Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-10998-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-10998-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2021-10998-00
Consejero ponente: Milton Chaves Garcia
3 de febrero de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2021-10998-00
Demandante: Martín Emilio Santos Nova
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá, D.C., tres (3) de febrero de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2021-10998-00
Demandante: MARTÍN EMILIO SANTOS NOVA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER Y OTRO
Temas: Tutela contra providencia judicial. Contra proceso ejecutivo.
Falta de cumplimiento de requisito general de relevancia
constitucional.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta, mediante apoderado, por el señor
Martín Emilio Santos Nova contra el Tribunal Administrativo Oral de Santander y el
Juzgado Noveno Administrativo de Bucaramanga, de conformidad con lo
establecido en el artículo 1 del Decreto 333 de 2021.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El señor Martín Emilio Santos Nova, por conducto apoderado judicial, interpuso
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo Oral de Santander y el Juzgado
Noveno Administrativo de Bucaramanga, por estimar vulnerados los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia. En
consecuencia, formuló la siguiente pretensión:
“Se tutelen los derechos fundamentales y en consecuencia se deje sin efecto la sentencia
acusada y en su lugar se ordene al accionado disponer seguir adelante la ejecución para
el cumplimiento de las obligaciones determinadas en el mandamiento ejecutivo, a folios
190 a 199 y 209 del expediente ejecutivo; practicar la liquidación del crédito y condenar
en costas a la parte ejecutada por ambas instancias”.
2. Hechos
De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
El señor Martín Emilio Santos Nova ejerció demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho con radicaco número 6800123310002000130201, contra el
departamento de Santander y la Contraloría General de Santander por la
supresión de los cargos relacionados en el Decreto Departamental 401 del 30 de
diciembre de 1999, dentro del que se encontraba el de revisor 550, ocupado en
carrera administrativa por el demandante.
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Radicado: 11001-03-15-000-2021-10998-00
Demandante: Martín Emilio Santos Nova
El Juzgado Noveno Administrativo de Bucaramanga y el Tribunal Administrativo
Oral de Santander, en sentencias del 15 de octubre de 2009 y del 12 de agosto de
2010, respectivamente, accedieron a las pretensiones de la demanda y, como
restablecimiento del derecho, ordenaron el reintegro del demandante en el cargo
que ocupaba, con el pago de los salarios dejados de percibir sin solución de
continuidad. Decisión que quedó en firme el 14 de septiembre de 2010.
El 16 de noviembre de 2010, el señor Martín Emilio Santos Nova radicó solicitud
de cumplimiento administrativo de la condena y señaló que “por su precaria situación
económica desistió de la orden de reintegro”, condicionado a que se le consignaran los
“dineros adeudados”.
El departamento de Santander, mediante Resolución 18758 del 14 de diciembre
de 2010, liquidó la condena en cuantía de $ 181´998.875, sin embargo, a juicio del
señor Santos Nova, ese solo fue un pago parcial, por lo que inició proceso
ejecutivo con el fin de que se ordenara al departamento de Santander y la
Contraloría General de Santander el pago de diferentes conceptos 1, al que
correspondió el radicado número: 68001333300520140034200.
El Juzgado Quinto Administrativo Oral de Bucaramanga, en providencia del 20 de
septiembre de 2019: (i) declaró probada parcialmente la excepción de pago y
declaró no probada la excepción de pérdida de la cosa debida; (ii) declaró no
probada las excepciones de inexistencia de obligación a cargo del departamento
de Santander y la falta de la legitimación en la causa por pasiva formulada por el
departamento de Santander, así como las excepciones de prescripción y
caducidad formuladas por la Contraloría General de Santander y, (iii) ordenó
seguir adelante con la ejecución de acuerdo con el mandamiento de pago del 15
de febrero de 2017.
Las partes interpusieron recurso de apelación. El apoderado de la parte ejecutante
para señalar que la renuncia al reintegro fue ineficaz, porque señaló que se
presionó a renunciar al reintegro y a los intereses, y para indicar que la
indemnización compensatoria no fue tasada conforme con el artículo 189 del
CPACA, toda vez que no existe una imposibilidad de reintegro sino un
incumplimiento y, porque consideró que no existió pago sino abono, por lo que, la
condición de la que pendía la renuncia no se dio.
