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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2024-00313-00

Fecha
5 de marzo de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2024-00313-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el señor Mario Javier Gómez Ochoa en contra la sentencia del veinticinco (25) de octubre de dos mil veintitrés (2023) por el Tribunal Administrativo de Antioquia dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado bajo el número 05001-33-33-025-2016-00292-00, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 15 Radicado: 11001-03-25-000-2024-00313-00 (4183-2024) Segundo. CONDENAR en costas al señor Mario Javier Gómez Ochoa a favor del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín - Secretaría de Educación, las cuales se liquidarán por la Secretaría. Tercero. Para la fijación de las agencias en derecho, por Secretaría General de esta Corporación INGRESAR el expediente al despacho del magistrado ponente para lo de su competencia. Cuarto. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho al despacho de origen y HÁGANSE las anotaciones pertinentes en el sistema informático SAMAI. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2024-00313-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

5 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-25-000-2024-00313-00 (4183-2024)
Demandante: Mario Javier Gómez Ochoa
Demandado: Municipio de Medellín- Secretaría de Educación

Temas: Causales de revisión del artículo 250 CPACA. Prueba recobrada.
Presupuestos para su configuración. Causal quinta de revisión.
Nulidad ocasionada en la sentencia. Irregularidad en el acto de
notificación. DECLARA INFUNDADO.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto1 por el señor Mario
Javier Gómez Ochoa contra la sentencia del veinticinco (25) de octubre de dos mil
veintitrés (2023) por el Tribunal Administrativo de Antioquia2, para lo cual invocó la
causal del numeral 5 del artículo 250 del CPACA.

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

1. Que ejerció el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el
fin de que declarara la nulidad de la Resolución 010009 del 12 de agosto de 2015,
por medio de la cual se declaró el abandono del cargo y se le retiró del servicio y de
la Resolución 012000 del 5 de octubre de 2015, que la confirmó al desatar el recurso
contra ella interpuesto.

2. Como restablecimiento del derecho, pidió su reintegro al cargo de docente en la
Institución Educativa Asia Ignaciana de Medellín, el pago de salarios y prestaciones
dejados de percibir, la cancelación de las cotizaciones al Sistema General de
Seguridad Social, la indexación de todas las sumas adeudadas y los intereses
moratorios correspondientes.

3. Que el Juzgado Veinticinco Administrativo de Medellín, el 12 de diciembre de
2018 negó las pretensiones, decisión contra la cual interpuso recurso de apelación.

1 La presentación del recurso se efectuó el 17 de julio de 2024. Véase índice 00003 del aplicativo SAMAI.
2 Decisión que confirmó la sentencia proferida el 12 de diciembre de 2018 por el Juzgado Veinticinco
Administrativo de Medellín que negó a las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho.

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4. Que el 25 de octubre de 2023, el Tribunal confirmó la decisión de primera
instancia y reconoció personería al abogado José Joaquín Ramírez García como
apoderado del actor, decisión que fue notificada por correo electrónico el 26 de
octubre de 2023; sin embargo, dicha notificación no se realizó al correo del
apoderado con poder vigente para la época (jjramirezgarciaabogado@gmail.com),
consignado en el respectivo poder, sino que fue enviada a la dirección
martinalonso66@gmail.com, correspondiente a un abogado cuyo poder había sido
revocado desde el 7 de julio de 2016.

5. Que el Tribunal guardó silencio frente a sus alegatos de conclusión, en los que
puso de presente la existencia de dos documentos que no fueron conocidos en sede
administrativa ni durante la actuación relacionada con su incorporación irregular al
Comité de Amenazados y el otorgamiento de una comisión de servicios y que
tampoco fueron aportados por el Municipio al momento de aportar el cuaderno de
antecedentes administrativos.

SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN

6. El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia del 25 de octubre de
2023, confirmó la decisión que negó el reintegro.

7. Para sustentar su decisión, el Tribunal expuso los siguientes argumentos:

8. Que el actor presentó denuncias por amenazas, pero no atendió varias citaciones
de la Secretaría de Educación relacionadas con su situación. Entre ellas se encontró
el envío de correos electrónicos de diciembre de 2013 y enero de 2014 donde se le
solicitaba asistir a reuniones para evaluar su caso; el oficio del 6 de marzo de 2014,
remitido por la Unidad Nacional de Protección (UNP) a la Secretaría de Educación,
en el que se aclaraba que la solicitud de protección debía tramitarse únicamente a
través de la autoridad nominadora; y el oficio del rector del 10 de junio de 2014
ordenando al actor presentarse en la oficina de Recursos Humanos.

9. Sostuvo que el propio docente, el 11 de junio de 2014, manifestó por escrito que
no deseaba ser trasladado, que no se acogería al Comité de Amenazados y que
asumía el riesgo personal derivado de las amenazas. Pese a ello, la Secretaría de
Educación informó a la UNP —mediante oficio del 17 de junio de 2014— que el
actor había sido orientado para integrarse al Comité de Amenazados, pero que él
mismo se negó. Posteriormente, el 11 de julio de 2014 se le requirió nuevamente
para presentarse ante Recursos Humanos, y más adelante se expidió la Resolución
09118 del 29 de julio de 2014, que le reconoció temporalmente la condición de
amenazado y le otorgó una comisión de servicios en la Institución Educativa
Mariscal Robledo.

