Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2022-00415-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2022-00415-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2022-00415-00
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
5 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., cinco (5) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Radicación: 11001-03-25-000-2022-00415-00 (4414-2022)
Recurrente: Martín Emilio Santos Nova
Tema: recurso extraordinario de revisión. Subtema 1: causal 5 del artículo 250 del
CPACA1; nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso. Subtema 2:
carencia de motivación de la sentencia.
Sentencia que resuelve el recurso extraordinario de revisión
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso extraordinario de revisión interpuesto por el señor Martín Emilio Santos Nova,
por conducto de apoderado, contra la sentencia del 1.° de julio de 2021, proferida por
el Tribunal Administrativo de Santander, mediante la cual modificó la decisión de
primera instancia que dispuso continuar la ejecución, en el sentido de excluir las
órdenes dictadas en el mandamiento ejecutivo sobre el reintegro laboral y el pago de
intereses de la indemnización compensatoria.
1. Síntesis del caso
El señor Martín Emilio Santos Nova interpuso recurso extraordinario de revisión contra
el fallo del 1.° de julio de 2021, proferido por el Tribunal Administrativo de Santander,
con fundamento en la causal 5 del artículo 250 del CPACA, es decir, existir nulidad
originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso
de apelación, por violación al debido proceso. Dicha providencia fue dictada dentro
del proceso ejecutivo identificado con el radicado núm. 68001-33-33-005-2014-00342-
03, por la cual se modificó la decisión de primera instancia que dispuso continuar la
ejecución, en el sentido de excluir las órdenes dictadas en el mandamiento ejecutivo
1 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Radicación: 11001-03-25-000-2022-00415-00 (4414-2022)
Recurrente: Martín Emilio Santos Nova
sobre el reintegro laboral y el pago de intereses de la indemnización compensatoria.
2. Antecedentes
2.1. El proceso ejecutivo
1. A partir de las pruebas aportadas por el recurrente y el departamento de
Santander, las cuales se valorarán de acuerdo con las reglas probatorias establecidas
en el Código General del Proceso (en adelante CGP)2 y la copia digitalizada del
expediente ejecutivo allegado a este trámite, la Sala sintetiza, a continuación, los
siguientes hechos relevantes y las actuaciones del proceso ejecutivo identificado con
el radicado número 68001-33-33-005-2014-00342-00/033.
2.1.1. La demanda
2. El señor Martín Emilio Santos Nova, mediante apoderado, presentó demanda
ejecutiva contra el departamento de Santander y la Contraloría departamental, con el
propósito de que se librara mandamiento de pago por las sumas correspondientes (i)
al capital adeudado por los aportes patronales por concepto de salud y pensiones y
los emolumentos laborales correspondientes al cargo que ocupaba de auxiliar
administrativo, código 407, grado 1, desde la fecha del «abono liquidado parcial
(diciembre 17 de 2010) y hasta el reintegro laboral»; y (ii) a los intereses causados.
Así mismo, solicitó su reintegro, sin solución de continuidad, al mencionado empleo,
con los derechos de carrera, dentro de los 5 días siguientes a la notificación del
mandamiento ejecutivo.
3. En caso de no cumplirse la última obligación, de manera subsidiaria, pidió el
pago de la indemnización compensatoria de conformidad con los artículos 428 y 437
del CGP, equivalente al pago indexado de los emolumentos salariales y
prestacionales hasta la edad de retiro forzoso (65 años).
4. El título ejecutivo que sustentó la demanda fue la sentencia del 15 de octubre
de 2009, proferida por el Juzgado Quinto Administrativo de Bucaramanga, dentro del
proceso de acción de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 68001-23-
31-000-2000-01302-00, promovido contra el departamento de Santander y la
Contraloría de esa entidad territorial, en la que se dispuso:
Primero. DECLARAR LA NULIDAD del Decreto No. 0401 del 30 de Diciembre de 1999
en lo que se refiere a la supresión del cargo de REVISOR CODIGO 550 de la planta
de personal de la Contraloría Departamental de Santander, que desempeñaba el
demandante MARTIN EMILIO SANTOS NOVA con cédula de ciudadanía No.
5.784.519 de Valle de San José (Santander) y del Oficio No. 8112 del 30 de diciembre
de 1999, que le dio efectos particulares al acto general.
Segundo. ABSTENERSE de hacer pronunciamiento alguno respecto de la legalidad
2 Según el artículo 246 del CGP: «Las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, salvo cuando por
disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una determinada copia».
3 Samai, índice 2, 2_110010325000202200415001EXPEDIENTEDIGI20220823161550, Demanda de Revisión
Martín Santos, enlace en p. 17.
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Decreto Departamental No. 0400/99, por las razones expuestas en la parte
considerativa de este proveído.
Tercero. A título de RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, se ordene al
DEPARTAMENTO DE SANTANDER - CONTRALORIA DEPARTAMENTAL a
REINTEGRAR a MARTIN EMILIO SANTOS NOVA al cargo de REVISOR CODIGO
550, o a otro empleo de igual o superior jerarquía y salario, dentro de la planta de
personal de la Contraloría Departamental de Santander y a pagarle, debidamente
indexados, los sueldos, prestaciones sociales emolumentos y demás haberes
causados y dejados de percibir desde su desvinculación laboral hasta su efectivo
reintegro, debiendo descontarse de dicha suma, también debidamente indexado el
monto de la indemnización que se le pagó por la supresión del cargo que
desempeñaba, así como también el monto de los demás conceptos laborales pagados
con ocasión de la supresión, prosperando así, en forma parcial, la excepción de pago.
[…]
5. La anterior providencia fue confirmada por el Tribunal Administrativo de
Santander, mediante fallo del 12 de agosto de 2010, la cual quedó ejecutoriada el 14
de septiembre del mismo año.
6. Los hechos que soportaron las pretensiones de la demanda ejecutiva se
resumen en que con ocasión de las precitadas sentencias el 16 de noviembre de 2010
el demandante formuló solicitud de cumplimiento, en la que expresó que «”desisto de
la orden de integro” condicionando su expresión a que: los dineros se
consignaran…”de lo contrario no prosperaría mi manifestación voluntaria de renunciar
al reintegro”», pero la entidad demandada incumplió esa condición, porque el pago lo
realizó en forma parcial y fuera del plazo concedido.
7. Dijo que, por medio de la Resolución 18758 del 14 de diciembre de 2010 del
secretario general de la gobernación de Santander, tardíamente se dispuso el
cumplimiento parcial de la condena, en el sentido de cancelar $ 181.998.875, mal
liquidados al 16 de noviembre de 2010, en su sentir; cuyo pago se efectuó el 22 de
diciembre del mismo año, a través de su apoderada, mas no directamente a él, como
lo pidió.
8. Afirmó que, además, debió realizarse la indexación hasta la fecha de ejecutoria
del fallo y sobre el consolidado reconocerse los respectivos intereses, sin perjuicio de
lo causado después de esa fecha. Agregó que nació el 4 de agosto de 1967.
2.1.2. Mandamiento de pago
9. A través de proveído del 20 de febrero de 2015, el Juzgado Quinto
Administrativo de Bucaramanga negó el mandamiento de pago solicitado por el
demandante, el cual fue revocado de manera parcial por el Tribunal Administrativo de
Santander, mediante providencia del 17 de diciembre de 2016, que, adicionalmente,
confirmó la negativa de libarlo por la indemnización compensatoria por el eventual no
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reintegro al cargo y por el pago del calzado y vestido de labor4.
10. Por medio de auto del 15 de febrero de 20175, el aludido Juzgado libró
mandamiento de pago contra el departamento de Santander y la Contraloría
departamental por las sumas correspondientes al «saldo impagado por la obligación
dineraria consecuente al restablecimiento del derecho», por aportes a salud y
pensiones, por intereses comerciales y moratorios, por los emolumentos debidos
desde el 16 de noviembre de 2010 hasta el reintegro con los respectivos intereses,
por auxilio de cesantías y por intereses de la indemnización compensatoria del no
reintegro.
11. Igualmente, dispuso dar cumplimiento al ordinal segundo de la sentencia de
primera instancia base de recaudo, consistente en reintegrar al actor, sin solución de
continuidad, al cargo de revisor código 550 o a otro de igual o superior jerarquía y
salario, en el término de 5 días, conforme al artículo 433 del CGP.
2.1.3. Contestaciones de la demanda
12. El departamento de Santander, a través de apoderada, planteó las excepciones
de inexistencia de la obligación, falta de la legitimación en la causa por pasiva y pago6.
13. Por su parte, la Contraloría de Santander, por conducto de apoderado, propuso
las excepciones de ineptitud sustancial de la demanda por falta de requisitos formales,
por errada formulación de la pretensión ejecutiva de hacer y por indebida escogencia
de la acción; ausencia de título ejecutivo; inexistencia de la obligación de dar por pago
total; pérdida de la cosa debida y renuncia o desistimiento libre y voluntario al
reintegro; prescripción o caducidad de la acción; y ausencia de fundamento legal para
calcular unilateralmente la medida de la indemnización compensatoria del eventual no
reintegro7.
