Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06699-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06699-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-06699-01
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
26 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D.C., veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001 03 15 000 2025 06699 01
Demandante: Alejandro Bejarano García
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y Juzgado
Cincuenta y Cuatro del Circuito Judicial de Bogotá
Acción: Acción de tutela
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Revoca la sentencia impugnada. Declara improcedente
la acción de tutela por no cumplir con los requisitos
generales de subsidiariedad y relevancia constitucional
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el ciudadano Alejandro Bejarano García,
a través de apoderado judicial, en contra de la sentencia de tutela de 20 de noviembre
de 2025, proferida por la Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
que negó las pretensiones de la demanda.
1. SÍNTESIS DEL CASO
El ciudadano Alejandro Bejarano García, actuando a través de apoderado judicial,
interpuso acción de tutela con el propósito de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad, seguridad social y los principios de primacía
de la realidad sobre las formas y confianza legitima, los cuales consideró vulnerados por
el Juzgado Cincuenta y Cuatro (54) del Circuito Judicial de Bogotá 1 y el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca- Sección Segunda- Subsección “D”2, al proferir las
providencias de 19 de septiembre de 2024 y 8 de mayo de 2025, respectivamente, dentro
del medio de control de nulidad y restableciendo del derecho con número único de
radicación 11001 33 42 054 2023 00149 00/01.
Como pretensiones se indicaron las siguientes:
2.1. Protección y Amparo Constitucional (Pretensión Principal) CONCEDER
EL AMPARO DEFINITIVO de los derechos fundamentales al Debido Proceso
(Art. 29 C.P.), a la Igualdad (Art. 13 C.P.), a la Seguridad Social (Art. 48 C.P.), a
la Primacía de la Realidad sobre las Formas (Art. 53 C.P.) y a la Confianza
Legítima (Art. 83 C.P.) del señor ALEJANDRO BEJARANO GARCÍA.
2.2. Anulación de las Providencias Judiciales (Consecuencia del Amparo)
DEJAR SIN EFECTO (Anular) la Sentencia de Primera Instancia proferida el 19
de septiembre de 2024 por el Juzgado 54 Administrativo del Circuito Judicial de
1 En adelante el Juzgado.
2 En adelante el Tribunal.
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Demandante: Alejandro Bejarano García
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro
Bogotá, así como la Sentencia de Segunda Instancia proferida el 08 de mayo de
2025 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda,
Subsección "D", dentro del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del
Derecho con radicado No. 11001334205420230014901.
2.3. Orden Judicial de Corrección (Restablecimiento del Orden): ORDENAR
al Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda, Subsección "D"
(o al juez que corresponda) que, en el término perentorio de cuarenta y ocho (48)
horas, PROFIERA UNA NUEVA SENTENCIA en el proceso ordinario, en la cual
se corrijan los defectos de naturaleza constitucional, debiendo:
a) Subsanar el Defecto Fáctico mediante la valoración expresa y prioritaria
de las pruebas documentales omitidas, especialmente las constancias de
aportes continuos a CREMIL entre diciembre de 2004 y septiembre de 2018,
y el documento de reconocimiento de la prima de antigüedad por el
Ministerio de Defensa Nacional (folio 155), para determinar el cumplimiento
de los 15 años de servicio.
b) Subsanar el Defecto Sustantivo mediante la aplicación de las normas
posteriores y especiales (Acto Legislativo 01 de 2017, Ley 923, Código
Sustantivo del Trabajo, Ley 1820 de 2016 y Ley 1957 de 2019), garantizando
la prevalencia del principio de Favorabilidad y el Tratamiento Simétrico,
Equitativo y Equilibrado para el cómputo del tiempo de privación de la
libertad del accionante.
c) Subsanar el Desconocimiento del Precedente mediante la aplicación de
la línea jurisprudencial del Consejo de Estado que equipa la causal de
"separación absoluta" a la de "mala conducta comprobada" a efectos
pensionales, para el reconocimiento de la asignación de retiro con 15 años de
servicio conforme al régimen de transición de la Ley 923 de 2004.
