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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07146-00

Fecha
4 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07146-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero: Declarar la improcedencia del amparo en relación con las pretensiones relacionadas con el defecto fáctico por omisión en la valoración de algunas pruebas, y defecto procedimental absoluto por vulneración al principio de congruencia, por no cumplir con el requisito de subsidiariedad, de conformidad con lo explicado en la parte motiva. Segundo: Negar en lo demás la acción de tutela interpuesta por la señora Safira Flórez Hernández, en contra del Tribunal Administrativo del Meta – Sala de Decisión 3, conforme a las consideraciones plasmadas en esta providencia. Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto: De no ser impugnada, remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-07146-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

4 de diciembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., cuatro (4) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07146-00
Accionante: Safira Flórez Hernández
Accionados: Tribunal Administrativo del Meta – Sala de Decisión 3

Tema: Tutela contra providencia judicial

Decisión: Declara improcedencia y niega el amparo de tutela porque no se
acreditaron los defectos endilgados

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la acción
de tutela1 presentada por la señora Safira Flórez Hernández contra el Tribunal
Administrativo del Meta por la presunta vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, trabajo, igualdad y acceso a la administración
de justicia, ocurrida con ocasión de la providencia proferida el 3 de julio de 2025,
al interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado
50001333300420210020001.

II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos

2. Presentó demanda en contra del departamento de Guainía en atención a la
suspensión en el pago de la prima técnica por evaluación del desempeño, en el
curso de ese proceso el ente territorial aceptó como cierto el hecho segundo de la
demanda, razón por la cual, se excluyó de la fijación del litigio el tema relacionado
con la naturaleza de la vinculación de la demandante. La entidad edificó sus
argumentos de defensa en el hecho de que la accionante perdió el derecho al
reconocimiento y pago de la prestación reclamada por obtener una evaluación del
desempeño inferior al 90%.

3. El proceso fue asignado por reparto al Juzgado Cuarto Administrativo del
Circuito Judicial de Villavicencio autoridad judicial que profirió sentencia de
primera instancia el 18 de noviembre de 2024, en la que accedió a las
pretensiones de la demanda en cuanto al reconocimiento y pago de la prima
técnica por evaluación del desempeño, lo anterior teniendo en cuenta que obtener
una calificación inferior al 90% no es óbice para la pérdida definitiva de la prima,
puesto que solo se pierde por la anualidad en la que no se obtuvo el puntaje.

1 Acción de tutela presentada el 12 de noviembre de 2025

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Accionante: Safira Flórez Hernández

4. La decisión fue apelada por el departamento del Guainía, oportunidad en la cual
alegó que la prima técnica por evaluación del desempeño solo abarca a los
empleados del orden nacional; además que, en sentencia del 19 de marzo de
1998, proferida por el Consejo de Estado, se declaró la nulidad del artículo 13 del
Decreto 2164 de 1991, que permitía a los entes territoriales el otorgamiento de la
prima técnica por evaluación desempeño.

5. El recurso de apelación fue desatado por el Tribunal Administrativo del Meta –
Sala de Decisión 3, en sentencia del 3 de julio de 2025, por medio de la cual
revocó la sentencia proferida en primera instancia y en su lugar negó las
pretensiones incoadas por la demandante, teniendo en cuenta que no cumplió con
el requisito de haber ocupado un empleo público en propiedad en el orden
nacional, razón por la que no es beneficiaria del régimen de transición previsto en
el Decreto 1724 de 1997.

2.2. Fundamento jurídico

6. La parte actora señaló que la providencia cuestionada incurrió en un defecto
procedimental absoluto al desconocer el procedimiento legal establecido para
resolver el recurso de apelación; lo anterior teniendo en cuenta que, la naturaleza
de la vinculación de la accionante no fue objeto de controversia en el proceso,
debido a que la entidad en sede administrativa, la contestación de la demanda y
la defensa del proceso, aceptó el carácter de servidora pública del orden nacional,
razón por la cual dicho punto fue excluido de la fijación del litigio y el problema
jurídico planteado de limitó a determinar si había perdido el derecho a la prima
técnica por evaluación del desempeño, por inexistencia de una calificación.

