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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-06445-00

Fecha
10 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-06445-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Negar la solicitud de desvinculación de la acción presentada por la Contraloría Departamental de Santander, de conformidad con lo expuesto en el numeral 3.2.1. de la presente providencia. Segundo: Negar la acción de tutela de la referencia, de acuerdo con los argumentos expuestos en la parte motiva de la presente providencia. Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto: En caso de que no sea impugnada, remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-06445-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

10 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D. C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06445-00
Accionante: Martín Emilio Santos Nova
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial

Decisión: Niega. No se configuran los defectos alegados.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
decide la acción de tutela instaurada por el señor Martín Emilio Santos Nova,
quien actúa por intermedio de apoderado judicial, contra la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, por la presunta vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso, el acceso efectivo a la administración
de justicia, a la tutela judicial efectiva y a la igualdad, ocurrida con la expedición
de la providencia del 5 de febrero de 20261, al interior del trámite del recurso
extraordinario de revisión con radicado 11001-03-25-000-2022-00415-00.

II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos

2. Del escrito de tutela2 y del expediente, se colige que el señor Martín Emilio
Santos Nova instauró una demanda en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho contra el Departamento de Santander y la
Contraloría Departamental de Santander. Dicho proceso culminó con sentencia
de 15 de octubre de 2009, proferida por el Juzgado Quinto Administrativo de
Bucaramanga mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda.

3. La decisión referida fue confirmada el 12 de agosto de 2010 por el Tribunal
Administrativo de Santander, que ordenó el reintegro del demandante y el
reconocimiento y pago de los salarios, prestaciones y demás emolumentos
dejados de percibir.

4. Posteriormente, el 16 de noviembre de 2010, el actor manifestó su
voluntad de desistir del reintegro ordenado judicialmente, siempre que se
materializara el pago del componente patrimonial antes del 30 de noviembre de

1
Índice 39 del aplicativo SAMAI, exp. 11001-03-25-000-2022-00415-00
2
Presentado el 14 de agosto de 2026

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Accionante: Martín Emilio Sánchez Nova

20103.

5. El 12 de agosto de 2014, el accionante acudió al medio de control ejecutivo
con fundamento en la sentencia favorable del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho. En primera instancia, el Juzgado Quinto
Administrativo de Bucaramanga negó inicialmente el mandamiento de pago,
decisión que fue parcialmente revocada por el Tribunal Administrativo de
Santander mediante auto de 17 de noviembre de 2016, al ordenar examinar la
procedencia de la ejecución respecto del reintegro y descartar la indemnización
compensatoria pretendida.

6. Inconforme con tales determinaciones, el actor presentó una acción de
tutela que le fue resuelta de manera desfavorable el 3 de abril de 20174 por la
Sección Segunda, Subsección B de esta Corporación y que fue confirmada por
la Sección Cuarta el 13 de febrero de 2018 5, oportunidades en las cuales se
consideró que la renuncia condicionada produjo efectos jurídicos al haberse
realizado el pago dentro del plazo prorrogado por el propio interesado.

7. Posteriormente, mediante sentencia de 1.º de julio de 2021 6, el Tribunal
Administrativo de Santander resolvió la apelación dentro del proceso ejecutivo y
sostuvo que no se acreditó el pago total de la obligación, que la discusión relativa
a las condiciones de la renuncia constituía un debate probatorio ajeno al proceso
ejecutivo y que no existía obligación actual de reintegro exigible por esa vía.

8. En desacuerdo con dicha determinación, el accionante decidió presentar
un recurso extraordinario de revisión con fundamento en la causal prevista en el
numeral 5 del artículo 250 del CPACA, al considerar que la providencia contenía
un fallo inhibitorio injustificado, y en el sentir del actor, desconoció el deber de

