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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-01662-00

Fecha
26 de febrero de 2024
Consejero ponente
Cesar Palomino Cortes
Citada por
19 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-01662-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLÁRASE infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por los señores Jesús Morales y Blanca Flor Loaiza, contra la sentencia del 2 de junio de 2021, proferida por la Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado. SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte recurrente por concepto de agencias en derecho, para lo cual se fijará la suma equivalente a tres (3) salarios mínimos mensuales legales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta providencia, 25 “ARTÍCULO 2º. Criterios. Para la fijación de agencias en derecho el funcionario judicial tendrá en cuenta, dentro del rango de las tarifas mínimas y máximas establecidas por este acuerdo, la naturaleza, la calidad y la duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y demás circunstancias especiales directamente relacionadas con dicha actividad, que permitan valorar la labor jurídica desarrollada, sin que en ningún caso se puedan desconocer los referidos límites. […] ARTÍCULO 5º. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: […] 9. RECURSOS EXTRAORDINARIOS. Entre 1 y 20 S.M.M.L.V. […]”. 26 “ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […] 4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas. 24 Radicación: 11001-03-15-000-2022-01662-00 Recurrente: Jesús Morales y Blanca Flor Loaiza c/ municipio de Santiago de Cali y Metro Cali S.A. que deberá incluirse en la liquidación de costas a pagar por la parte recurrente, […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-01662-00

Consejero ponente: Cesar Palomino Cortes

26 de febrero de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA 2 ESPECIAL DE DECISIÓN

Consejero ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Bogotá D.C., veintiséis (26) de febrero de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2022-01662-00
Recurrente: Jesús Morales y Blanca Flor Loaiza
Demandado: Municipio de Santiago de Cali y Metro Cali S.A.
Asunto: Recurso extraordinario de revisión contra la sentencia del 2 de
junio de 2021, proferida por la Sección Tercera, Subsección B,
del Consejo de Estado
FALLO

1. La Sala Especial de Decisión 2 decide el recurso extraordinario de revisión
presentado por los señores Jesús Morales y Blanca Flor Loaiza contra la
sentencia del 2 de junio de 2021, proferida por la Sección Tercera, Subsección B,
del Consejo de Estado, mediante la cual modificó el fallo proferido el 22 de agosto
de 2012 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que había negado las
pretensiones de la demanda de reparación directa instaurada por los señores
Jesús Morales y Blanca Flor Loaiza contra el municipio de Santiago de Cali (hoy
Distrito Especial de Santiago de Cali) y Metro Cali S.A., con el número 76001-23-
31-000-2010-00115-01 (46886); y, en su lugar, declaró la caducidad de la acción.

ANTECEDENTES

La sentencia objeto de recurso de revisión

2. El 2 de junio de 2021, la Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de
Estado resolvió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia de primera instancia dictada en el proceso de reparación
directa seguido por los señores Jesús Morales y Blanca Flor Loaiza contra el
municipio de Santiago de Cali y Metro Cali S.A., en la cual decidió:

“PRIMERO: MODIFICAR la Sentencia de 22 de agosto de 2012, proferida por el
Tribunal Administrativo de Valle del Cauca que negó las pretensiones, la cual
quedará así:

“PRIMERO: DECLARAR LA CADUCIDAD de la acción para reclamar el daño
derivado de la omisión de Metro Cali S.A. de comprarle el valor de 2 lotes,
colindantes con el bien inmueble de su propiedad identificada con Matrícula
inmobiliaria 370-167629, sobre las cuales, a su juicio, ejercía la posesión.

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c/ municipio de Santiago de Cali y Metro Cali S.A.

SEGUNDO: NEGAR LAS DEMÁS PRETENSIONES DE LA DEMANDA”.

SEGUNDO: Sin costas en esta instancia por lo señalado en la parte motiva”.

3. Señaló que en el recurso de apelación interpuesto por la parte actora se
alegaron unos daños derivados del proceso adelantado por Metro Cali S.A. para
desarrollar el sistema de transporte, sobre las cuales efectuó las siguientes
consideraciones.

4. La afectación del establecimiento de comercio de la señora Blanca
Flor Loaiza de Morales. Frente a este daño, el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, afirmó que compartía lo considerado por el Tribunal, en la
medida en que la adquisición por enajenación voluntaria recae sobre los bienes
inmuebles y no sobre establecimientos de comercio, es decir, que existe una
relación sustancial entre Metro Cali S.A. y el dueño del inmueble y no con el dueño
del establecimiento de comercio. Sin embargo, indicó que es posible demandar a
Metro Cali S.A. para reclamar una indemnización por un presunto daño antijurídico
generado por la compra del local en el que este funcionaba, para lo cual deben
configurarse los elementos de responsabilidad.

5. Indicó que no se acreditó el daño, toda vez que, pese a que se allegó un
dictamen pericial en el que se establecía la utilidad anual y el good will del
establecimiento de comercio, no se demostró que debido a la compra del inmueble
en el que funcionaba, se generó una imposibilidad absoluta de ejecutar sus
actividades mercantiles, o que por ello se redujeron sustancialmente los ingresos,
o que se tuvo que incurrir en sobrecostos para recuperar la clientela.

6. Igualmente, consideró que, aunque no se requiere una tarifa legal para
acreditar la disminución de los ingresos del establecimiento de comercio, los
testimonios en ese sentido no son suficiente para demostrar el daño, pues ello
debería estar respaldado, entre otros medios de prueba, en los libros de
contabilidad, facturas de venta de los años anteriores y posteriores a la venta del
inmueble en que aquel funcionaba.

7. La afectación del patrimonio de la señora Blanca Loaiza, al dejar de
percibir la renta de tres apartamentos. En relación con este punto, advirtió que
no era posible acceder a la pretensión por cuanto constituye una variación de la
causa petendi, pues en la demanda se alegó que dicho derecho debía
reconocerse al señor Jesús Morales, propietario del bien inmueble que recibía

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Recurrente: Jesús Morales y Blanca Flor Loaiza
c/ municipio de Santiago de Cali y Metro Cali S.A.

dichas rentas y no a la señora Blanca Flor Loaiza, petición que fue resuelta por el
A quo sin que ese sujeto procesal presentara recurso de apelación frente a este
punto.

8. La afectación del patrimonio de Jesús Morales por haberse
descontado del precio acordado para la venta del inmueble de su propiedad,
unos gravámenes y tributos que, a su juicio, no debía asumir. En cuanto a
este daño, el Consejo de Estado consideró que no existió un incumplimiento
contractual por parte de Metro Cali S.A., pues el actor estaba obligado a pagar
unas contribuciones parafiscales por haber suscrito el contrato de compraventa
con una entidad descentralizada del nivel municipal, lo que llevó a que se
efectuaran unos descuentos por concepto de estampillas, sin que existiera alguna
exención normativa para no realizar dichos descuentos.

9. Asimismo, indicó que no se configuró un vicio en el consentimiento del
señor Jesús Morales que evidencie que fue obligado a pagar la totalidad del
impuesto predial del año 2009, pues en la promesa de compraventa suscrita, libre
y autónomamente, por aquel se acordó que el inmueble debía estar a paz y salvo
por concepto de impuestos para suscribir el contrato de compraventa.

