Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07276-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07276-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-07276-01
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
12 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D.C., doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001 03 15 000 2025 07276 01
Accionante: Mabel Jaqueline Peña Fernández de Castro
Accionados: Tribunal Administrativo del Magdalena y Juzgado Octavo
Administrativo del Circuito de Santa Marta
Acción: Acción de tutela
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial
Decisión: Confirma la improcedencia de la acción de tutela, pero por no
cumplir con el requisito de procedibilidad definido en el literal e)
de la sentencia C-590 de 2005.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante en contra del fallo de
tutela proferido el 11 de diciembre de 2025 por la Sección Segunda - Subsección “A” del
Consejo de Estado, que declaró improcedente el amparo solicitado.
1. SÍNTESIS DEL CASO
La señora Mabel Jaqueline Peña Fernández de Castro, actuando en nombre propio,
promovió acción de tutela en contra de la sentencia proferida el 25 de junio de 2024 por
el Tribunal Administrativo del Magdalena, que confirmó la dictada el 17 de febrero de
2023 por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Santa Marta, en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 47001 33 33 008
2019 00438 00/01, y para ello, formuló las siguientes pretensiones1:
1. AMPARAR mis derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, a la seguridad social y al mínimo vital.
2. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 25 de junio de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo del Magdalena, y la sentencia del 17 de febrero de 2023,
emitida por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Santa Marta, dentro
del proceso con radicación No. 47001333300820190043801.
3. ORDENAR al Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Santa Marta que
profiera una nueva sentencia en la que, atendiendo el material probatorio y la
normativa aplicable, reconozca que el monto de mi pensión de invalidez debe
corresponder al 75% del ingreso base de liquidación, dada mi pérdida de
capacidad laboral del 76.7%.
1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 07276 00.
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Accionante: Mabel Jaqueline Peña Fernández de Castro
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena y otro
4. Como consecuencia de lo anterior, se ordene a la Nación- Ministerio de
Educación Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)-
Distrito de Santa Marta, reliquidar y pagar mi pensión de invalidez con el
porcentaje correcto del 75% desde la fecha en que adquirí el derecho, junto con
el retroactivo y los intereses a que haya lugar. (Negrillas originales del escrito de
tutela).
2. SITUACIÓN FÁCTICA
La accionante informó que promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
en contra de la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio – Distrito de Santa Marta, con el fin que se declarara
la nulidad de los actos administrativos que negaron la reliquidación de su pensión de
invalidez.
La demanda correspondió por reparto al Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de
Santa Marta que, mediante sentencia del 17 de febrero de 2023 negó las pretensiones.
Inconforme con la anterior decisión, interpuso recurso de apelación y el Tribunal
Administrativo del Magdalena – Sala de Decisión No. 005, mediante sentencia del 25 de
junio de 2025 la confirmó.
Como fundamento de la acción de tutela, sostuvo que las autoridades judiciales
accionadas incurrieron en defecto sustantivo, por inaplicar lo dispuesto en el literal b) del
artículo 63 del Decreto 1848 de 1969, según el cual, cuando la incapacidad de un
empleado oficial supera el 75%, la pensión debe ser equivalente al 75% del último salario
devengado.
En ese sentido, expuso que, pese a que su pérdida de capacidad laboral fue determinada
en un 76.7%, su pensión fue liquidada sobre el 50%, lo cual, bajo su consideración,
implicó el desconocimiento de la norma aplicable al caso concreto.
Asimismo, alegó la configuración de un defecto fáctico, debido a que, según aseveró, las
autoridades judiciales accionadas omitieron valorar el dictamen que estableció el
porcentaje de pérdida de capacidad laboral, circunstancia que incidía directamente en el
monto de la prestación reconocida.
Finalmente, señaló que tales decisiones vulneraron sus derechos fundamentales al
debido proceso, acceso a la administración de justicia, seguridad social y mínimo vital,
en la medida en que se mantuvo una liquidación pensional que no correspondía a su
grado de invalidez.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue radicada el 18 de noviembre de 20252 y correspondió por reparto a la
Sección Segunda – Subsección “A” del Consejo de Estado que, por auto del 20 del mismo
2 Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso de primera instancia con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 07276 00.
