Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-04796-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-04796-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-04796-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
6 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., seis (6) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04796-01
Accionante: AR GEOPHYSICAL CONSULTANT LTDA.
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B.
Tema: Tutela contra providencia judicial. Controversias contractuales. Contrato de
interventoría. Acuerdo sobre el pago. MODIFICA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionante en contra de la
sentencia del 18 de septiembre de 2025 proferida por la Sección Primera del
Consejo de Estado, a través de la cual declaró improcedente la acción.
ANTECEDENTES
AR GEOPHYSICAL CONSULTANT LTDA. pretende que se protejan sus derechos
fundamentales a la igualdad y al debido proceso, así como los principios de
proporcionalidad, razonabilidad y buena fe, los cuales considera vulnerados por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, con la sentencia del 26 de
marzo de 2025 proferida en el medio de control de controversias contractuales, al
que se le asignó el radicado 76001-23-33-000-2016-01056-01.
HECHOS
La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
La parte actora señaló que el 23 de junio de 2011, suscribió con el Fondo Financiero
de Proyectos de Desarrollo (en adelante FONADE) el Contrato de Interventoría
2110798, cuyo objeto era la interventoría técnica administrativa, de control
presupuestal, HSE y social de una consultoría sobre adquisición, procesamiento e
interpretación sísmica en la Cuenca Patía 2D/09.
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Que el 30 de octubre de 2012, el Contrato finalizó por vencimiento del plazo y el 27
de diciembre de 2013 se suscribió el acta de liquidación bilateral, en la que FONADE
reconoció un saldo de $ 401.393.501 a su favor como contratista y a favor de ella
de $ 349.008.839 por actividades no ejecutadas, por lo cual dejó varias salvedades
relacionadas con la ejecución del contrato.
Que el 17 de julio de 2014 instauró demanda de controversias contractuales en
contra de FONADE, en la que solicitó la nulidad del acta de liquidación y que se
condenara a la demandada por la suma de $ 349.008.839 más intereses moratorios
e indexación y a costas por valor de $ 30.000.000, con fundamento, entre otras
razones, en la existencia de un abuso del derecho por parte de FONADE, al
desconocer actividades ejecutadas por la interventoría que no dependían del
avance del contrato de consultoría.
Que el 31 de julio de 2020, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las
pretensiones porque estimó que la forma de pago fue legalmente pactada entre las
partes; el pago del 41 % restante del contrato de interventoría estaba condicionado
al avance del contrato de consultoría y no hubo incumplimiento por parte de
FONADE.
Que interpuso recurso de apelación en contra de esa decisión y el 26 de marzo de
2025 el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, confirmó la sentencia
recurrida porque determinó que el contrato de interventoría estaba condicionado al
avance del contrato de consultoría; no hubo desconocimiento de obligaciones por
la parte demandada y los valores reclamados como perjuicios no eran exigibles
conforme a la modalidad contractual pactada.