La Contraloría General de Santander y el departamento de Santander para
solicitar que se revoque parcialmente la decisión, en cuanto, la contraloría señaló
que se desconoció la existencia de una novación, porque una vez el ejecutante
presentó renuncia, cambiaron las condiciones de plazos e intereses y se novó por
una nueva obligación que es una suma de dinero liquidada en salarios y
prestaciones, desde enero del 2000 al 16 de noviembre de 2010, sin intereses.
Ambas entidades solicitaron que se declararan probadas las excepciones de pago
total de la obligación teniendo en cuenta que mediante Resolución 000772 del 16
1 Esto son: “(i) el saldo pendiente luego del abono y los intereses comerciales y moratorios, de conformidad con el artículo
177 del CCA, desde 15 de septiembre de 2010, sobre el saldo de capital hasta el pago efectivo de la obligaci ón; (ii) los
salarios, factores salariales, prestaciones sociales, cesantías con retroactividad, y demás retribución correspondiente al
empleo que ocupaba el ejecutante en la Contraloría (Auxiliar Administrativo código 407 grado I, equivalente a revisor código
550, desde la fecha de liquidación del abono (diciembre 17 de 2010) y hasta que se cumpla el reintegro y pago completo de
la obligación, así como los intereses comerciales y moratorios, hasta el reintegro laboral y pago completo y, (iii) el reintegro
del ejecutante sin solución de continuidad al cargo de Auxiliar Administrativo código 407 grado I, equivalente a revisor
código 550, o en su defecto, la indeminización compensatoria por el eventual no reintegro”.
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Demandante: Martín Emilio Santos Nova
de noviembre de 2010, se aceptó la renuncia al reintegro y se ordenó su
liquidación, la cual tuvo lugar el 17 de diciembre de 2010.
El Tribunal Administrativo Oral de Santander, en sentencia del 1 de julio de 2021,
modificó la sentencia de primera instancia, en el sentido de ordenar no seguir
adelante la ejecución “sobre lo ordenado en el numeral primero, numerales 7 y 8 del auto del
15 de febrero de 2017”2, y, en lo demás, confirmó el fallo de primera instancia, con
fundamento en los argumentos que se resumen, así:
• Confirmó lo relacionado con negar la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva respecto del departamento de Santander.
• Sobre la excepción de pago total de la obligación, determinó que en el caso
objeto de estudio no se trató de una novación, ello, porque, mediante Resolución
000772 del 16 de noviembre de 2010, la Contraloría de Santander se abstuvo de
hacer efectivo el reintegro por la manifestación voluntaria presentada por el señor
Martín Emilio Santos Nova, por lo que el departamento de Santander, mediante
Resolución 18758 del 14 de diciembre de 2010, ordenó la liquidación de lo
ordenado en la sentencia, pago que efectivamente se hizo el 17 de diciembre de
2010, según egreso soportado por consignación BBVA CAHS.
• En relación con la obligación de reintegro, encontró que el demandante
presentó escrito del 16 de noviembre de 2010, en el que renunció a ser
reintegrado y, en la misma fecha, mediante Resolución 000772, la contraloría
General de Santander se abstuvo de hacer efectivo el reintegro y aceptó la
manifestación voluntaria del actor. En ese punto, el Tribunal sostuvo que los
asuntos que deban debatir y que proponga el ejecutante en relación con las
condiciones de dicha renuncia, si está fue ineficaz o no o si hubo un vicio en el
consentimiento, no es un asunto que deba debatirse en el proceso ejecutivo,
porque la liquidación y pago de la sentencia lo realizó el departamento de
Santander.
3. Argumentos de la acción de tutela
La parte actora señala que el Tribunal Administrativo de Santander incurrió en los
defectos fáctico y sustantivo, para lo cual afirmó que la autoridad judicial
demandada pasó por alto que no existio orden alguna relacionada con “la
indemnización compensatoria”, por lo que dice que se desgastó en consideraciones al
respecto.
