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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-06131-00

Fecha
11 de abril de 2023
Consejero ponente
Carlos Enrique Moreno Rubio
Citada por
11 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-06131-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA DEL SERVICIO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA POR ERROR JURISDICCIONAL (…) que estructuró por conducto de sus servidores públicos (…) -Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura y del Consejo Superior de la Judicatura –(…) en el proceso disciplinario iniciado en contra de mi Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 Radicado: 11001-03-15-000-2022-06131-00 Recurrente: Dirección Ejecutiva de Administración Judicial procurado (…) y dentro del cual se profirió la sentencia de fecha (…) dos (2) de septiembre de dos mil cinco (2005), y posteriormente confirmada por el Juez Ad-Quem Disciplinario en fecha veintisiete (27) de septiembre de dos mil seis (2006), decisiones jurisdiccionales que quedaron sin efecto alguno por la VÍA DE HECHO JUDICIAL que fuera declarada por el Juez Colegiado Ad-Quem de Tutela – Sala de Conjueces de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura – en sentencia de fecha (…) treinta y uno (31) (…) de julio del año 2007, la cual se encuentra debidamente ejecutoriada. SEGUNDA. Que en consecuencia la demandada NACIÓN (…) – Rama Judicial – y Director Ejecutivo de Administración Judicial – es responsable patrimonialmente de los PERJUICIOS MATERIALES – DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE – y MORALES que con tal ERROR JUDICIAL (…) se le causó a mi procurado como persona natural, y en su condición de profesional del derecho. TERCERA. Que en consecuencia, se CONDENE a la demandada NACIÓN (…) – Rama Judicial – y Director Ejecutivo de Administración Judicial – a pagar a mi procurado como INDEMNIZACIÓN INTEGRAL por los PERJUICIOS MATERIALES (…) causados a mi procurado con el DAÑO imputable a la demandada, los cuales se estiman de la siguiente forma: i) A título de DAÑO EMERGENTE, se le causaron perjuicios a mi procurado, quien (…) no se le renovó el contrato (…) No.030-2004, que había suscrito con CENTRAL DE INVERSIONES S.A. como ABOGADO EXTERNO desde el año 2004 -con sus respectivas renovaciones- el cual fue liquidado de forma anticipada por dicha suspensión, lo cual implicó un […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-06131-00

Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio

11 de abril de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2022-06131-00
Recurrente: Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA ESPECIAL DE DECISIÓN 6

MAGISTRADO PONENTE: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Bogotá, D.C., once (11) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-15-000-2022-06131-00
Recurrente: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

SENTENCIA

Procede la Sala a pronunciarse respecto del recurso extraordinario revisión
formulado por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por conducto de
apoderada, en contra de la providencia del 11 de octubre de 2021 a través de la
cual la Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación, dentro del
expediente 25000232600020080022601, revocó la decisión del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C de
descongestión del 28 de octubre de 2021 que negó las pretensiones de la
demanda de reparación directa promovida por el señor Fernando Augusto
Trebilcock Barvo en contra de esa entidad por error jurisdiccional y, en su lugar,
dispuso:

“PRIMERO: DECLÁRASE patrimonialmente responsable a la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial de la Rama Judicial por el daño
causado al demandante con el error judicial en el que incurrieron las Salas
Jurisdiccionales Disciplinarias del Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca y del Consejo Superior de la Judicatura en las providencias
proferidas el 2 de septiembre de 2005 y el 27 de septiembre de 2006.

SEGUNDO: CONDÉNASE a la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial de la Rama Judicial al pago de seis millones ciento seis mil
seiscientos setenta y cinco pesos ($6.106.675) por concepto de perjuicios
materiales en la modalidadde lucro cesante, en favor de Fernando Augusto
Trebilcock Barvo.

TERCERO: CONDÉNASE a la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial de la Rama Judicial al pago de 100 SMLMV por concepto de

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perjuicios morales a favor de Fernando Augusto Trebilcock Barvo.

CUARTO: ORDÉNASE al Consejo Superior de la Judicatura a emitir,
dentro del mes siguiente a la ejecutoria de esta providencia, un comunicado
en el cual informe que fue anulada la sanción disciplinaria contra Fernando
Augusto Trebilcock Barvo y le ofrezca disculpas por el daño antijurídico que
padeció con ocasión del error judicial en el que incurrió la Corporación,
en los términos señalados en esta providencia.

QUINTO: NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

SEXTO: Sin condena en costas.

SÉPTIMO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE
el expediente a su tribunal de origen.”

I. ANTECEDENTES

1. La demanda ordinaria

El señor Fernando Augusto Trebilcock Barvo, por conducto de apoderado,
presentó demanda de reparación directa en contra de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial de la Rama Judicial con el fin de obtener la indemnización
de los perjuicios ocasionados con un presunto error judicial en el que habrían
incurrido las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias del Consejo Seccional de la
Judicatura de Cundinamarca y el Consejo Superior de la Judicatura en las
sentencias del 12 de septiembre de 2005 y el 27 de septiembre de 2006,
respectivamente, en un proceso disciplinario adelantado en su contra.

1.1. Pretensiones

De manera específica, formuló las siguientes pretensiones:

“PRIMERA. Que se declare que la demandada NACIÓN (…) – Rama
Judicial – y Director Ejecutivo de Administración Judicial -, es
administrativamente responsable del DAÑO causado con ocasión de la
FALLA DEL SERVICIO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
POR ERROR JURISDICCIONAL (…) que estructuró por conducto de sus
servidores públicos (…) -Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria
del Consejo Seccional de la Judicatura y del Consejo Superior de la
Judicatura –(…) en el proceso disciplinario iniciado en contra de mi

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procurado (…) y dentro del cual se profirió la sentencia de fecha (…) dos
(2) de septiembre de dos mil cinco (2005), y posteriormente confirmada por
el Juez Ad-Quem Disciplinario en fecha veintisiete (27) de septiembre de
dos mil seis (2006), decisiones jurisdiccionales que quedaron sin efecto
alguno por la VÍA DE HECHO JUDICIAL que fuera declarada por el Juez
Colegiado Ad-Quem de Tutela – Sala de Conjueces de la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura – en
sentencia de fecha (…) treinta y uno (31) (…) de julio del año 2007, la cual
se encuentra debidamente ejecutoriada.

SEGUNDA. Que en consecuencia la demandada NACIÓN (…) – Rama
Judicial – y Director Ejecutivo de Administración Judicial – es responsable
patrimonialmente de los PERJUICIOS MATERIALES – DAÑO
EMERGENTE Y LUCRO CESANTE – y MORALES que con tal ERROR
JUDICIAL (…) se le causó a mi procurado como persona natural, y en su
condición de profesional del derecho.

TERCERA. Que en consecuencia, se CONDENE a la demandada NACIÓN
(…) – Rama Judicial – y Director Ejecutivo de Administración Judicial – a
pagar a mi procurado como INDEMNIZACIÓN INTEGRAL por los
PERJUICIOS MATERIALES (…) causados a mi procurado con el DAÑO
imputable a la demandada, los cuales se estiman de la siguiente forma:

i) A título de DAÑO EMERGENTE, se le causaron perjuicios a mi
procurado, quien (…) no se le renovó el contrato (…) No.030-2004, que
había suscrito con CENTRAL DE INVERSIONES S.A. como ABOGADO
EXTERNO desde el año 2004 -con sus respectivas renovaciones- el cual
fue liquidado de forma anticipada por dicha suspensión, lo cual implicó un
detrimento patrimonial (…) en cuantía de SESENTA MILLONES DE
PESOS ($60.000.000.°°) (…)

ii) A título de DAÑO EMERGENTE, se le causaron perjuicios a mi
procurado, quien (…) estuvo indebidamente SUSPENDIDO del ejercicio
profesional de ABOGADO (…) afectando su ejercicio profesional de
litigante, que implicó un perjuicio patrimonial (…) por el término de duración
de dicha suspensión en cuantía de OCHENTA MILLONES DE PESOS
($80.000.000.°°) (…)

iii) A título de LUCRO CESANTE, se le causaron perjuicios a mi procurado,
quien (…) estuvo indebidamente SUSPENDIDO del ejercicio profesional de
ABOGADO, lo cual estructuró que PERDIERA OPORTUNIDADES DE
TRABAJO, ciertas y reales, de mayor cuantía, como (…) lo ocurrido con

