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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-08165-01

Fecha
26 de marzo de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-08165-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia proferida por la Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación el 28 de enero de 2026, mediante la cual declaró improcedente la acción de tutela pero por los motivos expuestos en precedencia. SEGUNDO: NEGAR las demás pretensiones de la acción de tutela presentada por la señora Ana Hilda Calderón Zambrano, de conformidad con los argumentos expuestos en precedencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: De no ser impugnada, REMITIR el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-08165-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

26 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-08165-01
Accionante: Ana Hilda Calderón Zambrano
Accionados: Juzgado Tercero Administrativo de Cúcuta y otro

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial

Decisión: Confirmar parcialmente

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
impugnación formulada por la señora Ana Hilda Calderón Zambrano contra la
sentencia proferida por la Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación
el 28 de enero de 2026, mediante la cual declaró improcedente la acción de tutela
por incumplir el requisito de relevancia constitucional.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

2. La señora Ana Hilda Calderón Zambrano fue nombrada en provisionalidad en el
cargo de auxiliar de enfermería, código 555, grado 7 de la ESE Imsalud mediante
Resolución 005 del 31 de diciembre de 1999.

3. El 7 de febrero de 2019 la señora Calderón Zambrano sufrió una contractura
muscular cervical derecha, afectación de origen laboral, según determinación de la
Junta Regional de Calificación de Invalidez.

4. Luego, la ESE Imsalud, a través de la Resolución 198 de 2019, declaró
insubsistente el nombramiento provisional de la señora Ana Hilda Calderón
Zambrano con ocasión del nombramiento en periodo de prueba del señor Ciro
Antonio Castro Bonilla, quien superó concurso de méritos.

5. Teniendo en cuenta la situación de incapacidad en la que se encontraba la señora
Calderón Zambrano, mediante Resolución 296 de 2019, se revocó el acto
administrativo anterior.

6. Con posterioridad, el Departamento Administrativo de la Función Pública, mediante
concepto del 14 de junio de 2019, indicó que resultaba procedente el retiro del

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servicio de un empleado vinculado con carácter provisional en incapacidad ante la
provisión definitiva del empleo de la persona que se encuentra en la lista de elegibles.

7. Por consiguiente, el señor Ciro Antonio Castro Bonilla fue nombrado en el cargo de
auxiliar área salud, código 412, grado 10; en consecuencia, se declaró la
insubsistencia del nombramiento en provisionalidad de la ahora accionante, mediante
la Resolución 470 del 11 de julio de 2019.

8. En consecuencia, la señora Calderón Zambrano a través de apoderado y en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, interpuso
demanda contra la ESE Imsalud, con la finalidad de que se declarara la nulidad de la
Resolución 470 del 11 de julio de 2019 y, a título de restablecimiento del derecho, se
ordenara su reubicación a un cargo de igual o mayor jerarquía, para lo cual
argumentó que al momento en que se produjo la declaración de insubsistencia, se
encontraba en estado de debilidad manifiesta por incapacidad.

9. El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Cúcuta, mediante sentencia del
25 de octubre de 2023 negó las pretensiones de la demanda, al considerar que la
declaratoria de insubsistencia del nombramiento de la señora Calderón Zambrano
obedeció a una causa objetiva, consistente en la provisión del cargo por parte del
señor Ciro Antonio, quien superó satisfactoriamente todas las etapas del concurso
de méritos, y no a su condición de incapacidad.

10. En sede de apelación, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander a través
de la sentencia del 6 de agosto de 2025 confirmó la decisión judicial anterior.

2.2. Fundamento jurídico

11. La parte accionante sostuvo que la autoridad judicial accionada incurrió en los
siguientes defectos:

• Fáctico: «por cuanto omitieron valorar pruebas determinantes que
modificaban sustancialmente el sentido del fallo», a saber: las incapacidades
continuas desde febrero de 2019 a enero de 2020; la cirugía de columna
cervical practicada el 13 de junio de 2019; el dictamen de la Junta Regional de
Calificación; los diagnósticos de radiculopatía, mielopatía, discopatía C6–C7,
dolor crónico y limitación funcional; la condición de debilidad manifiesta
plenamente acreditada.

• Desconocimiento del precedente judicial: en relación con la estabilidad
laboral reforzada, trato preferente y deber de reubicación cuando el trabajador
en provisionalidad se encuentra en condición de debilidad manifiesta, en
particular, la sentencia T-318 de 2025, que supuestamente reiteró que los
jueces deben ponderar la vulnerabilidad del servidor y verificar si la
administración adoptó las medidas de protección exigidas, especialmente la
búsqueda de reubicación laboral antes del retiro.