10. La falta de compra de dos bienes inmuebles sobre los cuales Jesús
Morales ejercía la posesión. Afirmó que se configuró el fenómeno jurídico de la
caducidad frente al presunto daño derivado de la omisión de Metro Cali S.A. al no
comprar dos lotes colindantes con el bien inmueble de propiedad del señor
Morales sobre los cuales ejercía posesión, pues desde el 26 de noviembre de
2007 (fecha de notificación de la oferta de compra) se enteró que Metro Cali S.A.
no compraría esos lotes al no haberse presentado título alguno sobre ellos; y la
acción de reparación directa se presentó el 1 de febrero de 2010, es decir, cuando
ya había fenecido la oportunidad para presentar la demanda.

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

11. El 14 de marzo de 2022, los señores Jesús Morales y Blanca Flor Loaiza,
actuando a través de apoderada, interpusieron recurso extraordinario de revisión
contra la sentencia proferida, el 2 de junio de 2021, por la Sección Tercera,
Subsección B, del Consejo de Estado. Invocaron la causal prevista en el numeral
5 del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, consistente en “existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al
proceso y contra la que no procede recurso de apelación”.

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c/ municipio de Santiago de Cali y Metro Cali S.A.

12. Como resumen de los hechos que dieron origen al presente recurso,
indicaron:

13. Que presentaron demanda en ejercicio de la acción de reparación directa
contra el municipio de Cali y Metro Cali S.A., para que se reparara integralmente
los daños generados por pérdida de oportunidad, perjuicios morales y materiales
causados sobre el inmueble de propiedad del señor Jesús Morales para el
desarrollo de las obras para poner en ejecución el sistema integrado de transporte
masivo para la ciudad.

14. Lo anterior, teniendo en cuenta que el demandante construyó en dicho
inmueble cuatro apartamentos que se encontraban arrendados y tres locales en
los que la señora Blanca Flor Loaiza tenía un establecimiento de comercio
“Materiales BF”, el cual generaba rentas y utilidades.

15. Que las entidades demandadas pagaron el valor del terreno, pero no
reconocieron las rentas dejadas de percibir por las mejoras, los cuatro
apartamentos, los tres locales y el establecimiento de comercio mencionado.

16. Que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en providencia del 22 de
agosto de 2012, negó las pretensiones de la demanda. Contra dicha decisión la
parte demandante interpuso recurso de apelación, que fue resuelto por el Consejo
de Estado en la decisión cuestionada a través del presente recurso.

17. Afirmaron que el fallo recurrido es nulo por violación al debido proceso por:
(a) fundamentarse en una norma procesal no aplicable al caso concreto (defecto
sustantivo y procedimental); (b) exceso de ritual manifiesto; (c) defecto fáctico por
no valorar las pruebas que demuestran los daños causados a los demandantes; y
(d) falta de congruencia.

18. A su juicio, el defecto sustantivo se configuró porque el Consejo de Estado
consideró que en el recurso de apelación no se señalaron específicamente los
reparos contra la sentencia de primera instancia, como lo ordena el artículo 320
del Código General del Proceso, pese a que la norma vigente para la presentación
de la demanda de reparación directa era el Código de Procedimiento Civil.
Afirmaron que el recurso de apelación debía decidirse estudiando solamente la
demanda, las pruebas practicadas en primera instancia, la contestación de la
demanda y las excepciones planteadas, de acuerdo con lo ordenado en el artículo
304 del Código Contencioso Administrativo.

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Recurrente: Jesús Morales y Blanca Flor Loaiza
c/ municipio de Santiago de Cali y Metro Cali S.A.

19. Asimismo, señalaron que en la sentencia cuestionada no se analizaron las
pruebas obrantes dentro del expediente, por lo que se incurrió en un defecto
fáctico.

20. Agregaron que en el fallo recurrido no se reconoció el daño causado al
patrimonio del señor Jesús Morales por no percibir el arriendo de tres
apartamentos, bajo el argumento que en el recurso de apelación se indicó que
dicha afectación se dio al patrimonio de la señora Blanca Flor Loaiza, lo cual, a su
juicio, constituye un exceso ritual manifiesto, toda vez que dicha afirmación fue un
error de quien apoderaba a la parte demandante en ese momento, que fue
corregido en los alegatos de conclusión.

21. Advirtieron que, en todo caso, la decisión del juez se debe basar en el
análisis de la demanda, la contestación y las pruebas allegadas y practicadas
oportunamente, pues el recurso de apelación no puede modificar las pretensiones
de la demanda, es decir, que tuvo que estudiar la petición teniendo en cuenta lo
planteado inicialmente en la demanda y no con base en el error presentado en el
recurso.

22. Adicional a lo anterior, consideraron que la sentencia es incongruente
porque no se resolvió lo pretendido en los términos de la demanda, pues no se
analizaron las pruebas y pretensiones de los accionantes. Señalaron que el
Consejo de Estado no valoró documentos como: los contratos de arrendamiento,
los cánones dejados de percibir de los tres apartamentos, las declaraciones del
impuesto de industria y comercio, y los documentos que demuestran los ingresos
que tenía la señora Blanca Loaiza del establecimiento de comercio.

23. Aclararon que el recurso extraordinario de revisión se presenta para que se
declare la nulidad del fallo recurrido respecto de la reparación de los daños
materiales, de pérdida de oportunidad y morales, toda vez que no se controvierte
lo pretendido en relación con la falta de pago de dos franjas de terreno y el valor
descontado por concepto de impuestos.

24. Formuló como pretensiones las siguientes:

“De acuerdo a las consideraciones expuestas, a las normas previstas en la
Constitución Nacional, al artículo 248 numeral 5º de la ley 1437/11, solicito dictar
sentencia, haciendo las siguientes declaraciones y condenas.

PRIMERO:

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Recurrente: Jesús Morales y Blanca Flor Loaiza
c/ municipio de Santiago de Cali y Metro Cali S.A.

Declarar fundado el recurso extraordinario de Revisión de la sentencia dictada
por el Consejo de Estado – Sección Tercera en el proceso instaurado por Jesús
Morales y Blanca Flor Loaiza contra Municipio de Santiago de Cali y Metro Cali S.A.
distinguido con el número de radicación 76001-23-31-000-2010-00115-01.

SEGUNDO:
INFIRMAR PARCIALMENTE la SENTENCIA dictada por el Consejo de Estado
Sección Tercera, en el proceso instaurado por Jesús Morales y Blanca Flor Loaiza
contra Municipio de Santiago de Cali y Metro Cali S.A. distinguido con el número de
radicación 76001-23-31-000-2010-00115-01.

TERCERO:
DECLARAR que la sociedad METRO CALI S.A. Y EL MUNICIPIO DE SANTIAGO
DE CALI son solidariamente responsables por los daños materiales (daño
emergente, lucro cesante futuro y pasado), daño a la vida en relación y psicológica
causados a los demandantes JESÚS MORALES Y BLANCA FLOR LOAIZA.

CUARTO:
Como consecuencia del (sic) anterior declaración METRO CALI S.A. Y EL
MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI deben ser CONDENADOS SOLIDARIAMENTE A
INDEMNIZAR INTEGRAMENTE a los demandantes Jesús Morales y Blanca Flor
Loaiza, ambos mayores de edad y vecino de Cali.

