Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06241-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06241-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-06241-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
29 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA CUARTA ESPECIAL DE DECISIÓN
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá, D. C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Medio de control: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06241-00
Demandante: DIEGO MORENO NIÑO
Providencia objeto SENTENCIA DEL 21 DE AGOSTO DE 2024,
de revisión: PROFERIDA POR EL CONSEJO DE ESTADO,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
Temas: Procedencia de la causal octava de revisión por
desconocimiento de la cosa juzgada constitucional.
Actualización y reajuste de la asignación mensual y de
retiro de miembros de la fuerza pública.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala procede a resolver la demanda que contiene el recurso extraordinario de
revisión interpuesto por el señor Diego Moreno Niño contra la sentencia del 21 de
agosto de 2024, proferida por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de
Estado1. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 249 del
CPACA2, en concordancia con los artículos 125.2 y 111.2 ibidem, así como el
artículo 29.1 del Acuerdo n. º 080 de 20193, que contiene el reglamento de esta
Corporación.
Mediante providencia del 21 de noviembre de 2025, el despacho ponente inadmitió
la demanda4. Posteriormente, en auto del 19 de diciembre de 2025, admitió el
recurso de la referencia5 y, mediante el proveído de 25 de mayo de 2026, se dictó
auto de pruebas6.
1
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número
único de radicación 25000-23-42-000-2019-00987-01.
2
«De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones del
Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sin exclusión de la sección
que profirió la decisión.»
3
Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
4
Ello, tras advertirse que el recurrente no allegó el poder para la interposición de la demanda, con las
formalidades exigidas por el artículo 5 de la Ley 2213 de 2022.
5
Asimismo, se corrió traslado de la demanda y sus anexos a la Nación, Ministerio de Defensa, Fuerza
Aérea Colombiana, CREMIL, y el Ministerio Público y se le reconoció personería jurídica al abogado
Juan Carlos Arciniegas Rojas. Índice 12 de Samai.
6
En esta providencia, se ordenó tener como pruebas las aportadas con el recurso de revisión y por la
CREMIL. Índice 26 de Samai.
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2
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Demandante: Diego Moreno Niño
Recurso Extraordinario de Revisión
I. ANTECEDENTES
1.1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
1. El señor Diego Moreno Niño ejerció el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la Nación – Ministerio de Defensa –
Fuerza Aérea Colombiana y la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (en adelante
CREMIL), con el fin de que se anularan los oficios 201813030120853 del 12 de
diciembre de 2018 y 0001270 del 11 de enero de 2019 proferidos por las
autoridades demandadas, respectivamente.
2. En dichos actos administrativos le fue negada la reliquidación de su salario
y asignación de retiro con base en la variación del Índice de Precios al Consumidor
(en lo sucesivo IPC) entre 1992 y 20047.
3. Por ende, a título de restablecimiento del derecho, solicitó la reliquidación y
reajuste de la asignación básica y demás prestaciones devengadas teniendo en
cuenta el IPC de acuerdo con la remuneración de un oficial en el grado de General
o Almirante. El demandante también pidió que se ajustara la asignación de retiro
teniendo en cuenta los nuevos valores a que tiene derecho en su base salarial.
4. La demanda correspondió a la Sección Segunda, Subsección E del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, autoridad judicial que, en fallo del 20 de
noviembre de 2022, negó las pretensiones del medio de control. Como sustento
de su decisión, expuso que el beneficio en virtud del cual los salarios debían ser
incrementados conforme a la variación del IPC no era absoluto y podía ser
restringido para quienes percibían una remuneración mayor al salario mínimo.
5. En contra de esa decisión, la parte demandante interpuso recurso de
apelación, el cual se sustentó, principalmente, en el presunto desconocimiento de
la Sentencia C-931 de 2004 proferida por la Corte Constitucional, relacionada con
el incremento de los salarios de conformidad con el IPC.
6. En ese sentido, la alzada le correspondió a la Sección Segunda,
Subsección A del Consejo de Estado, quien, mediante providencia del 21 de
agosto de 2024, confirmó la sentencia de primer grado. En concreto, el ad quem
sostuvo que el reajuste con fundamento en el IPC solamente era procedente para
los miembros de la fuerza pública a quienes se les hizo efectiva la asignación de
retiro entre 1997 y el 2004. Lo anterior, en la medida en que, a partir de la vigencia
del Decreto 4433 de 2004, las asignaciones de retiro se liquidan tomando en
consideración el aumento salarial decretado para cada grado y no de conformidad
con el IPC.