2.1.4. Sentencia de primera instancia
14. El Juzgado Quinto Administrativo de Bucaramanga profirió sentencia en
audiencia inicial celebrada el 20 de septiembre de 20198, en la que declaró probadas
las excepciones de pago (de manera parcial) y pérdida de la cosa debida, formuladas
por las entidades demandadas; y desestimó los demás medios exceptivos. Por otra
parte, ordenó seguir adelante la ejecución por los rubros atinentes al pago de salarios
y prestaciones sociales adeudados del 17 de noviembre al 17 de diciembre de 2010,
4 Samai, índice 2, 2_110010325000202200415001EXPEDIENTEDIGI20220823161550, Demanda de Revisión
Martín Santos, enlace en p. 17, 01. expediente digital, cuaderno principal, pp. 103 a 107 y 168 a 174.
5 Samai, índice 2, 2_110010325000202200415001EXPEDIENTEDIGI20220823161550, Demanda de Revisión
Martín Santos, enlace en p. 17, 01. expediente digital, cuaderno principal, pp. 190 a 199. Proveído corregido por
auto del 27 de abril de 2018 (pp. 207 a 209).
6 Samai, índice 2, 2_110010325000202200415001EXPEDIENTEDIGI20220823161550, Demanda de Revisión
Martín Santos, enlace en p. 17, 01. expediente digital, cuaderno principal, pp. 240 a 262.
7 Samai, índice 2, 2_110010325000202200415001EXPEDIENTEDIGI20220823161550, Demanda de Revisión
Martín Santos, enlace en p. 17, 01. expediente digital, cuaderno principal, pp. 275 a 304.
8 Samai, índice 2, 2_110010325000202200415001EXPEDIENTEDIGI20220823161550, Demanda de Revisión
Martín Santos, enlace en p. 17, aud inicial 2 - folio 472 y 01. expediente digital, cuaderno principal, pp. 557 a 563.
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los aportes a pensión y salud y el auxilio de cesantías; por último, negó las
pretensiones restantes de la demanda, sin condena en costas.
15. Consideró que en el mandamiento de pago se ordenó el pago por las
diferencias en las acreencias laborales debidas e intereses y el reintegro del
demandante; este último conforme a lo estimado por el Tribunal Administrativo de
Santander, en cuanto a que es una obligación ejecutable a través de este trámite y
que está condicionada a un desistimiento y un acto administrativo que se abstuvo a
esa reincorporación en virtud de esta manifestación.
16. Arguyó que prosperaba la excepción de pago parcial, ya que se comprobó el
abono a la obligación por concepto de salarios y prestaciones sociales por el monto
de $ 181.998.975 el 17 de diciembre de 2010, pero aún se adeudan los causados del
17 de noviembre al 17 de diciembre del mismo año. Así mismo, advirtió que no se
seguirá adelante la ejecución por los intereses sobre este último saldo insoluto, porque
el demandante de manera voluntaria renunció a su pago.
17. Por otra parte, en lo que atañe a los aportes a seguridad social en pensiones,
no hay prueba de la consignación efectiva a la Administradora Colombiana de
Pensiones (Colpensiones), por lo que deberá ser debidamente acreditado y su monto
definitivo se establecerá en la liquidación del crédito.
18. Por otro lado, en relación con la suma ordenada en el mandamiento de pago
por los haberes laborales causados desde el pago parcial realizado por la parte
demandada hasta su reintegro al servicio, no se continuará con su ejecución porque
el demandante al haber renunciado a su reincorporación laboral por el pago de la
obligación efectuado el 17 de diciembre de 2010, se entiende que solo queda
pendiente el monto debido por lo causado del 17 de noviembre al 17 de diciembre de
ese año.
19. En cuanto a la obligación de hacer, adujo que, mediante la Resolución 772 del
16 de noviembre de 2010, la Contraloría de Santander se abstuvo de reintegrar al
actor, dada su manifestación de renuncia a esa pretensión en oficio de la misma fecha,
condicionada al pago de la sentencia hasta el 30 de noviembre de 2010, el cual no se
realizó ese día, sino el 17 de diciembre siguiente, por lo que la orden contenida en el
mandamiento de pago en principio estaba ajustada a derecho. No obstante, en la
Resolución 18758 del 14 de diciembre de 2010 del departamento de Santander, en la
que se reconoce la suma de $ 181.998.975, se señala que con oficio del día 13 de
ese mes el señor Santos Nova expresó renuncia frente a su reincorporación e
intereses (aportado por las demandadas), si se le pagaba antes del «20» de diciembre.
20. Por ende, resultaba próspera la excepción de pérdida de la cosa debida, ya que
la parte demandante renunció voluntariamente al reintegro laboral. Tampoco había
lugar al pago de la compensación reclamada, puesto que el Tribunal Administrativo
de Santander estimó que no era procedente al momento de librar mandamiento de
pago y, además, el demandante fue quien renunció o desistió al reintegro del cargo,
no fue una imposibilidad de ejecución por parte de la entidad nominadora.
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21. En lo referente a las excepciones de inexistencia de la obligación y falta de
legitimación en la causa por pasiva planteadas por el departamento, afirmó que
carecían de vocación de prosperidad, toda vez que la orden judicial también va dirigida
contra ese ente territorial. Tampoco prospera la excepción de caducidad o
prescripción, porque en el mandamiento de pago se concluyó que la demanda se
presentó en tiempo.
2.1.5. Recursos de apelación contra el fallo de primera instancia
2.1.5.1. Parte ejecutante
22. El apoderado del señor Martín Emilio Santos Nova pidió la aplicación del
principio de favorabilidad laboral y adujo que la renuncia o desistimiento al reintegro
laboral y a los intereses fue ineficaz, puesto que se le presionó a realizar esa actuación
porque se le planteó que podría haber una imposibilidad para su reincorporación;
además, la decisión de instancia resultaba discriminatoria respecto de otros casos en
los que sí se ha accedido a la reincorporación. Por consiguiente, realmente hubo una
imposibilidad de reintegro por la parte demandada que conlleva el pago de la
indemnización compensatoria.
23. Agregó que no existió pago total, sino un abono, por lo que la condición a la
que estaba sometida la renuncia al reintegro no se cumplió, en virtud de los artículos
1626 y 1627 del Código Civil. Si bien amplió el plazo del pago al 22 de diciembre de
2010, para que fuera efectiva la referida renuncia, fue incompleto en lo concerniente
al auxilio de cesantías y a los aportes a la seguridad social, por lo que se encuentra
vigente ese derecho al reintegro. De igual modo, no es demandable el acto
administrativo que se abstuvo de reincorporarlo al servicio, porque así lo ha estimado
la jurisprudencia del Tribunal Administrativo de Santander9.
2.1.5.2. Contraloría de Santander
24. El abogado de este ente de control insistió en la excepción de pago total, pues
se desconoció que existe una novación, pues al haber presentado el ejecutante escrito
de renuncia al reintegro, surgió una nueva obligación consistente en el pago de las
prestaciones salariales y sociales hasta cuando se liquidaron (16 de noviembre de
2010), sin intereses10.
2.1.5.3. Departamento de Santander
25. La apoderada de esta entidad territorial pidió declarar probadas las
excepciones de inexistencia de la obligación y falta de legitimación en la causa por
pasiva, habida cuenta que fue vinculada al proceso en razón a la personería jurídica
con la que no contaba la Contraloría de Santander y la demanda ejecutiva fue incoada
9 Samai, índice 2, 2_110010325000202200415001EXPEDIENTEDIGI20220823161550, Demanda de Revisión
Martín Santos, enlace en p. 17, 01. expediente digital, cuaderno principal, pp. 674 a 682.
10 Samai, índice 2, 2_110010325000202200415001EXPEDIENTEDIGI20220823161550, Demanda de Revisión
Martín Santos, enlace en p. 17, 01. expediente digital, cuaderno principal, pp. 654 a 672.
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en vigor del CPACA, por lo que ese ente de control tiene capacidad para concurrir
directamente al trámite judicial11.
2.1.6. Sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión
26. El Tribunal Administrativo de Santander, en la sentencia del 1.° de julio de
202112, modificó la decisión de primera instancia que dispuso continuar la ejecución,
en los siguientes términos:
PRIMERO. MODIFICASE la sentencia proferida el 20 de septiembre de 2019, por el
Juzgado Quinto Administrativo Oral de Bucaramanga y en su lugar: ORDENAR NO
SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN sobre lo ordenado en el numeral PRIMERO
en los numerales 7 y 8 del auto de fecha 15 de Febrero de 2017 que libro
mandamiento de pago por “7. Reintegro del ejecutante sin solución de continuidad,
al cargo que ocupaba en la Contraloría ejecutada, manteniendo sus derechos de
carrera administrativa a más tardar dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del mandamiento ejecutivo.” Y “8. Por los intereses de la indemnización
compensatoria del no reintegro y hasta el pago efectivo de la misma, conforme lo
expuesto en la parte motiva.”.
