Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2025-00252-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2025-00252-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2025-00252-00
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
7 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., siete (7) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia : Recurso Extraordinario de Revisión
Radicación : 11001-03-25-000-2025-00252-00 (1918-2025)
Demandante : Otman Sánchez Bacca
Demandado : Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Tema : Causal de revisión artículo 250-5 de la Ley 1437 de 2011
Decisión : Declara infundado el recurso extraordinario de revisión. No se
acreditó la configuración de nulidad originada en la sentencia de
segunda instancia.
La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el señor Otman
Sánchez Bacca contra la sentencia proferida el 30 de mayo de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A.1
I. ANTECEDENTES
Proceso ordinario
1. Otman Sánchez Bacca solicitó la nulidad del Oficio 20193052141421:MDN-COGFM-
COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-1.10 del 29 de octubre de 2019, mediante el
cual se resolvió de manera desfavorable la solicitud de reconsideración frente al resultado
del Comité de Estudio y Evaluación para la Selección y Ascenso, que determinó no
postularlo al grado inmediatamente superior; del Decreto 2191 del 1.º de diciembre de
2019, expedido por el Gobierno Nacional – Ministerio de Defensa Nacional, por medio del
cual se dispuso el ascenso de un grupo de oficiales de las Fuerzas Militares sin incluirlo;
así como la nulidad parcial de la Resolución 0990 del 1.º de abril de 2020, por la cual el
Ministerio de Defensa Nacional dispuso su retiro del servicio activo, en forma temporal,
con pase a la reserva por llamamiento a calificar servicios, a partir del 2 de abril de 2020.
2. A título de restablecimiento del derecho solicitó que se ordenara a la Nación –
Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional su reintegro al servicio activo, sin
solución de continuidad, y que se dispusiera su ascenso al grado que le correspondiera
con conservación de la antigüedad y del orden de prelación en el escalafón frente a sus
1 Decisión suscrita por los magistrados Néstor Javier Calvo Chaves y José María Armenta Fuentes. La magistrada
Carmen Alicia Rengifo Sanguino salvó voto.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-25-000-2025-00252-00 (1918-2025)
Demandante: Otman Sánchez Bacca
compañeros de curso o promoción, así como su ascenso a los grados subsiguientes una
vez cumpliera los requisitos legales distintos al tiempo de servicio en cada grado.
3. Igualmente, pidió el reconocimiento y pago de todos los salarios y prestaciones
sociales dejados de percibir desde su desvinculación hasta su efectivo reintegro, junto
con las diferencias salariales y prestacionales derivadas de la retroactividad del ascenso
al grado de coronel y de los demás ascensos a los que hubiere lugar, así como la
indemnización de los perjuicios morales causados con ocasión de la expedición de los
actos demandados.
4. Como fundamentos fácticos expuso que ingresó al Ejército Nacional en 1994 y alcanzó
el grado de teniente coronel en 2014, desempeñándose en distintos cargos de
responsabilidad y formación, con amplia trayectoria y capacitación profesional. Durante
el periodo evaluable para ascenso (2017–2018), su evaluador registró anotaciones
negativas en su hoja de vida que, según el actor, no correspondían a la realidad ni
cumplían los requisitos legales, lo que lo llevó a presentar reclamaciones administrativas
y a acudir incluso a la Procuraduría por presunto acoso laboral. Pese a contar con varios
conceptos favorables de idoneidad profesional emitidos por superiores jerárquicos, el
Comité de Evaluación del Ejército decidió no recomendar su ascenso al grado de coronel,
decisión que fue ratificada posteriormente por las instancias internas, a pesar de existir
vacantes y de haber obtenido un puntaje alto en la evaluación.
5. El demandante alegó que la negativa de ascenso y su posterior retiro del servicio por
llamamiento a calificar servicios obedecieron a una actuación irregular y contraria al
régimen legal aplicable. Sostuvo que las decisiones en materia de ascensos no son
discrecionales, sino regladas, pues deben fundarse en las listas de clasificación y en
criterios objetivos previamente establecidos en la normativa vigente. En ese sentido,
manifestó que los actos administrativos demandados fueron expedidos con infracción de
las normas que regulan el sistema de evaluación y clasificación, con falsa motivación y
con desviación de poder, al desconocer su desempeño, su posición en la clasificación y
las reglas de prelación para ascenso.