7. En el recurso de apelación, la entidad solicitó revocar la decisión proferida en
primera instancia y en su lugar negar las pretensiones de la demanda, teniendo
en cuenta que el departamento no debía soportar una carga económica que no le
correspondía, además señaló que la prima técnica por evaluación del desempeño
no podía ser reconocida a favor de los servidores públicos del orden territorial, no
obstante en ningún momento alegó que la demandante tenía o no la calidad de
servidora pública del orden nacional.

8. El Tribunal Administrativo del Meta entró a revisar la calidad de la vinculación
de la demandante, sin que el apelante único haya invocado motivo de
inconformidad sobre el particular, por lo que excedió los límites de la competencia
que le fue asignada.

9. De otra parte, alegó la configuración de un defecto fáctico por indebida
valoración probatoria de:

• El acta 104 del 11 de noviembre de 1993, por medio de la cual tomó
posesión del cargo de auxiliar de servicios generales código 6035 grado 3
ante el Gobernador del Guainía, teniendo en cuenta que no consideró que
para la fecha en que la demandante tomó posesión del cargo, estaba
vigente la Ley 43 de 1975, que ordenó la nacionalización del servicio
público de la educación, es decir que su administración dependía
directamente del Gobierno Nacional, por esta razón los nombramientos
efectuados por los alcaldes y gobernadores tenían el carácter de nacional.

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• El Oficio OTH SED 649 del 19 de septiembre de 2007 y el Decreto 494 de
2006, medios de prueba en virtud de los cuales se concluye que la
accionante fue homologada y nivelada salarialmente en el año 2006,
procedimiento que se realizó y ocurrió únicamente para el personal que se
encontraba vinculado con la Nación y posteriormente fue incorporado a la
planta territorial, contrario a ello el Tribunal afirma que su nombramiento
desde el año 1993, no sufrió modificación hasta la homologación en el año
2006, sin analizar que se realizó para el personal que se encontraba a
cargo de la nación, ostentando el carácter de servidor público del orden
nacional.

• No valoró las pruebas que determinaron que a la accionante se le reconoció
la prima técnica por evaluación de desempeño como derecho adquirido
cuando ostentó la condición de servidora pública del orden nacional, esto
es la Resolución 1076 de 1997, que fue expedida en ejercicio de las
atribuciones conferidas en el artículo 2 de la Resolución 05737 de julio de
1994, por la cual se estableció la asignación de la prima técnica a
funcionarios del orden nacional vinculados a la administración del servicio
educativo en las entidades territoriales.

• No valoró la Resolución 2350 del 10 de julio de 1997, que certificó al
Departamento de Guainía para asumir la administración directa de los
recursos del situado fiscal y la prestación de los servidos educativos, no
obstante, no consideró que la demandante se vinculó con anterioridad a la
expedición de esta disposición (1993), esto es en vigencia de la Ley 43 de
1975.

• No valoró la evaluación del desempeño del año 1994, documento que da
fe que dependía del Ministerio de Educación Nacional por prestar sus
servicios al sector educativo.

2.3. Pretensiones

10. Con fundamento en lo anterior, solicitó:

«(…)
PRIMERA: Se tutelan, protejan y amparen, los Derechos Fundamentales AL
DEBIDO PROCESO, AL TRABAJO, A LA IGUALDAD, Y AL ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA además de todos aquellos que resultaron
violentados y/o amenazados a mi poderdante, por la configuración del
defecto fáctico y procedimental en el que incurrió el Tribunal Administrativo
del Meta – Sala de decisión No. 3- del procedo de radicado:
5000133330042021002000, mediante la cual revocó la sentencia de primera
instancia proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de
Villavicencio el día 18 de noviembre de 2024.