10. Sin embargo, expresó que según consta en el oficio del rector del 29 de agosto
de 2014, el docente nunca se presentó a la nueva sede pese a tener asignación
desde el 12 de agosto. A ello se suma el requerimiento del 16 de septiembre de

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2014, en el que la Directora Técnica de Recursos Humanos lo citó a presentar
descargos por las numerosas inasistencias injustificadas registradas durante agosto
y septiembre de ese año, pero no respondió dicho requerimiento ni presentó excusa
o justificación alguna.

11. Que todos estos oficios y actuaciones evidencian que la administración actuó
de manera diligente frente a la situación del docente, escuchándolo, orientándolo,
reconociéndole temporalmente la condición de amenazado, gestionando su
protección y ordenándole un traslado para resguardar su seguridad. Pese a ello, fue
el propio actor quien se negó a acogerse a las medidas institucionales y quien
asumió conscientemente el riesgo, lo cual resulta incompatible con la afirmación
posterior de que las amenazas justificaban su ausencia laboral.

12. Que, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, el abandono del
cargo opera por ministerio de la ley cuando existe inasistencia injustificada por más
de tres días, sin que sea necesaria la demostración de afectación del servicio. Por
ello, los argumentos del actor sobre la necesidad de acreditar dicho impacto no
resultaban atendibles.

13. Aclaró que el traslado dispuesto en la Resolución 09118 de 2014 no podía ser
analizado porque no fue objeto de demanda, y que el proceso se limitaba
exclusivamente a verificar si hubo abandono del cargo, situación que —a juicio del
Tribunal— quedó plenamente acreditada con los oficios, requerimientos y
actuaciones obrantes en el expediente.

14. Concluyó que la motivación de los actos administrativos demandados obedeció
al abandono del cargo, dado que en el expediente obra evidencia de los múltiples
requerimientos efectuados por la administración para que el actor explicara las
razones de su inasistencia, sin que éste presentara justificación alguna. Por el
contrario, orientó su defensa a cuestionar la Resolución 09118 de 2014, mediante
la cual se le reconoció temporalmente la condición de amenazado y se le otorgó
una comisión para desempeñarse como docente en la I.E. Mariscal Robledo en el
área de Matemáticas.

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

15. El recurrente interpuso recurso extraordinario de revisión al estimar que la
sentencia de segunda instancia se encuentra incursa en las causales 1ª y 5ª del
artículo 250 del CPACA. Para tal efecto, expuso una serie de fundamentos que
pueden sintetizarse así:

16. Sostuvo que la sentencia fue indebidamente notificada a la parte demandante.
Aunque en el expediente obra una diligencia de notificación vía correo electrónico,
dicha comunicación no se remitió al correo del apoderado vigente del demandante
—«jjramirezgarciaabogado@gmail.com»— señalado en el poder respectivo, sino al
correo «martinalonso66@gmail.com», perteneciente al abogado Martín Alonso

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Naranjo Giraldo, cuyo poder había sido revocado desde julio de 2016 mediante auto
del Juzgado 25 Administrativo de Medellín. En consecuencia, la notificación se
realizó a un profesional que desde hacía más de siete años no representaba al
demandante, configurándose así una irregularidad sustancial que impidió su
adecuada comunicación de la sentencia.

17. Manifestó que, aunque ambas partes presentaron oportunamente alegatos de
conclusión en cumplimiento del auto del 19 de junio de 2019, el Tribunal
Administrativo de Antioquia no hizo referencia alguna a dichos escritos en la
sentencia del 25 de octubre de 2023, ni siquiera para dejar constancia formal de su
radicación. A su juicio, esta omisión constituye una pretermisión real de la etapa
procesal destinada a los alegatos de segunda instancia, lo que vulnera el derecho
al debido proceso, máxime porque en esos alegatos la parte actora formuló una
petición concreta de pruebas relacionada con dos documentos allegados que nunca
fueron objeto de pronunciamiento, pese a su potencial incidencia en la decisión.

18. Insistió en que esos dos documentos —aportados con los alegatos— fueron
conocidos por él únicamente después de proferida la sentencia de primera instancia
y que no fueron incluidos por el Municipio de Medellín en el cuaderno de
antecedentes administrativos, configurándose una posible maniobra de la
contraparte.

19. Que uno de los documentos corresponde a una comunicación del Consejo
Directivo de la Institución Educativa Asia Ignaciana, fechada el 5 de diciembre de
2013, mediante la cual se solicitaba someter al docente al Comité de Amenazados
o disponer su traslado, sin contar con su consentimiento o conocimiento. El otro es
un correo del 8 de enero de 2014 remitido por la funcionaria Ana Catalina Vásquez
Palacio —Profesional Universitaria de la Secretaría de Educación— en el que se
advertía expresamente que la incorporación a dicho Comité solo podía surtirse a
solicitud personal del docente, lo que ponía en evidencia que el procedimiento
seguido por la Institución Educativa resultaba irregular.

20. A juicio del actor, ambos documentos permiten demostrar que existía una
intención deliberada de removerlo de la Institución, motivada por denuncias que él
había presentado por presuntas irregularidades administrativas y actos de
corrupción, y que ello explicaría la fabricación de una supuesta amenaza de las
«Águilas Negras» para justificar su sometimiento al Comité de Amenazados.
Además, estos documentos reforzarían la tesis de que los actos administrativos
demandados estaban viciados por falsa motivación, pues ponen de manifiesto que
la Administración tenía pleno conocimiento de la improcedencia del trámite seguido.

