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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-04107-00

Fecha
7 de abril de 2025
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-04107-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión presentado por Rosalba Esther Huertas Caro contra la Sentencia de 13 de mayo de 2021, proferida por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado. SEGUNDO: CONDENAR en costas a la demandante por las agencias en derecho causadas por la suma equivalente de 1 salario mínimo legal mensual vigente para el demandado (Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones), a la fecha de la presente providencia y a cargo de la parte recurrente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-04107-00

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

7 de abril de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA ESPECIAL DE DECISIÓN No. 14

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 7 de abril de 2025

Radicación número: 11001-03-15-000-2022-04107-00
Actor: Rosalba Esther Huertas Caro
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones -
Colpensiones
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (L. 1437 de 2011)

Temas: recurso extraordinario de revisión – nulidad originada en la Sentencia − no se
configura la causal de nulidad invocada

Síntesis: la parte demandante, inconforme con la sentencia de segunda instancia, interpuso
recurso extraordinario de revisión porque consideró que había existido una insuficiente
motivación de la providencia y por eso se había configurado la causal prevista en el
numeral 5 del artículo 250 del CPACA.

Decide la Sala el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la parte
demandante en contra de la sentencia de 13 de mayo de 2021, proferida
por la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado, en la cual se
negaron las pretensiones de la demanda1.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES2

Contenido: 1.1. La demanda. 1.2. La contestación. 1.3. Sentencia de primera instancia. 1.4.
Recurso de apelación. 1.5. Sentencia objeto del recurso de revisión. 1.6. Recurso
extraordinario de revisión. 1.7. Posición de la parte demandada.

1.1. La demanda

1. El 22 de julio de 2016, Rosalba Esther Huertas Caro presentó demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Administradora
Colombiana de Pensiones – Colpensiones (en adelante Colpensiones), la
cual fue radicada con el número 15001-23-33-000-2016-00596-00. Planteó las
siguientes pretensiones (se trascribe):

“2.1. Declarar la nulidad de la Resolución GNR 251838 d i el 20 de agosto de dos mil
quince (2.015), expedida por la Gerente Nacional de Reconocimiento de la
Administradora Colombiana de Pensiones — Colpensiones -, mediante la cual se "...

1 El Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto, en virtud del recurso extraordinario de

revisión interpuesto por la parte demandante, de conformidad con lo establecido en los artículos 249 y 107 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).
2 Índice 29 de Samai.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2022-04107-00
Actor: Rosalba Esther Huertas Caro
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Declara infundado el recurso

niega el reconocimiento y pago de una Pensión de Vejez", a favor de mi poderdante,
la Señora ROSALBA ESTHER HUERTAS CARO.

2.2. Declarar la nulidad de la Resolución GNR 338597 del 28 de octubre de dos mil
quince (2.015), expedida por la Gerente Nacional de Reconocimiento de la
Vicepresidencia de Beneficios y Prestaciones de la Administradora Colombiana de
Pensiones — Colpensiones-, por la cual se resuelve el Recurso de Reposición y se
confirma en todas y cada una de sus partes la Resolución 251838 del 20 de agosto de
dos mil quince (2.015).

2.3. Declarar la nulidad de la Resolución VPB 1565 del 14 de enero de dos mil dieciséis
(2.016), expedida por la Vicepresidente de Beneficios y Prestaciones de la
Administradora Colombiana de Pensiones — Colpensiones -, por la cual se resuelve el
Recurso de Apelación y se confirma en todas y cada una de sus partes la Resolución
251838 del 20 de agosto de dos mil quince (2.015).

2.4. Declarar que la Señora ROSALBA ESTHER HUERTAS CARO, C. C. 40.017.311, tiene
derecho a que la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, le reconozca y
pague la Pensión de Jubilación, a partir de la fecha en que cumplió el estatus
pensional, cincuenta y cinco (55) años de edad y veinte (20) años de servicio
(12/01/2015), en cuantía del 75% del salario, con la totalidad de los factores salariales,
devengados durante el año anterior a la adquisición del status.

2.5. Condenar a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES — COLPENSIONES
-, a pagar, a favor de mi mandante, la Señora ROSALBA ESTHER HUERTAS CARO, C. C.
40.017.311, la diferencia del valor de las mesadas pensionales y adicionales con los
correspondientes reajustes de ley, desde la fecha de la adquisición del status de
pensionada, es decir desde el 12 de enero de dos mil quince (2.015).

