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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-01276-00

Fecha
18 de junio de 2026
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-01276-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la sociedad Químicos Oma S.A. contra la sentencia de 28 de noviembre de 2024 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación núm. 25000-23-37-000-2019-00841-01. SEGUNDO: CONDENAR en costas, por concepto de agencias en derecho, a la parte recurrente. TERCERO: Para la fijación de las agencias en derecho, por Secretaría General, INGRESAR el expediente al despacho del consejero ponente para lo de su competencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2025-01276-00

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

18 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA VEINTE ESPECIAL DE DECISIÓN

Bogotá D.C., dieciocho (18) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-01276-00
Demandante: QUÍMICOS OMA S.A.
Demandada: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP

Sentencia que resuelve recurso extraordinario de revisión

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la apoderada
judicial de la parte demandante contra la sentencia de 28 de noviembre de 2024
proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, dentro del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación núm. 25000-23-37-000-
2019-00841-01.

I.- ANTECEDENTES

I.1. Proceso ordinario

I.1.1. Demanda

1. Químicos Oma S.A.1 en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de
enero de 20112, instauró demanda contra la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, en
adelante UGPP, con el fin de solicitar la nulidad de las Resoluciones RDO-2018-
03131 de 4 de septiembre de 20183 y RDC-2019-01844 de 25 de septiembre de
20194.

2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene la devolución de los
valores pagados por “[…] mora en la afiliación y pago en las autoliquidaciones y
pago de los aportes al Sistema de Protección Social, por los periodos de enero a
diciembre de 2013 […]”.

1
A través de apoderado judicial.
2
“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.
3
“[…] Por medio de la cual se profiere liquidación oficial por mora en el pago de los aportes e inexactitud en las
autoliquidaciones y pagos al Sistema de la Protección Social y se sanciona por inexactitud […]”.
4
“[…] Por medio de la cual se resuelve el recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución No. RDO-2018-03131
del 4 de septiembre de 2018 […]”.

2

Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-01276-00
Demandante: Químicos Oma S.A.

3. Argumentó que la Subdirección de Determinación de Obligaciones de la
Dirección de Parafiscales de la UGPP expidió la Resolución núm. RDO-2018-03131
de 4 de septiembre de 2018, notificada el 10 del mismo mes y año, en la cual: i)
profirió liquidación oficial a Químicos Oma S.A. por mora en el pago de los aportes
e inexactitud en las autoliquidaciones y pagos al Sistema de la Protección Social
por los periodos de enero a diciembre de 2013; y ii) impuso sanción por inexactitud.

4.Refirió que contra la anterior decisión la sociedad demandante interpuso recurso
de reconsideración, que fue resuelto por la UGPP en la Resolución núm. RDC-2019-
01844 de 25 de septiembre de 20195, a través de la cual modificó los valores por
aportes determinados en la liquidación inicial y la sanción por inexactitud.

5. Presentó como cargos de nulidad, por errores sustanciales: i) la objeción general
al proceso de fiscalización, porque en la liquidación se incluyeron conceptos que no
tienen naturaleza salarial y se desconoció el movimiento de personal en la sociedad;
ii) el auxilio de transporte no es un pago salarial; iii) la sociedad se encontraba
exonerada del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social por aplicación del
impuesto sobre la renta para la equidad - CREE; iv) los aportes al Sistema de
Seguridad Social tenían como tope 25 salarios mínimos legales mensuales
vigentes, en adelante smlmv; v) la UGPP debía respetar la voluntad de las partes,
según la cual la “bonificación no prestacional” no es constitutiva de salario; vi) existía
un acuerdo entre la sociedad y los trabajadores, según el cual el concepto de
medicina prepagada no constituía un pago salarial; vii) la UGPP no tuvo en cuenta
los ajustes de los trabajadores que presentaban novedad de vacaciones al liquidar
los aportes al Sistema de la Protección Social; viii) el auxilio de movilización no es
un pago salarial; y ix) el reconocimiento de prestaciones sociales ordenado por
sentencia judicial no implica que debe aportarse por estos conceptos a la seguridad
social.

6. Propuso como cargos de violación, por errores procedimentales: i) la falta de
competencia de los funcionarios de la UGPP para solicitar la información y
determinar las obligaciones parafiscales, por considerar que el Decreto núm. 575
de 22 de marzo de 20136 no podía aplicarse al ser contrario a la Constitución
Política; ii) la UGPP asume competencias de los jueces laborales al determinar
derechos laborales y obligaciones a pagar al Sistema de Seguridad Social; iii) la
UGPP creó una “tercera norma” al combinar los procedimientos previstos en las
Leyes 1151 de 24 de julio de 20077 y 1607 de 26 de diciembre de 20128; iv) la
caducidad de la potestad sancionatoria; y v) el desconocimiento de los principios
sancionatorios de lesividad, proporcionalidad y gradualidad, lo que lleva a la
vulneración del debido proceso.

5
“[…] Por medio de la cual se resuelve el recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución No. RDO-2018-03131
del 4 de septiembre de 2018 […]”.
6
“[…] Por el cual se modifica la estructura de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP) y se determinan las funciones de sus dependencias. […]”.
7
“[…] Por la cual se crea el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 […]”
8
“[…] Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones […]”.

3

Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-01276-00
Demandante: Químicos Oma S.A.

I.1.2. Sentencia de primera instancia

7.La Subsección A de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en sentencia de 23 de noviembre de 2023, negó las pretensiones
de la demanda y no impuso condena en costas.

8. Consideró que la UGPP no se atribuyó funciones de un juez laboral en la
actuación administrativa, si se tiene en cuenta que está facultada para verificar la
liquidación de las contribuciones parafiscales realizadas por los aportantes. Por ello,
la entidad debe corroborar si los ingresos constituyen o no factor salarial para
determinar si se deben incluir en el Ingreso Base de Cotización, en adelante IBC, o
si se deben descartar los pactos de desalarización cuando estos no cumplen los
requisitos legales.