Considera que la autoridad judicial de segunda instancia incurrió en las siguientes
causales específicas de procedibilidad:
i) defecto fáctico porque omitió la valoración de las siguientes pruebas
documentales, pese a que las resaltó en el recurso de apelación, las cuales
acreditaban que, en su condición de interventora, cumplió cabalmente sus funciones
y advirtió a FONADE sobre los incumplimientos del contratista del contrato de
consultoría, sin que este hubiera adoptado alguna medida, lo que derivó en el
desequilibrio económico:
a) el acta de liquidación bilateral del 27 de diciembre de 2013; b) la carta que radicó
el 30 de octubre de 2012, donde le pidió a FONADE que se abstuviera de suscribir
el acta de terminación bilateral con el contratista UTP 2010 y sugirió la aplicación
de cláusulas sancionatorias por el evidente incumplimiento de aquel; c) los informes
que presentó a FONADE en los que advirtió sobre la inactividad del contratista
principal, le indicó que ese incumplimiento afectaba el objeto de la interventoría y le
solicitó que adoptara las decisiones contractuales frente a dicho contratista; y d) el
silencio absoluto de FONADE frente a dichas alertas;
ii) defecto sustantivo, ya que adoptó una decisión completamente irrazonable y
desproporcionada respecto a los artículos 1602 y 1603 del Código Civil, pues
desconoció la autonomía del contrato de interventoría respecto al de consultoría, a
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pesar de que eran contratos distintos; validó una forma de pago dependiente del
avance del contrato de consultoría, desconociendo que cumplió con su labor de
seguimiento, control y reporte, conforme a los parámetros técnicos; y omitió que el
valor del contrato de interventoría fue el adjudicado y aceptado por FONADE, sin
condicionarlo a una ejecución exitosa del contrato de consultoría; a pesar de que
informó reiteradamente el incumplimiento del contratista, la entidad no adoptó
ninguna medida efectiva, por lo que contribuyó al daño antijurídico, pese a lo cual
se permitió que alegara su propia culpa; y se desconoció su buena fe contractual;
iii) desconocimiento del precedente judicial, debido a que contradijo abiertamente el
criterio uniforme y reiterado del Consejo de Estado sobre la autonomía e
independencia del contrato de interventoría cuando este se celebra como resultado
de un proceso de selección diferente al del contrato de consultoría u obra principal.
Aludió a las sentencias del 28 de febrero de 2023, exp. 25000-23-26-000-2000-
00732-01; 28 de mayo de 2015, rad. 47001-23-31-000-2024-00066-01; y del 1 de
junio de 2020, rad. 05001-23-31-000-2000-03439-01; y
iv) violación directa de la Constitución, pues vulneró el artículo 2, por convalidar una
situación injusta y contraria al principio de buena fe y el 13 por el tratamiento
desigual frente a contratistas cobijados por interpretaciones favorables y protectoras
de la naturaleza jurídica de los contratos; al igual que el 29 por la incursión en los
defectos invocados y el 83, por desconocer el principio de buena fe contractual; así
como el 90, por imponerle la carga de soportar las consecuencias de un daño
antijurídico que, por su naturaleza, debía ser asumido por la entidad contratante; y
aplicó la interpretación judicial más desfavorable, en contravía del principio pro
administrado o pro homine.
PRETENSIONES
Solicitó dejar sin efectos la sentencia del 26 de marzo de 2025 proferida por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, y ordenar a la Sala Plena de
dicha Sección que dicte una nueva providencia ajustada a los parámetros
constitucionales y, unifique criterios sobre el contenido y alcance del contrato de
interventoría.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
El 6 de agosto de 2025, se admitió la acción; se vinculó al FONADE y a la Sala
Segunda de Decisión Oral del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, como
tercera con interés; y se corrió el respectivo traslado.
POSICIÓN DEL ACCIONADO
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, adujo que la supuesta
irregularidad expuesta por la parte actora no cumple con la exigencia de la
relevancia constitucional, pues pretende crear una tercera instancia frente a una
sentencia en la que se hizo un correcto análisis fáctico, probatorio y jurídico, y que,
además, fue proferida por el órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.
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Que en la providencia se expuso que el contrato era claro en establecer una forma
de pago variable que dependía del porcentaje de cumplimiento efectivo que
alcanzara el «consultor objeto del contrato» de interventoría, lo que tenía coherencia
con la redacción de la cláusula segunda del valor del contrato.
Indicó que la parte actora está en desacuerdo con la decisión, pero no porque se
haya dejado de hacer la debida y correcta valoración probatoria, pues en aquella se
determinó que no había logrado acreditar que el consultor hubiera cumplido con el
100 % de las obligaciones a él encomendadas, por lo que no era posible concluir
que FONADE incurrió en un abuso del derecho, al haberse negado al
reconocimiento y pago del valor total del contrato.
Concluyó que debe declararse improcedente la acción o, en su defecto,
desestimarse las pretensiones, por falta de mérito.