6. La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional no contestó la demanda.
7. El Juzgado Cuarenta y Siete Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, mediante
sentencia del 31 de agosto de 2023, se inhibió de pronunciarse sobre el Decreto 2191
del 1.° de diciembre de 2019, al considerar que no definió de manera concreta y particular
la situación jurídica del demandante, pues los efectos se predicaban sobre los oficiales
efectivamente ascendidos y no de quienes, como el actor, no fueron incluidos en ese
listado. En criterio del despacho, la decisión sobre la no recomendación para ascenso se
agotó con el Oficio 20193052141421 del 29 de octubre de 2019, que era, por tanto, el
acto susceptible de control judicial.
8. En cuanto a las demás pretensiones, las negó al concluir que no se desvirtuó la
presunción de legalidad de los actos demandados. Consideró, en primer lugar, que en el
régimen especial de carrera de las Fuerzas Militares el ascenso no depende únicamente
del cumplimiento de requisitos y del buen desempeño del oficial, sino también de la
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Demandante: Otman Sánchez Bacca
existencia de vacantes y de las necesidades del servicio, de modo que las felicitaciones,
conceptos favorables de idoneidad y demás anotaciones positivas no conferían, por sí
solas, un derecho al ascenso. Advirtió que, aunque el actor alegó que las anotaciones
negativas registradas en su folio de vida eran infundadas y obedecían a una persecución
laboral, no aportó prueba suficiente para desvirtuarlas ni para acreditar el supuesto acoso
o la falta de objetividad en su evaluación. Resaltó, además, que la no recomendación
para ascenso fue examinada en dos oportunidades por comités evaluadores distintos, sin
que de ello pudiera inferirse parcialidad.
9. De igual forma, el juzgado estimó que tampoco prosperaban los cargos contra el retiro
por llamamiento a calificar servicios. Explicó que dicha causal es autónoma, objetiva y
discrecional, y que no depende de la elaboración de listas de clasificación para ascenso,
sino del cumplimiento de dos presupuestos: contar con el concepto previo de la Junta
Asesora del Ministerio de Defensa y acreditar el tiempo de servicio exigido para ser
beneficiario de la asignación de retiro. Como en el expediente estaba demostrado que el
demandante cumplía esos requisitos, concluyó que el retiro se ajustó a derecho. Por esa
razón, descartó tanto la falsa motivación como la desviación de poder, al no encontrar
prueba de que la negativa de ascenso y el posterior retiro hubieran respondido a fines
distintos de los autorizados por la ley. En suma, señaló que el actor confundió su
inconformidad por no haber sido ascendido con la legalidad del llamamiento a calificar
servicios, sin demostrar que entre una y otra decisión existiera la relación instrumental o
fraudulenta que alegaba.
10. El recurrente apeló la sentencia de primera instancia al sostener que el a quo omitió
aplicar el precedente judicial sobre el retiro por llamamiento a calificar servicios, en
particular las sentencias SU-091 de 2016, SU-217 de 2016, SU-237 de 2019 y C-819 de
2005. Señaló que el verdadero motivo de su retiro no fue simplemente el cumplimiento
de los requisitos para acceder a la asignación de retiro, sino el hecho de no haber sido
seleccionado para ascenso al grado de coronel, decisión que, a su juicio, constituyó el
antecedente inmediato y determinante del llamamiento a calificar servicios.
11. Indicó que el juzgado no realizó un análisis suficiente de las circunstancias que
antecedieron a la decisión de no ascenderlo, particularmente de la persecución laboral
que sufrió por parte de su superior y evaluador, lo cual se reflejó en anotaciones negativas
en su folio de vida, incidió en su exclusión del proceso de ascenso y derivó también en la
apertura de una investigación disciplinaria que luego fue archivada. Sostuvo que sí existía
una relación causal entre la negativa de ascenso y su posterior retiro, la cual podía
inferirse a partir del material probatorio e indiciario obrante en el expediente, incluida su
declaración juramentada, sus condecoraciones, distinciones y desempeño sobresaliente.