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contratos ofrecidos de “Prestación de servicios profesionales” con la
CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL - CAJANAL E.I.C.E en
procesos judiciales (…) en cuantía superior de DOSCIENTOS MILLONES
DE PESOS ($200.000.000.°°)(…)

iv) A título de LUCRO CESANTE, se le causaron perjuicios a mi procurado,
quien (…) estuvo indebidamente SUSPENDIDO del ejercicio profesional de
ABOGADO, lo cual estructuró que PERDIERA OPORTUNIDADES DE
TRABAJO, ciertas y reales, de mayor cuantía, como (…) lo ocurrido con la
sociedad PROMOTORA CONVIVIENDA LTDA., en donde por dicha
suspensión profesional no pudo aceptar y llevar negocios y gestiones
profesionales ofrecidas en cuantía de CIEN MILLONES DE PESOS
($100.000.000.°°) (…) 1.

CUARTA. Que en consecuencia, se CONDENE a la demandada NACIÓN
(…) – Rama Judicial – y Director Ejecutivo de Administración Judicial – a
pagar a mi procurado como INDEMNIZACIÓN INTEGRAL por los
PERJUICIOS MORALES causados en suma equivalente a
TRESCIENTOS SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES
VIGENTES (300 SMLMV) a la fecha del fallo definitorio del presente
proceso.

QUINTA. Que en consecuencia, se CONDENE a la demandada NACIÓN
(…) – Rama Judicial – y Director Ejecutivo de Administración Judicial – a
presentar DISCULPAS de forma PÚBLICA, en audiencia acto o medio de
comunicación para tal efecto, por el DAÑO causado a mi procurado, como
forma de reparación no patrimonial.

SEXTA. La condena respectiva será actualizada de conformidad con lo
preceptuado en el artículo 178° del Código Contencioso Administrativo
hasta la fecha en que efectivamente la demandada (…) cancele (…) la
INDEMNIZACIÓN INTEGRAL (…)

SÉPTIMA. Que se causen intereses legales comerciales a la máxima tasa
legal permitida sobre las sumas anteriormente relacionadas (…) hasta
cuando efectivamente se cancele por la accionada (…)

NOVENA. Se condene en COSTAS a la demandada (…)”.

1
En cumplimiento de lo ordenado por el tribunal en auto del 12 de junio de 2008, el accionante subsanó la
demanda para precisar la cuantía de los perjuicios materiales pretendidos en escrito obrante a fls. 40-43, C.1.

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1.2 Fundamento fáctico

En la demandada de reparación directa, la parte actora expuso, en resumen, los
siguientes hechos:

Señaló que el 11 de abril de 2003 el Juzgado 59 Civil Municipal de Bogotá ordenó
remitir copias al Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca con el fin
de que investigara “la conducta del abogado FERNANDO AUGUSTO
TREBILCOCK BARVO (…) por haber promovido otras acciones de tutela contra
la entidad accionada por los mismos hechos y derechos”.

Indicó que a través de auto del 31 de julio de 2003 la Sala Disciplinaria del
Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca abrió investigación
disciplinaria en su contra por la presunta incursión en la falta prevista en el
artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, es decir, por actuar temerariamente.

Manifestó que en sentencia del 2 de septiembre de 2005 la Sala Disciplinaria del
Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca lo sancionó con
suspensión por dos años del ejercicio de la profesión de abogado al encontrarlo
responsable de la referida falta disciplinaria.

Sostuvo que interpuso recurso de apelación contra dicha decisión el cual fue
resuelto por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura mediante sentencia del 27 de septiembre de 2006 en el sentido de
confirmar la decisión de primera instancia.

Adujo que la referida sanción fue inscrita en el Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia el 26 de enero de 2007.

Mencionó que contra dicha decisión presentó acción de tutela el 16 de enero de
2007 al considerar que se había vulnerado su derecho al debido proceso, a la
honra, al buen nombre y al trabajo.

Advirtió que mediante sentencia del 29 de enero de 2007 la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca negó las
pretensiones de la acción de tutela al considerar que estaba demostrado que
había presentado varias acciones de tutela con base en las mismas razones de
hecho y de derecho.

Dijo que impugnó el fallo de tutela de primera instancia, el cual fue revocado por
la Sala de conjueces de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior
de la Judicatura mediante sentencia del 31 de julio de 2007 en la que se tuteló

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el derecho al debido proceso, se dejaron sin efectos las providencias del proceso
disciplinario y se ordenó la cancelación de la sanción en el Registro Nacional de
Abogados.

Comentó que finalmente el 15 de agosto siguiente se canceló la anotación de la
sanción en el referido registro.

1.3 Fundamento jurídico

La parte actora dentro del proceso ordinario consideró que las providencias
proferidas en el disciplinario adelantado en su contra constituyeron una vía de
hecho judicial toda vez que le impusieron sanción de suspensión en el ejercicio
de la profesión de abogado por dos años, vulnerando su derecho fundamental al
debido proceso, lo que afectó su patrimonio y reputación profesional.

Explicó que desconocieron las normas y procedimientos previstos en la
Constitución, en la ley y en el Decreto 2591 de 1991 y los criterios establecidos
en la jurisprudencia constitucional sobre los requisitos necesarios para que se
configure el tipo disciplinario contenido en el artículo 385 del precitado decreto.

Adujo que esto quedó demostrado con el fallo de tutela proferido por la Sala de
conjueces de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura el 31 de julio de 2007.

Afirmó que el error judicial en cuestión le causó un daño antijurídico consistente
en la imposibilidad de ejercer la profesión, lo que le generó perjuicios materiales
e inmateriales.

2. Postura de la parte demandada dentro del proceso ordinario

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de la Rama Judicial se opuso
a las pretensiones de la demanda y solicitó negarlas. Como fundamento de su
postura señaló, en resumen, lo siguiente:

Indicó que el error jurisdiccional alegado por el demandante no estaba
acreditado, toda vez que la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la
Judicatura de Cundinamarca encontró elementos suficientes para proferir un
fallo sancionatorio, sustentado en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 que
establece taxativamente la conducta y la sanción correspondiente. Por lo tanto,
sostuvo que la norma fue aplicada correctamente.

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Destacó que el actor no demostró que los fallos proferidos por las Salas
Jurisdiccionales Disciplinarias del Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca y del Consejo Superior de la Judicatura fueran contrarios a la ley,
arbitrarios o ilegales.

Adujo que estas providencias fueron revocadas por medio de tutela por la
supuesta violación al debido proceso disciplinario; sin embargo, durante todo el
trámite se respetó el debido proceso, pues el demandante tuvo siempre acceso
a la justicia y agotó todos los recursos y medios de defensa procedentes.

Sostuvo que las decisiones adoptadas en el proceso disciplinario seguido contra
el demandante se ajustaron a derecho porque reunían los presupuestos
establecidos por la Corte Constitucional para configurar la temeridad prevista en
el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, esto es, i) identidad en el accionante; ii)
identidad en el accionado; iii) identidad fáctica y iv) ausencia de justificación
suficiente para interponer la nueva acción. Además, que en el expediente
obraban como prueba las cinco tutelas presentadas en los diferentes juzgados.

Aseveró que los jueces y tribunales son autónomos e independientes para elegir
la norma aplicable al caso concreto y para determinar la forma de su aplicación
y establecer la manera como deben llenarse los vacíos legislativos, siempre que
no se aparten de los hechos y valoren las pruebas allegadas al proceso, tal como
se aplicó en las dos sentencias que sancionaron al demandante; de manera que
no se reunían los presupuestos de responsabilidad atribuible a estos despachos
judiciales.