POSICIÓN DE LOS VINCULADOS
ENTerritorio S.A. (antes FONADE) solicitó declarar improcedente la acción porque
la sociedad accionante pretende reabrir un debate jurídico y probatorio que fue
resuelto definitivamente por los jueces naturales de la causa, en ejercicio de su
autonomía judicial y en el marco de la competencia otorgada por la Constitución y
la ley, por no estar de acuerdo con la decisión del litigio, sin que haya demostrado
la vulneración o amenaza de sus derechos fundamentales.
Afirmó que la acción no cumple con el requisito de subsidiariedad porque la actora
está facultada para interponer el recurso extraordinario de revisión por la supuesta
violación del debido proceso que habría conducido a una decisión injusta, y no se
acreditó un perjuicio irremediable, en tanto las pretensiones se circunscriben a
aspectos puramente patrimoniales.
Que la tutela tampoco supera la exigencia de la relevancia constitucional, por
tratarse de una discusión puramente contractual, lo que constituye un asunto de
derecho ordinario y no constitucional.
Sostuvo que no se configuraron los defectos invocados, pues se valoraron los
medios probatorios referidos por la accionante, pero no eran suficientes para
respaldar las pretensiones económicas; se aplicaron correcta y pertinentemente las
normas civiles y contractuales que rigen la materia; y se analizó el precedente
judicial y se explicó por qué, dadas las particularidades del caso, las reglas
jurisprudenciales alegadas no eran aplicables.
Expresó que permitir que la tutela prospere no solo desnaturalizaría el propósito de
este mecanismo, sino que también transgrediría los principios de seguridad jurídica
y cosa juzgada.
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SENTENCIA IMPUGNADA
El 18 de septiembre de 2025, la Sección Primera del Consejo de Estado declaró
improcedente la acción porque determinó que no se cumplió el requisito de
relevancia constitucional, en la medida que la argumentación de la accionante no
devela que el asunto gire en torno al alcance de algún derecho fundamental, sino
únicamente frente a la simple inconformidad con la decisión adoptada en el proceso
de controversias contractuales.
Que la actora no demuestra que la autoridad judicial haya incurrido en una
arbitrariedad judicial ni efectuó una exposición a partir de la cual se evidencie que
el caso tiene la entidad de interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución o
determinar el alcance de un derecho fundamental o que justifique razonablemente
una afectación desproporcionada de estos.
Manifestó que los argumentos planteados por la solicitante del amparo se orientan
a que se analice el acervo probatorio y se apliquen los artículos 1602 y 1603 del
Código Civil en los términos propuestos en el escrito de tutela, lo que implica una
reapertura del asunto.
IMPUGNACIÓN
La parte actora impugnó la sentencia, al considerar que esta constituyó un
«pretexto artificioso» para evadir el estudio de fondo y reducir un caso de
vulneración ostensible de derechos fundamentales a una supuesta discusión
meramente legal o económica, sin tener en cuenta la jurisprudencia de la Corte
Constitucional que habilita el amparo cuando existen defectos que afectan
directamente la Constitución, como ocurre en el caso.
Que en la sentencia discutida en esta sede se reconoce la existencia de distintas
interpretaciones posibles sobre la naturaleza y alcance del contrato de interventoría
según la jurisprudencia de las subsecciones que componen la Sección Tercera del
Consejo de Estado, por lo cual resulta inadmisible que la autoridad judicial haya
escogido la lectura más gravosa para el administrado, supeditando absolutamente
el pago de la interventoría al éxito del contrato de consultoría, en lugar de optar por
una interpretación razonable y acorde con los principios de buena fe, equidad e
igualdad.
Que esa divergencia interpretativa evidencia la necesidad de una unificación
jurisprudencial por parte de la Sección Tercera del Consejo de Estado, para
garantizar la seguridad jurídica, la igualdad de trato y la coherencia en la aplicación
del derecho público contractual.
Afirmó que están plenamente demostrados los defectos invocados, por lo que dejar
en firme una sentencia que avala que una entidad estatal pueda beneficiarse de su
propia culpa es un asunto que compromete sin lugar a dudas principios, valores y
derechos de orden constitucional, que deben ser protegidos por el juez de tutela.
Solicitó revocar la sentencia recurrida y acceder a las pretensiones.