12. Agregó que el a quo incurrió en una indebida valoración probatoria, al omitir el análisis
de los indicios que, en su criterio, permitían acreditar los vicios de nulidad alegados, y al
exigir un estándar de prueba directa incompatible con la naturaleza de la desviación de
poder. Sostuvo que la facultad discrecional de retiro no es absoluta, sino que debe
ejercerse con sujeción a los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y a las reglas del
proceso de evaluación y clasificación previstas en la normativa aplicable, las cuales
fueron desconocidas en su caso.
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Demandante: Otman Sánchez Bacca
13. Finalmente, advirtió que, aunque la excelencia en el servicio no otorga por sí sola
estabilidad laboral, sí le confería prelación frente a otros oficiales conforme al Decreto
1790 de 2000, por lo que, si el proceso de evaluación y ascenso se hubiera ajustado a la
normativa vigente, la decisión de la administración habría sido distinta. Insistió en que los
hechos acreditados permitían inferir la existencia de una desviación de poder y un
desbordamiento de la facultad discrecional, por lo que solicitó revocar la sentencia y
acceder a las pretensiones de la demanda.
14. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
mediante sentencia del 30 de mayo de 2024,2 confirmó la decisión de primera instancia
al considerar que los actos administrativos demandados se ajustaban al ordenamiento
jurídico al no acreditarse los vicios de nulidad alegados por el demandante en el recurso
de apelación. Precisó que el retiro del servicio activo por llamamiento a calificar servicios
constituye una facultad discrecional de la administración, cuyo ejercicio no exige una
motivación expresa distinta a la prevista en la ley, en la medida en que se presume
orientado al mejoramiento del servicio. En ese sentido, indicó que basta con que el oficial
cumpla los requisitos legales para acceder a la asignación de retiro y exista la
recomendación de la Junta Asesora, sin que sea necesario acreditar razones adicionales
de carácter objetivo o disciplinario.
15. El Tribunal consideró que no se acreditó que el retiro del demandante hubiera
obedecido a una finalidad distinta al mejoramiento del servicio, ni que estuviera precedido
de desviación de poder, falsa motivación o persecución laboral, toda vez que tales
afirmaciones no fueron demostradas con el material probatorio allegado al proceso, cuya
carga correspondía al actor. Agregó que tampoco se evidenció irregularidad en el proceso
de evaluación o en la decisión de no ascenso, pues el cumplimiento de los requisitos
legales no genera un derecho automático a ser promovido en atención a la naturaleza
jerárquica y piramidal de la carrera militar, en la que los ascensos dependen también de
criterios institucionales como las vacantes y las necesidades del servicio.
Demanda del recurso extraordinario de revisión3
16. El señor Otman Sánchez Bacca interpuso recurso extraordinario de revisión contra
la sentencia del 30 de mayo de 2024, con fundamento en la causal prevista en el numeral
5.º del artículo 250 del CPACA, con el propósito de que se anule dicha providencia y, en
su lugar, se profiera una decisión que declare la nulidad del acto de retiro por llamamiento
a calificar servicios y ordene el restablecimiento de sus derechos.
17. Como sustento, sostuvo que la sentencia incurrió en una nulidad al desconocer el
debido proceso, pues no efectuó un análisis integral de las circunstancias que rodearon
su no ascenso ni del material probatorio que, en su criterio, evidenciaba que dicha
decisión fue determinante en su posterior retiro. En ese sentido, cuestionó que no se
hubiera advertido la relación causal entre la exclusión del proceso de ascenso y el
2 La sentencia fue notificada por correo electrónico remitido el 28 de junio de 2024.
3 La demanda fue radicada el 8 de julio de 2025.
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Demandante: Otman Sánchez Bacca
llamamiento a calificar servicios, ni las irregularidades que, según afirma, afectaron su
evaluación, lo que condujo a validar una actuación administrativa viciada.