2.6. Condenar a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES — COLPENSIONES
-, a pagar dichas mesadas pensionales, de manera compatible con el ejercicio de la
docencia, sin que tenga que demostrar la parte actora, el retiro del servicio.

2.7. Condenar a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES — COLPENSIONES-
a que, sobre las sumas adeudadas a mi poderdante, se incorporen los ajustes de
valor, conforme al índice de precios al consumidor, o al por mayor, como lo autoriza
el artículo 187 del C.P.A.C.A.

2.8. Condenar a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES — COLPENSIONES
-, a que reconozca y pague los intereses moratorios de que trata la Ley 100 de 1993,
Artículo 141.

2.9. Condenar a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES — COLPENSIONES
-, al reconocimiento y pago de los intereses moratorios, a partir de la ejecutoria de la
sentencia condenatoria, sobre las sumas adeudadas a mi mandante, conforme a lo
normado en el artículo 192 del C. P.A.C.A.

2.10. Ordenar a la entidad demandada a que dé cumplimiento a lo dispuesto en el
fallo, dentro del término perentorio señalado en el artículo 192 del C.P.A.C.A.

2.11. Condenar en costas y agencias en derecho a la entidad demandada.”

2. Como sustento de sus pretensiones expuso que nació el 12 de enero
de 1960, que se desempeñaba como docente al servicio del magisterio, en
el grado 14 del escalafón docente. Expuso que al momento de la demanda
había cotizado 1903 semanas a Cajanal (hoy UGPP) y al ISS (hoy

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Actor: Rosalba Esther Huertas Caro
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Declara infundado el recurso

Colpensiones). De acuerdo con lo anterior, el 11 de febrero de 2015 solicitó
el reconocimiento de su pensión de jubilación, petición que fue negada por
la Gerencia Nacional de Reconocimiento de la Vicepresidencia de
Beneficios y Prestaciones de la entidad demandada, mediante Resolución
GNR 251838 de 20 de agosto de ese año.

3. La demandante presentó recurso de reposición y en subsidio
apelación contra ese acto administrativo. El recurso de reposición fue
resuelto mediante Resolución GNR 338597 del 28 de octubre de 2015 y, el de
apelación por Resolución VPB 1565 del 14 de enero de 2016, las cuales
confirmaron la decisión.

4. Refirió que la entidad para la que trabajaba (Colegio de Boyacá) se
había equivocado al no afiliarla al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, en los términos de la Ley 91 de 1989 pero, en todo caso, su
régimen pensional debía ser respetado y era el regido por el Decreto 2277
de 1979 y le era aplicable la Ley 33 de 1985, cuyos requisitos había cumplido
porque demostraba 20 años de servicio y había cumplido 55 años de edad.
Además, la pensión a que tenía derecho era compatible con el salario.

5. En los anteriores términos, consideró que los actos administrativos
estaban viciados por falsa motivación y desconocía los precedentes
jurisprudenciales correspondientes.

1.2. La contestación

6. El 10 de julio de 2017, la Administradora Colombiana de Pensiones –
Colpensiones se opuso a las pretensiones por considerar que los actos
demandados se ajustaban a derecho. Manifestó que, si lo pretendido era el
reconocimiento de la pensión de jubilación, debía hacerse bajo los
lineamientos de la Ley 100 de 1993 pues Colpensiones era la administradora
del régimen de prima media con prestación definida, que las pensiones de
los regímenes especiales deberían ser reconocidas por las administradoras
de dichos fondos, con los dineros que los integraran, como en este caso el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

7. Expuso, además, que la demandante no era beneficiaria del régimen
de transición porque, al término del año 2014 no acreditó el cumplimiento
de los requisitos necesarios para ser pensionada, según lo había dispuesto el
Acto Legislativo 1 de 2005.

