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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00409-00

Fecha
7 de mayo de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00409-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la señora Doris Álvarez Corredor contra la sentencia proferida el 11 de agosto de 2022 por el Tribunal Administrativo de Boyacá dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 15001-33-33-010-2017-00026-01. SEGUNDO. CONDENAR en costas a la señora Doris Álvarez Corredor en favor de la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, INGRESAR el expediente al despacho para la fijación de las agencias en derecho, previas las anotaciones correspondientes.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2023-00409-00

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

7 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., siete (7) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia : Recurso Extraordinario de Revisión
Radicación : 11001-03-25-000-2023-00409-00 (5532-2023)
Demandante : Doris Álvarez Corredor
Demandada : Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)
Tema : Causal de revisión artículo 250-5 de la Ley 1437 de 2011
Decisión : Declara infundado el recurso extraordinario de revisión. No se
acreditó la configuración de una nulidad originada en la sentencia
de segunda instancia.

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la señora Doris
Álvarez Corredor contra la sentencia proferida el 11 de agosto de 2022 por el Tribunal
Administrativo de Boyacá.1

I. ANTECEDENTES

Proceso ordinario

1. Doris Álvarez Corredor presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, con el fin de obtener la nulidad parcial de la Resolución
GNR 265367 del 8 de septiembre de 2016, mediante la cual la Administradora
Colombiana de Pensiones (en adelante, Colpensiones) negó el reconocimiento y pago
de la pensión de jubilación reclamada; así como la nulidad total de las resoluciones GNR
332488 del 9 de noviembre de 2016 y VPB 45611 del 26 de diciembre de 2016, a través
de las cuales se resolvieron negativamente los recursos de reposición y apelación
interpuestos contra el acto definitivo .

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condenara a Colpensiones a
reconocer y pagar la pensión de jubilación a su favor, con efectos a partir del 30 de julio
de 2015, fecha en la que, según afirmó, acreditaba 55 años de edad y 20 años de servicio,
en una cuantía equivalente al 75 % del salario, con inclusión de todos los factores
salariales devengados durante el año anterior a la adquisición del estatus pensional.
Asimismo, pidió el pago de las diferencias causadas, su indexación, los intereses
moratorios y las demás condenas consecuenciales.

1 Decisión suscrita por los magistrados Dayán Alberto Blanco Leguizamo, José Ascención Fernández Osorio y Beatriz

Teresa Galvis Bustos.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-25-000-2023-00409-00 (5532-2023)
Demandante: Doris Álvarez Corredor

3. Como fundamento de las pretensiones, la demandante señaló que Colpensiones
aplicó de manera indebida el régimen general previsto en la Ley 100 de 1993, pese a
que, en su criterio, era beneficiaria del régimen especial aplicable a los docentes oficiales
por haber laborado como docente desde el 3 de abril de 1984 y contar con más de 20
años de servicio, así como con 55 años de edad cumplidos el 30 de julio de 2015, de
manera que tenía derecho al reconocimiento de la pensión conforme a la Ley 33 de 1985,
con una cuantía equivalente al 75 % del salario y con inclusión de todos los factores
salariales devengados en el último año de servicio.

4. En ese contexto, alegó que su afiliación a Colpensiones fue irregular, pues debió estar
vinculada al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante
Fomag), y que los actos administrativos acusados incurrieron en falsa motivación al
desconocer el régimen pensional especial que le resultaba aplicable. Asimismo, afirmó
que la pensión reclamada era compatible con el ejercicio de la docencia, sin que sea
exigible su retiro del servicio.

5. Colpensiones se opuso a la prosperidad de las pretensiones al sostener que los actos
administrativos acusados se ajustaban a derecho, en la medida en que la demandante
no era beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993, por no cumplir, al momento de su entrada en vigencia, con la edad ni el tiempo de
servicios exigidos. Adicionalmente, propuso las excepciones de falta de integración del
litisconsorcio necesario al considerar que Fomag era el competente para el
reconocimiento de la pensión de los docentes y que debía vincularse el empleador para
determinar los factores salariales; falta de legitimación en la causa por pasiva;
inexistencia del derecho y de la obligación; inexistencia de intereses moratorios; buena
fe de la entidad y prescripción.

