Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00266-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00266-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2021-00266-00
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
22 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia : Recurso Extraordinario de Revisión
Radicación : 11001-03-25-000-2021-00266-00 (1527-2021)
Demandante : Alfonso Antonio Devia Valderrama
Demandada : Nación – Fiscalía General de la Nación
Tema : Causal de revisión artículo 250-5 de la Ley 1437 de 2011
Decisión : Declara infundado el recurso extraordinario de revisión. No se
acreditó la configuración de una nulidad originada en la sentencia
de segunda instancia.
La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el señor Alfonso
Antonio Devia Valderrama contra la sentencia proferida el 31 de julio de 2020 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria.1
I. ANTECEDENTES
Proceso ordinario
1. Alfonso Antonio Devia Valderrama presentó demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de obtener la nulidad del Oficio OJ
20131500010641 del 14 de marzo de 2013, mediante el cual la Fiscalía General de la
Nación negó el reconocimiento, reliquidación y pago de las prestaciones sociales con
inclusión del 30 % de la prima especial como factor salarial, por el tiempo en que se
desempeñó como fiscal seccional entre el 5 de febrero de 2002 y el 31 de mayo de 2010.
2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condenar a la Fiscalía General
de la Nación a reconocer y pagar las prestaciones sociales adeudadas, con inclusión del
30 % de la prima especial como factor salarial durante el referido periodo, junto con la
actualización de las sumas correspondientes y las demás consecuencias económicas a
que hubiera lugar.
3. El demandante sostuvo que durante el tiempo en que prestó sus servicios como fiscal
seccional la entidad liquidó sus prestaciones sociales (cesantías, primas y vacaciones)
sin incluir el 30 % de la prima especial, pese a que dicho emolumento era percibido de
1 Decisión suscrita por los magistrados Luis Eduardo Pineda Palomino, Javier Alfonso Argote Royero y Carlos Enrique
Berrocal Mora.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-25-000-2021-00266-00 (1527-2021)
Demandante: Alfonso Antonio Devia Valderrama
manera habitual y permanente. En su criterio, esa suma constituía factor salarial
conforme a la normativa aplicable, así como a la jurisprudencia del Consejo de Estado 2
que declaró la nulidad de las disposiciones que le negaban carácter salarial y reconoció
su incidencia en la liquidación de prestaciones sociales.
4. Indicó que, conforme a dicha línea jurisprudencial, presentó reclamación administrativa
solicitando la reliquidación de sus prestaciones sociales con inclusión del referido
porcentaje; no obstante, la Fiscalía General de la Nación negó la solicitud mediante el
Oficio OJ 20131500010641 del 14 de marzo de 2013. Sostuvo que la decisión
administrativa desconoció el régimen jurídico aplicable a las remuneraciones de los
servidores de la Rama Judicial y de la Fiscalía General de la Nación, así como el
precedente judicial que había reconocido la naturaleza salarial de la prima especial del
30 %.
5. La Nación – Fiscalía General de la Nación se opuso a la prosperidad de las pretensiones,
al estimar que los actos administrativos acusados se ajustaban al ordenamiento jurídico,
toda vez que la liquidación de los salarios y prestaciones sociales del demandante se
efectuó conforme al régimen legal y reglamentario aplicable a los servidores de la entidad.
Señaló que el régimen salarial y prestacional de los funcionarios de la Fiscalía se
encuentra determinado por la Constitución Política, la Ley 4.ª de 1992 y los decretos
salariales expedidos anualmente por el Gobierno Nacional, normas que establecieron
que la prima especial del 30 % carecía de naturaleza salarial, razón por la cual no podía
ser tenida en cuenta para efectos prestacionales. Asimismo, indicó que, a partir del
Decreto 3549 de 2003, los decretos salariales dejaron de consagrar expresamente dicha
prima, por lo que no resultaba jurídicamente viable reconocerla como factor salarial para
las prestaciones causadas con posterioridad a esa anualidad.