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mes y año3 la admitió y dispuso notificar4 al Tribunal Administrativo del Magdalena y al
Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Santa Marta, como parte accionada; así
como vincular5 al Ministerio de Educación Nacional, al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio – FOMAG, a la Fiduprevisora S.A y al Distrito de Santa Marta -
Secretaría de Educación del Distrito de Santa Marta como tercero con interés en las
resultas del proceso.
De igual forma, se requirió al Tribunal Administrativo del Magdalena y al Juzgado Octavo
Administrativo del Circuito de Santa Marta para que allegara copia digital del expediente
correspondiente a la nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 47001 3333
008 2019 00438 00/01, el cual fue remitido6.
3.2. El Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta7, solicitó negar el amparo al
considerar que no existe vulneración de los derechos fundamentales invocados.
Manifestó que las decisiones adoptadas dentro del proceso ordinario se ajustaron al
régimen pensional aplicable y fueron proferidas conforme a la normativa vigente.
Sostuvo que la acción de tutela resulta improcedente, en tanto no se acreditó la existencia
de un perjuicio irremediable y lo pretendido es reabrir el debate ya resuelto por los jueces
naturales, convirtiendo la tutela en una tercera instancia.
3.3. El Ministerio de Educación Nacional presentó respuesta8 en la cual solicitó declarar
improcedente la acción de tutela, al considerar que carece de legitimación en la causa
por pasiva, dado que la controversia se dirige contra providencias judiciales y no contra
actuaciones atribuibles a esa cartera.
Resaltó que no profirió las decisiones cuestionadas ni desplegó acción u omisión que
pudiera constituir vulneración de derechos fundamentales. Asimismo, indicó que la tutela
no cumple los requisitos de procedencia, en tanto se pretende reabrir un debate de
naturaleza legal y económica ya resuelto por los jueces naturales, sin acreditarse
relevancia constitucional ni perjuicio irremediable
3.4. El Juzgado Octavo Administrativo de Santa Marta9 solicitó declarar improcedente la
acción de tutela, al indicar que la sentencia de primera instancia fue proferida conforme
al ordenamiento jurídico, sin que se advierta vulneración de los derechos fundamentales
de la accionante.
3.5. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG y la
Fiduprevisora S.A. guardaron silencio.
3 Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso de primera instancia con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 07276 00.
4 Esta orden se cumplió el día 24 de noviembre de 2025. Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del proceso de primera instancia con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 07276 00.
5 Ibidem.
6 Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001
03 15 000 2025 07276 00.
7 Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso de primera instancia con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 07276 00.
8 Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso de primera instancia con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 07276 00.
9 Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso de primera instancia con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 07276 00.
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Accionante: Mabel Jaqueline Peña Fernández de Castro
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4. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
La Sección Segunda – Subsección “A” del Consejo de Estado, mediante sentencia del
11 de diciembre de 202510 negó la solicitud de desvinculación presentada por el Ministerio
de Educación Nacional y declaró improcedente la acción de tutela por incumplimiento del
requisito general de subsidiariedad.
Para ello, expuso que las inconformidades planteadas en la tutela no fueron expuestas
ni en la demanda ordinaria ni en el recurso de apelación, por lo que los jueces naturales
no tuvieron la oportunidad de pronunciarse sobre ellas.
Indicó que el debate surtido en sede ordinaria se centró en la inclusión de factores
salariales en la liquidación de la pensión conforme al artículo 1 del Decreto 1158 de 1994,
mientras que en la tutela se alegó la inaplicación del literal b) del artículo 63 del Decreto
1848 de 1969.
Advirtió que la accionante fue apelante única, razón por la cual el Tribunal estaba limitado
a los argumentos propuestos en el recurso de apelación.
Agregó que el cuestionamiento relacionado con la omisión en la valoración del dictamen
de pérdida de capacidad laboral podía ser planteado a través del recurso extraordinario
de revisión.
Finalmente, concluyó que no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable que
habilitara la intervención del juez constitucional.
5. TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN
Inconforme con el fallo de primera instancia, la accionante lo impugnó11 manifestando lo
siguiente:
4.1. Error constitucional al dar por incumplida la subsidiariedad
Desconocimiento del Recurso Extraordinario de Unificación de
Jurisprudencia)
La sentencia parte de una premisa fáctica equivocada: afirma que no agoté los
mecanismos judiciales disponibles. Sin embargo, sí interpuse oportunamente el
Recurso Extraordinario de Unificación de Jurisprudencia, previsto en el CPACA
como un mecanismo destinado a asegurar la unidad interpretativa y la aplicación
uniforme del derecho.