SEGUNDA: En consecuencia, se ordene dejar sin efecto alguna la Sentencia
de fecha 03 de julio de 2005 emitida por el Tribunal Administrativo del Meta-
Sala de decisión No. 3- Magistrado Ponente: Juan Darío Contreras Bautista
dentro del proceso de radicado: 500013330042021002000, y en su lugar se
le ordene al Tribunal accionante EMITIR una sentencia en reemplazo de la
aquí cuestionada, sentencia que deberá corregir enteramente la tutelada,
reconociendo los derechos de la actora y según los argumentos que expondrá

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en (sic) H Consejo de Estado, en su fallo protector de los derechos
fundamentes transgredidos.>>

2.4. Intervenciones

11. La acción de tutela de la referencia fue admitida mediante auto del 13 de
noviembre de 2025 a través del cual se ordenó notificar al Tribunal Administrativo
de Meta – Sala de Decisión 3 como accionado y al Juzgado Cuarto Administrativo
del Circuito vi Villavicencio y al departamento de Guainía como terceros
interesados en las resultas del proceso.

12. Departamento del Guainía, se opuso a las pretensiones incoadas, teniendo
en cuenta que la demandante accedió a la administración de justicia en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, proceso que se
tramitó conforme a las etapas procesales previstas en el ordenamiento y fue
debatido en las instancias correspondientes, así las cosas, el hecho de que la
sentencia de segunda instancia haya revocado la decisión favorable de primera
instancia no habilita el uso de la acción de tutela como mecanismo para reabrir el
litigio ni para obtener un nuevo pronunciamiento judicial.

13. Alegó que no se configuró el defecto fáctico endilgado, teniendo en cuenta que
el Tribunal valoró las pruebas obrantes en el expediente, incluyendo las
resoluciones que le reconocieron la prima técnica, las calificaciones de
desempeño y la naturaleza jurídica de la entidad empleadora; así como tampoco
el defecto procedimental, en atención a que la demandante ejerció plenamente
sus derechos de defensa y contradicción en el proceso en el curso del proceso
ordinario.

14. El reconocimiento de la prima técnica a favor de la demandante se fundamentó
en el artículo 13 del Decreto 2164 de 1991, norma que fue declarada nula por el
Consejo de Estado en sentencia del 19 de marzo de 1998, por exceder las
facultades otorgadas por el ejecutivo en la Ley 60 de 1990. En ese orden, los actos
administrativos que otorgaron la prima técnica perdieron fuerza ejecutoria por
desaparición de su fundamento legal, conforme al artículo 91 de la Ley 1437 de
2011, situación que fue debidamente valorada por el Tribunal Administrativo del
Meta.

15. El Tribunal Administrativo del Meta a través del Magistrado ponente de
la decisión, rindió informe en el cual señaló que la sentencia cuestionada se
adoptó luego de analizar la situación fáctica y jurídica expuesta en la demanda,
así como lo pretendido e indicado en las pruebas allegadas al expediente y los
argumentos expuestos en el recurso de apelación.

16. Solicitó a la Sala remitirse a las consideraciones que se consignaron en la
decisión, teniendo en cuenta que contiene la fundamentación fáctica, jurídica y
jurisprudencial analizada para llegar a la decisión cuestionada por la accionante.

17. Finalmente señaló que la tutela carece de relevancia constitucional, debido a
que se pretende una tercera instancia sobre un debate ordinario que está
revestido de cosa juzgada, por lo que solicitó declarar su improcedencia.

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18. No se rindieron más informes.

III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia

19. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.

3.2. Problema jurídico

20. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
determinar si el Tribunal Administrativo del Meta – Sala de Decisión 3, al proferir
la sentencia del 3 de julio de 2025, vulneró los derechos fundamentales al debido
proceso, trabajo, igualdad y acceso a la administración de justicia, al incurrir en
los defectos procedimental y fáctico.

3.3. Procedencia de la acción de tutela

21. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de
2015. Fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de
las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las
autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer
decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa
judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene
el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.

22. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción
a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia,
es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando
desborda los límites que la Carta le impone.

23. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, como son: (i) que el asunto que esté sometido a
estudio sea de evidente relevancia constitucional; (ii) que en el proceso se hayan
agotado todos los medios de defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que
se encuentren al alcance de quien demande el amparo, salvo, claro está, que se
busque evitar un perjuicio irremediable; (iii) que la presentación de la acción
cumpla con el requisito de inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga
en sustancial: cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro

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que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se
impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; (v) que se
identifique la situación fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) que
no se trate sentencias de tutela.

3.3.1. En el presente asunto, la Sala advierte que una de las pretensiones de
amparo constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la
jurisprudencia, que habilitan su interposición, y otras no, según se pasa a explicar.