9. Indicó que, una vez revisados los anexos de la demanda y los antecedentes
administrativos de los actos acusados, no se probaron los cargos de nulidad
alegados en el libelo introductorio.

I.1.3. Sentencia de segunda instancia

10. La Sección Cuarta del Consejo de Estado mediante sentencia de 28 de
noviembre de 2024 revocó la providencia de primera instancia y, en su lugar: i)
declaró la nulidad parcial de los actos acusados; y ii) a título de restablecimiento del
derecho ordenó a la UGPP reliquidar los aportes al Sistema de Seguridad Social a
cargo de la demandante, excluyendo del IBC los pagos no salariales denominados
auxilio de transporte y auxilio de movilización, el pago de los aportes al SENA e
ICBF respecto de los trabajadores que devengaron conceptos salariales inferiores
a 10 smlmv.

11. Además, dispuso que la UGPP debe modificar la sanción impuesta por
inexactitud y adelantar el procedimiento correspondiente para la devolución de los
pagos a que hubiere lugar.

12. Señaló que los Decretos números 5021 de 28 de diciembre de 20099 y 575 de
22 de marzo de 201310 otorgaron a la UGPP la competencia de fiscalización y
determinación de las contribuciones al Sistema de la Protección Social, sin que
pueda considerarse que fueron expedidos de forma extemporánea.

13. Adujo que la UGPP, en uso de sus facultades de fiscalización, puede aplicar las
normas laborales para evaluar si un concepto tiene naturaleza salarial para efectos
de determinar la obligación tributaria. Adicionalmente, expresó que la sociedad
demandante no precisó en qué casos se presentó la irregularidad alegada, ni los
periodos o trabajadores frente a los cuales se desconocieron las pruebas que
demuestran el cargo.

9
“[…] Por el cual se establece la estructura y organización de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP- y las funciones de sus dependencias […]”
10
“[…] Por el cual se modifica la estructura de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP) y se determinan las funciones de sus dependencias […]”

4

Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-01276-00
Demandante: Químicos Oma S.A.

14. Agregó que no es de recibo el planteamiento de la sociedad demandante según
el cual la UGPP combinó los procedimientos establecidos en las Leyes 1151 y 1607,
toda vez que en los actos demandados se hizo referencia a la primera norma como
creadora de esa entidad y, a la segunda, como la disposición vigente al momento
de la expedición de las resoluciones acusadas.

15. Anotó que las planillas fiscalizadas por la UGPP correspondieron a los períodos
2013 y no se encontraban sujetas al término de firmeza previsto en el artículo 714
del Estatuto Tributario, en razón a que ya estaba vigente la Ley 1607 que dispuso
un término de cinco años para que la entidad iniciara sus facultades de fiscalización,
razón por la cual tampoco existió falsa motivación.

16. En cuanto a la objeción
al proceso de fiscalización, consideró que la parte
demandante no presentó un reproche puntual, sino que realizó afirmaciones
generales.

17. Expuso que entre las partes no existe discusión sobre la naturaleza de los
conceptos de auxilio de transporte y auxilio de movilización, los cuales no tienen
connotación salarial en los términos del artículo 128 del Código Sustantivo del
Trabajo, en la medida que no remuneran el servicio. En tal sentido, estos factores
no pueden integrar el IBC, so pena de desconocer la primera regla de unificación
fijada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado en sentencia de 9 de diciembre
de 202111.

18. Frente a la inclusión del concepto denominado aporte voluntario a pensión,
señaló que “[…] los pagos en cuestión no devienen de un plan institucional de
pensiones, como lo señala la demandante, sino de un acuerdo de desalarización
entre las partes, como se evidencia en los actos demandados12. […]”.

19. Explicó que no prospera el cargo relacionado con la inclusión del auxilio médico
en el IBC, puesto que la parte demandante no presentó ningún reparo puntual en el
recurso de apelación que permita estudiar el tratamiento dado por la demandada a
este concepto.

20. Respecto a la exoneración a las empresas del pago de aportes a salud, SENA e
ICBF de los trabajadores que, individualmente considerados, percibían hasta 10
smlmv, advirtió que el artículo 25 de la Ley 1607 establece que “[…] aplicaba a partir
de la reglamentación del Gobierno Nacional sobre el sistema de retenciones en la
fuente para el recaudo del impuesto sobre la renta para la equidad – CREE, lo cual

11
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 9 de diciembre de 2021.
Radicación núm.: 05001-23-33-000-2016-02496-01 (25185). C.P. Milton Chaves García.
12
En la página 15 de la Resolución núm. 2019-01844 de 2019 se indicó: “Lo anterior, permite establecer que, si bien el
concepto en discusión no es pagado como retribución directa de la labor contratada, también lo es que un pago reconocido
por el empleador, con ocasión de una relación laboral. No obstante, no se evidencia prueba alguna que permita establecer
las cláusulas y/o condiciones pactadas por el fondo de pensiones y la sociedad fiscalizada, ni los partícipes del denominado
plan institucional, para poder proceder a dar aplicación a lo señalado en la norma previamente citada.
Por su parte, teniendo en cuenta que se allegaron Contratos de Trabajo para ambos trabajadores y la solicitud de vinculación
individual a Planes Empresariales Porvenir para el trabajador Edgar Fernando Cardozo Niño, es relevante hacer referencia a
lo establecido en el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual contempla la posibilidad de pactar algunos pagos
como no constitutivos de salario”.

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Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-01276-00
Demandante: Químicos Oma S.A.

se materializó mediante el artículo 2 del Decreto 862 de 2013, es decir a partir del
01 de mayo de (sic) año 2013 […]”.

21. Estimó que, “[…] en aplicación del artículo 31 de la Ley 1607 de 2012 13, en el
año en discusión y tal como ocurrió en sentencia del 24 de febrero de 2022, “no es
procedente la exoneración frente a los aportes a salud, pues como lo estableció la
norma, aplicaba desde el 1º de enero del 2014”14. Entonces, como los periodos
fiscalizados corresponden al año 2013, no es aplicable la exoneración de aportes a
salud que fueron demandados por la actora. […]”.

