Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06716-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06716-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-06716-00
Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria
26 de junio de 2026
Expediente: 11001031500020250671600 (10652)
Recurrente: Leónidas Lorenzo Lázala Castillo
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA SÉPTIMA ESPECIAL DE DECISIÓN
CONSEJERO PONENTE: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Bogotá, D. C., veintiséis de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Radicación: 11001031500020250671600 (10652)
Recurrente: Leónidas Lorenzo Lázala Castillo
La Sala resuelve el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra la
sentencia dictada el 29 de agosto de 2024 por la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho identificado con el radicado 20001-23-33-000-2019-00336-01. En esa
sentencia se dispuso lo siguiente:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 24 de agosto de 2023 proferida por el
Tribunal Administrativo del Cesar, que negó las pretensiones de la demanda
promovida por Leónidas Lorenzo Lázala Castillo en contra de la Nación –
Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional y la Caja de Sueldos de Retiro
de la Policía Nacional, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia, excepto la condena en costas que se revoca. En su lugar, se dispone
no condenar a la parte demandante en primera instancia.
SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.
TERCERO: Ejecutoriada esta decisión, por Secretaría, DEVOLVER el expediente
al Tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor. (...)1
La Sala es competente para proferir esta providencia en virtud de lo dispuesto en
el artículo 249 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo, en adelante “CPACA”, el artículo 2° del Acuerdo
321 de 2014 de la Sala Plena del Consejo de Estado y el artículo 29 del Acuerdo
080 de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 2024, Reglamento Interno del
Consejo de Estado.
SÍNTESIS2
Se formula recurso extraordinario de revisión con fundamento en la causal octava
del artículo 250 del CPACA (ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya
cosa juzgada entre las partes) contra la sentencia de segunda instancia proferida
por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que confirmó
la decisión del Tribunal Administrativo del Cesar de denegar las pretensiones de
nulidad y restablecimiento del derecho dirigidas contra los actos administrativos que
negaron el reajuste, con base en el IPC de los años 1992 a 2004, de la asignación
1 Índice 11, Samai.
2 Temas: Recurso extraordinario de revisión / causal octava del artículo 250 del CPACA / Régimen salarial y
prestacional de los miembros de la Policía Nacional / actualización de la asignación de retiro con base en el
IPC.
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Expediente: 11001031500020250671600 (10652)
Recurrente: Leónidas Lorenzo Lázala Castillo
básica y de las prestaciones sociales del recurrente como miembro activo de la
Policía Nacional y, en consecuencia, de su asignación de retiro. El recurrente
sostiene que ambas decisiones contrariaron la sentencia C-931 de 2004, proferida
por la Corte Constitucional, la cual hizo tránsito a cosa juzgada constitucional, tiene
efectos erga omnes y contiene un mandato de actualización plena del poder
adquisitivo de los salarios de los servidores públicos, de obligatorio cumplimiento
para todas las autoridades. La Sala declara infundado el recurso porque la
sentencia de constitucionalidad invocada, proferida en ejercicio del control
abstracto de constitucionalidad, no constituye cosa juzgada entre las partes del
proceso ordinario, al no concurrir la identidad de partes, de objeto ni de causa que
exige la causal. Adicionalmente, porque los argumentos del recurrente solo
pretenden reabrir un debate jurídico resuelto en las instancias, finalidad ajena a
este medio extraordinario de impugnación.
I. ANTECEDENTES
A. Demanda del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
1. El señor Leónidas Lázala Castillo presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación - Ministerio de
Defensa Nacional - Policía Nacional y la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía,
en adelante “CASUR”, en orden a que se declarara la nulidad de los siguientes
actos administrativos: i) Oficio S-2019-017433/ANOPA-GRULl-1.10 del 2 de abril
de 2019, expedido por la Policía Nacional, mediante el cual se negó la solicitud de
reajuste de la asignación básica y demás prestaciones sociales tomando como
base el Índice de Precios al Consumidor, en adelante, “IPC”, certificado por el DANE
para los años 1992 a 2004 y, ii) Oficio E-00001-201907902-CASUR Id 420549, del
9 de abril de 2019, mediante el cual CASUR resolvió de manera desfavorable la
petición de reliquidación de la asignación de retiro junto con las prestaciones
sociales, conforme al IPC dejado de percibir entre los años 1992 a 2004.
2. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó: i) que la Policía Nacional reliquidara, reajustara y pagara la diferencia entre
la asignación mensual reconocida para los meses de enero a diciembre de 2004,
según lo establecido en el Decreto 4158 de 2004 y la que correspondía por la
actualización de la inflación causada en el año 2003; ii) que la Policía Nacional
reliquidara, reajustara y pagara el incremento resultado de la diferencia entre la
asignación mensual pagada por la entidad a partir del mes de enero del año 2005
a la fecha de retiro, con fundamento en la inflación acumulada y causada entre los
años 1992 al 2004; iii) que los incrementos anteriores se liquidaran año por año
desde 2004, aplicando el ajuste más favorable entre la inflación causada y lo
decretado por el Gobierno Nacional; iv) que la Policía Nacional corrigiera,
adicionara o modificara la hoja de servicios, con el fin de reflejar el incremento
derivado de la actualización de la asignación básica tomada como referente de la
escala gradual porcentual; v) que la Policía Nacional efectuara los trámites
correspondientes ante CASUR, para que la corrección de la hoja de servicios
tuviera incidencia en la asignación de retiro; vi) como consecuencia de lo anterior,
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Recurrente: Leónidas Lorenzo Lázala Castillo
ordenar a CASUR que reliquide, reajuste y pague la diferencia entre la asignación
mensual de retiro reconocida y la que, correspondía por la actualización plena de
la inflación acumulada y causada entre los años 1992 a 2004; vii) que las sumas
adeudadas se cancelaran de forma indexada, con fundamento en el artículo 187
del CPACA, desde el momento de causación del derecho pretendido hasta el pago
efectivo; viii) que se reconociera la suma equivalente a 100 SMLMV por concepto
de indemnización por los perjuicios materiales e inmateriales que se hayan
causado, así como cualquier otro valor que resulte probado; ix) que se condene a
la Policía Nacional al pago de la sanción moratoria prevista en las Leyes 244 de
1995 y 1071 de 2006 por el pago desactualizado de las cesantías definitivas y, x)
que se condenara en costas a las entidades demandadas.
