
a la pensión.
55. Al respecto la Sala observa lo siguiente:
56. El principio de legalidad se encuentra estrechamente vinculado con las garantías
del debido proceso y, como se analizó en precedencia, esta corporación ha
establecido que para que su desconocimiento se configure en una causal de
revisión de una sentencia que reconoce un derecho pensional, en virtud de lo
dispuesto en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, se hace necesario
que la sentencia desconozca el debido proceso en las garantías esenciales que se
derivan del artículo 29 superior, o se constituyan en un defecto sustantivo o fáctico
de aquellos que permiten revocar una sentencia judicial por vía de tutela. Por lo
tanto, no es admisible invocar esta causal, simplemente, para discutir una diferencia
de criterio con la interpretación realizada de manera sustentada y razonada por el
juez de instancia, sobre el alcance y aplicación de la norma aplicable al caso
concreto, tal como sucede en este evento.
57. En este orden de ideas, la Sala resalta, en primer lugar, que las circunstancias
alegadas por la UGPP en el recurso extraordinario de revisión no implican un
desconocimiento: i) del derecho al juez natural o funcionario competente; (ii) el
derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento; y (iii) las
garantías de audiencia y defensa, dentro de las que se encuentran el derecho a
ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el derecho a
la defensa técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones, el derecho a
que se produzca una decisión motivada, el derecho a impugnar la decisión y la
garantía de non bis in ídem.
34 Decreto ley 1047 de 1978. “Los empleados públicos que hayan aprobado el curso a que se refiere
el artículo anterior y que permanezcan al servicio del Departamento Administrativo de Seguridad por
un término no menor de 16 años continuos en el desempeño de funciones de dactiloscopistas,
tendrán derecho a la pensión de jubilación al cumplir 50 años de edad, siempre que para esta época
fueren funcionarios de ese Departamento.
14
Radicado: 11001031500020240674800
Recurrente: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social
58. Asimismo, lo planteado por el recurrente tampoco acredita que la sentencia de
la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado haya incurrido en
un desconocimiento sustancial del principio de legalidad, toda vez que en el caso
sub lite el juez no ignoró la existencia de la norma aplicable al caso concreto, ni la
aplicó “de manera manifiestamente errada”, como lo alega el recurrente. Por el
contrario, el ad quem decidió inaplicarla de manera sustentada y razonada, por
medio de la excepción de inconstitucionalidad. En efecto, en la decisión de segunda
instancia la Subsección A, de la Sección Segunda de esta Corporación señaló:
Frente a la edad, bajo el supuesto del artículo 2 del Decreto 1047 de 1978, el
interesado debe acreditar 50 años «siempre que para esta época fueren
funcionarios de ese Departamento», esto es, al servicio del DAS; sin embargo, el
señor Giraldo Díaz alcanzó la edad cuando su relación con la entidad había
fenecido. Ahora, esta Subsección también ha señalado que la interpretación que
corresponde otorgar a esta disposición, en el caso concreto, es que no es
necesario el cumplimiento de los 50 años de edad en vigencia del vínculo legal y
reglamentario, cuando el interesado ya había acumulado el tiempo de servicio
indispensable para estructurar la prestación, aunque la edad sí sea una condición
para otorgar el derecho, de manera que la adquisición del estatus jurídico de
pensionado ocurrirá cuando se alcance ese momento.
Así las cosas, la Sala considera que debe desatenderse el aparte del artículo 2
del Decreto 1047 de 1978 aludido, por vía de la figura de la excepción de
inconstitucionalidad, en virtud de la cual el operador inaplica un enunciado
normativo manifiestamente contrario a los principios, garantías y derechos
superiores de la Constitución Política, por desconocerlos o contrariarlos.
Lo anterior, en atención a que, como lo ha indicado la Sala en asuntos similares,
la exigencia de cumplir 50 años de edad a fin de consolidar una pensión de
vejez, pero que además esto ocurra en la época de vinculación oficial con la
entidad, resulta violatorio del derecho a la igualdad y desproporcionado
frente a la situación de quienes logran acreditar 20 años de labor, pues a
estos últimos no se les exige la permanencia en el servicio estatal, con lo
que, además, se vulnera el principio de favorabilidad de quienes acreditan el
cumplimiento de los requisitos de tiempo de servicio y edad necesarios para
ser titular de una pensión especial de jubilación.