22. Determinó que como “[…] el cargo prospera parcialmente, se ordenará a la
UGPP excluir del pago de los aportes a SENA e ICBF respecto de los trabajadores
que devengaron conceptos salariales inferiores al tope de los 10 SMLMV
identificados en el anexo de la demanda […]”.

23. Refirió que tampoco se accedía al argumento del recurso de alzada relacionado
con la determinación del IBC durante el periodo de vacaciones frente a algunos
empleados, en razón a que al analizar las pruebas obrantes en el expediente se
evidenció que la UGPP calculó un IBC menor al que correspondía, pero consideró
que no era posible modificar este punto porque conllevaría a una situación más
gravosa para la demandante.

24. Frente a la no obligación de realizar aportes al Sistema de Seguridad Social por
las prestaciones sociales reconocidas por sentencia judicial, estableció que la
sociedad demandante se limitó a afirmar que no procedía sin presentar un reparo
puntual ni un fundamento jurídico como respaldo, pues no cuestionó la naturaleza
jurídica de los pagos.

25. En relación con el supuesto desconocimiento de principios del derecho
sancionatorio, aseveró que, en cumplimiento del principio de lesividad, la UGPP
impuso una sanción por inexactitud como consecuencia de los errores en el pago
de los aportes en que incurrió la sociedad demandante. Asimismo, destacó que la
suma de la sanción se modificó en el acto que resolvió el recurso de
reconsideración, por disminución del monto de los aportes a cargo de Químicos
Oma S.A., medidas adoptadas de acuerdo con los parámetros legales por no
haberse corregido la autoliquidación de aportes.

26. Concluyó que, “[…] como prospera parcialmente el recurso de apelación de la
demandante, se deben reliquidar los ajustes y con ello la sanción impuesta. […]”.

13
“ARTÍCULO 31. Adiciónese un parágrafo al artículo 204 de la Ley 100 de 1993: PARÁGRAFO 4o. A partir del 1o de enero
de 2014, estarán exoneradas de la cotización al Régimen Contributivo de Salud del que trata este artículo, las sociedades y
personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, por sus
trabajadores que devenguen hasta diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes”. (Resaltado fuera del texto
original).
14
Consejo de Estado. Sentencia del 24 de febrero de 2022, exp. 25302 C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.

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Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-01276-00
Demandante: Químicos Oma S.A.

II. RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

II.1. Causal invocada

27. Químicos Oma S.A. instauró recurso extraordinario de revisión en el que solicitó
que se revoque la sentencia de 28 de noviembre de 2024 proferida por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado y, como consecuencia de lo anterior, se declare la
nulidad total de los actos administrativos demandados en el proceso ordinario.

28. En criterio de la sociedad revisionista, en el sub examine se configura la causal
prevista en el numeral 5. del artículo 250 de la Ley 1437, nulidad originada en la
sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.

29. Manifestó que la sentencia recurrida “[…] vulneró el debido proceso de la parte
activa, al no tener en cuenta que los pagos que se realizan al Sistema de Seguridad
Social son contribuciones parafiscales, deben cumplir con el principio de legalidad
tributaria establecido en el artículo 338 de la Constitución Política; aunado a ello, al
desconocer que en materia tributaria se deben tener de presente los principios de
predeterminación del tributo, seguridad jurídica, unidad económica y certeza del
tributo, aspectos que no se cumplen para el caso bajo estudio, toda vez que, como
se señaló desde los cargos de violación de la demanda, el tributo debe precisar de
forma clara los elementos que lo integran, y de existir dicho vacío normativo, bajo el
principio de legalidad, la administración no puede fundar los actos administrativos
en normas que no son aplicables para los ciudadanos, cuando estas no cumplen
con los presupuestos legales y fácticos. […]”.

30. Como fundamento de la causal invocada, planteó los siguientes cargos:

i) La UGPP no tenía competencia para proferir los actos demandados, porque “[…]
como se solicitó en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho,
reiteramos nuestra petición frente a la inaplicación por vía de excepción de
inconstitucionalidad del decreto 575 del 2013, por cuanto este tiene su origen en el
decreto 5021 de 2009, decreto que como se mencionó con anterioridad fue
expedido por fuera del término otorgado por la ley. Es decir, se expide un decreto
en el año 2013 para legitimar un decreto abiertamente inconstitucional expedido con
violación de las facultades legales […]”.

ii) La parte demandada se atribuyó competencias de los jueces laborales, toda vez
que no se limitó a verificar los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, sino
que definió, de manera extralimitada, los conceptos que constituyen o no salario y
si los salarios eran desproporcionados, sin tener en cuenta el principio de la
primacía de la realidad y el material probatorio.

La recurrente agregó que “[…] este cargo no tuvo un análisis profundo debido a que
el juzgado de segunda instancia consideró que había definido de manera correcta
las competencias al aplicar decretos que se expidieron por fuera de los términos
legales, a tal punto que la abrogación de competencias de los jueces laborales

7

Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-01276-00
Demandante: Químicos Oma S.A.

también impacta en los extremos laborales, no observar el principio de primacía de
la realidad y no apreciar el material probatorio de las certificaciones, contratos de
trabajo, los desprendibles de nómina y demás documentos que son los asientos de
los gastos y que prevalecen sobre los libros contables y por ende sobre un análisis
realizado por la UGPP […]”.