2.4. Restablecimiento del Derecho (Conexidad): Primera Subsidiaria, en el
evento en que esta ALTA CORTE estime conveniente, ruego se emita sentencia
sustitutiva de segunda instancia accediendo a las pretensiones del medio de
control y en su lugar ordene CONDENAR a la NACIÓN, al MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL, al EJÉRCITO NACIONAL y a la CAJA DE RETIRO DE
LAS FUERZAS MILITARES - CREMIL a reconocer y pagar al señor
ALEJANDRO BEJARANO GARCÍA la Asignación de Retiro retroactiva desde
el 18 de septiembre de 2018 , junto con los intereses moratorios correspondientes
y las demás condenas (daño material y moral) solicitadas en el medio de control
de Nulidad y Restablecimiento del Derecho.
2.5. Que se adopten las medidas adicionales, necesarias y pertinentes bajo la
potestad ultra y extra petita para proteger los derechos fundamentales del señor
ALEJANDRO BEJARANO GARCIA.
2. SITUACIÓN FÁCTICA
Adujo que ingresó al Ejército Nacional como alumno de la Escuela Militar de Cadetes -
General José María Córdoba, donde posteriormente ascendió al grado de Subteniente
en diciembre de 2004.
Indicó que fue condenado por el Juzgado Penal del Circuito de Sonsón (Antioquia) por el
delito de homicidio en persona protegida, decisión que fue confirmada por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Antioquia mediante sentencia del 13 de agosto de 2015.
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Demandante: Alejandro Bejarano García
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro
Señaló que, en el año 2017, la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal le
concedió el beneficio de privación de la libertad en unidad militar y que el Ministerio de
Defensa Nacional le reconoció la prima de antigüedad prevista en el artículo 87 del
Decreto 1211 de 1990.
Adujo que, tras recuperar su libertad, se reincorporó al servicio y fue asignado al
Comando General de las Fuerzas Militares en el grado de Capitán, desempeñando
funciones de asesoría jurídica operacional.
Manifestó que, en septiembre de 2018, fue retirado del servicio activo mediante la
Resolución No. 6753, por la causal de separación absoluta, tras haber prestado más de
16 años de servicio.
Relató que, en abril de 2020, solicitó al Ministerio de Defensa el reconocimiento del
tiempo durante el cual estuvo privado de la libertad como tiempo de servicio, con
fundamento en la normativa de justicia transicional; sin embargo, dicha petición fue
negada mediante el Oficio núm. 2022313000203971 del 3 de febrero de 2022.
Expuso que, en enero de 2023, solicitó a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares
(CREMIL) el reconocimiento y pago de la asignación de retiro, lo cual fue negado
mediante las Resoluciones núm. 3381 y núm. 4669 de 2023.
Indicó que, contra dichas decisiones, interpuso demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, en la que solicitó el reconocimiento de la
asignación de retiro y el cómputo del tiempo de privación de la libertad como tiempo de
servicio. La demanda fue repartida al Juzgado, bajo el radicado núm. 11001 33 42 054
2023 00149 00.
Señaló que, mediante sentencia del 19 de septiembre de 2024, el referido Juzgado negó
las pretensiones de la demanda, decisión frente a la cual presentó recurso de apelación.
Adujo que el Tribunal, mediante sentencia de segunda instancia del 8 de mayo de 2025,
confirmó la decisión que negó las pretensiones de la demanda.
Como fundamento de la acción de tutela, el accionante sostuvo que las providencias
cuestionadas adolecen de los defectos procedimental absoluto, fáctico, sustantivo,
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución.
Respecto del defecto procedimental absoluto, alegó que “la apelación no fue decidida de
manera integral ni congruente, sino que el Tribunal limitó su análisis a reproducir
argumentos de la primera instancia”.
En cuanto al defecto fáctico, afirmó que se configuró debido a que las autoridades
judiciales omitieron la valoración de pruebas esenciales y determinantes para la
resolución del litigio, lo que condujo a conclusiones contrarias a la verdad procesal y al
principio de justicia material.