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Accionante: Ana Hilda Calderón Zambrano

2.3. Pretensiones

12. Con fundamento en lo anterior, solicitó:

«PRIMERO. Que se amparen los derechos fundamentales de la accionante ANA
HILDA CALDERÓN ZAMBRANO a la igualdad (art. 13 C.P.), al debido proceso
(art. 29 C.P.), al mínimo vital, a la estabilidad laboral relativa y reforzada, y a la
protección especial derivada de su condición de debilidad manifiesta, los cuales
fueron vulnerados por las providencias judiciales proferidas por el Juzgado
Tercero Administrativo Oral de Cúcuta (sentencia del 25 de octubre de 2023) y
por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander (sentencia del 6 de agosto
de 2025).

SEGUNDO. Que se revoquen y dejen sin efectos las providencias judiciales que
vulneraron los derechos fundamentales de la accionante, a saber:

• La sentencia del 25 de octubre de 2023 proferida por el Juzgado Tercero
Administrativo Oral del Circuito de Cúcuta, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado 54-001-33-33-003-2020-00030-01; y

• La sentencia del 6 de agosto de 2025 emitida por el Tribunal Administrativo de
Norte de Santander, en segunda instancia dentro del mismo proceso.

Ello por configurarse vía de hecho, en tanto las decisiones judiciales incurrieron
en defecto fáctico, desconocimiento injustificado del precedente constitucional
vinculante, y vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido
proceso, al mínimo vital y a la estabilidad laboral relativa y reforzada de la
accionante ANA HILDA CALDERÓN ZAMBRANO.

TERCERO. Se ordene a la ESE IMSALUD que, dentro del término que el
despacho considere, a vincular a la señora ANA HILDA CALDERÓN
ZAMBRANO, en un cargo que ofrezca condiciones iguales o mejores a las del
empleo que desempeñaba antes de su desvinculación y que resulte compatible
con sus actuales condiciones de salud y que se disponga el pago de los salarios
y prestaciones dejados de percibir desde su desvinculación». (Sic en toda la
cita)

2.4. Intervenciones

13. La acción de tutela objeto de análisis fue admitida por la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante la cual se ordenó notificar al
Tribunal Administrativo de Norte de Santander y al Juzgado Tercero Administrativo
del Circuito de Cúcuta como accionados y a ESE Imsalud como tercero interesado
en el resultado del proceso.

14. La ESE Imsalud consideró que la señora Calderón Zambrano no agotó todos los
medios de defensa, pues no interpuso el «recurso extraordinario de casación».
Además, advirtió que la acción de tutela no se dirige en su contra. Por lo tanto, solicitó
que se declare improcedente la misma o, en su defecto, se nieguen sus pretensiones.

15. Tribunal Administrativo de Norte de Santander indicó que desarrolló cada
actuación en el marco de la normatividad legal existente y la jurisprudencia que regula
la desvinculación de personal provisional cuando se surte el cargo ocupado mediante
el sistema de carrera administrativa y concurso de méritos. En consecuencia, solicitó
que se denieguen las pretensiones de la acción de tutela.

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Accionante: Ana Hilda Calderón Zambrano

16. No se rindieron más informes.

2.5. Sentencia impugnada

17. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado mediante sentencia
del 28 de enero de 2026 declaró improcedente la acción de tutela al considerar que
carece de relevancia constitucional, toda vez que se expusieron argumentos
similares en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, los cuales fueron
resueltos en debida forma por el juez natural.

2.6. Impugnación

18. La parte accionante indicó que la decisión judicial anterior desconoció que el eje
del debate no es la simple legalidad del acto de insubsistencia, sino la vulneración
del derecho fundamental a la igualdad en su dimensión material, respecto de una
servidora pública en condición de debilidad manifiesta por afectación grave de salud
de origen laboral. Además, argumentó que no pretende acceder a una tercera
instancia, sino restablecer los derechos que considera vulnerados.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

19. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo dispuesto
en el Decreto 2591 de 1991, el Acuerdo 080 de 20191 y demás normas concordantes.