18. Igualmente, alegó que la providencia desconoció el marco normativo y jurisprudencial
aplicable en materia de carrera militar (en particular, las sentencias SU-091 de 2016, SU-
217 de 2016, SU-237 de 2019 y C-819 de 2005), en lo relativo a las reglas sobre
evaluación, clasificación, ascensos y límites a la discrecionalidad, al no ejercer un control
judicial efectivo sobre el acto de retiro. Con fundamento en ello, manifestó que la
sentencia no solo omitió examinar adecuadamente los vicios alegados, sino que terminó
convalidando una decisión administrativa presuntamente afectada por desviación de
poder, consolidando así una situación contraria a la justicia material.
Contestación del recurso
19. La entidad demandada solicitó declarar infundado el recurso extraordinario de
revisión al considerar que no se configura la causal invocada, por cuanto la sentencia del
30 de mayo de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, confirmó
acertadamente la decisión de primera instancia que negó las pretensiones, al concluir
que el retiro del actor por llamamiento a calificar servicios obedeció al ejercicio legítimo
de la facultad discrecional de la administración, sin que se acreditara desviación de poder,
persecución laboral o vulneración de garantías fundamentales.
20. Sostuvo que, aunque el recurrente invocó las causales previstas en los numerales 1
y 5 del artículo 250 del CPACA, únicamente desarrolló argumentos dirigidos a sustentar
la causal quinta, relacionados con una supuesta nulidad originada en la sentencia por
indebida valoración probatoria, particularmente de la prueba indiciaria. Sin embargo,
precisó que el recurso extraordinario de revisión no constituye una tercera instancia, por
lo que no es procedente para replantear el debate probatorio ni para expresar
inconformidades con las conclusiones adoptadas por los jueces de instancia.
21. Indicó que, contrario a lo afirmado por el recurrente, en la sentencia cuestionada sí
se analizaron los hechos y los elementos probatorios allegados al proceso, incluidos los
supuestos indicios de persecución laboral y su eventual incidencia en la decisión de no
ascenso y posterior retiro, concluyéndose que tales circunstancias no fueron acreditadas
ni demostraron un nexo de causalidad que permitiera desvirtuar la presunción de
legalidad del acto administrativo.
22. En ese sentido, afirmó que los argumentos del recurso se sustentan en una lectura
subjetiva del salvamento de voto y en una simple discrepancia frente a la valoración
probatoria y las conclusiones judiciales, lo cual no configura una nulidad originada en la
sentencia ni cumple con los requisitos de procedibilidad del recurso extraordinario de
revisión, razón por la cual solicitó mantener incólume la decisión recurrida.
Ministerio Público
23. El procurador delegado guardó silencio.
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Demandante: Otman Sánchez Bacca
II. CONSIDERACIONES
Competencia
24. De conformidad con lo previsto en el artículo 249 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), el Consejo de
Estado4 es competente para resolver los recursos extraordinarios de revisión contra las
sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos.
Problema jurídico
25. Corresponde a la Sala determinar si los reproches formulados por el demandante
contra la sentencia del 30 de mayo de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, se enmarcan en la causal prevista en el numeral 5.° del artículo 250 del
CPACA, esto es, si configuran una nulidad originada en la sentencia por vulneración del
debido proceso.
Análisis del problema jurídico
26. La Sala declarará infundado el recurso extraordinario de revisión por cuanto no se
configura la causal prevista en el numeral 5.º del artículo 250 del CPACA, al no
evidenciarse la configuración de una nulidad originada en la sentencia del 30 de mayo de
2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En efecto, los reproches
formulados por el recurrente no revelan un vicio procesal de tal entidad que comprometa
el debido proceso, sino que corresponden a una inconformidad con la valoración
probatoria y el juicio jurídico adelantado por el juez de instancia, como pasa a explicarse.
27. El recurso extraordinario de revisión, previsto en el Capítulo I del Título VI del CPACA,
constituye un mecanismo excepcional de impugnación que permite controvertir
sentencias ejecutoriadas proferidas por autoridades judiciales, cuando concurren
situaciones extraordinarias que afectan de forma sustancial la justicia material de la
decisión. Su finalidad es restablecer dicha justicia frente a vicios graves que no pudieron
alegarse o debatirse dentro del trámite ordinario del proceso, y que por su entidad
justifican la superación del principio de cosa juzgada.