21. Afirmó que no fue posible aportar tales documentos en la demanda ni en la
apelación porque solo los conoció durante un procedimiento disciplinario paralelo y
cuando ya la sentencia de primera instancia había sido proferida. Por esta razón, y
ante su relevancia para el esclarecimiento de la verdad y la valoración de la
motivación de los actos, consideró indispensable que fueran tenidos en cuenta por

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la segunda instancia, lo cual nunca ocurrió.

22. Considera que la falta de incorporación de esos documentos por parte de la
Administración —así como el silencio del Tribunal ante la solicitud de que fueran
valorados o, en su defecto, requeridos formalmente— constituye un hecho que se
ajusta a la causal 1ª del artículo 250 del CPACA, dado que se trata de pruebas que
pudieron modificar sustancialmente el sentido del fallo.

23. Adujo que la omisión del Tribunal respecto de la etapa de alegatos y de la
solicitud planteada en ellos configura igualmente la causal 5ª del artículo 250, por
tratarse de una nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso. Invocó
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia —Sala de Casación Civil, sentencia
del 19 de abril de 2016— en la cual se declaró la nulidad de una providencia que
omitió la realización de la audiencia de alegatos, resaltando la importancia de esta
fase procesal y su incidencia en la validez del fallo.

24. Que es evidente, además, que el artículo 208 del CPACA al regular lo referente
a las nulidades, dispone de manera expresa que serán «causales de nulidad en
todos los procesos las señaladas en el Código de Procedimiento Civil […]» y el
artículo 133 del Código General del Proceso, al disponer lo relativo a las causales
de nulidad, en su numeral 6º señala que una de ellas consiste en omitir «[…] la
oportunidad para alegar de conclusión o para sustentar un recurso o descorrer su
traslado».

Contestación al recurso extraordinario de revisión

25. El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín3 sostuvo
que no se configura la causal primera de revisión porque el actor sí conocía los
documentos que ahora presenta como pruebas recobradas. Explicó que tanto el
correo del 8 de enero de 2014 como la comunicación del 5 de diciembre de 2013
estaban incluidos en el expediente disciplinario EDU-4267-2015, del cual el actor tuvo
copia completa desde el 3 y 15 de diciembre de 2015, fechas en que fue notificado y
se le entregó el proceso, respectivamente. Por lo tanto, dichos documentos obraban
en su poder antes de presentar la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
el 31 de marzo de 2016.

26. Señaló que la etapa procesal para solicitar pruebas es la propia demanda, no los
alegatos de conclusión en segunda instancia. Indicó que en los alegatos del 5 de julio
de 2019 el actor se limitó a anexar dos documentos, sin pedir formalmente su práctica
ni explicar con precisión cuándo los conoció, limitándose a afirmar de forma genérica
que los obtuvo recientemente y, además, a esa fecha, las etapas para pedir y decretar
pruebas ya estaban cerradas.

27. Frente a la causal quinta dijo que el artículo 212 del CPACA establece que en
segunda instancia las pruebas deben solicitarse dentro del término de ejecutoria del

3 Véase índice 00033 del aplicativo SAMAI.

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auto que admite la apelación, lo cual ocurrió el 14 de marzo de 2019. El actor conoció
ese auto —al punto de otorgar poder el 27 de marzo de 2019— pero no solicitó
pruebas y solo anexó documentos tardíamente en los alegatos. Agregó que no se
acreditó fuerza mayor, caso fortuito ni actuación obstructiva de la administración que
justificara la omisión.

28. Afirmó también que los documentos controvertidos pertenecen al expediente
disciplinario y no al trámite administrativo de abandono del cargo que culminó con las
resoluciones demandadas; por lo mismo, no estaban llamados a integrar el cuaderno
de antecedentes administrativos.

29. Sobre la supuesta pretermisión de la etapa de alegatos, indicó que esta se surtió
regularmente, pues el Tribunal corrió traslado mediante auto del 17 de junio de 2019,
notificado el 20 de junio. Manifestó que, conforme al artículo 134 del CGP, la nulidad
solo se configura cuando no se otorga la oportunidad de alegar, lo que no ocurrió en
este caso. Que los alegatos del actor no hubieran sido acogidos —o que la sentencia
no mencionara su contenido de manera expresa— no constituye causal de nulidad,
pues el juez goza de libertad para valorar las pruebas conforme a la sana crítica.

Concepto del Ministerio Público

30. La Procuraduría Tercera Delegada ante esta Corporación rindió el concepto 326
del 22 de noviembre de 20244, en el que solicitó declarar infundado el recurso. Indicó
que no se aportaron documentos recobrados con posterioridad a la sentencia de
segunda instancia que permitieran adoptar una decisión distinta, pues los
documentos que el actor pretende hacer valer fueron conocidos por la segunda
instancia, sin que resulte necesario pronunciarse sobre ellos, máxime cuando no
son conducentes ni pertinentes para la resolución del asunto.

31. Que el recurso extraordinario de revisión no es el mecanismo adecuado para
manifestar inconformidad con la valoración de pruebas o la consideración de
determinados actos administrativos, pues para ello existen los recursos ordinarios
previstos en el trámite procesal, los cuales el actor efectivamente interpuso en su
oportunidad.

