Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06699-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06699-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-06699-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
20 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06699-00
Accionante: Alejandro Bejarano García
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D y otro
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial
Decisión: Niega el amparo por no demostrarse los defectos alegados
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la acción
de tutela formulada por señor Alejandro Bejarano García, quien actúa por conducto
de apoderado judicial en contra del Juzgado Cincuenta y Cuatro Administrativo del
Circuito de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D, por la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido
proceso, seguridad, igualdad, primacía de la realidad sobre las formas, así como el
principio de confianza legitima, ocurrida con ocasión de las providencias proferidas
el 19 de septiembre de 2024 y el 8 de mayo de 2025, respectivamente, al interior
del proceso del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 11001-33-42-054-2023-00149-01.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
2. El señor Alejandro Bejarano García, en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, interpuso demanda en contra de la Nación –
Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y Caja de Retiro de las Fuerzas Militares,
a fin de que se declarara la nulidad de la Resolución 4669 del 14 de abril de 2023 1
y a título de restablecimiento del derecho, se le reconociera y pagara la asignación
de retiro.
3. El proceso correspondió por reparto al Juzgado Cincuenta y Cuatro Administrativo
del Circuito de Bogotá, autoridad judicial que, a través de la sentencia del 19 de
septiembre de 2024 negó las pretensiones de la demanda, al considerar que el actor
1 Mediante la cual se resolvió no reponer la Resolución 3381 del 8 de marzo de 2023, que negó el
reconocimiento y pago de la asignación de retiro.
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no cumplía los requisitos para acceder a la asignación de retiro, pues, aunque prestó
el servicio durante 16 años, 8 meses y 13 días, únicamente resultaban computables
10 años, 9 meses y 24 días, en virtud de la exclusión del tiempo en que estuvo
privado de la libertad por el delito de homicidio en persona protegida.
4. En sede de apelación, la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del 8 de mayo de 2025
confirmó la decisión judicial anterior, tras concluir que el señor Bejarano García
únicamente acreditó un tiempo de servicios de 10 años, 9 meses y 14 días, por lo
que no cumplía los requisitos establecidos en el artículo 163 del Decreto 1211 de
1990 para obtener el reconocimiento y pago de una asignación de retiro.
2.2. Fundamento jurídico
5. La parte accionante manifestó que la autoridad judicial incurrió en los siguientes
defectos:
• Procedimental absoluto: manifestó que las autoridades judiciales
accionadas desconocieron las reglas procesales sobre apreciación
probatoria, pues no valoraron las constancias de aportes efectuados a la Caja
de Retiro de las Fuerzas Militares y un documento expedido por el Ministerio
de Defensa Nacional que reconoció la prima de antigüedad.
Adicionalmente, encontró configurada la causal, debido a que
supuestamente se ignoró el análisis de los argumentos de apelación
relacionados con el Acto Legislativo 01 de 2017 y la Ley 923 de 2004, en
contravía con lo dispuesto en los artículos 176 y 180 del CPACA.
Por último, indicó que no se integró el marco constitucional de justicia
transicional dentro del razonamiento desarrollado en las sentencias
cuestionadas.
• Sustantivo: al respecto, señaló que se inaplicaron los numerales 2.7 y 2.8
de la Ley 923 de 2004, los cuales disponen que no puede discriminarse por
ninguna razón a los miembros de la Fuerza Pública en el trámite
administrativo del reconocimiento de una asignación de retiro, ni
desconocerse la prestación económica por retiro del servicio, sin importar la
causal.
De igual forma, adujo que se omitió la aplicación del numeral 3.1 ibidem, que
dispone: «el derecho a la asignación de retiro para los miembros de la Fuerza
Pública se fijará exclusivamente teniendo en cuenta el tiempo de formación,
el de servicio y/o aportado», pues, aunque el señor Bejarano García continuó
realizando aportes regulares a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares
durante su privación de libertad, no le reconocieron ni pagaron la prestación
económica.
• Fáctico al omitir la valoración de las constancias de aportes efectuados a la
Caja de Retiro de las Fuerzas Militares y un documento expedido por el
Ministerio de Defensa Nacional que reconoció la prima de antigüedad.