7
Durante este periodo, el salario mensual del accionante se ajustaba año a año conforme a los decretos
expedidos por el Gobierno Nacional que establecieron el principio de oscilación.
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7. Al respecto, la autoridad judicial puso de presente que el sistema de
liquidación de las asignaciones de retiro y pensiones de los militares y policías se
debía llevar a cabo con sustento en la variación porcentual del IPC, según lo
consagrado en el parágrafo 4 del artículo 279 de la Ley 100 de 1993. No obstante,
adujo que el Consejo de Estado ha reiterado que dicho sistema únicamente tuvo
vigencia hasta el 31 de diciembre de 2004, dada la expedición de la Ley 923 de
2004 y del Decreto 4433 del mismo año, normativa que volvió a establecer el
principio de oscilación como el criterio para el reajuste de las mesadas pensionales
posteriores a 2004.
8. Por ende, dicha Sala concluyó que el actor no tenía derecho a lo solicitado,
puesto que su asignación de retiro fue reconocida a través de la Resolución 3650
del 23 de mayo de 2016.
9. La sentencia fue notificada por correo electrónico a los sujetos procesales
el 2 de octubre de 20248.
1.2. Recurso extraordinario de revisión
10. El 3 de octubre de 2025, el señor Diego Moreno Niño interpuso recurso
extraordinario de revisión, con el que pretende que se invalide la sentencia
proferida el 21 de agosto de 2024 por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A9. En su criterio, en este caso se configura la causal de revisión
establecida en el numeral 8 del artículo 250 del CPACA10 porque considera que
las providencias reprochadas son contrarias a la Sentencia C-931 de 2004 de la
Corte Constitucional, la cual constituye cosa juzgada.
11. Para sustentar su afirmación, indicó que en el caso concreto: i) existen
sentencias contradictorias; ii) hay identidad de objeto, partes y causa petendi entre
la sentencia enjuiciada y la decisión de constitucionalidad mencionada y; iii) la
cosa juzgada no se alegó como excepción en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.
12. Frente al primero de sus argumentos, el señor Moreno Niño sostuvo que, en
la Sentencia C-931 de 2004, el alto tribunal estudió la constitucionalidad de la Ley
848 de 200311 y le ordenó al Congreso de la República y al Gobierno Nacional el
restablecimiento del poder adquisitivo de los salarios de los servidores públicos
cobijados por la ley de presupuesto general de la Nación, dado que este derecho
había sido limitado o restringido. Ello implicaba, a juicio del actor, un mandato que
8
Cfr. Samai índice 26. Exp. 25000-23-42-000-2019-00987-01.
9
Índice 2 de Samai.
10
«ARTÍCULO 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003, son causales de revisión: […]
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en
que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la
excepción de cosa juzgada y fue rechazada».
11
Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y la Ley de Apropiaciones
para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2004.
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conllevaba la actualización salarial plena de conformidad con el IPC causado y
acumulado, el cual tiene efectos erga omnes, por lo que es de carácter obligatorio
y oponible a todas las personas y autoridades sin excepción alguna.
13. Para el recurrente, por el contrario, en la sentencia objeto del presente
recurso extraordinario de revisión, se consideró que los beneficios, que por
favorabilidad otorga el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, no proceden respecto de
los salarios de los miembros de la fuerza pública.
14. En relación con el segundo argumento, indicó que la Sentencia C-931 de
2004 tiene efectos erga omnes, por ende, obliga a la comunidad en general, lo
cual permite inferir la identidad de partes, de objeto y de «causa petendi». Sobre
este punto, puso de presente que la exigencia de la cosa juzgada en relación con
la identidad de partes no requiere una identidad física, sino jurídica, la cual es
predicable del presente asunto, dada la eficacia general de la sentencia de
constitucionalidad.
15. Al respecto, señaló que, si bien el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho fue ejercido por «una persona natural contra
entidades del Estado», existe una identidad en la acción pública de
inconstitucionalidad resuelta en la sentencia de la Corte Constitucional, puesto que
aquella fue ejercida por una persona que, de manera oficiosa, lo habría
representado, en contra de un «acto administrativo proferido por el Estado».