3. Sentencia de primera instancia

El proceso correspondió por competencia, en primera instancia, al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C de
Descongestión, el cual lo tramitó con el radicado 25000232600020080022600.

Una vez surtidas debidamente las respectivas etapas procesales, el referido
tribunal profirió fallo de primera instancia el 28 de octubre de 2011, mediante
negó las pretensiones de la demanda.

Como fundamento de su decisión, expresó, en resumen, lo siguiente:

Encontró que estaba acreditado el daño consistente en la suspensión en el
ejercicio de la profesión de abogado como consecuencia de la sanción impuesta
en el proceso disciplinario 2003-2012 adelantado en contra del demandante.

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Sostuvo que el accionante no demostró la existencia del error judicial por cuanto
se limitó a cuestionar la interpretación del juez natural disciplinario.

Adujo que la interpretación de las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias del
Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y del Consejo Superior de
la Judicatura difería de aquella adoptada por la Sala de Conjueces que resolvió
en segunda instancia la acción de tutela presentada por el demandante contra
dichas Corporaciones, sin que ello implique que hubiera existido error judicial.

4. El recurso de apelación

Dicha decisión fue apelada por el señor Fernando Augusto Trebilcock Barvo, con
base en los siguientes argumentos:

Acusó al tribunal de primera instancia de desconocer los efectos jurídicos del
fallo de tutela proferido el 31 de julio de 2007 por la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria de Conjueces del Consejo Superior de la Judicatura que declaró la
vía judicial de hecho en la que incurrieron las autoridades judiciales accionadas
en las sentencias del 2 de septiembre de 2005 y del 27 de septiembre de 2006,
por vulnerar el derecho al debido proceso del accionante y las dejó sin efecto.

Adujo que las providencias proferidas por las Salas Jurisdiccionales
Disciplinarias del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y del
Consejo Superior de la Judicatura le causaron un daño antijurídico con la sanción
impuesta.

Recordó que el camino procesal para obtener la indemnización integral de los
perjuicios causados por el error jurisdiccional era la acción de reparación directa
porque, si bien existe la posibilidad de indemnización de perjuicios en la acción
de tutela, esta procede de manera subsidiaria y residual, esto es, si no se cuenta
con otro medio judicial para ello.

Manifestó que, contrario a lo afirmado por el tribunal, estaban reunidos y
probados todos los requisitos necesarios para que se configurara el error judicial
como título de imputación.

Argumentó que el tribunal no tuvo en cuenta que: a) el error se encontraba
contenido en providencias judiciales en firme; b) dichas decisiones eran
contrarias a derecho pues incurrieron en error normativo y fáctico, tal como lo
declaró el fallo de tutela del 31 de julio de 2007; c) el error judicial causó un daño
cierto que el demandante no estaba en obligación de soportar ante la
configuración de una vía de hecho judicial; d) el error judicial imputado tuvo

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incidencia directa en las providencias judiciales pues conllevó a “la creación no
legislativa de un tipo disciplinario” desconociendo los criterios jurisprudenciales
establecidos por la Corte Constitucional para imputar el tipo disciplinario del
artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, y e) el error judicial ya había sido declarado
mediante la sentencia del 31 de julio de 2007 que tuteló en segunda instancia el
derecho al debido proceso del demandante.

Afirmó que la motivación y la decisión del tribunal eran erradas pues no analizó
correctamente la situación fáctica que fundamentó la demanda.

Aclaró que el objeto de la controversia no era la discrepancia en la interpretación
del artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, pues eso ya lo había resuelto el juez
de tutela al dejar sin efecto las providencias contentivas del error por ser
constitutivas de vía de hecho judicial sino el daño antijurídico y los perjuicios que
se derivaron de la sanción impuesta a través de aquellas.

Destacó que el referido fallo de tutela hizo tránsito a cosa juzgada y el tribunal
no podía cuestionar su ratio decidendi, ni desconocer los efectos de la decisión.

Sostuvo que el tribunal omitió ponderar y valorar las pruebas de los perjuicios
causados al demandante obrantes en el proceso.

5. La sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión

Mediante providencia del 11 de octubre de 2021 la Sección Tercera, Subsección
B del Consejo de Estado desató el recurso de apelación interpuesto contra el
fallo de primera instancia y dispuso revocar la sentencia del 28 de octubre de
2011 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C de Descongestión para, en su lugar, declarar patrimonialmente
responsable a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial por el daño
ocasionado al señor Fernando Augusto Trebilcock Barvo con ocasión del error
judicial en que incurrieron las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias del Consejo
Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y del Consejo Superior de la
Judicatura en providencias del 2 de septiembre de 2005 y 27 de septiembre de
2006.

En consecuencia, la condenó al pago de perjuicios materiales, morales y a emitir
un comunicado, dentro del mes siguiente a la ejecutoria de esa providencia, en
el cual informara que había sido anulada la sanción disciplinaria impuesta al
señor Trebilcock Barvo y a ofrecerle disculpas por el daño antijurídico que
padeció con ocasión del precitado error judicial.

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Como fundamento de esa decisión, expresó, en resumen, lo siguiente:

Señaló que estaba probado el error judicial en el que incurrieron las Salas
Jurisdiccionales Disciplinarias del Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca y del Consejo Superior de la Judicatura en las sentencias
proferidas el 2 de septiembre de 2005 y el 27 de septiembre de 2006.

Indicó que el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, reglamentario de la acción
de tutela, consagra los eventos en los cuales hay temeridad en el ejercicio de la
acción y es claro al exigir que el abogado haya interpuesto la misma tutela
respecto de los mismos hechos y derechos.

Comentó que la jurisprudencia constitucional ha dicho que la temeridad solo se
configura cuando existe identidad de partes; de hechos y fundamentos; de
pretensiones y no hay justificación para la presentación de una nueva demanda.

Adujo que el último elemento de ausencia de justificación se configura cuando la
actuación denota la intención desleal de satisfacer un interés subjetivo con abuso
del derecho.

Explicó que las providencias del 2 de septiembre de 2005 y 27 de septiembre de
2006 proferidas por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias del Consejo
Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y del Consejo Superior de la
Judicatura, respectivamente, incurrieron en error judicial por cuanto sancionaron
al señor Trebilcock Barvo sin tener en cuenta que su conducta no se adecuaba
a la conducta descrita en la ley.

Agregó que, además, vulneraron la regla de legalidad según la cual nadie puede
ser sancionado por una conducta que no esté prevista como sancionable en una
disposición legal.

Aseveró que de conformidad con las pruebas obrantes en el expediente está
demostrado el error judicial invocado por la parte actora por cuanto si bien hubo
identidad en la parte demandada, en los hechos y pretensiones de las acciones
de tutela que originaron la investigación disciplinaria, no existía identidad en la
parte actora. Además, en cada una se pretendía la defensa de un derecho
distinto, razón por la cual la conducta del abogado no era sancionable.

Precisó que no era que el abogado no pudiera ser sancionado porque no acreditó
que hubiese incurrido en la conducta sancionable, sino porque estaba
plenamente probado que la actuación cuestionada no era la prevista en el

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artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 sino una conducta lícita que podía realizar
cualquier profesional del derecho.

Agregó que la actuación del apoderado en cuestión no fue injustificada toda vez
que la presentación de una sola demanda con pluralidad de actores es
facultativa, por tanto, el demandante no estaba obligado a acumular
pretensiones ni a presentar una sola acción de tutela.

Afirmó que la sanción impuesta en los fallos disciplinarios fue equivocada y le
causó al demandante un daño antijurídico que no estaba en la obligación de
soportar, en los términos del artículo 66 de la Ley 270 de 1996.

Sostuvo que en este caso el error judicial está demostrado en los términos
exigidos jurisprudencialmente por la Corte Constitucional por cuanto está
acreditado que las providencias en las que se sancionó al abogado demandante
fueron consideradas como una vía de hecho en una acción de tutela, es decir,
fue calificada como una providencia en la que “de manera grosera y arbitraria se
desconoció el derecho aplicable.”