6. El Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Tunja, mediante sentencia
del 17 de junio de 2019, declaró la nulidad de los actos administrativos acusados y a título
de restablecimiento del derecho ordenó a la demandada reconocer y pagar la pensión
ordinaria de jubilación a favor de Doris Álvarez Corredor, a partir del 30 de julio de 2015,
en cuantía del 75 % del promedio de lo devengado en el año anterior a la adquisición del
estatus pensional, sin exigir el retiro del servicio. Para el efecto, consideró que, al haberse
vinculado la demandante al servicio docente oficial con anterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley 812 de 2003, le resultaba aplicable la Ley 33 de 1985 en virtud de la
excepción prevista en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993. En ese contexto, concluyó
que acreditaba los requisitos de edad y tiempo de servicios para acceder a la pensión.

7. En cuanto al ingreso base de liquidación, señaló que, conforme a la jurisprudencia
unificada del Consejo de Estado (sentencia SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019,
Rad. 68001-23-33-000-2015-00569-01), debían incluirse únicamente los factores sobre
los cuales se realizaron aportes, razón por la cual limitó la base a la asignación básica y
a la bonificación prevista en el Decreto 1272 de 2015. Asimismo, precisó la compatibilidad
entre la pensión y el ejercicio de la docencia oficial. Finalmente, negó el reconocimiento
de intereses moratorios por no existir un derecho previamente reconocido, descartó la
prescripción de las mesadas pensionales y se abstuvo de imponer condena en costas.

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Demandante: Doris Álvarez Corredor

8. Colpensiones apeló la sentencia de primera instancia y solicitó su revocatoria al
sostener que la demandante no era beneficiaria del régimen de transición previsto en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por cuanto no cumplía los requisitos de edad y tiempo
de servicios al momento de su entrada en vigencia. En consecuencia, afirmó que no
procedía el reconocimiento pensional con fundamento en la Ley 33 de 1985, sino la
aplicación integral de la Ley 100 de 1993.

9. En ese contexto, señaló que el ingreso base de liquidación debía determinarse
conforme a dicha normativa, en armonía con la jurisprudencia de la Corte Constitucional
(C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016 y SU-395 de 2017) y la sentencia de
unificación del Consejo de Estado del 28 de agosto de 2018, esto es, con base en los
factores sobre los cuales se efectuaron cotizaciones. En consecuencia, indicó que la
liquidación debía realizarse conforme al Decreto 1158 de 1994, con fundamento en los
aportes de los últimos diez años y en los factores debidamente certificados.

10. El Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante sentencia del 11 de agosto de 2022,2
revocó la decisión de primera instancia en cuanto había reconocido la pensión de
jubilación con fundamento en la Ley 33 de 1985, en concordancia con las Leyes 91 de
1989 y 812 de 2003, y, en su lugar, negó las pretensiones. Para el efecto, consideró que
la demandante no estaba afiliada al Fomag, sino que realizó aportes a Cajanal y,
posteriormente, a Colpensiones, razón por la cual no le resultaba aplicable el régimen
especial del magisterio ni la compatibilidad entre pensión y salario docente.

11. Asimismo, precisó que la actora tampoco era beneficiaria del régimen de transición
previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues al 1.º de abril de 1994 no cumplía
con los requisitos de edad ni de tiempo de servicios exigidos para acceder a dicho
beneficio. En consecuencia, concluyó que no procedía el reconocimiento pensional
conforme a la Ley 33 de 1985.

12. No obstante, el Tribunal advirtió que la demandante sí cumplía los requisitos para
acceder a la pensión de vejez del régimen general, pues alcanzó los 57 años de edad el
30 de julio de 2017 y acreditó más de 1.300 semanas cotizadas. Por ello, ordenó a
Colpensiones reconocer, liquidar y pagar la pensión de vejez con fundamento en los
artículos 21, 33 y 34 de la Ley 100 de 1993 y la Ley 797 de 2003, a partir del 30 de julio
de 2017, efectiva una vez acreditara el retiro definitivo del servicio.

Demanda del recurso extraordinario de revisión3

13. La demandante interpuso recurso extraordinario de revisión contra la sentencia del
11 de agosto de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, con
fundamento en la causal prevista en el numeral 5.º del artículo 250 del CPACA, con el
propósito de que se invalide dicha providencia y, en su lugar, se reconozca su derecho a
la pensión de jubilación conforme al régimen previsto en la Ley 33 de 1985, con efectos
desde el 30 de julio de 2015, en cuantía del 75 % del salario promedio devengado en el

2 La sentencia cobró ejecutoria el 26 de agosto de 2022.
3 La demanda fue radicada el 16 de agosto de 2023.

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Demandante: Doris Álvarez Corredor

año anterior al estatus pensional, con todos los factores salariales, compatibilidad con el
ejercicio docente, indexación e intereses moratorios.