Afirmó que, al analizar las competencias asignadas por el legislador a la UGPP, no
se evidencia alguna que permita a los funcionarios de dicha entidad establecer y
decretar derechos emanados de relaciones laborales; sin embargo, en los actos
acusados la entidad incluyó valores como factores salariales que no hacen parte del
IBC para los aportes al Sistema de Seguridad Social, razón por la cual se
encuentran viciados de nulidad por falta de motivación, lo que conlleva una
vulneración del derecho al debido proceso.

iii) La UGPP creó una tercera norma para adelantar el proceso administrativo en el
que se profirieron los actos acusados. Indicó que reiteraba lo expuesto en la
demanda y en los alegatos de conclusión del proceso ordinario. A su juicio, la
demandada combinó los procedimientos previstos en las Leyes 1151 y 1607 para
tramitar los procesos de fiscalización con inobservancia del principio de integralidad
de la norma, impidiendo que las personas que son sujetos de investigaciones
administrativas conozcan la norma procedimental que garantiza sus derechos de
defensa, de contradicción y al debido proceso.

Lo anterior, puesto que el requerimiento de información núm. 201615003288411 de
31 de octubre de 2016 fue expedido por la Subdirección de Determinación de
Obligaciones Parafiscales de la Dirección de Parafiscales de la UGPP “[…] en uso
de sus facultades legales en especial las establecidas en el numeral 10 del artículo
20 del Decreto 5021 de 2009, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 156
de la Ley 1151 de 2007, el artículo 684 del Estatuto Tributario Nacional, y demás
normas concordantes […]”; mientras que la Resolución núm. RDO-2018-03131 de
2018 se expidió por la misma dependencia “[…] En uso de sus facultades legales
en especial las establecidas en el numeral 10 del artículo 21 del Decreto 575 de
2013, en concordancia con lo previsto en el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, el
artículo 178 de la Ley 1607 de 2012 , el artículo 1 literal b) del Decreto Ley 169 de
2008, y en lo no previsto en estas disposiciones, las normas contempladas en el
Libro V, Títulos I, IV, V y VI del Estatuto Tributario Nacional. […]”.

iv) La caducidad de la potestad sancionatoria. Refirió que, contrario a lo afirmado
por la UGPP, el requerimiento especial establecido en el procedimiento del Estatuto
Tributario es asimilable al requerimiento para declarar y/o corregir, por lo que se
aplica lo previsto en el artículo 714 del Estatuto Tributario por remisión expresa del
artículo 156 de la Ley 1151, según el cual la declaración tributaria queda en firme si
dentro de los dos años siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para declarar
no se ha notificado requerimiento especial.

Destacó que, como el requerimiento para declarar se presentó por fuera del término
anterior, la declaración privada presentada por Químicos Oma S.A. adquirió firmeza.

8

Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-01276-00
Demandante: Químicos Oma S.A.

31. Finalmente, resaltó que “[…] la teoría del derecho administrativo en relación con
la expedición del acto administrativo exige el requisito de la motivación del acto
administrativo, lo cual conlleva a que el sujeto procesal del procedimiento
administrativo pueda ejercer su derecho de defensa y contradicción de manera
adecuada, oportuna y de fondo […]”.

II.2. Trámite

32. El recurso extraordinario de revisión se presentó ante la Secretaría General del
Consejo de Estado el 5 de marzo de 2025 y se asignó a la Sala Veinte Especial de
Decisión de esta Corporación.

33. Mediante proveído de 18 de julio de 2025 se admitió el recurso extraordinario de
revisión y se solicitó a la Secretaría de la Subsección A de la Sección Cuarta del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca que remitiera copia del proceso núm.
25000-23-37-000-2019-00841-00/01, en el que se profirió la sentencia de 28 de
noviembre de 2024; este se incorporó al plenario, visible en el índice 14 del
expediente digital.

34. A través de auto de 5 de diciembre de 2025 se resolvió sobre el decreto y práctica
de las pruebas aportadas y solicitadas por las partes.

35. El 19 de diciembre de 2025 el expediente pasó para sentencia.

II.3. Intervenciones

II.3.1. La UGPP

36. Se opuso a las pretensiones del recurso extraordinario de revisión bajo el
argumento de que la sociedad Químicos Oma S.A. no sustentó la causal invocada,
ni presentó oposición directa a los argumentos expresados en la sentencia.

37. Advirtió que la técnica del recurso extraordinario de revisión exige
correspondencia entre los motivos en que se fundamenta y la causal invocada, sin
que sea procedente que aquellos se dirijan a atacar la decisión recurrida o corregir
los errores u omisiones de los sujetos procesales que se pudieron presentar en el
trámite ordinario.

38. Manifestó que este mecanismo no permite que se efectúen cuestionamientos
sobre el criterio empleado por el juez de conocimiento para interpretar o aplicar la
ley en la sentencia recurrida.

39. Resaltó que “[...] para sustentar la nulidad originada en la sentencia, el máximo
Tribunal ha establecido unos requisitos y limitaciones que impiden que el recurso
extraordinario se le pretenda asignar el estudio de una tercera instancia.
Evidentemente son causales sobrevinientes a la litis y que se dieron durante el
trámite de la segunda instancia [...]”.

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Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-01276-00
Demandante: Químicos Oma S.A.

40. Afirmóque en el asunto bajo estudio se presenta un reproche del análisis
efectuado en la providencia controvertida en sede de revisión, sin cumplir con las
condiciones establecidas por el legislador para la procedencia de este mecanismo,
pues la sociedad recurrente pretende que se realice un control de legalidad de la
sentencia expedida por el juez de segunda instancia en el proceso ordinario.

41. En cuanto a los cargos de nulidad, expresó que la UGPP tenía competencia para
expedir los actos administrativos demandados y que el legislador ha reconocido que
las actividades desarrolladas por esa entidad en los procesos de determinación de
obligaciones no invaden competencias de los jueces laborales.

42. Sostuvo que “[...] los cargos formulados en el recurso extraordinario de revisión
para sustentar la causal denominada “nulidad originada en la sentencia”, en realidad
corresponden a los cargos formulados en contra de los actos demandados, dentro
del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho, los cuales fueron
analizados, valorados y decididos por dos tribunales diferentes, cuya sentencia ya
se encuentra ejecutoriada. De suerte que lo pretendido, equivocadamente
corresponde a la extensión del mismo debate planteado en la demanda como si
existiera una tercera instancia, y no la ocurrencia de la causal prevista en el numeral
5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011[...]”.