Reiteró que el error se configura con la simple prueba de que se impuso una
sanción por una conducta no prevista en la norma y el derecho a la reparación
nace de constatar que ese error generó un daño antijurídico al demandante: un
daño particular, grave e injustificado que no está obligado a soportar.

En cuanto a los perjuicios reclamados, consideró que no estaba acreditado el
daño emergente reclamado. Frente al lucro cesante indicó que, aunque el actor
no probó adecuadamente el monto de los ingresos dejados de percibir por la no
adjudicación del contrato, era evidente que al no haber estado vigente la sanción
habría ganado por lo menos un salario mínimo por su actividad como litigante
durante el período de su suspensión. Por lo que lo liquidó por el monto del salario
mínimo vigente para 2007 debidamente actualizado.

Respecto del daño moral, se reconoció la suma de 50 salarios mínimos
mensuales legales vigentes de conformidad con las pruebas allegadas al
expediente que demostraron la congoja que sufrió el señor Trebilcock Barvo
como consecuencia de la sanción, del hecho de tener que renunciar y sustituir
algunos poderes otorgados por sus clientes y de su desvinculación de algunas
universidades en las que dictaba clase.

Destacó que en la demanda se solicitó expresamente que se condenara a la
demandada a presentar disculpas de forma pública, en audiencia acto o medio
de comunicación.

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Con base en lo anterior, condenó al Consejo Superior de la Judicatura a expedir
y hacer llegar al demandante una comunicación en representación de la entidad
estatal responsable, en la que informe que la sanción disciplinaria impuesta
contra el señor Fernando Augusto Trebilcock Barvo fue anulada y a ofrecer
disculpas en nombre del Estado colombiano por el daño antijurídico que le causó
con el error judicial en que incurrió la Corporación, la cual deberá además
publicarse en el diario El Tiempo del día domingo, en el Boletín de sancionados
del Consejo Superior de la Judicatura y en las plataformas de comunicación y
difusión de dicha entidad con la transcripción de la parte resolutiva de la
sentencia, todo esto dentro del mes siguiente a la ejecutoria de la respectiva
providencia.

6. El recurso extraordinario de revisión

El 17 de noviembre de 2022 la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
por conducto de apoderada, formuló recurso extraordinario de revisión contra la
sentencia del 11 de octubre de 20212 de la Subsección B de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, dentro del proceso del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho 25000232600020080022601 a través de la cual se
revocó la sentencia de primera instancia que había negado las pretensiones de
la demanda de reparación directa presentada por el señor Fernando Augusto
Trebilcock Barvo contra esa entidad y, en su lugar, accedió parcialmente a
aquellas.

Como sustento de su recurso, la recurrente alegó la materialización de la causal
prevista en el numeral 5° del artículo 250 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por falta de congruencia de la
sentencia.

Señaló que en la sentencia objeto de recurso extraordinario reconoció extra
petita un perjuicio de carácter no pecuniario que no fue solicitado en la demanda.

Indicó que las disculpas públicas son un elemento propio de la política de justicia
transicional como forma de reparación simbólica.

Explicó que una disculpa es un acto de reconocimiento formal, solemne y, en la
mayoría de los casos, público de que se cometieron violaciones de los derechos
humanos en el pasado, de que estas causaron daño grave y, a menudo

2
La cual quedó en firme el 22 de noviembre de 2021 según se certifica en la constancia de
ejecutoria visible en el índice 2 del expediente que obra en la Sede electrónica para la gestión
judicial, Samai.

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irreparable a las víctimas y, de que el Estado, el grupo o el individuo que ofrece
disculpas acepta parte o toda la responsabilidad por lo ocurrido.

Adujo que la naturaleza del medio de control de reparación directa y del título de
imputación de error jurisdiccional, es incompatible con ese tipo de medidas, por
cuanto tiene en esencia, un contenido sustancialmente material, es decir,
económico, sin perjuicio de los reconocimientos extrapatrimoniales a que haya
lugar.

Destacó la importancia de que las sentencias judiciales siempre deben atender
a la congruencia y legalidad, es decir, deben ser coherentes con lo pretendido y
probado, porque lo que debe resarcirse es la consecuencia o resultado del daño
antijurídico y no el hecho que lo produce.

Expuso la noción de reparación in natura y del principio de reparación integral
según el cual el perjuicio es el límite de la reparación, por lo que se debe
indemnizar el perjuicio, pero nada más que el perjuicio; en caso contrario, se
extralimitaría el espacio jurídico de este tipo de responsabilidad y se volvería
sobre un conflicto ya resuelto.

Manifestó que intentar volver las cosas a su estado natural mediante la orden de
corregir el error o falla que, en su entender condujo a un presunto daño, puede
ir acompañado de una carga subjetiva moral del fallador de segunda instancia
por su comprensión personal del supuesto daño lo cual resulta indeseable para
la administración de justicia.

Afirmó que ese tipo de órdenes puede ser riesgosa e incluso puede conllevar a
revivir juicios terminados y a invadir competencias extrañas o ajenas a la
jurisdicción.

Recordó que el juez debe atenerse y resolver las pretensiones de las partes, en
el caso de reparación directa, dirigidas a resarcir el perjuicio patrimonial o
extrapatrimonial por ellas reclamado, sin pretender corregir lo que considera
equivocado.

Señaló que este tipo de medidas restaurativas no solamente son incoherentes,
sino que además desconocen por completo la autonomía e independencia de
las autoridades judiciales y administrativas.

Indicó que en este caso se impuso en cabeza del Consejo Superior de la
Judicatura una obligación de hacer absolutamente infundada, impertinente e

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inconsecuente con las funciones de ese órgano de gobierno y administración de
la Rama Judicial.

Acusó a la sentencia recurrida de vulnerar el debido proceso de la entidad
recurrente al haber impartido órdenes en forma autónoma sin atender los
criterios de hermenéutica jurídica.

Manifestó que la medida restaurativa no solo desnaturaliza el ámbito de las
funciones estatutarias del Consejo Superior de la Judicatura sino también su
naturaleza administrativa y desconoce sus competencias y funciones.

Agregó que el hecho de ofrecer excusas por decisiones judiciales en la forma
ordenada en la sentencia deslegitima la actividad judicial, desnaturaliza y atenta
contra el principio de autonomía e independencia judicial consagrado en el
artículo 228 de la Constitución Política, por cuanto se está ordenando a un
tercero descalificar públicamente una decisión judicial, lo cual irradia en la
imagen que tiene el ciudadano respecto de la Rama Judicial y mina la
credibilidad frente a los administradores de justicia.

Sostuvo que la sentencia recurrida presumió perjuicios sin que estuviera
acreditada su causación respecto de bienes o derechos constitucional y
convencionalmente protegidos.

Reiteró que como la sentencia recurrida impuso una obligación de hacer en
cabeza del Consejo Superior de la Judicatura se concedió la reparación de un
daño autónomo que la parte actora no pidió en la demanda con lo cual se rompió
el equilibrio procesal lo que generó una grave vulneración del principio de justicia
rogada y, por ende, la nulidad de la sentencia.

Afirmó que no existía prueba del daño en cuestión por lo que en últimas aquel
se presumió en clara contravía de los presupuestos de la responsabilidad del
Estado.

Insistió que este tipo de medidas es propio de las graves violaciones de derechos
humanos, lo cual resulta ajeno al caso concreto.

Aseveró que ese tipo de medidas no atienden al principio de reparación integral
en este evento por cuanto no le son correlativas, oportunas, pertinentes ni
adecuadas para el daño generado.

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Recordó la importancia del principio de la justicia rogada dentro de la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo el cual impide que se hagan este tipo de
reconocimientos de manera oficiosa.

Manifestó que en este caso se desconoció además, el principio de congruencia
por cuanto se concedió más allá de lo pedido, es decir, se falló extra petita.

