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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-00536-01

Fecha
14 de mayo de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-00536-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia proferida el 12 de marzo de 2026 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró improcedente la acción de tutela por falta de relevancia constitucional, únicamente respecto del defecto por falta de motivación, para, en su lugar: SEGUNDO: NEGAR el amparo de la acción de tutela, de conformidad con los argumentos desarrollados previamente. TERCERO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia proferida el 12 de marzo de 2026 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, pero por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión judicial. CUARTO: NOTIFICAR a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. QUINTO: REMITIR el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2026-00536-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

14 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00536-01
Accionante: Luz Ángela Zuluaga Ramírez y otros1
Accionados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial

Decisión: Revoca parcialmente, para en su lugar, negar y confirma en lo
demás.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. LaSubsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
impugnación formulada por la parte accionante contra la sentencia proferida el 12 de
marzo de 2026 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante la cual se
declaró improcedente la acción de tutela por falta de relevancia constitucional.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

2. El 5 de noviembre de 2005, los señores Jeysson Rambo Ramírez Toro y Jhon Jairo
Mejía Posada se desplazaban en un vehículo tipo taxi reportado como robado,
cuando fueron interceptados en un retén del Ejército Nacional. No obstante, al
intentar darse a la fuga, se produjo un enfrentamiento con la Fuerza Pública, en el
cual perdieron la vida.

3. El 19 de diciembre de 2016, sus núcleos familiares interpusieron demanda de
reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, con
la finalidad de que se les declarara administrativa y patrimonialmente responsables
por los perjuicios materiales e inmateriales causados como consecuencia del
fallecimiento de los señores Rambo Ramírez y Mejía Posada.

4. El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Ibagué, mediante sentencia del
25 de noviembre de 2020, declaró la caducidad respecto a las pretensiones del
núcleo familiar del señor Mejía Posada, debido a que encontró demostrado que

1 Iván Ramírez Osorio, María Esneda Toro Vidal, Iván Darío Ramírez Toro, Jésica Alexandra Ramírez Toro, José

Jonatán Ramírez Osorio, José Álvaro Toro Vidal, José Omar Toro Toro, Sandra Liliana Toro Morales, María
Edilma Patiño Pizarro, Jhon Alejandro Mejía Patiño, José Octavio Mejía Duque, Gabriela Posada Quintero, José
Fernando Mejía Castaño, y María Nancy Mejía Posada.

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Acción De Tutela
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Accionante: Luz Ángela Zuluaga Ramírez y otros

conocieron de las circunstancias de su fallecimiento desde el año 2005 y negó las
pretensiones del grupo familiar del señor Ramírez Toro, toda vez que no consideró
acreditado un daño antijurídico atribuible a la Nación – Ministerio de Defensa –
Ejército Nacional a título de falla en el servicio.

5. El Tribunal Administrativo del Tolima, a través de la sentencia del 4 de septiembre
de 2025 confirmó la decisión judicial anterior.

2.2. Fundamento jurídico

6. La parte accionante consideró que el Tribunal Administrativo del Tolima y el
Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Ibagué incurrieron en el defecto
fáctico por:

• i) «[F]alsa motivación probatoria sobre la caducidad», en la medida en que
consideraron configurado el fenómeno respecto del núcleo familiar del señor
Mejía Posada, con fundamento en «un oficio de una persona ajena al núcleo
familiar» y «el reclamo del cadáver sin información sobre causa real de su
muerte», y

• ii) Omisión en la valoración probatoria de Inspección a cadáver realizada por
la Fiscalía 36 Seccional de Fresno (Tolima), informe de inspección judicial del
6 de noviembre de 2005, declaración rendida por suboficial José Julián Urbano
Rengifo ante el Juzgado Penal Militar, informe de los hechos suscrito por el
sargento Hernán Molina Villegas, así como su declaración ante el Juzgado
Penal Militar, testimonio del señor Rodrigo Montaño Montoya – administrador
del parador La Albania, declaración del señor Humberto Arboleda Toro –
conductor del vehículo taxi robado, declaración del soldado Andrés Felipe
Sepúlveda Sánchez ante el Juzgado Penal Militar, declaración del
dragoneante Carlos Evelio Villada Vanegas.