16. También, agregó que, en relación con lo pretendido, existe un derecho
reconocido, declarado y ordenado como mandato constitucional que genera una
relación jurídica oponible ante cualquier autoridad, inclusive las judiciales. En ese
mismo sentido, sostuvo que, de conformidad con dicha sentencia, «existen
elementos de juicio objetivos, directos y específicos que permiten precisar con
certeza la relación jurídica objeto de litigio».
17. A su vez, refirió que existe identidad de objeto, en la medida en que los
asuntos versan sobre el derecho de los servidores públicos de mantener el poder
adquisitivo de su salario. En consecuencia, indicó que, debido a lo decidido por la
Corte Constitucional, las autoridades judiciales están obligadas «a inaplicar por
vía de excepción los decretos expedidos por el Gobierno Nacional en los años
2004, 2005 y subsiguientes». Lo anterior, puesto que, en su sentir, tales actos
administrativos reflejan el incumplimiento de lo ordenado en dicho fallo, lo que, a
su vez, implica que no se ha efectuado la actualización plena del salario que
devengó.
18. Por último, manifestó que la cosa juzgada no fue alegada como excepción al
interior del medio de control en el que se profirieron las decisiones objeto del
presente recurso. Asimismo, hizo énfasis en la necesidad de unificar el sentido de
la Sentencia C-931 de 2004 de la Corte Constitucional y las que lo aquejan en esta
oportunidad.
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1.3. Contestaciones al recurso extraordinario de revisión
19. Procuraduría Delegada de Intervención 8. Tercera ante el Consejo de
Estado. En su calidad de agente del Ministerio Público, señaló que el presente
mecanismo no tiene vocación de prosperidad, por lo que solicitó que se declare
infundado.
20. Para el efecto, la autoridad puso de presente que la sentencia dictada por el
alto tribunal es producto del control abstracto de constitucionalidad, mientras que
la que se recurre en el sub judice, fue proferida al interior del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho. De ahí que, al haber sido proferidas en el
marco de dos procesos distintos, no comparten una identidad de la cual se pueda
predicar la cosa juzgada.
21. CREMIL. Pidió que se niegue lo pretendido mediante este recurso
extraordinario, puesto que no se acreditan los requisitos de la causal del artículo
250.8 del CPACA, dado que no hay identidad de partes, ni causa y objeto. En todo
caso, mencionó que la cosa juzgada constitucional no equivale a cosa juzgada
judicial.
22. Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea Colombiana. Se opuso a las
pretensiones de la demanda, al considerar que no se reúnen los presupuestos
legales ni jurisprudenciales de la causal invocada, sino que, por el contrario, se
evidencia que la intención del recurrente es reabrir un debate jurídico ya resuelto.
23. A su juicio, la configuración de la causal invocada exige determinar si la
sentencia recurrida es contraria a otra decisión anterior que hizo tránsito a cosa
juzgada. Tal situación requiere que existan dos pronunciamientos judiciales
susceptibles de ser comparados con el fin de establecer los elementos señalados
en el artículo 303 del Código General del Proceso.
24. También, advirtió que no era posible establecer la cosa juzgada aludida por
el señor Moreno Niño, en tanto, aquel no cumplió con la carga de aportar una
sentencia que guarde identidad de causa, objeto y de partes en relación con el
fallo recurrido y tampoco fue solicitada como prueba.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
25. La Sala declarará infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto
por la parte recurrente contra la sentencia dictada el 21 de agosto de 2024 por la
Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, al interior del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado núm. 25000-23-42-000-2019-
00987-01. Esto, por cuanto la causal establecida en el numeral 8 del artículo 250
de la Ley 1437 de 2011 no se configura en el presente asunto.
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2.1. Oportunidad en la interposición del recurso
26. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011,
el recurso deberá presentarse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la
sentencia judicial, salvo que se invoquen las causales contenidas en los ordinales
3 y 4 del artículo 250 del CPACA.
27. En el presente caso, se propone como causal de revisión la consagrada en
el ordinal 8 ibidem y, por tanto, el término para interponer el recurso extraordinario
es de un año.
28. De acuerdo con lo anterior, el recurso sub examine fue presentado de forma
oportuna. En efecto, la sentencia de segunda instancia controvertida fue expedida
el 21 de agosto de 2024 y notificada personalmente por mensaje de datos el 2 de
octubre del mismo año. En tal sentido, su ejecutoria ocurrió el 9 de octubre
siguiente y el demandante interpuso la demanda el 3 de octubre de 2025, es decir,
dentro del plazo señalado en el artículo 251 ibidem.