14. Como sustento, afirmó que la sentencia recurrida incurrió en nulidad por falta de
motivación suficiente, motivación aparente y vulneración del debido proceso, en tanto el
Tribunal no analizó de fondo el argumento central de la controversia: su calidad de
docente oficial, la naturaleza pública y docente del Colegio de Boyacá y la incidencia de
esa condición en la determinación del régimen pensional aplicable.

15. Sostuvo que el Tribunal incurrió en defecto sustantivo al aplicar indebidamente los
artículos 21, 33 y 34 de la Ley 100 de 1993 y la Ley 797 de 2003, pese a que, por haberse
vinculado al servicio público docente antes del 27 de junio de 2003, debía aplicarse el
régimen previsto para los docentes oficiales en la Ley 33 de 1985, en concordancia con
la Ley 91 de 1989, el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y el artículo 279 de la Ley 100 de
1993.

16. Agregó que la providencia cuestionada privilegió un criterio orgánico, relacionado con
la entidad administradora de pensiones, sobre su condición material de docente oficial,
sin valorar que su afiliación inicial a Cajanal y posterior traslado obligatorio a
Colpensiones obedecieron a decisiones administrativas ajenas a su voluntad. En su
criterio, ese traslado no podía implicar la pérdida de las garantías propias del régimen
docente ni la imposición de condiciones pensionales más desfavorables.

17. Finalmente, alegó que la sentencia desconoció los principios de primacía del derecho
sustancial, favorabilidad, buena fe, confianza legítima, igualdad y seguridad social, al
negar la aplicación del régimen exceptuado y condicionar el disfrute de la pensión al retiro
definitivo del servicio, pese a que, según afirmó, la pensión docente es compatible con la
percepción de salario. Por ello, consideró que la decisión recurrida carece de motivación
suficiente y consolidó una afectación sustancial de sus derechos fundamentales.

Contestación del recurso

18. Colpensiones se opuso a la prosperidad del recurso extraordinario de revisión y
solicitó mantener incólume la sentencia recurrida, al considerar que la decisión
cuestionada se ajusta al ordenamiento jurídico y a la jurisprudencia vigente en materia
pensional. En primer lugar, sostuvo que la demandante no tiene derecho al
reconocimiento de la pensión con fundamento en la Ley 33 de 1985, por cuanto no
acreditó los requisitos para ser beneficiaria del régimen de transición previsto en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993. En efecto, indicó que la actora no cumplía ni la edad
exigida ni el número mínimo de semanas cotizadas, razón por la cual su situación debía
regirse por la Ley 100 de 1993 y la Ley 797 de 2003.

19. En esa medida, afirmó que no es jurídicamente viable aplicar integralmente el
régimen anterior ni reconocer la prestación en los términos pretendidos, pues las reglas
del régimen de transición solo cobijan los aspectos relativos a edad, tiempo de servicios
y tasa de reemplazo, mas no el ingreso base de liquidación (IBL), el cual debe
determinarse conforme a la Ley 100 de 1993. En relación con este último aspecto,

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Demandante: Doris Álvarez Corredor

argumentó que la jurisprudencia constitucional (sentencias C-258 de 2013, SU-230 de
2015 y SU-395 de 2017) y contenciosa ha sido uniforme en señalar que no forma parte
del régimen de transición, por lo que debe calcularse con base en el promedio de los
salarios sobre los cuales se cotizó, según las reglas del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
y el artículo 21 ibidem, y no con fundamento en el último año de servicios ni incluyendo
todos los factores salariales devengados.

20. Agregó que únicamente pueden integrar el IBL aquellos factores sobre los cuales se
hayan efectuado aportes al sistema de pensiones, en atención a los principios de
solidaridad, sostenibilidad financiera y equilibrio del sistema, por lo que cualquier
reconocimiento que desconozca estas reglas implicaría la concesión de beneficios
desproporcionados.

Ministerio Público

21. El procurador delegado guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES

Competencia

22. De conformidad con lo previsto en el artículo 249 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), el Consejo de
Estado4 es competente para resolver los recursos extraordinarios de revisión contra las
sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos.