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• Violación directa de la Constitución Política en relación con el artículo 1°
y 2, pues transgredió el derecho fundamental a la dignidad humana y la
obligación estatal de garantizar la efectividad de los derechos; el artículo 4,
relativo a la supremacía constitucional; el artículo 13, al brindarle un trato
desigual al señor Bejarano García frente a otros miembros del Ejército
Nacional en circunstancias similares; el artículo 29 debido a que se
desconocieron pruebas y argumentos desarrollados en el recurso de
apelación; los artículos 48, 53, 83 y 228 al ignorar los efectos jurídicos de las
cotizaciones realizadas y priorizar formalismos.
• Desconocimiento del precedente judicial: en lo que concierne a la
sentencia C-007 de 2018 de la Corte Constitucional, la cual examinó la
constitucionalidad del artículo 51, parágrafo 1º, de la Ley 1820 de 2016, y
declaró ajustado a la Carta Política el beneficio otorgado a los miembros de
la Fuerza Pública, consistente en computar el tiempo de privación efectiva de
la libertad como tiempo de servicio para efectos del reconocimiento de la
asignación de retiro.
Asimismo, encontró desconocida la sentencia del 19 de julio de 2019,
expediente 5445-2018, proferida por la Sección Segunda del Consejo de
Estado, mediante la cual se afirmó que el retiro por separación absoluta no
puede considerarse una causal excluyente del derecho pensional, sino que
debe interpretarse dentro de la categoría abierta de “mala conducta
comprobada”, a fin de garantizar el principio de favorabilidad laboral y
pensional.
2.3. Pretensiones
6. Con fundamento en lo anterior, solicitó:
«Protección y Amparo Constitucional (Pretensión Principal) CONCEDER EL
AMPARO DEFINITIVO de los derechos fundamentales al Debido Proceso (Art. 29
C.P.) a la Igualdad (Art. 13 C.P.), a la Seguridad Social (Art. 48 C.P.), a la Primacía
de la Realidad sobre las Formas (Art. 53 C.P.) a la Confianza Legítima (Art. 83 C.P.)
del señor ALEJANDRO BEJARANO GARCÍA.
Anulación de las Providencias Judiciales (Consecuencia del Amparo) DEJAR SIN
EFECTO (Anular) la Sentencia de Primera Instancia proferida el 19 de septiembre
de 2024 por el Juzgado 54 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá , así como
la Sentencia de Segunda Instancia proferida el 08 de mayo de 2025 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda, Subsección "D" , dentro del
medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho con radicado No.
11001334205420230014901.
Orden Judicial de Corrección (Restablecimiento del Orden): ORDENAR al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda, Subsección "D" (o al juez que
corresponda) que, en el término perentorio de cuarenta y ocho (48) horas,
PROFIERA UNA NUEVA SENTENCIA en el proceso ordinario, en la cual se corrijan
los defectos de naturaleza constitucional, debiendo:
a) Subsanar el Defecto Fáctico mediante la valoración expresa y prioritaria de las
pruebas documentales omitidas, especialmente las constancias de aportes
continuos a CREMIL entre diciembre de 2004 y septiembre de 2018, y el documento
de reconocimiento de la prima de antigüedad por el Ministerio de Defensa Nacional
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(folio 155), para determinar el cumplimiento de los 15 años de servicio.
b) Subsanar el Defecto Sustantivo mediante la aplicación de las normas posteriores
y especiales (Acto Legislativo 01 de 2017, Ley 923, Código Sustantivo del Trabajo,
Ley 1820 de 2016 y Ley 1957 de 2019), garantizando la prevalencia del principio de
Favorabilidad y el Tratamiento Simétrico, Equitativo y Equilibrado para el cómputo
del tiempo de privación de la libertad del accionante.
c) Subsanar el Desconocimiento del Precedente mediante la aplicación de la línea
jurisprudencial del Consejo de Estado que equipa la causal de "separación
absoluta" a la de "mala conducta comprobada" a efectos pensionales, para el
reconocimiento de la asignación de retiro con 15 años de servicio conforme al
régimen de transición de la Ley 923 de 2004.