SEGUNDO. CONFIRMASE en lo demás el fallo impugnado.
TERCERO. SIN CONDENA en costas de segunda instancia. [sic para toda la cita]
27. El tribunal consideró que no es dable desvincular al departamento de Santander
al haber sido condenado, junto con la Contraloría de ese ente territorial, en las
sentencias base de recaudo. Por otra parte, precisó que no existió novación, pues la
liquidación realizada por la parte demandada fue para el cumplimiento de un fallo
judicial, en cuanto a los salarios y prestaciones sociales dejados de devengar por el
actor.
28. Indicó que las condiciones del escrito de renuncia a ser reintegrado que
presentó el accionante el 16 de noviembre de 2010 «son todo un debate probatorio»,
pues el pago en cumplimiento del título ejecutivo fue realizado por el departamento de
Santander, por lo que los aspectos que se debaten en torno a esa situación no son
propios del proceso ejecutivo, en el que deba declararse si esa renuncia fue ineficaz
o si hubo un vicio en el consentimiento por fuerza, basada en una posible presión
derivada de otros casos en los que hubo imposibilidad de reincorporación laboral. Por
consiguiente, al juez de la ejecución solo le correspondía valorar si se cumplió la
obligación en atención a dicha renuncia o desistimiento y los actos derivados de las
actuaciones ajenas a la obligación ejecutiva escapaban de su resorte.
29. Concluyó que los argumentos planteados por el ejecutante —acerca de si la
renuncia condicionada no se dio, porque no hubo pago, sino apenas un abono, y que
11
Samai, índice 2, 2_110010325000202200415001EXPEDIENTEDIGI20220823161550, Demanda de Revisión
Martín Santos, enlace en p. 17, 01. expediente digital, cuaderno principal, pp. 686 a 720.
12 Samai, índice 2, 2_110010325000202200415001EXPEDIENTEDIGI20220823161550, Demanda de Revisión
Martín Santos, enlace en p. 17, 05. sentencia de segunda instancia, 01. sentencia de segunda instancia - 01 jul
2021.
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debió aplicarse la excepción de inconstitucionalidad frente al acto que se abstuvo de
reintegrarlo— son ajenos al proceso ejecutivo y al fallo base de recaudo, por lo que
«la pretensión relativa a una compensación pecuniaria no tarifada por el posible pero
incumplido reintegro» debía ser denegada.
2.2. Recurso extraordinario de revisión
30. El señor Martín Emilio Santos Nova interpuso recurso extraordinario de revisión
el 18 de julio de 202213, contra el fallo de segunda instancia proferido el 1.° de julio de
2021 por el Tribunal Administrativo de Santander. El recurso se fundamentó en la
causal quinta del artículo 250 del CPACA, relativa a la existencia de nulidad originada
en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación
31. Alegó que no existe razón válida para que la sentencia acusada se sustrajera
del estudio jurídico de la renuncia objeto de las excepciones de mérito contra el
mandamiento, ya que fue planeado al descorrerse el correspondiente traslado, en el
recurso de apelación y en los alegatos de conclusión —frente a los cuales hizo caso
omiso—; por lo tanto, se denegó administrar justicia al respecto, por resultar
supuestamente incompatible con el proceso ejecutivo, lo que implica vulneración del
debido proceso.
32. Manifestó que se quebrantó el debido proceso por configuración de los defectos
fáctico, sustantivo y violación directa de la Constitución, toda vez que (i) se eludieron
las condiciones expresadas en la prueba documental incorporada al expediente; (ii)
se desatendió el artículo 278 del CGP, al no agotarse «el tema de las pretensiones y
de las excepciones y con suficiencia de motivación»; y (iii) se desconoció el mandato
del artículo 11 del CGP, acerca de la interpretación de las normas procesales.
33. Sostuvo que las razones expuestas en el fallo recurrido no son suficientes ni
admisibles para negarse a resolver el conflicto con el análisis debido y pleno que
aborde el cumplimiento a las modalidades a las que se sujetó el «desistimiento o
renuncia», con desconocimiento de la prueba documental visible en el folio 40 del
expediente, que corresponde a un escrito suscrito por el señor Martín Emilio Santos
Nova, en el que expresó «“desisto de la orden de reintegro” imponiendo unas
condiciones, modo, y un plazo, ya que “de lo contrario no prosperaría mi manifestación
de renunciar”, dijo», por lo que el pago que se realizó a su favor fue apenas un abono
y, en tal sentido, tanto el plazo como el modo fueron incumplidos y no podía tenerse
por satisfecha la condición de la renuncia al reintegro y a los intereses.
34. Arguyó que, por lo anterior, se desconocen «los Principios de Favorabilidad e
In Dubio Pro Operario, etc. imperativos en materia laboral», por ende, al no haberse
realizado el pago total de la obligación, subsiste el derecho al reintegro y al pago de
los haberes causados hasta que este se efectúe. No obstante, el fallo confirma una
excepción de pago parcial de un abono a la obligación que no fue objeto de pretensión
ni de mandamiento ejecutivo; reconoce que el pago no fue completo y tuvo por
13 Samai, índice 2, ED_RECURSOEXTRAORDINAR(.msg) NroActua 2.
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extinguida la de reintegro y de pago de intereses con ocasión de la renuncia que
presentó el acreedor y que motivó que la Contraloría demandada se abstuviera de
cumplir, pero se negó el tribunal a analizar la renuncia en cuanto a sus condiciones,
como si el fallo ejecutivo no estuviera precedido de etapa probatoria.
35. Por lo anterior, afirmó que «La sentencia acusada, entonces, se estructuró con
vulneración al Debido Proceso incurriendo en causales de nulidad y defectos por los
que se solicita invalidarla».
36. Señaló que lo abonado por la parte demandada al capital adeudado el 21 de
diciembre de 2010 no es constitutivo de excepción, puesto que fue un hecho
reconocido en la misma demanda ejecutiva, por lo que no se realizó cobro alguno al
respecto, y al ser decretado el medio exceptivo de pago parcial se incurrió en defecto
fáctico. Por otra parte, desconocer el carácter condicional de la renuncia a la orden de
reintegro implica defecto sustantivo y violación directa de la Constitución, al omitir
examinar conforme a lo previsto en los artículos 1539, 1541,1542, 1626 y 1627 del
Código Civil; además de que una de las resoluciones que se abstuvo de hacer efectivo
el reintegro al servicio por la manifestación voluntaria de renuncia a esa orden fue
emitida por el gobernador, quien no es su nominador.
37. Indicó que el hecho de que el plazo para el pago oportuno se hubiere
prorrogado no hace desaparecer las condiciones que estaban establecidas y, en todo
caso, no se satisfizo, pues apenas se hizo un abono o pago parcial (que no extingue
la obligación), cuando aquel debía ser completo y en cuenta especificada, ya que faltó
cancelar lo correspondiente al período del 17 de noviembre al 21 de diciembre de
2010, las cesantías con régimen de retroactividad y los aportes al sistema general de
seguridad social, como se reconoció en la sentencia de primera instancia.
38. Añadió que el incumplimiento de las modalidades (plazo, condición y modo para
la renuncia propuesta) no es causal de nulidad de los negocios jurídicos ni de los actos
administrativos, sino de otro tipo de ineficacia jurídica que en casos como este
correspondía determinar al juez de la ejecución, por lo que no puede hablarse de la
configuración de causales de nulidad de actos administrativos propias de un proceso
declarativo. Por lo tanto, lo abonado el 21 de diciembre de 2010 no es extintivo de las
obligaciones cuyo pago se ordenó en el mandamiento ejecutivo, ni la fallida renuncia
implica la pérdida de la cosa debida, por lo que sigue insoluta la obligación de reintegro
y de intereses.
39. Aseguró que se hizo caso omiso a los alegatos de conclusión al aducirse en el
fallo recurrido que «los argumentos de las partes se encuentran en sus recursos».
Adicionalmente, la sentencia del tribunal fue proferida sin acatamiento a la normativa
procesal vigente en su oportunidad y que, para el caso específico, era el artículo 327
del CGP, que hacía imperativa la realización de la audiencia de sustentación y fallo,
por lo que se configuran las causales de nulidad 3, 5, 6 y 7 del artículo 133 del CGP,
porque el CPACA no es aplicable para el trámite de los recursos en los procesos
ejecutivos.