32. Agregó que el recurrente confunde la eventual omisión en la etapa de alegatos
de conclusión previa al fallo de segunda instancia con la falta de consideración de
sus argumentaciones en la providencia recurrida, cuando en realidad dicha etapa
procesal sí se surtió y, además, es distinto el cumplimiento formal de la misma a la
obligación del juez de acoger los planteamientos de las partes.

33. Dijo que el juez colegiado no está obligado a acoger los argumentos expuestos
en los alegatos de conclusión, ni el concepto del Ministerio Público, pues goza de
libertad para apreciar la prueba, valorar los medios probatorios y determinar cuáles

4 Véase índice 00019 del aplicativo SAMAI.

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son pertinentes, conducentes y útiles para establecer la verdad de los hechos y
adoptar la decisión correspondiente.

34. Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

35. Corresponde a la Sala determinar si procede la revisión de la sentencia emitida
el 25 de octubre de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
considerando las causales invocadas por el recurrente.

36. Para el efecto, la Sala estudiará: i) Generalidades del recurso extraordinario de
revisión, ii) Causales de revisión invocadas y iii) Caso concreto.

Generalidades del recurso extraordinario de revisión

37. El recurso extraordinario de revisión es un mecanismo procesal de control de
las decisiones que han hecho tránsito a cosa juzgada5. En términos del artículo 248
del CPACA:

«Artículo 248. El recurso extraordinario de revisión procede contra las
sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales
Administrativos y por los jueces administrativos».

38. El objetivo principal de esta vía extraordinaria es invalidar los efectos legales de
una sentencia ya ejecutoriada6. De acuerdo con las causales establecidas en el
artículo 250 del CPACA, busca restaurar el principio de justicia material y la
supremacía de las garantías procesales cuando se constate que la decisión estuvo
afectada por alguno de los siguientes eventos:

a. Aparición de circunstancias desconocidas al momento de dictar el fallo, las
cuales, de haber sido conocidas, habrían llevado a una sentencia diferente 7.
b. Descubrimiento de hechos delictivos o fraudulentos que fueron determinantes en
la adopción de la sentencia que se pretende anular8.
c. Existencia de nulidades originadas en la sentencia que puso fin al proceso y que
no podían ser objeto de recurso de apelación.

5 El artículo 248 del CPACA señala: «El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias
ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos».
6 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 15

de marzo de 2018. Exp. 11001-03-25-000-2014-00862-00 (2668-2014). C.P. William Hernández Gómez.
7 Como la aparición de documentos esenciales que no pudieron ser aportados por fuerza mayor o caso fortuito,

la existencia de un tercero con mejor derecho que el beneficiado con la sentencia cuestionada o la desaparición,
al momento del reconocimiento, de las razones que justificaban que se hubiera decretado la prestación
periódica.
8 Como el hallazgo de documentos falsos o adulterados, peritajes fraudulentos, o la ocultación de documentos

relevantes por alguna de las partes. Esto incluye también la posible influencia de cohecho o violencia en la
emisión del fallo.

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d. Contradicciones de la sentencia con otra anterior que constituya cosa juzgada9.

39. Si bien la revisión constituye una vía que afecta el principio de la inmutabilidad de
las sentencias ejecutoriadas y, por ende, es una excepción al principio de la cosa
juzgada, ello no implica que sea un mecanismo que habilite una tercera instancia para
discutir los problemas jurídicos debatidos en sede ordinaria, para plantear nuevas
interpretaciones del litigio, para corregir los yerros probatorios que cometieron las
partes o para subsanar aquellas situaciones que pudieron evitarse durante la gestión
del proceso que dio origen a la sentencia objeto de revisión.

40. En efecto, para que el juez pueda entrar a examinar la controversia materia del
recurso, es necesario que la causal invocada por la recurrente se encuentre
debidamente acreditada, pues como lo ha establecido la Sala Plena de esta
Corporación este mecanismo extraordinario procede por especiales circunstancias
consagradas taxativamente en la ley10.

Causal primera de revisión

41. El numeral 1.° del artículo 250 del CPACA establece como causal de revisión:

«1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia
documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión
diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o
caso fortuito o por obra de la parte contraria».

42. De modo que, para la adecuada invocación del referido motivo de revisión, se
debe plantear claramente de qué forma se estructuran los siguientes componentes
de la causal, a saber: i) que se recobre o encuentre una prueba documental; ii) que
esta sea decisiva para cambiar el sentido del fallo; iii) que el documento se hubiera
recobrado después de ejecutoriada la sentencia y iv) que esta no se hubiera
aportado por una causa extraña: fuerza mayor, caso fortuito u obra de la
contraparte.

43. En cuanto al carácter recobrado de la prueba, la jurisprudencia ha señalado
que se trata de aquella que, si bien existía con anterioridad al pronunciamiento
judicial objeto del recurso, se encontraba extraviada, perdida o inaccesible, y solo
pudo ser recuperada o rescatada con posterioridad a la sentencia11.

9 De acuerdo con la clasificación presentada en Garzón Martínez, Juan Carlos (2021). Proceso contencioso

administrativo. Fase escrita – Fase oral. 2° Edición. Grupo editorial Ibañez (2° Ed. pp. 612-613)
10 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Veintitrés Especial de Decisión.

Sentencia del 1 de octubre de 2019. C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
11 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Octava Especial de Decisión.