Afirmó que el juez contencioso no podía volver a analizar las providencias que
supuestamente incurrieron en error judicial por cuanto aquellas ya habían sido
analizadas por el juez de tutela quien las dejó sin efectos.

6 Trámite procesal

Mediante auto del 21 de noviembre de 2022 se admitió el recurso extraordinario
de revisión, se negó el decreto de la medida cautelar solicitada por la parte actora
y se ordenaron las notificaciones de rigor.

El 20 de enero de 2023 el señor Fernando Augusto Trebilcock Barvo, quien fue
vinculado al presente proceso dada su condición de demandante dentro del
proceso ordinario de reparación directa que culminó con la providencia ahora
recurrida, a través de apoderado, puso de presente una posible nulidad procesal
por indebida notificación del auto admisorio, se pronunció sobre el recurso
extraordinario de revisión y puso de presente un posible impedimento en el que
podía estar incurso el magistrado Hernando Sánchez Sánchez, integrante de esta
Sala Especial de Decisión.

A través de proveído del 24 de enero siguiente se tuvo por notificado por
conducta concluyente al señor Trebilcock Barvo y se dispuso dar el trámite de
recusación a la manifestación efectuada respecto del magistrado Sánchez
Sánchez.

El 31 de enero de 2023, el apoderado del señor Fernando Augusto Trebilcock
Barvo solicitó la aclaración de la providencia anterior, la cual fue negada a través
de auto del 8 de febrero siguiente.

El magistrado Hernando Sánchez Sánchez a través de oficio del 23 de febrero
de 2023 manifestó que rechazaba la recusación en cuestión.

Una vez surtido el trámite de recusación en los términos del artículo 132 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la
manifestación en cuestión fue declarada infundada mediante auto del 7 de marzo
de 2023.

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7. Contestación

Dentro de la oportunidad legal correspondiente, a través de apoderado, el señor
Fernando Augusto Trebilcock Barvo, demandante dentro del proceso de
reparación directa que culminó con la sentencia ahora recurrida, se pronunció
sobre el recurso extraordinario de revisión en los siguientes términos:

Manifestó su oposición a la prosperidad del recurso extraordinario el cual
catalogó de abiertamente infundado.

Adujo que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial ya interpuso una
acción de tutela contra la providencia que ahora demanda en recurso
extraordinario la cual fue denegada por el juez constitucional.

Afirmó que la demanda en cuestión carece de todo sustento fáctico y jurídico y
se basa en elucubraciones falaces e infundadas.

Acusó a la apoderada recurrente de faltar a la verdad al sustentar el recurso
extraordinario por cuanto en la pretensión quinta de la demanda de reparación
directa que culminó con la sentencia ahora recurrida, se solicitó que se
condenara al director ejecutivo de Administración Judicial a “presentar disculpas
de forma pública, en audiencia, acto o medio de comunicación para el efecto”
(sic).

Destacó que se solicitó la reparación integral del daño antijurídico en cuestión,
tanto en su esfera patrimonial como extrapatrimonial.

Expuso el fundamento de la reparación no patrimonial de los daños antijurídicos
dentro de la teoría de la responsabilidad extracontractual del Estado.

Señaló que en este evento no se afectó en manera alguna el principio de
congruencia por cuanto es claro que en las pretensiones de la demanda se
incluyó la pretensión de disculpas públicas que ahora reclama la recurrente.

Solicitó que se condene en costas y agencias en derecho a la recurrente por
haber generado un desgaste innecesario en la administración de justicia al haber
presentado un recurso extraordinario completamente infundado.

8. Concepto del Ministerio Público

El Ministerio Público no rindió concepto dentro de este asunto.

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Surtidos los trámites legales pertinentes, el proceso se adelantó con la
observancia de las ritualidades previstas en la ley procesal y sin que obre causal
de nulidad que afecte la actuación, procede la Sala a resolver previas las
siguientes

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

De acuerdo con los artículos 111 y 249 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado tiene competencia para
conocer de los recursos extraordinarios de revisión contra las sentencias
dictadas por las Secciones y Subsecciones de esta Corporación3.

Ahora bien, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 107 del
referido estatuto procesal4, mediante el Acuerdo 80 de 20195, que compiló, entre
otros, el Acuerdo 321 de 2014, emanado de la Sala Plena del Consejo de Estado,
se reglamentó la creación de salas especiales de decisión, encargadas de

3 “Artículo 111 CPACA. Funciones de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. La Sala de

lo Contencioso administrativo en pleno tendrá las siguientes funciones: “(…).2. Resolver los
recursos extraordinarios de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o
subsecciones y los demás que sean de su competencia”.
“Artículo 248 CPACA. Procedencia. El recurso extraordinario de revisión procede contra las
sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces
administrativos”.
“Artículo 249 CPACA. Competencia. De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas
por las secciones o subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión”.
4 “Artículo 107 C.P.A.C.A. Integración y composición. (…)”.

“Créanse en el Consejo de Estado las salas especiales de decisión, además de las reguladas en
este Código, encargadas de decidir los procesos sometidos a la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, que esta les encomiende, salvo de los procesos de pérdida de investidura y de
nulidad por inconstitucionalidad. Estas Salas estarán integradas por cuatro (4) Magistrados, uno
por cada una de las secciones que la conforman, con exclusión de la que hubiere conocido del
asunto, si fuere el caso.

“La integración y funcionamiento de dichas salas especiales, se hará de conformidad con lo que
al respecto establezca el reglamento interno”.
5 Publicado en el diario oficial, edición 50.913 de 1º de abril de 2019.

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resolver los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las
sentencias de las Secciones o Subsecciones de esta Corporación6.

En tales condiciones, corresponde a esta Sala Especial de Decisión, en los
términos del artículo 248 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, resolver el recurso extraordinario de revisión
presentado contra la sentencia del 11 de octubre de 2021 a través de la cual la
Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación, dentro del expediente
25000232600020080022601, revocó la decisión del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C de descongestión del 28 de
octubre de 2021 que negó las pretensiones de la demanda de reparación directa
promovida por el señor Fernando Augusto Trebilcock Barvo en contra de esa
entidad por error jurisdiccional y, en su lugar, accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.

2. Oportunidad

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, presentó recurso
extraordinario de revisión contra la providencia del 11 de octubre de 2021 a
través de la cual la Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación,
con fundamento en la causal 5 del artículo 250 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo esto es, “(…) Existir nulidad
originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede
recurso de apelación...”.

De conformidad con el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011, la oportunidad para
presentar el recurso extraordinario de revisión varía de acuerdo con la causal
que se proponga:

“ARTÍCULO 251. TÉRMINO PARA INTERPONER EL RECURSO. El
recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de
la respectiva sentencia.

En los casos contemplados en los numerales 3 y 4 del artículo
precedente, deberá interponerse el recurso dentro del año siguiente a
la ejecutoria de la sentencia penal que así lo declare.

6 “Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019. Artículo 29.- Las Salas Especiales de Decisión decidirán

los siguientes asuntos de competencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo: 1. Los
recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las Secciones o
Subsecciones del Consejo de Estado”.

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En el caso del numeral 7, el recurso deberá presentarse dentro del
año siguiente a la ocurrencia de los motivos que dan lugar al recurso.

En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el
recurso deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a
la ejecutoria de la providencia judicial o en los casos de que ella no se
requiera, dentro del mismo término contado a partir del
perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio”.

Comoquiera que en este asunto se invocó la causal 5 del artículo 250 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el término
para presentar el recurso era de 1 año contado a partir de la ejecutoria de la
providencia del 11 de octubre de septiembre de 2021.

La sentencia objeto del recurso, quedó ejecutoriada el 22 de noviembre de 2021,
según se certificó por parte de la secretaria de la Sección Tercera de la
Corporación que aparece en el índice 4 de la anotación 2 del expediente visible
en la Sede electrónica de gestión judicial, Samai; por lo que es claro que para el
momento en que se radicó la demanda de recurso extraordinario, esto es, el 17
de noviembre de 2022 no había vencido la oportunidad legal y, por tanto, el
recurso fue presentado en forma oportuna.