B. Sentencias del proceso de nulidad y restablecimiento de derecho.
3. En primera instancia, el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho se
tramitó bajo el radicado número 20001-23-33-000-2019-00336-00. Su conocimiento
correspondió al Tribunal Administrativo del Cesar, el cual negó las pretensiones de
la demanda en sentencia del 24 de agosto de 20233. El Tribunal consideró que no
había lugar a acceder a las solicitudes presentadas por el señor Leónidas Lorenzo
Lázala Castillo, de reajuste de su asignación básica y de las prestaciones sociales
recibidas durante los años 1992 a 2004 con fundamento en el IPC, así como a la
reliquidación de su asignación de retiro desde el año 2004.
4. En síntesis, consideró que en virtud del literal e) del numeral 19 del artículo 150
de la Constitución Política4, el Congreso de la República expidió la Ley 4ª de 1992,
mediante la cual se facultó al Gobierno Nacional a regular lo relativo al régimen
salarial y prestacional de los miembros de la Fuerza Pública con sujeción a la ley y
a la escala gradual porcentual que nivela la remuneración del personal activo y
retirado. Por esa razón, la asignación básica del personal activo no puede ser
reajustada judicialmente con base en el IPC, toda vez que los incrementos
obedecen a los decretos expedidos anualmente por el Gobierno Nacional.
5. Por otra parte, precisó que el artículo 279 de la Ley 100 de 19935 exceptuó de la
aplicación del Sistema Integral de Seguridad Social a los miembros de las Fuerzas
Militares y de la Policía Nacional, lo que en principio los excluiría del reajuste de la
asignación de retiro según la variación porcentual del IPC previsto en el artículo 14
ibid.
6. Sin embargo, la Ley 238 de 1995 dispuso que dichos servidores son beneficiarios
3 Índice 60, Samai del Tribunal.
4 “Artículo 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:
(…)
19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el
Gobierno para los siguientes efectos:
(…)
e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y
la Fuerza Pública (…)”.
5 “Artículo 279. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la presente Ley no se aplica a los
miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto ley 1214 de
1990, con excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no
remunerados de las Corporaciones Públicas (…)”.
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Recurrente: Leónidas Lorenzo Lázala Castillo
de ese mecanismo de actualización, aunque aclaró que el reajuste con base en el
IPC solo resultaba aplicable a las asignaciones de retiro de los miembros de la
Fuerza Pública durante el periodo comprendido entre 1996 y 2004, siempre que
sea más favorable que el principio de oscilación6 y únicamente respecto de quienes
ya tenían reconocida esa asignación durante ese periodo, no para quienes se
encontraban en servicio activo.
7. En esta línea, indicó que según las pruebas que obran en el expediente, la
asignación de retiro del señor Leónidas Lorenzo Lázala Castillo fue reconocida a
partir del 25 de mayo de 2014, esto es, cuando regía la Ley 923 de 2004,
reglamentada por el Decreto 4433 de 2004, bajo el cual se sostuvo la aplicación del
principio de oscilación. Por lo tanto, no le era aplicable la regla de la Ley 238 de
1995.
8. Por último, el Tribunal concluyó que las sentencias C-1433 de 2000 y C-931 de
2004 de la Corte Constitucional7 no eran aplicables al presente caso, por cuanto en
ninguna de las dos providencias se fijó regla alguna sobre la forma en que se debe
realizar el incremento salarial y prestacional de los miembros de la Fuerza Pública,
ni se estableció que la asignación básica del personal activo de la Policía Nacional
debía necesariamente incrementarse conforme al IPC certificado por el DANE para
los años 1992 a 2004, tal como lo pretende hacer valer la parte demandante. En
consecuencia, el Tribunal concluyó que los actos acusados son legales y, por tanto,
negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas en su contra.
9.En sentencia del 29 de agosto de 20248, la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado resolvió el recurso de apelación interpuesto por el
demandante y confirmó la sentencia de primera instancia, salvo lo relativo a la
condena en costas, la cual fue revocada.
10. En línea con la sentencia del Tribunal Administrativo del Cesar, realizó un
recuento del marco normativo y advirtió que la ley aplicable al caso concreto es la
Ley 923 de 2004, reglamentada a través del Decreto 4433 de 2004, por medio de
la cual se estableció el régimen pensional de asignación de retiro de los miembros
de la Fuerza Pública; normativa que impuso el sistema de ajuste anual con
aplicación del principio de oscilación.
11. El ad quem explicó que el ajuste con base en el IPC aplica únicamente a las
asignaciones pensionales del personal retirado, sin incidencia en los ajustes
anuales del salario en actividad. De manera que la normativa en cita no modificó
6 El principio de oscilación es una forma de reajuste aplicable exclusivamente a los miembros de la Fuerza
Pública, cuyo objetivo es preservar el derecho a la igualdad entre el personal retirado y el activo. Conforme a
ese mecanismo, las asignaciones de retiro y las pensiones se liquidan tomando en cuenta las variaciones que
se introduzcan en las asignaciones de actividad para cada grado, de manera que la mesada del retiro “oscila”
en el mismo porcentaje en que se modifique el salario del personal en servicio activo de su mismo grado. Ver:
Corte Constitucional, C-941 de 2003, sentencia del 15 de octubre de 2003, expediente D-4531, M.P. Álvaro
Tafur Galvis.
7 Corte Constitucional, sentencia C-1433 del 23 de octubre de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell; y Corte
Constitucional, sentencia C-931 del 29 de septiembre de 2004, expediente D-5125, M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra.
8 Índice 11, Samai.
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Expediente: 11001031500020250671600 (10652)
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de manera alguna el régimen salarial del personal activo, ni autorizó la reliquidación
de los salarios de los miembros de la fuerza pública con base en la inflación
acumulada y causada entre los años 1992 a 2004.
12. Por último, en relación con lo establecido en la sentencia C-931 de 2004 de la
Corte Constitucional, precisó que la providencia tuvo por objeto estudiar la
constitucionalidad de la Ley de Presupuesto para la vigencia 2004, de la cual no se
desprende regla alguna que permita reajustar la asignación básica del personal
activo de la Policía Nacional con base en el IPC para los años 1992 a 2004.
13. En ese orden de ideas, la Sala encontró que los incrementos salariales del actor
fueron efectuados conforme a los decretos expedidos por el Gobierno Nacional y
que su asignación de retiro fue reconocida desde el 25 de mayo de 2014, bajo el
régimen vigente para ese momento. Concluyó que no se desvirtuó la legalidad de
los actos demandados y confirmó la negativa de las pretensiones. No obstante,
revocó la condena en costas impuesta en primera instancia, al no advertir temeridad
o mala fe.
C. Recurso extraordinario de revisión
14. El 23 de octubre de 20259, el señor Leónidas Lorenzo Lázala Castillo, por
intermedio de apoderado judicial, interpuso recurso extraordinario de revisión
contra la sentencia del 29 de agosto de 2024, proferida por la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho tramitado con radicado número 20001-23-33-000-
2019-00336-01.