3
No obstante, mediante escrito de 13 de diciembre de 2010 prorrogó dicha condición hasta el 22 de diciembre siguiente.
Entretanto, la Gobernación de Santander reconoció mediante Resolución 18.758 de 14 de diciembre de 2010 una suma
dineraria a favor del interesado, pagada el 21 de diciembre de ese mismo año.
4
El actor instauró una acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Santander y el Juzgado Quinto Administrativo
de Bucaramanga por las decisiones adoptadas dentro del proceso ejecutivo, especialmente respecto de la negativa de
librar mandamiento de pago por la indemnización compensatoria derivada del presunto incumplimiento del reintegro. La
Subsección B constató que el 16 de noviembre de 2010 el interesado condicionó su desistimiento al pago oportuno de
las sumas adeudadas y verificó que posteriormente prorrogó esa condición hasta el 22 de diciembre de 2010. Igualmente,
estableció que el pago reconocido mediante la Resolución 18.758 de 2010 fue efectuado el 21 de diciembre siguiente,
esto es, dentro del término prorrogado por el propio actor. Con fundamento en ello concluyó que el desistimiento produjo
efectos jurídicos, que desapareció la posibilidad de exigir tanto el reintegro como la indemnización compensatoria y, por
ende, negó el amparo solicitado.
5
En sede de impugnación, el accionante insistió en la existencia de un defecto sustantivo y por desconocimiento del
precedente judicial, argumentando que el pago realizado constituía apenas un abono y no la satisfacción integral de la
obligación reconocida judicialmente. La Sección Cuarta examinó la actuación y concluyó que el proceso ejecutivo debía
regirse por el CPACA y, en lo no regulado, por las disposiciones pertinentes del Código General del Proceso. Además,
verificó la existencia de la renuncia al reintegro, la prórroga de la condición y el pago realizado el 21 de diciembre de
2010, circunstancias que consideró suficientes para reconocer eficacia al desistimiento formulado por el actor. Finalmente
determinó que no se acreditó el desconocimiento del precedente invocado y confirmó la sentencia de primera instancia
que negó el amparo constitucional.
6
El Tribunal Administrativo de Santander descartó la configuración de una novación de la obligación derivada del fallo de
nulidad y restablecimiento del derecho, al considerar que la resolución administrativa expedida para liquidar las sumas
reconocidas judicialmente no sustituyó la obligación original. Por tal razón, concluyó que los valores cancelados por la
entidad demandada constituían únicamente un abono parcial, susceptible de imputación conforme a las reglas aplicables
al pago de capital e intereses. Respecto de la orden de reintegro, advirtió que el ejecutante presentó renuncia expresa a
dicha prestación y que esta fue aceptada mediante acto administrativo. Asimismo, precisó que las controversias
relacionadas con la eficacia de la renuncia, el eventual incumplimiento de condiciones, la existencia de vicios del
consentimiento, la alegada vulneración del derecho a la igualdad o la procedencia de la excepción de inconstitucionalidad
excedían el ámbito propio del proceso ejecutivo y exigían un debate declarativo autónomo. Por consiguiente, sostuvo que
no existía una obligación actual y exigible de reintegro susceptible de ejecución, toda vez que la discusión sobre los
efectos jurídicos de la renuncia y del acto que la aceptó no podía resolverse dentro de ese trámite. Con fundamento en
ello, modificó la sentencia de primera instancia y ordenó no seguir adelante la ejecución respecto de las pretensiones
encaminadas al reintegro y a la indemnización compensatoria derivada de su eventual incumplimiento, confirmando en lo
demás la decisión apelada. Visible en el índice 2, 6_ED_ANEXOS, pág. 7-15

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resolver integralmente el litigio sometido al conocimiento de la autoridad judicial
reprochada.

9. La Sección Segunda, Subsección B de esta Corporación, mediante
sentencia de 5 de febrero de 2026, declaró infundado el recurso presentado al
estimar que la discusión planteada no encuadraba en la causal invocada y que
el recurrente pretendía reabrir un debate jurídico y probatorio ya examinado por
el juez natural del proceso7.

10. Inconforme con dicha decisión, el actor instauró la presente acción de
tutela al sostener que la autoridad judicial accionada omitió pronunciarse sobre
el verdadero problema jurídico sometido a su consideración y mantuvo incólume
una situación que, en su criterio, comportaba una denegación de justicia frente a
la eficacia de la renuncia condicionada al reintegro laboral.

2.2. Fundamento jurídico

11. El accionante consideró vulnerados sus derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso efectivo a la administración de justicia, a la tutela judicial
efectiva y a la igualdad, al considerar que, desde su perspectiva, ninguna
autoridad judicial resolvió materialmente la controversia relativa a la eficacia de
la renuncia condicionada y a los efectos derivados del incumplimiento de las
condiciones pactadas para su validez.

12. Como primer reproche, alegó la configuración de un defecto fáctico, al
sostener que las autoridades judiciales omitieron valorar integralmente los
documentos relacionados con las condiciones de la renuncia de 16 de noviembre
de 2010, la prórroga efectuada el 13 de diciembre siguiente y el alcance del pago
realizado en diciembre de ese mismo año, pese a que dichos elementos
resultaban determinantes para establecer la eficacia de esa manifestación de
voluntad.

13. Igualmente, planteó la existencia de un exceso ritual manifiesto, por
cuanto, en su criterio, la sentencia del Tribunal Administrativo de Santander
reconoció que la discusión sobre las condiciones de la renuncia constituía un
debate probatorio relevante, pero simultáneamente se abstuvo de examinarlo al
considerar que escapaba al ámbito del proceso ejecutivo, circunstancia que
habría impedido resolver de fondo la controversia.