En ese recurso solicité corregir el desconocimiento del precedente del Consejo
de Estado en materia de liquidación pensional y la inaplicación de una norma
aplicada de forma contraria a la Constitución.
Lo determinante es que el recurso interpuesto no fue tramitado ni decidido de
fondo, lo cual no puede imputárseme y, por el contrario, refleja una afectación del
10 Visto en el índice 16 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso de primera instancia con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 07276 00.
11 Visto en el índice 20 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso de primera instancia con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 07276 00.
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derecho de acceso a la administración de justicia. Exigir “agotamiento” cuando la
persona ya accionó y el Estado no resolvió, vacía de contenido la subsidiariedad
y desconoce la lógica de la tutela como garantía efectiva, fue el Tribunal
Administrativo en su interpretación que no tuvo en cuenta los mismos criterios que
sirvieron de argumento para tal fin.
(…)
4.2. Formalismo indebido sobre la forma de plantear cargos en el proceso
ordinario
La sentencia condicionó la procedencia de la tutela a que los cargos
constitucionales fueran formulados con idéntica precisión técnica en la demanda
ordinaria y en la apelación, esa decicion vulnera el debido proceso, debido que el
Tribunal Administrativo incurrio en vias de hecho y como cereza en la limonada no
le dio tramite a un recurso extraordinario de jurisprudencia.
Ese estándar es excesivamente formalista: lo relevante no es replicar etiquetas
(“defecto sustantivo/fáctico”), sino que el núcleo del debate haya sido sometido a
conocimiento del juez ordinario. En mi caso, dentro del proceso ordinario se
discutió expresamente: El porcentaje de liquidación de la pensión de invalidez, la
normativa aplicable, y la afectación económica derivada de la liquidación
efectuada.
Por tanto, sí existió oportunidad material de pronunciamiento por parte de la
jurisdicción, y la tutela no puede descartarse por un enfoque meramente nominal
o dogmático. La jurisprudencia de unificación sobre tutela contra providencias
judiciales insiste en que la tutela no es una “tercera instancia”, pero tampoco
puede cerrarse por cargas argumentativas irrazonables cuando está
comprometida la vigencia real de derechos fundamentales.
4.3. Error al considerar idóneo y eficaz el recurso extraordinario de revisión
La sentencia afirma que el supuesto defecto fáctico podía alegarse mediante
recurso extraordinario de revisión. Esto es constitucionalmente problemático,
porque la revisión es un mecanismo excepcional y de causales estrictas; por regla
general no está diseñado para corregir, de manera eficaz y oportuna, situaciones
como la afectación actual del mínimo vital por una liquidación pensional
presuntamente errónea.
Además, la Corte ha reiterado que la existencia de recursos extraordinarios no
siempre desplaza la tutela, particularmente cuando no resultan idóneos o
eficaces para conjurar una vulneración actual de derechos fundamentales, en
especial frente a sujetos de especial protección y la situacion de invalidez que
tengo superior al 75%, situacion que desconocieron sendas providencias con una
pension pauperrima cumpliendo con los requisitos de las cotizaciones y estando
en un regfimen especial.
4.4. Desconocimiento del perjuicio irremediable y omisión del análisis
reforzado
La sentencia concluyó que no se acreditó perjuicio irremediable, pero omitió
valorar de manera reforzada que:
Tengo una pérdida de capacidad laboral del 76,7%, dependo exclusivamente de
la pensión para subsistir, y recibo una mesada aproximadamente 25% inferior a la
que correspondería conforme a la correcta liquidación.
5
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Accionante: Mabel Jaqueline Peña Fernández de Castro
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En casos de pensión de invalidez y, en particular, cuando hay discapacidad, la
Corte ha indicado que el análisis de subsidiariedad debe ser flexibilizado y debe
evaluarse el impacto real sobre necesidades básicas y mínimo vital.
La afectación aquí es actual, grave y continua: se materializa mes a mes y
compromete directamente el mínimo vital, lo que impone un examen menos rígido
y más acorde con la protección reforzada debida a una persona con discapacidad.