Resulta importante destacar igualmente, que si el artículo 2 del Decreto 1047 de
1978 pretendía generar algún beneficio o flexibilizar los requisitos para quienes
hubiesen acumulado un tiempo considerable de servicio, implica entender que,
exigirle a estos servidores que permanezcan hasta los 50 años al servicio del DAS,
no resultaría acorde con la finalidad de la norma, si se tiene en cuenta que se
debían vincular entre los 20 y 26 años de edad, según lo dispuesto en el
Decreto 1550 de 1978.
De modo que si un detective se vincula, incluso en la edad máxima posible
de ingreso (26 años), al alcanzar el tiempo de servicio (18 años) cumpliría
apenas 44 de edad, y no colmaría el requisito de permanecer hasta los 50
años en vigencia del vínculo legal y reglamentario, como lo establece la norma;
lo que se traduce en que dicha disposición carecería de un efecto útil, ya que
ningún servidor lograría acreditar esos supuestos y, a la postre, le correspondería
una carga mayor y de imposible cumplimiento.
En consecuencia, si el propósito de la disposición era disminuir la rigurosidad de
los preceptos que le permitían alcanzar el estatus de pensionado, imponer
condicionamientos que superen tal propósito haría inane el fin pretendido y
conllevaría a dar un tratamiento desigual entre detectives con una expectativa
similar ante la ley.
Por lo expuesto, y en atención a que el señor William Giraldo Díaz se vinculó al
DAS con anterioridad al 3 de agosto de 1994; a la fecha de entrada en vigencia
de la Ley 860 de 2003 ya había cotizado 941 semanas; acreditó más de 18 años
15
Radicado: 11001031500020240674800
Recurrente: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social
de servicio en calidad de detective; y cumplió los 50 años de edad el 27 de mayo
de 2010, la Sala concluye que sí es beneficiario del régimen especial previsto en
el artículo 2 del Decreto 1047 de 1978, por virtud de lo dispuesto en los artículos
2, parágrafo 5 de la Ley 860 de 2003, 4 del Decreto 1835 de 1994 y 10 del Decreto
1 933 de 1989. (negrillas fuera del texto).
59. Como se observa, a juicio del ad quem exigir a los detectives del DAS que
cuenten con 18 años de servicios permanecer activos en la entidad hasta cumplir
50 años de edad, a efectos de poder acceder a su pensión, es un condicionamiento
adicional, superior y más gravoso del exigido en el artículo 1 del mismo decreto
para acceder a la pensión con 20 años de servicios: evento para el cual no se exige
ni una edad determinada ni permanecer en servicio activo hasta cumplirla.
60. Por esta razón, concluyó que la referida exigencia vulnera los derechos
fundamentales a la igualdad y a la seguridad social de los trabajadores que cumplen
18 años de servicios y, por lo tanto, decidió inaplicarla en el caso concreto a través
de la figura de la excepción de inconstitucionalidad.
61. De esta manera, la Sala Especial advierte que la sentencia de la Subsección A
del Consejo de Estado fue adoptada de manera razonada, con fundamento en las
normas legales aplicables al caso concreto y en cumplimiento de su obligación
constitucional de dar prevalencia a las normas constitucionales frente a aquellas
legales que son contrarias a los principios y derechos constitucionalmente
involucrados en el caso analizado.