QUINTO:
CONDENAR al Municipio de Santiago de Cali y Metro Cali S.A. a reparar
íntegramente al demandante JESÚS MORALES pagando los valores – renta de los
4 apartamentos- dejados de percibir desde la fecha de la venta y entrega del
inmueble al Municipio de Cali el 20 de noviembre de 2008 y hasta su pago efectivo,
valores que han de ser debidamente actualizados a la fecha del fallo, más los
intereses, valores que se deben determinar en el incidente de regulación de
perjuicios.

SEXTO:
CONDENAR al Municipio de Santiago de Cali y Metro Cali S.A. a reparar integra y
completamente a la demandante BLANCA FLOR LOAIZA, pagando el valor de la
renta que produjo el establecimiento de comercio MATERIALES BF liquidando estos
valores desde la fecha de entrega de los locales al Municipio de Cali, el 20 de
noviembre de 2008 y hasta su pago efectivo, estas sumas deben ser debidamente
actualizadas a la fecha del fallo, más los intereses, valores que se deben determinar
en el incidente de regulación de perjuicios.

SÉPTIMO:
CONDENAR al Municipio de Santiago de Cali y Metro Cali S.A. a reparar integra y
completamente a los demandantes JESÚS MORALES Y BLANCA FLOR LOAIZA,
los perjuicios morales, daños de la vida en relación, sicológicos, causados por la
entrega del inmueble, que conllevó la pérdidas (sic) de las rentas que este
generaban los apartamentos y por la pérdida de las rentas que generaba el
establecimiento de comercio MATERIALES BF.

Los valores de las indemnizaciones debe ser actualizado conforme el índice de
precios al consumidor expedido por el DANE, sobre el valor de las condenas
deberán cancelarse intereses de mora como lo previenen los artículos el CPACA.

[…]”.

Trámite del recurso extraordinario de revisión

25. Repartido el recurso extraordinario de revisión, por auto del 20 de mayo de
2022, se admitió el mismo y se ordenó notificar personalmente a los

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representantes legales del Distrito Especial de Santiago de Cali, de Metro Cali
S.A., de la Previsora S.A. y al Ministerio Público1.

26. Mediante providencia del 22 de septiembre de 2022 se otorgó el valor legal
como pruebas a los documentos aportados por las partes y se prescindió del
periodo probatorio2.

Oposición al recurso extraordinario de revisión

27. La Previsora S.A. Compañía de Seguros, llamada en garantía del
Municipio de Santiago de Cali en el proceso de reparación directa impetrado por
los señores Jesús Morales y Blanca Flor Loaiza contra el municipio de Santiago de
Cali y Metro Cali S.A., solicitó que se niegue el recurso extraordinario de revisión
al considerar que el juez de segunda instancia debe pronunciarse únicamente
sobre los aspectos objeto del recurso de apelación y se debe mantener incólume
la decisión recurrida respecto a los puntos que no fueron controvertidos3.

28. Consideró que no hubo exceso de ritual manifiesto, por cuanto se
respetaron los principios al debido proceso y a la non reformatio in pejus, pues la
sentencia de segunda instancia analizó los aspectos que fueron debatidos por el
apelante único. Igualmente, indicó que no es válido considerar que el juez que
estudia el recurso de apelación debe analizar y decidir sobre la causa petendi que
fue objeto del fallo de primera instancia, aunque no hubiera sido discutida en su
totalidad en el recurso de apelación.

29. Asimismo, manifestó que en la decisión recurrida no hubo defecto fáctico
porque se enumeraron las pruebas tenidas en cuenta para confirmar la sentencia
que negó las pretensiones de la demanda y se respetó el principio de congruencia,
pues el pronunciamiento en el fallo de segunda instancia estuvo de acuerdo con lo
solicitado por el apelante, sin otorgar más de lo pedido o dejar de resolver sobre lo
pretendido.

30. Metro Cali S.A. consideró que el recurso es improcedente, porque los
cuestionamientos realizados por la parte recurrente son de tipo sustancial y no
atacan el proceso en sí mismo, siendo ello contrario al tecnicismo requerido por la
causal invocada. Ninguno de los yerros o defectos de la sentencia se adecuan al
supuesto de hecho de las causales de nulidad fijadas por el legislador, cuya

1
Visible en el índice 4 de Samai.
2
Visible en el índice 21 de Samai.
3
Visible en el índice 14 de Samai.

8
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Recurrente: Jesús Morales y Blanca Flor Loaiza
c/ municipio de Santiago de Cali y Metro Cali S.A.

lectura e interpretación resulta ser de carácter restrictivo y taxativo, lo que impide
que se extienda el análisis de la causal a criterios diferentes a los contenidos en la
norma misma4.

31. Indicó que no es posible concebir el recurso extraordinario de revisión como
una tercera instancia, con el fin de lograr una nueva valoración de la prueba o
provocar una interpretación adicional de las normas aplicables al caso, como lo
pretenden los recurrentes.

32. El Distrito Especial de Santiago de Cali se opuso a las pretensiones del
recurso extraordinario de revisión, al considerar que este instrumento procesal no
puede entenderse como una tercera instancia, como pretende la parte recurrente,
pues ello implicaría una afectación del principio de seguridad jurídica, el cual se
deriva del instituto de la cosa juzgada, que busca impedir que se produzcan
nuevos fallos sobre asuntos ya resueltos y que las relaciones y el ordenamiento
jurídico se doten de seguridad, a partir del efecto vinculante de una sentencia5.

Concepto del Ministerio Público

33. El Ministerio Público, mediante concepto del 31 de mayo de 2022,
manifestó que en la sentencia recurrida se analizaron las pruebas obrantes en el
proceso, se estudiaron los hechos y pretensiones planteadas, por lo que consideró
que el recurso desconoce el contenido del fallo y plantea circunstancias fácticas y
jurídicas que no son reales. En virtud de lo anterior, concluyó que los argumentos
presentados por los recurrentes carecen de razón y justificación y no logran
demostrar la presunta violación del principio de congruencia6.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

34. Esta Sala Especial de Decisión, sin exclusión del integrante de la Sección
que profirió la decisión, tiene competencia para decidir el presente recurso
extraordinario de revisión, conforme con los artículos 111 y 249 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo7, en concordancia

4
Visible en el índice 16 de Samai.
5
Visible en el índice 19 de Samai.
6
Visible en el índice 15 de Samai.
7
“CPACA. Artículo 111. Funciones de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. La Sala de lo Contencioso
administrativo en pleno tendrá las siguientes funciones: “(…).2. Resolver los recursos extraordinarios de revisión contra las
sentencias dictadas por las secciones o subsecciones y los demás que sean de su competencia”.
“CPACA. Artículo 248. Procedencia. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas
dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los
Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos”.

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con el artículo 107 ibidem8 y el Acuerdo 321 de 2014 –compilado en el Acuerdo
080 de 2019- por el cual la Sala Plena del Consejo de Estado reglamentó la
creación de salas especiales de decisión, encargadas de resolver los recursos
extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las Secciones o
Subsecciones de esta Corporación9.

Oportunidad en la presentación del recurso extraordinario de revisión

35. El recurso extraordinario de revisión fue interpuesto oportunamente, el 14
de marzo de 2022, es decir, dentro del término previsto en el artículo 251 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
teniendo en cuenta que la sentencia de la Sección Tercera, Subsección B, del
Consejo de Estado fue proferida el 2 de junio de 2021, notificada por edicto
electrónico fijado el 9 de julio de 2021 y desfijado el 13 de julio del mismo año, y
quedó ejecutoriada el 21 de julio de 202110.