2.3. Pretensiones

7. La parte accionante pretende que se dejen sin efectos las sentencias proferidas el
25 de noviembre de 2020 y 4 de septiembre de 2025 y se dicten nuevas decisiones
judiciales.

2.4. Intervenciones

8. Por medio del auto del 16 de febrero de 2026, la Sección Quinta del Consejo de
Estado admitió la acción de tutela y ordenó notificar al Tribunal Administrativo del
Tolima y al Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Ibagué como accionados
y a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y a los señores José Jonatán
Ramírez Osorio, Luz Ángela Zuluaga Ramírez, y José Octavio Mejía Duque como
terceros interesados en el resultado del proceso.

9. El Tribunal Administrativo del Tolima consideró que la parte accionante
únicamente pretende reabrir un debate judicial con la finalidad de obtener una
decisión favorable a sus intereses, circunstancia que no se encuentra prevista para

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Accionante: Luz Ángela Zuluaga Ramírez y otros

el uso del mecanismo constitucional de tutela. Por ende, solicitó que se nieguen las
pretensiones.

10. El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Ibagué luego de realizar un
recuento de las actuaciones surtidas al interior del proceso cuestionado, señaló que
no incurrió en ningún defecto, por el contrario, afirmó que la decisión se encuentra
ajustada a derecho, debidamente justificada y conforme al material probatorio
allegado al proceso.

11. La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional sostuvo que
la acción de tutela no resulta procedente para cuestionar providencias judiciales,
pues la parte accionante no realizó un estudio de los requisitos específicos ni acreditó
la vulneración de sus derechos fundamentales. Además, consideró que la parte
accionante pretende subsanar los errores y la carencia de material probatorio del
proceso, circunstancia que no resulta admisible con el uso del mecanismo
constitucional. Por lo tanto, solicitó que se nieguen las pretensiones.

12. No se rindieron más informes.

2.5. Sentencia impugnada

13. La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 12 de marzo de
2026 declaró improcedente la acción de tutela por carecer de relevancia
constitucional, pues, a su juicio, la parte accionante pretendía mutar el amparo
constitucional en una tercera instancia, toda vez que se plantearon nuevamente los
argumentos discutidos en el proceso cuestionado.

14. Aunado a lo anterior, estimó que, pese a que se realizó una enunciación de
garantías y un uso de lenguaje de carácter constitucional en la acción de tutela, no
se expusieron con suficiencia razones de peso que justifiquen la intromisión del juez
constitucional, pues a prima facie no se observa una vulneración de los derechos
fundamentales por parte del Tribunal Administrativo del Tolima.

2.6. Impugnación

15. La parte accionante interpuso impugnación contra la decisión judicial anterior, al
considerar que la acción de tutela sí cumple el requisito de relevancia constitucional,
en tanto advierte la existencia de un defecto fáctico por indebida valoración probatoria
y omisión en la valoración probatoria, al interior del proceso de reparación directa.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

16. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo dispuesto
en el Decreto 2591 de 1991, el Acuerdo 080 de 20192 demás normas concordantes.

2 Reglamento interno del Consejo de Estado.

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3.2. Cuestión previa

17. Si bien la acción de tutela se dirige contra las decisiones proferidas el 25 de
noviembre de 2020 por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Ibagué y el
4 de septiembre de 2025 por el Tribunal Administrativo del Tolima, lo cierto es que
fue esta última la que resolvió de manera definitiva el asunto, motivo por el cual esta
Subsección no encuentra mérito suficiente para pronunciarse respecto de la primera.

18. La parte accionante sostuvo que el Tribunal Administrativo del Tolima incurrió en
un defecto fáctico por «falsa motivación probatoria sobre la caducidad», al considerar
configurado dicho fenómeno respecto del núcleo familiar del señor Mejía Posada, con
fundamento en un «oficio de una persona ajena al núcleo familiar» y en «el reclamo
del cadáver sin información sobre la causa real de su muerte», elementos que, a su
juicio, no resultan suficientes para arribar a tal conclusión. No obstante, este
planteamiento se aproxima más a la presunta existencia de un defecto por falta de
motivación, en tanto cuestiona la insuficiencia en la exposición de las razones
fácticas y jurídicas que sustentan la decisión. En consecuencia, el argumento será
analizado desde esa perspectiva.