Problema jurídico

23. Corresponde a la Sala determinar si los reproches formulados por la demandante
contra la sentencia del 11 de agosto de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de
Boyacá, configuran la causal prevista en el numeral 5.º del artículo 250 del CPACA, esto
es, si ponen en evidencia la existencia de una nulidad originada en la sentencia.

Análisis del problema jurídico

24. La Sala declarará infundado el recurso extraordinario de revisión, por cuanto no se
configura la causal prevista en el numeral 5.º del artículo 250 del CPACA, en la medida
en que no se evidencia la existencia de una nulidad originada en la sentencia del 11 de
agosto de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá. En efecto, los
reproches formulados por la demandante no ponen de presente un vicio procesal
estructural atribuible a dicha providencia, sino que se dirigen a cuestionar la interpretación
jurídica adoptada por el juez de segunda instancia y a reabrir el debate propio del proceso
ordinario, según se expone a continuación.

4 En atención al criterio de especialización laboral y conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12

de marzo de 2019, modificado por el artículo 1.° del Acuerdo 434 de 2024, el conocimiento del asunto corresponde a
la Sección Segunda del Consejo de Estado.
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Demandante: Doris Álvarez Corredor

25. El recurso extraordinario de revisión, previsto en el Capítulo I del Título VI del CPACA,
constituye un mecanismo excepcional de impugnación que permite controvertir
sentencias ejecutoriadas proferidas por autoridades judiciales, cuando concurren
situaciones extraordinarias que afectan de forma sustancial la justicia material de la
decisión. Su finalidad es restablecer dicha justicia frente a vicios graves que no pudieron
alegarse o debatirse dentro del trámite ordinario del proceso y que por su entidad
justifican la superación del principio de cosa juzgada. En ese sentido, no se trata de una
tercera instancia ni de una vía para reabrir el debate jurídico o probatorio previamente
resuelto, sino de una herramienta procesal reservada a supuestos de extrema relevancia
que comprometen garantías constitucionales fundamentales como el debido proceso o la
tutela judicial efectiva.

26. En particular, la causal 5.ª del artículo 250 del CPACA establece la procedibilidad del
recurso extraordinario de revisión cuando se configure una nulidad originada en la
sentencia que puso fin al proceso y contra la cual no procede recurso de apelación. Para
que se habilite el recurso extraordinario con fundamento en la aludida causal deben
verificarse dos presupuestos: uno consistente en que la providencia impugnada no sea
susceptible del recurso de apelación, y otro relacionado con la existencia de una nulidad
sustancial generada en la propia sentencia.

27. Esta corporación5 ha precisado que dichas nulidades no se limitan exclusivamente a
las previstas de manera taxativa en el Código General del Proceso (CGP), sino que
también comprenden aquellas que, desde una perspectiva constitucional, afectan
gravemente el derecho al debido proceso o vulneran el principio de congruencia en la
actuación judicial.

28. En ese sentido, se han identificado, a título meramente enunciativo, ciertos supuestos
que comprometen derechos fundamentales como el debido proceso, el acceso a la
administración de justicia y la tutela judicial efectiva, "admitiendo que hay lugar a revisar
la sentencia de instancia por vía extraordinaria cuando la decisión (i) es inhibitoria; (ii) se
profiere sin motivación alguna; (iii) transgrede el principio de la no reformatio in pejus; (iv)
condena a un tercero que no ha sido vinculado como parte al proceso; (v) se pronuncia
sobre aspectos que no le corresponden, esto es, sin competencia o jurisdicción, según el
caso; (vi) se profiere en un proceso que había terminado por desistimiento, transacción o
perención; (vii) no cuenta con el número de votos requerido para su aprobación y (viii)
desconoce el principio de congruencia6 bien sea por una condena extra, ultra o infra
petita."7. En consecuencia, esta causal tiene como propósito salvaguardar el núcleo
esencial de las garantías procesales, cuando estas resultan afectadas por vicios
insubsanables presentes en la sentencia que puso fin al proceso.