15. Para tal efecto, invocó la causal prevista en el numeral 8 del artículo 250 del
CPACA, consistente en “ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya
cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada. (…)”.
16. El recurrente solicitó que se declarara fundado el recurso extraordinario de
revisión, y que, como consecuencia, se infirmara la sentencia objeto de revisión. En
su lugar, pidió que se declarara la nulidad de los actos administrativos objeto de la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
17. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó: i) el reajuste y pago del incremento del 2,49% sobre la asignación mensual
del año 2004; ii) el reajuste y pago del incremento del 52,2543% sobre la asignación
mensual de retiro; iii) la liquidación mes a mes de los reajustes desde el año 2004;
iv) las correcciones necesarias en la hoja de servicios; v) el reconocimiento,
liquidación y pago del incremento sobre haberes mensuales, cesantías,
indemnizaciones y demás prestaciones sociales; vi) la realización del trámite ante
CASUR para que el reconocimiento se refleje en la asignación de retiro; vii) el
reconocimiento de los perjuicios morales equivalentes a 100 SMLMV; viii) la
indexación de las sumas retenidas e intereses moratorios desde el 20 de febrero
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Índice 2, Samai.
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de 2019 hasta la providencia que ponga fin al proceso; ix) la aplicación de la sanción
moratoria a la Policía Nacional, prevista en la Ley 244 de 1995 y el artículo 5 de la
Ley 1071 de 2006 por el pago desactualizado de las cesantías; x) el pago de
$500.000 pesos y el equivalente al 30% sobre el valor total de la sentencia por
concepto de perjuicios materiales, o en subsidio su reconocimiento a título de
costas y agencias en derecho; xi) la inaplicación por vía de excepción, con efectos
inter-partes de los decretos salariales expedidos desde el año 2004 y, xii) la
condena en costas.
18. Para fundamentar esas pretensiones, el recurrente formuló las siguientes
afirmaciones:
18.1. La sentencia recurrida es contraria a la sentencia C-931 de 2004 de la Corte
Constitucional, la cual constituye cosa juzgada constitucional, tiene efecto erga
omnes y contiene un mandato de carácter constitucional de obligatorio
cumplimiento para todas las autoridades, consistente en reconocer la actualización
plena de los salarios de los servidores públicos, conforme al índice de inflación
causada y acumulada, lo que además “conlleva implícitamente el restablecimiento
del derecho a mantener el poder adquisitivo de los salarios a quienes se les había
limitado o restringido dicho derecho”10.
18.2. En este sentido, el recurrente consideró que la sentencia recurrida desconoció
un mandato constitucional imperativo al negar la nulidad de los actos
administrativos demandados, pese a que la sentencia C-931 de 2004 imponía la
obligación de garantizar la actualización plena del salario de los servidores públicos.
18.3. Además, señaló que las providencias cuestionadas incurrieron en una
interpretación errónea al analizar la controversia a partir de la Ley 100 de 1993 y la
Ley 238 de 1995, cuando el verdadero fundamento de la acción de nulidad era el
mandato constitucional derivado de la sentencia C-931 de 2004, el cual constituye
cosa juzgada y es “oponible a todas las autoridades incluyéndose a los Jueces
Administrativos, Magistrados de Tribunal Administrativo y Magistrados del Consejo
de Estado”11.
18.4. Consideró que se encuentran acreditados los requisitos señalados por esta
Corporación para la configuración de la causal de revisión invocada, relativa a ser
la sentencia contraria a una anterior que constituya cosa juzgada entre las partes:
i) la existencia de dos decisiones contradictorias; ii) que la sentencia anterior se
haya dictado en un proceso en el que hubo identidad de objeto, partes y causa
petendi al de la segunda sentencia y iii) que de aquella se predique la cosa juzgada.
18.5. En cuanto a la existencia de dos sentencias contradictorias, sostuvo que los
fallos censurados desconocen lo establecido en la sentencia C-931 de 2004 de la
Corte Constitucional. Así, mientras la sentencia de la Corte Constitucional dispuso
que era necesario restablecer la actualización plena del poder adquisitivo de las
10 Índice 4, Samai.
11 Índice 4, Samai.
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Recurrente: Leónidas Lorenzo Lázala Castillo
asignaciones prestacionales de los servidores públicos, en la providencia objeto de
revisión se negó las pretensiones encaminadas a obtener la nulidad y el
restablecimiento del derecho de los actos administrativos que negaron el reajuste
salarial y prestacional de las asignaciones recibidas durante el servicio activo y de
la asignación de retiro del señor Leónidas Lorenzo Lázala Castillo.
18.6. Sobre la identidad en el objeto, el recurrente afirmó que la sentencia C-931 de
2004 y el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho versan sobre el
derecho a mantener el poder adquisitivo real del salario de los servidores públicos.
Sostuvo que la pretensión de reajuste salarial formulada en la demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho no es sustancialmente distinta del mandato
contenido en la providencia constitucional, toda vez que la solicitud de nulidad de
los actos administrativos demandados se fundó, precisamente, en los efectos
vinculantes de la decisión de la Corte.
18.7. Sobre la identidad de causa petendi, sostuvo que el fundamento de la acción
de nulidad y restablecimiento del derecho fue el incumplimiento del mandato
constitucional de actualización salarial plena, la cual, a su juicio, fue reconocida,
declarada y ordenada por la Corte Constitucional en la sentencia C-931 de 2004.
18.8. Sobre la identidad de las partes, sostuvo que no debía exigirse una identidad
física sino jurídica, en atención a los efectos erga omnes de la sentencia, por lo
que, una interpretación restrictiva del requisito vaciaría de contenido los efectos
vinculantes de las sentencias de constitucionalidad.
18.9. Por último, para sustentar que sus derechos no estaban afectados por la
prescripción, invocó la sentencia de unificación CE-SUJ2-015-19 del Consejo de
Estado12, en la que esta Corporación precisó que la posibilidad de obtener el
reajuste de la asignación de retiro tiene carácter imprescriptible y forma parte del
derecho fundamental a la seguridad social. Con fundamento en ello, afirmó que la
inaplicación de los decretos salariales expedidos desde 2004 tendría incidencia en
la liquidación de la asignación de retiro reconocida por CASUR.
D. Oposición al recurso extraordinario de revisión
19. CASUR13 y la Policía Nacional14, mediante escritos presentados por medio de
apoderados, se opusieron a la prosperidad del recurso extraordinario de revisión y
solicitaron se declarara infundado, en tanto no se configuraron los presupuestos de
la causal invocada. Señalaron, además, que el recurso pretende revivir el debate
jurídico decidido en primera y segunda instancia, por medio de argumentos
analizados en las decisiones proferidas en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, finalidad para la cual no está instituido el recurso.