Datos probatorios para fortalecer este punto: valor exacto de la mesada actual,
valor estimado de la mesada correcta, soportes de gastos básicos (arriendo,
servicios, medicamentos, transporte, canasta familiar, recreacion, ocio y otros
gastos mas). (Sic a toda la cita).
6. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con
lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de noviembre de 1991 12, en
concordancia con el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo
de 201513, modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 202114, así como
con fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo
de 201915, modificado por el Acuerdo nro. 434 del 10 de diciembre de 2024, proferido por
la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de negocios entre las
secciones.
6.2. HECHOS PROBADOS
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente:
6.2.1. La señora Mabel Jaqueline Peña Fernández de Castro promovió demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la
Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio y el Distrito de Santa Marta, con el propósito de obtener la nulidad de los
actos administrativos que negaron la reliquidación de su pensión de invalidez.
Como normas violadas, invocó los artículos 2, 6, 25, 29 y 125 de la Constitución Política
y el Decreto 171 de 2014.
12 El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada debidamente la
impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico
correspondiente. El juez que conozca de la impugnación estudiará el contenido de la misma, cotejándola
con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y
ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del
expediente. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de
inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
13 Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
14 "Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela".
15 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de
abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
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6.2.2. La demanda correspondió por reparto al Juzgado Octavo Administrativo del
Circuito de Santa Marta que, mediante sentencia del 17 de febrero de 2023, negó las
pretensiones al considerar, entre otras cosas, lo siguiente:
[…] de acuerdo a lo expuesto en las normas señaladas, para el Juzgado es claro
que el régimen pensional de invalidez aplicable a la actora es el consagrado
dentro del Régimen de Prima Media de qué trata la ley 100 de 1993, Ley 797 de
2003 y Decreto 1158 de 1994; puesto que, su vinculación a la docencia oficial
se produjo desde el 18 de septiembre de 2006, de acuerdo a lo señalado en el
formato único para la expedición de certificado de historia laboral de la señora
Mabel Jacqueline Peña Fernández de Castro.
(…)
2.6.- Caso Concreto
En ese orden de ideas, concluye el Juzgado que el régimen pensional de invalidez
para los docentes vinculados al servicio docente oficial con posterioridad a la
vigencia de la Ley 812 de 2003, viene a ser el previsto en el régimen general de
pensión contenido en la Ley 100 de 1993. Bajo los supuestos establecidos en
dicha normatividad deberán verificarse los requisitos para el reconocimiento de
dicha prestación y el monto de la misma. Ahora bien, los factores a tener en cuenta
para calcular la base para el reconocimiento de la misma, vienen a ser los
previstos en el artículo 1° del Decreto 1158 de 1994.
De suerte que, examinadas las pruebas allegadas al plenario, reitera el Despacho
que la demandante, Mabel Jacqueline Peña Fernández de Castro, se vinculó al
servicio docente oficial mediante la Resolución No. 1132 de 7 de septiembre de
2006, posesionada el 18 del mismo mes y año, conforme se reseña en el Formato
Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral expedido el 7 de junio
de 2018 por la Secretaría de Educación del Distrito de Santa Marta.
Igualmente, de acuerdo con esta última documentación, la actora ejerció su labor
docente continua e ininterrumpidamente hasta el 17 de julio de 2015, cuando fue
retirada del servicio por causa de su invalidez como consta en la Resolución No.
0855 de 17 de julio de 2015, al serle diagnosticada una pérdida de su capacidad
laboral del 76,7%, según lo establecido en el certificado médico expedido por la
Organización Clínica General del Norte.
Ahora, según desprendibles de pagos expedidos por la Secretaría de Educación
del Distrito de Santa Marta, la demandante devengó los siguientes factores
salariales:
(…)
Teniendo en cuenta lo anterior, en la Resolución No. 0616 de 21 de octubre de
2015, la Secretaría de Educación del Distrito de Santa Marta, como delegada de
la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, ordenó reconocer y pagar una pensión de invalidez a
Mabel Jacqueline Peña Fernández de Castro, incluyendo para su liquidación el
cincuenta y cuatro por ciento (54%) del salario base de liquidación, dado su
porcentaje de pérdida de capacidad laboral igual al setenta y seis punto siete por
ciento 76,7.