Problema jurídico

36. En el presente asunto la Sala debe determinar si en el fallo proferido el 2 de
junio de 2021 por la Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado, se
incurrió en la causal de revisión prevista en el numeral 5 del artículo 250 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; en
concreto: si la decisión recurrida es nula por violación del debido proceso, por
incurrir en los defectos sustantivo, fáctico, exceso de ritual manifiesto y falta de
congruencia.

“CPACA. Artículo 249. Competencia. De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o
subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sin exclusión de la sección
que profirió la decisión”.
8
“CPACA. Artículo 107. Integración y composición. (…)
“Créanse en el Consejo de Estado las salas especiales de decisión, además de las reguladas en este Código, encargadas
de decidir los procesos sometidos a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, que esta les encomiende, salvo de los
procesos de pérdida de investidura y de nulidad por inconstitucionalidad. Estas Salas estarán integradas por cuatro (4)
Magistrados, uno por cada una de las secciones que la conforman, con exclusión de la que hubiere conocido del asunto, si
fuere el caso.
“La integración y funcionamiento de dichas salas especiales, se hará de conformidad con lo que al respecto establezca el
reglamento interno”.
9
“Acuerdo 321 de 2014. (…). Artículo 2º. Las Salas Especiales de Decisión decidirán los siguientes asuntos de competencia
de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo: 1. Los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las
sentencias de las Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado”.
10
“CPACA. Artículo 251. Término para interponer el recurso. El recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la
ejecutoria de la respectiva sentencia.
“En los casos contemplados en los numerales 3 y 4 del artículo precedente, deberá interponerse el recurso dentro del año
siguiente a la ejecutoria de la sentencia penal que así lo declare.
En el caso del numeral 7, el recurso deberá presentarse dentro del año siguiente a la ocurrencia de los motivos que dan
lugar al recurso.
“En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro de los cinco (5) años
siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo término
contado a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio”.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-01662-00
Recurrente: Jesús Morales y Blanca Flor Loaiza
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37. Para resolver el problema jurídico, se analizará el objeto del recurso
extraordinario de revisión, el alcance de la causal invocada por los demandantes,
para, finalmente, descender al caso concreto.

Resolución del problema jurídico

Objeto y alcances del Recurso Extraordinario de Revisión

38. Ha sido jurisprudencia pacífica de la Corporación considerar que el
propósito del recurso extraordinario de revisión es permitir que se garantice una
justicia material en un caso que ya se ha decidido; un caso que, si bien ha hecho
tránsito a cosa juzgada y respecto del cual se pregona su certeza y ejecutoriedad,
por razones distintas al debate mismo de la instancia, que dio lugar a la decisión
judicial, se permite que esa fuerza de cosa juzgada se rompa y pueda dar paso a
la protección, en algunos casos, de derechos fundamentales que fueron
desconocidos o amenazados por el operador judicial.

39. Las causales que el legislador prevé como únicas para superar y quebrar la
seguridad jurídica que se deriva de una sentencia judicial, en caso de su
prosperidad, atienden a circunstancias específicas y objetivas que no
corresponden a un cuestionamiento de valoraciones de tipo jurídico, fáctico o
probatorio adelantado por el juzgador en el proceso que dio lugar a la decisión
cuestionada. Por ello, no puede utilizarse este medio impugnativo so pretexto de
reabrir el debate jurídico o revivir una valoración probatoria que fue realizada por
el juez de instancia.

40. En efecto, las causales del recurso extraordinario de revisión están
previstas en el artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo así:

“Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo
20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:

1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos
decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el
recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra
de la parte contraria.

2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o
adulterados.

3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados
penalmente por ilícitos cometidos en su expedición.

4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-01662-00
Recurrente: Jesús Morales y Blanca Flor Loaiza
c/ municipio de Santiago de Cali y Metro Cali S.A.

pronunciamiento de la sentencia.

5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la
que no procede recurso de apelación.

6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor
derecho para reclamar.

7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo
del reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad
a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida.

8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las
partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a
revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue
rechazada”.

41. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de la Corporación, en
sentencia del 2 de marzo de 2010, precisó la naturaleza de este recurso
extraordinario, que, aunque el análisis se efectuó frente a las disposiciones del
Código derogado, la similitud de las causales permite reiterar en esta ocasión
dicho criterio, así:

“[…]

Las causales que pueden proponerse como fundamento de este recurso, enlistadas
de manera taxativa en el artículo 188 del Código Contencioso Administrativo, dan
cuenta de la naturaleza eminentemente procedimental de los vicios o errores que,
de conformidad con la ley procesal, son los únicos que permiten la revisión de la
sentencia por la vía del recurso extraordinario que se analiza. Ciertamente, a
excepción de la causal del numeral 5°, referida a la violencia o cohecho en que se
pudo incurrir en el pronunciamiento del fallo, ninguno de los yerros que se
relacionan en los numerales del mencionado artículo se refiere de modo directo a la
actividad analítica del juez, dado que ninguno cuestiona la labor intelectual de
juzgamiento, sino que todos involucran, bien sea una irregularidad de carácter
procesal (numeral 6°, referido a la existencia de causal de nulidad originada en la
sentencia, y numeral 8°, referido al desconocimiento de la cosa juzgada), o bien,
aspectos que atañen a la validez intrínseca o insuficiencia de los elementos de
prueba que determinaron el sentido de la decisión (numerales 1°, 2°, 3°, 4° y 7°).

Como lo sostuvo esta Sala Plena en anterior oportunidad, “la naturaleza del recurso
extraordinario de revisión pretende conciliar nociones esenciales del ordenamiento
legal, como lo son la seguridad jurídica que representa el principio de inmutabilidad
de las sentencias ejecutoriadas, o la cosa juzgada material y el principio de
restablecimiento de la justicia material que persigue asegurar la vigencia de un
orden justo, propuesto por el Preámbulo de la Constitución Política” [1]. Y,
precisamente, bajo ese entendimiento, en esa misma oportunidad sostuvo que “el
recurso extraordinario de revisión conlleva una limitación a la seguridad jurídica que
representan las sentencias ejecutoriadas, constituye un medio excepcional de
impugnación, que permite cuestionar una sentencia que está amparada por el
principio de cosa juzgada material”.

A su turno, en el mismo sentido la Corte Constitucional entiende que el recurso
extraordinario de revisión permite el ejercicio de una verdadera acción contra
decisiones injustas, a fin de restablecer la justicia material del caso concreto11. Por
ello, dice la Corte, “El recurso de revisión ha sido establecido para respetar la
11
Folio 1 cuaderno Anexo 1 del Recurso Extraordinario de Revisión.

12
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firmeza de los fallos, con miras a preservar la certeza y obligatoriedad incondicional
que acompaña a las decisiones de los jueces, sin perjuicio de la necesidad de hacer
imperar en ellos los dictados constitucionales y los imperativos legales, artículos 2°,
29 y 230 C.P.”. […]

De modo que por la vía del recurso extraordinario de revisión no es posible reabrir el
debate propio de las instancias, sino revisar la sentencia mediante la cual fue
resuelta esa controversia a fin de determinar la justicia de ese pronunciamiento a la
luz de estrictas causales legales”12.