Restablecimiento del Derecho (Conexidad): Primera Subsidiaria, en el evento en
que esta ALTA CORTE estime conveniente, ruego se emita sentencia sustitutiva de
segunda instancia accediendo a las pretensiones del medio de control y en su lugar
ordene CONDENAR a la NACIÓN, al MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, al
EJÉRCITO NACIONAL y a la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES -
CREMIL a reconocer y pagar al señor ALEJANDRO BEJARANO GARCÍA la
Asignación de Retiro retroactiva desde el 18 de septiembre de 2018, junto con los
intereses moratorios correspondientes y las demás condenas (daño material y
moral) solicitadas en el medio de control de Nulidad y Restablecimiento del
Derecho.
Que se adopten las medidas adicionales, necesarias y pertinentes bajo la potestad
ultra y extra petita para proteger los derechos fundamentales del señor
ALEJANDRO BEJARANO GARCIA». (Sic en toda la cita)
2.4. Intervenciones
7. La acción de tutela objeto de análisis fue admitida mediante auto del 27 de octubre
de 2025, a través del cual se ordenó notificar al Juzgado Cincuenta y Cuatro
Administrativo del Circuito de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección D como accionados y a la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional – Ejército Nacional y Caja de Retiro de las Fuerzas Militares –
como terceros interesados en el resultado del proceso.
8. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
D manifestó que el accionante únicamente acreditó 10 años, 9 meses y 2 días de
prestación de servicios, pues el periodo correspondiente a la pena impuesta por el
delito de homicidio en persona protegida no se contabiliza para acceder a la
asignación de retiro. De modo que, no cumplió los requisitos exigidos en el artículo
163 del Decreto 1211 de 1990.
9. Así las cosas, sostuvo que no incurrió en los defectos alegados por el actor ni
vulneró los derechos fundamentales invocados. Luego, solicitó que se nieguen las
pretensiones de la acción de tutela.
10. El Juzgado Cincuenta y Cuatro Administrativo del Circuito de Bogotá
expuso que efectuó un análisis fáctico y jurídico del caso concreto y profirió su
decisión judicial con plena observancia del marco normativo aplicable, sin vulnerar
los derechos fundamentales invocados. En atención a lo anterior, indicó que el señor
Bejarano García presentó la acción de tutela de referencia, con la finalidad de
acceder a una instancia adicional, aspecto que no se encuentra contemplado en el
ejercicio del mecanismo constitucional. Por ende, solicitó que se declare
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improcedente, o en su defecto, se deniegue el amparo.
11. La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares afirmó que las autoridades judiciales
accionadas garantizaron los derechos fundamentales del actor, situación que no se
desvirtúa ante la decisión de negar las pretensiones de la demanda. Además, indicó
que las sentencias proferidas en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho se constituyen como cosa juzgada, por lo que no resulta adecuado que se
cuestionen a través de la acción de tutela. Finalmente, solicitó que se declare la
improcedencia del escrito de referencia.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
12. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.
3.2. Cuestión previa
13. Sibien la parte accionante dirige la acción de tutela contra las sentencias
proferidas el 19 de septiembre de 2024 por el Juzgado Cincuenta y Cuatro
Administrativo del Circuito de Bogotá y el 8 de mayo de 2025 por la Subsección D
de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, esta última
fue la que resolvió en definitiva el proceso cuestionado. En consecuencia, esta
Subsección se limitará a efectuar el estudio de la sentencia proferida en segunda
instancia, siempre que la acción de tutela cumpla los requisitos generales de
procedibilidad.
14. Por otro lado, aunque la parte accionante alegó que la autoridad judicial incurrió
en el defecto procedimental absoluto al (i) omitir el análisis de los argumentos de
apelación relacionados con el Acto Legislativo 01 de 2017 y la Ley 923 de 2004, en
contravía de los artículos 176 y 180 del CPACA, y (ii) no incorporar el marco
constitucional de justicia transicional en la motivación de las sentencias
cuestionadas, lo cierto es que no desarrolló dichos reproches de manera concreta
ni explicó cómo tales omisiones habrían influido en el sentido de la decisión.
15. Además, aunque afirmó que el Tribunal accionado incurrió en el defecto
procedimental absoluto al omitir valorar las constancias de aportes efectuados a la
Caja de Retiro de las Fuerzas Militares y un documento expedido por el Ministerio
de Defensa Nacional que reconoció la prima de antigüedad, lo cierto es que utilizó
el mismo argumento para alegar la existencia de un defecto fáctico. Por lo tanto,
esta Subsección únicamente analizará esta última causal, en el evento en que se
cumplan los requisitos de procedibilidad para cuestionar providencias judiciales.