Luego entonces, al contrastar los factores devengados por la actora del 1° de
enero de 2013 al 10 de agosto de 2015, con los tenidos en cuenta por la
demandada para liquidar su pensión de invalidez, advierte el Despacho que fue
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incluido únicamente la asignación básica, único factor salarial de los que
devengaba la actora que se encontraba enlistado en el artículo 1° del Decreto
1158 de 1994.
(…)
Ahora bien, con el propósito de analizar los argumentos de la demandante, según
los cuales los actos administrativos demandados están viciados de nulidad, como
quiera que desconocen lo previsto en el Decreto 171 de 2014, por el cual se
modifica la remuneración de los servidores públicos docentes y directivos
docentes, considera el Despacho pertinente efectuar las consideraciones
siguientes:
(…)
El Decreto 171 de 2014 “Por el cual se modifica la remuneración de los servidores
públicos docentes y directivos docentes al servicio del Estado en los niveles de
preescolar, básica y media que se rige por el Decreto Ley 1278 de 2002, y se
dictan otras disposiciones de carácter salarial para el sector educativo estatal.”,
equivalente del 688 de 2002 para el año 2015, dispuso en sus artículos 2° y 3° lo
siguiente:
(…)
De suerte que, en virtud del artículo 3° del Decreto 3752 de 2003 según el cual los
factores salariales atinentes al reconocimiento adicional por número de jornadas
y la asignación adicional para directivos docentes deben considerarse como
salario a efectos de la conformación del ingreso base de cotización de las
prestaciones a cuyo pago se encuentre obligado el Fondo de Prestaciones
Sociales del Magisterio, podría considerarse que le asiste el derecho a la
demandante de obtener la reliquidación de su pensión de invalidez, pretendida
con esta demanda. Sin embargo, el citado artículo fue derogado por el artículo 160
de la Ley 1151 de 2007, con lo cual se concluye que los factores salariales que
conforman el ingreso base de cotización de las prestaciones cuyo reconocimiento
corresponde al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y que se
constituyen en salario base para el reconocimiento de dichas prestaciones vienen
a ser únicamente los percibidos por el causante de la prestación que se
encuentren enlistados en el artículo 1° del Decreto 1158 de 1994, que para el caso
concreto de la demandante lo es la asignación básica.
Así las cosas, los actos administrativos demandados no vulneran las normas
citadas en la demanda, con lo que resulta atinando concluir que la pensión de
invalidez reconocida por el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio a favor
de la señora Mabel Jacqueline Peña Fernández de Castro, se ajusta al régimen
pensional aplicable al caso concreto conforme se ha expuesto en precedencia,
razón por la cual, el Despacho deberá despachar desfavorablemente las súplicas
de la demanda […].
6.2.3. Inconforme con la anterior decisión, la parte demandante interpuso recurso de
apelación en los siguientes términos:
INCOFORMIDAD DE LA SENTENCIA QUE SE RRECURRE
Si bien es cierto el Distrito no estaba legitimado, esta defendía los intereses del
fondo, tal circunstancia permitía que por lo menos articuladamente propusieran la
excepción prevista en el código general del proceso, situación que no ocurrió, sino
por el contrario el despacho a pesar que hace un comparativo en la reliquidación
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de los conceptos que se tenían que tener en cuenta para reliquidación, tal
circunstancia permite la inconformidad debido a que no se tuvo en cuenta todos
los factores salariales y en especial que mi representada era rectora del IED de
Taganga donde era Rectora en las 3 jornadas, tal circunstancia dentro la
liquidación presentada por el despacho, que establece los conceptos suscestible
de liquidación.
Otra situación que el despacho fundamento su decisión el Art. 63 de la ley 788 de
2002. Esa trata de normas en materia tributaria. Debió equivocarse con el Decreto
688 de 2002 y que podría ser aplicable en régimen de docente
El decreto 171 de 2014 es el que se me debe aplicar. Empezó a regir en enero de
2014. En el mismo año que le dieron la invalidez es ese decreto por cual se
reliquidar la pensión tal como consta en su desprendible de octubre de 2013 que
se le descuenta el 8% de lo devengado como empleado como rector tal
circunstancia el ultimo año promedio por ser régimen especial es $2.441.648,00 t
470659 : x 54% la pensión para esa época debió ser $1.572.646 para la época
situación que no ocurrió y por el contrario el aquo planteo el debate sobre la
derogatoria el artículo 160 de la Ley1151 de 2007,
Luego entonces, al contrastar los factores devengados por la actora del 1° de
enero de 2013 al 10 de agosto de 2015, con los tenidos en cuenta por la
demandada para liquidar su pensión de invalidez, advierte el Despacho que fue
incluido únicamente la asignación básica, único factor salarial de los que
devengaba la actora que se encontraba enlistado en el artículo 1° del Decreto
1158 de 1994.