3. Problema jurídico

Le corresponde a la Sala Especial de Decisión 6 establecer si la sentencia
proferida el 11 de octubre de 2021 a través de la cual la Subsección B de la
Sección Tercera de esta Corporación, dentro del expediente
25000232600020080022601, revocó la decisión del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C de descongestión del 28 de
octubre de 2021 que negó las pretensiones de la demanda de reparación directa
promovida por el señor Fernando Augusto Trebilcock Barvo en contra de esa
entidad por error jurisdiccional y, en su lugar, accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, se encuentra incursa o no en la causal de revisión
contemplada en el numeral 5° del artículo 250 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es decir, si existe una nulidad
originada en la sentencia.

Para el efecto, se debe determinar si hubo una incongruencia entre lo pretendido
por el señor Fernando Augusto Trebilcock Barvo en la demanda de reparación
directa que fue resuelta con la sentencia objeto de recurso extraordinario y lo
decidido por la Subsección B, Sección Tercera de esta Corporación,
específicamente en lo que tiene que ver con la orden dirigida al Consejo Superior

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de la Judicatura para que le ofrezca disculpas públicas por el daño antijurídico
que le ocasionó.

4. Generalidades del recurso extraordinario de revisión

El recurso extraordinario de revisión es una herramienta prevista en las
diferentes jurisdicciones que tiene como propósito despojar del carácter
inmutable y de cosa juzgada que, por regla general, tienen las decisiones
judiciales, ante el acaecimiento de circunstancias excepcionales que permiten
sostener que determinada sentencia es contraria a derecho. Así lo definió la
Corte Constitucional en sentencia C-090 de 1998 al concluir que se trata de un
mecanismo para evitar “que persistan dentro del ordenamiento jurídico
sentencias que vulneren el debido proceso, o que no se ajusten al derecho y a
la Constitución”.

En la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el recurso extraordinario de
revisión se consagró en el artículo 185 del Decreto 01 de 1984 y se mantuvo en
la Ley 1437 de 2011; su propósito es el de permitir a los jueces reexaminar
determinadas sentencias a efectos de establecer si estas son contrarias al
ordenamiento jurídico7, siempre que se configure alguna de las causales
taxativamente previstas en la ley8.

Se trata, además, de un proceso independiente y autónomo del que dio origen a
la sentencia cuya revisión se precisa, de forma que no puede entenderse como
una instancia adicional. En consecuencia, este recurso no es la vía para corregir
los yerros probatorios de las partes, ni para reconducir el proceso en hechos,
pruebas o argumentos, revivir términos o reabrir el debate surtido en el trámite
ordinario.

5. La causal de nulidad contenida en el numeral 5° del artículo 250 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo

7 Sobre el punto la Corte Constitucional en sentencia C-871 de 2003 señaló que “Con todo, el

principio de la cosa juzgada no tiene carácter absoluto pues puede llegar a colisionar con la
justicia material del caso concreto. Para enfrentar tal situación se ha consagrado la acción de
revisión, la cual permite en casos excepcionales dejar sin valor una sentencia ejecutoriada en
aquellos casos en que hechos o circunstancias posteriores a la decisión judicial revelan que ésta
es injusta. En este sentido puede afirmarse que la revisión se opone al principio “res iudicata pro
veritate habertur” para evitar que prevalezca una injusticia, pues busca aniquilar los efectos de
la cosa juzgada de una sentencia injusta y reabrir un proceso ya fenecido. Su fin último es,
entonces, buscar el imperio de la justicia y verdad material, como fines esenciales del Estado”.
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 17 de julio de

2013, Radicado 11001031500020120023100.

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El numeral 5° del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo contempla como causal de revisión la de “existir
nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no
procede recurso de apelación”.

De la lectura de la norma se desprende que la configuración de la causal
necesita, de un lado, que haya tenido lugar una nulidad originada en la sentencia
y, del otro, que contra ella no proceda el recurso de apelación. Sin embargo,
debido a que el legislador no determinó cuáles son los eventos en los que se
considera que se ha configurado una “nulidad originada en la sentencia”, ha sido
la jurisprudencia del Consejo de Estado la que ha dotado de contenido esta
disposición9.

Así, esta Corporación ha señalado que esa condición se refiere a situaciones
“originadas en la misma sentencia recurrida o en circunstancias sobrevinientes
con influencia en la decisión, por desconocimiento grave o insaneable de alguna
ritualidad sustantiva propia de la actuación”10.

En ese sentido, de acuerdo con la posición pacífica del Consejo de Estado, esto
implica corroborar que: i) el vicio alegado se originó en la sentencia, es decir,
que se materializó con la adopción misma del fallo y no antes, y ii) la anomalía
es de tal magnitud que configura un defecto insaneable de la actuación, al punto
que, de no presentarse ese yerro, la decisión adoptada hubiese sido distinta 11.

Sobre lo primero, la jurisprudencia de esta Corporación ha establecido que, por
regla general, no es posible “alegar como fundamento del recurso, alguna causa
de nulidad acaecida en una etapa previa a la sentencia, ya que ‘la proposición
de nulidades procesales se encuentra sometida a las reglas de oportunidad y
legitimación previstas en el artículo 142 del Código de Procedimiento Civil [hoy,
artículo 134 del Código General del Proceso], sin perjuicio del deber que el
artículo 145 ibidem, impone al juez de declarar de oficio las nulidades
insaneables que observe antes de dictar sentencia’” 12. Sin embargo, en algunos
casos se ha aceptado la proposición de la nulidad procesal ocurrida antes de la

9 Cfr. Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 16. Sentencia del 5 de mayo de 2020.

Radicado 11001031500020170251900.
10 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 7 de octubre de 2019,

Radicado 11001333103520080018001.
11 Cfr. Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 26. Sentencia del 14 de agosto de 2018,

Radicado 11001031500020140309300; Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N°22.
Sentencia del 3 de diciembre de 2019, Radicado 11001031500020140309300; Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 18 de noviembre de 2018, Radicado
11001032500020150099600.
12 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 13. Sentencia del 7 de junio de 2016.

Radicado 11001031500020150249300.

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-06131-00
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expedición de la sentencia, siempre y cuando esta no haya podido ser advertida
por el recurrente, evento en el que la parte actora debe probar que efectivamente
no tuvo la posibilidad de proponer la nulidad en el curso del proceso.

En cuanto a la segunda exigencia, esta Corporación ha señalado que son dos
los grupos de anomalías que pueden dar lugar a un defecto insaneable derivado
de la sentencia13: el primero, relacionado con irregularidades que constituyen
causal de nulidad del proceso y que solo pudieron ser advertidas en la sentencia,
y, el segundo, relativo a los vicios que contiene la propia sentencia y que pueden
derivar en la vulneración del artículo 29 Superior14.

El primer grupo estaría referido entonces a las causales de nulidad procesal
previstas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo o en el Código General del Proceso, siempre y cuando solo hayan
podido advertirse en la sentencia. El segundo, a la inobservancia de aspectos
procesales de tal transcendencia que tengan impacto en la garantía del debido
proceso15, lo cual excluye la posibilidad de formular, por esta vía,
cuestionamientos que conciernan al contenido de la motivación, a la valoración
probatoria o a la forma de aplicación de una determinada norma.

Así, según la jurisprudencia de esta Corporación16 y a modo enunciativo, una
nulidad originada en la sentencia por circunstancias distintas a las causales de
nulidad procesal previstas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo

13 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 26. Sentencia del 3 de febrero de 2015,

Rad.: 11001031500019980015701; Consejo de Estado, Sala Especial No. 26. Sentencia del 3
de febrero de 2015 Rad.: 11001031500020110163900; Consejo de Estado, Sala Especial de
Decisión N° 22. Sentencia del 2 de febrero de 2016, Rad.: 11001031500020150234200 y
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N°2. Sentencia del 1° de octubre de 2019, Rad.:
11001031500020130221600.
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 16 de julio de 2007, Rad.:

11001031500020070065300. Se toma el resumen de la causal contenido en el radicado No
110010315000201300702-00 y reiterado en la sentencia del 1° de noviembre de 2016 proferida
por la Sala Especial de Decisión N° 10, Rad.: 11001031500020120023000.
15 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N°15. Sentencia del 5 de noviembre de 2019.