Sentencia de 7 de julio de 2015. Exp. 11001-03-15-000-2008-01048-00 (REV). C.P. María Elizabeth García
González. En esta decisión se indicó: «[…] “recobrado”, es el documento que como tal existía antes del
pronunciamiento judicial objeto del recurso, pero estaba extraviado, perdido o refundido y solo pudo recuperarse
o rescatarse después de la sentencia».

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44. En este sentido, por regla general12, la configuración de esta causal no se
admite cuando la prueba en cuestión fue generada u obtenida con posterioridad al
fallo recurrido. Tampoco resulta procedente cuando el documento, aun siendo
anterior a la sentencia, pudo haber sido aportado oportunamente dentro del
proceso, pues este mecanismo de revisión no puede utilizarse para subsanar
omisiones, errores o actuaciones negligentes de las partes en el cumplimiento de
su carga probatoria.

45. Finalmente, se exige que el medio probatorio tenga una incidencia
determinante en el fallo, en la medida en que su consideración hubiera llevado al
juez a proferir una decisión sustancialmente distinta a la impugnada. Para ello, se
ha resaltado la necesidad de demostrar no solo la existencia y recobro del
documento, sino también su estrecha relación con el objeto del litigio y su influencia
en la decisión adoptada13.

46. Cabe resaltar que los requisitos anteriormente mencionados son concurrentes,
de manera que la ausencia de cualquiera de ellos conlleva necesariamente a la
improcedencia de la causal primera de revisión.

Causal quinta de revisión

47. El numeral 5 del artículo 250 del CPACA dispone que es causal de revisión el
hecho de que exista «[…] nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso
y contra la que no procede recurso de apelación […]». De allí que, para que resulte
procedente la causal en mención, debe existir una sentencia ejecutoriada que ponga
fin al proceso. Además, contra esta decisión no puede proceder recurso de
apelación, pues de ser así este sería el medio idóneo para poner de presente
cualquier vicio en que hubiera incurrido la providencia.

48. Es preciso que la nulidad se desprenda de la sentencia objeto del recurso
extraordinario, es decir, que el vicio debe estructurarse en el momento procesal en
que se profiere la decisión judicial pues, de generarse por una situación ocurrida con
anterioridad que no fue oportunamente alegada, procedería su saneamiento. No
obstante, la jurisprudencia de esta Corporación ha aceptado como nulidad originada
en la sentencia la que, a pesar de presentarse en un momento previo a la emisión del
fallo, no pudo ser advertida por el afectado, quien tiene la carga procesal de demostrar
esta circunstancia14.

12 Excepcionalmente esta Corporación ha admitido pruebas posteriores a la fecha de la decisión cuando son

decisivas y no tienen nada que ver con una desidia probatoria que pretenda subsanarse por la vía del recurso
extraordinario, como en el caso de las pruebas de ADN. v. gr. Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección
B. Sentencia del 29 de abril de 2015. Exp. 25000-23-26-000-1999-00319-01 (26239). C.P. Danilo Rojas
Betancourth.
13 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Octava Especial de Decisión.

Sentencia de 2 de junio de 2015. Exp. 11001-03-15-000-2007-00879-00 (REV). C.P. María Elizabeth García
González.
14 Al respecto pueden consultarse las sentencias proferidas por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo

el 3 de diciembre de 2019 (Sala Tercera Especial de Decisión; radicación 11001-03-15-000-2018-01235-00) y
el 3 de diciembre de 2019 (Sala Séptima Especial de Decisión; radicación: 11001-03-15-000-2012-00643-00).

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49. La causal de nulidad contemplada en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA
se configura cuando (i) ocurre alguna de las causales expresamente previstas en el
artículo 133 del Código General del Proceso (CGP) 15, que establece ocho motivos
específicos de nulidad de las sentencias, o (ii) cuando se presentan irregularidades
insaneables que vulneran de manera sustancial el derecho al debido proceso 16, al
punto de que, de no haberse producido, la decisión judicial habría sido distinta. A
modo enunciativo, la jurisprudencia ha señalado que esto ocurre en situaciones
como:

«(i) es inhibitorio; (ii) se profiere sin motivación alguna; (iii) transgrede el
principio de la non reformatio in pejus; (iv) condena a un tercero que no ha sido
vinculado como parte al proceso; (v) se pronuncia sobre aspectos que no le
corresponden, esto es, sin competencia o jurisdicción, según el caso; (vi) se
profiere en un proceso que había terminado por desistimiento, transacción o
perención; (v) no cuenta con el número de votos requerido para su aprobación
y (vi) desconoce el principio de congruencia bien sea por una condena extra,
ultra o infra petita»17.

50. Con todo, la concreción y extensión jurisprudencial de esta causal de revisión a
otros eventos insaneables que implican la violación de derechos constitucionales y
procesales atiende, tal y como lo ha establecido este máximo órgano, a la misma
finalidad del recurso extraordinario de revisión: por un lado, permitir que decisiones
manifiestamente injustas sean examinadas, y por el otro, garantizar el principio de
seguridad jurídica al limitar la procedencia de la causal a situaciones excepcionales
en las que la anomalía sea de tal relevancia constitucional que sin ella el fallo se
hubiera proferido en otro sentido18.