Sostuvo que respecto de los intereses el tribunal “tuvo por renunciada tal prestación”,
pese a que, según señala, no renunció a los intereses que se causaran respecto
de los conceptos que aún se estan debiendo, considera que, se trató de una
suposición por parte del tribunal de esa consecuencia, sin que existiera algún
elemento probatorio del que pudiera derivarse aquella y que, si existió, no fue
objeto de tal análisis. Lo anterior, considera, desconoció el derecho a percibir
intereses por los saldos en mora, en los términos del artículo 177 del CCA, que
indica “cuya aplicación se ordenó en la sentencia en ejecución”.
2 “7. Reintegro del ejecutante sin solución de continuidad, al cargo que ocupaba en la Contraloría ejecutada, manteniendo
sus derechos de carrera administrativa a más tardar dentro de los cinco días siguientes a la notificación del mandamiento
ejecutivo ” y “8. Por los intereses de la indemnización compensatoria del no reintegro y hasta el pago efectivo de la misma,
conforme lo expuesto en la parte motiva ”.
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Demandante: Martín Emilio Santos Nova
Transcribió apartes de las consideraciones de la sentencia recurrida, con
fundamento en las cuales resaltó que el Tribunal Administrativo de Santander
reconoce que hay un pago parcial de la obligación y agregó “A. Se confirma excepción
de pago parcial, pese a que el pago en que se funda no fue develado por la pasiva sino expuesto
como abono por el ejecutante en la demanda y no fue objeto de nueva pretensión actual. B. Se
reconoce que hubo un faltante de pago de capital, es decir que el pago que reconoce [porque el
propio ejecutante lo expuso así en la demanda al referir el abono y no porque fuere un hecho
develado exclusivamente por la pasiva] no fue completo sino apenas parcial. C. Se tuvo por
extinguida la obligación de reintegro con ocasión de una novación acaecida por la renuncia que a
este presentó el acreedor, pero no se quiso analizar la renuncia en ningún aspecto distinto a que
extinguió la obligación de reintegro, simple y llanamente, porque analizar si estaba sujeta acaso a
una concisión y si la condición para que fuera eficaz fue cumplida no es propio del proceso
ejecutivo”.
Señaló que “reconocer tal abono como excepción de pago parcial implica, desconocer que
respecto a esos abonos no se estaba realizando nuevo cobro y al hacerlo se comete defecto
factico, pues se ignoró que esos abonos fueron objeto de reporte expreso en los propios hechos y
se supuso que se estaba volviendo a cobrar alguna obligación por lo mismo y ello no corresponde
a la realidad”. Pues, afirma que aún se le adeuda el reintegro y todos los intereses,
causados y los que se han seguido causando, sobre prestaciones, seguridad
social y salarios, hasta que se materialice el reintegro efectivo.
Dijo que la “renuncia” no fue pura y simple sino sujeta a modalidad y dentro del
plazo no se cumplió la condición de la que dependía su eficacia, porque no se
completó el pago de lo adeudado, es decir, se hizo un abono, lo cual se expuso
desde la demanda y fue reconocido en la sentencia, aunque el tribunal lo
denominó “pago parcial”. Al respecto, afirmó que un abono no es igual al pago
extintivo de las obligaciones, en tanto, éste debe ser completo “y si no fue completo
hubo incumplimiento de la pasiva respecto a la condición de la propuesta de renuncia que tenía
como presupuesto el pago y no apenas un abono”.
Manifestó que de conformidad con los artículos 1626 y 1627 del Código Civil, “si no
se satisface de manera efectiva la prestación de lo que se debe no se configura pago y si no se
hace bajo todos los respectos en conformidad al tenor de la obligación tampoco lo es”.
Considera que no existe razón alguna para sustraerse del estudio jurídico de la
renuncia y, en relación con el reintegro, agregó que existe prueba de que el
empleo al que debe retornar y, que se denominaba Revisor 550, que actualmente
equivale al que pasó a denominarse Auxiliar 407, de la Contraloría General de
Santander hay siete plazas y una de ellas se encuentra con vacancia definitiva y el
cargo continúa vacante.
En escrito que denominó “reforma de la demanda” reiteró los mismos argumentos
del escrito inicial y agregó que el Tribunal Administrativo de Santander incurrió en
el defecto procedimental, porque la sentencia de segunda instancia fue proferida
en desconocimiento del inciso segundo del artíuclo 327 del CGP, que “hacía
imperativa la realización de audiencia de sustentación y fallo”. Igualmente,
considera que la autoridad judicial demandada omitió tener en cuenta los alegatos
de conclusión.