3.2. Problema jurídico

20. De conformidad con lo anterior, el problema jurídico se circunscribe en determinar
si la acción de tutela cumple los requisitos generales de procedibilidad, en particular
el de relevancia constitucional. En el evento en que así sea, deberá establecerse si
el Tribunal Administrativo de Norte de Santander incurrió en los defectos fáctico y
desconocimiento del precedente judicial al proferir la sentencia del 6 de agosto de
2025 al interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 54001-33-33-003-2020 00030-01.

3.3. Procedencia de la acción de tutela

21. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015. Fue creada
para proteger los derechos constitucionales fundamentales de las personas, cuando
estos sean vulnerados o amenazados por parte de las autoridades o por particulares
en los casos expresamente señalados en el primer decreto anotado, siempre y
cuando no se disponga de otro medio de defensa judicial para hacer valer tales
derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene el carácter de residual o
subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro medio de defensa judicial,

1 Reglamento interno del Consejo de Estado.

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salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

22. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa
medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso.
De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción
de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el
delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e
independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

23. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por
lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son: (i)
que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia constitucional;
(ii) que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa, tanto
ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el
amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio irremediable; (iii) que la
presentación de la acción cumpla con el requisito de inmediatez; (iv) que la
irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate de una irregularidad
procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante
en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora; (v) que se identifique la situación fáctica que devino en la vulneración de
derechos; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.

3.4.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia,
que habilitan su interposición.

3.4.1.1. En efecto, esta Sala considera que tanto los hechos como los derechos
presuntamente vulnerados se encuentran plenamente individualizados.

3.4.1.2. Por lo anterior, la Subsección advierte que la providencia objeto de tutela
carece de recursos ordinarios y extraordinarios para solicitar el amparo
constitucional, salvo los argumentos planteados para fundamentar el defecto
fáctico, según el cual la autoridad judicial accionada omitió valorar las
incapacidades continuas desde febrero de 2019 a enero de 2020; la cirugía de
columna cervical practicada el 13 de junio de 2019; el dictamen de la Junta
Regional de Calificación; los diagnósticos de radiculopatía, mielopatía,
discopatía C6–C7, dolor crónico y limitación funcional; la condición de
debilidad manifiesta plenamente acreditada, pues la tesis de esta Subsección
indica que dicho planteamiento puede ser alegado a través del recurso
extraordinario de revisión bajo la causal 5° del artículo 250 del CPACA2, por lo
que no se cumple el requisito de subsidiariedad frente a ese aspecto.

2 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 6 de noviembre de 2025, radicado

11001-03-15-000-2025-04796-01.

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3.4.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional3
se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más de
6 meses desde que se notificó la providencia cuestionada4.

3.4.1.4. Si bien la Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación declaró
improcedente la acción de tutela por incumplir el requisito de relevancia
constitucional, esta Subsección considera que sí cumple dicho requisito, en la
medida que se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental,
derivada de la presunta configuración del defecto por desconocimiento del
precedente judicial, relacionado con la estabilidad laboral reforzada como garantía
a empleados en provisionalidad que cuentan con debilidad manifiesta.

24. Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.

3.4. El desconocimiento del precedente como causal de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales

25. Sobre el particular, la Corte Constitucional, al efectuar el estudio de exequibilidad
respecto del artículo 4 de la Ley 169 de 18965, precisó que de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 230 superior, los jueces solo están sometidos al imperio de
la ley y por tanto no están obligados a fallar en la misma forma como lo han hecho
en casos anteriores, siempre y cuando, «expongan clara y razonadamente los
fundamentos jurídicos que justifican su decisión».

26. Por tal razón, el mismo Tribunal Constitucional consideró en la Sentencia C-590
de 2005, que el desconocimiento injustificado del precedente judicial por parte del
juez, constituye una causal especial de procedibilidad de la acción de tutela.

27. Respecto del precedente vertical6, la jurisprudencia constitucional ha sido
enfática en sostener que la autonomía del juez se encuentra limitada por el respeto
hacia las decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía y, en especial,
por los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones.

28. Así, el precedente judicial vinculante está constituido por aquellas
consideraciones jurídicas que están cierta y directamente dirigidas a resolver el
asunto fáctico sometido a consideración del juez, es decir, está ligado a la ratio
decidendi o razón central de la decisión anterior, la que, al mismo tiempo, surge de
los presupuestos fácticos relevantes de cada caso7.