3.3.1.1. En relación con el requisito de subsidiariedad es necesario verificar si la
providencia objeto de tutela carece de recursos ordinarios y extraordinarios para
obtener el amparo constitucional. En este punto se advierte el incumplimiento
frente a los argumentos de los defectos: fáctico (parcialmente) y procedimental
absoluto. En cuanto al defecto fáctico, en relación con la omisión de valorar las
pruebas que determinaron que a la accionante se le reconoció la prima técnica
por evaluación de desempeño como derecho adquirido cuando ostentó la
condición de servidora pública del orden nacional; así mismo, la omisión de valorar
la Resolución 2350 del 10 de julio de 1997, que certificó al Departamento de
Guainía para asumir la administración directa de los recursos del situado fiscal y
la prestación de los servicios educativos; y la evaluación del desempeño del año
1994. En relación con el defecto procedimental en el cual se argumentó que la
naturaleza de la vinculación de la accionante no fue objeto de controversia en el
proceso ni argumento de la apelación, con lo cual se habría vulnerado el principio
de congruencia. Así las cosas, de conformidad con la tesis de esta Subsección los
anteriores planteamientos, esto es, la omisión de valoración probatoria y la
vulneración del principio de congruencia, pueden ser alegados a través del
recurso extraordinario de revisión bajo la causal 5 del artículo 250 del CPACA 2,
por lo que, se reitera, no se cumple el requisito de subsidiariedad frente a estos
aspectos.

3.3.1.2. En relación con los otros argumentos del defecto fáctico basados en una
indebida valoración probatoria, se advierte que la providencia objeto de tutela
carece de recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo
constitucional. De igual forma se considera que los hechos que generaron la
vulneración de sus derechos fundamentales se encuentran plenamente
individualizados.

3.3.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional
se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más
de 6 meses desde que se profirió la providencia objeto de cuestionamiento, esto
es, el 3 de julio de 2025, ejecutoriada el 21 de julio de la misma anualidad y la
interposición de la acción de tutela, es decir, el 12 de noviembre de la presente
anualidad.

3.3.1.4. El asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en la medida
que se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental al debido
proceso, trabajo, igualdad y acceso a la administración de justicia, los cuales se
encuentran fundamentados razonablemente.

2
Consultar entre otras la sentencia del 6 de noviembre de 2025, radicado: 11001-03-15-000-2025-04796-
01.

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24. Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia sobre
los aspectos que superaron los requisitos generales según lo antes explicado.

3.4. El defecto fáctico como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial

25. De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico se
configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación
del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre el particular la Corte
Constitucional3 ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse:

a. Una dimensión negativa4, que ocurre cuando el juez niega o valora la
prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa y sin razón valedera da
por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara
y objetivamente. Esta dimensión, comprende las indebidas valoraciones
probatorias determinantes para identificar la veracidad de los hechos
analizados por el juez.

b. Una dimensión positiva5, que se presenta generalmente cuando el
juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la
providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar.

26. Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención del juez
de tutela en relación con el manejo dado por el juez natural es, y debe ser, de
carácter extremadamente reducido, toda vez que:

«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no
constituyen defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se presentan al
juez dos interpretaciones de los hechos, diversas pero razonables, le
corresponde determinar al funcionario, en el ámbito su especialidad, cuál resulta
más convincente después de un análisis individual y conjunto de los elementos
probatorios»6.

27. En ese sentido, no es procedente la acción constitucional cuando se encamina
a obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa realizada por el juez que
ordinariamente conoce de un asunto.

3.5. Análisis del presunto defecto fáctico en el caso concreto

28. Alega que la decisión objeto de tutela realizó una valoración caprichosa,
arbitraria e irracional de los medios de prueba allegados al proceso, en especial
del acta de posesión 1004 de 1993 y de la Resolución 435 de 1993, al concluir sin
fundamento jurídico ni probatorio que la vinculación de la demandante era del
orden territorial.