8. Propuso como excepciones la de “no comprender la demanda a
todos los litisconsortes necesarios” pues debió demandarse al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, administrado por la
Fiduprevisora y en cabeza del Ministerio de Educación Nacional, que era la
facultada legalmente para el reconocimiento pensional pretendido; “falta
de integración del litisconsorcio necesario” por no haberse llamado al
Colegio de Boyacá; “falta de legitimación en la causa por pasiva”,

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-04107-00
Actor: Rosalba Esther Huertas Caro
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Declara infundado el recurso

“inexistencia del derecho y la obligación”; “inexistencia de intereses
moratorios”; “buena fe de Colpensiones” y; “prescripción”, las cuales
fundamentó con argumentos similares a los utilizados en la oposición a las
pretensiones.

1.3. Sentencia de primera instancia

9. El 14 de agosto de 2019, el Tribunal Administrativo de Boyacá profirió
sentencia de primera instancia, mediante la cual declaró la nulidad de las
Resoluciones demandadas y ordenó a Colpensiones que reconociera y
pagara la pensión de jubilación a Rosalba Esther Huertas Caro con base en
el 75% del salario promedio que sirvió para los aportes del año anterior a la
adquisición del status pensional, a partir del 12 de enero de 2015. Expuso
que, la demandante no se encontraba afiliada al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y que, en ese sentido, sus prestaciones
debían ser pagadas por Cajanal pues era una afiliada forzosa, en los
términos del Decreto Reglamentario 1600 de 1945; con la liquidación de
Cajanal, la administración del régimen pensional de los docentes del
Colegio de Boyacá fue asumida por Colpensiones, la cual recaudó las
cotizaciones y profirió los actos demandados, en consecuencia, era esta
entidad la responsable del reconocimiento pensional pretendido.

10. Como se acreditó que la demandante empezó a trabajar el 15 de
febrero de 1979 y cumplió los requisitos exigidos por la ley el 12 de enero de
2015, tenía derecho a devengar la prestación de acuerdo con el régimen
de las Leyes 33 y 62 de 1985 y que, para ello no era requisito el retiro del
servicio.

1.4. Recurso de apelación

11. El 11 de septiembre de 2019, Colpensiones presentó recurso de
apelación contra la decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá. Se
opuso a la decisión porque, de acuerdo con la Ley 91 de 1989, la entidad
encargada del reconocimiento de la pensión de los docentes era el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, mientras que Colpensiones
solo se encargaba de administrar el régimen de prima media con prestación
definida previsto en la Ley 100 de 1993, por lo que no se encontraba
legitimada en la causa.

12. Expuso que, para la aplicación del régimen de transición previsto en
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, la demandante debió acreditar el
cumplimiento de los requisitos previstos en esa norma y en el Acto Legislativo
1 de 2005, esto es, no había cumplido los requisitos exigidos para el
reconocimiento de la pensión a 31 de diciembre de 2014 y no había
acreditado el retiro efectivo del servicio.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-04107-00
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Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Declara infundado el recurso

13. Señaló que el tribunal no había distinguido entre el régimen especial
de pensiones de los docentes y las pensiones que se otorgaban a los
empleados públicos, lo que tenía como efecto que, no podía ordenar a
Colpensiones el reconocimiento de una pensión docente, la única manera
en que esta entidad reconociera una pensión de jubilación era bajo los
preceptos de la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003, en
consecuencia, se debía revocar la decisión.

1.5. Sentencia objeto de recurso de revisión

14. La Sección Segunda – Subsección B del Consejo de Estado, mediante
Sentencia proferida el 13 de mayo de 2021, revocó la decisión de primera
instancia y negó las pretensiones de la demanda. Expuso que, Colpensiones
solo podía actuar dentro del marco de competencias que le otorgaba la
Ley 100 de 1993, lo que le impedía hacer cualquier reconocimiento con
base en la Ley 91 de 1989, como lo pretendía la demandante. Que la
demandante cumplió los requisitos para ser beneficiaria del régimen de
transición de la Ley 100 de 1993, lo que permitiría que se le aplicara lo
dispuesto en la Ley 33 de 1985. Sin embargo, cumplió la edad allí dispuesta
para pensión (55 años) hasta el 12 de enero de 2015, esto es, por fuera del
límite establecido por el Acto Legislativo 1 de 2005 para la extensión de la
transición3, razón por la cual, no podía beneficiarse de las disposiciones de
la Norma anterior.