4. Trámite Previo
Mediante auto del 10 de diciembre de 2021, se admitió la acción de tutela, se
ordenó notificar al demandante, al demandado, al Juzgado Quinto Administrativo
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Demandante: Martín Emilio Santos Nova
de Bucaramanga, al departamento de Santander y a la Contraloría General de
Santander, como terceros interesados en el resultado del proceso. Así mismo,
publicar en la página web del Consejo de Estado la providencia para el
conocimiento de todos los terceros interesados y notificar a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado.
5. Oposición
El Juzgado Quinto Administrativo de Bucaramanga y el Tribunal
Administrativo de Santander guardaron silencio.
6. Intervención del tercero interesado
La Oficina Jurídica del departamento de Santander allegó informe en el que
manifestó oposición y solicitó rechazar la acción de tutela y que se desvincule del
trámite de la acción de tutela al departamento de Santander por considerar que no
violó derecho fundamental alguno de la parte accionante.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien
actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los
casos que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia
cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales
fundamentales.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela
3
contra providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional , para
lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el
3
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del
pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera
excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa
oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en
presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se destaca)
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amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales y específicas
de procedencia de la acción de tutela.
Siendo así, a la Sala le corresponde establecer si en el presente caso se cumplen
los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial
descritos.
Problema jurídico
Mediante el ejercicio de la presente acción la parte actora pretende que se deje sin
efecto las sentencias del 20 de septiembre de 2019 y del 1 de julio de 2021,
proferidas por el Juzgado Quinto Administrativo Oral de Bucaramanga y el
Tribunal Administrativo Oral de Santander, respectivamente, por considerar que
incurrió en los defectos fáctico, sustantivo y procedimental.
La Sala determinará si el presente asunto cumple con el requisito de relevancia
constitucional y, solo en el evento en que se logre superar ese requisito de
procedencia y los demás requisitos generales, descenderá con el estudio de los
defectos planteados por la parte actora.
Requisito de la relevancia constitucional como presupuesto general de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía
e independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que
le corresponde resolver a otras jurisdicciones.
En ese sentido, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia
constitucional tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la
independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y,
por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera
legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales, e (iii) impedir que la acción
de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las
decisiones de los jueces.
De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del
Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, para que
un asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes
elementos:
(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o
vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no
4
Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i)
Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando
se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
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La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en
alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error
inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un
derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.
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puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir
asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de
discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe
tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales» . Es necesario que
el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera
que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la
demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la
decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo
que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el
sentido de la propia decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en
el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no
está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar,
completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o
proponerse ante el juez natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del
proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más
informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de
derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la
demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de
los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados
y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de
controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia
adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en
los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron
decididos por los jueces competentes.
Caso concreto
La Sala advierte que en el presente caso concurren supuestos que permiten
determinar que la acción de tutela no cumple el requisito general de la relevancia
constitucional, como se pasa a explicar.
Lo primero que conviene decir es que, básicamente, las inconformidades en que
se basan los defectos alegados, pueden ser resumidas en: (i) que la renuncia al
reintegro no fue pura y simple; (ii) que la renuncia estaba sometida a una
condición, cuyo incumplimiento conducía a la resolución del acuerdo de renuncia
al reintegro; (iii) la renuncia no comprendió lo relacionado con intereses; (iv) que el
abono no debió ser considerado pago parcial, porque, señala que queda
pendiente por pagar “el reintegro y todos los intereses, causados y los que se han seguido
causando, sobre prestaciones, seguridad social y salarios, hasta que se materialice el reintegro
efectivo” y, (v) previo a la expedición de la sentencia de segunda instancia no se
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Demandante: Martín Emilio Santos Nova
llevó a cabo la audiencia de sustentación y fallo y se omitió tener en cuenta los
alegatos de conclusión.