Respecto del desconocimiento del precedente, indicó que en su caso se ignoró la línea
jurisprudencial consolidada del Consejo de Estado en torno a la equiparación jurídica
entre la causal de retiro por “separación absoluta” y la causal de retiro por “mala conducta”
o “conducta deficiente”, para efectos del reconocimiento de la asignación de retiro
prevista en el artículo 3° de la Ley 923 de 2004.
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En lo relativo al defecto sustantivo, señaló que se desconocieron normas posteriores y
especiales aplicables, en particular los numerales 2.7 y 2.8 del artículo 2 y el artículo 3.1
de la Ley 923 de 2004, y que se omitió la integración de los principios de justicia laboral
y transición constitucional, lo que, en su criterio, afectó sus derechos al debido proceso,
a la igualdad, a la seguridad social y al principio de favorabilidad.
En cuanto a la violación directa de la Constitución Política, manifestó que las decisiones
judiciales desconocieron diversos derechos de rango constitucional, lo que configura una
vulneración múltiple del bloque de constitucionalidad y de los principios propios del
Estado Social de Derecho.
En lo concerniente al perjuicio irremediable, alegó que el daño es actual y de carácter
grave, pues el tiempo que transcurra sin la protección constitucional profundiza el
deterioro de su calidad de vida, el cual no puede ser plenamente compensado con un
reconocimiento tardío de la asignación de retiro.
Sostuvo que la imposibilidad de acceder a dicha prestación ha afectado su dignidad y
bienestar al impedirle atender sus necesidades básicas, pese a haber cumplido con sus
deberes como miembro de la Fuerza Pública y haber continuado realizando aportes al
CREMIL durante su privación de la libertad, lo que, en su criterio, demuestra su buena fe
y la expectativa legítima de obtener la protección jurídica correspondiente.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN D TUTELA
3.1. La acción de tutela fue admitida mediante auto del 27 de octubre de 20253, en el cual
se ordenó notificar4 al Juzgado y al Tribunal, en su calidad de autoridades judiciales
accionadas. Asimismo, se dispuso vincular a la Nación- Ministerio de Defensa Nacional
y a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares- CREMIL, como terceros con interés directo
en el resultado del proceso.
3.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca5 presentó informe en el que solicitó se
negara el amparo solicitado.
Indicó que, dado que el accionante fue condenado por el delito de homicidio en persona
protegida y permaneció suspendido en el ejercicio de sus funciones sin que dicha
suspensión fuera levantada al concedérsele la libertad transitoria, condicionada y
anticipada, el tiempo de privación de la libertad no podía ser computado para efectos
pensionales.
En ese contexto, en materia prestacional se aplicó el régimen de transición previsto en la
Ley 923 de 2004, que remite al Decreto 1211 de 1990 y, en particular, a su artículo 163.
Así, al equiparar la causal de separación absoluta a la de mala conducta, se exigía
acreditar un mínimo de 15 años de servicio, requisito que el actor no cumplió, pues
únicamente registraba 10 años, 9 meses y 14 días de tiempo computable.
3 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2025 06699 00.
4 Esta orden se cumplió el 29 de octubre de 2025. Visto en el índice 7 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2025 06699 00.
5 Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2025 06699 00.
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Agregó que la providencia judicial expuso de manera suficiente las razones por las cuales
no era procedente el cómputo del tiempo de privación de la libertad ni el reconocimiento
de la asignación de retiro, motivo por el cual solicitó negar el amparo y tener como
pruebas la sentencia cuestionada y el expediente correspondiente.
3.3. El Juzgado 54 Administrativo del Circuito de Bogotá6 allegó informe en el que solicitó
declarar improcedente el amparo solicitado o, en su defecto, negarlo por inexistencia de
vulneración de los derechos fundamentales invocados.