15. Aclaró que la demandante trabajó para el Colegio de Boyacá, el cual
era una institución descentralizada del orden nacional que podía adoptar
sus propias políticas administrativas y de personal, por esa razón la docente
estaba afiliada a Cajanal (hoy UGPP) y posteriormente al ISS (hoy
Colpensiones) y no al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio pues, no estaba adscrita a una secretaría de educación territorial
o, en otras palabras, al magisterio oficial.

1.6. Recurso extraordinario de revisión

16. El 28 de junio de 2022, la demandante, Rosalba Esther Huertas Caro
interpuso el recurso extraordinario de revisión contra la Sentencia de 13 de
mayo de 2021 de la Sección Segunda, Subsección B, de la Sala de lo
contencioso Administrativo de esta Corporación, con fundamento en la
causal consagrada en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA, porque esa
providencia vulneró el debido proceso4.

3 En la motivación de la sentencia, la Sección Segunda – Subsección B del Consejo de Estado expuso (se trascribe):

“Es de indicar, que el Acto Legislativo 01 de 2005, respecto del régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993,
lo que hizo fue extenderlo hasta el 31 de julio de 2010, permitiendo que sus beneficiarios pudieran consolidar el
derecho hasta tal fecha con base en la norma anterior, con excepción de quienes, a la vigencia de aquel,
tuvieran al menos 750 semanas cotizadas, a los cuales se les mantendría la expectativa legitima de pensión hasta
el 31 de diciembre de 2014.”
4 Índice 2 de Samai.

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Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Declara infundado el recurso

17. Refirió que la sentencia carecía de motivación suficiente pues, no se
analizó la calidad de docente de la demandante, que le permitía acceder
a la pensión de jubilación por el régimen especial del Fondo de Prestaciones
Sociales del Magisterio, como lo establecía el artículo 279 de la Ley 100 de
1993. Si se hubiera estudiado la naturaleza pública de la función que
desempeñaba, la decisión hubiera sido distinta, lo cual derivó en una
violación al debido proceso.

18. El debate planteado no se limitaba a determinar si la demandante
tenía derecho o no a la pensión de jubilación, sino que debía tomarse en
consideración su calidad de docente público, razón por la cual no se
cumplió con la carga argumentativa del juez colegiado, lo que afectó la
validez de la sentencia. La errónea comprensión de la situación fáctica llevó
a una indebida aplicación de la norma.

19. Expuso que la sentencia había incurrido en un error de hecho por falso
juicio de identidad porque no había valorado adecuadamente las
constancias de tiempo de servicio, no había concluido de ellas su calidad
de docente al servicio público u oficial. Además, se había configurado un
defecto sustantivo porque se había adoptado un criterio meramente
orgánico en razón de las funciones de Colpensiones, sin tener en cuenta el
derecho que le asistía, lo cual afectó sus derechos fundamentales.

20. Existió un error al momento de la afiliación por parte del nominador y
de la entidad demandada porque la accionante nunca debió ser afiliada
a Colpensiones sino al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio. Si bien, era afiliada forzosa a Cajanal y luego trasladada a
Colpensiones, esto no debió afectar su régimen pensional pues, al igual que
todos los afiliados a Cajanal, debió pensionarse según las reglas de la Ley 33
de 1985.

1.7. Posición de la parte demandada

21. Dentro de la oportunidad prevista, Colpensiones se pronunció
respecto del recurso5. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la
demanda de revisión porque, la providencia se ajustaba a los criterios
jurisprudenciales aplicables. Efectuó una relación de las normas que, a su
juicio, regían la pensión de la demandante y señaló que se presentaba un
cobro de lo no debido, que la entidad había actuado de buena fe y que
había prescrito cualquier derecho que se pudiera haber causado en favor
de la accionante.

5 Índice 21 de Samai.

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Decisión: Declara infundado el recurso

2. CONSIDERACIONES

Contenido: 2.1. Exposición del caso y decisión de la Sala; 2.2. Costas.

2.1. Exposición del caso y decisión de la Sala

22. Le corresponde a la Sala establecer si existió nulidad originada en la
sentencia de 13 de mayo de 2021, proferida por la Sección Segunda,
Subsección B, del Consejo de Estado por haberse incurrido en violación al
debido proceso, según los supuestos planteados por la parte demandante.