II.3.2. Ministerio Público

43. Guardó silencio.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

III.1. Competencia y oportunidad

44. El artículo 248 de la Ley 1437 dispone que el recurso extraordinario de revisión
procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y
subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
por los tribunales administrativos y por los juzgados administrativos.

45. En relación con el recurso extraordinario de revisión instaurado contra las
sentencias proferidas por las secciones y subsecciones del Consejo de Estado, el
artículo 249 de la Ley 1437 prevé que la competencia radica en la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo de esta Corporación, sin exclusión de la sección que
profirió la decisión.

46. De conformidad con el artículo 107 ibidem, las Salas Especiales de Decisión del
Consejo de Estado decidirán los procesos sujetos al conocimiento de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo en los asuntos que esta última les encomiende.

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Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-01276-00
Demandante: Químicos Oma S.A.

47. Al respecto, el artículo 29 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 15 -Reglamento
Interno del Consejo de Estado-, al asignar los asuntos de conocimiento de las Salas
Especiales de Decisión, dispuso lo siguiente:

“[…] ARTÍCULO 29.- Las Salas Especiales de Decisión decidirán los siguientes
asuntos de competencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo:

1. Los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las
Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado. […]”.

48. Los artículos 251 y 252 de la Ley 1437 prevén que este recurso extraordinario
puede interponerse, por regla general, dentro del año siguiente a la ejecutoria de la
respectiva sentencia, mediante escrito que debe reunir los requisitos establecidos
en esta última disposición, con indicación precisa y razonada de la causal en que
se funda, acompañada de los documentos necesarios y de las pruebas
documentales que el recurrente tenga en su poder y las que pretenda hacer valer.

49. En el caso concreto, la sentencia de 28 de noviembre de 2024 proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho núm. 25000-23-37-000-2019-00841-01, fue notificada
por correo electrónico el 5 de diciembre de 202416 y quedó ejecutoriada17 el 12 del
mismo mes y año, por lo que el recurso extraordinario de revisión incoado el 5 de
marzo de 202518 se presentó antes del vencimiento del término de un año que
señala la norma para la causal de revisión invocada.

50. En consecuencia, la Sala es competente para decidir el recurso extraordinario
de revisión de la referencia, en la medida en que fue presentado oportunamente y
promovido contra una sentencia ejecutoriada proferida por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado, motivo por el cual se cumplen los presupuestos procesales para
su estudio de fondo.

III.2. Aspectos generales del recurso extraordinario de revisión

51. El recurso extraordinario de revisión, como excepción al principio de la cosa
juzgada que ampara las sentencias ejecutoriadas, ha sido instituido por el legislador
para enmendar los errores o ilícitos cometidos en la expedición de tales
providencias.

52. El citado recurso procede por las causales taxativas que en cada caso haya
definido el legislador y tiene como propósito garantizar la justicia real y material
como valor fundante del Estado de Derecho, tal y como lo sostuvo la Corte
Constitucional en la sentencia C-871 de 2003 en la cual señaló lo siguiente:

“[…] Con todo, el principio de la cosa juzgada no tiene carácter absoluto pues puede
llegar a colisionar con la justicia material del caso concreto. Para enfrentar tal

15
Modificado por el artículo 1°. del Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024 “[…] Por medio del cual se modifican los artículos
13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90 […]”.
16
Cfr. Índice 24 del expediente ordinario en SAMAI.
17
Conforme con los artículos 302 de la Ley 1564 y 205 de la Ley 1437.
18
Cfr. Índice 1 del expediente digital en SAMAI.

11

Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-01276-00
Demandante: Químicos Oma S.A.

situación se ha consagrado la acción de revisión, la cual permite en casos
excepcionales dejar sin valor una sentencia ejecutoriada en aquellos casos en que
hechos o circunstancias posteriores a la decisión judicial revelan que ésta es injusta.
En este sentido puede afirmarse que la revisión se opone al principio “res iudicata pro
veritate habetur” para evitar que prevalezca una injusticia, pues busca aniquilar los
efectos de la cosa juzgada de una sentencia injusta y reabrir un proceso ya fenecido
[…]”.

53. Así las cosas, en atención a que, a través de este recurso se puede ver alterada
la certeza brindada por la cosa juzgada, el mismo procede por las causales
expresamente señaladas por la ley, imposibilitando alegar o acudir a otras19;
taxatividad que resulta razonable, pues se trata de un mecanismo que modifica
providencias que se consideraban inmutables y definitivas, razón por la cual los
motivos que dan lugar a la revisión deben ser aplicados e interpretados en sentido
restringido20.

54. Por tal razón, el recurso extraordinario de revisión no puede ejercerse como un
medio de impugnación para abordar el fondo del asunto que fue objeto de análisis
en el trámite ordinario, dado que es un control autónomo que vincula su procedencia
a las causales previstas por el legislador en los artículos 250 de la Ley 1437 y 20 de
la Ley 797 de 29 de enero de 200321. Es por ello que su naturaleza excepcional
impide: i) reabrir el debate jurídico, probatorio o fáctico propio de las instancias
ordinarias; ii) subsanar las omisiones de las partes en el curso del proceso; y iii)
cuestionar la interpretación normativa del juez natural.

III.3. De la causal invocada

55. La causal del recurso extraordinario de revisión que invoca la sociedad
demandante es la prevista en el numeral 5. del artículo 250 de la Ley 1437,
consistente en: “[…] Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso
y contra la que no procede recurso de apelación […]”.

56. El legislador restringió la procedencia de este mecanismo extraordinario a las
sentencias ejecutoriadas contra las que no procedan recursos, con el fin de corregir
errores graves y la perpetración de decisiones injustas o irregulares. Sin embargo,
la jurisprudencia ha admitido la posibilidad de analizar esta causal cuando el vicio
se presente en el momento previo a dictar el fallo y el afectado no pueda advertirlo,
evento que deberá demostrarse con suficiencia en el trámite de revisión 22.