16. Por último, se advierte que la supuesta violación directa de la Constitución se
sustenta en los mismos argumentos expuestos en las demás causales invocadas,
por lo que no resulta indispensable su análisis. En consecuencia, esta causal
tampoco será objeto de estudio.
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3.3. Problema jurídico
17. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe en
determinar si la acción de tutela cumple los requisitos de procedibilidad para
cuestionar providencias judiciales. En el evento en que, así sea, deberá
establecerse si la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca incurrió en los fáctico, sustantivo y desconocimiento del
precedente judicial, al proferir la sentencia del 8 de mayo de 2025 al interior del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-42-054-
2023-00149-01.
3.4. Procedencia de la acción de tutela
18. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.
Fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de las
personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las
autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer
decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa judicial
para hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene el
carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.
19. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a
los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es
susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando
desborda los límites que la Carta le impone.
20. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, como son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio
sea de evidente relevancia constitucional; (ii) que en el proceso se hayan agotado
todos los medios de defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se
encuentren al alcance de quien demande el amparo, salvo, claro está, que se
busque evitar un perjuicio irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla
con el requisito de inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en
sustancial: cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la
misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y
que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; (v) que se identifique la
situación fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate
sentencias de tutela.
3.4.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia,
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que habilitan su interposición.
3.4.1.1. En efecto, esta Sala considera que tanto los hechos como los derechos
fundamentales presuntamente vulnerados se encuentran plenamente
individualizados.
3.4.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de
recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional, salvo
los argumentos planteados para fundamentar el defecto fáctico, según el cual
la autoridad judicial accionada omitió valorar las constancias de aportes
efectuados a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares y un documento
expedido por el Ministerio de Defensa Nacional que reconoció la prima de
antigüedad, pues la tesis de esta Subsección indica que dicho planteamiento
puede ser alegado a través del recurso extraordinario de revisión bajo la
causal 5 del artículo 250 del CPACA 2, por lo que no se cumple el requisito de
subsidiariedad frente a ese aspecto.
3.4.1.3. Se observa igualmente que la interposición 3 del mecanismo constitucional
se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más de
6 meses desde la notificación de la última providencia cuestionada 4.
3.4.1.4. El asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en la medida
en que se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental derivada de
la presunta configuración de los defectos sustantivo y desconocimiento del
precedente judicial por la supuesta inaplicación de los numerales 2.7, 2.8 y 3.1 de
la Ley 923 de 2004, el desconocimiento de la sentencia C-007 de 2018 de la Corte
Constitucional y la decisión judicial proferida el 19 de julio de 2019 por el Consejo
de Estado, expediente 5445-2018, defectos debidamente fundamentados.
21. Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.
3.5. El defecto sustantivo como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial
22. La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha delimitado el campo de
aplicación de la violación al debido proceso por defecto sustantivo en los siguientes
términos:
«Cuando en una providencia se desconocen las normas que son evidentemente
aplicables al caso, cuando se realiza una interpretación de la normatividad (sic) que
contraría los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica y cuando omite la
aplicación de una regla definida por una sentencia con efecto erga omnes. En suma,
el defecto sustantivo se configura cuando la interpretación y aplicación de la
normatividad al caso concreto resulta contraria a los criterios mínimos de juridicidad
y razonabilidad que orientan al sistema jurídico»5.
23. En este sentido, dicha corporación ha identificado una serie de eventos en los
cuales se configura el defecto sustantivo como causal específica de procedibilidad
2 Consultar entre otras la sentencia del 6 de noviembre de 2025, radicado: 11001-03-15-000-2025-04796-01.
3 24 de octubre de 2025.
4 15 de mayo de 2025.
5Corte Constitucional, sentencia T-1143 de 28 de noviembre de 2003, magistrado ponente: Eduardo
Montealegre Lynett.
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de la acción de tutela contra providencias judiciales:
«El defecto sustantivo como una circunstancia que determina cierta carencia de
juridicidad de las providencias judiciales, aparece, como ya se mencionó, cuando la
autoridad judicial respectiva desconoce las normas de rango legal o infralegal
aplicables en un caso determinado, ya sea por su absoluta inadvertencia, por su
aplicación indebida, por error grave en su interpretación o por el desconocimiento
del alcance de las sentencias judiciales con efectos erga omnes cuyos precedentes
se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada.