6. Igualmente, la entidad sostuvo que operó el fenómeno de la prescripción extintiva
respecto de las acreencias reclamadas, conforme al artículo 102 del Decreto 1848 de
1969, dado que el actor presentó la reclamación administrativa el 7 de marzo de 2013,
pese a que el derecho reclamado surgió desde la ejecutoria de las providencias que
declararon la nulidad de las disposiciones que negaban carácter salarial a la prima
especial. Añadió que, aun en el evento de aceptarse la tesis del demandante, las
prestaciones causadas con anterioridad al 7 de marzo de 2010 se encontraban prescritas.
Finalmente, propuso las excepciones de prescripción, carencia de objeto y falta de
integración del litisconsorcio necesario por pasiva.
7. El Juzgado Veintiséis Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá, mediante
sentencia proferida en audiencia celebrada el 18 de julio de 2018, accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda. En cuanto al fondo del asunto, consideró que el
demandante tenía derecho a que el 30 % de la prima especial de servicios prevista en el
artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992 fuera tenido en cuenta como factor salarial para la
liquidación de sus prestaciones sociales, al estimar que dicho emolumento constituía
2 Entre otras, citó las sentencias del 14 de febrero de 2002, que anuló el artículo 7.º del Decreto 038 de 1999; 15 de
julio de 2004, Rad. 11001-03-25-000-2002-0178-01; 3 de marzo de 2005, Rad. 11001-03-25-000-1997-17021-01; 13
de septiembre de 2007; 30 de octubre de 2008, Rad. interno 1295-07; 26 de agosto de 2009, Rad. 2005-04550; y 4 de
agosto de 2010, Rad. interno 0230-08.
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Demandante: Alfonso Antonio Devia Valderrama
salario y que las normas reglamentarias que le negaban tal naturaleza habían sido
anuladas por el Consejo de Estado.3 Sin embargo, concluyó que operó parcialmente el
fenómeno de la prescripción respecto de las prestaciones causadas entre el 5 de febrero
de 2002 y el 31 de diciembre de 2003, al considerar que el término debía contabilizarse
desde la ejecutoria de la sentencia del 14 de febrero de 2002, mediante la cual el Consejo
de Estado anuló la expresión “sin carácter salarial” contenida en el Decreto 038 de 1999.
8. En consecuencia, el Juzgado declaró la nulidad del Oficio OJ 20131500010641 del 14
de marzo de 2013 y ordenó reliquidar y pagar las prestaciones sociales del actor,
incluyendo el 30 % de la prima especial como factor salarial, únicamente respecto de las
acreencias no prescritas. Asimismo, declaró no probadas las excepciones de carencia
actual de objeto, cumplimiento de un deber legal y falta de integración del litisconsorcio
necesario propuestas por la Fiscalía General de la Nación.
9. El demandante apeló la sentencia de primera instancia y solicitó su revocatoria, al
sostener que el juzgado aplicó indebidamente el fenómeno de la prescripción. Alegó que
no podía contabilizarse el término desde la ejecutoria de la sentencia del 14 de febrero
de 2002, que anuló la expresión “sin carácter salarial” contenida en el Decreto 038 de
1999, pues no habían transcurrido más de tres años entre su retiro del servicio, ocurrido
el 31 de mayo de 2010, y la reclamación administrativa presentada el 7 de marzo de
2013. En apoyo de su postura, invocó pronunciamientos del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca,4 del Consejo de Estado5 y de la Corte Suprema de Justicia,6 según los
cuales el término prescriptivo debe contarse desde la exigibilidad del derecho o desde la
terminación del vínculo laboral, especialmente tratándose de cesantías.
10. Sostuvo que el juzgado no tuvo en cuenta la jurisprudencia sobre la naturaleza
salarial de la prima especial del 30 % y, en particular, sobre la prescripción de las
cesantías. Señaló que, conforme a la sentencia de unificación CE-SUJ2-004 de 2016, las
cesantías anualizadas no están sometidas al fenómeno prescriptivo mientras subsista la
relación laboral, por tratarse de una prestación de ahorro causada a favor del trabajador
durante el vínculo. Por ello, afirmó que debía ordenarse la reliquidación de sus cesantías
con inclusión de la prima especial del 30 % durante todo el periodo reclamado.