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Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: i) generalidades de la acción de tutela; ii) procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales y iii) caso concreto.
Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando éstos
se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.
Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales
La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/052.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU128/21,
estas se enlistaron así:
«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. El juez constitucional no puede entrar a estudiar
cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia
constitucional, so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones. (...).
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada,
salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio ius
fundamental irremediable. (...)
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción
de tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. (...)
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse
que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que
se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
1
Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
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M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto
hubiere sido posible.
f. Que no se trate de sentencias de tutela. (...)»
Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene
que haber incurrido en al menos una de las siguientes causales:
«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial
que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello. (…)
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide
con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan
una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima
de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma
de una decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. (…)
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución.»3
En la misma línea, el alto tribunal constitucional, en Sentencia SU-215 de 2022,
enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e
independencia judicial, la cosa juzgada y de la seguridad jurídica y expresó:
«… Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la
tutela se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como
órganos de cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser
especialmente exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere
de una argumentación cualificada4.
3
Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
4
Sentencia SU-074 de 2022.
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(…) “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene
‘vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia
reprochada”5. Esto implica que el juez de tutela debe restringir su análisis
únicamente a los argumentos propuestos por el accionante, (…). Si el
juez constata alguna irregularidad debe comprobar que sea grave y de
una entidad tal que amerite la intervención urgente del juez de tutela6»
En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales y, de
encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si
este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la
intervención del juez constitucional.
Análisis del caso concreto
A esta Subsección corresponde definir inicialmente si se encuentran cumplidos los
requisitos generales de procedencia, especialmente, el de relevancia constitucional
que no se encontró satisfecho en primera instancia, pues solo de ser así, habría
lugar a realizar un estudio de fondo sobre las inconformidades expuestas por la
accionante consistentes en la configuración de los defectos fáctico, sustantivo,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución.
Al respecto, se considera que la acción sí supera dicha exigencia general puesto
que lo pretendido por la parte actora es lograr la protección de sus derechos
fundamentales a la igualdad y al debido proceso, los cuales considera vulnerados
con la sentencia discutida por la incursión en los defectos mencionados, mas no
plantear un asunto de mera legalidad, desconocer la autonomía e independencia
judicial del juez natural de la causa o convertir esta acción en una instancia adicional
al proceso ordinario.
En efecto, la solicitante del amparo procura demostrar la incursión en algunas de
las causales específicas establecidas por la Corte Constitucional que habilitan la
procedencia de la tutela cuando se discuten providencias judiciales, las cuales
sustentó de forma que resultan comprensibles sus desacuerdos respecto a la
providencia controvertida en esta sede y que podrían tener eventualmente una
incidencia en la decisión adoptada.
En cuanto al cumplimiento de los demás requisitos generales de procedencia, se
observa que i) la acción se presentó con inmediatez, en la medida que el 24 de abril
de 2025 se envió mensaje de datos para notificar la sentencia discutida y el 1 de
agosto de este año se instauró esta acción; ii) no se está invocando una
irregularidad procesal, por lo que no hay lugar a la exigencia relacionada con ese
supuesto; iii) se identificaron claramente los hechos generadores de la vulneración
y los derechos estimados como transgredidos; y iv) no se trata de una sentencia de
tutela.
5
Sentencia SU-074 de 2022.
6
Sentencia SU-072 de 2018.
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Sin embargo, en relación con el requisito de subsidiariedad en cuanto al defecto
fáctico invocado, se advierte que la parte actora cuenta con el recurso extraordinario
de revisión con fundamento en la causal contenida en el numeral 5 del artículo 250
de la Ley 1437 de 2011, consistente en la existencia de una nulidad originada en la
sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación,
la cual resulta procedente para alegar la falta absoluta de valoración de los medios
de prueba, que es precisamente lo reclamado por la solicitante del amparo.
En efecto, la accionante afirmó que «la sentencia incurrió en un defecto fáctico por
omisión en la valoración de prueba relevante y decisiva, lo que afecta el núcleo del
debido proceso y justifica la intervención del juez de tutela».