En otras palabras, una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo:
(i) Cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida en
cuenta por el fallador.
(ii) Cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce
a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse
de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente
perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o
desproporcionada), y, finalmente.
(iii) Cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de
la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre
la que pesa la cosa juzgada respectiva”.
Frente a la configuración de este defecto, puede concluirse que, si bien es cierto
que los jueces dentro de la esfera de sus competencias cuentan con autonomía e
independencia judicial para interpretar y aplicar las normas jurídicas, dicha facultad
no es en ningún caso absoluta. Por tratarse de una atribución reglada, emanada de
la función pública de administrar justicia, la misma se encuentra limitada por el orden
jurídico preestablecido y, principalmente, por los valores, principios, derechos y
garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho».
«Ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación que el defecto sustantivo que
convierte en vía de hecho una sentencia judicial, opera cuando la decisión que toma
el juez desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen al
apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto, bien sea, por
ejemplo (i) porque ha sido derogada y ya no produce ningún efecto en el
ordenamiento jurídico, (ii) porque ella es claramente inconstitucional y el funcionario
se abstuvo de aplicar la excepción de inconstitucionalidad, (iii) porque su aplicación
al caso concreto es inconstitucional, (iv) porque ha sido declarada inexequible por
la propia Corte Constitucional o, (v) porque, a pesar de estar vigente y ser
constitucional, no se adecúa a la circunstancia fáctica a la cual se aplicó, porque a
la norma aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los
expresamente señalados por el legislador»6.
24. Tal como se desprende de los apartes transcritos, hay lugar a declarar que se
presentó un defecto sustantivo cuando la autoridad judicial desconoció las normas
que son aplicables al caso bien sea por realizar una interpretación que contraría los
postulados mínimos de razonabilidad jurídica, o porque se desconoció la normativa
aplicable o porque omitió tener en cuenta la ratio decidendi de una sentencia con
efectos erga omnes.
3.5.1. Análisis del presunto defecto sustantivo en el caso concreto
25. La parte accionante adujo que la autoridad judicial accionada incurrió en el
6 Corte Constitucional, sentencia T – 581 de 27 de julio de 2011, magistrado ponente: Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub.
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defecto sustantivo al inaplicar el numeral 3.1 de la Ley 923 de 2004, que ordena
considerar el tiempo de formación, servicio o aportado para reconocer la asignación
de retiro, y al desconocer los numerales 2.7 y 2.8, que prohíben discriminar a los
miembros de la Fuerza Pública o negar la prestación por la causal de retiro, pues,
aunque cumplió con el tiempo de servicios requerido y continuó realizando aportes
regulares a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares durante su privación de
libertad, no se le reconoció ni pago la prestación económica.
26. Teniendo en cuenta lo anterior, conviene analizar los argumentos que
fundamentaron la decisión judicial cuestionada. Al respecto, se observa que el
Tribunal accionado mediante la sentencia del 8 de mayo de 2025, indicó lo siguiente:
«Así las cosas, el beneficio de la libertad transitoria condicionada y anticipada
otorgada a los miembros de la Fuerza Pública que estén en servicio activo implica
el levantamiento de la suspensión del ejercicio de funciones y atribuciones, excepto,
entre otros delitos, por el de homicidio, o que los delitos por los cuales son
investigados tengan una pena mínima privativa de la libertad de cinco (5) o más
años. Asimismo, los miembros de la Fuerza Pública investigados, una vez levantada
la suspensión de funciones y atribuciones, tendrán derecho a que se compute para
efecto de la asignación de retiro el tiempo que estuvieron privados de la libertad con
anterioridad a la entrada en funcionamiento de la JEP.
(…)
Asimismo, observa la Sala que mediante auto de 2 de mayo de 2018 proferido por
el Juzgado Veintisiete de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá,
no levantó la suspensión del ejercicio de funciones y atribuciones, pues solamente
concedió la libertad transitoria, condicionada y anticipada del actor; y ordenó librar
la boleta de libertad. Lo anterior, teniendo en cuenta que el demandante no tenía
derecho a ese beneficio comoquiera que, para la entrada en funcionamiento de la
JEP, esto es, 15 de marzo de 2018, el señor Bejarano García ya se encontraba
condenado por el delito de homicidio en persona protegida, es decir que no estaba
en curso investigación sobre su caso, y adicionalmente el delito por el cual fue
condenado que es homicidio está exceptuado de dicho beneficio.