14. Asimismo, denunció una violación directa de la Constitución, dado que
adujo que la autoridad judicial reprochada habría tenido por extinguidos los
efectos de una sentencia judicial de reintegro sin verificar previamente si se

7
La autoridad judicial accionada declaró infundado el recurso extraordinario de revisión instaurado por el actor contra la
sentencia del 1° de julio de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, toda vez que precisó que la causal
quinta del artículo 250 del CPACA se configura cuando existe una verdadera decisión inhibitoria injustificada. No obstante,
concluyó que la providencia cuestionada sí resolvió el litigio sometido a conocimiento del juez natural y explicó por qué la
discusión relativa a la renuncia escapaba al ámbito propio del proceso ejecutivo. Asimismo, sostuvo que los
planteamientos del recurrente tendían a reabrir una controversia jurídica y probatoria ya examinada dentro del proceso,
circunstancia incompatible con la naturaleza excepcional y restrictiva del recurso extraordinario de revisión. Con
fundamento en lo anterior, la Sala reprochada concluyó que no se acreditaban los presupuestos de la causal invocada y,
en consecuencia, declaró infundado el recurso extraordinario de revisión, manteniendo incólume la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo de Santander.

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Accionante: Martín Emilio Sánchez Nova

configuró válidamente el supuesto jurídico llamado a producir tal consecuencia,
con afectación de los principios de tutela judicial efectiva y ejecución material de
las decisiones judiciales.

15. De manera complementaria, sostuvo que la providencia cuestionada
desconoció diversos precedentes judiciales que, según afirmó, evidenciaban la
necesidad de examinar las condiciones de eficacia de ciertas manifestaciones de
voluntad antes de derivar consecuencias jurídicas definitivas respecto de órdenes
de reintegro o situaciones equivalentes.

16. Ahora bien, en síntesis, todos los reparos formulados por el accionante
convergen en la tesis según la cual la sentencia de revisión omitió resolver
adecuadamente el cuestionamiento planteado dentro del recurso extraordinario,
esto es, si la providencia del Tribunal Administrativo de Santander de 1.º de julio
de 2021 negó la ejecución del reintegro sin haber definido previamente la eficacia
de la renuncia condicionada invocada como fundamento de dicha decisión.

2.3. Pretensiones

17. Con fundamento en lo anterior, solicitó lo siguiente:

«PRIMERO. TUTELAR los derechos fundamentales del Sr. MARTÍN EMILIO
SANTOS NOVA al debido proceso, al acceso efectivo a la administración de justicia
y a la tutela judicial efectiva, y a la igualdad en la aplicación de la ley, vulnerados
por la sentencia de 5 de febrero de 2026 proferida por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, dentro del Rad. 11001-03-25-000-2022-00415-00 (4414-
2022).

SEGUNDO. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de 5 de febrero de 2026, en cuanto
declaró infundado el recurso extraordinario de revisión.

TERCERO. ORDENAR a la Sección Segunda, Subsección B de esta Corporación
que, dentro del término que se fije, profiera una nueva sentencia de revisión en la
que, sin convertir el recurso extraordinario en una tercera instancia: (i) determine si
la abstención del Tribunal Administrativo de Santander de resolver la eficacia de la
manifestación condicionada de 16 de noviembre de 2010, prorrogada el 13 de
diciembre de 2010, constituye un fallo materialmente inhibitorio e injustificado
encuadrable en el supuesto supralegal que la propia sentencia reconoció al delimitar
el alcance de la causal 5 del artículo 250 del CPACA; y (ii) exponga las razones por
las cuales puede atribuirse efecto extintivo a esa manifestación, para excluir de la
ejecución la orden de reintegro, sin que se hubiera verificado judicialmente el
cumplimiento de las condiciones que delimitaban su eficacia.

CUARTO. SUBSIDIARIAMENTE, si se concluyera que el vicio no puede corregirse
mediante una nueva sentencia de revisión, adoptar la medida de restablecimiento
que, preservando la competencia del juez natural, asegure que exista un
pronunciamiento judicial de fondo sobre la eficacia de la manifestación condicionada
y sobre su incidencia en la obligación de reintegro.» SIC en toda la cita.

2.4. Intervenciones

18. Mediante auto del 188 de agosto de 2026 se admitió la acción de tutela de
la referencia y se ordenó notificar a la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado como accionado y al Tribunal Administrativo de Santander, el
Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Bucaramanga y al Departamento

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de Santander - Contraloría Departamental como terceros interesados en el
resultado del proceso.

19. Adicionalmente, se ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado para lo de su competencia y se reconoció personería al
apoderado de la parte actora.

2.4.1 La Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado9 solicitó
negar el amparo constitucional. Sostuvo que la sentencia de revisión se
encontraba debidamente motivada y que el actor pretendía reabrir una discusión
probatoria y jurídica ajena al ámbito de la tutela contra providencias judiciales.

20. Precisó que el supuesto problema relativo a la eficacia de la renuncia fue
examinado dentro del estudio de la causal de revisión, concluyéndose que no
correspondía a una verdadera hipótesis de fallo inhibitorio injustificado.