9
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Recurrente: Martín Emilio Santos Nova
2.3. Trámite del recurso extraordinario de revisión
40. Esta corporación admitió el recurso en providencia del 30 de abril de 202514, y
ordenó la notificación personal de esta decisión al departamento de Santander, a la
Contraloría de este ente territorial y al Ministerio Público.
41. Posteriormente, una vez notificada la decisión a las partes, el Ministerio Público
emitió concepto15, en el que solicitó declarar infundado el recurso extraordinario de
revisión, al considerar que el Tribunal Administrativo de Santander estudió el recurso
de apelación en el contexto del artículo 328 del CGP, con base en los presupuestos
fácticos y normativos de la controversia, dado que se trata de un proceso ejecutivo
cuyo objeto fundamental radica en el cumplimiento forzado de una obligación.
42. A su turno, la Contraloría de Santander contestó el recurso extraordinario de
revisión16 y pidió que se declare infundado, toda vez que el recurrente no desvirtuó la
principal razón de la modificación de la sentencia de primera instancia, sobre la validez
y eficacia de la renuncia al reintegro, la cual se expresó de manera libre y espontanea
por parte del demandante ante la entidad demandada, ya que esta circunstancia
constituye un debate que excede la naturaleza sumaria del proceso ejecutivo. Por
ende, la sentencia impugnada no incurrió en la causal de nulidad invocada, al menos
en lo que respecta a la decisión de fondo sobre el reintegro, la cual está debidamente
motivada por no proceder dicho debate en un proceso ejecutivo.
43. Por su parte, el departamento de Santander también presentó escrito tendiente
a contestar el recurso interpuesto17, en el que solicitó declarar (i) la caducidad de este
medio extraordinario, en tanto la parte demandante no lo presentó dentro del año
siguiente a la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander del 1.° de julio del 2021, dado que alcanzó su ejecutoria
el 16 de julio de 2021 y según el aplicativo Samai se radicó el 23 de agosto de 2022;
y (ii) la falta de legitimación en la causa por pasiva, porque las contralorías territoriales
tienen autonomía presupuestal, administrativa y financiera, por lo que tienen la
facultad de ejercer su propia representación judicial.
44. Por otro lado, alegó falta de configuración de la causal invocada en el recurso,
por cuanto la renuncia al reintegro debe considerarse válida, toda vez que fue
presentada de manera voluntaria por la parte demandante. En torno a la omisión de
audiencia de fallo, se remitió a lo considerado en fallo de tutela de segunda instancia
dentro del trámite con radicado 11001-03-15-000-2021-10998-01, en el que se estudió
ese reparo bajo el análisis del defecto procedimental y se declaró improcedente el
amparo solicitado al respecto, toda vez que el demandante tuvo varias oportunidades
para oponerse a que se adoptara el trámite del CPACA para la apelación de la
sentencia de primera instancia y no lo hizo; por el contrario, se acogió a él para
sustentar la alzada fuera de audiencia.
14 Samai, índice 20.
15 Samai, índice 27.
16 Samai, índice 29.
17 Samai, índice 30.
10
Radicación: 11001-03-25-000-2022-00415-00 (4414-2022)
Recurrente: Martín Emilio Santos Nova
45. Mediante providencia del 5 de septiembre de 202518, se decretó y se tuvo como
prueba la copia de la sentencia de segunda instancia del 1.° de julio de 2021 proferida
por el Tribunal Administrativo de Santander, dentro del proceso con radicado 68001-
33-33-005-2014-00342-03, y del expediente núm. 68001-33-33-005-2014-00342-00,
como la totalidad de los documentos allegados con el escrito de respuesta al recurso
extraordinario de revisión presentado por el departamento de Santander.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
46. La Sala tiene competencia para conocer del recurso extraordinario de revisión
interpuesto por el señor Martín Emilio Santos Nova contra la sentencia del 1.° de julio
de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, de acuerdo con lo
dispuesto en el inciso segundo del artículo 249 del CPACA19.
3.2. Oportunidad
47. La sentencia objeto del recurso fue proferida el 1.° de julio de 2021, se notificó
el día 9 siguiente y quedó ejecutoriada el 16 de julio de 202120, según constancia
secretarial emitida por el Tribunal Administrativo de Santander. El señor Martín Emilio
Santos Nova interpuso el extraordinario de revisión el 18 de julio de 2022, mediante
correo electrónico enviado a la secretaría general del Consejo de Estado 21, dentro del
término dispuesto por el artículo 251 del CPACA22, máxime cuando el 17 del mismo
mes fue un día inhábil (domingo)23.
48. Por lo tanto, el planteamiento del departamento de Santander, en su escrito de
contestación, acerca de que el recurso fue radicado el 23 de agosto de 2022, carece
de asidero fáctico, pues dicha fecha corresponde a la radicación del proceso en el
aplicativo Samai24; y, como se mencionó, el memorial que contiene el recurso fue
enviado por correo electrónico a la secretaría general de esta corporación el 18 de
julio de 2022.
3.3. Legitimación en la causa
49. El señor Martín Emilio Santos Nova, el departamento de Santander y la
Contraloría de este ente territorial están legitimados en la causa para ser partes en
este trámite, toda vez que el primero fue el ejecutante y las dos últimas actuaron como
demandadas en el proceso ejecutivo dentro del cual se profirió la sentencia objeto de
recurso.
18 Samai, índice 32.
19
«De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos
conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia».
20 Samai, índice 12, 14_MemorialWeb_Constanciadeejecutoria(.pdf) NroActua 12.
21
Samai, índice 2, ED_RECURSOEXTRAORDINAR(.msg) NroActua 2.msg.
22 «El recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia».
23 De conformidad con el artículo 118 del CGP, «Si su vencimiento ocurre en día inhábil se extenderá hasta el
primer día hábil siguiente».
24 Samai, índice 1.
11
Radicación: 11001-03-25-000-2022-00415-00 (4414-2022)
Recurrente: Martín Emilio Santos Nova
50. De igual modo, cabe advertir que la falta de legitimación en la causa por pasiva
alegada por el departamento de Santander fue estudiada y definida en el fallo de
primera instancia dentro del aludido trámite ejecutivo, al decidir sobre el mismo medio
exceptivo; sin que este sea el escenario procesal oportuno para reabrir el debate en
torno a ese aspecto, dada la naturaleza extraordinaria de este medio de impugnación
de providencias judiciales.
3.4. Problema jurídico
51. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso extraordinario de
revisión, corresponde a la Sala definir si:
52. ¿La sentencia impugnada incurrió en la causal prevista en el numeral 5 del
artículo 250 del CPACA, relativa a la nulidad originada en la sentencia, por cuanto
vulneró el derecho al debido proceso, al omitir el estudio jurídico de la renuncia o el
desistimiento a las condenas de reintegro al servicio e intereses, en armonía con el
artículo 11 del CGP, junto con la valoración de las pruebas aportadas al proceso
ejecutivo; y en tal sentido, no haber agotado el tema de las pretensiones y de las
excepciones propuestas, con suficiencia de motivación; además de desconocer lo
aducido en los alegatos de conclusión; y por no haberse efectuado la audiencia de
sustentación y fallo establecida en el artículo 327 del CGP?
53. Para resolver el problema jurídico, la Sala se referirá, en primer lugar, a la
naturaleza del recurso extraordinario de revisión; luego abordará el alcance de la
causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA atinente a que exista
nulidad originada en la sentencia; en tercer lugar, se pronunciará en torno a la carencia
de motivación como causal de nulidad desarrollada por la jurisprudencia; en cuarto
lugar, resolverá el caso en concreto; y, por último, decidirá sobre la condena en costas.
3.5. Naturaleza del recurso extraordinario de revisión
54. El recurso extraordinario de revisión ha sido considerado por la jurisprudencia
y la doctrina nacional como un mecanismo de impugnación y, al mismo tiempo, una
excepción al principio de inmutabilidad de las decisiones judiciales que ponen fin a
una controversia, siempre que estén incursas en alguna de las causales previstas
taxativamente en el artículo 250 del CPACA25.
55. El objeto de este mecanismo es el restablecimiento de la justicia material del
fallo recurrido cuando haya sido afectado por situaciones exógenas que no pudieron
analizarse en el curso del proceso por ello, no puede ser utilizado para corregir errores
judiciales. Es un medio excepcional de impugnación de las decisiones judiciales,
regulado en los artículos 248 y subsiguientes del CPACA26, para casos en que la
decisión judicial está inmersa en supuestos como «[…] la falsedad, el fraude, el error,
la aparición de documentos decisivos que hubieren modificado el sentido de la
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 22, sentencia del 5 de
julio de 2024, proceso con radicado 11001-03-15-000-2022-03940-00.
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 22, sentencia del 5 de
abril de 2024, proceso con radicado 11001-03-15-000-2023-04705-00.
12
Radicación: 11001-03-25-000-2022-00415-00 (4414-2022)
Recurrente: Martín Emilio Santos Nova
decisión […]», entre otros27.