Por lo tanto, no hay lugar a computar el tiempo de servicios en que el actor estuvo
privado de la libertad, comoquiera que desde el 15 de abril de 2013 hasta el 3 de
mayo de 2018, permaneció suspendido de sus funciones, por lo que ese tiempo no
puede ser considerado como en actividad para ser agregado al tiempo de servicios,
teniendo en cuenta que la suspensión es la consecuencia lógica del no ejercicio
efectivo y personal de las funciones a las que como servidor público se encuentra
obligado, como producto de una condena penal, por lo tanto, la deducción del
tiempo por suspensión se realizó con observancia de la ley.
(…)
De conformidad con el material probatorio obrante en el expediente, se observa que
el actor fue separado de forma absoluta del servicio el 18 de septiembre de 2018,
por lo que, en principio, la norma aplicable sería el Decreto 991 de 2015 para el
reconocimiento de la asignación del retiro, que exige haber acreditado un tiempo de
servicios de 20 años.
Sin embargo, la norma precisó que al personal de la Fuerza Pública que para la
entrada en vigencia de la Ley 923 de 2004 se encontrara en actividad, no se le
exigirá como requisito para acceder al reconocimiento de la mencionada
asignación, un tiempo de servicio superior al establecido en las disposiciones
vigentes, esto es, en el Decreto 1211 de 1990; y como el actor para el 30 de
diciembre de 2004 se encontraba en servicio activo en el Ejército Nacional, debe
regirse por lo dispuesto en el Decreto 1211 de 1990, y no por el Decreto 991 de
2015, toda vez que no respetó los elementos mínimos previstos en la Ley marco.
Ahora bien, el Decreto 1211 de 1990, en su artículo 163 exige un tiempo de servicio
mínimo de 15 años para el reconocimiento de la asignación cuando el retiro se
produce por llamamiento a calificar servicios o por voluntad del Gobierno o de los
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de Comandos de Fuerza, según el caso, o por sobrepasar la edad máxima
correspondiente al grado, por disminución de la capacidad sicofísica, por
incapacidad profesional, o por inasistencia al servicio por más de cinco (5) días sin
tener causa justificada o por conducta deficiente, y los que se retiren por solicitud
propia después de 20 años de servicio.
(…)
En un caso similar, el Consejo de Estado mediante Sentencia de 19 de julio de 2019
emitió pronunciamiento respecto al reconocimiento de la asignación de retiro
cuando la causal es separación absoluta, teniendo en cuenta, que si bien es cierto
el Decreto 1211 de 1990 no contempla de manera taxativa esta causal, lo cierto es
que la misma se equipara a la denominada “mala conducta comprobada”,
permitiendo el reconocimiento de la prestación.
De conformidad con lo expuesto, la separación absoluta del servicio, en casos en
los que éste se produce como consecuencia de una condena proferida por un
proceso penal, si da lugar a que el agente del Estado tenga derecho a percibir una
asignación de retiro, siempre y cuando cumpla con los demás requisitos legales.
En ese orden de ideas, el señor Alejandro Bejarano García acreditó un tiempo de
servicios de 10 años, 9 meses y 14 días, y su retiro se produjo por separación
absoluta, lo que significa que no acreditó los requisitos establecidos en el artículo
163 del Decreto 1211 de 1990, para obtener el reconocimiento y pago de una
asignación de retiro».
27. Como se observa, la autoridad judicial accionada manifestó que el beneficio de
la libertad transitoria, condicionada y anticipada, que implica el levantamiento de la
suspensión del ejercicio de funciones y atribuciones, exceptúa los delitos de
homicidio y aquellos cuya pena mínima privativa de la libertad sea igual o superior
a 5 años. Asimismo, precisó que únicamente quienes obtienen el levantamiento de
dicha suspensión pueden computar el tiempo de privación de la libertad, siempre
que ese periodo hubiere transcurrido antes de la entrada en funcionamiento de la
JEP.