Adujo que no se configura la afectación alegada, en la medida en que el fallo fue proferido
conforme a derecho, con fundamento en el marco normativo aplicable y en el análisis
fáctico y jurídico desarrollado en la sentencia de primera instancia, la cual fue confirmada
por el superior funcional.
En ese sentido, señaló que los argumentos de la parte actora se reducen a
manifestaciones de inconformidad frente a las decisiones adoptadas por el juez natural,
con lo cual se pretende utilizar la acción de tutela como un recurso adicional a los
previstos en la ley, circunstancia que la torna improcedente.
3.4. La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares -CREMIL7 presentó informe en el que
solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela, al considerar que las
providencias cuestionadas no obedecen a decisiones caprichosas ni arbitrarias, sino que
fueron adoptadas con sujeción al ordenamiento jurídico vigente y dentro del marco de
legalidad que rige sus actuaciones.
4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante sentencia
del 20 de noviembre de 2025, negó las pretensiones de la acción de tutela con
fundamento en las siguientes consideraciones:
En cuanto al defecto fáctico derivado de la presunta omisión en la valoración del material
probatorio obrante en el expediente, se indicó que dicho planteamiento podía discutirse
a través del recurso extraordinario de revisión, con fundamento en la causal 5 del artículo
250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo8.
Respecto del defecto sustantivo, señaló que, si bien el retiro del accionante se produjo
durante la vigencia del Decreto 991 de 2015, resultaba aplicable el Decreto 1211 de 1990,
en atención a que la Ley 923 de 2004 prohíbe imponer requisitos más gravosos a quienes
se encontraban en servicio activo al momento de su entrada en vigor. De conformidad
con el artículo 163 del Decreto 1211 de 1990, se exige un mínimo de 15 años de servicio
para acceder a la asignación de retiro.
En el caso concreto, se acreditó únicamente un tiempo de servicio de 10 años, 9 meses
y 14 días, toda vez que el periodo de privación de la libertad derivado de la condena por
el delito de homicidio en persona protegida fue excluido del cómputo. En consecuencia,
6
Visto en el índice 19 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2025 06699 00.
7
Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2025 06699 00.
8 En adelante CPACA.
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la autoridad judicial concluyó que no se cumplía el requisito temporal exigido y confirmó
la negativa en el reconocimiento de la prestación.
Señaló que el Tribunal no desconoció el tiempo efectivamente de servicio, puesto que la
normativa aplicable prohíbe contabilizar los periodos de privación de la libertad originados
en la comisión de un delito.
Frente al argumento del accionante relativo al presunto desconocimiento del precedente
fijado en la sentencia C-007 de 2018, en la que se declaró la constitucionalidad del
cómputo del tiempo de privación de la libertad como tiempo de servicio para efectos de
la asignación de retiro, precisó que dicho pronunciamiento se circunscribe a miembros
de la Fuerza Pública que podían acceder al beneficio de levantamiento de la suspensión
de funciones. Tal situación no cobija a quienes fueron condenados por delitos excluidos,
como el homicidio, categoría en la que se encuentra el actor, por lo que su planteamiento
resultaba descontextualizado.
Asimismo, el accionante alegó el desconocimiento de la sentencia del Consejo de Estado
del 19 de julio de 2019, en la que se analizó la separación absoluta en relación con el
derecho pensional. No obstante, se consideró que dicha decisión no era aplicable al caso,
dado que el Tribunal no negó la prestación con fundamento en la causal de retiro, sino
por el incumplimiento del tiempo mínimo de servicios previsto en el Decreto 1211 de 1990.
Adicionalmente, el asunto citado no resulta análogo, pues en ese caso no existió condena
por homicidio ni descuento de tiempo por privación de la libertad.
En consecuencia, consideró que la autoridad judicial no incurrió en los defectos alegados,
por tal motivo, negó la solicitud de amparo.
5. LA IMPUGNACIÓN
El accionante presentó impugnación contra la sentencia de tutela de primera instancia,
donde solicitó su revocatoria y, en su lugar, el amparo de los derechos invocados.
