Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07276-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07276-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-07276-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
11 de diciembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07276-00
Accionante: Mabel Jaqueline Peña Fernández de Castro
Accionados: Tribunal Administrativo del Magdalena y otro
Tema: Tutela contra providencia judicial proferida dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho
Decisión: Declarar improcedente la acción de tutela por falta del requisito de
subsidiariedad
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la acción de
tutela1 presentada por la señora Mabel Jaqueline Peña Fernández de Castro, quien
actúa a nombre propio en contra del Juzgado Octavo Administrativo de Santa Marta y
el Tribunal Administrativo del Magdalena, por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, seguridad
social y mínimo vital, ocurrida con ocasión de las providencias del 17 de febrero de
2023 y del 25 de junio de 2025 respectivamente, dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 47001-33-33-008-2019-00438-
00(01).
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
2. La señora Mabel Jaqueline Peña Fernández de Castro, en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda en contra de la
Nación - Ministerio de Educación - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio - Distrito de Santa Marta, con el propósito que se declarara la nulidad de
los actos administrativos por medio de los cuales le negó la reliquidación de la pensión
de invalidez.
3. El proceso correspondió al Juzgado Octavo Administrativo de Santa Marta,
autoridad judicial que, mediante sentencia del 17 de febrero de 2023 resolvió negar
las pretensiones de la demanda, al considerar que los factores salariales que
conformaban el ingreso base de cotización de las prestaciones eran únicamente los
percibidos por el causante de la prestación, los cuales se encontraban enlistados en
el artículo 1° del Decreto 1158 de 1994, razón por la cual determinó que la pensión de
invalidez reconocida por el FOMAG a favor de la señora Mabel Jacqueline Peña
1 Acción de tutela presentada el 18 de noviembre de 2025.
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Accionante: Mabel Jaqueline Peña Fernández de Castro
Fernández de Castro se ajustaba al régimen pensional aplicable al caso concreto.
4. En sede de apelación, el Tribunal Administrativo del Magdalena a través sentencia
del 25 de junio de 2025 resolvió confirmar la anterior decisión.
2.2. Fundamento jurídico
5. La parte actora señaló que el Tribunal incurrió en un defecto sustantivo por
inaplicación de lo preceptuado en el literal b, del artículo 63, del Decreto 1848 de 1969,
disposición normativa que establece que, si la incapacidad de un empleado oficial
supera el 75%, la pensión debe ser equivalente al 75% del último salario devengado.
No obstante, la pensión de invalidez se le liquidó con un 50%, a pesar de que su
pérdida de capacidad laboral fue del 76,7%.
6. Así como también, manifestó que la decisión adolece de un defecto fáctico por
omisión en la valoración del dictamen en el que se calificó la pérdida de capacidad
laboral en un 76.7%.
2.3. Pretensiones
7. Con fundamento en lo anterior, solicitó:
«(…)
1. AMPARAR mis derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, a la seguridad social y al mínimo vital.
2. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 25 de junio de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo del Magdalena, y la sentencia del 17 de febrero de 2023,
emitida por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Santa Marta, dentro del
proceso con radicación No. 47001333300820190043801.
3. ORDENAR al Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Santa Marta que
profiera una nueva sentencia en la que, atendiendo el material probatorio y la
normativa aplicable, reconozca que el monto de mi pensión de invalidez debe
corresponder al 75% del ingreso base de liquidación, dada mi pérdida de capacidad
laboral del 76.7%.
4. Como consecuencia de lo anterior, se ordene a la Nación - Ministerio de
Educación- Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) -
Distrito de Santa Marta, reliquidar y pagar mi pensión de invalidez con el porcentaje
correcto del 75% desde la fecha en que adquirí el derecho, junto con el retroactivo y
los intereses a que haya lugar.» (Sic)
2.4. Intervenciones
8. La acción de tutela de la referencia fue admitida mediante auto del 20 de noviembre
de 2025, en el que se ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Magdalena y al
Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Santa Marta como accionados.
Asimismo, al Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, a la Fiduprevisora S.A y al distrito de Santa Marta - Secretaría
de Educación del Distrito de Santa Marta como terceros interesados en el resultado
del proceso.
9. El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Santa Marta solicitó declarar
improcedente la solicitud de amparo, por cuanto no ha conculcado los derechos
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fundamentales de la tutelante.
10. El Ministerio de Educación Nacional solicitó que se declare improcedente el
mecanismo constitucional por falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez
que la controversia planteada se dirige contra una providencia judicial.
11. Además, señaló que no se cumple con el requisito de relevancia constitucional
porque se trata de un asunto de naturaleza estrictamente económica, un litigio que
involucra intereses privados, situación que excede la competencia del juez de tutela.
Máxime cuando no se evidencia vulneración alguna de los derechos fundamentales
que se invocan en protección.
12. El Distrito de Santa Marta, después de hacer un recuento de las actuaciones
surtidas al interior del proceso, solicitó que se niegue el amparo por inexistencia de
vulneración de derechos fundamentales.