28. En ese sentido, no se trata de una tercera instancia ni de una vía para reabrir el
debate jurídico o probatorio previamente resuelto, sino de una herramienta procesal
reservada a supuestos de extrema relevancia que comprometen garantías
constitucionales fundamentales, como el debido proceso o la tutela judicial efectiva.
29. En particular, la causal 5.ª del artículo 250 del CPACA establece la procedibilidad del
recurso extraordinario de revisión cuando se configure una nulidad originada en la
sentencia que puso fin al proceso y contra la cual no procede recurso de apelación. Para
que esta causal sea procedente, deben verificarse dos presupuestos: uno consistente en
4 En atención al criterio de especialización laboral y conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12
de marzo de 2019, modificado por el artículo 1.° del Acuerdo 434 de 2024, el conocimiento del asunto corresponde a
la Sección Segunda del Consejo de Estado.
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Demandante: Otman Sánchez Bacca
que la providencia impugnada no sea susceptible del recurso de apelación, y otro
relacionado con la existencia de una nulidad sustancial generada en la propia sentencia.
30. Esta corporación5 ha precisado que dichas nulidades no se limitan exclusivamente a
las previstas de manera taxativa en el Código General del Proceso (CGP), sino que
también comprenden aquellas que, desde una perspectiva constitucional, afectan
gravemente el derecho al debido proceso o vulneran el principio de congruencia en la
actuación judicial.
31. En ese sentido, se han identificado, a título meramente enunciativo, ciertos supuestos
que comprometen derechos fundamentales como el debido proceso, el acceso a la
administración de justicia y la tutela judicial efectiva, "admitiendo que hay lugar a revisar
la sentencia de instancia por vía extraordinaria cuando la decisión (i) es inhibitoria; (ii) se
profiere sin motivación alguna; (iii) transgrede el principio de la no reformatio in pejus; (iv)
condena a un tercero que no ha sido vinculado como parte al proceso; (v) se pronuncia
sobre aspectos que no le corresponden, esto es, sin competencia o jurisdicción, según el
caso; (vi) se profiere en un proceso que había terminado por desistimiento, transacción o
perención; (vii) no cuenta con el número de votos requerido para su aprobación y (viii)
desconoce el principio de congruencia6 bien sea por una condena extra, ultra o infra
petita."7. En consecuencia, esta causal tiene como propósito salvaguardar el núcleo
esencial de las garantías procesales, cuando estas resultan afectadas por vicios
insubsanables presentes en la sentencia que puso fin al proceso.
32. En el caso concreto, el recurrente sostiene que la sentencia incurrió en nulidad por
vulneración del debido proceso, al omitir el análisis integral del material probatorio, en
especial de la prueba indiciaria; no establecer la relación causal entre la decisión de no
ascenderlo y su posterior retiro por llamamiento a calificar servicios y desconocer el
marco normativo y jurisprudencial aplicable en materia de carrera militar, particularmente
las sentencias SU-091 de 2016, SU-217 de 2016, SU-237 de 2019 y C-819 de 2005.
33. No obstante, la Sala advierte que tales cuestionamientos no evidencian un defecto
estructural de la sentencia, sino que se orientan a controvertir la forma en que el Tribunal
valoró el acervo probatorio y construyó sus inferencias, en especial en lo relativo a la
prueba indiciaria y a la alegada relación de causalidad entre la negativa de ascenso y el
retiro del servicio. Así mismo, cuestionan el alcance que el juez otorgó a la facultad
discrecional de la administración en el régimen de carrera militar.
34. En ese sentido, los reproches del recurrente corresponden a cuestiones propias del
juicio de instancia, en tanto implican la necesidad de reexaminar los hechos del caso,
valorar nuevamente las pruebas y verificar las conclusiones jurídicas adoptadas, lo cual
resulta ajeno a la finalidad del recurso extraordinario de revisión.