5 Ver entre otras, la sentencia de unificación del 8 de mayo de 2018, expediente 1998-00153; y las del 7 de septiembre

de 2018, Rad. REV 2014-00440-00; 18 de agosto de 2020, Rad. 11001-03-15-000-2017-02369-00; 26 de agosto de
2021, Rad. 11001-03-25-000-2017-00852-00 (4598-17); y del 16 de octubre de 2025, Rad. 11001-03-25-000-2023-
00330-00 (4906-2023).
6 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 7 de septiembre de 2018, Rad. 2014-00440-00

(REV).
7 Sentencia de 26 de agosto de 2021, Rad. 11001-03-25-000-2017-00852-00 (4598-17).

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29. En el caso concreto, la demandante sostiene que la sentencia incurrió en nulidad por
falta de motivación suficiente, motivación aparente y vulneración del debido proceso, al
no analizar de fondo su condición de docente oficial ni la incidencia de dicha circunstancia
en la determinación del régimen pensional aplicable, así como por haber aplicado
indebidamente la Ley 100 de 1993 y desconocido los principios de favorabilidad,
confianza legítima e igualdad.

30. No obstante, la Sala advierte que tales cuestionamientos no evidencian un vicio
estructural de la sentencia, sino una inconformidad con el juicio jurídico realizado por el
Tribunal al determinar el régimen pensional aplicable a la actora y las condiciones para
el reconocimiento de la prestación.

31. En efecto, la demandante fundamenta el recurso en la consideración de que el
Tribunal omitió valorar adecuadamente su calidad de docente oficial y, con ello, aplicó de
manera indebida el régimen general de pensiones, desconociendo las normas especiales
que, a su juicio, le eran aplicables. A partir de dicha premisa, sostiene que la decisión
incurrió en falta de motivación y vulneró su derecho al debido proceso, en tanto no
resolvió el aspecto central de la controversia ni aplicó el marco normativo que considera
procedente.

32. En cuanto a la alegada falta de motivación suficiente y motivación aparente, la Sala
precisa que la nulidad originada en la sentencia se configura, en principio, ante una
ausencia absoluta de motivación, esto es, la carencia total de razones de hecho o de
derecho que sustenten la decisión. Sin embargo, dicha causal también puede concurrir
cuando la sentencia presenta una motivación solo en apariencia, cuyos fundamentos
resultan manifiestamente impertinentes o ajenos a los supuestos fácticos y jurídicos del
caso, de modo que no ofrecen sustento real a lo decidido y equivalen, en la práctica, a
una ausencia de motivación. Lo que no habilita el recurso extraordinario de revisión es la
motivación que, aunque deficiente, insuficiente o discutible en su corrección, guarda
correspondencia con el objeto del litigio, pues en tales eventos no se estructura un vicio
de nulidad sino una discrepancia con el razonamiento del juez, ajena al ámbito de esta
vía extraordinaria.

33. Bajo ese entendimiento, no tiene vocación de prosperidad el reproche de la
demandante en cuanto a la presunta falta o falsa motivación, pues dichos argumentos no
estructuran la causal invocada. En efecto, no puede predicarse una ausencia absoluta de
motivación de la providencia objeto del recurso, en tanto el Tribunal expuso las razones
fácticas y jurídicas que sustentaron su decisión, particularmente en lo relativo a la
inexistencia de afiliación al régimen especial del magisterio y a la inaplicabilidad del
régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. En consecuencia,
los cuestionamientos dirigidos a controvertir la solidez o corrección de dicha motivación
escapan al ámbito propio del recurso extraordinario de revisión.

34. En ese sentido, esta corporación ha reiterado que el recurso extraordinario de
revisión no fue instituido para corregir eventuales errores de hecho o de derecho
derivados de la valoración probatoria o de la interpretación normativa, de modo que no
resulta procedente cuando se pretende cuestionar que el juez “realizó una apreciación

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errada de las pruebas, en que no se aplicó una determinada regla de derecho, en que
se aplicó en forma indebida o en que se interpretó equivocadamente una norma
jurídica, pues todas estas observaciones escapan al ámbito de la aludida causal.”,8
dado que tales aspectos no configuran, por sí mismos, una nulidad originada en la
sentencia.

35. En lo que concierne a la alegada vulneración del debido proceso, la Sala observa que
los argumentos de la demandante se orientan a cuestionar la conclusión a la que arribó
el Tribunal en torno al régimen pensional aplicable, así como la valoración de los
elementos fácticos relacionados con su vinculación laboral y su afiliación al sistema de
seguridad social. Sin embargo, tales aspectos corresponden al ámbito propio de las
instancias del proceso ordinario y, por tanto, tampoco configuran por sí mismos una
nulidad originada en la sentencia.