11. El apelante insistió en que los decretos salariales expedidos a partir del año 2003,
que no incluyeron la prima especial de servicios prevista en la Ley 4.ª de 1992, debían
inaplicarse por vía de excepción de inconstitucionalidad, por desconocer dicha ley marco.
En consecuencia, solicitó, como pretensión principal, que se ordenara el reconocimiento
y pago de las prestaciones sociales, en especial las cesantías, con inclusión del 30 % de
la prima especial de servicios por todo el periodo laborado, comprendido entre el 5 de
febrero de 2002 y el 31 de mayo de 2010. De manera subsidiaria, pidió que, de declararse
3 El Juzgado se refirió a las sentencias del 14 de febrero de 2002, mediante la cual se anuló el artículo 7.º del Decreto
038 de 1999; 15 de abril de 2004, respecto del artículo 7.º del Decreto 2743 de 2000; 3 de marzo de 2005, en relación
con los artículos 7.º del Decreto 53 de 1998, 7.º del Decreto 108 de 1996 y 7.º del Decreto 50 de 1997; y 13 de
septiembre de 2007, mediante la cual se anularon los artículos 7.º y 8.º de los Decretos 050 y 2720 de 2001.
4 Sentencia del 12 de octubre de 2017, Rad. 11001333500720120028501.
5 Sentencias del 22 de febrero de 2016, Rad. 20110062202; del 11 de noviembre de 2015, Rad. 88001-23-31-000-
2012-002102-01; del 29 de abril de 2014, Rad. 11001032500020070008700; la sentencia de unificación del 25 de
agosto de 2016 CE-SUJ2-004 de 2016, Rad. 08001-23-31-000-2011-00628-01 (0528-14).
6 El apelante no individualizó sentencias.
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Demandante: Alfonso Antonio Devia Valderrama
la prescripción, esta se contabilizara desde la reclamación administrativa, se
reconocieran las prestaciones causadas desde el 7 de marzo de 2010 y, en todo caso,
se excluyeran las cesantías del fenómeno prescriptivo.
12. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria,
mediante sentencia del 31 de julio de 2020,7 confirmó parcialmente la decisión de primera
instancia. Al respecto, consideró que el demandante era destinatario del derecho a la
prima especial del 30 % prevista en el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992, durante el tiempo
en que se desempeñó como fiscal seccional; no obstante, precisó que las pretensiones
de la demanda estaban dirigidas a obtener la reliquidación de las prestaciones sociales
con fundamento en la inclusión de dicho porcentaje como factor salarial, aspecto frente
al cual concluyó que no había lugar a acceder.
13. Para sustentar dicha conclusión, el órgano colegiado señaló que, si bien el Consejo
de Estado había reconocido que la prima especial constituía salario y había anulado las
disposiciones que le negaban tal naturaleza, lo cierto es que la Corte Constitucional, en
la sentencia C-279 de 1996, concluyó que la prima especial de servicios no constituía
factor salarial para la liquidación de prestaciones sociales. Sin embargo, indicó que, en
aplicación del control de convencionalidad y de conformidad con la Ley 32 de 1985,
aprobatoria de la Convención de Viena, debía darse prevalencia al Convenio 95 de la
OIT, según el cual todo lo que recibe el trabajador como contraprestación directa de sus
servicios constituye salario. En ese contexto, concluyó que la referida prima sí debía
tenerse en cuenta para efectos de aportes a pensión, por tratarse de un derecho
irrenunciable e imprescriptible, pero no para la reliquidación de las demás prestaciones
sociales reclamadas.
Demanda del recurso extraordinario de revisión8
14. El demandante interpuso recurso extraordinario de revisión contra la sentencia del
31 de julio de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Sala Transitoria, con el propósito de que se infirmara y, en su lugar, se
accediera a las pretensiones orientadas al reajuste de sus prestaciones sociales, en
especial de las cesantías, con inclusión del 30 % de la prima especial de servicios como
factor salarial.