5 Ver entre otras, la sentencia de unificación del 8 de mayo de 2018, expediente 1998-00153; y las del 7 de septiembre
de 2018, Rad. REV 2014-00440-00; 18 de agosto de 2020, Rad. 11001-03-15-000-2017-02369-00; 26 de agosto de
2021, Rad. 11001-03-25-000-2017-00852-00 (4598-17); y del 16 de octubre de 2025, Rad. 11001-03-25-000-2023-
00330-00 (4906-2023).
6 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 7 de septiembre de 2018, Rad. 2014-00440-00
(REV).
7 Sentencia de 26 de agosto de 2021, Rad. 11001-03-25-000-2017-00852-00 (4598-17).
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35. En efecto, esta corporación ha reiterado que dicho mecanismo no fue instituido para
corregir eventuales errores de hecho o de derecho derivados de la valoración probatoria
o de la interpretación normativa, de modo que no resulta procedente cuando se pretende
cuestionar que el juez “realizó una apreciación errada de las pruebas, en que no se
aplicó una determinada regla de derecho, en que se aplicó en forma indebida o en
que se interpretó equivocadamente una norma jurídica, pues todas estas
observaciones escapan al ámbito de la aludida causal.”,8 pues tales aspectos no
configuran, por sí mismos, una nulidad originada en la sentencia.
36. Así las cosas, acceder a los planteamientos del recurrente implicaría reabrir el debate
probatorio del proceso ordinario para determinar si, en efecto, existió persecución laboral,
si las anotaciones negativas en su hoja de vida fueron irregulares, si la negativa de
ascenso estuvo viciada y si esta tuvo incidencia en el retiro por llamamiento a calificar
servicios, así como verificar la correcta aplicación del régimen normativo y jurisprudencial
invocado (SU-091 de 2016, SU-217 de 2016, SU-237 de 2019 y C-819 de 2005). Sin
embargo, tales cuestiones desbordan el ámbito de este mecanismo excepcional.
37. En consecuencia, la Sala concluye que el recurso extraordinario de revisión está
siendo utilizado como un instrumento para replantear discusiones que fueron, o pudieron
ser, objeto de debate en la instancia ordinaria, lo cual desnaturaliza su carácter
excepcional y resulta incompatible con los presupuestos de procedibilidad de la causal
invocada.
38. En ese contexto, no se advierte la existencia de un vicio procesal que afecte de
manera sustancial el debido proceso ni que comprometa la validez de la sentencia
recurrida, razón por la cual no se configura la nulidad originada en la sentencia alegada
por el recurrente. Por consiguiente, se declarará infundado el recurso extraordinario de
revisión.
Condena en costas
39. El artículo 70 de la Ley 2080 de 2021 modificó el artículo 255 del CPACA,
estableciendo un criterio objetivo para la imposición de costas, consistente en que estas
deben imponerse al recurrente cuando se declare infundado el recurso extraordinario de
revisión.
40. En ese sentido, dado que en el presente caso se declarará infundado el recurso, y
que la parte accionada acreditó la causación de costas como consecuencia de su
intervención en el proceso, se impondrá dicha condena al accionante en favor de la
Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, las cuales deberán liquidarse por
secretaría de la sección.
8 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de febrero de 2014, Rad. 47001-23-31-000-2009-00301-01
(41859) (REV). En este mismo sentido se ha pronunciado la Subsección A de la Sección Segunda, entre otras, en las
sentencias del 27 de agosto de 2020, Rad. 11001-03-25-000-2016-00288-00 (1638-2016) (REV), y del 5 de marzo de
2026, Rad. 11001-03-25-000-2024-00040-00 (0614-2024) (REV).
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Demandante: Otman Sánchez Bacca
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley
III. RESUELVE
PRIMERO. DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto
por el señor Otman Sánchez Bacca contra la sentencia proferida el 30 de mayo de 2024
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, dentro
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 11001-33-42-047-2020-
00141-02.
SEGUNDO. CONDENAR en costas al señor Otman Sánchez Bacca en favor de la Nación
– Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, INGRESAR el
expediente al despacho para la fijación de las agencias en derecho, previas las
anotaciones correspondientes.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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