En relación con el defecto fáctico, sostuvo que no resulta aplicable la causal de revisión
prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA, pues, a su juicio, no constituye un
mecanismo idóneo ni eficaz para la protección de derechos fundamentales cuando se
encuentra comprometido el mínimo vital.
En cuanto al defecto sustantivo, cuestionó la tesis del Tribunal según la cual el tiempo de
privación de la libertad no podía computarse como tiempo de servicio, al considerar que
el delito de homicidio está excluido de los beneficios de la Justicia Especial para la Paz
conforme a la Ley 1820 de 2016.
Señaló que dicha interpretación es inadmisible, por cuanto desconoce dos realidades
jurídicas que, en su criterio, prevalecen sobre la reglamentación relativa a la suspensión
de funciones: (i) el tenor literal de la Ley Marco de Seguridad Social de la Fuerza Pública
(Ley 923 de 2004) y (ii) el principio de confianza legítima derivado de la aceptación de los
aportes efectuados.
Afirmó que el juez de tutela de primera instancia avaló una interpretación restrictiva que
desconoce la Ley 923 de 2004 y el principio de buena fe, al permitir que una exclusión
de carácter penal afecte de manera desproporcionada un derecho pensional que, según
sostiene, fue consolidado mediante cotizaciones efectivas.
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Agregó que el juez de tutela de primera instancia incurrió en error al interpretar que la
excepción prevista en el artículo 51 de la Ley 1820 de 2016 es absoluta, pues dicha
disposición, en su criterio, se refiere únicamente al retorno al servicio activo y no puede
extenderse para desconocer el tiempo cotizado con miras a la asignación de retiro.
Consideró que una interpretación en ese sentido vulnera el principio constitucional de
simetría y configura un enriquecimiento sin causa por parte del Estado, al retener aportes
sin reconocer el tiempo correspondiente.
Finalmente, frente al presunto desconocimiento del precedente, sostuvo que la
providencia cuestionada fragmenta la unidad del ordenamiento jurídico y desconoce la
carga de argumentación suficiente para apartarse de la jurisprudencia aplicable.
A su juicio, la distinción fáctica invocada por el juez, esto es, la exclusión por el delito de
homicidio puede resultar válida en el ámbito disciplinario y de carrera, pero no es
constitucionalmente admisible para desconocer tiempos efectivamente cotizados bajo el
amparo del principio de confianza legítima, lo que implica desconocer la prevalencia del
derecho sustancial sobre las formas, conforme a la jurisprudencia constitucional y
contencioso administrativa invocada.
6. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con
lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de noviembre de 1991 9, en
concordancia con el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo
de 201510, modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 202111, así como
con fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo
de 201912, modificado por el Acuerdo núm. 434 del 10 de diciembre de 2024, proferido
por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de negocios entre las
secciones.
6.2. HECHOS PROBADOS
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente:
5.2.1. El accionante formuló demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra
de las resoluciones 4669 de 14 de abril de 2023 y 3381 de 8 de marzo de 2023, proferidas
por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares con las cuales se le negó el reconocimiento
9 El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada debidamente la
impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico
correspondiente. El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma, cotejándola
con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y
ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del
expediente. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de
inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
10 Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
11 "Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela".
12 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de
abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
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y pago de la asignación de retiro. Dicho proceso le correspondió al Juzgado y se le asignó
el número único de radicación 11001 33 42 054 2023 00149 00.
5.2.2. Mediante sentencia de 19 de septiembre de 2024, el juzgado resolvió negar las
pretensiones de la demanda. Contra esta decisión la parte accionante interpuso recurso
de apelación.
5.2.3. Mediante auto de 8 de mayo de 2025, el Tribunal resolvió el recurso de apelación
de manera confirmatoria.
6.3. ANÁLISIS DE LA SALA
Teniendo en cuenta que el a quo descendió a estudiar los defectos invocados por el
accionante, la Sala considera necesario resolver si, en este caso, frente a los reparos
expuestos por la accionante en el escrito de tutela y analizado en el fallo de primera
instancia, se reúnen los requisitos generales de relevancia constitucional y
subsidiariedad, para luego analizarlos en el caso concreto.