28. En el caso concreto, el señor Bejarano García obtuvo la libertad transitoria,
condicionada y anticipada, mas no logró acceder al levantamiento de la suspensión
del ejercicio de funciones y atribuciones, debido a que la condena impuesta por el
delito de homicidio en persona protegida lo excluye del beneficio. En consecuencia,
el Tribunal accionado concluyó que el periodo en que el actor permaneció privado
de su libertad no podía ser computado como tiempo de prestación de servicios.
29. En relación con el marco normativo aplicable para determinar los requisitos del
acceso a la asignación de retiro, la autoridad judicial accionada argumentó que,
aunque el retiro del actor ocurrió durante la vigencia del Decreto 991 de 2015, la
Ley 923 de 2004 estableció que, a quienes se encontraran activos para su entrada
en vigencia, como sucedió en el caso concreto, no les resultaría exigibles requisitos
más gravosos que los previstos en el Decreto 1211 de 1990. Por lo tanto, aplicó
esta última norma.
30. Al respecto, sostuvo que el artículo 163 del Decreto 1211 de 1990 les exige a los
miembros de la Fuerza Pública un tiempo mínimo de 15 años de servicios para
obtener la prestación económica, según la causal de retiro correspondiente.
31. Sin embargo, la autoridad judicial accionada únicamente encontró acreditado un
tiempo de servicios de 10 años, 9 meses y 14 días, motivo por el cual concluyó que
no se cumplió el requisito temporal exigido en el Decreto 1211 de 1990 para ordenar
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el reconocimiento y pago de la asignación de retiro y por ello, confirmó la decisión
de negar las pretensiones de la demanda.
32. De conformidad con lo expuesto, esta Subsección advierte que, si bien el señor
Bejarano García sostiene haber cumplido el término exigido para acceder a la
asignación de retiro, lo cierto es que el periodo correspondiente a la pena de prisión
impuesta por el delito de homicidio en persona protegida se le dedujo de su
cómputo. De ahí que, solo lograra acreditar 10 años, 9 meses y 14 días de
prestación de servicios, tiempo insuficiente para acceder a la prestación económica.
33. Así las cosas, esta Subsección estima que la autoridad judicial accionada no
desconoció el tiempo de formación y servicio del señor Alejandro Bejarano, sino que
se limitó a aplicar la normatividad vigente sobre la materia, la cual establece de
manera clara que los periodos de privación de la libertad derivados de la comisión
de un delito no pueden ser computados como tiempo de servicio. Por ende, no se
encuentra demostrado el desconocimiento de los numerales 2.7, 2.8 y 3.1 de la Ley
923 de 2004.
3.6. El desconocimiento del precedente como causal de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales
34. Sobre el particular, la Corte Constitucional, al efectuar el estudio de exequibilidad
respecto del artículo 4 de la Ley 169 de 1896 7, precisó que de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 230 superior, los jueces solo están sometidos al imperio de
la ley y por tanto no están obligados a fallar en la misma forma como lo han hecho
en casos anteriores, siempre y cuando, «expongan clara y razonadamente los
fundamentos jurídicos que justifican su decisión».
35. Por tal razón, el mismo Tribunal Constitucional consideró en la Sentencia C-590
de 2005, que el desconocimiento injustificado del precedente judicial por parte del
juez, constituye una causal especial de procedibilidad de la acción de tutela.
36. Respecto del precedente vertical 8, la jurisprudencia constitucional ha sido
enfática en sostener que la autonomía del juez se encuentra limitada por el respeto
hacia las decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía y, en especial,
por los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones.
37. Así, el precedente judicial vinculante está constituido por aquellas
consideraciones jurídicas que están cierta y directamente dirigidas a resolver el
asunto fáctico sometido a consideración del juez, es decir, está ligado a la ratio
decidendi o razón central de la decisión anterior, la que, al mismo tiempo, surge de
los presupuestos fácticos relevantes de cada caso 9.
38. Por consiguiente, si el juez en su sentencia justifica de manera suficiente y
razonable el cambio de criterio respecto de la línea jurisprudencial que ha seguido
en casos sustancialmente idénticos, quedan salvadas las exigencias de la igualdad
y de la independencia judicial; por tanto, no podrá reprocharse a la sentencia
7
Sentencia C-836 de 9 de agosto de 2001, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
8
Sentencia T-468 de 5 de junio de 2003, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
9
Sentencia T-049 de 1 de febrero de 2007: magistrado ponente: Clara Inés Vargas Hernández.