42. De forma consistente, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado
que la rigurosidad de esta clase de asuntos no permite que el juzgador se
aproxime a alguna causal que no fue debidamente planteada y soportada, ni
tampoco permite convertir esta vía en una tercera instancia, pues ello
desnaturalizaría la función de esta clase de instrumentos extraordinarios13.

De la causal 5a del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo

43. Bajo el mismo criterio restrictivo que demanda el recurso extraordinario de
revisión, como se vio en la jurisprudencia transcrita, es necesario examinar la
causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, consistente en “existir nulidad
originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación”.

44. Las nulidades procesales son irregularidades que se presentan durante el
trámite de una actuación, y que, por su connotación, tienen la entidad de vulnerar
el derecho fundamental al debido proceso. En razón a su gravedad, el legislador
estableció la posibilidad, a modo de sanción, de que todas aquellas actuaciones
que se adelantaron viciadas sean invalidadas, con el fin de salvaguardar los
intereses superiores de las partes.

45. Dada su importancia en el marco de la normativa procesal, especialmente
por su función protectora, el legislador permitió que las nulidades fueran incluidas
como motivo válido para acudir ante las autoridades jurisdiccionales en revisión,
pues, incluso, en la sentencia que pone fin a los procedimientos es posible que se
presente una irregularidad que no es subsanable.

46. En este contexto, es importante señalar que la nulidad debe darse en la

12
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Mauricio Torres Cuervo, Exp. No.11001-03-15-
000-2001-00091-01(REV).
13
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, 24 de febrero
de 2004, exp. 15001-03-15-000-00793-00 y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alberto
Yepes Barreiro, 26 de febrero de 2013, Exp. 15001-03-15-000-01027-00.

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sentencia, no en etapas anteriores donde los hechos que la originan pudieron
ponerse en conocimiento del juez para poder sanearlos o tomar la medida que
fuera necesaria para llevar a cabo un debido proceso. Así, y como lo señaló la
Sala 8 Especial de Decisión de la Sala Plena del Consejo de Estado en
pronunciamiento, que se reitera, “para que esta causal de revisión prospere, entre
otras, debe tratarse de situaciones originadas bien en la misma sentencia recurrida o bien
en hechos que sobrevinieron con posterioridad a ella y que deben tener una influencia tal
que la decisión a adoptar hubiera sido distinta; que no se trate de causales que originen la
nulidad del proceso, pues éstas deberían haberse alegado en su curso y no con
posterioridad a él; que la causal está prevista para atacar las nulidades procesales
generadas en la sentencia, que como acto jurídico está sujeto al cumplimiento de precisas
ritualidades que de ser desoídas dan lugar a que se configure aquella; que se presenta en
los casos en los que se dicta la sentencia en un proceso terminado por desistimiento,
transacción, perención o estando legalmente suspendido o interrumpido y antes de la
oportunidad para reanudarlo y cuando la sentencia aparece firmada con menor o mayor
número de Magistrados o adoptada con un número de votos no previsto en la ley o
expedida completamente sin motivación, con violación al principio de la non reformatio in
pejus”14.

47. Para ello es necesario que el recurrente aduzca una anomalía que se haya
configurado en el momento de dictar la sentencia, que se informe de algún hecho
o circunstancia de carácter procesal que implique el desconocimiento de alguna
ritualidad propia de la actuación con el fin de estudiar con claridad el vicio que se
presenta, con la consecuencia que el mismo acarrearía.

48. Sobre esta causal, la Sala Plena en la sentencia que se citó en párrafos
anteriores, del 10 de marzo de 2010, señaló:

“Acerca de las irregularidades sustanciales del procedimiento que pueden
considerarse nulidad originada en la sentencia, es pertinente la siguiente ilustración
de esta Sala Plena:

“En esta materia - (nulidad originada en la sentencia) - los procesalistas están de
acuerdo en enseñar que ésta se genera cuando ella se dicta en un proceso
terminado anormalmente por desistimiento, transacción o perención, o cuando se
condena a quien no ha figurado como parte, o cuando el proveído se profiere
estando legalmente suspendido el proceso. Igualmente, cuando la sentencia
aparece firmada con mayor o menor número de magistrados, o adoptada con un
número de votos diverso al previsto en la ley. Igualmente, la que provea sobre
aspectos que no corresponden ora por falta de competencia, ora por falta de
jurisdicción. Podría darse también la causal cuando la providencia carece
completamente de motivación, pues el artículo 163 de la Constitución Nacional
ordena que: ´Toda sentencia deberá ser motivada´. […]

14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 8 Especial de Decisión, sentencia del 6 de febrero de
2018, C.P. Dra. María Elizabeth García González, Exp. REV-2016-01127-00.

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En época más reciente, la Sala Plena consideró que sólo podían considerarse
motivos de nulidad originada en la sentencia, para efectos del recurso extraordinario
de revisión, las causales que como nulidad del proceso taxativamente señala el
artículo 140 del Código de Procedimiento Civil. Dijo en aquella oportunidad:

“Lo expuesto sería bastante para desestimar la censura, pero vale decir que el
proceso solamente es nulo, en todo o en parte, por las causas establecidas en el
artículo 140 del Código de Procedimiento Civil. Así, por ejemplo, la nulidad que
tiene origen en la sentencia puede ocurrir, en conformidad con la disposición
referida, cuando se provee sobre aspectos para los que no tiene el juez jurisdicción
o competencia (numerales 1 y 2); cuando, sin ninguna otra actuación, se dicta
nueva sentencia en proceso terminado normalmente por sentencia en firme, o sin
más actuación se dicta sentencia después de ejecutoriado el auto por el cual
hubiera sido aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o declarada la
perención del proceso, porque así se revive un proceso legalmente concluido, o
cuando se dicta sentencia como única actuación, sin el previo trámite
correspondiente, porque así se pretermite íntegramente la instancia; o cuando se
condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en
la demanda o por causa diferente de la invocada en ésta, o se condena a quien no
ha sido parte en el proceso, porque con ello, en lo concerniente, también se
pretermite íntegramente la instancia (numeral 3); o cuando, sin más actuación, se
profiere sentencia después de ocurrida cualquiera de las causas legales de
interrupción o de suspensión o, en éstos casos, antes de la oportunidad debida
(numeral 5), entre otros eventos. […]

Y, en otra oportunidad, luego de traer a colación el anterior aparte jurisprudencial,
esta Sala anotó:

Desde la providencia que profirió esta Sala el 11 de mayo de 1998, expediente Rev-
93, actor Gabriel Mejía Vélez, se dijo que los motivos de nulidad que afectan la
sentencia, para los efectos de la respectiva causal de revisión, son los establecidos
en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil. […]

En aquella oportunidad y en lo pertinente la Sala se pronunció de la siguiente
manera:

[…]

En punto a la primera hipótesis planteada, y aunque no es la propia para resolver el
recurso propuesto, la Sala debe aclarar que la falta de jurisdicción o competencia
tiene que haberse originado en la sentencia, porque de lo contrario el vicio se habría
originado a partir de la providencia que admitió la demanda o la contrademanda y en
esta hipótesis no sería causal de revisión […]”15.

49. Asimismo, la Corporación ha mantenido el criterio según el cual hay otros
motivos que, aunque no están señalados dentro del catálogo taxativo del artículo
140 del Código de Procedimiento Civil o del artículo 133 del Código General del
Proceso, pueden dar lugar a invalidar la sentencia contra la que no procede
ningún recurso. Estos motivos surgen de la violación al debido proceso, derecho
fundamental consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política.