57. En ese orden de ideas, por regla general, no es admisible utilizar esta causal
para controvertir nulidades procesales ocurridas en una etapa previa a la decisión
definitiva, debido a que su formulación se somete a las reglas de oportunidad

19
Corte Constitucional. Sentencia C-004 de 20 de enero de 2003. M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
20
Ibidem.
21
“[…] Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se
adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales […]”.
22
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Dieciséis Especial de Decisión. Sentencia de 5 de
mayo de 2020. Radicación núm. 11001-03-15-000-2017-02519-00. C.P. Nicolás Yepes Corrales; Consejo de Estado. Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Tercera Especial de Decisión. Sentencia de 3 de diciembre de 2019. Radicación
núm. 11001-03-15-000-2018-01235-00. C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.

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Demandante: Químicos Oma S.A.

consagradas en el artículo 134 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012 23, sin perjuicio
del deber del juez de declarar de oficio las nulidades insaneables que advierta antes
de dictar sentencia.

58. La jurisprudencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo24 ha
sostenido, a título enunciativo, que las irregularidades sustanciales del
procedimiento que pueden considerarse como nulidades originadas en la sentencia
son las siguientes:

“[…] i) falta de jurisdicción o competencia, ii) cuando se dicta nueva sentencia en
proceso terminado normalmente por sentencia en firme, iii) cuando sin más actuación
se dicta sentencia después de ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido aceptado
el desistimiento, aprobada la transacción o declarada la perención del proceso, iv)
cuando se dicta sentencia como única actuación, sin el previo trámite
correspondiente, v) cuando se condena al demandado por cantidad superior o por
objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente de la invocada en
ésta, vi) cuando se condena a quien no ha sido parte en el proceso, vii) o cuando, sin
más actuación, se profiere sentencia después de ocurrida cualquiera de las causas
legales de interrupción o de suspensión o, en estos casos, antes de la oportunidad
debida, viii) cuando la sentencia aparece firmada con mayor o menor número de
magistrados, o adoptada con un número de votos diverso al previsto en la ley, ix)
cuando la providencia carece completamente de motivación. […]”.

59. Además, se ha aceptado25 que pueden existir otros motivos no contemplados en
los códigos procesales como causales de nulidad, los cuales se originan en la
vulneración del derecho al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Carta
Política, en este evento le corresponderá al juez determinar si el hecho que se dice
contrario a esta garantía tiene la magnitud requerida para configurar la causal de
revisión en cita.

60. El precepto constitucional en mención se relaciona con los principios de
legalidad, tipicidad, juez natural, favorabilidad, presunción de inocencia, publicidad,
doble instancia, non bis in idem, entre otros. Asimismo, integra los derechos de
defensa, contradicción, autonomía e independencia del juez y contempla la
declaratoria de nulidad de pleno derecho de la prueba obtenida irregularmente y la
observancia de los términos probatorios y la oportunidad para solicitar, aportar y
contradecir las pruebas.

III.4. Problema jurídico

61. Corresponde determinar si se configura o no la causal del numeral 5. del artículo
250 de la Ley 1437, dado que según la sociedad demandante la sentencia objeto

23
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones […]”.
24
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Quinta Especial de Decisión. Sentencia de 19 de
mayo de 2023. Radicación núm. 11001-03-15-000-2022-00179-00. C.P. Milton Chaves García; Consejo de Estado. Sala de
lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera -Subsección C. Sentencia de 2 de agosto de 2023. Radicación núm. 11001-
03-26-000-2019-00092-00. C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
25
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Catorce Especial de Decisión. Sentencia de 15 de
abril de 2024. Radicación núm. 11001-03-15-000-2008-00294-00. C.P. Alberto Montaña Plata; Consejo de Estado. Sala de lo
Contencioso Administrativo. Sala Veintiuno Especial de Decisión. Sentencia de 20 de marzo de 2024. Radicación núm. 11001-
03-15-000-2022-01662-00. C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas; Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo. Sala Quince Especial de Decisión. Sentencia de 5 de noviembre de 2019. Radicación núm. 11001-03-15-000-
2018-01415-00. C.P. Hernando Sánchez Sánchez.

13

Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-01276-00
Demandante: Químicos Oma S.A.

de revisión se encuentra viciada de nulidad por vulnerar el derecho fundamental al
debido proceso constitucional.

III.5. Caso concreto

62. La sociedad revisionista planteó que en la sentencia objeto de revisión se vulneró
el debido proceso, con sustento en los siguientes cargos:

i) El subdirector de Determinación de Obligaciones de la Dirección de Parafiscales
y el director de Parafiscales de la UGPP no tenían competencia para proferir los
actos demandados, en razón a que los Decretos números 5021 de 2009 y 575 de
2013 fueron expedidos por el presidente de la República por fuera del término
otorgado por la Ley 1151 y, en consecuencia, no debieron ser aplicados como
fundamento para la expedición de los actos demandados.

ii) La UGPP se arrogó competencias de los jueces laborales, por cuanto el artículo
21 del Decreto núm. 575 de 2013 no asignó a los funcionarios de la Subdirección
de Determinación de Obligaciones Parafiscales la competencia para establecer y
decretar derechos emanados de relaciones laborales. A su juicio, la UGPP se tomó
atribuciones como: establecer los pagos que constituyen o no salario, determinar la
existencia de salarios desproporcionados sin tener en cuenta el principio de
primacía de la realidad y el material probatorio que lo soporta y modificar acuerdos
constituidos por ambas partes en un vínculo laboral sin justificación alguna; lo que
conllevó a que los actos administrativos demandados se encuentren viciados de
nulidad por falta de motivación.

iii) Se creó una tercera norma para el desarrollo del proceso administrativo que dio
lugar a los actos demandados en el proceso ordinario, toda vez que los actos
administrativos y el proceso de fiscalización se fundamentaron en lo establecido en
las Leyes 1151 y 1607, con inobservancia del principio de integralidad de la norma,
pues existió una combinación de disposiciones para crear un procedimiento legal,
impidiendo que la sociedad conociera la norma que se iba a aplicar con el fin de
garantizar sus derechos de defensa, de contradicción y al debido proceso, por lo
que procede decretar la nulidad de los actos administrativos demandados en el
proceso ordinario.

iv) Caducidad de la facultad sancionatoria, en la medida que el requerimiento
especial es equiparable al requerimiento para declarar y/o corregir la declaración,
por lo que debe aplicarse el artículo 714 del Estatuto Tributario por remisión expresa
del artículo 156 de la Ley 1151, según el cual la declaración tributaria quedará en
firme si dentro de los dos años siguientes al vencimiento del plazo para declarar no
se ha notificado requerimiento especial. Como en el presente asunto se superó
dicho término, la declaración privada presentada por la sociedad se encontraba en
firme, razón por la cual la UGPP no podía ejercer la facultad de fiscalización sobre
la misma.