29. Sobre el particular, la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo del

3 Véase: Corte Constitucional, sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456 de 2010,

T-567 de 1998, T-456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras.
4 Corte Constitucional, sentencia T-576 de 1993, magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.
5 Corte Constitucional, sentencia T-538 de 1994, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
6 Corte Constitucional, sentencia SU-222 de 2016, magistrada ponente: María Victoria Calle Correa.

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Meta en la providencia cuestionada señaló:

<<”(…)
2.3. Análisis jurídico y jurisprudencial de la prima técnica por evaluación del
desempeño
(…)

A partir del anterior recuento normativo, resulta posible concluir que tendrá derecho a
la prima técnica por evaluación de desempeño el empleado público que ocupó un cargo
de orden Nacional en los niveles directivo, asesor, ejecutivo, profesional, técnico,
administrativo u operativo, o sus equivalente en los sistemas especiales, y que obtuvo,
como mínimo, un noventa por ciento (90%) en la calificación de servicios
correspondiente al año inmediatamente anterior a la entrada en vigor del Decreto 1724
de 1997.

Improcedencia del reconocimiento de la prima técnica en las entidades
territoriales

Como se expuso en antecedencia, el artículo 13 del Decreto 2164 de 1991 facultó a los
Gobernadores y a los Alcaldes a adoptar los mecanismos necesarios para la aplicación
del régimen de prima técnica a los empleados públicos del orden departamental y
municipal. Sin embargo, el Consejo de Estado, en providencia de 19 de marzo de 19987,
declaró la nulidad de dicha normativa por exceso de la potestad reglamentaria, en los
términos que a continuación se transcriben:
(…)

Por lo tanto, como consecuencia del retiro del ordenamiento jurídico del artículo 13 del
Decreto 2164 de 1991, la prima técnica quedó prevista exclusivamente para los
empleos del sector público del orden nacional, dado que los efectos de la sentencia de
nulidad son retroactivos, esto es, la legislación vuelve a su estado anterior a la
expedición de dicha norma, que en este caso corresponde a los artículos 1 y 9 del
Decreto 1661 de 1991.

4.2 Caso actual

En el presente asunto, la demandante SAFIRA FLÓREZ HERNÁNDEZ solicita el
reconocimiento de la prima técnica por evaluación del desempeño, consagrada en el
Decreto 1661 de 1991, argumentando que la vinculación legal y reglamentaria que
mantuvo con el DEPARTAMENTO DEL GUAINÍA fue del orden Nacional, y que obtuvo,
adicionalmente, una calificación superior al 90% antes del 4 de octubre de 1997.

Para el a quo, la demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de dicha
prestación económica en los términos del Decreto 1661 de 1991, teniendo en cuenta
que su vinculación con la entidad demandada ocurrió el 20 de mayo de 1993, y que,
antes de la entrada en vigor del Decreto 1794 de 1997, le fue reconocida la prima
técnica al obtener una calificación superior al 90%.

Por su parte, en el recurso de apelación, la entidad demandada sostiene que la
demandante no tiene derecho a dicha prestación, teniendo en cuenta que esta sólo
puede otorgarse a los empleados públicos del orden nacional, condición que, según
afirma, no cumple la parte actora.

Para resolver, de acuerdo con el material probatorio obrante en el plenario, se establece
que a través del Decreto 028 de 20 de mayo de 19938 la demandante fue nombrada en
provisionalidad, por un periodo de cuatro meses, para desempeñar el cargo de Auxiliar
de Servicios Generales código 6035 Grado 03 al servicio del Fondo Educativo Regional
del Guainía. De este empleo tomó posesión el mismo día, ante el Gobernador y el Jefe
de Personal del F.E.R.

Posteriormente, mediante el Decreto 040 de 19939, el Gobernador del Departamento
del Guainía, en su condición de presidente de la Junta Administradora del FER, y el

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. consejero ponente: Silvio

Escudero Castro. Radicado 11995. Sentencia de 19 de marzo de 1998
8 (OneDrive: 12Agregar Memorial). Registro SAMAI. Actuación: Agregar Memorial; Índice: 00011.
9 Pág.16, ibidem.

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Accionante: Safira Flórez Hernández

representante del Ministerio de Educación Nacional ante el Fondo Regional Educativo
del Guainía, prorrogaron por el término de cuatro meses la prestación de los servicios
de la demandante en el cargo de Auxiliar de Servicios General código 6035-Grado 02,
dependiente del Fondo Educativo Regional del Guainía.