15. Para el efecto, invocó la causal prevista en el numeral 5.º del artículo 250 del CPACA,
relativa a la nulidad originada en la sentencia, y precisó que esta no se restringe
únicamente a las nulidades procesales expresamente previstas en la ley, sino que
también comprende aquellas derivadas de la vulneración del debido proceso, del acceso
a la administración de justicia y de la tutela judicial efectiva, conforme a los artículos 29 y
93 de la Constitución Política, así como a la jurisprudencia constitucional, interamericana
y del Consejo de Estado.9 En ese contexto, afirmó que el recurso extraordinario de
7 La sentencia se notificó por correo electrónico remitido el 16 de octubre de 2020.
8 La demanda fue radicada el 11 de mayo de 2021.
9 Entre otras, citó las sentencias de la Sección Segunda del Consejo de Estado del 8 de octubre de 2020, Rad. 11001-
03-25-000-2017-00530-00; 15 de octubre de 2020, Rad. 11001-03-25-000-2018-00445-00; y 11 de marzo de 2021,
Rad. 11001-03-25-000-2016-01039-00.
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Demandante: Alfonso Antonio Devia Valderrama
revisión constituye un mecanismo orientado a preservar la justicia material y evitar que
subsistan decisiones judiciales contrarias a derechos fundamentales.
16. En relación con el caso concreto, sostuvo que la sentencia recurrida aplicó
indebidamente la regla jurisprudencial según la cual solo podían reconocerse las
acreencias causadas dentro de los tres años anteriores a la reclamación administrativa,
pese a que, en su criterio, tratándose de cesantías el término debía contabilizarse desde
la fecha en que se hizo exigible el derecho, esto es, desde el retiro del servicio. Señaló
que el Tribunal extendió indebidamente a las cesantías una subregla aplicable a
prestaciones periódicas, particularmente la fijada en la sentencia de unificación del
Consejo de Estado del 25 de agosto de 2016 (Rad. 05001-23-33-000-2012-00059-01), lo
que condujo a negar el reajuste reclamado mediante una interpretación que calificó como
contraria al régimen jurídico especial de dicha prestación.
17. Indicó que, aunque en las instancias se reconoció que la prima especial del 30 %
prevista en la Ley 4.ª de 1992 constituía salario, se negó el reajuste pretendido con
fundamento en una interpretación jurisprudencial que, a su juicio, resultaba inaplicable al
caso concreto. En ese sentido, afirmó que la sentencia incurrió en un defecto sustantivo
y vulneró los derechos al debido proceso, al acceso efectivo a la administración de justicia
y a la tutela judicial efectiva, al impedir un verdadero pronunciamiento de fondo sobre las
pretensiones formuladas y consolidar un fallo inhibitorio injustificado. Añadió que el juez
estaba obligado a resolver materialmente el litigio y no a rechazar las pretensiones
mediante la aplicación de reglas jurisprudenciales que consideró ajenas a la naturaleza
de las cesantías.
18. Igualmente, se refirió a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, en la que se han identificado supuestos de vulneración del derecho a un
recurso judicial efectivo, tales como: “i) la inexistencia de mecanismo para acceder a la
jurisdicción; ii) los plazos prolongados para resolver de forma definitiva el asunto
planteado, iii) las decisiones que no resuelven sobre el fondo de la litis pero que
ponen fin a la actuación, y, iv) el incumplimiento o imposibilidad de cumplir el fallo”.10
En ese contexto, insistió en que la causal de nulidad originada en la sentencia debe
interpretarse de manera amplia, de modo que comprenda aquellos eventos en los que el
juez se abstiene injustificadamente de resolver de fondo el litigio, circunstancia que, en
su criterio, habilita la procedencia del recurso extraordinario de revisión.
Contestación del recurso
19. La Nación – Fiscalía General de la Nación se opuso a la prosperidad del recurso
extraordinario de revisión, al sostener que el recurrente pretendía reabrir el debate
jurídico ya definido en las instancias ordinarias, cuestionando la interpretación efectuada
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca sobre la naturaleza salarial de la prima
especial y las reglas aplicables en materia de prescripción, aspectos que, en su criterio,
son ajenos a la finalidad del recurso extraordinario de revisión. Indicó que este
mecanismo no constituye una tercera instancia ni puede utilizarse para controvertir el
10
Corte Interamericana. Caso Carranza vr. Argentina (1977). Caso Cabrejo Bernuy (2000) ob cit, pág. 485.