51. Según lo expuesto, se procede a resolver la controversia a la luz de dichos
parámetros.

Caso concreto

52. Del examen del expediente se comprueba que, tal como lo advirtió la parte
demandada y se desprende de la propia documentación allegada con la
contestación del recurso, el actor tuvo acceso material y directo al proceso
disciplinario ED-EDU-4267-15 desde el 15 de diciembre de 2015, fecha en la que
suscribió la constancia de entrega del expediente completo. En ese cuaderno
reposaban justamente los dos documentos que ahora pretende catalogar como

15 Consejo de Estado. Sala Veintiséis Especial de Decisión. Sentencia del 3 de febrero de 2015. Exp. 11001-

03-15-000-1998-00157-01. C.P. Olga Mélida Valle de De La Hoz; Sala Veintiséis Especial de Decisión.
Sentencia del 3 de febrero de 2015. Exp. 11001-03-15-000-2011-01639-00. C.P. Olga Mélida Valle de De La
Hoz; y Sala Veintidós Especial de Decisión. Sentencia del 2 de febrero de 2016. Exp. 11001-03-15-000-2015-
02342-00. C.P. Alberto Yepes Barreiro
16 La Sala Plena del Consejo de Estado, en diversas providencias, incluyendo la sentencia del 31 de mayo de

2011 (expediente 11001-03-15-000-2008-00294-00), ha señalado otros casos en los que se configura la nulidad
en la sentencia, a saber: falta de competencia, pronunciamientos sin el trámite debido, decisiones adoptadas
fuera de los términos legales, condenas sobre aspectos no solicitados o respecto de personas ajenas al proceso,
ausencia total de motivación, o irregularidades en la votación o suscripción del fallo.
17 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Diecinueve Especial de Decisión. Sentencia

del 16 de marzo de 2022. Exp. 11001-03-15-000-2021-00921-00. C.P. William Hernández Gómez.
18 En este mismo sentido se puede consultar: Consejo de Estado. Sala Diecinueve Especial de Decisión.

Sentencia del 18 de agosto de 2020. Exp.11001-03-15-000-2017-02369-00.

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recobrados. De esta circunstancia se deriva que dichas pruebas eran plenamente
conocidas y estaban disponibles para la parte actora, incluso antes de la
presentación de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho (31 de marzo
de 2016) y mucho antes de que se profiriera la sentencia de primera instancia (12
de diciembre de 2018).

53. Lo afirmado por el recurrente en el sentido de que solo conoció esos
documentos «después de proferida la sentencia de primera instancia y con
posterioridad a la interposición del recurso de apelación», resulta incompatible con
la realidad procesal. No existe en el expediente ninguna evidencia que demuestre
la existencia de un elemento externo que le hubiera impedido aportar tales
documentos en el curso normal del proceso; por el contrario, están acreditadas las
oportunidades procesales en las que pudo, y debió, incorporar dichos medios de
prueba. Tampoco se demostró que la Administración hubiese ocultado dichos
documentos o impedido su conocimiento, como lo exige la norma cuando se invoca
la obra de la parte contraria, pues tan así es que lo puso en conocimiento de la
apertura de la investigación disciplinaria que se dio mediante Auto 10677 del 13 de
noviembre de 2015, el 3 de diciembre de 2015, cuando se practicó la diligencia de
notificación personal de dicha actuación19.

54. Al no tratarse de documentos recobrados con posterioridad al fallo cuya no
aportación pueda justificarse en fuerza mayor, caso fortuito o maniobras de la parte
demandada, no se cumple ninguno de los elementos estructurales de la causal
primera. Por ello, los documentos allegados con los alegatos de conclusión no
pueden considerarse recobrados en los términos del artículo 250 del CPACA, sino
simples documentos cuya incorporación extemporánea deriva de la propia falta de
diligencia procesal de la parte recurrente, lo que excluye por completo la
procedencia de esta causal extraordinaria.

55. Por otro lado, a juicio de la Sala, no asiste razón a la parte recurrente en cuanto
a la configuración de los vicios que pretende hacer derivar de una supuesta indebida
notificación de la sentencia de segunda instancia. En efecto, se constata, como lo
expuso el recurso, que la notificación del fallo se surtió a varias direcciones
electrónicas: (i) mmolinat@procuraduria.gov.co, correspondiente al Ministerio
Público; (ii) procesosterritoriales@defensajuridica.gov.co, registrada por la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado; (iii) jzuluagaava@gmail.com, del
profesional que había otorgado poder el 27 de julio de 201620, al cual se le reconoció
personería mediante auto del 22 de septiembre de 2016 21; (iv)
notimedellin.oralidad@medellin.gov.co, dirección de la entidad demandada; y (v)
martinalonso66@gmail.com, correspondiente a un apoderado cuyo poder había

19 Obsérvese el archivo denominado «FOLIO 276-30.pdf», ubicado en el índice 00033 del aplicativo SAMAI,

accesible mediante el enlace remitido por la propia parte recurrente en el correo a través del cual presentó la
contestación del recurso.
20 Ibid. folio 105.
21 Ibid. folio 153.

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sido revocado mediante memorial allegado el 26 de junio de 201622, revocatoria que
fue aceptada por auto del 7 de julio de 2016.

56. Ahora bien, el abogado José Joaquín Ramírez García radicó nuevo poder el 27
de marzo de 201923 ante la primera instancia. Mediante auto del 17 de junio de
201924 se le requirió para acreditar la calidad de abogado inscrito, por lo que solo
se le reconoció personería en el momento en que se profirió fallo25. Ello permite
concluir que, si bien puede advertirse una irregularidad en la notificación en lo
referente a la inclusión de una dirección asociada a un profesional cuya personería
ya estaba revocada, dicha falencia no se erige como una irregularidad del fallo, sino
como un yerro puramente secretarial, carente de entidad para comprometer la
validez de la sentencia.