2.2. Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del recurso extraordinario
de revisión
29. El recurso extraordinario de revisión es una excepción a los principios de
cosa juzgada y de inmutabilidad de las sentencias, en tanto permite controvertir
fallos ejecutoriados, a fin de que se subsanen determinadas irregularidades o
ilegalidades.
30. Por ello, su principal finalidad corresponde al restablecimiento de la justicia
real y material como valor fundante del Estado de derecho12, por lo que este
mecanismo no constituye una nueva instancia procesal. De allí que su
procedencia sea excepcional.
31. En efecto, el recurso se encuentra sujeto al estricto, riguroso y ajustado
cumplimiento de las causales que expresamente ha previsto el legislador, sin que
sea dable ampliarlas mediante interpretación analógica, con lo cual se busca evitar
que el mismo se convierta en una tercera instancia y se utilice para remediar
equivocaciones en que hubiera podido incurrir alguna de las partes o para
controvertir juicios de valor del fallador13. Al respecto, la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo de esta Corporación ha considerado lo siguiente:
[…] El recurso extraordinario de revisión no constituye una instancia adicional, la
tercera en este caso, en la que los interesados pueden replantear el asunto objeto
del litigio original para que el Juez de la Revisión lo reexamine o analice una vez
más.
12
Cfr. Corte Constitucional, sentencias C-520 de 2009, C-418 de 1994 y C-247 de 1997.
13
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia proferida el 27 de abril
de 2004, C.P. María Inés Ortiz Barbosa Rev. 194, identificada con núm. único de radicación
1100103150001998016401.
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[…] En efecto, con la demanda de revisión se inicia una instancia que cuenta con
trámite propio y diferentes etapas procesales que se enmarcan dentro del debido
proceso, hasta culminar con un fallo que define sobre la legalidad de una sentencia
ejecutoriada […]14.
32. Por su parte, el artículo 250 del CPACA enumera las causales que pueden
proponerse como fundamento de este recurso, las cuales, por lo demás, dan
cuenta de la naturaleza eminentemente procedimental de los vicios o errores que,
de conformidad con la ley, son los únicos que permiten la revisión de la sentencia
por la vía de este recurso extraordinario.
33. En suma, la interposición del recurso extraordinario de revisión constituye el
inicio de un nuevo proceso para cuestionar la sentencia proferida dentro de un
proceso ordinario. Este solo resulta procedente en determinadas y especiales
circunstancias taxativamente señaladas en la ley, imposibilitando alegar o acudir
a otras, en virtud de la excepcionalidad de este mecanismo judicial.
2.3. Causal octava de revisión del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011
34. El artículo 250.8 del CPACA instituye como causal de revisión «[s]er la
sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del
proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en
el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada».
35. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado15 ha
establecido que para la configuración de esta causal se requieren tres
presupuestos concurrentes, a saber: i) que existan dos sentencias contradictorias;
ii) que el fallo contrariado constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en
que fue dictada y, iii) que en el segundo proceso no se haya propuesto como
excepción la cosa juzgada.
36. Este último requisito exige, a su vez, que el recurrente acredite la
imposibilidad de haber propuesto la excepción de cosa juzgada al interior del
proceso ordinario, bien sea porque estuvo representado por curador ad-litem o
porque ignoraba la existencia del proceso anterior16. Ello tiene por finalidad
desincentivar la negligencia o la inactividad procesal, lo cual es acorde con la
naturaleza excepcional del recurso extraordinario de revisión, el cual no fue
instituido como una oportunidad procesal adicional al trámite ordinario para
corregir los errores en los que pudo incurrir la defensa técnica.
37. En cuanto a la aplicación de la referida causal octava, la Sala Plena de lo
14
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, providencia proferida el 12 de
agosto de 2014, C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez, identificada con núm. único de radicación
11001031500020130211000.
15
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 2 de abril de 2013.
Radicado núm. 11001-03-15-000-2001-00118-01(REV). M.P. Gerardo Arenas Monsalve.
16
Ibidem.