62. Adicionalmente, en el recurso extraordinario de revisión presentado por la
entidad, la UGPP considera que el defecto sustantivo de la sentencia recurrida
deriva del desconocimiento del precedente. Como fundamento de sus afirmaciones,
la entidad transcribió los siguientes apartes de una decisión jurisprudencial, sin su
identificación:
Nótese que el fallador de segundo nivel, indicó que no era procedente la aplicación
de la excepción de inconstitucionalidad por parte del CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A, con respecto a la expresión “siempre que para esta época
fueren funcionarios de ese Departamento” contenida en el artículo 2 del Decreto
1047 de 1978, por cuanto, “el operador jurídico al desatender el aparte del artículo
2 del Decreto 1047 de 1978 está inaplicando una norma de rango constitucional
como lo es el 01 de 2005, dado que esta última establece la exigencia de todos
los requisitos y condiciones establecidas en la ley para acceder al reconocimiento
de una pensión; es decir, que al desconocer el contenido de una ley especial está
desconociendo indirectamente el contenido de una norma de rango supralegal.
63. La Sala advierte que este reparo no se encuentra debidamente sustentado por
la falta de identificación de la sentencia aludida. Adicionalmente, se advierte que,
contrario a lo expuesto en los apartes transcritos, la excepción de
inconstitucionalidad ha sido utilizada en otras ocasiones por la jurisprudencia de la
Sección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, para inaplicar el requisito
establecido en el artículo 2 del Decreto Ley 1047 de 1978, de estar vinculado a la
16
Radicado: 11001031500020240674800
Recurrente: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social
entidad cuando se cumplan los 50 años de edad necesarios para acceder a la
pensión con 18 años de servicio35.
64. Ahora bien, otros de los argumentos planteados por la UGPP para alegar un
defecto fáctico y sustantivo de la sentencia recurrida es el siguiente:
En este evento, el juez de segunda instancia no ha debido ni le era posible
decretar una pensión especial de jubilación considerando que de conformidad con
el régimen aplicable, para acceder a la prestación el servidor además de reunir los
requisitos de tiempo de servicio y edad, debe encontrarse vinculado al DAS
para la fecha en que cumple el estatus, exigencia que las autoridades judiciales
inobservaron invocando la excepción de inconstitucionalidad, lo cual, es irregular,
por cuanto dicho requerimiento se aviene a la Constitución Política y al Acto
Legislativo 01 de 2005 (Resalta la Sala)
65. Verificado el texto de la norma citada por la UGPP, la Sala observa que el
referido Acto Legislativo 01 de 2005 alude a aspectos concernientes a la
sostenibilidad financiera del sistema pensional, los derechos adquiridos y la
adquisición de los derechos pensionales conforme los requsiitos previstos en la ley,
normativa que no se advierte desconocida con la setencia recurrida, en cuanto esta
adopta, se itera, con una interpretación constitucional de los requisitos exigidos por
la ley para acceder al derecho a la pensión en el caso concreto.
66. Por otra parte, para sustentar el defecto fáctico, la UGPP cuestionó la valoración
del registro civil de nacimiento de William Giraldo Díaz en los siguientes términos:
[…] esto sumado a que la interpretación errada de los derechos adquiridos y de las
meras expectativas, no conducían de manera pura y simple a señalar que el señor
Giraldo Díaz tenía un derecho adquirido por el solo hecho acreditar 18 años del
servicio al DAS, pues el material probatorio (registro civil de nacimiento)
advertía que ante la ausencia del requisito legal para obtener la pensión, el derecho
pensional se ubicó en una mera expectativa que sólo se concretaba con el lleno de
las exigencias legales.
67. Al respecto, la Sala observa que, pese a que la demandante objetó la valoración
del registro civil, realmente lo que pretende es insistir en el presunto indebido
reconocimiento de la pensión especial de jubilación del DAS al favor de William
Giraldo Díaz.
68. Lo mismo ocurre con el argumento según el cual la pensión a favor de William
Giraldo Díaz le corresponden a Colpensiones, “por tratarse de la última entidad de
seguridad social a la cual aportó, el cual tiene como presupuesto la no aplicación
del régimen especial del DAS al señor Giraldo Díaz.
69. Finalmente, la Sala advierte que la providencia recurrida por la UGPP no incurrió
en un abuso del derecho, pues las consideraciones que sirvieron de fundamento a
la decisión son razonables y están sustentadas en la jurisprudencia del Consejo de
Estado en la materia.