13. No se rindieron más informes.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
14. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo dispuesto
en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.
3.2. Cuestión previa
15. El Ministerio de Educación Nacional solicitó que se declare la falta de legitimación
por pasiva, al respecto, la Sala no encuentra mérito suficiente para acceder a dicha
pretensión, toda vez que analizado el material probatorio se tiene que dicha entidad
hizo parte del proceso ordinario, razón por la que procede a negar dicha solicitud.
16. De igual forma, se advierte que la acción de tutela se instaura en contra de las
providencias emitidas en primera instancia por el Juzgado Octavo Administrativo de
Santa Marta y en segunda instancia por el Tribunal Administrativo del Magdalena. Sin
embargo, ante un eventual estudio de fondo solamente se realizará el estudio de la
providencia de segunda instancia, por ser la que puso final al proceso.
Problema jurídico
17. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a determinar
si el Tribunal Administrativo del Magdalena, al proferir la sentencia del 25 de junio de
2025, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y mínimo vital,
al incurrir en los defectos sustantivo y fáctico. Previamente se verificará el
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales.
3.3. Procedencia de la acción de tutela
18. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política de
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Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015. Fue
creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de las personas,
cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las autoridades o por
particulares en los casos expresamente señalados en el primer decreto anotado,
siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa judicial para hacer valer
tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene el carácter de residual o
subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro medio de defensa judicial,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
19. De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las
siguientes: i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) que se cumpla el
requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; iv)
que cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale, de manera clara, que
esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales del solicitante del amparo; v) que la parte actora
identifique razonablemente tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos trasgredidos y que hubiere alegado tal violación en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible; y vi) que no se trate de sentencias de tutela.
Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser
precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza
«excepcional».
20. En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad,
aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes:
defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución. La Corte hizo hincapié en el hecho de que para
que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de las
anteriores causales o defectos.
3.4.1. Del requisito de subsidiariedad
21. El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución consagró el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determinó
que «[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial», precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º del Decreto
2591 de 1991.
22. Así las cosas, cuando existen otros mecanismos de defensa judicial que resultan
idóneos y eficaces para solicitar la protección de los derechos que se consideran
amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no a la tutela.
23. Al respecto, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una persona
recurre a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus
derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el
ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas
a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado bajo su
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competencia2.
24. No obstante, es claro que en determinadas oportunidades el enfoque bajo el cual
se resuelven no es suficiente para precaver la vulneración de derechos
fundamentales, puesto que los recursos pueden ser ineficientes o inadecuados,
momento en el cual la tutela se torna procedente para precaver la eventual
conculcación de estas garantías de orden superior.
3.6. Caso concreto
25. Al respecto, esta Sala considera que la presente acción de tutela es improcedente
por las razones que se expondrán a continuación.
26. La parte actora alega que el Tribunal incurre en un defecto sustantivo por
inaplicación de lo preceptuado en el literal b, del artículo 63, del Decreto 1848 de 1969,
disposición normativa que establece que, si la incapacidad de un empleado oficial
supera el 75%, la pensión debe ser equivalente al 75% del último salario devengado.
No obstante, la pensión de invalidez se le liquidó con un 50%, a pesar de que su
pérdida de capacidad laboral fue del 76,7%.
27. Sin embargo, para la Sala es menester recodarle a la parte actora que dicho
planteamiento no fue expuesto en la demanda ordinaria3 ni en el recurso de
apelación4, respecto de este último se tiene que la parte actora indicó lo siguiente:
«INCOFORMIDAD DE LA SENTENCIA QUE SE RRECURRE
(…)
Otra situación que el despacho fundamento su decisión el Art. 63 de la ley 788 de
2002. Esa trata de normas en materia tributaria. Debió equivocarse con el Decreto 688
de 2002 y que podría ser aplicable en régimen de docente.
El decreto 171 de 2014 es el que se me debe aplicar. Empezó a regir en enero de
2014. En el mismo año que le dieron la invalidez es ese decreto por cual se reliquidar
la pensión tal como consta en su desprendible de octubre de 2013 que se le descuenta
el 8% de lo devengado como empleado como rector tal circunstancia el último año
promedio por ser régimen especial es $2.441.648,00 t 470659 : x 54% la pensión para
esa época debió ser $1.572.646 para la época situación que no ocurrió y por el
contrario el a quo planteo el debate sobre la derogatoria el artículo 160 de la Ley1151
de 2007.
Luego entonces, al contrastar los factores devengados por la actora del 1° de enero
de 2013 al 10 de agosto de 2015, con los tenidos en cuenta por la demandada para
liquidar su pensión de invalidez, advierte el Despacho que fue incluido únicamente la
asignación básica, único factor salarial de los que devengaba la actora que se
encontraba enlistado en el artículo 1° del Decreto 1158 de 1994.
(…)»
2 En sentencia T-313 de 1 de abril de 2005, se estableció: «En efecto, la Constitución y la ley estipulan (sic) un
dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo común garantizar el ejercicio
pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado
previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el
requisito de subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria
a las disposiciones de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al
interior de cada una de las jurisdicciones».