Sobre el particular, en la sentencia del 19 de mayo de 2023 la Sala Quinta Especial
del Consejo de Estado7 sostuvo:
«En cuanto a los presupuestos de fondo para declarar su prosperidad, la Sala
entrará a analizar si se vulneró el debido proceso del señor […] teniendo en
cuenta que, los argumentos del recurrente no se circunscriben a una
discrepancia con la valoración probatoria, sino a la nulidad originada en la
sentencia por falta absoluta de consideración de un elemento de prueba sobre
un hecho cuya negación en la sentencia incide directamente en la decisión
adoptada»
En efecto, la supuesta vulneración al derecho fundamental al debido proceso por
haberse dejado de valorar totalmente una prueba es susceptible de ser protegido
de manera integral a través del precitado recurso, en caso de que ello sea
procedente.
La Corte Constitucional, en la sentencia SU-026/21, luego de referirse a las
causales del recurso extraordinario de revisión, la finalidad de este y las
irregularidades que apunta a corregir, expresó que ello erige, en materia
contencioso-administrativa, al mencionado recurso en un medio de defensa idóneo
y eficaz cuando la vulneración del derecho al debido proceso tiene origen en un fallo
judicial que se encuentra ejecutoriado. Al respecto, señaló:
«(…) De hecho la jurisprudencia constitucional ha reconocido la innegable
semejanza entre la acción de tutela y el recurso de revisión cuando se busca
proteger este derecho: “A través de ese medio [recurso extraordinario especial
de revisión] se plantearía la controversia sobre el debido proceso en términos
idénticos a los que constituyen el presupuesto para resolver la acción de
tutela, al punto que un pronunciamiento del juez constitucional dejaría sin
oficio al juez competente. Los dos procesos, el extraordinario especial de
revisión y el de tutela, tendrían identidad de causa petendi y de petitum, y
resulta claro que no puede haber, sobre la misma causa, dos
pronunciamientos judiciales concurrentes (…)»
De tal manera, ante la existencia de otro medio judicial para reclamar la protección
de los derechos que se invocan como conculcados con base en el defecto fáctico,
la acción de tutela resulta improcedente por incumplimiento del requisito de
subsidiariedad.
7 Expediente 11001-03-15-000-2022-00179-00.
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En relación con los demás defectos, se cumplen la totalidad de los requisitos
generales de procedencia, por lo cual se procederá a su estudio.
En la sentencia discutida a través de esta acción, el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, luego de valorar las pruebas documentales relacionadas
con el Contrato de Interventoría 20110798 suscrito entre AR GEOPHYSICAL
CONSULTANT LTDA. y FONADE, determinó que las partes del negocio jurídico
estipularon una forma de pago variable (correspondiente al 41 % del valor del
contrato) que dependía del porcentaje de cumplimiento o avance del «consultor
objeto del contrato» de la interventoría y, debido a que el consultor no cumplió
cabalmente el objeto contratado, no era procedente el reconocimiento de un mayor
valor al definido en el Acta de Liquidación Bilateral suscrita.
Al respecto, precisó que la forma de pago del contrato era un aspecto válido y que
no había sido objeto de observación durante el proceso de selección, por lo que la
sociedad interventora la conocía desde el inicio y fue determinante para presentar
la propuesta que resultó seleccionada, por lo cual «su fuerza jurídica vinculante no
afecta ningún tipo de cuestionamiento ni excepción».
Adicionalmente, aclaró que el reconocimiento de los costos variables acordados no
era susceptible de verificación y cumplimiento por el simple hecho de haber suscrito
el contrato de interventoría y ejecutarlo hasta el vencimiento del plazo acordado,
pues ello dependía del avance de la consultoría.
Efectuado el recuento de los razonamientos que llevaron a la Subsección aquí
accionada a confirmar la decisión denegatoria de las pretensiones de primera
instancia, se advierte que esa autoridad judicial no transgredió los artículos 1602 y
1603 del Código Civil, sino que, de hecho, al ser el contrato ley para las partes y al
atender a la obligación de ejecutar los contratos de buena fe, encontró que la
sociedad demandante y FONADE acordaron la forma en que se realizaría el pago
por los servicios de interventoría prestados, en el sentido de que este dependería
del avance del contrato de consultoría.