(…)
Por ser la argumentación de puro derecho le solicito la honorable Tribunal
Administrativo del Magdalena que revoque la providencia proferida por el Juzgado
8 Administrativo de santa Marta.
Ordenar la reliquidación de la pensión de Mabel Jaqueline Peña Fernández de
Castro de acuerdo al decreto 171 de 2014 y demás normas favorables. (Sic a toda
la cita). (Subrayas de la Sala).
6.2.4. Al resolver dicho recurso, el Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante
sentencia del 25 de junio de 2024, notificada el 24 de julio de 2025, confirmó el fallo de
primera instancia al considerar que “(…) la pensión de invalidez de la demandante fue
liquidada conforme a la asignación básica percibida, tal como lo ordena el régimen
jurídico aplicable (…)”.
Para ello, expuso, entre otras cosas, lo siguiente:
Tal como se desprende del formato único para la expedición de certificado de
historia laboral de la demandante, esta se vinculó como docente oficial mediante
la Resolución No. 1132 de 7 de septiembre de 2006 y se posesionó el 18 de
septiembre de 2006. Por tal motivo, el régimen pensional de invalidez aplicable a
la señora Mabel Jacqueline Peña Fernández de Castro, es el Régimen de Prima
Media de qué trata la Ley 100 de 1993, Ley 797 de 2003 y Decreto 1158 de 1994.
(…)
Sobre la pensión de invalidez por riesgo común, la Ley 100 de 1993 dispone (…).
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Accionante: Mabel Jaqueline Peña Fernández de Castro
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena y otro
Tal como se desprende del formato único para la expedición de certificado de
historia laboral del 07 de junio de 2018, la señora Peña Fernández de Castro fue
nombrada como docente oficial mediante Resolución No. 1109 del 24 de agosto
de 2006, se posesionó el 18 de setiembre de 2006 y fue retirada del servicio por
invalidez mediante Resolución No. 0855 del 17 de julio de 2015, al contar con
pérdida de capacidad laboral del 76,7%, como consta en el acto administrativo de
retiro.
Durante las vigencias 2006 a 2015, la señora Mabel Jaqueline Peña Fernández
de Castro devengó los siguientes factores salariales:
(…)
Y en la Resolución No. 616 del 02 de octubre de 2015, la Secretaría de Educación
Distrital liquidó la pensión de invalidez de la demandante teniendo en cuenta
únicamente el salario base de liquidación. Y aunque el demandante alega que
debió incluirse en la liquidación del IBL la Asignación Adicional para Directivo
Docente (Rector) y el Reconocimiento Adicional por número de Jornadas, ninguna
de ellas se enlista en el artículo 1 del Decreto 1158 de 1994 como factor salarial
para calcular las cotizaciones al Sistema General de Pensiones. Si bien el extremo
activo alega que le resulta aplicable el Decreto 171 de 2014 y que en desprendible
de octubre de 2013 se le descuenta el 8% de lo devengado como rector, revisadas
las documentales allegadas al plenario, no se advierte que el descuento en
mención se haya efectivamente causado […]. (Se destaca).
6.2.5. Contra la anterior decisión, la parte demandante interpuso recurso extraordinario
de unificación de jurisprudencia, el cual fue rechazado.
6.3. ANÁLISIS DE LA SALA
En el asunto bajo examen, la Sala considera que debe confirmarse la decisión del a quo,
que declaró improcedente la petición de amparo, pero no por el incumplimiento del
requisito general de subsidiariedad, sino porque lo expuesto por la parte actora respecto
de la reliquidación de su pensión de invalidez conforme al Decreto 1848 de 1969, no fue
alegado en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, de tal manera que, la
solicitud no cumple con el requisito general de procedencia a que se refiere el literal e)
del numeral 24 de la sentencia C-590 de 2005 de la Corte Constitucional16.
La Corte Constitucional en la precitada sentencia explicó que la parte actora tiene la carga
de identificar “de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como
los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible” y que se trata de una exigencia comprensible,
pues el actor debe tener “claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos
que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé
cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos”.