6.3.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para
identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional
La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial es que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido,
señaló que
[…] el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a
resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes […]13.
Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las razones
por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional; de otro modo, si no lo
hace, estaría involucrándose en aspectos que le corresponde resolver al juez natural y,
precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.
A partir de la sentencia C - 590 de 2005, el concepto de la relevancia constitucional ha
sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y en la sentencia SU-
573 de 2019 explicó que este requisito persigue tres finalidades14:
(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional
que afecten los derechos fundamentales.
(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad.
13 Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba Triviño.
14 Este criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU 128 de 2021 y SU 103 de 2022.
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(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces.
Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional, deben
concurrir los tres elementos que integran el requisito de relevancia15. En consecuencia,
si no se acredita alguno de ellos, la acción de tutela deviene improcedente por no superar
dicho presupuesto de procedibilidad.
6.3.2. Frente al requisito de subsidiariedad
El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela solo procede
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable16.
A su vez, el artículo 6 del Decreto Ley 2591 de 1991 dispuso que “la acción de tutela no
procederá: cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La
existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia,
atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante”.
Por lo tanto, esta acción tiene como característica la subsidiariedad, en la medida que
solo resulta procedente cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
a no ser que busque evitar un perjuicio irremediable17.
La Corte Constitucional ha explicado que el requisito general de subsidiariedad envuelve
tres eventos que conducen a la improcedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial18: (i) cuando el asunto está trámite; (ii) en el evento en que no se han agotado los
medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios, y (iii) si se usa para revivir etapas
procesales en donde se dejaron de emplear los recursos previstos en el ordenamiento
jurídico.
6.3.3. Caso concreto
En el asunto bajo examen, el señor Alejandro Bejarano García pretende que se dejen sin
efectos las sentencias proferidas el 19 de septiembre de 2024 por el Juzgado 54
Administrativo del Circuito de Bogotá y el 8 de mayo de 2025 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D”, mediante las cuales
15 Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la sentencia del 29
de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado. Expediente nro. 11001
0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
16 Artículo 86 C.P.: “(…) Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable (…)”.
17 La Corte Constitucional en la sentencia T-441 del 15 de julio de 2015. M.P. Luis Guillermo Guerrero
Pérez, dijo que los criterios a partir de los cuales debe analizarse si, efectivamente, en un caso concreto,
se está ante la presencia de un perjuicio irremediable que habilite la procedencia transitoria del mecanismo
de amparo constitucional son (i) que el perjuicio se produce de manera cierta y evidente sobre un derecho
fundamental; (ii) que el daño es inminente; (iii) que de ocurrir no existiría forma de reparar el daño
producido; (iv) que resulta urgente la medida de protección para que el sujeto supere la condición de
amenaza en la que se encuentra; y (v) que la gravedad de los hechos es de tal magnitud que hace evidente
la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos
constitucionales fundamentales.
18 Corte Constitucional. Sentencia T – 396 del 26 de junio de 2014. M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio.
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se negaron las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho encaminado al reconocimiento y pago de la asignación de retiro.
Para ello, en el escrito de tutela argumentó que el Tribunal de segunda instancia omitió
pronunciarse sobre los argumentos de apelación fundados en el Acto Legislativo 01 de
2017 y la Ley 923 de 2004, lo que a su juicio implicó la vulneración del principio de doble
conformidad judicial y del derecho de defensa, en la medida en que la alzada no fue
decidida de manera integral ni congruente, pues la autoridad judicial se limitó a reproducir
el análisis efectuado en primera instancia, sin resolver los puntos específicos de
inconformidad planteados en el recurso.
En igual sentido, sostuvo que dicha omisión constituye una inobservancia de los artículos
176 y 180 del CPACA, los cuales imponen al juez de segunda instancia el deber de
estudiar y resolver todos los aspectos objeto de impugnación.