56. Por tal motivo, el carácter excepcional del recurso extraordinario de revisión
supone que no puede utilizarse «[…] para cuestionar la actividad interpretativa, ni la
valoración probatoria del juez, ni para que el afectado con la sentencia proponga
cuestiones que no alegó oportunamente en el proceso originario. Es un instrumento
para discutir y ventilar ciertos hechos procesales externos a la labor funcional del juez,
que pueden llegar a afectar el principio de justicia material»28.
57. De ahí deviene la importancia de que los hechos del caso se subsuman en la
causal invocada sin necesidad de recurrir a interpretaciones amplias que reabran la
discusión como si se tratara de una nueva instancia judicial.
58. Para lograr lo anterior, se exige del recurrente «una carga argumentativa
precisa […], toda vez que debe hacerse de manera técnica, rigurosa y fundamentada
[…]»29. Así pues, la parte que acuda al recurso extraordinario de revisión bajo el
amparo de una de las causales previstas para su procedencia tiene el deber de «[…]
explicar cuáles son los motivos que la soportan y, especialmente, los hechos que
sirven de fundamento para su configuración»30.
3.6. Causal de revisión contenida en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA:
nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso
59. El artículo 250 del CPACA regula las causales del recurso extraordinario de
revisión. En particular, en su numeral 5, establece como tal:
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no
procede recurso de apelación.
60. El alcance de esta causal es restrictivo en la medida en que exige «[…] que
concurran dos supuestos: el primero, que la nulidad se origine en la sentencia que
puso fin al proceso y, el segundo, que contra el fallo cuestionado no proceda recurso
de apelación»31.
61. No obstante, como el CPACA no regula expresamente en qué escenarios se
configura una nulidad originada en la sentencia, la jurisprudencia se ha encargado de
dotar de contenido el numeral 5 de su artículo 250.
62. En estos términos, ha considerado que esta situación se configura por las
causales de nulidad establecidas en el artículo 133 del CGP32. De tal manera que, no
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 22, sentencia del 5 de
julio de 2024, proceso con radicado 11001-03-15-000-2022-03940-00.
28
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 3, sentencia del 3
de agosto de 2022, proceso con radicado 11001-03-15-000-2021-11463-00.
29 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 14, sentencia del
13 de octubre de 2020, proceso con radicado 11001-03-15-000-2019-00119-00(REV).
30 Ibidem.
31 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 19 de septiembre de 2023,
proceso con radicado 11001-03-15-000-2020-03585-00.
32 Antes el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil.
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Recurrente: Martín Emilio Santos Nova
cualquier circunstancia habilita la procedencia del recurso extraordinario de revisión,
sino solo las causales expresamente dispuestas como vicios de nulidad, siempre que
estos concurran en la sentencia que definió la controversia, y no en etapas procesales
anteriores a la decisión.
63. Así se pronunció la Sala Especial de Decisión 3 del Consejo de Estado en
decisión del 29 de junio de 2022, en la que advirtió que habilitar la procedencia del
recurso extraordinario de revisión frente a situaciones ocurridas con anterioridad a la
sentencia «[…] se convertiría en una anormal oportunidad para que las partes
subsanen las omisiones del proceso ordinario y aleguen nulidades o errores
procesales que debieron proponer en la oportunidad prevista en el artículo 134 CGP
(antes el artículo 142 CPC) o para proponer nulidades que quedaron saneadas en los
términos del artículo 136 ib. (antes 144 CPC)»33.
64. Por lo anterior, a través de la causal 5 del recurso extraordinario de revisión, no
puede invocarse una nulidad que haya ocurrido con antelación a la sentencia, salvo
el caso de aquellas que, aunque acontecieron de forma previa a la decisión, «[…] no
pudieron ser advertidas por el recurrente durante el curso del proceso. Sin embargo,
el afectado deberá demostrar que no tuvo la oportunidad de manifestar la nulidad,
para evitar que este medio de impugnación extraordinario se convierta en una tercera
instancia, en la que las partes pueden subsanar sus omisiones»34.
65. Adicionalmente, la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo del Consejo de
Estado ha avalado la procedencia del recurso extraordinario de revisión, sustentado
en la causal de nulidad originada en la sentencia, en determinados eventos
supralegales que comportan una lesión grave del derecho fundamental al debido
proceso.
66. Sin embargo, no cualquier violación del debido proceso previsto genéricamente
en el artículo 29 de la Constitución Política da lugar a la configuración de la causal de
nulidad originada en la sentencia, sino solo en los escenarios que expresamente ha
reconocido la jurisprudencia, lo cual puede ocurrir, entre otras, por las siguientes
circunstancias excepcionales35:
• Cuando la decisión se haya fundado exclusivamente en una prueba recaudada
con violación al debido proceso36.
• Cuando la decisión haya sido firmada por un número mayor o menor de
magistrados o se adoptó con un número de votos distinto a que prevé la ley.
33
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 3, sentencia del 3
de agosto de 2022, proceso con radicado 11001-03-15-000-2021-11463-00.
34 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 14, sentencia del
13 de octubre de 2020, proceso con radicado 11001-03-15-000-2019-00119-00(REV).
35 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 19 de septiembre de 2023,
proceso con radicado 11001-03-15-000-2020-03585-00.
36 Consejo de Estado, Sala Trece Especial de Decisión, sentencia de 7 de junio de 2016, proceso con radicado
11001-03-15-000-2015-02493-00 (REV).
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Recurrente: Martín Emilio Santos Nova
• Cuando la providencia carezca por completo de motivación37.
• Cuando la decisión transgreda el principio de la non reformatio in pejus38.
• Cuando la providencia pase por alto el principio de congruencia39.
• Cuando se profiera un fallo de carácter condenatorio en contra de una persona
que no fue vinculada al proceso40; y
• Cuando la decisión haya consistido en un fallo inhibitorio injustificado41.
67. En conclusión, esta corporación ha reconocido que «[…] no cualquier
irregularidad resulta subsumible en la causal quinta de revisión derivada del artículo
29 constitucional, sino solo aquel vicio de carácter sustancial que incida en la decisión
por afectar el núcleo esencial del derecho fundamental al debido proceso […]. Esto
implica, que le corresponde al juez analizar, en cada caso en particular, si el vicio que
se alega impacta el debido proceso y la correcta aplicación de la justicia material de
manera que tenga la entidad suficiente para permear la inmutabilidad de la cosa
juzgada»42.
68. De tal manera que, como «[…] no puede haber nulidad sin texto legal que la
consagre»43, el recurso extraordinario de revisión por la causal 5 del artículo 250 del
CPACA procede por los supuestos previstos en las disposiciones adjetivas y la
jurisprudencia vigente.
3.7. Carencia de motivación
69. En línea con lo expuesto en el título precedente, la jurisprudencia de la Sala
Plena del Consejo de Estado ha reconocido la ausencia de motivación en la sentencia
como causal de nulidad. Puntualmente, la providencia proferida por la Sala Especial
de Decisión 5, el 3 de febrero de 201544, se refirió al alcance de esta en los siguientes
términos:
El legislador dispuso que “en la sentencia se hará una síntesis de la demanda y su
contestación. La motivación deberá limitarse al examen crítico de las pruebas y a los
37 Consejo de Estado, Sala Cinco Especial de Decisión, sentencia de 3 de febrero de 2015, proceso con radicado
11001-03-15-000-2009-00494-00 (REV).
38 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia de 2 de marzo de 2010, proceso
con radicado 11001-03-15-000-2001-00091-01 (REV).
39 Consejo de Estado, Sala Veintidós Especial de Decisión, sentencia de 2 de febrero de 2016, proceso con
radicado 11001-03-15-000-2015-02342-00 (REV).
40 Consejo de Estado, Sala Veintiuno Especial de Decisión, sentencia de 17 de junio de 2022, proceso con radicado
11001-03-15-000-2014-04059-00 (REV).
41
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 8 de mayo de 2018, proceso con
radicado 11001-03-15-000-1998-00153-01.
42 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 19 de septiembre de 2023,
proceso con radicado 11001-03-15-000-2020-03585-00.
43 Ibidem («allí mismo, en el mismo lugar. U. en índices, notas o citas de impresos o manuscritos», según
Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española).
44 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Cinco Especial de Decisión, sentencia
del 3 de febrero de 2015, proceso con radicado 11001-03-15-000-2009-00494-00(REV).
15
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Recurrente: Martín Emilio Santos Nova
razonamientos legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para
fundamentar las conclusiones …”.
El incumplimiento de esta obligación, esto es, de expresar las razones de hecho o de
derecho en que funda el juzgador su decisión, es el motivo que da lugar a entender
configurada la causal sexta de revisión.