En ese contexto, se advierte, en primer lugar, que, la solicitud de amparo es
empleada para reiterar los mismos argumentos que fueron expuestos desde el
recurso de apelación que propuso la parte ejecutante y sobre los que el Tribunal
Administrativo de Santander resolvió, puntualmente, en relación con los efectos
jurídicos de la renuncia voluntaria por parte del señor Santos Nova, frente a la
orden de reintegro al cargo que ocupaba.
Lo cual de entrada lleva a señalar que la solicitud de amparo no cumple con el
requisito aludido, si se tiene en cuenta que la acción de tutela no puede ser
convertida en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida
la providencia acusada, pues, no se trata de controvertir las decisiones de los
jueces como si fuera una instancia adicional del proceso objeto de
cuestionamiento. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se
ofrecieron en el proceso ejecutivo, pues ya fueron decididos por los jueces
competentes. Tal como se advierte en el presente caso.
Pues bien, basta con ver la providencia cuestionada para advertir que la autoridad
judicial demandada, distinguió dos circunstancias distintas, una, la relacionada con
la excepción de pago total y, dos, la atinente a la obligación de reintegro. Aspecto
este frente al cual, dijo expresamente:
“(…)
Ahora, el demandante presento por escrito renuncia a ser reintegrado con fecha 16 de Noviembre de
2010, Luego y en la misma fecha a través de la Resolución No. 000772 de Noviembre 16 de 2010, la
contraloría General de Santander se Abstuvo de hacer efectivo el reintegro acepto la manifestación
voluntaria antes mencionada.
Es de resaltar que las condiciones de dicha renuncia son todo un debate probatorio, pues la
liquidación y pago de la sentencia fue hecho por el Departamento de Santander; es decir sobre los
asuntos que deban debatir y que plante (sic) el ejecutante, no es el tipo de proceso ejecutivo
donde deba declararse si la renuncia al reintegro fue ineficaz, y si hubo un vicio en el
consentimiento por fuerza basada en la posible presión ejercida derivada de otras resolución en
caso similares de la imposibilidad de reintegro.
Como ya lo había señalado este despacho en providencia anterior el juez del proceso debió abordar
la orden dada en el fallo y cortejar si dicha obligación se cumplió con la renuncia, y si fue así, dar por
cumplida dicha obligación llanamente y por ello todas las demás valoraciones, y actos derivados de
las actuaciones ajenas a la obligación ejecutiva, escapan de su resorte.
Dichas circunstancias para su resolución requieren de una sentencia declarativa, veamos
como se puede resolver que no existe la imposibilidad de reintegro sin abordar un debate probatorio
o abordar argumentos constitucionales sobre el derecho a la igualdad y la no discriminación, todos
por fuera de la esfera del proceso ejecutivo.
Se ahonda en argumentos propios de un debate declarativo como es definir si la renuncia
sujeta a modalidad no se dio porque no hubo pago sino apenas abono, y por ultimo plantea un
debate dirigido a que si bien no se atacó el acto que se abstuvo de ordenar el reintegro con base en
la renuncia presentada no constituye su aceptación un causal de nulidad, sino que no se dio
la condición; debate ajeno al ejecutivo, y de que si esa aceptación hubiese sido un acto definitivo se
debió aplicar la excepción de inconstitucionalidad por no acatar la sentencia base del recaudo.
No es propio de un proceso ejecutivo, definir otros aspectos relacionados con la ineficacia de
la renuncia, como son su tasación que según la pretensión de la parte ejecutante no se basa en la
imposibilidad de reintegro sino en un incumplimiento, adentrándose a la teoría del daño y que no es
tarifado sino debe ser cuantificado; donde claramente sale del ámbito del proceso ejecutivo que parte
de la certeza o declaración del valor del daño, que no ocupa el fallo base del presente proceso
ejecutivo.
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Radicado: 11001-03-15-000-2021-10998-00
Demandante: Martín Emilio Santos Nova
Por lo anterior, no existe obligación actual frente a la orden del reintegro del demandante
contenido en el fallo ejecutado; y el debate sobre los efectos de la renuncia presentada y el
acto que la acepta, escapa del resorte de un proceso ejecutivo, y por ende la pretensión
relativa a una compensación pecuniaria no tarifada por el posible pero incumplido reintegro,
será denegada.