Bajo dicho contexto, la Sala estima que la acción de tutela deviene improcedente en los
términos en los que fue formulada, comoquiera que los reproches expuestos por el actor
se relacionan, por una parte, con la presunta falta de decisión integral del recurso de
apelación, esto es, con la alegada omisión de pronunciamiento sobre algunos de los
cargos planteados en la alzada, circunstancia que, de configurarse, puede comprometer
el principio de congruencia de la providencia judicial; y por otra, con la interpretación
normativa y la valoración probatoria efectuada por el juez natural de la causa.
Frente al principio de congruencia, esta Corporación ha puntualizado que la causal de
revisión contenida en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, esto es, la
nulidad originada en la sentencia, “(…) [s]e puede configurar cuando el fallo objeto de
revisión ha desatendido la congruencia interna y/o la externa, pues, en uno y otro
caso, el fallador incurre en una clara violación del debido proceso, artículo 29
constitucional, dado que la providencia proferida en esos términos resulta contraria a las
formas propias de cada juicio, en específico, la falta de competencia del juez para
abordar asuntos frente a los cuales no se podía pronunciar (…)”19.
Así mismo, la Corporación ha explicado que la congruencia se entiende como el deber
legal que tienen los funcionarios judiciales al emitir sus decisiones de no incurrir en fallos
ultrapetita, extrapetita o minuspetita; además, la congruencia, se puede calificar en
congruencia externa, que implica que el fallo debe estar en armonía con lo pedido y
alegado tanto por la parte demandante como por la parte demandada, y en congruencia
interna, que es la coherencia que ha de existir entre lo dispuesto en la parte resolutiva y
lo argüido en la parte motiva de la providencia20.
En suma, esta Corporación ha señalado que la nulidad originada en la sentencia se
configura, entre otros eventos, cuando, “(…) viii) la sentencia está afectada por falta de
congruencia interna o externa (…)”21.
19 Sala Especial de Decisión 22, sentencia de 2 de febrero de 2016, proferida en el expediente con radicado
núm. 11001-03-15-000-2015-02342-00 (REV), C.P. Alberto Yepes Barreiro. También puede verse la
sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, el 19 de marzo de 2020, radicación número 11001-03-25-000-2013-00034-00 (0089-13),
C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
20 Ibidem.
21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia de 19 de marzo de 2020, radicación número 11001-03-25-000-2013-00034-00
(0089-13), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
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En consecuencia, al reprochar la presunta transgresión del principio de congruencia, el
actor cuenta con el recurso extraordinario de revisión por la causal 5° del artículo 250 del
CPACA como mecanismo judicial idóneo para ventilar dicho cuestionamiento, razón por
la cual la acción de tutela deviene improcedente por incumplimiento del requisito de
subsidiariedad.
Ahora, frente a los reproches relacionados con inobservancia de los artículos 176 y 180
del CPACA y la indebida valoración probatoria efectuada, la Sala, analizará el tercer
criterio que la relevancia constitucional, el cual busca impedir que la acción de tutela se
convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los
jueces.
Frente a este elemento, la Corte Constitucional ha dicho que22:
[…] la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos
de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios”, pues la competencia del juez de tutela se restringe “a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los
derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de carácter legal […].
(Se destaca).
En la sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la tutela contra
providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio de corrección respecto del
fallo cuestionado, “circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos
de interpretación que dieron origen a la controversia judicial”.
En igual sentido anotó que “como se expresó con claridad en la Sentencia SU-128 de
2021, este “enfoque impide que el mecanismo de amparo constitucional sea utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole probatorio
o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial” (…)”. (Se
destaca).
En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través de la acción
de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha la
convicción que genera en el fallador las pruebas allegadas al expediente, o la
inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en la interpretación de las normas
de carácter legal que regulan el caso, resulta evidente que este mecanismo constitucional
está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el proceso ordinario y como una
instancia adicional, con lo cual se estaría desconociendo la autonomía e independencia
del juez natural.