50. Así lo ha señalado, por ejemplo, la Sala Especial de Decisión Veintidós de
la Sala Plena del Consejo de Estado, al considerar: “la violación al debido proceso

15
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Mauricio Torres Cuervo, Exp. No.11001-03-15-
000-2001-00091-01(REV).

15
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constitucional en la sentencia puede ser causal de revisión. En este último evento,
corresponderá al juez determinar si el hecho que se dice contrario a este derecho, puede
configurar la causal de revisión en comento. Así también lo entendió esta Sala Especial
de Decisión en reciente fallo de 7 de febrero de 201716: ‘En este caso, el juez no está
creando una causal, pues se reconoce que la nulidad originada en el fallo, se deriva del
desconocimiento de un mandato constitucional, en donde el operador judicial será el
encargado de determinar si lo que se alega tiene la entidad suficiente para originar la
nulidad de la sentencia de instancia, pues no toda irregularidad puede tener la
potencialidad de afectar la inmutabilidad de la providencia que ha puesto fin al proceso’”17.

51. La falta al debido proceso se configura cuando la sentencia impugnada
desconoce alguna de las siguientes premisas fundamentales: i) la garantía de ser
juzgado conforme a las leyes preexistentes al acto imputado, ante autoridad
judicial competente y según las formas propias de cada juicio; ii) la aplicación de la
ley más permisiva o favorable, antes que la restrictiva o desfavorable, aunque
aquella sea posterior, en los casos que ello sea procedente; iii) la presunción de
inocencia; iv) el derecho de defensa y de ser asistido por un abogado en aquellos
casos que la ley lo indique; v) un proceso sin dilaciones injustificadas; vi) el
principio del non bis in ídem; vii) la posibilidad de presentar, conocer y controvertir
las pruebas dentro del trámite procesal; viii) la posibilidad de impugnar aquellas
providencias condenatorias; y ix) la nulidad de pleno derecho de la prueba que
haya sido obtenida ilícitamente18.

52. En todo caso, aún bajo el amparo de invocar una nulidad constitucional, al
igual que en la invocación de cualquier causal que implique la nulidad originada en
la sentencia, se requiere que el hecho que la motiva ocurra en la misma
providencia; que se trate de una irregularidad procesal y que sea de tal
envergadura que, de no haberse presentado, la decisión a adoptar hubiera sido
distinta. No se admite, para este evento, que, so pretexto de aducir la violación al
debido proceso constitucional, se utilice el recurso extraordinario de revisión para
reabrir un debate jurídico o probatorio que se dio en la instancia correspondiente.

53. Sobre el parámetro temporal de la causal de nulidad, la Sala Cuarta
Especial de Decisión, en sentencia del 23 de julio de 2019, señaló que este debe
ocurrir en “la expedición del fallo mismo, y no instancias o etapas anteriores, salvo “…
que el afectado no haya tenido la oportunidad de invocarlos ante el juez porque solo los

16
Expediente 11001-03-15-000-2016-02260-00 C.P (E). Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión. Sentencia del 4 de abril
de 2017. Expediente No. 11001-03-15-000-2016-02425-00(REV). C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez
18
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alberto Yepes Barreiro, 26 de febrero de 2013,
Exp. 11001-03-15-000-2008-01027-00.

16
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conoció cuando se dictó la sentencia recurrida”19, comoquiera que lo contrario
desnaturalizaría la esencia de la causal, pues la norma que la consagra es
suficientemente explícita en la oportunidad de configuración. Esta concepción impide el
acaecimiento de la inexorable confusión entre el instrumento de corrección y saneamiento
del proceso con el de realización de la justicia material que subyace al recurso
extraordinario de revisión que tiene por objeto la decisión judicial que puso fin a la litis”20.

54. Ahora bien, la causal quinta del artículo 250 del Código Contencioso
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo también comprende la violación
del principio de congruencia, que puede presentarse, verbi gratia cuando el
accionado es condenado por una cantidad superior a la pretendida en la demanda,
o por objeto y causa diferentes a los invocados en ésta; igualmente se configura
en el evento que la sentencia no se pronuncie sobre todos los puntos litigiosos
objeto del debate21.

55. Sobre el principio de congruencia de la sentencia, el artículo 281 del Código
General del Proceso, establece que la providencia debe estar acorde con los
hechos y pretensiones de la demanda, así:

“ARTÍCULO 281. CONGRUENCIAS. La sentencia deberá estar en consonancia
con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás
oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan
probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.

No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del
pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta.

Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente lo
último.

En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del
derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse
propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por
la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión o que la ley permita
considerarlo de oficio.
[…]”

56. El citado principio tiene dos ámbitos de aplicación, la congruencia interna y
la externa. La primera consiste en la coherencia entre la motivación del fallo y la
parte resolutiva; y la segunda trata de la armonía entre lo expresado por las partes
y lo decidido por el fallador22.

19
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Tres Especial de Decisión, M. P. Julio Roberto
Piza Rodríguez, sentencia del 4 de diciembre de 2018, rad. 11001-03-15-000-2018-00888-00(REV).
20
Expediente No. 11001-03-15-000-2018-04345-00(REV) M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
21
Al respecto consultar el auto del 1 de abril de 2009, Consejo de Estado, Sección Tercera, M.P. Ruth Stella Correa
Palacio, proceso con radicado AP 25000-23-26-000-2005-00240-01
22
Consultar sentencia del 1 de octubre de 2019, Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 2; M.P. César Palomino
Cortés; proceso: 11001-03-15-000-2013-02216-00

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57. Entonces, la falta de coherencia de la sentencia puede acarrear la invalidez
de la decisión, siempre y cuando sea de tal envergadura la incongruencia que sea
necesario corregirla mediante su anulación, por ello “el juez de la revisión debe
cuidarse de no incurrir en el error de confundir la disconformidad que puedan tener los
sujetos procesales frente a lo argumentado y decidido en el fallo en cuestión, con la falta
de armonía sustancial que inexorablemente debe darse entre la parte motiva y la
dispositiva de la providencia, ya que en el primer supuesto, el recurso extraordinario debe
negarse, pues el mismo se estaría empleando como una tercera instancia -propia de los
recursos ordinarios o de la discusiones de instancia-, y no para enervar la inmutabilidad
del fallo a partir de la naturaleza especial del recurso extraordinario”23.

58. De todo lo anterior es posible concluir que, para que sea procedente
infirmar la sentencia cuestionada en sede de revisión, con base en esta causal de
nulidad originada en la sentencia, es necesario: (i) que la nulidad se origine en la
sentencia o por hechos posteriores a ella, ya que no puede darse en un momento
previo, pues en tal caso las partes deben poner el hecho en conocimiento del juez
conductor del proceso, salvo que no se pudieron invocar antes porque solo se tuvo
conocimiento de ellos cuando se dictó la sentencia; y (ii) que la nulidad alegada
sea de tal entidad, que influya en la decisión a adoptar, ello en razón a que no
cualquier irregularidad tiene la fuerza suficiente de romper esa cosa juzgada de la
que la sentencia está investida.