(…)”. (Se destaca)
En ese contexto, resulta claro que las inconformidades frente a si la renuncia a la
orden de reintegro fue pura y simple, si estaba sometida a una condición
resolutoria o si comprendió lo relacionado con los intereses, fue definida por el
Tribunal Administrativo de Santander en el sentido de señalar que no es un asunto
propio del proceso ejecutivo determinar el alcance de la renuncia que efectuó el
señor Martín Emilio Santos Novoa, porque ello demanda de una actividad
probatoria y, por ende, declarativa, que escapa de la órbita de competencia del
juez ejecutivo.
Luego, si el proceso ejecutivo no es el escenario procesal adecuado para discutir
el alcance de la renuncia al reintegro, mucho menos lo es el presente mecanismo
constitucional para insistir exactamente en esos argumentos. De manera que, son
las mismas razones las que conducen a señalar que en el presente caso no se
cumple con el requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de relevancia constitucional, lo cual impide hacer cualquier
pronunciamiento sobre el fondo del asunto.
En segundo lugar, en punto al argumento, según el cual, queda pendiente por
pagar “el reintegro y todos los intereses, causados y los que se han seguido causando, sobre
prestaciones, seguridad social y salarios, hasta que se materialice el reintegro efectivo”, la acción
de tutela tampoco cumple con el requisito general de relevancia constitucional, en
cuanto, el interesado no expone de manera clara las razones en que basa esa
afirmación, sumado a que no se trata de un cuestionamiento concreto frente a la
ratio decidendi de la decisión, como se pasa a explicar.
Contrario a lo dicho por la parte actora, el tribunal precisó que: «mediante Resolución
000772 del 16 de noviembre de 2010, la Contraloría de Santander se abstuvo de hacer efectivo el
reintegro por la manifestación voluntaria presentada por el señor Martín Emilio Santos Nova, por lo
que el departamento de Santander, mediante Resolución 18758 del 14 de diciembre de 2010,
ordenó la liquidación de lo ordenado en la sentencia, pago que efectivamente se hizo el 17 de
diciembre de 2010, según egreso soportado por consignación BBVA CAHS» y advirtió que la
referida Resolución «solo contenía la liquidación del pago del fallo en cuanto a la orden de
pagar los salarios y prestaciones sociales devengados por el demandante, pero, no de los demás
conceptos que señaló el mandamiento de pago del Juzgado Quinto Administrativo de
Bucaramanga, por lo que, determinó que no se trató del pago total de la obligación».
Por lo tanto, precisó que «debía liquidarse el crédito, descontando lo pagado en la Resolución
18758 del 14 de diciembre de 2010 e imputarse lo recibido como abono al pago por concepto de
salarios, prestaciones sociales e intereses por el periodo demandado, imputarlo, en primer lugar a
intereses y, luego si, sobre el capital faltante y hacer la nueva liquidación, pues se trató de un pago
parcial de la obligación».
Igualmente, de la lectura de la providencia cuestionada es posible advertir que el
tribunal no desconoció los otros conceptos que fueron reconocidos tanto en la
sentencia declarativa, como en el mandamiento ejecutivo de pago6, pues, el
6 “El Juzgado Quinto Administrativo Oral de Bucaramanga, en sentencia del 15 de febrero de 2017, libró mandamiento ejecutivo de pagó contra el departamento de Santander –
Contraloría Departamental y a favor del señor Martín Emilio Santos Nova, así:
1. La suma de once millones ochocientos ochenta y tres mil cuatrocientos veintinueve mil pesos con cuarenta y cuatro centavos ($11.883.240,11) M/cte, correspondiente al saldo
impagado de la obligación dineraria consecuente al restablecimiento del derecho ordenado en sentencia prec itada.
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Radicado: 11001-03-15-000-2021-10998-00
Demandante: Martín Emilio Santos Nova
Tribunal Administrativo del Magdalena confirmó la decisión de primera instancia,
es decir, determinó seguir adelante con la ejecución, excepto, en relación con los
numerales 7 y 8 de la orden número uno del mandamiento ejecutivo, esto es, “el
reintegro del ejecutante sin solución de continuidad, al cargo que ocupaba en la Contraloría
ejecutada” y “por los intereses de la indemnización compensatoria por el no reintegro y hasta el
pago efectivo de la misma”.