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criterio jurídico del fallador o replantear discusiones probatorias y jurídicas ya resueltas,
sino únicamente para controvertir sentencias ejecutoriadas por las causales
taxativamente previstas en el artículo 250 del CPACA.
20. En ese sentido, afirmó que los argumentos expuestos por el recurrente no se
subsumían en la causal invocada, pues no evidenciaban la existencia de una nulidad
originada en la sentencia, sino una inconformidad con las conclusiones jurídicas
adoptadas por el Tribunal en relación con la prescripción de las cesantías y la aplicación
del precedente jurisprudencial sobre la prima especial de servicios. Añadió que la causal
prevista en el numeral 5.º del artículo 250 del CPACA exige la configuración de una
nulidad procesal o constitucional originada en la sentencia misma, circunstancia que no
se presentó en este caso, dado que el fallo cuestionado resolvió de fondo la controversia
y expuso las razones jurídicas que sustentaron la decisión. Por ello, solicitó desestimar
el recurso extraordinario de revisión, al no configurarse la causal alegada ni ninguna otra
prevista legalmente para la procedencia de este mecanismo excepcional.
Ministerio Público
21. El procurador delegado no intervino.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
22. De conformidad con lo previsto en el artículo 249 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), el Consejo de
Estado11 es competente para resolver los recursos extraordinarios de revisión contra las
sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos. Así las cosas, se
abordará el análisis de esta controversia.
Problema jurídico
23. Corresponde a la Sala determinar si los reproches formulados por el demandante
contra la sentencia del 31 de julio de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria, se enmarcan en la causal prevista en
el numeral 5.º del artículo 250 del CPACA, esto es, si configuran una nulidad originada
en la sentencia por vulneración del debido proceso.
Análisis
24. La Sala declarará infundado el recurso extraordinario de revisión por cuanto no se
configura la causal prevista en el numeral 5.º del artículo 250 del CPACA, al no
evidenciarse la existencia de una nulidad originada en la sentencia del 31 de julio de
2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala
11 En atención al criterio de especialización laboral y conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12
de marzo de 2019, modificado por el artículo 1.° del Acuerdo 434 de 2024, el conocimiento del asunto corresponde a
la Sección Segunda del Consejo de Estado.
6
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Transitoria. En efecto, los reproches formulados por el recurrente no revelan un vicio
procesal de tal entidad que comprometa el debido proceso, sino que corresponden a una
inconformidad con las conclusiones jurídicas adoptadas por el juez de instancia en
relación con la naturaleza salarial de la prima especial del 30 % y las reglas aplicables en
materia de prescripción de las prestaciones sociales, como pasa a explicarse.
25. El recurso extraordinario de revisión, previsto en el Capítulo I del Título VI del CPACA,
constituye un mecanismo excepcional de impugnación que permite controvertir
sentencias ejecutoriadas proferidas por autoridades judiciales, cuando concurren
situaciones extraordinarias que afectan de forma sustancial la justicia material de la
decisión. Su finalidad es restablecer dicha justicia frente a vicios graves que no pudieron
alegarse o debatirse dentro del trámite ordinario del proceso, y que por su entidad
justifican la superación del principio de cosa juzgada.
26. En ese sentido, no se trata de una tercera instancia ni de una vía para reabrir el
debate jurídico o probatorio previamente resuelto, sino de una herramienta procesal
reservada a supuestos de extrema relevancia que comprometen garantías
constitucionales fundamentales, como el debido proceso o la tutela judicial efectiva.
27. En particular, la causal 5.ª del artículo 250 del CPACA establece la procedibilidad del
recurso extraordinario de revisión cuando se configure una nulidad originada en la
sentencia que puso fin al proceso y contra la cual no procede recurso de apelación. Para
que esta causal sea procedente, deben verificarse dos presupuestos: uno consistente en
que la providencia impugnada no sea susceptible del recurso de apelación, y otro
relacionado con la existencia de una nulidad sustancial generada en la propia sentencia.