29. Por consiguiente, si el juez en su sentencia justifica de manera suficiente y
razonable el cambio de criterio respecto de la línea jurisprudencial que ha seguido
en casos sustancialmente idénticos, quedan salvadas las exigencias de la igualdad
y de la independencia judicial; por tanto, no podrá reprocharse a la sentencia
arbitrariedad ni inadvertencia y el juez no habrá efectuado entre los justiciables

3 18 de diciembre de 2025.
4 8 de agosto de 2025.
5 Sentencia C-836 de 9 de agosto de 2001, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
6
Sentencia T-468 de 5 de junio de 2003, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
7
Sentencia T-049 de 1 de febrero de 2007: magistrado ponente: Clara Inés Vargas Hernández.

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ningún género de discriminación8.

30. En otros términos, solo los cambios de jurisprudencia no justificados o no
advertidos de manera franca serán pasibles de control de manera excepcional por
parte del juez de tutela, en tanto que constituyen manifestaciones de arbitrariedad
por parte del Juez que dejan irrealizadas la igualdad de quienes se encuentran en
idénticas circunstancias frente a la Ley.

3.4.1. Análisis del presunto desconocimiento del precedente judicial en el
caso concreto

31. La parte accionante considera que la autoridad judicial accionada incurrió en el
desconocimiento de la sentencia T-318 de 2025, mediante la cual se reiteró,
supuestamente, que los jueces deben ponderar la vulnerabilidad del servidor y
verificar si la administración adoptó las medidas de protección exigidas,
especialmente la búsqueda de reubicación laboral antes del retiro.

32. En el caso analizado por la Corte Constitucional, la Junta de Calificación de
Invalidez determinó que el entonces accionante tenía una pérdida de capacidad
laboral del 43.54 %, la cual fue informada a la entidad accionada antes de que iniciara
el concurso de méritos adelantado por la Comisión Nacional del Servicio Civil.

33. Sin embargo, dicha entidad accionada no adoptó acciones afirmativas, las cuales
«consisten en garantizar: (a) que sean los últimos en ser removidos de sus cargos; y
(b) que, en lo posible, sean vinculados de manera provisional en cargos vacantes de
la misma jerarquía o equivalencia a los que venían ocupando. Esto, siempre y cuando
demuestren una de esas condiciones especiales al momento de su desvinculación y
al momento del posible nombramiento»9.

34. En ese contexto, la expresión «en lo posible» implica que las entidades tienen el
deber de vincular provisionalmente a las personas en situación de debilidad
manifiesta en cargos vacantes de la misma jerarquía o equivalentes a los que venían
ocupando, siempre que no exista otra persona con mejor derecho, como ocurre con
quienes han superado un concurso de méritos.

35. Ahora bien, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho cuestionado,
la autoridad judicial accionada encontró demostrado que la lista de elegibles suplió
las vacantes ofertadas y, aunque la señora Calderón Zambrano sostuvo lo contrario,
lo cierto es que no acreditó prueba idónea que permitiera establecerlo, ni tampoco
que cumplía los requisitos para acceder a dichos empleos.

36. Así las cosas, esta Subsección no considera que la autoridad judicial incurriera en
el desconocimiento del precedente judicial relacionado con la estabilidad laboral
reforzada como garantía para empleados en provisionalidad con debilidad manifiesta,
pues la parte accionante no demostró ante el juez natural del proceso que existieran
vacantes frente a las cuales cumpliera los requisitos para ser reubicada.

8
Sentencia T-123 de 21 de marzo de 1995, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
9 Corte Constitucional, sentencia T-421 de 2024. M.P. Diana Fajardo Rivera

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Accionante: Ana Hilda Calderón Zambrano

37. Por ende, se procederá a confirmar la sentencia proferida por la Subsección B de
la Sección Tercera de esta Corporación el 28 de enero de 2026, mediante la cual
declaró improcedente la acción de tutela pero por el incumplimiento del requisito de
subsidiariedad frente al defecto fáctico y se negarán las demás pretensiones de la
acción de tutela presentada por la señora Ana Hilda Calderón Zambrano.

38. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

I. FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia proferida por la Subsección
B de la Sección Tercera de esta Corporación el 28 de enero de 2026, mediante la
cual declaró improcedente la acción de tutela pero por los motivos expuestos en
precedencia.

SEGUNDO: NEGAR las demás pretensiones de la acción de tutela presentada por
la señora Ana Hilda Calderón Zambrano, de conformidad con los argumentos
expuestos en precedencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: De no ser impugnada, REMITIR el expediente de la actuación a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la
fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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