2.4.2. La Contraloría General de Santander10 solicitó declarar la acción
improcedente o en subsidio negar el amparo invocado. Adujo que la providencia
atacada fue adoptada con observancia del ordenamiento jurídico y que el
accionante busca convertir la tutela en una instancia adicional para replantear
controversias ya resueltas por las instancias judiciales.

21. De igual forma, alegó inexistente una vulneración de derechos
fundamentales atribuible a esa entidad y recordó acerca la naturaleza
excepcional del mecanismo de amparo frente a decisiones judiciales
ejecutoriadas, por lo que solicitó ser desvinculada de la acción al no estar
legitimada en la causa por pasiva.

2.4.3. No se rindieron más informes.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

22. La Sala de Subsección es competente para resolver el asunto de la
referencia, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991, el
Acuerdo 080 de 201911 y demás normas concordantes.

3.2. Cuestión previa

3.2.1. De la solicitud de desvinculación

23. La Contraloría General de Santander solicitó ser desvinculada de la acción
pues adujo que no se encuentra legitimada en la causa por pasiva. No obstante,
se negará su solicitud ya que fue vinculada como tercero interesado en atención
a que fue parte dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, por

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Índice 11 del aplicativo SAMAI
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11 Reglamento interno del Consejo de Estado.

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lo que resulta necesario garantizar su derecho de defensa.

3.2.2. Del estudio de los defectos alegados en sede constitucional

24. Antes de abordar el estudio de fondo, la Sala estima necesario delimitar el
objeto del control constitucional, toda vez que, aunque el accionante atribuye a
la sentencia de 5 de febrero de 2026 la configuración de los defectos fáctico, por
exceso ritual manifiesto, por violación directa de la Constitución y por
desconocimiento del precedente, del examen integral de la demanda se advierte
que tales reproches no recaen sobre aspectos autónomos de la providencia
cuestionada.

25. Por el contrario, todos ellos se encuentran articulados alrededor de una
misma inconformidad: la forma en que la Sección Segunda, Subsección B del
Consejo de Estado resolvió el recurso extraordinario de revisión promovido
contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Santander de 1.º de julio de
2021.

26. En esencia, el accionante sostuvo que la controversia relativa a la eficacia
de la renuncia presentada frente a la orden de reintegro no recibió una respuesta
judicial adecuada.

27. Desde esa premisa construyó el defecto fáctico, al afirmar que los
elementos probatorios relacionados con las condiciones de la renuncia no fueron
debidamente valorados; el exceso ritual manifiesto, porque en el sentir del actor,
el Tribunal consideró que dicha discusión escapaba al ámbito del proceso
ejecutivo; y la violación directa de la Constitución, por estimar que se tuvieron por
extinguidos los efectos de una sentencia judicial sin que previamente se definiera
la eficacia jurídica de aquella manifestación de voluntad.

28. La Sala advierte igualmente que buena parte de la argumentación del actor
se apoya en la existencia de un supuesto “fallo inhibitorio injustificado”. Sin
embargo, dicha categoría no constituye un defecto autónomo de procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, sino una noción desarrollada
por la jurisprudencia en el ámbito del recurso extraordinario de revisión.

29. Por ello, el examen constitucional no recaerá sobre la configuración de un
eventual fallo inhibitorio, sino sobre la respuesta que la sentencia de revisión
ofreció frente a ese planteamiento.

30. Tampoco procede un estudio autónomo del cargo por desconocimiento del
precedente pues, aunque el accionante citó distintas providencias judiciales que,
en su criterio, respaldan su posición, no identificó con precisión la regla
jurisprudencial obligatoria presuntamente desconocida ni desarrolló el juicio de
comparación requerido para demostrar la identidad de los supuestos fácticos y
jurídicos relevantes. En consecuencia, tales referencias serán apreciadas
únicamente como argumentos de refuerzo de su tesis principal.

31. Bajo este escenario, la Sala abordará de manera conjunta los cargos de

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defecto fáctico, exceso ritual manifiesto y violación directa de la Constitución,
pues todos dependen de resolver una cuestión común: establecer si la Sección
Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, al decidir el recurso
extraordinario de revisión mediante sentencia de 5 de febrero de 2026, identificó,
examinó y resolvió el planteamiento formulado por el recurrente respecto de la
alegada abstención decisoria atribuida a la sentencia del Tribunal Administrativo
de Santander de 1.º de julio de 2021, o si, por el contrario, omitió pronunciarse
sobre dicho aspecto.

32. Por consiguiente, el estudio de fondo se limitará a verificar si la providencia
accionada ofreció una respuesta expresa, suficiente y razonada al
cuestionamiento sometido a su consideración dentro del recurso extraordinario
de revisión. Solo si se acreditara una verdadera omisión de pronunciamiento
podría abrirse paso la prosperidad de los defectos invocados. De lo contrario, las
discrepancias del actor frente a la interpretación acogida por el juez de revisión
permanecerán en el ámbito de la autonomía judicial y resultarán ajenas al control
excepcional que ejerce el juez de tutela.