28. Esta corporación12 ha precisado que dichas nulidades no se limitan exclusivamente
a las previstas de manera taxativa en el Código General del Proceso (CGP), sino que
también comprenden aquellas que, desde una perspectiva constitucional, afectan
gravemente el derecho al debido proceso o vulneran el principio de congruencia en la
actuación judicial.
29. En ese sentido, se han identificado, a título meramente enunciativo, ciertos supuestos
que comprometen derechos fundamentales como el debido proceso, el acceso a la
administración de justicia y la tutela judicial efectiva, "admitiendo que hay lugar a revisar
la sentencia de instancia por vía extraordinaria cuando la decisión (i) es inhibitoria; (ii) se
profiere sin motivación alguna; (iii) transgrede el principio de la no reformatio in pejus; (iv)
condena a un tercero que no ha sido vinculado como parte al proceso; (v) se pronuncia
sobre aspectos que no le corresponden, esto es, sin competencia o jurisdicción, según el
caso; (vi) se profiere en un proceso que había terminado por desistimiento, transacción o
perención; (vii) no cuenta con el número de votos requerido para su aprobación y (viii)
desconoce el principio de congruencia13 bien sea por una condena extra, ultra o infra
12
Ver entre otras, la sentencia de unificación del 8 de mayo de 2018, expediente 1998-00153; y las del 7 de septiembre
de 2018, Rad. REV 2014-00440-00; 18 de agosto de 2020, Rad. 11001-03-15-000-2017-02369-00; 26 de agosto de
2021, Rad. 11001-03-25-000-2017-00852-00 (4598-17); y del 16 de octubre de 2025, Rad. 11001-03-25-000-2023-
00330-00 (4906-2023).
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 7 de septiembre de 2018, Rad. 2014-00440-00
(REV).
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petita."14. En consecuencia, esta causal tiene como propósito salvaguardar el núcleo
esencial de las garantías procesales, cuando estas resultan afectadas por vicios
insubsanables presentes en la sentencia que puso fin al proceso.
30. En el caso concreto, de la lectura integral del recurso extraordinario de revisión se
advierte que el recurrente cuestiona, principalmente, la interpretación efectuada por el
Tribunal respecto de la aplicación de la regla jurisprudencial sobre prescripción de las
acreencias derivadas de la prima especial de servicios, pues considera que el término
prescriptivo de las cesantías debía contabilizarse desde la fecha de retiro del servicio y
no desde la reclamación administrativa. Asimismo, sostiene que el juez de segunda
instancia aplicó indebidamente la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 25
de agosto de 2016 (Rad. 05001-23-33-000-2012-00059-01), al extender a las cesantías
una regla jurisprudencial prevista para prestaciones periódicas.
31. Con fundamento en lo anterior, el recurrente afirma que la sentencia censurada
vulneró los derechos al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la
tutela judicial efectiva, al impedir un verdadero pronunciamiento de fondo sobre las
pretensiones formuladas. Incluso, sostiene que la providencia cuestionada consolidó un
fallo inhibitorio injustificado, en la medida en que negó el reajuste pretendido mediante la
aplicación de una subregla jurisprudencial que considera inaplicable al caso concreto.
32. No obstante, aunque el actor invoca la vulneración de garantías constitucionales y
pretende sustentar la procedencia del recurso en una nulidad de carácter constitucional,
lo cierto es que los planteamientos formulados no revelan la existencia de un vicio
procesal o estructural originado en la sentencia, sino una discrepancia con la
interpretación jurídica adoptada por el Tribunal y con la forma en que valoró el marco
normativo y jurisprudencial aplicable al asunto sometido a consideración.
33. En consonancia con lo anterior, se observa que el Tribunal explicó las razones
jurídicas por las cuales concluyó que la prima especial de servicios no podía ser tenida
en cuenta para la reliquidación de las prestaciones sociales reclamadas, salvo para
efectos de aportes pensionales, de modo que la providencia cuestionada sí resolvió de
fondo la controversia sometida a su consideración.
34. Además, lejos de lo sostenido por el recurrente, la providencia cuestionada no se
limitó a declarar la prescripción del derecho ni profirió un fallo inhibitorio. Por el contrario,
abordó materialmente el debate relativo a la naturaleza jurídica de la prima especial y
resolvió de fondo las pretensiones planteadas en la demanda, con independencia de que
la conclusión adoptada resultara desfavorable a los intereses del actor.