La Sala considera que, en este evento no se cumple el requisito de relevancia
constitucional, comoquiera que el tercer elemento que la compone, esto es, impedir que
la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las
decisiones de los jueces, no está superado.
Ello, comoquiera que sus reproches están orientados a controvertir la interpretación de
una norma y la valoración probatoria efectuada por el juez natural de la causa, por lo que,
en los términos de la Corte Constitucional, la solicitud de amparo se utiliza como una
22 Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido.
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instancia al proceso ordinario para exponer las inconformidades con lo resuelto sin que
se vislumbre una afectación a los derechos fundamentales invocados.
Sin perjuicio de lo anterior, la Sala advierte que la parte accionante también alegó que la
providencia atacada incurrió en desconocimiento del precedente jurisprudencial al
desatender la sentencia C-007 de 2018 y de “la sentencia del 2019 de julio de 2019,
proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, expediente 5445-2018, con
ponencia de la Consejera Sandra Lisset Ibarra Vélez”. (Negrilla del texto).
Al respecto, esta Sección, en sentencia del 19 de noviembre de 2021 23, sostuvo que en
las acciones de tutela contra providencia judicial en las que se alega el desconocimiento
del precedente se exige, como carga argumentativa mínima, que se identifiquen: (i) la
providencia desconocida, (ii) las reglas y subreglas jurisprudenciales contenidas en la
ratio decidendi de la sentencia invocada, las cuales deben ser aplicables al caso a
resolver, y (iii) los problemas jurídicos, que en ambos casos deben ser análogos o
similares.
En el caso objeto de estudio, la parte demandante se limitó a mencionar providencias de
la Corte Constitucional y del Consejo de Estado; sin embargo, no desarrolló un verdadero
cargo por desconocimiento del precedente judicial, en los términos exigidos por la
jurisprudencia.
Por tanto, la acción de tutela no cumple con la carga argumentativa mínima que se exige
en los eventos en los que se pretende estructurar un cuestionamiento de relevancia
constitucional por desconocimiento del precedente.
Para la Sala, lo anterior evidencia que la inconformidad del actor se dirige, en realidad, a
la forma en que el Tribunal resolvió el recurso de apelación, en particular frente al análisis
de los argumentos normativos planteados, lo que pone de presente una discrepancia con
el alcance del estudio efectuado por el juez natural.
A este efecto, la Sala destaca que en el proceso judicial se debate sobre las pretensiones,
las excepciones y los hechos que proponen demandante y demandado, y que la decisión
del juez se fundamenta precisamente en las razones de la demanda y de la contestación,
las pruebas y el derecho que ellas ponen a su disposición.
Por lo tanto, cuando el juez decide sobre la controversia que le ha sido planteada,
atendiendo los argumentos y normas invocados por las partes, simplemente está
ejerciendo las funciones que le han sido atribuidas por la Constitución Política y la ley,
dentro del ámbito de sus competencias.
Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha atendido el
debate planteado y sorprende a las partes con una decisión por fuera de los
planteamientos fácticos o jurídicos formulados, evento que podría comprometer el núcleo
esencial del debido proceso.
No obstante, en el presente caso, la parte actora no estructura un problema constitucional
autónomo derivado del desconocimiento del precedente, sino que controvierte el alcance
del análisis efectuado por el Tribunal frente a las normas invocadas, como si la acción de
23Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez, bajo la radicación: 11001-03-15-000-2021-06983-
00(AC).
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Demandante: Alejandro Bejarano García
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tutela pudiera emplearse como una instancia adicional para revisar el juicio de legalidad
realizado por el juez de la causa.
Siendo así, es evidente que la presente acción de tutela carece de relevancia
constitucional en relación con este aspecto, razón por la cual se revocará el fallo de
primera instancia que negó el amparo para, en su lugar, declarar la improcedencia de la
tutela.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 20 de noviembre de 2025, proferida por la
Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado y, en su lugar, DECLARAR
IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESEY CÚMPLASE
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 26 de
febrero de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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