3.3. Problema jurídico

33. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
determinar si la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, con
ocasión de la providencia del 5 de febrero de 2026, dentro del medio de control
de revisión con radicado núm. 11001-03-25-000-2022-00415-00 (4414-2022)
incurrió en los defectos fáctico, por exceso ritual manifiesto y por violación directa
de la Constitución, y si con ellos, trasgredió los derechos fundamentales al debido
proceso, el acceso efectivo a la administración de justicia, a la tutela judicial
efectiva y a la igualdad del señor Martín Emilio Santos Nova.

3.4. Procedencia de la acción de tutela

34. La acción de tutela, establecida en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991 así como por
los Decretos 306 de 1992 y 1382 de 2000 compilados en el Decreto 1069 de
2015, protege los derechos fundamentales cuando son vulnerados o
amenazados, actuando de manera residual o subsidiaria en ausencia de otros
medios judiciales, salvo cuando se requiera utilizar como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable.

35. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción
a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia,
es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional
cuando desborda los límites que la Carta le impone

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36. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de estos y en esa
medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del
proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de
elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia
de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano
propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica,
la autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad
de asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

37. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela
y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como
son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de
quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique la situación
fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias
de tutela.

3.4.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la
jurisprudencia, que habilitan su interposición.

3.4.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la
vulneración de sus derechos fundamentales se encuentran plenamente
individualizados.

3.4.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de
recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.

3.4.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional
se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más
de 6 meses desde que cobró ejecutoria la providencia cuestionada12 y la
presentación de la presente acción de tutela.

3.4.1.4. El asunto por resolver es de relevancia constitucional, en la medida que
se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental como
consecuencia de los defectos fáctico, por exceso ritual manifiesto y por violación
directa de la Constitución los cuales se encuentran razonadamente
fundamentados.

12
Teniendo en cuenta que la providencia cuestionada fue notificada el 12 de febrero de 2026 y quedó ejecutoriada el 17
del mismo mes y año, y que la acción de tutela fue presentada el 14 de agosto de esta anualidad, esta Subsección
concluye que fue ejercida dentro de un término razonable, por lo que se satisface el requisito de inmediatez.

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3.4.1.4. La acción de tutela no se interpone contra providencia proferida dentro
de otra acción de la misma naturaleza.

38. Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.

3.5. El defecto fáctico como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial

39. De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico se
configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación
del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre el particular la Corte
Constitucional12 ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse:

a. Una dimensión negativa13, que ocurre cuando el juez niega o valora la prueba
de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin razón
valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara
y objetivamente. Esta dimensión, comprende las omisiones en la valoración de
pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el
juez.

b. Una dimensión positiva14, que se presenta generalmente cuando el juzgador
aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia
cuestionada que no ha debido admitir ni valorar.

40. Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención
del juez de tutela en relación con el manejo dado por el juez natural es, y debe
ser, de carácter extremadamente reducido, toda vez que:

«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no constituyen
defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se presentan al juez dos
interpretaciones de los hechos, diversas pero razonables, le corresponde determinar
al funcionario, en el ámbito su especialidad, cuál resulta más convincente después
de un análisis individual y conjunto de los elementos probatorios» 15.

41. En ese sentido, no es procedente la acción constitucional cuando se
encamina a obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa realizada por
el juez que ordinariamente conoce de un asunto.

3.6. El defecto procedimental por exceso ritual manifiesto como causal de
procedibilidad de tutela contra providencia judicial

42. En cuanto al defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, se
advierte que este se presenta cuando la autoridad judicial utiliza o concibe los
procedimientos como obstáculo para la eficiencia del derecho sustancial, de tal
manera que sus actuaciones generan una denegación de la justicia 13. Este
defecto procedimental puede llegar afectar la prevalencia del derecho sustancial
y el derecho a acceder a la administración de justicia cuando: i) se aplican normas
procesales que se oponen a la vigencia de derechos constitucionales en cada
caso concreto, ii) se exige cumplir requisitos formales de manera irracional, a
pesar de que pueda tratarse de cargas imposibles de cumplir, siempre y cuando
dicha circunstancia sea comprobada, iii) se incurre en un exceso de severidad

13
Corte Constitucional, Sentencia T-053 de 2012.,

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procedimental en la apreciación de las pruebas, iv) o se omite el decreto oficioso
de pruebas cuando a ello hay lugar14.

43. Según la jurisprudencia constitucional, la configuración tanto del defecto
procedimental absoluto como del defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto, en todos sus supuestos fácticos, también requiere: i) que se trate de
un error procedimental grave y trascendente que influya de manera cierta y
directa con el fondo de la decisión; ii) que dicha deficiencia no pueda imputarse
directa ni indirectamente a la persona que alega la vulneración al debido proceso;
iii) que no se pueda corregir la irregularidad por ninguna otra vía; iv) que se haya
alegado la irregularidad dentro del proceso, a no ser que ello hubiere sido
imposible por la situación fáctica del caso; y v) que a consecuencia de todo lo
anterior se vulneren derechos fundamentales15.