23. La Sala se pronunciará de fondo sobre el asunto porque el recurso se
interpuso dentro de la oportunidad prevista en el artículo 251 del CPACA6
pues, la Sentencia quedó ejecutoriada el 7 de julio de 20217 y, el recurso fue
interpuesto el 28 de junio de 20228. Se declarará infundado el recurso
extraordinario de revisión interpuesto, pues no se configuró la causal que
alegó el recurrente.

24. Como lo ha señalado esta Sala Especial de Decisión9 el recurso de
revisión, por su naturaleza de recurso extraordinario, solamente se declarará
fundado cuando se configure alguna de las causales establecidas por el
legislador. Las causales del recurso extraordinario de revisión son taxativas y
de interpretación restrictiva o, lo que es lo mismo, no pueden ser
interpretadas de manera analógica o extensiva.

25. Este medio de impugnación extraordinario no es una oportunidad
procesal para reabrir un debate propio de las instancias10, ni para suplir las
deficiencias probatorias, argumentativas, de ataque o de defensa que
hayan podido presentarse durante el trámite del proceso. Este recurso exige
una amplia carga argumentativa del recurrente, pues esta debe hacerse
de manera técnica, precisa y razonada. No sirve como un instrumento
procesal para cuestionar la actividad interpretativa del juez11, ni para
corregir los errores por la inadecuada valoración de las pruebas o por la

6 CPACA. Art. 251. “TÉRMINO PARA INTERPONER EL RECURSO. El recurso podrá interponerse dentro del año siguiente

a la ejecutoria de la respectiva sentencia.
En los casos contemplados en los numerales 3 y 4 del artículo precedente, deberá interponerse el recurso dentro
del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia penal que así lo declare.
En el caso del numeral 7, el recurso deberá presentarse dentro del año siguiente a la ocurrencia de los motivos
que dan lugar al recurso.
En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro de los cinco (5)
años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo
término contado a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio.”
7 Según certificación de 15 de febrero de 2023, expedida por el Tribunal Administrativo de Boyacá y aportada por

la parte demandante. Índice 9 de Samai.
8 Índice 28 Samai del proceso 15001233300020160059601.
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 14 Especial de Decisión, Exp: 11001-03-15-000-

2019-00119-00(REV).
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 29 de

abril de 2015, Radicado 25000-23-26-000-1999-00319-01(26239. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia de 04 de octubre de 2018, Radicado 05001-23-31-000-
2002-01074-01(0372-12).
11 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 10 de diciembre de 2010, Radicado 11001-03-15-000-

2008-00480-00 (REV).

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Decisión: Declara infundado el recurso

indebida aplicación del derecho. El recurso extraordinario de revisión
tampoco puede usarse para suplir la inactividad que hayan podido tener
las partes en el proceso ordinario.

26. Respecto de la causal 5 del artículo 250 del CPACA referente a la
“nulidad originada en la sentencia”, en principio, señaló esta Sala que debía
ser interpretada de manera restrictiva12. En ese sentido, solo podía
declararse fundado el recurso extraordinario de revisión cuando se originara
en la sentencia alguna de las causales de nulidad previstas en la legislación.

27. A la luz de lo anterior, solamente podría declararse próspero un
recurso extraordinario de revisión cuando se tuviera fundamento en una
nulidad establecida en la legislación. Ello significaba, entonces, que para
que prosperara una revisión por la causal 5 del artículo 250 del CPACA,
debía invocarse, a su vez, una causal de nulidad de aquellas de que trata
el artículo 133 del CGP, pues, de lo contrario, no se descargaría el deber
procesal del recurrente.

28. Esta corporación ha hecho una interpretación extensiva de la causal
5 del artículo 250 del CPACA, en el sentido de hacerla procedente frente a
violaciones al derecho al debido proceso distintas de las causales de
nulidad previstas en la legislación13. La Sala acoge esa postura, pero solo
respecto de casos excepcionales en que se presentan graves afectaciones
del derecho al debido proceso que hacen procedente el recurso
extraordinario de revisión por la referida causal14.

29. En el recurso extraordinario de revisión, la parte demandante señaló
la vulneración del debido proceso por falta de motivación suficiente, al no
haber valorado las pruebas que demostraban la calidad de docente que
ostentaba la demandante y, porque no se tuvo en cuenta que hubo un error
al momento de la afiliación al fondo pensional. Tales argumentos pretenden
desvirtuar la decisión adoptada por el juez ordinario, lo que, como se indicó
anteriormente, está vedado a través del recurso extraordinario de revisión.