Caso concreto

59. La causal en la que se sustenta el presente recurso extraordinario de
revisión es la prevista en el numeral 5 del artículo 250 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, pues, a juicio de
la parte recurrente, en la sentencia proferida por la Sección Tercera, Subsección
B, del Consejo de Estado, se incurrió en una nulidad por vulneración del debido
proceso porque: (a) se fundamentó en una norma procesal no aplicable (defecto
sustantivo y procedimental); (b) no se valoraron las pruebas que acreditaban el
daño (defecto fáctico); (c) exceso de ritual manifiesto; y (d) violación del principio
de congruencia.

60. Con el fin de estudiar el problema jurídico planteado, la Sala abordará el
estudio de los motivos de inconformidad que sustentan la causal invocada.

Frente al presunto defecto sustantivo y procedimental

23
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión, M.P. Alberto
Yepes Barreiro, sentencia del 2 de febrero de 2016, proceso con radicado 11001-03-15-000-2015-02342-00 (REV)

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61. La parte recurrente considera que la expresión “en el recurso de apelación que
limita la competencia de esta Sala”, contenida en la sentencia acusada, se derivó de
la aplicación del artículo 320 del Código General del Proceso, pese a que la norma
vigente para la interposición de la demanda y del recurso era el Código de
Procedimiento Civil, según el cual, a su juicio, no exige la sustentación del recurso
de apelación contra la sentencia, toda vez que el juez al resolverlo debe analizar la
totalidad de los hechos planteados en la demanda y en la contestación de la
misma, así como las pruebas allegadas y practicadas oportunamente.

62. La Sala no comparte dicho argumento, pues las partes procesales tienen la
carga de presentar los argumentos que sustentan sus pretensiones y manifestar
de forma clara los motivos de inconformidad frente a las decisiones que se
adopten por el juez.

63. El artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, norma aplicable al caso
bajo estudio teniendo en cuenta la fecha de interposición del recurso de apelación
contra la sentencia de primera instancia, consagraba:

“ARTÍCULO 357. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. La apelación se entiende
interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá
enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en
razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos
íntimamente relacionados con aquélla. Sin embargo, cuando ambas partes hayan
apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin
limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir
el recurso, liquidar costas y decretar copias y desgloses. Si el superior observa que
en la actuación ante el inferior se incurrió en causal de nulidad que no fuere objeto
de la apelación, procederá en la forma prevista en el artículo 145. Para estos fines el
superior podrá solicitar las copias adicionales y los informes del inferior que estime
conveniente.

Cuando se hubiere apelado de una sentencia inhibitoria y la revocare el superior,
éste deberá proferir decisión de mérito aun cuando fuere desfavorable al
apelante”24. (Negrita fuera del texto original)

64. A su vez, el parágrafo 1 del artículo 352 del mismo código establecía que
“El apelante deberá sustentar el recurso ante el juez o tribunal que deba resolverlo, a más
tardar dentro de la oportunidad establecida en los artículos 359 y 360, so pena de que se
declare desierto. Para la sustentación del recurso, será suficiente que el recurrente
exprese, en forma concreta, las razones de su inconformidad con la providencia”, es
decir, que, contrario a lo afirmado por la apoderada de los señores Jesús Morales

24
Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. En la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo rige a partir del 1o. de enero de 2014, según lo indicado en el Auto de 25 de junio de 2014, proferido por la
Sala Plena del Consejo de Estado. (Expediente 2012-00395.01 I.J.).

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y Blanca Flor Loaiza, el recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia sí debía estar sustentado, situación que a su vez limita la competencia
del juez que resuelve dicho recurso. Pronunciarse sobre la totalidad de los
aspectos planteados en la demanda y contestación de la misma, sin ser objeto de
apelación podría conllevar a la violación del debido proceso de la otra parte, así
como de los derechos de defensa y contradicción y del principio de congruencia.

65. Por lo anterior, la Sala advierte que no se evidencia la configuración de la
causal invocada por violación del debido proceso e indebida aplicación de una
norma que vicie de nulidad la sentencia recurrida, pues el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B, resolvió en segunda instancia la demanda
presentada por los señores Morales y Loaiza de acuerdo con lo planteado en el
recurso de apelación, teniendo en cuenta que su competencia se encontraba
limitada a estudiar en segunda instancia lo desfavorable al apelante, pero siempre
que hubiera sido objeto del recurso.

Frente al presunto defecto fáctico

66. La apoderada de los recurrentes considera que en la sentencia se incurrió
en un defecto fáctico al no valorar la totalidad de las pruebas allegadas al proceso,
ni las decretadas y practicadas dentro del mismo, pese a que con ellas se
acreditaban los daños alegados dentro del proceso de reparación directa
interpuesto contra el municipio de Santiago de Cali, hoy Distrito Especial y Metro
Cali S.A.

67. Pues bien, para la Sala este argumento no configura la causal de nulidad
originada en la sentencia por violación del debido proceso, sino que corresponde
al cuestionamiento sobre el análisis fáctico y probatorio adelantado por la Sección
Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado.

68. A juicio de la Sala, la pretensión de la parte recurrente es que se estudie
nuevamente la totalidad de las pruebas que obran dentro del expediente de
reparación directa, porque no comparte la valoración probatoria efectuada por el
Consejo de Estado.

69. El recurso extraordinario de revisión no puede, so pretexto de alegar la
configuración de esta causal, convertirse en una tercera instancia con el fin de
controvertir nuevamente las decisiones adoptadas por los jueces del proceso
ordinario, máxime cuando lo pretendido no es más que corregir la falencia u

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omisión probatoria frente al planteamiento del recurso de apelación para que se
resuelvan de forma favorable sus pretensiones.

70. Pues bien, es evidente que la parte recurrente cuestiona la valoración
probatoria efectuada por la Sección Tercera del Consejo de Estado, porque
presuntamente no consideró todas las pruebas, en su conjunto, para establecer
que se había generado: (i) un detrimento al patrimonio de la señora Blanca Flor
Loaiza como consecuencia de la afectación del establecimiento de comercio que
se ubicaba en el inmueble objeto de la compraventa; y (ii) un daño al patrimonio
del señor Jesús Morales, quien dejó de percibir el valor por concepto de canon de
arrendamiento de los apartamentos ubicados en el mismo inmueble, y que de
haberlo hecho, la conclusión sería reconocer las indemnizaciones solicitadas. A
juicio de la Sala, estos reparos no constituyen una violación al debido proceso,
máxime cuando los demandantes tuvieron todas las oportunidades para allegar o
solicitar las pruebas para acreditar los daños alegados y controvertir la sentencia
de primera instancia solicitando dichas pretensiones de forma correcta.

71. Así las cosas, tampoco se encuentra configurada la causal por este
argumento, razón por la cual se estudiarán los demás motivos de inconformidad
planteados en el recurso extraordinario de revisión.

Frente al exceso ritual manifiesto

72. La parte recurrente planteó que en el fallo acusado se incurrió en un exceso
ritual manifiesto, pues no se estudió la pretensión de reconocimiento de perjuicios
relacionada con el arriendo de tres apartamentos ubicados en el inmueble en
discusión, porque en el recurso de apelación, presentado por la parte
demandante, se solicitó dicho reconocimiento a favor de la señora Blanca Flor
Loaiza, pese a que en realidad era propiedad del señor Jesús Morales.