En este caso, se observa que, la parte actora cuestiona, a través de esta acción de tutela,
las sentencias proferidas el 25 de junio de 202417 y el 17 de febrero de 2023 por el
Tribunal Administrativo del Magdalena y el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de
Santa Marta, respectivamente, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
16 Corte Constitucional. Sentencia C 590 del 8 de junio de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
17 Notificada el 24 de julio de 2025. Visto en el índice 34 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del
proceso con radicado nro. 47001 33 33 008 2019 00438 00.
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identificado con el radicado núm. 47001 33 33 008 2019 00438 00/01, bajo el argumento
que dichas autoridades judiciales no aplicaron “[la] norma legal (artículo 63 del decreto
1848 de 1969) que regula de forma expresa y clara el monto de la pensión para personas
con una invalidez superior al 75%”.
En igual sentido, aseveró que las autoridades judiciales accionadas realizaron una
indebida valoración probatoria del dictamen que estableció el porcentaje de pérdida de
capacidad laboral, circunstancia que, según considera, incidía directamente en el monto
de la prestación reconocida.
A su turno, en el escrito de impugnación alegó lo siguiente:
La sentencia condicionó la procedencia de la tutela a que los cargos
constitucionales fueran formulados con idéntica precisión técnica en la demanda
ordinaria y en la apelación, esa decicion vulnera el debido proceso, debido que el
Tribunal Administrativo incurrio en vias de hecho y como cereza en la limonada no
le dio tramite a un recurso extraordinario de jurisprudencia.
Ese estándar es excesivamente formalista: lo relevante no es replicar etiquetas
(“defecto sustantivo/fáctico”), sino que el núcleo del debate haya sido sometido a
conocimiento del juez ordinario. En mi caso, dentro del proceso ordinario se
discutió expresamente: El porcentaje de liquidación de la pensión de invalidez, la
normativa aplicable, y la afectación económica derivada de la liquidación
efectuada.
Por tanto, sí existió oportunidad material de pronunciamiento por parte de la
jurisdicción, y la tutela no puede descartarse por un enfoque meramente nominal
o dogmático. La jurisprudencia de unificación sobre tutela contra providencias
judiciales insiste en que la tutela no es una “tercera instancia”, pero tampoco
puede cerrarse por cargas argumentativas irrazonables cuando está
comprometida la vigencia real de derechos fundamentales. (SIC a toda la cita).
Bajo dicho contexto, la Sala advierte que la acción de tutela deviene improcedente en los
términos en que se formuló, dado que los reproches expuestos en esta sede
constitucional no fueron alegados en el proceso ordinario.
En efecto, se constata que, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, la
hoy accionante no invocó como norma violada el Decreto 148 de 1969, sino el Decreto
171 de 2014
De hecho, en el recurso de apelación que interpuso en el precitado proceso, insistió en
que “el decreto 171 de 2014 es el que se me debe aplicar”, razón por la cual, las
autoridades judiciales accionadas controvirtieron tal argumento y arguyeron que el
régimen aplicable a la accionante es el dispuesto en el Decreto 1158 de 1994.
En consecuencia, la Sala confirmará el fallo proferido el 11 de diciembre de 2025 por la
Subsección A, Sección Segunda del Consejo de Estado que declaró improcedente la
acción de tutela, pero por las razones aquí expuestas, esto es, que no cumple con el
requisito general de procedencia a que se refiere el literal e) del numeral 24 de la
sentencia C-590 de 2005 de la Corte Constitucional.
Ello, debido a que los argumentos expuestos en la solicitud de amparo no fueron
alegados durante el trámite del proceso ordinario, de modo que al no formar parte del
objeto de litigio el juez natural de la causa no se pronunció respecto de ellos y, en tal
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medida, la acción de tutela no puede constituirse en el mecanismo para plantear nuevas
inconformidades, ni modificar el debate de la demanda que fue decidida a través de las
sentencias cuestionadas.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 11 de diciembre de 2025 proferida por la
Sección Segunda, Subsección “A”, del Consejo de Estado, que declaró improcedente la
acción de tutela promovida por la señora Mabel Jaqueline Peña Fernández de Castro,
por las razones expuestas en este proveído.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión, dentro del término legal.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión, del 12
de marzo de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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