14

Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-01276-00
Demandante: Químicos Oma S.A.

63. De acuerdo con el contenido de la sentencia recurrida, los argumentos del
recurso extraordinario de revisión ya fueron expuestos y resueltos de manera
motivada por el juez de segunda instancia del proceso ordinario, como se advierte
a continuación:

“[…] 1. La falta de competencia de los funcionarios de la UGPP para expedir los
actos acusados

[…] Para dilucidar este aspecto, la Sala reiterará en lo pertinente el análisis efectuado
en la sentencia del 15 de octubre de 2021, exp.23623, C.P. Stella Jeannette Carvajal
Basto26. En esa ocasión se expuso que “los Decretos 5021 de 2009 (derogado) y
575 de 2013, fueron dictados por el Presidente de la República en ejercicio de las
facultades conferidas por el numeral 16 del artículo 189 de la Constitución Política, en
consecuencia con el artículo 54 de la Ley 489 de 1998 que prevé los principios y
reglas generales que debe observar el Gobierno para modificar la estructura de los
ministerios, departamentos administrativos y los demás organismos administrativos
del orden nacional. Así se desprende de la primera parte del contenido de los citados
decretos al aludir a las mismas como fundamento de competencia para su
expedición”.

Además, la remisión al artículo 189 de la Constitución y al artículo 54 de la Ley 489
de 1998 obedeció a la voluntad del legislador, que en el inciso sexto del artículo 156
de la Ley 1151 de 2007 estableció que “la UGPP ejercerá sus funciones de acuerdo
con lo que defina la reglamentación que en el ejercicio de sus potestades
constitucionales expida el Gobierno Nacional”.

Pone de presente lo anterior que la facultad prevista en la Ley 1151 de 2007, artículo
156, fue desarrollada mediante los Decretos 168 y 169 de 2008, que claramente la
invocan como su fundamento, los cuales fueron expedidos dentro de los 6 meses
siguientes a la vigencia de la ley, como correspondía, y adicionalmente que, los
Decretos 5021 de 2009 y 575 de 2013, se profirieron en desarrollo de la facultad
consagrada en el artículo 189 numeral 16 de la Constitución Política para “modificar
la estructura de los Ministerios, Departamentos Administrativos y demás entidades u
organismos administrativos nacionales, con sujeción a los principios y reglas
generales que defina la ley”

Además, la competencia otorgada en la Ley 1151 de 2007 fue para expedir normas
con fuerza de Ley, lo que se cumple respecto de los dos primeros preceptos, como
quiera que ambos la tienen (Decretos Leyes), que no los Decretos 5021 de 2009 y
575 de 2013. Lo anterior, resulta suficiente para desestimar los argumentos de la
demandante relacionados con la falta de competencia del Gobierno Nacional debido
a la expedición extemporánea del Decreto 5021 de 2009, de cara al artículo 156 de
la Ley 1151 de 2007.

[…]

2. Competencias de los jueces laborales

Como fue expuesto en el cargo anterior, la UGPP cuenta con la competencia funcional
para determinar la adecuada, completa y oportuna liquidación y pago de aportes
parafiscales a los diversos subsistemas que conforman el Sistema de Protección
Social. En virtud de las facultades de fiscalización la UGPP puede aplicar las normas
laborales como es el caso de los artículos 127 y siguientes del Código Sustantivo del
Trabajo y 17 de la Ley 344 de 1996, así como las normas que regulan cada
subsistema, no para dirimir controversias entre empleadores y trabajadores, sino para

26 Reiterada en sentencia del 24 de febrero de 2022, exp.24670. C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto y recientemente en
sentencia del 7 de marzo de 2024, exp.2774, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.

15

Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-01276-00
Demandante: Químicos Oma S.A.

efectos de evaluar, a partir del análisis probatorio, si determinado pago tiene
naturaleza salarial o no en torno a la obligación tributaria y la relación empleador –
UGPP.

Al respecto, esta Sección ha señalado que cuando se inician las actuaciones
administrativas encaminadas a formular liquidaciones oficiales, las autoridades
tributarias tienen competencia para valorar si determinada erogación laboral tiene o
no el carácter de salario, lo que por supuesto incluye la verificación de cualquier
acuerdo al que lleguen las partes, ello sin perjuicio de la competencia que le
corresponde a la jurisdicción ordinaria27.

En este cargo la sociedad también planteó el desconocimiento del principio de
primacía de la realidad, y la falta de apreciación del material probatorio, tales como
los contratos de trabajo, desprendibles de nómina y otros asientos de los gastos. Sin
embargo, no se detuvo a precisar en qué casos consideró dicha irregularidad, ni los
períodos o trabajadores frente a los cuales fueron desconocidos las pruebas, razón
por la cual la Sala se encuentra imposibilitada para efectuar un análisis al respecto en
esta instancia. No prospera el cargo.

3. Creación de la tercera norma

[…] La Sala no comparte el planteamiento de la sociedad, […] se advierte es que se
menciona la Ley 1151 de 2007 como la norma creadora de la UGPP y la que le otorgó
las facultades de fiscalización, mientras que la Ley 1607 de 2012 la cita por ser la
norma vigente al momento de la expedición del acto.