70. A partir de esto, esta Sección45, en particular, en el marco del estudio de un
recurso extraordinario de revisión interpuesto con sustento en la causal de carencia
de motivación, hizo referencia a estos planteamientos:
En lo relativo a esta afirmación, es necesario señalar que esta corporación en
sentencia proferida el 20 de octubre de 2009 […] , respecto de la falta de motivación
de la sentencia como causal de nulidad, sostuvo lo siguiente:
«En relación con la nulidad originada en la sentencia por ausencia de motivación,
también la jurisprudencia de esta Corporación ha diferenciado la falta absoluta de
motivación de la deficiente o errada y, señala que únicamente la carencia total de
pronunciamiento del juez sobre las razones de hecho o de derecho que le permiten
arribar a una decisión, es motivo de revisión bajo la causal sexta; que es improcedente
con fundamento en dicha causal alegar situaciones relacionadas con deficiencias en
la motivación, con la estimación errada de los hechos por parte del juez, con las
pruebas o las normas jurídicas aplicadas, con la falta de consideración de alguna de
las pruebas etc, porque de admitir tales reclamaciones se desconocería, abiertamente,
el carácter extraordinario del recurso, convirtiéndolo en otra instancia».
De acuerdo con lo anterior, la nulidad originada en la sentencia por ausencia de
motivación se presenta ante la carencia absoluta de pronunciamiento del juez sobre
las razones de hecho o de derecho que sirvieron de fundamento a la decisión, o
cuando se basa en circunstancias manifiestamente erróneas, incompletas o de
actitudes dolosas[…]. No aplica, así, para controvertir las razones del fallo ni la
apreciación que de los hechos y de las pruebas hizo el fallador[…].
71. Del mismo modo, esta corporación, recientemente, ha desarrollado la falta de
motivación46, de la forma en que se transcribe a continuación:
En este punto, la Sala reitera que la falta de motivación configura la causal 5ª de
revisión en los eventos de carencia absoluta de pronunciamiento sobre las razones de
hecho o de derecho que sirvieron de fundamento a la decisión, o cuando se sustenta
en circunstancias manifiestamente erróneas, arbitrarias o caprichosas, sin que resulte
procedente, con fundamento en dicha causal, controvertir la apreciación de los hechos
por parte del juez, abrir un nuevo debate probatorio o interpretativo o cuestionar el
criterio con el que el juez aplicó o interpretó la ley en el fallo censurado, pues el recurso
extraordinario de revisión no constituye una oportunidad adicional para controvertir las
motivaciones jurídicas que soportaron la decisión del juez natural de la causa.
45 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 26
de agosto de 2021, proceso con radicado 11001-03-25-000-2017-00852-00(4598-17).
46 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 16 de
junio de 2025, proceso con radicado 11001-03-26-000-2020-00101-00 (66168).
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Recurrente: Martín Emilio Santos Nova
Por lo demás, conviene recordar que, en relación con la obligación de fundamentar las
sentencias, esta Corporación ha precisado que “no se trata de exigir a los órganos
jurisdiccionales una argumentación extensa, exhaustiva o pormenorizada que vaya
respondiendo, punto por punto, a cada una de las alegaciones de las partes, ni impedir
la fundamentación concisa o escueta que en cada caso estimen suficiente quienes
ejercen la potestad jurisdiccional; se trata de que la tutela judicial efectiva se anude
con los extremos sometidos por las partes a debate. (…) por ello, la exigencia de
motivación no implica necesariamente una contestación judicial expresa a todas y cada
una de las alegaciones de las partes”[…].
72. De lo anterior, se extrae que hay que diferenciar la falta absoluta de motivación
de aquella que es deficiente o errada, ya que solo la primera de estas tiene la entidad
de encuadrar en la causal de nulidad de la sentencia, susceptible de ser estudiada por
la vía del recurso extraordinario de revisión. De suerte que lo que se busca sustentar
a través de esta causal, taxativa y restrictiva, es la ausencia absoluta de
pronunciamiento del juez frente a las razones de hecho o de derecho que le sirvieron
de sustento a su decisión, la cual parte de la base de que desplegó una actitud dolosa
que compromete la justicia material.
3.8. Caso concreto
73. En el asunto bajo análisis, el señor Martín Emilio Santos Nova presentó recurso
extraordinario de revisión, bajo el argumento de que la sentencia de segunda instancia
proferida por el Tribunal Administrativo de Santander está incursa en la causal de
revisión prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA, relativa a la existencia de
nulidad originada en la sentencia.
74. Para sustentar la causal invocada, en primer lugar, bajo la égida de los defectos
fáctico, sustantivo y violación directa de la Constitución47, en resumen, el recurrente
adujo omisión e insuficiencia en la motivación del fallo impugnado frente al estudio
jurídico y probatorio respecto de la renuncia a las condenas de reintegro al servicio e
intereses, en armonía con el artículo 11 del CGP; y, en tal sentido, tampoco agotó el
tema de las pretensiones y de las excepciones propuestas ni se refirió a lo afirmado en
los alegatos de conclusión. Por otro lado, sostuvo que se quebrantó el debido proceso
al no haberse celebrado la audiencia de sustentación y fallo establecida en el artículo
327 del CGP, con lo que se incurrió en las causales de nulidad 3, 5, 6 y 7 del artículo
133 del mismo código48.
47 Recuérdese que tales defectos comportan causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencia judicial, desarrolladas por la Corte Constitucional (sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018 y SU-
215 de 2022), que hacen referencia a determinados escenarios que afectan la integridad de la decisión judicial y
que justifican la intervención del juez constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales. Corte
Constitucional.
48 «Artículo 133. Causales de nulidad. El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos:
[…]
3. Cuando se adelanta después de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupción o de suspensión, o
si, en estos casos, se reanuda antes de la oportunidad debida.
[…]
5. Cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, o cuando se omite la práctica
de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria.
6. Cuando se omita la oportunidad para alegar de conclusión o para sustentar un recurso o descorrer su traslado.
7. Cuando la sentencia se profiera por un juez distinto del que escuchó los alegatos de conclusión o la sustentación
del recurso de apelación».
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Recurrente: Martín Emilio Santos Nova
75. De este modo, la Sala considera que parte del fundamento del recurso
extraordinario de revisión en estudio radica en la causal de nulidad, desarrollada por la
jurisprudencia, referida a la carencia de motivación, la cual se habría originado en la
sentencia que puso fin al proceso ejecutivo, de forma tal que el demandante no tuvo
otra oportunidad para controvertir la decisión del Tribunal Administrativo de Santander,
porque contra esta no procedía apelación al ser un fallo de segunda instancia.
76. Ahora bien, de conformidad con los argumentos planteados por el recurrente,
este refirió que la sentencia impugnada se sustrajo del examen de la renuncia o
desistimiento a las condenas de reintegro laboral e intereses, que fueron impuestas en
las providencias base de recaudo, al estimar que no era propio del proceso ejecutivo
definir sobre la ineficacia de la aludida renuncia y la avaló, pese a que estaba sometida
a las condiciones de que el pago fuera (i) en el plazo por él advertido —que fue
prorrogado hasta el 22 de diciembre de 2010—, (ii) por el monto del capital por salarios
y prestaciones sociales debidos, pero, como lo reconoció el tribunal, fue parcial —ya
que faltó un mes de liquidación, las cesantías y los aportes a seguridad social—, y (iii)
consignado directamente a él, mas no a su apoderada, como se hizo.
77. Indicó que lo anterior debió analizarse con fundamento en los artículos 1539,
1541,1542, 1626 y 1627 del Código Civil, en armonía con el artículo 11 del CGP y el
principio de favorabilidad laboral, por lo que, al no cumplirse las condiciones bajo las
cuales se presentó la mencionada renuncia, su ineficacia no implica la configuración
de las causales de nulidad de los actos administrativos que la tuvieron en cuenta para
abstenerse de cumplir la orden judicial de reintegro laboral.
78. Bajo este entendido, para el recurrente el tribunal incurrió en una deficiente
motivación porque no valoró jurídica ni fácticamente la ineficacia de la renuncia a las
condenas de reintegro laboral e intereses, ya que, afirma, las condiciones a las que
estaba sometida no se colmaron en su integridad, y no quiso ahondar en el asunto so
pretexto de ser un aspecto que no correspondía ser debatido en el proceso ejecutivo.
79. Al respecto, la Sala estima que los argumentos del recurrente, más que poner
de presente que la providencia careció absolutamente de motivación, plantean una
deficiencia derivada de que el tribunal no abordó el examen del asunto a partir de la
ineficacia de la mencionada renuncia como acto jurídico de conformidad con la
normativa civil, porque, al igual que el juzgado de primera instancia, la avaló sin verificar
las condiciones a las que estuvo sometida, que fueron cumplidas de manera parcial
por las entidades demandadas, lo que cuestiona directamente el contenido de la
sentencia judicial, pero no encuadra en el alcance de la causal de revisión invocada.