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de unificación del
25 de abril de 2019, expediente 85001-33-33-002-2013-00237-01(1701-16) CE-SUJ2-015-19, C.P. William
Hernández Gómez.
13 Índice 24, Samai.
14 Índice 23, Samai.
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Expediente: 11001031500020250671600 (10652)
Recurrente: Leónidas Lorenzo Lázala Castillo
E. Concepto del Ministerio Público
20. La “Procuradora Delegada de Intervención 7, Segunda ante el Consejo de
Estado”, rindió concepto desfavorable a la prosperidad del recurso 15 y solicitó
declararlo infundado, al considerar que no se acreditaron los presupuestos exigidos
para la configuración de la causal octava de revisión prevista en el artículo 250 del
CPACA.
21. Destacó el carácter extraordinario del recurso, su improcedencia como tercera
instancia para reavivar el debate jurídico y probatorio ya concluido en el proceso
ordinario. En esa medida, señaló que el análisis debe circunscribirse a verificar si,
en el caso concreto, se configuran los presupuestos de la causal invocada.
22. Frente a la causal prevista en el numeral 8 del artículo 250 del CPACA, indicó
que, conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado, su prosperidad exige la
concurrencia de tres presupuestos: i) la existencia de dos sentencias
contradictorias, ii) que la sentencia anterior constituya cosa juzgada, lo que supone
identidad de partes, objeto y causa, y iii) que en el segundo proceso no se haya
podido proponer la excepción de cosa juzgada.
23. A partir de lo anterior, advirtió que el recurrente pretende confrontar la sentencia
C-931 de 2004 de la Corte Constitucional con la sentencia del 29 de agosto de
2024, proferida por la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado. Sin
embargo, no se acreditaron los presupuestos de la causal alegada, porque las
providencias comparadas fueron dictadas en procesos diferentes, por
jurisdicciones distintas y respecto de acciones que no guardan identidad de sujetos,
objeto ni causa.
24. En particular, precisó que la sentencia C-931 de 2004 resolvió una demanda de
inconstitucionalidad contra el artículo 2 de la Ley 848 de 2003, mientras que la
providencia objeto de revisión decidió un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho promovido por el recurrente, con el fin de obtener el reajuste salarial y
prestacional de las asignaciones recibidas durante el servicio activo y de la
reliquidación de su asignación de retiro.
25. Por esta razón, estimó que no existe una sentencia anterior que constituya cosa
juzgada entre las partes, ni una contradicción en los términos exigidos por la causal
invocada. Concluyó que el recurrente pretendía reabrir el debate propio del proceso
ordinario, finalidad para la cual no fue instituido el recurso extraordinario de revisión
y, en consecuencia, solicitó se declarara infundado.
II. CONSIDERACIONES
F. Aspectos procesales
26. La Sala se pronunciará de fondo porque están reunidos los presupuestos
15 Índice 27, Samai.
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Expediente: 11001031500020250671600 (10652)
Recurrente: Leónidas Lorenzo Lázala Castillo
procesales para decidir y el recurso fue interpuesto dentro del término de un (1)
año, previsto en el artículo 251 del CPACA16. La sentencia objeto de revisión se
notificó por correo electrónico enviado el 22 de octubre de 2024, quedó ejecutoriada
el 29 de octubre de 202417 y el recurso de revisión se radicó el 23 de octubre de
202518, por lo que el medio de impugnación fue oportuno.
G. Sentido de la decisión
27. La Sala declarará infundado el recurso extraordinario de revisión porque no se
acreditan los presupuestos exigidos para la configuración de la causal invocada.
Para resolver el recurso, corresponde determinar si la sentencia C-931 de 2004 de
la Corte Constitucional constituye una providencia anterior a la providencia del 29
de agosto de 2024, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, con efectos de cosa juzgada frente a la segunda y si esta puede
considerarse contraria a la sentencia invocada, en los términos del numeral 8 del
artículo 250 del CPACA.
28. En efecto, aunque el recurrente sostiene que la sentencia del 29 de agosto de
2024 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 20001-
23-33-000-2019-00336-01, contradice la sentencia C-931 de 2004 de la Corte
Constitucional, esa providencia no constituye una sentencia anterior que haya
hecho tránsito a cosa juzgada entre las partes del proceso ordinario. La sentencia
C-931 de 2004 fue dictada en ejercicio del control abstracto de constitucionalidad y
decidió una acción pública de inconstitucionalidad, promovida contra una
disposición legal de contenido presupuestal. Por esa razón, aunque tiene los
efectos erga omnes, propios de las sentencias de constitucionalidad, no resolvió
una controversia subjetiva entre el recurrente, por una parte, y la Policía Nacional
y CASUR, por otra.
29. En consecuencia, no se acredita el presupuesto inicial de la causal prevista en
el numeral 8 del artículo 250 del CPACA, relativo a la existencia de una sentencia
anterior que constituya cosa juzgada entre las partes, lo que hace innecesario
estudiar a fondo los demás elementos de la causal. Adicionalmente, la Sala advierte
que el recurso pretende reabrir el debate jurídico resuelto en el proceso ordinario
sobre la procedencia del reajuste salarial, prestacional y de la asignación de retiro
del recurrente, finalidad que es ajena a la naturaleza del recurso extraordinario de
revisión.
i) Generalidades del recurso extraordinario de revisión
30. El recurso extraordinario de revisión constituye una excepción al principio de
inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas que hacen tránsito a cosa juzgada,
pues abre la posibilidad de controvertir un fallo en firme, siempre que se configure
16 “Artículo 251. El recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia
(…)”.
17 Índice 11, Samai.
18 Índice 15, Samai.
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alguno de los supuestos consagrados taxativamente en la ley19.
31. El objeto del recurso es el restablecimiento de la justicia material, cuando se
advierte que ha sido afectada por situaciones o circunstancias exógenas que no
pudieron plantearse en el proceso correspondiente y que revisten de tal gravedad,
que autorizan al juez a romper el principio de la cosa juzgada: “(…) la revisión, más
que un recurso, es un medio para conseguir la realización de la justicia, pero no de
la justicia formal propia de las sentencias en firme contrarias a derecho, sino de
aquella verdadera que demandan el Preámbulo y los artículos 1º, 228 y 230 del
estatuto superior”20.