57. En concordancia con lo dispuesto en el artículo 133, numeral 8 del CGP, la
ausencia de notificación de una providencia distinta al auto admisorio de la demanda
no genera automáticamente la nulidad de la actuación. Por el contrario, el legislador
previó expresamente que el defecto debe corregirse practicando la notificación
omitida, sin afectar la validez de la providencia ni abrir paso a la invalidez general
del trámite. Por tanto, incluso si se hubiese acreditado una notificación defectuosa,
la consecuencia jurídica no sería la nulidad del fallo, sino la corrección formal del
acto de comunicación, que además nunca fue solicitada por la parte recurrente a
través de los mecanismos ordinarios.

58. En este sentido, la Sala observa que los argumentos planteados por el actor
eran plenamente susceptibles de ser ventilados mediante el incidente de nulidad
ante el Tribunal, de conformidad con los artículos 133 y 134 del CGP, especialmente
porque este último dispone expresamente que la nulidad por indebida notificación
puede alegarse incluso con posterioridad a la sentencia y únicamente a través de
medios excepcionales cuando no fue posible plantearla oportunamente:

«Las nulidades podrán alegarse en cualquiera de las instancias antes de que
se dicte sentencia o con posterioridad a esta, si ocurrieren en ella (…) La nulidad
por indebida representación o falta de notificación o emplazamiento en legal
forma (…) podrá alegarse (…) mediante el incidente de nulidad o, en su defecto,
a través del recurso de revisión, si no se pudo alegar en las oportunidades
anteriores».

59. El recurrente omitió activar oportunamente el incidente de nulidad pese a que la
supuesta irregularidad era plenamente detectable desde el momento mismo en que
se intentó la notificación de la sentencia, por lo que debe entenderse que dicha
irregularidad quedó saneada en los términos del parágrafo del artículo 133 del CGP

22 Ibid. folio 85.
23 Ibid. folio 305.
24 Ibid. folio 311.
25 «SEGUNDO: RECONOCER personería al abogado JOSÉ JOAQUÍN RAMÍREZ GARCÍA como apoderado

de la parte actora, de conformidad con el poder allegado y visible a folio 167 del expediente». Véase archivo
denominado «58RECIBEMEMORIAL_41832024MEMORIALResp(.pdf) NroActua 41», sub-archivo «001 025-
2016-00292- SENTENCIA MUNICIPIO DE MEDELLIN ABANDONO DEL CARGO (1)», folio 27 del índice 00041
del aplicativo SAMAI.

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y 135 ibidem. En ese contexto, no resulta viable trasladar al recurso extraordinario
de revisión una cuestión que contaba con un cauce procesal específico para su
corrección dentro del trámite ordinario.

60. Bajo esta perspectiva, el reproche relativo a la indebida notificación no está
llamado a prosperar, pues no se trata de un vicio que afecte la validez intrínseca de
la sentencia sino, en todo caso, de una inconsistencia procesal cuya corrección
incumbía al recurrente solicitar oportunamente dentro del proceso ordinario, sin que
sea viable reabrir la discusión mediante una causal de nulidad del fallo carente de
fundamento.

61. En cuanto a la causal sexta del artículo 133 del CGP, la Sala observa que no
se configura irregularidad alguna. Aunque el recurrente afirma que el Tribunal «no
hizo referencia» a los alegatos de conclusión y que ello equivaldría a haber negado
dicha oportunidad, el expediente demuestra lo contrario.

62. Mediante auto del 17 de junio de 201926 se corrió traslado a las partes por 10
días para alegar de conclusión, término que fue efectivamente ejercido tanto por la
parte demandante —que presentó sus alegatos el 5 de julio de 2019— como por la
parte demandada. Consta, además, la certificación secretarial del 22 de noviembre
de 2019 en la que se remite el expediente para fallo, dejando expresa constancia
del agotamiento del término para alegar.

63. El hecho de que la sentencia no haya reproducido textualmente los
planteamientos de la parte actora no implica que se hubiera negado la oportunidad
de alegar, pues ninguna disposición exige al juez transcribir o replicar cada
argumento presentado en esa etapa. El deber procesal consiste en otorgar el
traslado y habilitar su ejercicio, no en incorporar íntegramente los alegatos en la
motivación del fallo. Ello es particularmente claro cuando, además, los
planteamientos ya habían sido abordados por el Tribunal, o versaban sobre
aspectos que consideró jurídicamente irrelevantes para la resolución del litigio.

64. Los argumentos allí expuestos —según los cuales la situación del actor estaba
necesariamente ligada al procedimiento adelantado por la Secretaría de Educación
que culminó en la Resolución 09118 de 2014, y que esta última adolecía de vicios
de constitucionalidad e ilegalidad que exoneraban al docente de responsabilidad—
sí fueron considerados por el Tribunal, aun cuando no los compartió.