80. Así las cosas, de la lectura de la sentencia del 1.° de julio de 2021, se observa
que esta corroboró, al igual que el juzgado de primera instancia, la existencia de los
escritos de renuncia a ser reintegrado laboralmente y a los intereses, que suscribió el
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Recurrente: Martín Emilio Santos Nova
accionante el 16 de noviembre49 y 13 de diciembre de 201050 y que el pago en
cumplimiento del título ejecutivo (por la obligación principal atinente a los salarios y
prestaciones sociales por $ 181.998.975) fue realizado por el departamento de
Santander51, por lo que los aspectos que se debaten en torno a su ineficacia o si hubo
un vicio en el consentimiento por fuerza no eran propios del proceso ejecutivo, como
tampoco la posibilidad de aplicarse la excepción de inconstitucionalidad frente al acto
que se abstuvo de reintegrarlo, con ocasión de esa renuncia, pues constituyen asuntos
ajenos al trámite ejecutivo y al fallo base de recaudo.
81. Por consiguiente, se advierte que el tribunal motivó su decisión con fundamento
en la prueba documental obrante en el expediente ejecutivo en relación con la
existencia de los memoriales por los cuales el señor Santos Nova renunció o desistió
al reintegro laboral y a los intereses; el acto administrativo en el que, con fundamento
en aquella manifestación52, se abstuvo de reincorporarlo, y el pago de la obligación
principal53; así mismo, explicó el motivo por el cual estimaba que el proceso ejecutivo
no era el escenario judicial idóneo para determinar si esa renuncia fue bajo presión y
la falta de eficacia alegada.
82. Por lo tanto, se advierte que la decisión judicial contiene una motivación
razonable, coherente con el objeto del proceso y suficiente, sin que haya lugar a
determinar que el tribunal dejó de expresar las razones de hecho y de derecho que
sustentan su decisión. En razón a ello, lo que pretende el recurrente es cuestionar el
examen jurídico y la valoración probatoria porque, desde su punto de vista, debía
tenerse por inválida la renuncia manifestada por él ante las entidades demandadas
acerca de la orden judicial de reintegro y de los intereses, dado que, en su sentir, no
se cumplieron a cabalidad las condiciones bajo las cuales estaba sometida y la realizó
por presión.
83. Por ende, para el señor Martín Emilio Santos Nova las razones que soportan la
deficiente motivación se basan en una indebida apreciación de las pruebas
documentales que, en su criterio, dejaban entrever el incumplimiento de las
condiciones fijadas en los aludidos escritos de renuncia o desistimiento, en armonía
con la normativa civil acerca de la ineficacia de los actos jurídicos. No obstante, como
se ha dicho, este argumento no constituye causal del recurso extraordinario de revisión,
porque para ello el ordenamiento jurídico ha previsto otros mecanismos como la acción
de tutela contra providencias judiciales, en la que es posible invocar los defectos
fáctico, sustantivo y por violación directa de la Constitución, que en el recurso también
adujo.
49 Mediante el cual desistió de la orden de reintegro a la planta de la Contraloría departamental, solicitó el
cumplimiento del título ejecutivo y pidió que los dineros le fueran consignados a su cuenta de ahorros antes del 30
de noviembre de 2010, «de lo contrario no prosperaría mi manifestación voluntaria de renunciar al reintegro».
50
En el que manifestó su decisión de prorrogar «la condición que el pago se efectué a más tardar el 22 de diciembre
de 2010, de igual forma renuncio al reintegro y a los intereses comerciales moratorios a mi favor mediante sentencia
de fecha 12 de agosto de 2010».
51 Pago consignado el 21 de diciembre de 2010, en la cuenta bancaria de la apoderada del demandante.
52 Resolución 772 del 16 de noviembre de 2010 de la Contraloría de Santander.
53 Ordenado en la Resolución 18758 del 14 de diciembre de 2010 del departamento de Santander, por el monto
de $ 181.998.975, y en atención a la renuncia o desistimiento del accionante al reintegro e intereses.
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Recurrente: Martín Emilio Santos Nova
84. Sobre este último aspecto, encuentra la Sala que el señor Santos Nova
promovió acción de tutela bajo el radicado número 11001-03-15-000-2021-10998-
00/01, en la que invocó los mismos argumentos contenidos en el presente recurso
extraordinario y en cuyo trámite la Sección Cuarta de esta corporación, mediante
sentencia del 3 de febrero de 2022, declaró su improcedencia por falta de relevancia
constitucional, al estimar lo siguiente:
En ese contexto, resulta claro que las inconformidades frente a si la renuncia a la orden
de reintegro fue pura y simple, si estaba sometida a una condición resolutoria o si
comprendió lo relacionado con los intereses, fue definida por el Tribunal Administrativo
de Santander en el sentido de señalar que no es un asunto propio del proceso ejecutivo
determinar el alcance de la renuncia que efectuó el señor Martín Emilio Santos Novoa,
porque ello demanda de una actividad probatoria y, por ende, declarativa, que escapa
de la órbita de competencia del juez ejecutivo.
Luego, si el proceso ejecutivo no es el escenario procesal adecuado para discutir el
alcance de la renuncia al reintegro, mucho menos lo es el presente mecanismo
constitucional para insistir exactamente en esos argumentos. De manera que, son las
mismas razones las que conducen a señalar que en el presente caso no se cumple con
el requisito general de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
de relevancia constitucional, lo cual impide hacer cualquier pronunciamiento sobre el
fondo del asunto.
[…]
Igualmente, de la lectura de la providencia cuestionada es posible advertir que el
tribunal no desconoció los otros conceptos que fueron reconocidos tanto en la sentencia
declarativa, como en el mandamiento ejecutivo de pago, pues, el Tribunal
Administrativo del Magdalena confirmó la decisión de primera instancia, es decir,
determinó seguir adelante con la ejecución, excepto, en relación con los numerales 7 y
8 de la orden número uno del mandamiento ejecutivo, esto es, “el reintegro del
ejecutante sin solución de continuidad, al cargo que ocupaba en la Contraloría
ejecutada” y “por los intereses de la indemnización compensatoria por el no reintegro y
hasta el pago efectivo de la misma”.
De manera que, el argumento de la parte actora no cuestiona la motivación de la
decisión en sí misma, sino que, emplea el mecanismo constitucional para insistir en los
saldos que, a su juicio, considera quedaron pendientes por ordenar su liquidación y
pago, dicho de otro modo, se observa que la razón de inconformidad no se acompasan
con las razones de la decisión objeto de tutela, esto es, a las razones fundamentales
de la decisión cuestionada, es decir, a la ratio decidendi, sino que más bien, es
empleada para insistir en inconformidades relacionadas con el reintegro, que, como se
vio, es un asunto que no puede ser estudiado en este escenario constitucional.
Finalmente, en el escrito adicional la parte actora menciona que el tribunal demandado
incurrió en el defecto procedimental, de un lado, porque no se tuvo en cuenta los
alegatos de conclusión y, del otro, porque no se llevó a cabo la audiencia de
sustentación y fallo. Sin embargo, dicho argumento no está llamado a prosperar,
primero, porque el tribunal refirió que los alegatos de conclusión se referían a los del
recurso de apelación, lo cual resulta apenas lógico si se tiene en cuenta que los alegatos
son la oportunidad para hacer énfasis en los aspectos relevantes del caso y no para
agregar nuevos argumentos al debate procesal, segundo, porque si consideró que en
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el trámite del proceso se omitió alguna etapa, así debió alegarlo en el marco del proceso
ejecutivo y, porque, en todo caso, la sustentación del recurso fue debidamente
ejecutada, al punto que el tribunal resolvió frente a los argumentos de apelación de la
parte ejecutante y ejecutada.
85. La anterior decisión fue confirmada por la Subsección A de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, en fallo del 1.° de abril de 2022, en la que se ratificó que:
La Sala estima que la decisión del Tribunal Administrativo de Santander estudió los
argumentos de la apelación y razonadamente explicó por qué el proceso ejecutivo no
era la vía judicial idónea para examinar los argumentos del ejecutante respecto de la
vigencia de su derecho al reintegro, de si la renuncia fue bajo la presión, o si la condición
y su eficacia constituye una causal de nulidad. Distinto es que el demandante no está
de acuerdo con esa teoría y propone un desacuerdo con el discernimiento de la
accionada, pero se vale de la reiteración del debate planteado y resuelto en el proceso
ejecutivo.
En suma, el descontento del accionante revela la intención de prolongar en sede
constitucional un debate que ya se clausuró, a fin de obtener a toda costa una
alternativa de decisión en la que se resuelva favorablemente su visión del litigio y,
compártase o no la decisión de los jueces naturales, la Sala no advierte que sus
conclusiones se tornen irracionales, absurdas o caprichosas. […]
86. En armonía con lo citado, el demandante también pretende convertir este
mecanismo de naturaleza extraordinaria en una tercera instancia judicial para volver a
discutir el fundamento de las pretensiones de su demanda ejecutiva, puesto que alude
a la inobservancia de la normativa que estima aplicable respecto de la ineficacia de sus
escritos de renuncia o desistimiento frente a la orden de reintegro laboral e intereses y
a la falta de análisis de los argumentos y las pruebas aportadas al proceso
encaminados a demostrar tal ineficacia, aspectos que escapan de la finalidad por la
que se instituyó el recurso extraordinario de revisión como un medio de impugnación
excepcional de las decisiones judiciales.