De manera que, el argumento de la parte actora no cuestiona la motivación de la
decisión en sí misma, sino que, emplea el mecanismo constitucional para insistir
en los saldos que, a su juicio, considera quedaron pendientes por ordenar su
liquidación y pago, dicho de otro modo, se observa que la razón de inconformidad
no se acompasan con las razones de la decisión objeto de tutela, esto es, a las
razones fundamentales de la decisión cuestionada, es decir, a la ratio decidendi,
sino que más bien, es empleada para insistir en inconformidades relacionadas con
el reintegro, que, como se vio, es un asunto que no puede ser estudiado en este
escenario constitucional.
Finalmente, en el escrito adicional la parte actora menciona que el tribunal
demandado incurrió en el defecto procedimental, de un lado, porque no se tuvo en
cuenta los alegatos de conclusión y, del otro, porque no se llevó a cabo la
audiencia de sustentación y fallo. Sin embargo, dicho argumento no está llamado
a prosperar, primero, porque el tribunal refirió que los alegatos de conclusión se
referían a los del recurso de apelación, lo cual resulta apenas lógico si se tiene en
cuenta que los alegatos son la oportunidad para hacer énfasis en los aspectos
relevantes del caso y no para agregar nuevos argumentos al debate procesal,
segundo, porque si consideró que en el trámite del proceso se omitió alguna
etapa, así debió alegarlo en el marco del proceso ejecutivo y, porque, en todo
caso, la sustentación del recurso fue debidamente ejecutada, al punto que el
tribunal resolvió frente a los argumentos de apelación de la parte ejecutante y
ejecutada.
Recuérdese que para la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales es necesario, además, que se advierta la vulneración
flagrante de derechos constitucionales fundamentales, con el cumplimiento de
todos los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.
En suma, la solicitud de amparo de la referencia no cumple con el requisito
general de procencia de relevancia constitucional y, en esa medida, se impone,
declarar improcedente la acción de tutela que ejerció el señor Martín Emilio Santos
Nova, contra el Juzgado Quinto Administrativo Oral de Bucaramanga y el Tribunal
Administrativo de Santander.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
2. La suma de treinta y tres millones ciento ochenta y tres mil cuatroscientos veintinueve pesos con cincuenta y cuatro centavos ($33.183.429,54) por aportes de salud y pn esiones
que le correspondan al ejecutado.
3. El pago de los intereses comerciales y moratorios (Art. 177 del C.C.A) desde diciembre 18 de 2010 sobre el saldo de capital ($11.883.240,41).
4. Por la suma de ochenta y dos millones cuatrocientos setenta mil ciento ochenta y seis pesos ($82.470.186) por salarios, pr estaciones sociales y demás emolumentos
correspondientes al cargo que ocupaba el ejecutante con los incrementos legales, desde la fecha del abono con liquidación a noviembre 16 de 2010 hasta el reinte gro laboral y
pago completo de la obligación respectiva.
5. Por los intereses comerciales y moratorios (art. 177 del C.C.A.) sobre el monto de la indemnización prevista en el numeral anterior mes a mes hasta el reintegro laboral hasta qye
haga efectivo el pago.
6. Por la suma de treinta y cuatro millones seiscientos treinta y tres mil setecientos cincuenta pesos M/cte ($34.633.750) por auxilio de cesantías.
7. Reintegro del ejecutante sin solución de continuidad, al cargo que ocupaba en la Contraloría ejecutada, manteniendo sus derechos de carrera administrativa a más tardar dentro
de los 5 días siguientes a la notificación del mandamiento ejecutivo.
8. Por los intereses de la indemnización compensatoria del no reintegro y hasta el pago efectivo de la misma, conforme lo exp uesto en la parte motiva”.
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Demandante: Martín Emilio Santos Nova
FALLA
1. Declarar improcedente la acción de tutela que ejerció el señor Martín Emilio
Santos Nova, contra el Juzgado Quinto Administrativo Oral de Bucaramanga y
el Tribunal Administrativo de Santander.
2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
(Con firma electrónica) (Con firma electrónica)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sección
(Con firma electrónica) (Con firma electrónica)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
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