Radicado 11001031500020180141500.
16 Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 3 de

febrero de 2015, Rad.: 11001031500020090049400; Consejo de Estado, Sala Especial de
Decisión N° 26. Sentencia del 14 de agosto de 2018, Rad.: 11001031500020140309300;
Consejo de Estado, Sala Plena, Sala Especial de Decisión N° 22. Sentencia del 3 de diciembre
de 2019, Rad.: 11001031500020140309300; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
B. Sentencia de 29 de abril de 2015, Rad.: 20083531900; Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A. Sentencia del 24 de octubre de 2019, Rad.: 11001032500020130023300; Consejo
de Estado, Sala Especial de Decisión N°15, Sentencia del 5 de noviembre de 2019, Rad.:
11001031500020180141500; Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia
del 24 de octubre de 2019, Rad.: 11001032500020140032500; Consejo de Estado, Sala Especial
de Decisión N° 22. Sentencia del 2 de febrero de 2016, Rad.: 110010315000201502342; Consejo
de Estado, Sala Especial de Decisión N° 4. Sentencia del 23 de julio de 2019, Rad.:
11001031500020180434500.

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-06131-00
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Contencioso Administrativo o en el Código General del Proceso puede acaecer
en los siguientes eventos: i) cuando se dicta sentencia en un proceso que
terminó por desistimiento, transacción, perención o estando legalmente
suspendido o interrumpido y antes de la oportunidad para reanudarlo; ii) cuando
el fallo aparece firmado por menor o mayor número de magistrados o cuando es
adoptado con un número de votos diferente al previsto en la ley; iii) cuando la
sentencia carece totalmente de motivación; iv) cuando el fallo viola el principio
de non reformatio in pejus; v) cuando la sentencia condena a quien no es parte
dentro del proceso; vi) cuando el fallo se profiere con falta de competencia o de
jurisdicción; vii) cuando se dicta sentencia con pretermisión de las instancias
procesales previas; viii) cuando el demandado es condenado por cantidad
superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente
de la invocada en ésta; o ix) cuando la sentencia carece de congruencia interna
o externa.

La congruencia interna se refiere a la correspondencia que debe existir entre la
parte motiva y la resolutiva de la sentencia, mientras que la externa propende
porque la decisión contenida en parte resolutiva se encuentre en concordancia
con lo pedido en la demanda y en su contestación17, es decir, que haya identidad
jurídica entre lo resuelto y las pretensiones y excepciones oportunamente
presentadas, salvo por las competencias oficiosas que la ley otorga al juzgador 18.
Lo anterior encuentra fundamento en el artículo 281 del Código General del
Proceso19 ꟷque reformó el artículo 305 del C.P.C.ꟷ, aplicable por remisión
normativa del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011.

Cuando falta esa congruencia externa, se habla de decisiones ultrapetita, que
tienen lugar cuando se reconoce un mayor derecho al pretendido, extrapetita
cuando se reconoce un derecho no reclamado o que siendo reclamado se
concede por una causa distinta al supuesto fáctico y jurídico de la demanda, o

17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia de 1 de marzo de 2018.

Radicado 11001-03-25-000-2013-00838-00.
18 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia de 13 de agosto de 2021.

Radiado 11001-03-26-000-2019-00100-00(64246).
19 “ARTÍCULO 281. CONGRUENCIAS. La sentencia deberá estar en consonancia con los

hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este
código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si
así lo exige la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en
la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta.
Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente lo último.
En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho
sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda,
siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en
su alegato de conclusión o que la ley permita considerarlo de oficio. (…)”.

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infrapetita cuando no se resuelve algún asunto debidamente planteado 20. De
fondo, la razón por la cual procede la nulidad originada en la sentencia cuando
se desconoce el principio de congruencia, es porque el fallador excede su
competencia, la que, como se ha dicho, está determinada por las pretensiones y
los fundamentos de la demanda, y por la contestación y las excepciones
propuestas21.

En conclusión, la procedencia de la causal de nulidad originada en la sentencia
de que trata el numeral 5° del artículo 250 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo impone acreditar, de un lado,
que el recurso se interpone contra una sentencia respecto de la cual no procede
el recurso de apelación y, del otro, que el fallo a infirmar dio origen a una nulidad
procesal de las que tratan las codificaciones procesales o a un defecto con
implicaciones graves en la garantía del debido proceso.

6. El caso concreto

Como viene de explicarse, en este evento la recurrente acusa a la sentencia
cuestionada de desconocer el principio de congruencia por cuanto, en su criterio,
fallo por fuera de lo pedido e impartió una orden respecto de una medida de
reparación no pecuniaria que no fue solicitada por la parte actora, de manera
concreta, ordenó al Consejo Superior de la Judicatura ofrecer disculpas al señor
Trebilcock Barvo por el daño antijurídico que padeció con ocasión del error
judicial en que incurrió esa Corporación.

Para determinar si asiste razón o no la recurrente debe revisarse en primer lugar
el contenido de las pretensiones de la demanda de reparación directa interpuesta
por el señor Fernando Augusto Trebilcock Barvo en contra de la Dirección
Ejecutiva de Administración judicial que fue resuelta en segunda instancia a
través de la providencia que ahora se cuestiona a través del recurso
extraordinario de revisión.

Una vez analizadas se encontró una del siguiente tenor:

QUINTA. Que en consecuencia, se CONDENE a la demandada NACIÓN
(…) – Rama Judicial – y Director Ejecutivo de Administración Judicial – a
presentar DISCULPAS de forma PÚBLICA, en audiencia acto o medio de

20 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia de 16

de agosto de 2002. Radicado 760012324000199704345-01(12668).
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección A.

Sentencia de 13 de agosto de 2021. Radiado 11001-03-26-000-2019-00100-00(64246).

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comunicación para tal efecto, por el DAÑO causado a mi procurado, como
forma de reparación no patrimonial.

En este orden de ideas es evidente que, contrario a lo afirmado por la recurrente
el actor en su demanda sí solicitó que se condenara a la Nación a presentar
disculpas públicas por el daño jurídico que se le ocasionó.

Ahora bien, la orden cuestionada se impartió en los siguientes términos:

CUARTO: ORDÉNASE al Consejo Superior de la Judicatura a emitir,
dentro del mes siguiente a la ejecutoria de esta providencia, un comunicado
en el cual informe que fue anulada la sanción disciplinaria contra Fernando
Augusto Trebilcock Barvo y le ofrezca disculpas por el daño antijurídico que
padeció con ocasión del error judicial en el que incurrió la Corporación,
en los términos señalados en esta providencia.

Conforme con lo anterior, es claro que la orden cuestionada a través del recurso
extraordinario de revisión es plenamente congruente con la pretensión quinta de
la demanda en lo que al ofrecimiento de disculpas públicas respecta, por lo tanto,
no asiste razón a la recurrente cuando afirma que en la sentencia recurrida se
impartió una orden ajena a lo pedido en la demanda inicial.

En otras palabras, no es cierto que la orden impartida dentro de la sentencia del
11 de octubre de 2021 por la Subsección B de la Sección Tercera al Consejo
Superior de la Judicatura para que ofreciera disculpas públicas al señor
Fernando Augusto Trebilcock Barvo hubiera sido oficiosa, sino que, por el
contrario, se originó en la pretensión que en tal sentido se incluyó en la demanda
de reparación directa por él presentada.