De igual manera, se observa que mediante el Acta No. 1004 de 11 de noviembre de
199310, la demandante toma posesión del cargo de Auxiliar de Servicios Generales
código 6035 grado 03 nombrada mediante resolución 435 de 8 de noviembre de 1993
y, se le otorgó un periodo de prueba por el término de cuatro (4) meses. Esta actuación
se adelantó ante el Gobernador del Guainía y el representen del F.E.R.

Del acervo probatorio no se aprecia una modificación de esta vinculación hasta el 2007,
cuando mediante oficio O.T.H. SED 649 de 19 de septiembre de 200711, el Jefe de
Personal de la Secretaría de Educación del Departamento del Guainía le informa a la
demandante que sería incorporada «a la Planta de Personal Administrativo de la
Secretaría de Educación Departamental, en el cargo de Auxiliar de Servicios Generales,
Código 470, Grado 02; en virtud del proceso de Homologación y Nivelación Salarial».

Con base en lo anterior, este Tribunal concluye que la vinculación de la demandante
fue de carácter territorial y, si bien es cierto que en los actos de nombramiento y
posesión participó un representante del Fondo Educativo Regional, también lo es que
esto no convierte el nombramiento en uno de naturaleza Nacional, debido a que,
aunque los recursos del fondo provenían de la Nación, al ser transferidos a las
entidades territoriales, pasaban a formar parte de sus presupuestos locales como
ingresos propios, clasificados como rentas exógenas y endógenas12.

En este orden de ideas, el referido cargo pertenecía a la planta de personal del
Departamento del Guainía, por lo que el ejercicio de las funciones de nominación y
administración de los recursos destinados a la nómina de personal correspondía al
departamento como entidad del nivel territorial, con lo que se descarta que la
demandante haya sido designada por el Ministerio de Educación Nacional y, en
consecuencia, hubiere ostentado la condición de empleada pública del orden Nacional.

Por lo tanto, conforme el análisis legal y jurisprudencial previamente expuesto, los
empleados públicos del nivel territorial no tienen derecho a recibir prima técnica,
teniendo en cuenta que el artículo 13 del Decreto 2164 de 1991, que inicialmente
permitía a las entidades territoriales aplicar el régimen de prima técnica previsto en el
Decreto 1661 del mismo año, fue anulado por el Consejo de Estado en 1998. Como
resultado, cualquier acto administrativo de reconocimiento de la prima técnica que se
haya emitido con base en esa disposición carece de fuerza ejecutoria13.

En virtud de lo anterior, la demandante no tiene derecho a que el Departamento del
Guainía le reconozca y pague la prima técnica por evaluación de desempeño, teniendo
en cuenta que a la entrada en vigor del Decreto 1724 de 1997, la demandante no
cumplió con el requisito de haber ocupado un empleo público en propiedad en el orden
Nacional, razón por la cual no es beneficiaria de la transición prevista en dicho
decreto.>>

30. A partir de las transcripciones realizadas, la Sala considera que la autoridad

10 Pág.17, ibidem.
11 Pág.93, ibidem.
12 17 Un análisis similar llevó a cabo esta Corporación Judicial en la providencia de 9 de mayo de 2024, con

ponencia de la H. Magistrada Teresa Herrera Andrade, dentro de la radicación 50001-33-33-008-2021-00189-
01, al señalar lo siguiente: «De tal manera que, si bien los recursos administrados por los FONDOS
EDUCATIVOS REGIONALES, provenían de la NACIÓN, también es que, una vez cedidos a las Entidades
territoriales, eran incorporados a los presupuestos locales como de su propiedad exclusiva (renta exógena),
para el funcionamiento de los respectivos fondos. Por lo anterior, aun cuando en el acto de vinculación haya
intervenido un delegado permanente del MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, además del
representante legal de la Entidad territorial, ello no convierte el nombramiento como del orden nacional, pues,
se repite, tales fondos funcionaban con recursos exclusivos de la Entidad territorial. En esas condiciones, la
vinculación que tuvo el demandante con el FONDO EDUCATIVO REGIONAL DEL VICHADA es de carácter
territorial, por lo que, el lapso que desempeñó el cargo en dicha Entidad no le dé el derecho PRIMA TÉCNICA
POR EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, que se previó solamente para los empleados públicos del orden
NACIONAL»
13 Consejo De Estado. Sección Segunda. Sub, A. Providencia de 19 de octubre de 2017. Cp. William