3
Información consultada en el documento 15Incorpora Expediente Digitalizado.pdf
4
Información consultada en el documento
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28. A partir de lo anterior, el Tribunal Administrativo del Magdalena se pronunció en los
siguientes términos:
«(…) aunque el demandante alega que debió incluirse en la liquidación del IBL la
Asignación Adicional para Directivo Docente (Rector) y el Reconocimiento Adicional
por número de Jornadas, ninguna de ellas se enlista en el artículo 1 del Decreto 1158
de 1994 como factor salarial para calcular las cotizaciones al Sistema General de
Pensiones. Si bien el extremo activo alega que le resulta aplicable el Decreto 171 de
2014 y que en desprendible de octubre de 2013 se le descuenta el 8% de lo devengado
como rector, revisadas las documentales allegadas al plenario, no se advierte que el
descuento en mención se haya efectivamente causado. Adicionalmente, observa la
Sala que los artículos 2 y 3 del Decreto 171 de 2014, a la letra disponen: (...)
A pesar de lo anterior, la norma que estipulaba que la remuneración adicional por
desempeñar el cargo de Directivo Docente en instituciones educativas se entendería
como factor salarial para efectos de la conformación del ingreso base de cotización -
esto es, el artículo 3 del Decreto 3752 de 2003- fue derogado por el artículo 160 de la
Ley 1151 de 2007, por lo que tampoco hay bases para acoger los argumentos del
recurrente en este sentido.»
29. Así las cosas, para la Sala emerge con claridad que el mecanismo constitucional
no cumple con el requisito de subsidiariedad, en la medida que la parte actora no
presentó, ni en la demanda ni en el recurso de apelación, la inconformidad planteada
en la demanda de tutela, razón por la que los jueces ordinarios no tuvieron la
oportunidad de pronunciarse sobre dichos reparos. Máxime si se tiene en cuenta que
fue apelante único, razón por la que el Tribunal estaba limitado exclusivamente al
recurso de apelación.
30. Ahora, lo mismo ocurre respecto del defecto fáctico, en la medida que la parte
actora alega que la autoridad judicial accionada omitió valorar el dictamen en el que
se calificó la pérdida de capacidad laboral en un 76.7%. Pues, sin perjuicio de lo
expuesto, la tesis de esta Subsección indica que dicho planteamiento puede ser
alegado a través del recurso extraordinario de revisión bajo la causal 5 del artículo 250
del CPACA5, razón por la que, para la Sala tampoco se cumpliría con el requisito de
subsidiariedad frente a ese aspecto.
31. Así las cosas, dado que la acción de tutela es un mecanismo subsidiario que
permite reconocer la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios de
protección judicial como dispositivos legítimos y prevalentes para la salvaguarda de
los derechos, ese reconocimiento obliga a los asociados a incoar los recursos
jurisdiccionales con los que cuenten para conjurar la situación que estimen lesiva de
sus derechos.
32. En ese sentido, la jurisprudencia constitucional6 ha sido clara en reiterar que las
personas deben hacer uso de todos los recursos ordinarios y extraordinarios que el
sistema judicial ha dispuesto para conjurar la situación que amenaza o lesiona sus
derechos, de tal manera que se impida el uso indebido de la acción de tutela como vía
preferente o instancia judicial adicional de protección.
5
Consultar entre otras la sentencia del 6 de noviembre de 2025, radicado: 11001-03-15-000-2025-04796-01.
6 Sentencia T-375 de 2018. Corte Constitucional.
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Accionante: Mabel Jaqueline Peña Fernández de Castro
33. De tal modo, al no comprobarse la inminencia, ni existencia de un perjuicio
irremediable, no resulta procedente un estudio de fondo cuando no se han resuelto
los medios de defensa judicial procedentes, idóneos y efectivos para obtener el
amparo de sus derechos, razón por la cual es predicable la improcedencia de la
presente acción de tutela.
34. En ese orden de ideas, la Sala procederá a declarar la improcedencia de la
presente acción, por falta del requisito de subsidiariedad, pues, se reitera, dentro de
las facultades del juez constitucional no se encuentra la de sustituir las herramientas
judiciales idóneas para obtener la protección iusfundamental quebrantada, porque de
lo contrario, la acción de tutela se convertiría irremediablemente en un medio de
protección alternativo que lejos de amparar un derecho vulnerado, propiciaría un
desborde institucional en el cumplimiento de las funciones que le encomendó la Carta
a los jueces constitucionales.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Negar la solicitud de desvinculación presentada por el Ministerio de
Educación Nacional, de conformidad con lo expuesto en el presente proveído.
Segundo: Declarar improcedente la acción de tutela promovida por Mabel Jaqueline
Peña Fernández de Castro, de conformidad con las razones expuestas en la parte
motiva.
Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591
de 1991.
Cuarto: De no ser impugnada la decisión remitir el expediente de la actuación a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la
fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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