73. Al respecto, consideraron que en la sentencia de segunda instancia debió
efectuarse un análisis de los supuestos fácticos y jurídicos planteados desde la
demanda y contestación de la misma, sin limitar su estudio como consecuencia
del error presentado en el recurso de apelación por parte de la apoderada de los
demandantes, máxime cuando dicho error fue corregido en los alegatos de
conclusión presentados en segunda instancia.

74. A juicio de la Sala, como se expuso en párrafos precedentes, no es válido
pretender que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, se

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pronunciara sobre la totalidad de los hechos planteados en el proceso de
reparación directa, pues su competencia en segunda instancia se encontraba
limitada a los argumentos expuestos en el recurso de apelación y en los términos
planteados por la parte frente a la sentencia de primera instancia.

75. Por lo anterior, no es dable al juez del proceso ordinario corregir el recurso
o interpretar el mismo, sino que le correspondía a la parte interesada presentar,
dentro del término oportuno, la modificación del recurso de apelación si
consideraba que no estuvo debidamente planteado, sin que sea válido aceptar
que, a través de un memorial presentado con posterioridad, se puedan modificar
los planteamientos efectuados inicialmente, pues ello podría conllevar a la
vulneración de los derechos al debido proceso y de contradicción de la parte
contraria. En efecto, los alegatos de conclusión no son la oportunidad para
presentar cargos contra la sentencia de primera instancia que no fueron objeto del
recurso de apelación.

76. En virtud de lo anterior, la Sala considera que no se evidencia un exceso
ritual manifiesto en los términos descritos, pues el juez de segunda instancia
resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de segunda
instancia en los términos fijados por el mismo recurso y con respeto de los
derechos y principios fundamentales que amparan a ambas partes del proceso.

Sobre la supuesta falta de congruencia

77. Finalmente, los señores Jesús Morales y Blanca Flor Loaiza consideraron
que en la sentencia recurrida no se resolvieron las pretensiones en los términos de
la demanda, ni se analizaron las pruebas y hechos planteados en primera
instancia, con el fin de reconocer los perjuicios por los daños ocasionados en su
patrimonio.

78. Pues bien, la Sala observa que este último argumento se refiere
básicamente al análisis de los tres puntos anteriores, que hacen alusión al no
estudio de la totalidad de las pretensiones y a la no valoración de las pruebas, con
el fin de obtener el reconocimiento de los perjuicios por los daños derivados de la
compra del inmueble de propiedad del señor Jesús Morales, para desarrollar las
obras del sistema de transporte masivo en la ciudad de Cali.

79. En este contexto, la Sala considera que no se evidencia la configuración de
la causal invocada, toda vez que la decisión recurrida fue congruente con lo

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solicitado en el recurso de apelación presentado contra la sentencia de primera
instancia, que resolvió la demanda de reparación directa interpuesta por los
señores Jesús Morales y Blanca Flor Loaiza, pues el juez se pronunció frente a
cada uno de los argumentos planteados y, de forma motivada, expuso las razones
por las cuales consideraba que no había lugar a acceder a lo pretendido.

80. Así las cosas, se advierte que en el recurso extraordinario de revisión se
planteó la configuración de la causal por: (i) la supuesta configuración de un
defecto sustantivo y procesal; (ii) la presunta configuración de un defecto fáctico;
(iii) exceso de ritual manifiesto; y (iv) falta de congruencia en la sentencia. No
obstante, la Sala considera que lo pretendido por los recurrentes es que se
estudien nuevamente las pruebas y hechos planteados en el proceso de
reparación directa y se acceda a las pretensiones de reparación por el daño
ocasionado a los señores Jesús Morales y Blanca Flor Loaiza.

81. Como ya se indicó, el recurso extraordinario de revisión no puede, so
pretexto de alegar la configuración de esta causal, convertirse en una tercera
instancia con el fin de controvertir las decisiones adoptadas por los jueces del
proceso ordinario, máxime cuando los argumentos se centran en cuestionar
básicamente la valoración probatoria y subsanar un error en el planteamiento de
los hechos y pretensiones en el recurso de apelación.

82. Por las anteriores razones, la Sala declarará infundado el recurso
extraordinario de revisión, como quiera que no se evidencia la configuración de la
causal quinta del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

Condena en costas

83. El artículo 255 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021,
establece que procede la condena en costas cuando se declara infundado el
recurso extraordinario de revisión. Esta norma resulta aplicable al caso bajo
estudio, como quiera que el recurso se interpuso el 14 de marzo de 2022.

84. La Sala advierte que, según los artículos 361 y 365-8 del Código General
del Proceso “las costas están integradas por la totalidad de la expensas y gastos
sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho” y “solo habrá
lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su

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comprobación”.

85. Pues bien, en el presente asunto se encuentra probado que el Distrito
Especial de Santiago de Cali, la sociedad Metro Cali S.A. y la Compañía de
Seguros La Previsora S.A., a través de apoderado, presentaron escrito de
oposición al recurso extraordinario de revisión, razón por la cual se condenará en
costas por agencias en derecho y se fijará por dicho concepto la suma equivalente
a un (1) salario mínimo mensual legal vigente a la fecha de ejecutoria de la
presente providencia para cada una de las entidades que participaron en el trámite
del recurso, de acuerdo con los criterios y tarifas establecidos, respectivamente en
los artículos 2 y 5 del Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 201625, expedido
por el Consejo Superior de la Judicatura, aplicable por remisión del numeral 4 del
artículo 366 del Código General del Proceso26, teniendo en cuenta la naturaleza, la
calidad y la gestión desplegada por cada uno de los apoderados de las entidades
demandadas y que participaron en el trámite del recurso extraordinario de revisión.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sala 2 Especial de Decisión, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: DECLÁRASE infundado el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por los señores Jesús Morales y Blanca Flor Loaiza, contra la
sentencia del 2 de junio de 2021, proferida por la Sección Tercera, Subsección B,
del Consejo de Estado.

SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte recurrente por concepto de
agencias en derecho, para lo cual se fijará la suma equivalente a tres (3) salarios
mínimos mensuales legales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta providencia,

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“ARTÍCULO 2º. Criterios. Para la fijación de agencias en derecho el funcionario judicial tendrá en cuenta, dentro del rango
de las tarifas mínimas y máximas establecidas por este acuerdo, la naturaleza, la calidad y la duración de la gestión
realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y demás circunstancias especiales
directamente relacionadas con dicha actividad, que permitan valorar la labor jurídica desarrollada, sin que en ningún caso
se puedan desconocer los referidos límites. […]

ARTÍCULO 5º. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: […]
9. RECURSOS EXTRAORDINARIOS. Entre 1 y 20 S.M.M.L.V. […]”.
26
“ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el
juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia
que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las
siguientes reglas:
[…]
4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura.
Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y
duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras
circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas.

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que deberá incluirse en la liquidación de costas a pagar por la parte recurrente,
que corresponderá a un (1) smlmv para cada una de las entidades que
participaron en el trámite de este proceso, esto es, el Distrito Especial de Santiago
de Cali, la sociedad Metro Cali S.A. y la Compañía de Seguros La Previsora S.A.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia se discutió y aprobó por la Sala en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente)
CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Con aclaración de voto

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MARTÍN GONZALO BERMÚDEZ MUÑOZ MILTON CHAVES GARCÍA
Con aclaración de voto

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Con salvamento de voto parcial

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el
aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la
integridad y autenticidad del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.

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