30. En efecto, tales situaciones fueron planteadas desde la misma
demanda y estudiadas en cada una de las instancias por el juez natural de
la causa. La segunda instancia decidió el caso en el marco de competencia
dado por el recurso de apelación, en la providencia recurrida, la Sección

12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 14 Especial de Decisión, Exp: 11001-03-15-000-

2019-00119-00(REV).
13 Ver, entre otras providencias del Consejo de Estado: Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 15 Especial

de Decisión. Sentencia de 5 de noviembre de 2019. Rad. 11001-03-15-000-2018-01415-00; Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, Sala 6 Especial de Decisión. Sentencia de 11 de abril de 2023. Rad. 11001-03-15-000-
2022-06131-00; Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 2 Especial de Decisión. Sentencia de 26 de febrero
de 2024. Rad. 11001-03-15-000-2022-01662-00.
14 En esta providencia, el ponente acata la postura mayoritaria de la Sala Especial de Decisión al respecto. Sin

embargo, pone de presente que mantiene la postura que ha expresado en las providencias proferidas por la
Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación, en el sentido de que el recurso extraordinario de revisión
tiene causales taxativas y, consecuentemente, solo puede prosperar cuando se funde en una de las causales de
nulidad establecidas en la legislación. Al respecto, ver entre otras providencias de la Sección Tercera – Subsección
B: Sentencia de 17 de junio de 2024, Radicado 63829, Sentencia de 26 de enero de 2023, Radicado 53332 y
Sentencia de 23 de noviembre de 2022, Radicado 66289.

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Actor: Rosalba Esther Huertas Caro
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Declara infundado el recurso

Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado expuso suficientemente las
razones de su decisión.

31. Se reitera que el juez de la revisión no se encuentra facultado para
reabrir los debates de las instancias ordinarias, no es admisible cuestionar la
interpretación del juez natural de la causa pues, esta corresponde al ámbito
de su autonomía judicial y, se insiste, el recurso extraordinario de revisión no
es una nueva instancia en que se puedan plantear inconformidades
probatorias o de interpretación.

2.2. Costas

32. El artículo 255 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 70 de
la Ley 2080 de 2021, vigente para el momento de la interposición del recurso,
establece que “Si se declara infundado el recurso, se condenará en costas
y perjuicios al recurrente”. El artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 remite para
la liquidación y ejecución de las costas al Código Procedimiento Civil, que
fue derogado por el Código General del Proceso.

33. De conformidad con el artículo 366 numeral 4 del CGP y, en los
términos del Acuerdo PSAA16-10554 del Consejo Superior de la Judicatura15,
las agencias en derecho se tasarán hasta 20 salarios mínimos mensuales
legales vigentes.

34. Debido a que el apoderado de la demandada (Colpensiones)
intervino dentro del proceso y se opuso al recurso extraordinario de revisión,
la Sala condenará en costas (agencias en derecho) a la suma equivalente
de 1 salario mínimo legal mensual vigente, a la fecha de la presente
providencia y a cargo de la parte recurrente, vencida en el trámite del
presente asunto. Lo anterior, teniendo en cuenta, la naturaleza, calidad y
duración de la gestión desplegada por los apoderados de las demandadas
en el trámite del recurso de revisión, la cual se evidencia en el plenario.

3. DECISIÓN

35. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala 14 Especial de
Decisión, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

15 ARTICULO QUINTO. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son:

(…)
9. RECURSOS EXTRAORDINARIOS
Entre 1 y 20 SMMLV

9 de 10

Radicación: 11001-03-15-000-2022-04107-00
Actor: Rosalba Esther Huertas Caro
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Declara infundado el recurso

RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
presentado por Rosalba Esther Huertas Caro contra la Sentencia de 13 de
mayo de 2021, proferida por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo
de Estado.

SEGUNDO: CONDENAR en costas a la demandante por las agencias en
derecho causadas por la suma equivalente de 1 salario mínimo legal
mensual vigente para el demandado (Administradora Colombiana de
Pensiones - Colpensiones), a la fecha de la presente providencia y a cargo
de la parte recurrente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Magistrada Magistrado
Con aclaración de voto

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MILTON CHAVES GARCÍA GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrado Magistrada

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado

10 de 10

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