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Contencioso Administrativo de esta Corporación17 ha señalado que la cosa
juzgada debe analizarse de conformidad con lo dispuesto en los artículos 303 del
Código General del Proceso18 y 189 de la Ley 1437 de 201119. En ese orden, su
estudio requiere verificar la existencia de la triple identidad entre los procesos, así:
i) identidad de partes, es decir, que los sujetos sean los mismos en ambos
procesos, excepto cuando se trata de sentencias a las que la ley les haya
otorgado efectos erga omnes20;
ii) identidad de objeto, esto es, que en el trámite posterior se discutan las
mismas pretensiones o declaraciones exigidas ante la jurisdicción
previamente;
iii) identidad de causa, en otras palabras, que los procesos hayan sido
promovidos por la misma razón21, en tanto se fundan en los mismos
fundamentos fácticos y jurídicos.
38. Ahora bien, la Corte Constitucional, en la Sentencia C-739 de 2001, al
estudiar la constitucionalidad de la causal octava de revisión contemplada en el
artículo 188 del Código Contencioso Administrativo (que se mantuvo en los
mismos términos establecidos actualmente por el artículo 250 de la Ley 1437 de
17
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 3 de diciembre de
1994. Radicado num. Rev. 038. M.P. Dolly Pedraza de Arenas.
18
«ARTÍCULO 303. Cosa juzgada. La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene
fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la
misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes.
Se entiende que hay identidad jurídica de partes cuando las del segundo proceso son sucesores por
causa de muerte de las que figuraron en el primero o causahabientes suyos por acto entre vivos
celebrado con posterioridad al registro de la demanda si se trata de derechos sujetos a registro, y al
secuestro en los demás casos.
En los procesos en que se emplace a personas indeterminadas para que comparezcan como parte,
incluidos los de filiación, la cosa juzgada surtirá efectos en relación con todas las comprendidas en el
emplazamiento.
La cosa juzgada no se opone al recurso extraordinario de revisión».
19
«ARTÍCULO 189. Efectos de la sentencia. La sentencia que declare la nulidad de un acto
administrativo en un proceso tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes. La que niegue la nulidad
pedida producirá cosa juzgada erga omnes pero solo en relación con la causa petendi juzgada. Las que
declaren la legalidad de las medidas que se revisen en ejercicio del control inmediato de legalidad
producirán efectos erga omnes solo en relación con las normas jurídicas superiores frente a las cuales
se haga el examen.
[…]
La sentencia dictada en procesos relativos a contratos, reparación directa y cumplimiento, producirá
efectos de cosa juzgada frente a otro proceso que tenga el mismo objeto y la misma causa y siempre
que entre ambos haya identidad jurídica de partes.
La sentencia proferida en procesos de restablecimiento del derecho aprovechará a quien hubiere
intervenido en ellos y obtenido esta declaración a su favor.
[…]».
20
Frente a este punto, ver: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia
del 2 de abril de 2013. Radicado núm. 11001-03-15-000-2001-00118-01(REV). M.P. Gerardo Arenas
Monsalve.
21
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 2 de abril de 2013.
Radicado núm. 11001-03-15-000-2001-00118-01(REV). M.P. Gerardo Arenas Monsalve; Consejo de
Estado, Sección Cuarta. Sentencia del 17 de noviembre de 2022. Radicado núm. 11001-03-27-000-
2021-00009-00 (25463). M.P. Milton Chaves García; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
A. Sentencia del 8 de abril de 2024. Radicado núm. 11001-03-26-000-2021-00101-00 (66.980). M.P.
José Roberto Sáchica Méndez.
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2011) indicó que esta no se configura necesariamente por el desconocimiento del
precedente contenido en las sentencias de constitucionalidad.
39. Ello, por cuanto el juicio de revisión tiene por finalidad comprobar si una
decisión, entre las mismas partes y por el mismo asunto que ya hizo tránsito a
cosa juzgada, no fue tenida en cuenta en un proceso posterior. Por ende, tal
examen no implica «entrar a considerar cuestiones de juridicidad», que es el
objeto del control abstracto de constitucionalidad. En palabras del máximo tribunal
constitucional:
De ahí que no sea dable calificar de omiso al legislador en torno a la actividad
desarrollada para relacionar la cosa juzgada como causal de revisión, por no haber
incluido como tal la firmeza de las decisiones de constitucionalidad, toda vez que
este sometimiento es propio de un control abstracto, en tanto la revisión es un
mecanismo procesal que opera para adecuar una decisión a la justicia que debe
operar solo entre las partes y por razón de un asunto.