65. En efecto, la sentencia explicó que no era posible pronunciarse sobre la
Resolución 09118 de 2014 por no haber sido objeto de demanda y también analizó
el comportamiento del actor frente a las citaciones, requerimientos y
comunicaciones relativas a su situación de riesgo, y concluyó que la administración
actuó diligentemente y que la inasistencia continuada configuró el abandono del
cargo. Incluso trató el argumento sobre la falta de consentimiento para la remisión
al Comité de Amenazados, explicando que, aun sin esta manifestación, la

26 Ibid. folio 311.

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Administración conserva la facultad de ordenar un traslado cuando están en riesgo
derechos fundamentales.

66. Tampoco es cierto que el Tribunal hubiese omitido los planteamientos
esenciales del actor, pues los valoró y descartó con base en las pruebas obrantes
en el expediente.

67. A ello se añade que varios de los documentos a los que la parte actora alude
en sus alegatos fueron allegados extemporáneamente. Conforme al artículo 212 del
CPACA, la oportunidad para solicitar pruebas y aportar documentos se encuentra
exclusivamente restringida a las etapas procesales señaladas en el código.

68. Esta disposición establece de manera taxativa las oportunidades en que pueden
solicitarse o aportarse pruebas en primera instancia: la demanda y su contestación;
la reforma de la demanda y su respectiva respuesta; la demanda de reconvención
y su contestación; las excepciones y la oposición a las mismas; y los incidentes y
su respuesta, en este último caso limitados al asunto específico planteado. En
segunda instancia, cuando se trata de la apelación de sentencia, se permite la
solicitud de pruebas dentro del término de ejecutoria del auto que admite el recurso,
y exclusivamente en los eventos excepcionales que allí se señalan: cuando las
partes las solicitan de común acuerdo; cuando fueron negadas en primera instancia
o, habiendo sido decretadas, no se practicaron sin culpa de la parte; cuando versan
sobre hechos ocurridos con posterioridad al cierre de la etapa probatoria de primera
instancia; cuando no pudieron solicitarse antes por fuerza mayor, caso fortuito o por
obstrucción de la contraparte; y cuando están destinadas a desvirtuar las pruebas
practicadas en virtud de los dos supuestos anteriores.

69. Fuera de estos momentos, el proceso se encuentra cerrado para la
incorporación de nuevos elementos de convicción. Este esquema responde a la
figura de la preclusión, cuya función es ordenar el debate procesal, garantizar la
igualdad entre las partes y permitir el avance del proceso mediante la consolidación
definitiva de las etapas ya cumplidas, impidiendo regresar a fases superadas y
evitando con ello dilaciones injustificadas, desequilibrios procesales o sorpresas a
la contraparte. Lo anterior, explica —y justifica— que el Tribunal no se pronunciara
sobre pruebas que no podían ser incorporadas válidamente al proceso.

70. En consecuencia, al no advertirse la configuración de ninguna causal de revisión
y dado que la intención del recurrente es obtener una modificación del fallo con base
en su desacuerdo con la decisión judicial, se declarará infundado el recurso
extraordinario de revisión.

De la condena en costas

71. Con la Ley 2080 de 2021 se modificó el artículo 255 del CPACA respecto de
la condena en costas en el recurso extraordinario de revisión, en los siguientes
términos:

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«ARTÍCULO 255. Vencido el período probatorio se dictará sentencia.
[…] Si se declara infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios al
recurrente».

72. En ese sentido, como las reformas procesales allí establecidas prevalecen
sobre las anteriores normas de procedimiento y el recurso extraordinario cuando
ya estaba rigiendo la nueva ley, la Sala considera que es procedente la condena
en costas toda vez que se declaró infundado el recurso extraordinario de revisión.

73. Sin embargo, dado que esta disposición no aborda exhaustivamente la
regulación de la condena en costas, es necesario complementarla con lo
establecido en el CGP, el cual se aplica por remisión dispuesta en el artículo 188
del CPACA.

74. Según lo estipulado en el artículo 361 del CGP, las costas están integradas
por la totalidad de las expensas y gastos procesales, así como por las agencias en
derecho, y solo habrá lugar a su imposición de acuerdo con el artículo 365, numeral
8.º ibidem «cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de
su comprobación».

75. Observa la Sala, para lo que aquí interesa, que en el presente caso está
acreditada la comparecencia al proceso por parte del Distrito Especial de Ciencia,
Tecnología e Innovación de Medellín, a través de la defensa ejercida en el escrito
de contestación; actuaciones que por sí solas, constituyen prueba suficiente para
tener por causadas las agencias en derecho, en tanto refleja la existencia de gastos
inherentes a la defensa judicial por parte de quienes resultaron vencedores en el
litigio.

76. Para la fijación de agencias en derecho, el Despacho conductor del proceso
dictará un auto posterior, teniendo en cuenta la competencia asignada en el
numeral 3 del artículo 366 del Código General del Proceso, una vez quede en firme
la sentencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por el señor Mario Javier Gómez Ochoa en contra la sentencia del
veinticinco (25) de octubre de dos mil veintitrés (2023) por el Tribunal Administrativo
de Antioquia dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
radicado bajo el número 05001-33-33-025-2016-00292-00, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.

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Segundo. CONDENAR en costas al señor Mario Javier Gómez Ochoa a favor del
Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín - Secretaría de
Educación, las cuales se liquidarán por la Secretaría.

Tercero. Para la fijación de las agencias en derecho, por Secretaría General de esta
Corporación INGRESAR el expediente al despacho del magistrado ponente para lo
de su competencia.

Cuarto. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho al despacho de origen y HÁGANSE las anotaciones
pertinentes en el sistema informático SAMAI.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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