Así mismo, hizo referencia a los Decretos 169 de 2008 y 575 de 2013 por ser las
regulaciones que ratificaron la competencia funcional de la entidad, sin que de ello
pueda inferirse una creación o conjugación normativa por parte de la UGPP, por el
contrario, se evidencia que la demandada puso en conocimiento de la sociedad las
normas que sirvieron de fundamento para la decisión. No prospera el cargo.

4. Firmeza de las declaraciones privadas

[…] la Sala fijó su criterio en el sentido que “aunque las actuaciones tendientes a la
determinación oficial hubiesen iniciado bajo la Ley 1607 de 2012, el término de
caducidad que debe observar la autoridad para iniciar el procedimiento de revisión de
las autoliquidaciones de las Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, es
el previsto en el artículo 714 del ET si la declaración, o la última corrección, se
presentó con anterioridad al 26 de diciembre de 2012, fecha de entrada en vigor de
la Ley 1607 de 2012, la cual dispuso un nuevo término que alcanza tanto a las
situaciones de omisión de la afiliación, como a las de inexactitud en la autoliquidación
o las infracciones que corresponda.”28

En ese contexto, es claro el criterio de la Sala según el cual resulta aplicable a las
planillas de autoliquidación de las contribuciones al Sistema de la Seguridad Social y
Parafiscales el artículo 714 del Estatuto Tributario, siempre y cuando éstas hayan
sido presentadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1607 de
201229.

Ahora bien, la citada Ley 1607, al determinar la competencia para la determinación y
el cobro de las contribuciones parafiscales de la protección social, en su artículo 178
parágrafo segundo, dispuso que la entidad podría iniciar las acciones de

27 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 1 de noviembre de 2012,
exp.17786, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, reiterada en sentencias del 10 de marzo y del 25 de agosto de 2022,
exp.24971 y 26284, respectivamente, y del 1 de junio de 2023, exp.26182 C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
28
Consejo de Estado, Sección Cuarta. Sentencia del 19 de agosto de 2021, exp.25086, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
29
La Ley fue publicada en el Diario Oficial Nro. 48.655 de 26 de diciembre de 2012.

16

Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-01276-00
Demandante: Químicos Oma S.A.

determinación de los aportes dentro de los 5 años siguientes contados desde el
momento de ocurrencia de la conducta fiscalizada. […]

Comoquiera que, en este caso, las planillas fiscalizadas por la UGPP correspondieron
a los períodos 2013, no podían estar sujetas al término de firmeza previsto en el
Estatuto Tributario, tal como lo alegó la demandante, toda vez que para esos períodos
ya estaba vigente la Ley 1607 de 2012, que como se dijo, dispuso el término de 5
años para que la entidad iniciara sus facultades de fiscalización30. Por lo expuesto no
procede el cargo. […]” (negrilla del texto).

64. Así las cosas, la sentencia cuestionada analizó y resolvió los mismos
argumentos que se proponen en sede del recurso extraordinario de revisión, lo cual
evidencia que la recurrente no tiene como propósito demostrar la configuración de
una causal de nulidad originada en la sentencia, sino cuestionar la interpretación
realizada por el juez ordinario sobre los cargos de nulidad planteados al interior del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, siendo este un propósito ajeno
al recurso extraordinario de revisión.

65. El juez de segunda instancia expuso de manera motivada las razones por las
cuales los argumentos de la demanda ordinaria, que se reiteran en el presente
recurso extraordinario de revisión, no estaban llamados a prosperar, para lo cual
tuvo sustento en la normativa y jurisprudencia aplicable al caso concreto, sin que se
advierta que dicho análisis fue irracional o desproporcionado ni que se hayan
vulnerado las garantías constitucionales del debido proceso de las partes.

66. A juicio de la Sala, el desacuerdo con el resultado del proceso ordinario no da
lugar a la configuración de nulidad alguna originada en la sentencia, ni la vulneración
del derecho al debido proceso. En todo caso, se advierte que examinar los motivos
expuestos en el caso bajo estudio, con el fin de evaluar las conclusiones a las que
arribó el ad quem, convertiría el recurso extraordinario de revisión en una tercera
instancia, lo cual desconoce su finalidad.

67. En consecuencia, la Sala considera que no se acreditó la configuración de la
causal de revisión prevista en el numeral 5. del artículo 250 de la Ley 1437, motivo
por el cual declarará infundado el recurso.

III.6. De la condena en costas

68. La Sala estima que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 25531 de la Ley 1437
y en el numeral 8. 32 del artículo 365 de la Ley 1564, procede condenar en costas a
la sociedad recurrente, por concepto de agencias en derecho, dado que el recurso
extraordinario se declarará infundado y se acreditó la labor defensiva de la UGPP.

69. Paraefectos de la liquidación de las agencias en derecho, el consejero
sustanciador dictará un auto posterior, de conformidad con lo establecido en el

30
En términos similares se pronunció la Sala en sentencia del 20 de octubre de 2022, exp. 26538 C.P. Stella Jeannette
Carvajal Basto.
31
Modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021.
32
Por remisión del artículo 306 de la Ley 1437.

17

Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-01276-00
Demandante: Químicos Oma S.A.

numeral 3.33 del artículo 366 de la Ley 1564, una vez quede en firme la presente
sentencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sala Veinte Especial de Decisión, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por la sociedad Químicos Oma S.A. contra la sentencia de 28 de
noviembre de 2024 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación núm.
25000-23-37-000-2019-00841-01.

SEGUNDO: CONDENAR en costas, por concepto de agencias en derecho, a la
parte recurrente.

TERCERO: Para la fijación de las agencias en derecho, por Secretaría General,
INGRESAR el expediente al despacho del consejero ponente para lo de su
competencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Consejero de Estado Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Consejero de Estado Consejera de Estado

ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejera de Estado
Aclara voto

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sala Veinte Especial de Decisión
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.

33
Ibidem.

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