Así las cosas, resulta absolutamente evidente que el argumento de la apoderada
de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial para sustentar la causal de
nulidad originada en la sentencia por falta de congruencia de la sentencia
recurrida fue desvirtuado, por cuanto, se insiste, de la simple lectura de las
pretensiones de la demanda de reparación directa en cuestión se advierte que
el señor Trebilcock Barvo sí solicitó que se condenara a la entidad demandada
dentro de ese medio de control a ofrecerle disculpas públicas y con base en ello
fue que el juez ordinario de segunda instancia impartió la orden correspondiente.

De otra parte, en lo que tiene que ver con la presunta vulneración del debido
proceso alegada en la demanda de recurso extraordinario se advierte que la
misma no fue debidamente justificada, con todo, revisado el expediente del
proceso ordinario se encuentra que se respetaron todas las etapas procesales y

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que se garantizó en todo momento el derecho de audiencia y de defensa de la
entidad ahora recurrente.

Ahora, si bien es cierto la apoderada recurrente incluyó otros argumentos en su
escrito de demanda de recurso extraordinario, tales como los referidos a que las
medidas de reparación no patrimoniales como las excusas públicas no son
compatibles con este tipo de procesos y que las mismas desautorizan y
desnaturalizan la función judicial, lo cierto es que aquellos no se dirigen a
demostrar la incongruencia de la decisión sino a cuestionarla, frente a lo cual se
debe reiterar con vehemencia que el recurso extraordinario no es una instancia
adicional del proceso ordinario que sirva para controvertir una decisión judicial
por no encontrarse de acuerdo con ella, sino que se trata de un mecanismo
verdaderamente especial que fue diseñado por el legislador como una excepción
a la cosa juzgada para casos específicos que solo procede por las causales
consagradas en la ley.

En otras palabras, se insiste en que el recurso extraordinario de revisión debe
ser empleado de manera racional y responsable únicamente cuando se advierta
la configuración de alguna de las causales que el legislador diseñó para su
procedencia, sin convertirlo en un escenario para lanzar acusaciones subjetivas
ni apreciaciones dirigidas a manifestar la inconformidad con una decisión judicial.

En tales condiciones, se llama la atención de la apoderada recurrente para que,
en lo sucesivo a la hora de invocar alguna causal de revisión se cerciore de que
el fundamento de la misma corresponda con la realidad.

En ese orden de ideas, es claro que contrario a lo afirmado por la apoderada de
la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial la sentencia recurrida no abordó
puntos diferentes a los esbozados en la demanda presentada por el señor
Fernando Augusto Trebilcock Barvo dentro del proceso ordinario y que la orden
dirigida al Consejo Superior de la Judicatura de ofrecerle disculpas públicas
obedeció a que esa fue una de las pretensiones de reparación directa.

Por lo tanto, no se configura la alegada nulidad originada en la sentencia
derivada de la falta de congruencia invocada como fundamento del presente
recurso extraordinario de revisión.

En consecuencia, para la Sala es claro que ninguno de los cargos propuestos
en el recurso extraordinario de revisión es procedente, de manera que este debe
declararse infundado.

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7. Costas

Teniendo en cuenta que el recurso extraordinario de revisión se formuló después
de la entrada en vigencia de la Ley 2080 de 2021, debe aplicarse la modificación
introducida por dicha ley.

Así, de acuerdo con lo previsto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011
adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, la sentencia dispondrá
sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las
normas del Código General del Proceso. En todo caso, agrega la norma, la
sentencia deberá disponer sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal.

Pues bien, el artículo 365 del Código General del Proceso que conforme a la
precitada norma resulta aplicable, se condenará en costas a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de revisión, siempre que, en los términos del
numeral 8° de esa disposición, “en el expediente aparezca que se causaron y en
la medida de su comprobación”.

Con todo, el inciso final del artículo 255 de la Ley 1437 de 2011, modificado por
el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021 impone la condena en costas cuando el
recurso extraordinario de revisión no prospera:

ARTÍCULO 255. SENTENCIA. <Artículo modificado por el
artículo 70 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:>
Vencido el período probatorio se dictará sentencia.

Si el competente encuentra fundada alguna de las causales de los
numerales 1 a 4 y 6 a 8 del artículo 250 de este código, o la del literal
b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, invalidará la sentencia
revisada y dictará la que en derecho corresponde.

En la sentencia que invalide la decisión revisada se resolverá sobre
las restituciones, cancelaciones, perjuicios, frutos, mejoras, deterioros
y demás consecuencias de dicha invalidación. Si en el expediente no
existiere prueba para imponer la condena en concreto, esta se hará
en abstracto y se dará cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 193 de este código.

Si halla fundada la causal del numeral 5 del señalado artículo 250, o
la del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, declarará la
nulidad de la sentencia o de la actuación afectada con la causal que

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dio lugar a la revisión, y devolverá el proceso a la autoridad judicial de
origen para que rehaga lo actuado o dicte sentencia de nuevo, según
corresponda.

Si se declara infundado el recurso, se condenará en costas y
perjuicios al recurrente (se destaca).

Con fundamento en lo anterior, la condena en costas no requiere de la
apreciación o calificación de una conducta temeraria de la parte a la que se
impone, toda vez que, bajo el régimen actual, dicha condena se determina con
fundamento en un criterio objetivo, en este caso frente a la parte a la que se le
declara infundado el recurso extraordinario de revisión.

En tales condiciones, conforme a lo expuesto procede la condena en costas,
teniendo en cuenta que el proceso de la referencia inició en vigencia de la
modificación introducida por la Ley 2080 de 2021.

Al respecto, el artículo 366 del C.G.P. dispone:

Artículo 366 C.G.P. Liquidación. Las costas y agencias en derecho
serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya
conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente
quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o
notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con
sujeción a las siguientes reglas:

1. El secretario hará la liquidación y corresponderá al juez aprobarla
o rehacerla.

(…)

4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas
que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas
establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá
en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión
realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la
cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda
exceder el máximo de dichas tarifas.

(…).

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6. Cuando la condena se imponga en la sentencia que resuelva los
recursos de casación y revisión o se haga a favor o en contra de un
tercero, la liquidación se hará inmediatamente quede ejecutoriada la
respectiva providencia o la notificación del auto de obedecimiento al
superior, según el caso.

De lo anterior es posible advertir que para la determinación de la condena en
costas se tiene en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la gestión útil.

Asimismo, debe tenerse en cuenta el Acuerdo PSAA16-10554 de 2016, que
prevé de las tarifas de agencias en derecho, expedido por el Consejo Superior
de la Judicatura, en el cual se dispuso lo siguiente:

Artículo 2º. Criterios. Para la fijación de agencias en derecho el
funcionario judicial tendrá en cuenta, dentro del rango de las tarifas
mínimas y máximas establecidas por este acuerdo, la naturaleza, la
calidad y la duración de la gestión realizada por el apoderado o la
parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y demás
circunstancias especiales directamente relacionadas con dicha
actividad, que permitan valorar la labor jurídica desarrollada, sin que
en ningún caso se puedan desconocer los referidos límites.

(…).

Artículo 5º. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son:

9. RECURSOS EXTRAORDINARIOS.

Entre 1 y 20 S.M.M.L.V.

Dado que en este proceso el señor Fernando Augusto Trebilcock Barvo contrató
los servicios de un apoderado para intervenir dentro del presente asunto y que
aquel adelantó varias actuaciones a saber: propuso una posible nulidad procesal
por indebida notificación, formuló una recusación y contestó la demanda de
recurso extraordinario, se fijarán las agencias en derecho en un (1) salario
mínimo legal mensual vigente a la fecha de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sala Especial de Decisión 6, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la Ley,

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-06131-00
Recurrente: Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

RESUELVE:

PRIMERO: Declárase infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto
contra la sentencia proferida el 11 de octubre de 2021 por la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, dentro del proceso de reparación directa
identificado con el número de radicado 25000232600020080022601.

SEGUNDO: Condénase en costas a la parte recurrente por un salario mínimo
legal mensual vigente, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia.

TERCERO: Por Secretaría General, archívese el expediente previas las
anotaciones pertinentes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Presidente

MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Magistrada

JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Magistrado

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”

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