3.3. Problema jurídico

19. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe en
determinar si el Tribunal Administrativo del Tolima incurrió en el defecto por falta de
motivación al proferir la sentencia del 4 de septiembre de 2025, al interior del proceso
de reparación directa con radicado 73001-33-33-007-2017-00002-02.

3.4. Procedencia de la acción de tutela

20. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015. Fue creada
para proteger los derechos constitucionales fundamentales de las personas, cuando
estos sean vulnerados o amenazados por parte de las autoridades o por particulares
en los casos expresamente señalados en el primer decreto anotado.

21. Lo anterior, siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa judicial
para hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene el
carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.

22. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa
medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso.

23. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción
de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el
delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e

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independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

24. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por
lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son: (i)
que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia constitucional;
(ii) Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa, tanto
ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el
amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio irremediable; (iii) que la
presentación de la acción cumpla con el requisito de inmediatez; (iv) que la
irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate de una irregularidad
procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante
en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora; (v) que se identifique la situación fáctica que devino en la vulneración de
derechos; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.

3.4.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia,
que habilitan su interposición.

3.4.1.1. En efecto, esta Sala considera que tanto los hechos como los derechos
presuntamente vulnerados se encuentran plenamente individualizados.

3.4.1.2. Por lo anterior, la Subsección advierte que la providencia objeto de tutela
carece de recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo
constitucional, salvo los argumentos planteados para fundamentar el defecto
fáctico por omisión probatoria, pues la tesis de esta Subsección indica que dicho
planteamiento puede ser alegado a través del recurso extraordinario de revisión bajo
la causal 5° del artículo 250 del CPACA3, por lo que se confirmará la sentencia del
12 de marzo de 2026, mediante la cual se declaró improcedente la acción de tutela,
pero por incumplir el requisito de subsidiariedad frente a ese aspecto.

3.4.1.3. Se observa igualmente que la interposición4 del mecanismo constitucional
se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más de
6 meses desde que se profirió la providencia cuestionada5.

3.4.1.4. Contrario a lo sostenido en primera instancia, esta Sala considera que el
asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en la medida que se
centra en establecer una posible vulneración iusfundamental derivada de la
supuesta configuración del defecto por falta de motivación, causal que se encuentra
debidamente justificada y que no comporta la habilitación de una tercera instancia
del proceso ordinario, sino el juicio de vulneración de derechos fundamentales en la
expedición de la sentencia cuestionada.

25. Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.

3 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 6 de noviembre de 2025, radicado

11001-03-15-000-2025-04796-01.
4 27 de enero de 2026.
5 9 de septiembre de 2025.

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3.5. Del defecto de falta de motivación como causal de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales

26. La jurisprudencia constitucional6 ha señalado que el defecto conocido como
«decisión sin motivación» se configura cuando la providencia cuestionada carece
de fundamentos fácticos y jurídicos que la soporte, lo cual deriva en una decisión
arbitraria que desconoce derechos fundamentales.

27. En desarrollo de lo anterior, se establecieron 7 criterios que se deben tener en
cuenta para determinar si existió un defecto por falta de motivación, toda vez que
dicha ausencia no puede estructurarse en cualquier desacuerdo que exista con la
justificación de la decisión judicial. Para ello y con el fin de respetar el principio de
autonomía y razonamiento del juez, su configuración procederá cuando la
argumentación sea defectuosa, insuficiente o inexistente y «se activa únicamente
en los casos específicos en que la falta de argumentación decisoria convierte la
providencia en un mero acto de voluntad del juez, es decir en una arbitrariedad»8.

28. Finalmente, ha insistido dicha Corporación9 que cuando se señale una presunta
falta de motivación en una decisión judicial debido a la ausencia de razonamientos
que la sustenten, el juez constitucional debe salvaguardar el derecho de los
accionantes a obtener respuestas razonadas que además les permitan ejercer su
derecho de contradicción, ya que aceptar una decisión que no sustente las razones
fácticas y jurídicas iría en contravía de la función judicial que ostentan los
administradores de justicia, situación que además conllevaría a una flagrante
violación del derecho al debido proceso.