3.7. Violación directa de la Constitución

44. La Corte Constitucional ha señalado de manera reiterada que este defecto
que se origina en la obligación que les asiste a todas las autoridades de velar por
el cumplimiento del mandato consagrado en el artículo 4 de la Carta Política
según el cual «la Constitución es norma de normas. En todo caso de
incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán
las disposiciones constitucionales.»16

45. En ese sentido, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que este
defecto se configura cuando se omite la aplicación de un precepto ius
fundamental necesario para la decisión, lo que puede ocurrir cuando: “(a) en la
solución del caso se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de
conformidad con el precedente constitucional, (b) se trata de un derecho
fundamental de aplicación inmediata y (c) el juez en sus resoluciones vulneró
derechos fundamentales y no tuvo en cuenta el principio de interpretación
conforme con la Constitución17”18.

46. Asimismo, la Corte Constitucional ha precisado que esta causal específica
de procedencia de la acción de tutela se concreta cuando el juez da aplicación a
una disposición de rango legal contraria a la Carta Política y no utiliza la figura de
la excepción de inconstitucionalidad19

4. Análisis de los presuntos defectos fáctico, por exceso ritual manifiesto y
por violación directa de la Constitución en el caso concreto.

47. Conforme a la delimitación efectuada en la cuestión previa, corresponde a
la Sala determinar si la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado,
al proferir la sentencia de 5 de febrero de 2026 dentro del recurso extraordinario
de revisión promovido por el señor Martín Emilio Santos Nova, vulneró los

14
Corte Constitucional, Sentencias, T-1306 de 2001, T-1323 de 2002, T-950 de 2003, T-973 de 2004, T-289 de 2005 y
T-053 de 2012.
15
Corte Constitucional, sentencias C-590 de 2005, T-214 y T-053 de 2012, T-160 de 2013 y SU-770 de 2014.
16
SU-336 de 2017, Corte Constitucional
17
Al respecto, ver entre otras, las Sentencia T-199 de 2005, T-590 de 2009 y SU-198 de 2013 y T-809 de 2010.
18
Sentencia T-369 de 2015.
19
Sentencia SU-198 de 2013.

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derechos fundamentales invocados por este20.

48. Ahora bien, esta Subsección anticipa que el amparo invocado no está
llamado a prosperar, toda vez que una vez realizado el examen de la providencia
objeto de reproche, se advierte que esta no incurrió en una omisión de
pronunciamiento ni dejó sin respuesta el planteamiento central formulado por el
recurrente.

49. Por el contrario, de la lectura integral de la sentencia de revisión se
evidencia que la autoridad judicial accionada comprendió el núcleo de la
inconformidad propuesta, delimitó su alcance, examinó su viabilidad jurídica a la
luz de la causal invocada, pero concluyó que no tenía aptitud para estructurar
una nulidad originada en la sentencia.

50. En ese entendido, uno de los aspectos que impide acoger la tesis del
accionante radica en que la Subsección B sí identificó de manera expresa el
argumento central del recurso extraordinario que alega desconocido el señor
Santos Nova.

51. Así las cosas, la providencia cuestionada reconoció21 que la censura del
recurrente consistía en afirmar que la sentencia del Tribunal Administrativo de
Santander había avalado la eficacia de la renuncia sin verificar las condiciones a
las cuales esta se encontraba sometida.

52. En consecuencia, la existencia de este pronunciamiento desvirtúa la
afirmación según la cual la Sala de revisión ignoró o dejó de advertir el verdadero
planteamiento sometido a su consideración. Por el contrario, demuestra que
comprendió con claridad cuál era el fundamento de la inconformidad elevada por
el recurrente y que ubicó correctamente el eje de la discusión propuesta.

53. A partir de dicha identificación, la Subsección B procedió a determinar si
ese señalamiento tenía la entidad suficiente para configurar una de las hipótesis
excepcionales comprendidas en la causal quinta de revisión. Fue precisamente
en ese escenario donde concluyó que el reproche formulado por el recurrente no
estaba encaminado a demostrar una nulidad originada en la sentencia, sino a
cuestionar el contenido mismo de las conclusiones adoptadas por el Tribunal
Administrativo de Santander. Así lo expresó la providencia al señalar que:

«[…] 79. Al respecto, la Sala estima que los argumentos del recurrente, más que
poner de presente que la providencia careció absolutamente de motivación,
plantean una deficiencia derivada de que el tribunal no abordó el examen del asunto
a partir de la ineficacia de la mencionada renuncia como acto jurídico de
conformidad con la normativa civil, porque, al igual que el juzgado de primera