36. Bajo ese contexto, la decisión cuestionada se adoptó dentro del marco de la
competencia del Tribunal, fundamentándose en las pruebas obrantes en el expediente y
conforme a la interpretación de las normas que la autoridad judicial consideró que
resultaban aplicables, sin que se advierta la omisión de etapas procesales, la afectación
del derecho de defensa o la configuración de un defecto que comprometa la validez de
la actuación judicial.

37. En cuanto al alegado desconocimiento del precedente y la indebida aplicación de los
artículos 21, 33 y 34 de la Ley 100 de 1993 y la Ley 797 de 2003, la Sala observa que
dichos reproches tampoco tienen vocación de prosperidad, pues se insiste en que se ha
precisado9 que el recurso extraordinario de revisión no fue instituido para cuestionar la
labor interpretativa del juez natural ni el razonamiento jurídico adoptado en la instancia,
ni para censurar el eventual apartamiento de otros pronunciamientos judiciales. Tales
aspectos no constituyen, por sí mismos, una causal autónoma de revisión en los términos
del artículo 250 del CPACA.

38. En ese sentido, los argumentos de la demandante reflejan una discrepancia con la
interpretación normativa acogida por el Tribunal y con la forma en que este resolvió el
conflicto jurídico planteado, lo cual resulta ajeno a la finalidad del recurso extraordinario
de revisión, que no está llamado a reabrir el debate jurídico ni a sustituir el criterio del
juez natural.

39. Finalmente, en lo que atañe a la invocación de los principios de favorabilidad,
confianza legítima e igualdad, se advierte que estos fueron considerados por la
demandante como fundamentos para sustentar la aplicación de un régimen pensional
distinto; no obstante, su eventual desconocimiento, en los términos planteados, no
configura per se una nulidad originada en la sentencia, sino que se enmarca en el ámbito
del desacuerdo con la decisión adoptada.

8
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de febrero de 2014, Rad. 47001-23-31-000-2009-00301-01
(41859) (REV). En este mismo sentido se ha pronunciado la Subsección A de la Sección Segunda, entre otras, en las
sentencias del 27 de agosto de 2020, Rad. 11001-03-25-000-2016-00288-00 (1638-2016) (REV), y del 5 de marzo de
2026, Rad. 11001-03-25-000-2024-00040-00 (0614-2024) (REV).
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, ver entre otras, la sentencia del 26 de septiembre de 2024,

Rad. 11001-03-25-000-2021-00625-00 (3064-2021).
8

Radicación: 11001-03-25-000-2023-00409-00 (5532-2023)
Demandante: Doris Álvarez Corredor

40. En consecuencia, la Sala concluye que los reproches formulados por la demandante
no evidencian la existencia de un vicio procesal que afecte de manera sustancial la
validez de la sentencia recurrida, sino que constituyen una inconformidad con la
valoración jurídica realizada por el Tribunal, lo cual resulta insuficiente para configurar la
causal prevista en el numeral 5.º del artículo 250 del CPACA.

41. Por lo anterior, el recurso extraordinario de revisión carece de vocación de
prosperidad, razón por la cual se declarará infundado.

Condena en costas

42. El artículo 70 de la Ley 2080 de 2021 modificó el artículo 255 del CPACA,
estableciendo un criterio objetivo para la imposición de costas, consistente en que estas
deben imponerse al recurrente cuando se declare infundado el recurso extraordinario de
revisión.

43. En ese sentido, dado que en el presente caso se declarará infundado el recurso, y
que la parte accionada acreditó la causación de costas como consecuencia de su
intervención en el proceso, se impondrá dicha condena a la accionante en favor de
Colpensiones, las cuales deberán liquidarse por secretaría de la sección.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley

III. RESUELVE

PRIMERO. DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto
por la señora Doris Álvarez Corredor contra la sentencia proferida el 11 de agosto de
2022 por el Tribunal Administrativo de Boyacá dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado 15001-33-33-010-2017-00026-01.

SEGUNDO. CONDENAR en costas a la señora Doris Álvarez Corredor en favor de la
Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, INGRESAR el
expediente al despacho para la fijación de las agencias en derecho, previas
las anotaciones correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
9

Radicación: 11001-03-25-000-2023-00409-00 (5532-2023)
Demandante: Doris Álvarez Corredor

Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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