Lo anterior no quiere decir que el juez y las partes involucradas en una sentencia
objeto de revisión sean ajenas a la cosa juzgada y a la doctrina constitucional, lo
que sucede es que una y otra vinculan a los primeros, en el ámbito de la juridicidad
abstracta que, como se dijo, es ajena a la revisión. En tanto la cosa juzgada judicial,
que debiendo haber estado presente no se consideró en un litigio (Artículos 380.9 y
188.8 C.P.C. y C.C.A.) los relaciona directa y singularmente.
40. En tales términos, la cosa juzgada como causal de revisión solo tiene lugar
cuando una controversia particular y concreta sometida al conocimiento del juez
ya fue definida en otro proceso anterior con identidad de partes, objeto y causa y,
pese a ello, se resuelven asuntos ya juzgados o se introducen variaciones o
modificaciones en la nueva providencia22. Por tanto, solo si se acreditan estos
presupuestos, la última providencia debe invalidarse.
2.4. Caso concreto
41. Por los motivos que a continuación se exponen, en el presente asunto no se
satisfacen los requisitos establecidos por la jurisprudencia del Consejo de Estado
para la configuración de la causal de revisión consagrada en el numeral 8 del
artículo 250 del CPACA.
42. El señor Moreno Niño sostuvo que la sentencia proferida el 21 de agosto de
2024 por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
desconoció la cosa juzgada contenida en la Sentencia C-931 de 2004. Esto,
porque, en su opinión, la Corte Constitucional ordenó al Congreso de la República
y al Gobierno Nacional el restablecimiento del poder adquisitivo de los salarios de
los servidores públicos cobijados por la ley de presupuesto general de la Nación.
22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 5 de marzo
de 2009. Radicado núm. 11001-03-24-000-2004-00262-01. M.P. Rafael Ostau de Lafont. Así mismo,
ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia del 24 de
octubre de 2019. Radicado núm. 11001-03-27-000-2018-00004-00. M.P. Milton Chaves García.
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43. De la misma manera, aseguró que este deber implicaba un mandato de
actualización salarial plena de conformidad con el índice de inflación causado y
acumulado, obligación que era oponible ante cualquier autoridad.
44. No obstante, en el fallo recurrido se negaron sus pretensiones relacionadas
con la reliquidación de la asignación mensual (salario) y demás prestaciones
sociales, así como el reajuste de su asignación de retiro con fundamento en la
variación del IPC, lo cual, a su juicio, contradice la Sentencia C-931 de 2004,
amparada por la cosa juzgada constitucional.
45. Para la Sala, en este caso, se insiste, no se configura la causal invocada, en
tanto no se cumple con el requisito relativo a que el fallo contrariado constituya
cosa juzgada entre las partes del proceso, por las razones que se exponen a
continuación.
46. En primer lugar, dado que la sentencia que se alegó como contrariada es
una decisión proferida por la Corte Constitucional, en ejercicio del control abstracto
de constitucionalidad, no es posible predicar la trasgresión de la cosa juzgada.
Esto, porque, como lo señaló el máximo tribunal constitucional en la Sentencia C-
739 de 2001, la cosa juzgada constitucional no fue contemplada por el legislador
como uno de los supuestos que configuran la causal octava del artículo 188 del
Código Contencioso Administrativo (reproducido íntegramente por el artículo
250.8 del CPACA).
47. Ahora bien, lo anterior no implica que el juez y las partes del proceso
ordinario sean ajenos a los efectos producidos por la Sentencia C-931 de 2004,
en tanto aquellos se vinculan a este fenómeno, pero en el ámbito de la juridicidad
abstracta23, es decir, en lo que concierne a la compatibilidad de una disposición
legal con el texto superior. Por tanto, no es de competencia de esta Sala de
decisión, ante la causal invocada, llevar a cabo un estudio en el que se evalúe la
adecuación del presente asunto con la cosa juzgada constitucional que ha
operado en virtud de tal sentencia proferida por el Tribunal Constitucional.
48. En segundo lugar, aún en gracia de discusión, tampoco estaría acreditada la
triple identidad de los procesos, puesto que, entre la decisión adoptada por la
Subsección A de la Sección Segunda de esta corporación y la Sentencia C-931
de 2004, no existe identidad de objeto ni identidad de causa.
49. Al respecto, debe precisarse que el objeto del juicio abstracto de
constitucionalidad es, principalmente, garantizar la supremacía e integridad de la
Constitución Política, mediante una «comprobación acerca de la validez de las
normas jurídicas»24, tanto en sentido formal como material.
50. En este orden, las pretensiones del proceso en el que se profirió la sentencia
23
Sentencia C-739 de 2001.