32. El
legislador estableció de manera taxativa las causales que habilitan la
procedencia del recurso extraordinario de revisión en la jurisdicción de lo
contencioso-administrativa y están contenidas en los artículos 250 de la Ley 1437
de 2011 y 20 de la Ley 797 de 200321.
33. El artículo 252 del CPACA22 dispone que el recurso debe interponerse mediante
escrito que deberá contener: i) la indicación de las partes y sus representantes, ii)
el nombre y domicilio del recurrente, iii) los hechos u omisiones que le sirvan de
fundamento y, iv) la indicación precisa y razonada de la causal invocada.
34. En atención a su carácter extraordinario, este recurso no es una tercera instancia
en la que puedan plantearse nuevamente argumentos de fondo en relación con la
sentencia que se pretende revisar. Por tal razón, las pretensiones y fundamentos
deben limitarse a demostrar la configuración de alguno de los supuestos
contemplados en las causales para su procedencia23.
35. Ahora bien, los vicios o errores en los que se debe fundamentar el recurso son
eminentemente procedimentales; ninguno está dirigido a cuestionar la labor
intelectual de juzgamiento, pues:
(…) todos involucran, bien sea una irregularidad de carácter procesal (numeral 5,
referido a la existencia de causal de nulidad originada en la sentencia, y numeral
8, referido al desconocimiento de la cosa juzgada), o bien, aspectos que atañen a
la validez intrínseca o insuficiencia de los elementos de prueba que determinaron
el sentido de la decisión (numerales 1, 2, 3, 6 y 7), a excepción de la causal del
numeral 4, referida a la violencia o cohecho en que se pudo incurrir en el
19 Corte Constitucional, sentencia C-739 del 11 de julio de 2001, exp. D-3293, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
20 Ibidem.
21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintisiete Especial de Decisión,
sentencia del 5 de marzo de 2019, radicación 11001-03-15-000-2018-00394-00, C.P. Rocío Araújo Oñate.
22 “Artículo 252. El recurso debe interponerse mediante escrito que deberá contener:
1. La designación de las partes y sus representantes.
2. Nombre y domicilio del recurrente.
3. Los hechos u omisiones que le sirvan de fundamento.
4. La indicación precisa y razonada de la causal invocada.
Con el recurso se deberá acompañar poder para su interposición y las pruebas documentales que el recurrente
tenga en su poder y solicitará las que pretende hacer valer”.
23 Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 1º de diciembre de 1997,
radicado REV 117, C.P. Libardo Rodríguez Rodríguez. Consultar, igualmente: Consejo de Estado, Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo, Sala Trece Especial de Decisión, sentencia del 7 de abril de 2015, radicado.
2006-00318-00(REV), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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pronunciamiento del fallo24.
36. En suma, el recurso extraordinario de revisión no es la vía para controvertir la
labor hermenéutica del juzgador ni la valoración probatoria, ni tampoco para
replantear cuestiones que el recurrente pudo haber alegado en el trámite ordinario.
Al respecto, esta Corporación ha precisado que este mecanismo extraordinario no
constituye una nueva instancia, ni puede utilizarse para discutir los fundamentos
jurídicos de las providencias, controvertir la actividad interpretativa del juez o
corregir errores de aplicación normativa25.
37. Se trata de un instrumento excepcional, habilitado para ventilar ciertos hechos
externos a la labor del juez, que pueden llegar a afectar el principio de justicia
material26.
ii) La causal de revisión invocada y la solución del caso concreto
38. El numeral 8 del artículo 250 del CPACA establece como causal de revisión de
las sentencias lo siguiente:
(...) 8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre
las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a
revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue
rechazada.
39. El instituto de la cosa juzgada otorga a las decisiones judiciales ejecutoriadas el
carácter de inmutables, vinculantes y definitivas, con el propósito de poner fin a las
controversias y de garantizar la seguridad jurídica. En su función negativa, prohíbe
a los jueces conocer y decidir de nuevo lo ya resuelto y en su función positiva, dota
de firmeza y de certeza a las relaciones jurídicas definidas en la sentencia27.
40. A partir de lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 250 del CPACA, la
jurisprudencia de esta Corporación28 ha precisado que la prosperidad de la causal
de revisión relativa a la cosa juzgada exige la concurrencia de tres presupuestos: i)
la existencia de dos sentencias contradictorias; ii) que la providencia anterior
contrariada por la sentencia objeto del recurso constituya cosa juzgada frente a
esta, lo cual ocurre en procesos donde estén involucradas idénticas partes, que
versen sobre el mismo objeto y causa, y que iii) la cosa juzgada no se haya alegado
como medio exceptivo en el segundo proceso.
41. El primero de los presupuestos enunciados, relativo a la existencia de dos
24 Consejo de Estado, Sala Plena de Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión,
sentencia del 2 de febrero de 2016, radicado 2015-02342-00(REV), C.P. Alberto Yepes Barreiro.
25 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Catorce Especial de Decisión,
sentencia del 13 de octubre de 2020, rad. 11001-03-15-000-2019-00119-00(REV), C.P. Alberto Montaña Plata.
26 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Tercera Especial de Decisión,
sentencia del 3 de agosto de 2022, exp. 2021-11463-00, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
27 Corte Constitucional, sentencia C-100 de 2019, M.P. Alberto Rojas Ríos.
28Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 2 de abril de 2013, radicación
11001-03-15-000-2001-00118-01 (REV), C.P. Gerardo Arenas Monsalve. En el mismo sentido: Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 31 de mayo de
2016, radicación 76001-23-31-000-1999-02223-01 (35440), C.P. Danilo Rojas Betancourth.
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sentencias contradictorias, responde a la finalidad de la causal de preservar la
seguridad jurídica y la unidad de la jurisdicción, de modo que una controversia
definida por sentencia ejecutoriada no sea resuelta de nuevo en sentido contrario.
Por eso, la contradicción relevante para la revisión no es la oposición abstracta
entre providencias ni la discrepancia sobre la interpretación de una regla jurídica,
sino la incompatibilidad entre dos decisiones que recaen sobre idéntica relación
jurídico-procesal. En esa medida, la sola invocación de una decisión anterior es
insuficiente para romper la inmutabilidad de la sentencia objeto del recurso29.
42. El segundo presupuesto, relativo a que la decisión anterior tenga fuerza de cosa
juzgada frente al proceso en el que se profirió la sentencia recurrida, debe
analizarse a partir del artículo 303 del Código General del Proceso 30, en adelante
“CGP”, aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA31. Conforme a esa norma,
la sentencia ejecutoriada tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo
proceso verse sobre el mismo objeto y causa y entre ambos procesos exista
identidad jurídica de partes. Corresponde verificar, entonces, si los tres elementos
concurren entre el proceso en el que se dictó la decisión invocada como contrariada
y aquel que culminó con la providencia objeto del recurso.