3.5.1. Análisis del presunto defecto por falta de motivación en el caso
concreto

29. La parte accionante manifestó que la autoridad judicial accionada incurrió en un
defecto por falta de motivación probatoria sobre la caducidad, en la medida en que
consideró configurado el fenómeno respecto del núcleo familiar del señor Mejía
Posada, con fundamento en «un oficio de una persona ajena al núcleo familiar» y «el
reclamo del cadáver sin información sobre causa real de su muerte», elementos, que,
a su juicio, no resultaban suficientes para arribar a dicha conclusión.
30. Sobre el particular, el Tribunal Administrativo del Tolima argumentó lo siguiente:

«Ahora bien, con relación a la caducidad de las demandas en las que se plantean
pretensiones de reparación directa el numeral 2° del literal i) del artículo 164 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -
C.P.A.C.A.-, dispone de dos formas para contabilizar dicho término, a saber: i) dos
años contados a partir del día siguiente a la ocurrencia de la acción u omisión
causante del daño o ii) de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento
del daño, siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de
su ocurrencia.

6 Sentencia C-590 de 2005.
7 Sentencia T-233 de 2007.
8 Sentencia T-709 de 2010.
9 Sentencia T-041 de 2018.

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De conformidad con la norma ibidem, la reparación directa debe ejercerse, por regla
general, dentro de los 2 años siguientes a la ocurrencia del hecho dañoso, pues, a
partir de esta fecha se tiene un interés actual para acudir a la jurisdicción; sin
embargo, la aplicación de dicha regla general se exceptúa cuando el conocimiento
del hecho sólo fue posible en un momento posterior a la ocurrencia del mismo,
siempre y cuando se observe que el interesado no pudo conocerlo en un momento
anterior.

(…)

[E]l Consejo de Estado10 en materia de la caducidad del medio de control de
reparación directa, en relación con los daños ocasionados en eventos como los aquí
estudiados, indicó que el término de caducidad no corre hasta tanto se cuente con
elementos para deducir la participación del Estado en los hechos y se advierta la
posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial, lo cual quiere decir que,
cuando se presenten tales circunstancias, no existe justificación para que la
situación quede indefinida en el tiempo y, por ende, a partir de allí resulta procedente
el cómputo del término establecido por el legislador, tal como ocurre en materia
penal cuando se individualiza y vincula al eventual responsable.

(…)

El Consejo de Estado11, en sentencia de unificación frente a la figura de caducidad,
en casos de daños originados en delitos de lesa humanidad, estableció que para
computar el término de caducidad es necesario determinar que el interesado tuvo la
posibilidad de saber que el Estado participó en los hechos que dieron lugar al daño,
esto es, el grupo familiar conoce la muerte de uno de sus miembros y que el Estado
estuvo implicado en la misma, sin que ello requiera de la individualización o sanción
penal del agente que ocasionó el daño, sino simplemente el conocimiento de la
intervención de una autoridad.

(…)

De acuerdo a ello, se advierte que en materia de la caducidad del medio de control
de reparación directa en asuntos como el aquí estudiado, el término no corre hasta
tanto se cuente con elementos para deducir la participación del Estado en los
hechos y se advierta la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial, lo cual
quiere decir que, cuando se presenten tales circunstancias, no existe justificación
para que la situación quede indefinida en el tiempo y, por ende, a partir de allí resulta
procedente el cómputo del término establecido por el legislador, tal como ocurre en
materia penal cuando se individualiza y vincula al eventual responsable.

Es decir, que para tener en cuenta el término de caducidad dentro del presente
asunto, es necesario establecer el momento en que las demandantes pudieron
inferir la participación del Estado en la muerte de Jhon James Mejía Posada.

Pues bien, dentro de las pruebas aportadas al proceso, reposa escrito suscrito por
María Edilma Patiño, del 23 de enero de 2006, y dirigido a la Seccional de Fresno
(Tol.) de la Fiscalía General de la Nación, en el que indicó expresamente que Jhon
James Mejía Posada, quien falleció por “muerte violenta en enfrentamiento con el

10 Consejo De Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena. C.P.

Marta Nubia Velásquez Rico. Sentencia del 29 de enero de 2020, radicado 85001-33-33-002-2014-
00144-01 (61033).
11 Ibidem.