Hernández Gómez. Expediente: 20-001-23-33-000-2013-00390-01

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Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07146-00
Accionante: Safira Flórez Hernández

judicial accionada no incurrió en un defecto fáctico, teniendo en cuenta que realizó
un análisis probatorio integral de todos los medios de prueba recaudados en el
expediente, lo que le permitió concluir que la demandante no tenía derecho al
reconocimiento y pago de la prima técnica por evaluación del desempeño,
teniendo en cuenta que su vinculación con la entidad fue de carácter territorial,
además precisó que si bien en los actos de nombramiento y posesión participó
un representante del FER, esa circunstancia no convierte el nombramiento en uno
de naturaleza nacional, en atención a que si bien los recursos del fondo provienen
de la Nación, al ser transferidos a las entidades territoriales, pasaron a formar
parte de sus presupuestos locales como ingresos propios.

31. Así las cosas, la decisión cuestionada no se basó en una indebida valoración
de los medios documentales de prueba allegados al plenario, sino en una
ponderación razonada de su contenido, en la medida que, para la autoridad
judicial la vinculación de la demandante es de naturaleza territorial, lo que no le
da el derecho al reconocimiento de la prima técnica por evaluación del
desempeño.

32. Además, no evidencia arbitrariedad ni capricho, pues la conclusión adoptada,
se fundamenta en inferencias lógicas y razonables derivadas del material
probatorio aportado en el proceso, pues, contiene una apreciación integral,
coherente conforme con las reglas de la sana critica. De modo que, la valoración
probatoria efectuada por la autoridad judicial accionada se enmarca en un margen
de apreciación judicial y no resulta arbitraria, irracional ni caprichosa, razón por la
cual, no adolece de defecto fáctico alegado.

33. De esta manera, lo que se observa es la divergencia de criterios frente al
análisis que se realizó en la decisión objeto de censura, hecho que no puede ser
calificado como violatorio de los derechos fundamentales, en respeto de los
principios de autonomía e independencia judicial.

34. Por tal razón, no es posible considerar que la decisión adolece de algún
defecto, sino que la parte accionante se encuentra inconforme con la
interpretación efectuada por la autoridad judicial accionada, situación que, dada
la finalidad prevista para la tutela, sale de la órbita de competencia del juez
constitucional.

35. Es necesario recordar que el análisis que le corresponde realizar al juez
constitucional al estudiar la procedencia de tutela contra providencia judicial no es
de corrección sino de validez14, motivo por el cual solo habrá lugar a amparar los
derechos fundamentales en los eventos en los que se advierta que el
razonamiento es arbitrario o caprichoso.

36. En suma, lo que se observa es un simple desacuerdo de la parte accionante
con la conclusión a la que llegó la autoridad judicial accionada, que no conlleva la
transgresión de derechos fundamentales, razón por la que la Sala procederá a
negar el amparo deprecado en este aspecto, por las consideraciones expuestas
en la presente providencia.

14Corte Constitucional, sentencia SU 128 de 6 de mayo de 2021, magistrado ponente: Cristina Pardo
Schlesinger.

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Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07146-00
Accionante: Safira Flórez Hernández

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Declarar la improcedencia del amparo en relación con las pretensiones
relacionadas con el defecto fáctico por omisión en la valoración de algunas
pruebas, y defecto procedimental absoluto por vulneración al principio de
congruencia, por no cumplir con el requisito de subsidiariedad, de conformidad
con lo explicado en la parte motiva.

Segundo: Negar en lo demás la acción de tutela interpuesta por la señora Safira
Flórez Hernández, en contra del Tribunal Administrativo del Meta – Sala de
Decisión 3, conforme a las consideraciones plasmadas en esta providencia.

Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Cuarto: De no ser impugnada, remitir el expediente de la actuación a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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