43. La identidad de objeto alude a que las pretensiones sometidas a la decisión
judicial coincidan con aquellas resueltas en el proceso anterior. La identidad de
causa exige que los hechos y fundamentos jurídicos que sirven de soporte a la
reclamación presenten plena coincidencia. La identidad de partes no exige la
equivalencia física sino jurídica, esto es, que quienes concurren al segundo proceso
sean los mismos sujetos que intervinieron en el primero o que deriven de ellos su
posición jurídica, como ocurre con la sucesión por causa de muerte o cuando media
un acto entre vivos que otorgó dicha facultad de representación32.
44. En relación con estos requisitos, es relevante señalar que la jurisprudencia
constitucional ha precisado que los efectos generales de una sentencia de
constitucionalidad no configuran por ese solo hecho la causal de revisión que se
analiza.
45. En efecto, en la sentencia C-739 de 2001, la Corte examinó la causal de revisión
en estudio, entonces prevista en el numeral 8 del artículo 188 del Código
Contencioso Administrativo. A juicio del demandante, el legislador omitió incluir,
como causal de revisión, el desconocimiento de la cosa juzgada constitucional. La
Corte declaró exequible la disposición, bajo la consideración que el juicio de
revisión fundado en el desconocimiento de la cosa juzgada no comporta un examen
29
Ibidem.
30 "Artículo 303. La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada
siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre
ambos procesos haya identidad jurídica de partes. Se entiende que hay identidad jurídica de partes cuando las
del segundo proceso son sucesores por causa de muerte de las que figuraron en el primero o causahabientes
suyos por acto entre vivos celebrado con posterioridad al registro de la demanda si se trata de derechos sujetos
a registro, y al secuestro en los demás casos (…)".
31 “Artículo 306. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil
en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo”.
32 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Catorce Especial de Decisión,
sentencia del 13 de octubre de 2020, expediente 11001-03-15-000-2019-00119-00, C.P. Alberto Montaña Plata.
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de juridicidad de la sentencia recurrida. El juez de la revisión no califica la corrección
jurídica de la decisión, sino que verifica un supuesto de hecho procesal, es decir, la
existencia de una decisión anterior, entre idénticas partes y por el mismo asunto,
que el segundo proceso pasó por alto. En palabras de la Corte:
(…) este nuevo juicio, cuando se motiva en que una decisión, entre las mismas partes
y por el mismo asunto no fue tenida en cuenta (…), no tiene por qué entrar a considerar
cuestiones de juridicidad, sino que debe concretarse en resolver si, por no haber tenido
en cuenta la primera decisión, la segunda debe dejarse sin efecto33.
46. La sentencia añadió que el juez y las partes no son ajenos a la cosa juzgada
constitucional ni a la doctrina constitucional. Lo que ocurre es que una y otra los
vinculan en el ámbito de la juridicidad abstracta, que es ajeno a la revisión, mientras
que la cosa juzgada judicial, que es la protegida por la causal de revisión, los
relaciona directa y singularmente, porque proviene de un litigio concreto que definió
la situación jurídica de quienes intervinieron en él. Se trata, según la Corte, de
instrumentos con objetivos diferentes:
(…) la cosa juzgada y la doctrina constitucional garantizan la supremacía y la
integridad de la Constitución Política como norma (C.P., art. 230 y 243), en tanto
la cosa juzgada judicial preserva la integridad de la Carta en el plano de los
derechos y libertades sometidos a juicio, de la seguridad de las relaciones jurídicas
y de la firmeza de las decisiones judiciales (…)34.
47. Bajo esa lógica, la sentencia proferida en ejercicio del control abstracto de
constitucionalidad no constituye, por ese solo hecho, cosa juzgada frente a un litigio
subjetivo posterior, como se requiere para la configuración de la causal octava de
revisión prevista en el artículo 250 del CPACA. En este sentido, la Corte precisó
que el juicio abstracto de constitucionalidad no concurren partes procesales en
sentido material, su objeto es la validez general de una norma y su causa es la
confrontación de esa norma con la Constitución Política. La fuerza erga omnes de
la decisión obliga al juez en cuanto define el ordenamiento aplicable, pero no la
convierte en una decisión anterior que haya resuelto igual controversia, sobre el
mismo objeto y causa35.
48. En suma, aunque las sentencias de constitucionalidad obligan a todas las
autoridades judiciales, su desconocimiento no configura, por sí solo, la causal
octava de revisión. Lo determinante es que la providencia recurrida sea contraria a
una decisión anterior que hubiere hecho tránsito a cosa juzgada respecto de la
misma controversia, esto es, entre las idénticas partes, sobre el mismo objeto y por
la misma causa36.
49. En esta línea, la jurisprudencia del Consejo de Estado37 también ha sido
33 Ibidem.
34 Ibidem.
35 Ibidem.
36 Ibidem.
37 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Sexta Especial de Decisión, sentencia
del 16 de julio de 2025, radicación 11001-03-15-000-2025-00594-00, C.P. Omar Joaquín Barreto Suárez; y
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veinticinco Especial de Decisión,
sentencia del 3 de octubre de 2025, radicación 11001-03-15-000-2025-00596-00, C.P. Fernando Alexei Pardo
Flórez.
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consistente en señalar que la causal octava de revisión, prevista en el artículo 250
del CPACA no se configura, simplemente, con los efectos generales de las
sentencias de constitucionalidad de la Corte Constitucional. Estos solo operan en
el plano normativo, en cuanto determinan si la norma es o no constitucional y, por
lo tanto, si se mantiene o se excluye del ordenamiento, pero no equivalen a que
todas las personas sean "partes" del proceso de inconstitucionalidad para efectos
de la causal de revisión.