20
Al supuestamente omitir resolver el planteamiento según el cual la sentencia del Tribunal Administrativo de Santander
de 1.º de julio de 2021 se había abstenido de decidir la controversia relativa a la eficacia de la renuncia condicionada
presentada por el actor; o si, por el contrario, identificó dicho cuestionamiento, lo examinó y lo descartó mediante una
motivación suficiente dentro de los límites propios de la causal quinta del artículo 250 del CPACA.
21
Providencia del 5 de febrero de 2026. - «76. Ahora bien, de conformidad con los argumentos planteados por el
recurrente, este refirió que la sentencia impugnada se sustrajo del examen de la renuncia o desistimiento a las condenas
de reintegro laboral e intereses, que fueron impuestas en las providencias base de recaudo, al estimar que no era propio
del proceso ejecutivo definir sobre la ineficacia de la aludida renuncia y la avaló, pese a que estaba sometida a las
condiciones de que el pago fuera (i) en el plazo por él advertido —que fue prorrogado hasta el 22 de diciembre de 2010—
, (ii) por el monto del capital por salarios y prestaciones sociales debidos, pero, como lo reconoció el tribunal, fue parcial
—ya que faltó un mes de liquidación, las cesantías y los aportes a seguridad social—, y (iii) consignado directamente a
él, mas no a su apoderada, como se hizo». Subrayas de esta Sala.

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instancia, la avaló sin verificar las condiciones a las que estuvo sometida, que fueron
cumplidas de manera parcial por las entidades demandadas, lo que cuestiona
directamente el contenido de la sentencia judicial, pero no encuadra en el
alcance de la causal de revisión invocada.» Negrillas y subrayas de esta Sala.

54. En ese entendido, la Sala estima que tales consideraciones constituyen
una respuesta material y directa al planteamiento efectuado por el recurrente. En
otras palabras, la Subsección B no manifestó que el asunto careciera de
relevancia, ni se abstuvo de examinarlo, ni guardó silencio frente a él. Lo que hizo
fue conferirle una calificación jurídica distinta a la pretendida por la parte actora y
concluir que no encajaba dentro del supuesto normativo habilitante del recurso
extraordinario de revisión. Ello podrá compartirse o no desde el plano de la
legalidad por parte del señor Santos Nova, pero evidencia inequívocamente que
existió un pronunciamiento judicial expreso sobre el punto debatido.

55. Bajo este escenario, esta Subsección considera necesario distinguir entre
la inexistencia de respuesta judicial y la discrepancia frente a la respuesta
ofrecida por el juez natural. La primera hipótesis puede comprometer el debido
proceso y habilitar eventualmente la intervención del juez constitucional; la
segunda, por regla general, permanece en el ámbito propio de la autonomía
judicial y de la función interpretativa atribuida a los jueces de la República.

56. Así las cosas, en el presente caso, el actor no demuestra que la Sala de
revisión hubiera dejado sin resolver su planteamiento, sino que cuestiona la
conclusión alcanzada por la autoridad judicial al considerar que el asunto
correspondía a una discusión jurídica y probatoria incompatible con la naturaleza
excepcional del recurso extraordinario de revisión.

57. Esta conclusión adquiere aún mayor fuerza cuando se observa que la
providencia accionada justificó expresamente su decisión en la naturaleza
restrictiva22 del mecanismo extraordinario ejercido por el actor. En esa dirección,
recordó que:

«[…]86. En armonía con lo citado, el demandante también pretende convertir este
mecanismo de naturaleza extraordinaria en una tercera instancia judicial para volver
a discutir el fundamento de las pretensiones de su demanda ejecutiva, puesto que
alude a la inobservancia de la normativa que estima aplicable respecto de la
ineficacia de sus escritos de renuncia o desistimiento frente a la orden de reintegro
laboral e intereses y a la falta de análisis de los argumentos y las pruebas aportadas
al proceso encaminados a demostrar tal ineficacia, aspectos que escapan de la
finalidad por la que se instituyó el recurso extraordinario de revisión como un
medio de impugnación excepcional de las decisiones judiciales.» Negrillas y
subrayas de esta Sala

58. Tales afirmaciones evidencian que la Sala de revisión no se limitó a

22
La autoridad judicial accionada precisó expresamente en la providencia la naturaleza y las causales específicas del
recurso extraordinario de revisión, en particular, la invocada por el accionante. - «En conclusión, esta corporación ha
reconocido que «[…] no cualquier irregularidad resulta subsumible en la causal quinta de revisión derivada del
artículo 29 constitucional, sino solo aquel vicio de carácter sustancial que incida en la decisión por afectar el
núcleo esencial del derecho fundamental al debido proceso […]. Esto implica, que le corresponde al juez analizar, en
cada caso en particular, si el vicio que se alega impacta el debido proceso y la correcta aplicación de la justicia material
de manera que tenga la entidad suficiente para permear la inmutabilidad de la cosa juzgada»42. 68. De tal manera que,
como «[…] no puede haber nulidad sin texto legal que la consagre»43, el recurso extraordinario de revisión por la causal
5 del artículo 250 del CPACA procede por los supuestos previstos en las disposiciones adjetivas y la jurisprudencia
vigente». Negrillas y subrayas de esta Sala.