En esa medida, la Sala respetó la autonomía y el acuerdo de las contratantes frente
al valor del contrato y la forma de pago, según la intención que aquellas tuvieron
desde el inicio del negocio jurídico, la cual no dependía de la plena ejecución del
contrato de interventoría, por lo que no se encuentra demostrado el defecto
sustantivo invocado.
En cuanto al desconocimiento del precedente judicial, se observa que los
pronunciamientos aludidos por la parte actora no tienen esa naturaleza, ya que en
ellos no se fijó una regla o subregla de obligatorio acatamiento sobre la materia ni
versaron sobre los mismos supuestos fácticos y jurídicos.
En efecto, la sentencia del 28 de febrero de 2023, exp. 25000-23-26-000-2000-
00732-01, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, analizó si debían entenderse incorporadas al contrato de interventoría
actividades adicionales realizadas por el interventor, si la interventora cumplió con
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sus actividades por un período superior al pactado y si la entidad debía pagar por
las actuaciones adicionales, pese a que no se acordaron.
Si bien en dicha providencia, se sostuvo que el contrato de interventoría era
independiente del contrato frente al cual se ejercía la interventoría, en aspectos
como la prórroga y el incumplimiento, lo cierto es que en el caso aquí analizado las
partes voluntariamente acordaron la forma de pago en atención al cumplimiento de
la consultoría, lo que fundamentó la decisión de la Sala, estudio que también se
predica de las demás providencias invocadas como desatendidas.
Ahora, en la sentencia del 28 de mayo de 2015, rad. 47001-23-31-000-2004-00066-
01, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado estudió un caso
de celebración de un contrato de interventoría sin el cumplimiento de los requisitos
legales, esto es, con violación de la selección objetiva.
Por último, en la sentencia del 1 de junio de 2020, rad. 05001-23-31-000-2000-
03439-01, la misma Subsección se pronunció sobre la viabilidad de que el
interventor realizar actos propios de la empresa contratante y comprometiera, en
atención a ello, a esta última frente al contratista.
En ese entendido, en ninguno de los casos referenciados por la parte actora se
discutió el aspecto que controvierte en esta sede, esto es, si el pago en virtud del
contrato de interventoría podía depender del avance del contrato objeto de aquel,
según lo pactado en el negocio jurídico, por lo cual no puede entenderse que dichas
decisiones constituyan precedente para el asunto aquí debatido.
De otra parte, se observa que la alegada violación directa de la Constitución se
fundamenta en los aspectos que ya fueron analizados, como lo es la transgresión
del principio de buena fe, la incursión en los demás defectos invocados, la
responsabilidad contractual y la postura jurisprudencial alegada como desconocida
frente a la autonomía e independencia del contrato de interventoría, lo que también
descarta su configuración.
Finalmente, en atención al argumento de la recurrente consistente en la necesidad
de unificar la materia que dio lugar a la instauración de esta tutela, debe precisarse
que la finalidad de esta acción es la protección de derechos fundamentales
vulnerados o amenazados por una autoridad, mas no definir cuál es la interpretación
que mejor se adecúa a los intereses de la parte actora ni mucho menos establecer
reglas jurisprudenciales al interior de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
En consecuencia, se modificará la sentencia del 18 de septiembre de 2025 proferida
por la Sección Primera del Consejo de Estado, en el sentido de declarar
improcedente la acción únicamente respecto al defecto fáctico invocado, y negar el
amparo solicitado frente a los demás cargos.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
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FALLA
Primero. MODIFICAR la sentencia del 18 de septiembre de 2025 proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado, en el sentido de declarar improcedente la
acción únicamente respecto al defecto fáctico invocado, y negar el amparo
solicitado frente a los demás cargos, de conformidad con la parte motiva de esta
providencia.
Segundo. Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
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