50. Por último, el tercer presupuesto para que se configure la causal 8 del artículo
250 del CPACA exige que no se haya propuesto como excepción en el segundo
proceso. Sobre su alcance, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo precisó
lo siguiente:
El último de los requisitos señalados tiene un ingrediente adicional al exigírsele al
recurrente demostrar la imposibilidad de haber propuesto al interior del proceso
ordinario, la cosa juzgada como excepción, bien sea porque estuvo representado
por curador ad-litem, o porque ignoraba la existencia del proceso anterior, puesto
que no puede premiarse la inactividad o negligencia de quien pudiendo alegar este
hecho exceptivo oportunamente no lo hace, y pretende, luego de concluido el
proceso de manera desfavorable a sus intereses, corregir su inactividad a través
de este recurso extraordinario, pasando por alto que los términos procesales son
preclusivos y deben cumplirse en aras de un correcto desarrollo de los principios
constitucionales del debido proceso, el derecho de defensa y de contradicción,
aunado a la buena fe y lealtad procesal que orientan las actuaciones de las partes
procesales38.
iii) Solución del caso concreto: los argumentos formulados contra la
sentencia objeto de revisión no configuran la causal alegada
51. El señor Leónidas Lorenzo Lázala Castillo, por conducto de apoderado judicial,
recurrió la providencia del 29 de agosto de 2024, proferida por la Subsección B de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante la cual se confirmó la decisión
del Tribunal Administrativo del Cesar que negó las pretensiones de la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 20001-23-33-000-2019-00336-
01. Esto, por considerar que dicha providencia contraría lo decidido en la sentencia
C-931 de 2004, mediante la cual la Corte Constitucional se pronunció sobre la
constitucionalidad del artículo 2 de la Ley 848 de 2003, por medio de la cual se
decretó el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y la Ley de Apropiaciones
para la vigencia fiscal de 2004.
52. La Sala advierte que los argumentos formulados por el recurrente no configuran
la causal invocada. Si bien la sentencia C-931 de 2004 hizo tránsito a cosa juzgada
constitucional, ello no la convierte, por ese solo hecho, en una sentencia anterior
con fuerza de cosa juzgada entre las partes del proceso ordinario. Para evidenciar
esa diferencia, se expone el siguiente cuadro comparativo:
38 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 2 de abril de 2013, radicación
11001-03-15-000-2001-00118-01(REV), C.P. Gerardo Arenas Monsalve.
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Requisito Proceso de nulidad y Acción pública de
restablecimiento del inconstitucionalidad
derecho con radicado expediente D-5125
20001-23-33-000-2019-
00336-01
Parte demandante Leónidas Lorenzo Lázala Rosalía Inés Jaramillo
Castillo Murillo
Parte demandada Nación – Ministerio de Defensa No aplica
Nacional - Policía Nacional y la
Caja de Sueldos de Retiro de
la Policía Nacional
Objeto Obtener la nulidad de los Obtener la declaratoria de
siguientes oficios: inconstitucionalidad del
1) Oficio S-2019- artículo 2 de la Ley 848 de
017433/ANOPA-GRULl-1.10 2003 “por la cual se decreta
del 02 de abril de 2019, por el Presupuesto de Rentas y
medio del cual la Policía Recursos de Capital y la
Nacional negó la solicitud del Ley de Apropiaciones para
señor Leónidas Lorenzo la vigencia fiscal del 1º de
Lázala Castillo de reajuste de enero al 31 de diciembre de
la asignación básica y demás 2004”.
prestaciones sociales con
base en el IPC certificado por
el DANE para los años 1992 a
2004
2) E-00001-201907902-
CASUR Id 420549, del 09 de
abril de 2019, por medio del
cual CASUR negó el reajuste
de la asignación de retiro.
Causa petendi Se invocaron como normas Se indicó que la norma
vulneradas los artículos 4, 48, demandada desconocía el
53, 218, 220, 230 y 373 de la Preámbulo y los artículos 1,
Constitución Política; los 2, 3, 13, 22, 25, 46, 48, 53,
artículos 2 y 13 de la Ley 4 de 67, 69, 85, 103, 334, 345,
1992, y el artículo 271 de la 346, 347, 366, 373 y 378 de
Ley 1450 de 2011. la Constitución Política, por
Como concepto de violación, la omitir las apropiaciones
parte demandante afirmó que necesarias para el reajuste
las entidades accionadas salarial de los servidores
desconocieron el mandato públicos que devengaran
constitucional de conservar el más de dos salarios
poder adquisitivo real del mínimos y para el reajuste
salario de todos los servidores de las pensiones superiores
públicos con base en el IPC. a dicho valor. A juicio del
Esto, porque los incrementos actor, en la práctica, ello
reconocidos a la Fuerza equivalía a congelar esos
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Pública entre 1992 y 2004 salarios durante el 2004 sin
fueron inferiores a la inflación justificación constitucional
causada. Sostuvo que, válida, configurando una
conforme a la sentencia C-931 violación del principio de
de 2004, el Gobierno Nacional igualdad frente a los demás
y el Congreso debían servidores públicos.
garantizar la actualización Se advierte que el artículo
plena de los salarios de los 53 de la Constitución
servidores públicos, mandato Política39 garantiza el
que, a su juicio, fue principio de remuneración
desconocido por la Policía mínima vital y móvil. Por lo
Nacional y por CASUR al tanto, la congelación
expedir los actos salarial desconocía el
administrativos que negaron derecho de todos los
sus solicitudes de reajuste servidores públicos a
salarial, prestacional y de mantener el poder
reliquidación de la asignación adquisitivo real de su
de retiro. salario.
53. Como se observa, los procesos entre los cuales el recurrente alega la existencia
de cosa juzgada son de naturaleza distinta y, en consecuencia, tienen objeto y
causa petendi diversa.
54. En efecto, en la acción pública de inconstitucionalidad la pretensión del actor
estuvo dirigida a que se declarara la incompatibilidad de una norma de carácter
general -artículo 2 de la Ley 848 de 200340 -norma presupuestal general que
apropiaba los gastos de la Nación para 2004- con los postulados de la Constitución
Política, porque a su juicio desconocían el derecho de los trabajadores con salario
menor a dos SMLV y a los pensionados con igual ingreso, a la actualización de las
asignaciones recibidas.
55. Por su parte, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, el señor
Leónidas Lorenzo Lázala Castillo demandó los actos administrativos de contenido
particular y concreto que negaron el reajuste de la asignación básica devengada
como miembro activo de la Policía Nacional, con base en el IPC de los años 1992
y 2004 y, como consecuencia de lo anterior su asignación de retiro.
39“Artículo 53. Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos
los siguientes principios mínimos fundamentales:
Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad
y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en
normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más
favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho;
primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a
la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer,
a la maternidad y al trabajador menor de edad (…)”
40 “Artículo 2. Presupuesto de Gastos o Ley de Apropiaciones. Aprópiese para atender los gastos de
funcionamiento, inversión y servicio de la deuda pública del Presupuesto General de la Nación durante la
vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2004 una suma por valor de: SETENTA Y SEIS BILLONES
SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUNMIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA LEGAL ($76.647.602.221.850), según el detalle que se
encuentra a continuación: (...)”.