35 Así, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
Sentencia del 3 de noviembre de 2022, radicación 47001-23-33-000-2015-00335-01 (2533-2017)
C.P. William Hernández Gómez.
17
Radicado: 11001031500020240674800
Recurrente: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social
70. En definitiva, la Sala encuentra que los defectos alegados no corresponden a
los presupuestos legales y jurisprudenciales que podrían viciar de nulidad la
providencia recurrida por violación del debido proceso y, adicionalmente, no se
evidencia que el ad quem haya incurrido en un defecto sustantivo o fáctico que
permita revocar la sentencia de segunda instancia.
71. Por el contrario, es evidente que los argumentos del recurso extraordinario
interpuesto se encaminan a controvertir las consideraciones expuestas en la
sentencia de segunda instancia y, en consecuencia, a convertir este recurso,
indebidamente, en una tercera instancia y revivir el análisis contenido en la
sentencia censurada, para lo cual, se itera, no está concebido este recurso
extraordinario de revisión.
72. Por lo todo expuesto, el cargo formulado por el recurrente no está llamado a
prosperar.
iv) Los argumentos formulados contra la sentencia objeto de revisión no
configuran la causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 relativa a que la
cuantía del derecho reconocido exceda lo debido de acuerdo con la ley, pacto
o convención colectiva
73. De la lectura integral del recurso extraordinario de revisión se advierte que el
recurrente no presentó argumentos que permitan configurar esta causal, toda vez
que se limitó a reiterar aquellos por los cuales considera que el señor William
Giraldo Díaz no tenía derecho al reconocimiento de la pensión especial prevista en
el Decreto Ley 1045 de 1978 y, en esta línea, concluyó lo siguiente:
Conforme a las anteriores consideraciones, es pertinente concluir que el fallo
emitido por el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A de fecha 06 de julio
de 2023, mediante el cual se reconoció y ordenó el pago de una pensión especial
de vejez, es irregular y, en consecuencia, procede la devolución de las mesadas
pagadas – en exceso - al señor WILLIAM GIRALDO DIAZ, las cuales se estiman
a la fecha en la suma de $255.610.774.
74. Como se analizó previamente, la causal invocada por el recurrente se creó con
el objetivo específico de discutir la cuantía o el monto de la prestación social y no
para reabrir el debate sobre el cumplimiento de los requisitos del derecho pensional.
75. En consecuencia, el cargo invocado no prospera.
I. Costas
76. La Sala condenará en costas a la parte recurrente teniendo en cuenta que el
recurso presentado no prosperó, en virtud del artículo 255 del CPACA 36. Estas se
liquidarán de conformidad con el artículo 366 del CGP; la condena incluye las
agencias en derecho que se fijan, en atención al concepto y los criterios definidos
para su causación en el Acuerdo PSAA16-10554 de 2016 del Consejo Superior de
la Judicatura, en un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de ejecutoria
de esta sentencia y en favor del señor William Giraldo Díaz.
36 CPACA. “Artículo 255. (…) Si se declara infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios
al recurrente.”.
18
Radicado: 11001031500020240674800
Recurrente: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sala Séptima Especial de Decisión, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: DECLÁRASE INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
promovido por la parte demandada contra la sentencia proferida el 6 de julio de
2023, por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, dentro del
expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 44001-23-33-
000-2015-00103-01 (4208-2016).
SEGUNDO: Condénese en costas a la parte recurrente, las cuales se liquidarán de
conformidad con lo establecido en el artículo 366 del CGP; por Secretaría
liquídense e inclúyase, por concepto de agencias en derecho, la suma equivalente
a un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de ejecutoria de esta
sentencia en favor de la William Giraldo Díaz.
TERCERO: Cumplido lo anterior y ejecutoriada esta providencia, ARCHÍVESE
el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
(Firmado electrónicamente)
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Presidente de la Sala 7 Especial de Decisión
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
CARLOS FERNANDO MANTILLA JORGE EDISON PORTOCARRERO
NAVARRO BANGUERA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado Magistrado
Salvamento de voto parcial
19
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.