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arbitrariedad ni inadvertencia y el juez no habrá efectuado entre los justiciables
ningún género de discriminación 10.
39. En otros términos, solo los cambios de jurisprudencia no justificados o no
advertidos de manera franca serán pasibles de control de manera excepcional por
parte del juez de tutela, en tanto que constituyen manifestaciones de arbitrariedad
por parte del Juez que dejan irrealizadas la igualdad de quienes se encuentran en
idénticas circunstancias frente a la Ley.
3.6.1. Análisis del presunto desconocimiento del precedente judicial en el
caso concreto
40. El señor Alejandro Bejarano afirmó que el tribunal accionado incurrió en el
desconocimiento del precedente judicial, en lo que concierne a la sentencia C-007
de 2018 de la Corte Constitucional, mediante la cual se examinó la
constitucionalidad del parágrafo 1º del artículo 51 de la Ley 1820 de 2016 y se
concluyó que el beneficio otorgado a los miembros de la Fuerza Pública, consistente
en computar el tiempo de privación efectiva de la libertad como tiempo de servicio
para efectos del reconocimiento de la asignación de retiro resultaba ajustado a la
Carta Política.
41. La norma precitada estableció que, para los miembros de la Fuerza Pública en
servicio activo, la libertad transitoria, condicionada y anticipada conlleva el
levantamiento de la suspensión de funciones, salvo para el delito de homicidio u
otros 11. Luego, indicó que quienes accedan a dicho beneficio ante la JEP y antes
de su entrada en funcionamiento, podrán contabilizar el tiempo de privación de la
libertad, siempre que hayan continuado realizando los aportes correspondientes.
42. En consecuencia, se observa que la Alta Corporación no se refirió a los miembros
de la Fuerza Pública que se encuentran exceptuados del beneficio del
levantamiento de la suspensión del ejercicio de funciones y atribuciones, categoría
en la que se encuentra el actor, sino de aquellos que no fueron condenados por
delitos de homicidio, tráfico de armas, concierto para delinquir y los demás
establecidos en el artículo 46 de la Ley 1820 de 2016. Por lo tanto, el planteamiento
del actor se encuentra descontextualizado, máxime cuando, a través de la sentencia
C-007 de 2018, se declaró la constitucionalidad integral del artículo 51 de la Ley
1820 de 2016.
43. Asimismo, la parte accionante estimó desconocida la sentencia del 19 de julio de
2019, proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, expediente 5445-
2018, mediante la cual se afirmó que el retiro por separación absoluta no puede
considerarse una causal excluyente del derecho pensional, sino que debe
interpretarse dentro de la categoría abierta de “mala conducta comprobada”, a fin
de garantizar el principio de favorabilidad laboral y pensional.
44. Sin embargo, como se expuso previamente, la decisión judicial cuestionada no
se fundamentó en la causal de retiro del actor, sino en el incumplimiento del término
de prestación de servicios requeridos en el Decreto 1211 de 1990. Además, la
10
Sentencia T-123 de 21 de marzo de 1995, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
11
Tráfico de armas, concierto para delinquir, y los demás previstos en el artículo 46 de la Ley 1820 de 2016.
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autoridad judicial no contempló una situación fáctica similar a la del señor Bejarano
García, en la medida en que al entonces accionante no lo condenaron por el delito
de homicidio en persona protegida ni se le dedujo tiempo de servicios en virtud de
la comisión de otro delito excluido del beneficio de levantamiento de la suspensión
del ejercicio de funciones y atribuciones de los miembros de la Fuerza Pública.
45. En conclusión, se advierte que la autoridad judicial accionada no incurrió en los
defectos sustantivo y desconocimiento del precedente, por el contrario, adoptó su
decisión judicial conforme a lo establecido en la normatividad aplicable al caso y la
jurisprudencia vigente, garantizando los derechos fundamentales del señor
Alejandro Bejarano García. Por ende, se anticipa que se negarán las pretensiones
de la demanda.
46. En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la acción de tutela formulada por el señor
Alejandro Bejarano García, de conformidad con los argumentos expuestos en la
parte motiva de esta sentencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión en caso de no ser impugnada la presente providencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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