35. En ese contexto, los cuestionamientos formulados por el demandante se dirigen, en
realidad, a replantear el debate jurídico ya definido en el proceso ordinario,
particularmente en lo relacionado con la naturaleza salarial de la prima especial y las
reglas de prescripción aplicables a las cesantías. Tales aspectos son propios de la
instancia y no pueden ser reabiertos a través del recurso extraordinario de revisión.
14 Sentencia de 26 de agosto de 2021, Rad. 11001-03-25-000-2017-00852-00 (4598-17).
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Demandante: Alfonso Antonio Devia Valderrama
36. En efecto, esta corporación ha señalado de manera reiterada que el recurso
extraordinario de revisión no fue instituido para corregir eventuales errores de hecho o de
derecho derivados de la valoración probatoria o de la interpretación normativa, de modo
que no resulta procedente cuando se pretende cuestionar que el juez “realizó una
apreciación errada de las pruebas, en que no se aplicó una determinada regla de
derecho, en que se aplicó en forma indebida o en que se interpretó
equivocadamente una norma jurídica, pues todas estas observaciones escapan al
ámbito de la aludida causal.”,15 dado que tales aspectos no configuran, por sí mismos,
una nulidad originada en la sentencia.
37. En igual sentido, se ha precisado16 que el recurso extraordinario de revisión no fue
instituido para cuestionar la labor interpretativa del juez natural ni el razonamiento jurídico
adoptado en la instancia, ni para censurar el eventual apartamiento de pronunciamientos
judiciales, ya que dichos aspectos no constituyen una causal autónoma de revisión en
los términos del artículo 250 del CPACA.
38. Así las cosas, los argumentos expuestos por el recurrente no logran demostrar la
configuración de un vicio estructural de la sentencia en los términos exigidos por el
numeral 5.º del artículo 250 del CPACA, sino que evidencian una inconformidad con el
criterio jurídico adoptado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
39. En consecuencia, los reproches formulados no se subsumen en la causal invocada
y, por tanto, el recurso extraordinario de revisión carece de vocación de prosperidad y
será declarado infundado.
Condena en costas
40. El artículo 70 de la Ley 2080 de 2021 modificó el artículo 255 del CPACA,
estableciendo un criterio objetivo para la imposición de costas, consistente en que estas
deben imponerse al recurrente cuando se declare infundado el recurso extraordinario de
revisión.
41. En ese sentido, dado que en el presente caso se declarará infundado el recurso, y
que la parte accionada acreditó la causación de costas como consecuencia de su
intervención en el proceso, se impondrá dicha condena al accionante en favor de la
Nación – Fiscalía General de la Nación, las cuales deberán liquidarse por secretaría de
la sección.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley
15
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de febrero de 2014, Rad. 47001-23-31-000-2009-00301-01
(41859) (REV). En este mismo sentido se ha pronunciado la Subsección A de la Sección Segunda, entre otras, en las
sentencias del 27 de agosto de 2020, Rad. 11001-03-25-000-2016-00288-00 (1638-2016) (REV), y del 5 de marzo de
2026, Rad. 11001-03-25-000-2024-00040-00 (0614-2024) (REV).
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, ver entre otras, la sentencia del 26 de septiembre de 2024,
Rad. 11001-03-25-000-2021-00625-00 (3064-2021).
9
Radicación: 11001-03-25-000-2021-00266-00 (1527-2021)
Demandante: Alfonso Antonio Devia Valderrama
III. RESUELVE
PRIMERO. DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto
por el señor Alfonso Antonio Devia Valderrama contra la sentencia proferida el 31 de julio
de 2020 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala
Transitoria, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 11001-
33-35-026-2013-00420-01.
SEGUNDO. CONDENAR en costas al señor Alfonso Antonio Devia Valderrama en favor
de la Nación – Fiscalía General de la Nación, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, INGRESAR el
expediente al despacho para la fijación de las agencias en derecho, previas las
anotaciones correspondientes.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
10
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