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ejército en la Vereda La Albania el día 06 de noviembre de 2005”, es decir, que para
ese momento ya tenía conocimiento de la intervención del Ejercito en la muerte de
su esposo.

Y el 8 de noviembre de 2005, fue entregado el cuerpo de Jhon James Mejía Posada,
según acta de entrega; sin que se aprecie en adelante ninguna otra actuación de
los demandantes en ese sentido.

Así las cosas, el término de caducidad del presente medio de control debe
contabilizarse a partir del 24 de enero de 2006 y venció el 24 de enero de 2008, sin
embargo, la demanda, fue radicada hasta el 19 de diciembre de 2016.

Por lo anterior se confirmará lo decidido por el a quo, en razón a la configuración de
la caducidad frente a las pretensiones relacionadas con la muerte de Jhon James
Mejía Posada». (Sic en toda la cita)

31. De la transcripción se observa que la autoridad judicial accionada realizó un
estudio amplio y suficiente del fenómeno de la caducidad, conforme con la
normatividad y la jurisprudencia de esta Corporación relacionada con la materia, lo
que le permitió concluir que dicho término debía contabilizarse a partir del momento
en que la parte demandante pudo inferir la participación del Estado en la muerte del
señor Jhon James Mejía Posada.

32. Al respecto, consideró que la entrega del cuerpo del señor Mejía Posada el 8 de
noviembre de 2005 y el escrito del 23 de enero de 2006, mediante el cual la señora
María Edilma Patiño indicó que falleció por muerte violenta en enfrentamiento con el
Ejército Nacional el 6 de noviembre de 2005», resultaban suficientes para concluir
que la parte demandante conoció de la participación del Ejército Nacional en el hecho,
por lo menos, desde el 23 de enero de 2006. En consecuencia, estimó que el término
de caducidad del medio de control se debía contabilizar a partir del día siguiente, esto
es, el 24 de enero del mismo año.

33. Sin embargo, dicho término feneció el 24 de enero de 2008 y la demanda fue
interpuesta únicamente hasta el 19 de diciembre de 2016, es decir, aproximadamente
8 años después. Por consiguiente, la autoridad judicial accionada encontró
configurado el fenómeno de la caducidad respecto del núcleo familiar del señor Mejía
Posada, determinación que, como se expuso previamente, se sustentó en la
normatividad, la jurisprudencia y principalmente, en las pruebas allegadas al proceso.
Luego, no se acreditó la existencia del defecto por falta de motivación.

34. Ahora, si bien la parte accionante sostuvo que la autoridad judicial accionada
fundamentó su decisión en «un oficio suscrito por una persona ajena al núcleo
familiar», esta Sala advierte que el elemento aludido corresponde al escrito
presentado por la señora María Edilma Patiño, cónyuge del señor Mejía Posada,
quien además ostenta la calidad de accionante dentro del presente proceso de tutela.
35. En ese sentido, se le recuerda a la parte accionante que el control ejercido por el
juez constitucional es un juicio de validez y no de corrección. De ahí que, al no
evidenciarse que la decisión judicial adoptada dentro del proceso de reparación
directa contraríe el ordenamiento jurídico y vulnere los derechos fundamentales
invocados. Por lo tanto, no existe mérito suficiente para acceder a las pretensiones
de la acción de tutela.

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36. Así las cosas, esta Subsección revocará parcialmente la sentencia proferida el 12
de marzo de 2026 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante la cual se
declaró improcedente la acción de tutela por falta de relevancia constitucional,
únicamente respecto del defecto por falta de motivación, para, en su lugar, negar el
amparo y confirmar dicha decisión frente al defecto fáctico por omisión en la
valoración probatoria, pero por el incumplimiento del requisito de subsidiariedad.

37. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

I. FALLA

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia proferida el 12 de marzo de
2026 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró
improcedente la acción de tutela por falta de relevancia constitucional, únicamente
respecto del defecto por falta de motivación, para, en su lugar:

SEGUNDO: NEGAR el amparo de la acción de tutela, de conformidad con los
argumentos desarrollados previamente.

TERCERO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia proferida el 12 de marzo de 2026
por la Sección Quinta del Consejo de Estado, pero por las razones expuestas en la
parte motiva de esta decisión judicial.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

QUINTO: REMITIR el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la
fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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