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Recurrente: Leónidas Lorenzo Lázala Castillo
56. De esta manera, es claro que el objeto de ambos procesos es distinto: uno es un
control abstracto de constitucionalidad de una norma general; el otro es un control
de legalidad de actos administrativos particulares. En cuanto a la causa petendi, en
el proceso de inconstitucionalidad la causa fue la presunta violación de la
Constitución por una norma presupuestal que congelaba salarios. En el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho la causa fue la presunta ilegalidad de unos
actos administrativos que negaron un reajuste salarial a un policía retirado con base
en el régimen especial de la Fuerza Pública, incluido, a juicio del actor, lo
establecido en la sentencia de la Corte. Así, los hechos, las normas aplicables y los
fundamentos jurídicos de cada proceso son sustancialmente distintos, aunque la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho estuviera sustentada en las
consideraciones jurídicas expuestas en la referida sentencia de la Corte
Constitucional, en la cual, a criterio del actor, se estableció la obligación de
reconocer judicialmente el reajuste salarial de todos los servidores públicos, con
base en el IPC.
57. Por otra parte, la sentencia C-931 de 2004 fue proferida en un proceso de
inconstitucionalidad (acción pública) en el que no participaron ni Leónidas Lorenzo
Lázala Castillo, ni la Policía Nacional, ni CASUR como partes procesales.
58. Ahora, en relación con la identidad de sujetos procesales, el recurrente
argumenta que los efectos erga omnes de la sentencia de la Corte Constitucional
suplen la identidad de partes para efectos de configurar la cosa juzgada, pero, como
se analizó previamente, dicho instituto exige la existencia de una cosa juzgada
procesal, que requiere identidad de partes en sentido jurídico procesal, no la cosa
juzgada constitucional en sentido normativo.
59. Lo analizado previamente resulta suficiente para afirmar que en el caso sub
judice no se cumple con la causal invocada por el recurrente y excluye la exigencia
de examinar los demás requisitos necesarios para la configuración de la causal.
60. Con todo, la Sala considera importante destacar, además, que de los
argumentos expuestos por el recurrente se advierte su intención de utilizar el
recurso extraordinario de revisión para insistir en que las instancias ordinarias
interpretaron erróneamente la sentencia C-931 de 2004.
61. Así, el recurrente insiste en que la sentencia de constitucionalidad le reconoció
un derecho subjetivo al reajuste de las asignaciones salariales y demás
prestaciones recibidas durante el servicio activo en la Policía Nacional y su efecto
en la reliquidación de su asignación de retiro. Dicho argumento fue desvirtuado por
las sentencias que resolvieron la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho, al advertir que la referida sentencia declaró exequible condicionadamente
la norma presupuestal demanda e impartió órdenes al Gobierno y al Congreso para
que garantizaran la actualización salarial de los servidores cobijados por la ley de
presupuestos. Sin embargo, la sentencia no se refirió al régimen especial de los
miembros de la Fuerza Pública, regulado en la Ley 4ª de 1992 y el Decreto 4433
de 2004. Por tanto, la sentencia C-931 de 2004 no creó cosa juzgada sobre ningún
derecho individual del recurrente, incluidos los miembros de la fuerza pública.
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Recurrente: Leónidas Lorenzo Lázala Castillo
62. Al respecto, la Sala reitera que el recurso extraordinario de revisión no es un
mecanismo para reabrir debates jurídicos que ya fueron resueltos.
63. Finalmente, la Sala considera importante observar que varias pretensiones del
recurso extraordinario de revisión son sustancialmente más amplias o distintas a
las de la demanda original. En particular, la décima pretensión, consistente en el
pago de $500.000 y del equivalente al 30% del valor total de la sentencia por
concepto de perjuicios materiales, y la undécima pretensión, encaminada a la
inaplicación por vía de excepción, con efectos inter partes, de los decretos
salariales expedidos por el Gobierno Nacional desde el año 2004. Ninguna
corresponde a las pretensiones del proceso de origen y exceden el marco del
recurso extraordinario de revisión, cuyo objeto es revisar la sentencia impugnada,
no ampliar el debate.
64. Al respecto, la Sala advierte que la pretensión de inaplicación por vía de
excepción de los decretos salariales plantea, además, una cuestión de
constitucionalidad que no es propia de esta sede. Además, se reitera, el recurso
extraordinario de revisión no es el mecanismo idóneo para introducir pretensiones
nuevas que no fueron planteadas en el proceso cuya sentencia se pretende revisar;
su objeto se circunscribe a examinar si la providencia impugnada incurre en alguna
de las causales taxativas previstas en el artículo 250 del CPACA, no a reconfigurar
los términos del debate original.
65. De acuerdo con lo anterior, la Sala declarará infundado el recurso extraordinario
de revisión, porque no se acreditaron los presupuestos de la causal octava
invocada.
iv) Conclusión
66. De conformidad con las anteriores razones, no prospera el recurso extraordinario
interpuesto, porque no se acreditaron los supuestos de la causal de revisión
extraordinaria invocada.
v) Costas
67. De conformidad con el artículo 255 del CPACA41, declarado infundado el recurso
extraordinario de revisión, corresponde condenar en costas a la parte recurrente.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA y el artículo 366 del
CGP, la condena comprende las expensas y gastos del proceso, así como las
agencias en derecho, que se fijarán en atención al concepto y los criterios definidos
para su causación en el Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016 del
Consejo Superior de la Judicatura, en dos (2) salarios mínimos legales mensuales
vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, así: uno (1) en favor de la
Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional y uno (1) en favor de la
Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional.
41 "Artículo 255. (…) Si se declara infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios al recurrente".
18
Expediente: 11001031500020250671600 (10652)
Recurrente: Leónidas Lorenzo Lázala Castillo
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sala Séptima Especial de Decisión, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: DECLÁRASE INFUNDADO el recurso extraordinario interpuesto por
Leónidas Lorenzo Lázala Castillo contra la sentencia proferida el 29 de agosto de
2024 por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho tramitado con radicación 20001-
23-33-000-2019-00336-01.
SEGUNDO: CONDÉNESE en costas a la parte recurrente, señor Leónidas Lorenzo
Lázala Castillo, las cuales serán liquidadas de conformidad con lo establecido en el
artículo 366 del CGP; por Secretaría, liquídense e inclúyase por concepto de agencias
en derecho, la suma equivalente a dos (2) salarios mínimos legales mensuales
vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, así: uno (1) en favor de la Nación
– Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional y uno (1) en favor de la Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional.
TERCERO: Cumplido lo anterior y ejecutoriada esta providencia, ARCHÍVESE
el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
(Firmado electrónicamente)
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Presidente de la Sala 7 Especial de Decisión
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
CARLOS FERNANDO MANTILLA JORGE EDISON PORTOCARRERO
NAVARRO BANGUERA
Magistrado Magistrado
Aclaración de voto
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado Magistrado
Ausente con permiso
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