87. Al respecto, esta corporación, frente a la causal de revisión contenida en el
numeral 5 del artículo 250 del CPACA ha sostenido que «[…] es improcedente, con
fundamento en dicha causal, alegar situaciones relacionadas con deficiencias en la
motivación derivadas, por ejemplo […] de la indebida interpretación de las normas
jurídicas aplicables; o del desconocimiento del precedente judicial […]» 54.
88. En línea con lo anterior, también se ha destacado que el recurso extraordinario
de revisión es improcedente para «[…] provocar una interpretación adicional de las
normas aplicables al caso»55, ya que «[…] los errores de apreciación […] sustantiva en
que haya podido incurrir el Tribunal, son extraños al recurso de revisión, pues este no
es una instancia adicional en la que pueda replantearse el litigio»56. De manera que no
54 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 14, sentencia del 5 de
abril de 2016, proceso con radicado 11001-03-15-000-2008-00320-00.
55 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 2 de
diciembre de 2021, proceso con radicado 11001-03-25-000-2018-00020-00 (0063-18).
56 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 2 de
diciembre de 2021, proceso con radicado 11001-03-25-000-2018-00020-00 (0063-18).
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puede utilizarse para «[…] pretender que se haga un nuevo y supuesto mejor juicio
[…], o para reclamar una más aguda interpretación de la ley»57.
89. Ahora bien, el accionante también señaló que el Tribunal Administrativo de
Santander no se pronunció acerca de lo afirmado en los alegatos de conclusión —sin
indicar cuál aspecto puntual—; no obstante, el fallo recurrido fue explícito en advertir
que las argumentaciones invocadas en las alegaciones presentadas por las partes
estaban contenidas en los respectivos recursos de apelación, cuyos reparos fueron
resueltos en dicha providencia. Recuérdese que los alegatos de conclusión son
relevantes en la medida que permiten al juez un mejor entendimiento de la controversia,
pero no son una oportunidad para traer a colación nuevos planteamientos que no
fueron aducidos en el respectivo recurso de apelación58.
90. Por otra parte, en lo concerniente a la falta de celebración de la audiencia de
sustentación y sentencia establecida en el artículo 327 del CGP, la Sala encuentra
evidente que en la audiencia inicial en la que fue dictado el fallo de primera instancia,
el Juzgado Quinto Administrativo de Bucaramanga advirtió que las normas procesales
para el trámite del recurso de apelación serían las contenidas en el CPACA, por lo que
concedió el término de 10 días a las partes para que sustentaran los recursos de
apelación que en esa diligencia manifestaron interponer —como en efecto lo hizo el
accionante—, sin que ninguno de los sujetos procesales presentara reparo contra esa
decisión o las que concedieron y admitieron las alzadas; además de que el 9 de julio
de 2021 el tribunal dispuso correr traslado a las partes, oportunidad aprovechada por
el actor.
91. Por consiguiente, como se explicó en acápite anterior, a través de la causal 5
del recurso extraordinario de revisión, no puede invocarse una nulidad que haya
ocurrido con antelación a la sentencia, salvo aquellas que, aunque acontecieron de
forma previa a la decisión, no pudieron ser alegadas por el recurrente durante el curso
del proceso; y en el presente caso lo cierto es que el demandante consintió el trámite
dado a los recursos de apelación interpuestos por las partes en virtud de las
disposiciones del CPACA, al punto que se valió de él para aprovechar la oportunidad
de sustentar su alzada por escrito y presentar los alegatos de conclusión en segunda
instancia.
92. En todo caso, cabe precisar que la providencia judicial de primera instancia fue
proferida en audiencia el 20 de septiembre de 2019, por lo que, para efectos del trámite
del recurso de apelación interpuesto contra esa decisión, era aplicable la previsión
normativa contenida en el parágrafo del artículo 243 del CPACA (previa la modificación
introducida por el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021), según el cual «La apelación solo
procederá de conformidad con las normas del presente Código, incluso en aquellos
trámites e incidentes que se rijan por el procedimiento civil».
57 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 2 de
diciembre de 2021, proceso con radicado 11001-03-25-000-2018-00020-00 (0063-18).
58 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 6, sentencia del 5 de
noviembre de 2019, proceso con radicado 11001-03-15-000-2019-00893-00.
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93. Adicionalmente, no se observa pretermisión respecto de alguna de las
oportunidades previstas en el artículo 247 del CPACA, en particular en torno a la
sustentación del recurso de apelación y la presentación de los alegatos de conclusión.
Por lo tanto, carece de asidero jurídico el planteamiento del demandante acerca de la
obligatoriedad de la audiencia de sustentación y fallo de que trata el artículo 327 del
CGP y, por el contrario, se garantizó el debido proceso en el trámite ejecutivo, por lo
que tampoco se encuentra fundamento alguno frente a la configuración de las causales
de nulidad 3, 5, 6 y 7 del artículo 133 del CGP, como lo señala en el recurso.
94. A partir de lo expuesto, en el caso bajo estudio no se configuró la causal de
revisión dispuesta en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA, ya que el Tribunal
Administrativo de Santander no incurrió en carencia absoluta de motivación ni en
violación al debido proceso. Por consiguiente, este recurso extraordinario de revisión
se declarará infundado.
3.9. Conclusión
95. La Sala concluye que la decisión del Tribunal Administrativo de Santander se
profirió dentro de los parámetros razonables de valoración judicial y respetó las
garantías procesales, por lo que el recurso extraordinario de revisión no resulta
procedente para reabrir debates jurídicos ni cuestionar interpretaciones legítimas con
fundamento en la causal contenida en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA; por
lo tanto, se declarará infundado.
3.10. Costas
96. En este punto, para decidir sobre las costas procesales, la presente providencia
acogerá el criterio de interpretación mayoritario59 de la Subsección sobre el artículo
255 del CPACA, modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021, consistente en
que para decretar la condena en costas debe verificarse, a través de un juicio de
ponderación subjetiva, si la parte vencida actuó de manera temeraria o de mala fe60.
97. Por lo tanto, en el caso concreto, no habrá lugar a imponer dicha condena en
atención a que, si bien el recurso se declarará infundado, no se advierte que la parte
recurrente haya incurrido en las anteriores conductas, durante el trámite del presente
asunto.
3.11. Renuncia de poder
98. El abogado Jeffer Rubén Blanco Ortega presentó renuncia al poder conferido
59 La magistrada ponente considera que la modificación que la Ley 2080 de 2021 introdujo al artículo 255 del
CPACA, en materia de costas, implica la adopción de un criterio objetivo valorativo por varias razones, a saber: (i)
se adopta la regla de procedencia en materia de costas para el recurso extraordinario de revisión bajo el supuesto
de que se declare infundado el recurso; (ii) el artículo 255 del CPACA debe leerse conjuntamente con los artículos
365 y 366 del CGP para efectos de verificar la causación y la comprobación de las cosas procesales; y (iii) la
temeridad o mala fe deben ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el
propósito de determinar la eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas».
60 Sobre el particular, pueden verse las sentencias del: (i) 22 de agosto de 2024, proceso con radicado 11001-03-
25-000-2016-00813-00 (3722-2016), Sección Segunda, Subsección B; y (ii) 18 de julio de 2024, proceso con
radicado 11001-03-25-000-2017-00079-00 (0354-2017), Sección Segunda, Subsección B.
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Radicación: 11001-03-25-000-2022-00415-00 (4414-2022)
Recurrente: Martín Emilio Santos Nova
por el departamento de Santander, para lo cual adjunta copia de la comunicación
enviada a su poderdante61, de conformidad con lo previsto en el artículo 76 del Código
General del Proceso. En consecuencia, se procederá a aceptar dicha renuncia.
4. Decisión
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero: Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el
señor Martín Emilio Santos Nova en contra de la sentencia proferida el 1.° de julio de
2021, por el Tribunal Administrativo de Santander, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
Segundo: Sin condena en costas, de acuerdo con los motivos consignados en la parte
motiva de esta sentencia.
Tercero: Aceptar la renuncia al poder conferido por el departamento de Santander,
presentada por el abogado Jeffer Rubén Blanco Ortega, en atención a lo expuesto en
la parte considerativa de esta providencia.
Cuarto: Archivar el expediente de la referencia, una vez realizadas las anotaciones
pertinentes en el Sistema de Gestión Judicial Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
61 Samai, índice 36.
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