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rechazar de manera formal o aparente los argumentos del recurrente, sino que
explicó por qué, desde la perspectiva de la causal invocada, la controversia
propuesta excedía el ámbito propio del recurso extraordinario. Se trata, por tanto,
de una respuesta jurídicamente articulada y no de una simple fórmula evasiva o
de una motivación aparente.

59. A partir de lo anterior, tampoco prospera el defecto fáctico alegado, toda
vez que la censura formulada por el accionante parte de la premisa de que el juez
de revisión ignoró las pruebas relacionadas con las condiciones de la renuncia y
con el alcance del pago efectuado en diciembre de 2010.

60. No obstante, la lectura de la providencia permite concluir que la discusión
probatoria fue reconocida e incluso expresamente identificada por la autoridad
judicial accionada, pero estimó que las discrepancias derivadas de esa
valoración no constituían una nulidad originada en la sentencia. En
consecuencia, el reproche no se dirige realmente contra una omisión probatoria
atribuible a la providencia accionada, sino contra la conclusión jurídica alcanzada
por ella.

61. Ahora bien, por la misma razón no se configura el exceso ritual manifiesto
endilgado a la decisión, ya que la Subsección B no rechazó el estudio del
planteamiento formulado por el recurrente ni sacrificó el derecho sustancial por
una exigencia formal irrazonable. Lo que hizo fue examinar el cargo y concluir
que las inconformidades expuestas no desbordaban el ámbito propio de una
controversia jurídica y probatoria ya decidida por el juez natural. Así las cosas,
tal conclusión constituye una decisión de fondo frente al cuestionamiento
sometido a su conocimiento y no una negativa injustificada a resolverlo.

62. Adicionalmente, tampoco prospera la censura por violación directa de la
Constitución, pues como se expuso previamente, ese reproche descansó sobre
la afirmación de que la autoridad judicial omitió resolver una cuestión esencial
para la protección de los derechos fundamentales invocados.

63. Así las cosas, al encontrarse acreditado que la Subsección B identificó
expresamente el problema jurídico planteado, lo examinó y explicó las razones
por las cuales el supuesto fáctico alegado no encuadraba en la causal de revisión
invocada por el accionante23, desaparece el presupuesto mismo sobre el cual se
edificó el cargo constitucional.

64. Finalmente, acceder a las pretensiones de la demanda supondría sustituir
la valoración efectuada por el juez de revisión en torno a los límites materiales de

23
Las conclusiones anteriores se ven reforzadas por un elemento contextual que, si bien no constituye la razón
determinante de la presente decisión constitucional, sí permiten comprender adecuadamente la trayectoria procesal del
litigio, toda vez que la discusión relativa a la renuncia presentada por el actor, la prórroga de sus condiciones y los efectos
derivados de tales actuaciones ya había sido objeto de pronunciamientos judiciales previos. La Sala es consciente de que
dichas providencias no constituyen el objeto del presente juicio constitucional ni producen, por sí solas, el efecto de cerrar
la controversia hoy planteada. No obstante, sí evidencian que la cuestión relativa a la eficacia jurídica de la renuncia
presentada por el actor fue objeto de pronunciamientos judiciales expresos, circunstancia que refuerza la razonabilidad
de la conclusión alcanzada por la Subsección B cuando entendió que el recurrente pretendía reabrir una discusión que
trascendía el ámbito restringido de la causal extraordinaria de revisión invocada.

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la causal quinta del artículo 250 del CPACA y desnaturalizar la acción de tutela,
al convertirla en un mecanismo destinado a reabrir controversias de legalidad
sobre el acierto de las conclusiones plasmadas en la providencia cuestionada.

65. Tal entendimiento resulta incompatible con el carácter residual y
excepcional de la tutela contra providencias judiciales, así como con el respeto a
la autonomía e independencia que la Constitución reconoce a los jueces para
interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico.

66. En consecuencia, comoquiera que la sentencia de 5 de febrero de 2026
identificó el problema jurídico planteado por el recurrente, lo examinó dentro del
ámbito propio del recurso extraordinario de revisión y ofreció una respuesta
expresa, razonada y suficiente frente a su improcedencia, la Sala concluye que
no se configuraron los defectos: fáctico, por exceso ritual manifiesto ni por
violación directa de la Constitución invocados por el accionante. Por tal razón, el
amparo solicitado será negado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Negar la solicitud de desvinculación de la acción presentada por la
Contraloría Departamental de Santander, de conformidad con lo expuesto en el
numeral 3.2.1. de la presente providencia.

Segundo: Negar la acción de tutela de la referencia, de acuerdo con los
argumentos expuestos en la parte motiva de la presente providencia.

Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

Cuarto: En caso de que no sea impugnada, remitir el expediente de la actuación
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA

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