24
Sentencia C-054 de 2016.
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C-931 de 2004 versaban sobre el estudio del artículo 2 de la Ley 848 de 200325,
disposición en la que se estableció el presupuesto de gastos para la vigencia fiscal
del primero de enero al 31 de diciembre de 2004. Por su parte, la finalidad del
medio de control promovido por el señor Moreno Niño obedecía a que se declarara
la nulidad de dos actos administrativos por medio de los cuales la Fuerza Aérea
Colombiana y CREMIL le negaron la reliquidación de su salario, sus prestaciones
sociales y el reajuste de su asignación de retiro, con fundamento en el IPC.
51. Así, mientras que el propósito del control abstracto de constitucionalidad es
la producción de efectos generales e impersonales, lo buscado en el pleito
ordinario que promovió el recurrente atiende pretensiones de naturaleza particular
y concreta, motivo por el cual su objeto y causa no guardan identidad. De ahí que
la sentencia C-931 de 2004, que se alega como contrariada por la Subsección A
de la Sección Segunda del Consejo de Estado, no constituye cosa juzgada para
la providencia cuestionada en el presente proceso y, por ende, no se configura la
causal alegada.
52. Finalmente, si bien el actor sostuvo que en el proceso sometido a revisión no
se propuso la excepción de cosa juzgada, está probado que el recurso de
apelación promovido en el trámite ordinario por el señor Moreno Niño versó sobre
el desconocimiento de la Sentencia C-931 de 2004 y lo que allí decidió la Corte
Constitucional en relación con el incremento de los salarios de conformidad con el
IPC. En tal medida, esta cuestión ya fue objeto de discusión en el referido trámite.
53. Así las cosas, la pretensión del interesado es usar la causal octava de
procedencia del recurso extraordinario de revisión con el fin de alegar un
desconocimiento del precedente contenido en dicha sentencia de
constitucionalidad, lo cual desnaturaliza la finalidad de este medio judicial.
Ciertamente, el Consejo de Estado ha reiterado26 que el desconocimiento del
precedente no constituye un vicio de la sentencia mediante el cual pueda
sustentarse alguna de las causales previstas por el legislador para la procedencia
del recurso extraordinario de revisión.
54. Con fundamento en lo expuesto, se declarará infundado el recurso
extraordinario de revisión formulado por el señor Moreno Niño contra la sentencia
del 21 de agosto de 2024, proferida por la Sección Segunda, Subsección A del
Consejo de Estado.
25
Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y la Ley de Apropiaciones
para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2004.
26
Al respecto ver, entre otras, las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala Segunda Especial de Decisión. Sentencia del 4 de agosto de 2020. Radicado núm.
11001-03-15-000-2016-03553-00(REV). M.P. César Palomino Cortés; Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sala 13 Especial de Decisión. Sentencia del 7 de abril de 2015. Radicado
núm. (11001-03-15-000-2013-02724-00 REV). M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez; Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Quinta Especial de Decisión. Sentencia del 9 de
diciembre de 2022. Radicado núm. 11001-03-15-000-2021-02940-00 (REV). M.P. Milton Chaves
García.
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2.5. Condena en costas
55. De conformidad con lo señalado en el artículo 255 de la Ley 1437 de 2011,
modificado por la Ley 2080 de 2021, una vez se declare infundado el recurso
extraordinario de revisión, corresponde al juez condenar en costas al recurrente.
56. Sin embargo, dicho precepto no puede ser interpretado de manera aislada
de las demás disposiciones que integran dicho cuerpo normativo y que regulan la
forma en que los jueces de lo contencioso-administrativo han de pronunciarse
sobre este aspecto. La aplicación del artículo 255 del CPACA resultaría inane si
no se acude a lo señalado en su artículo 188, que contiene la remisión expresa a
las normas del Código General del Proceso en las que se establecen los
elementos que forman parte de las costas procesales, la manera en que ha de
tasarse la condena a imponer por dichos conceptos y otros aspectos relevantes
sobre la materia.
57. En el asunto bajo examen, el recurso extraordinario de revisión promovido
se dirige contra una sentencia proferida en segunda instancia dentro de un
proceso de nulidad y restablecimiento de derecho en el que se solicitó que se
ordenara la reliquidación y reajuste de la asignación básica y demás prestaciones
devengadas teniendo en cuenta el índice de precios al consumidor y de acuerdo
a la asignación básica de un oficial en el grado de General o Almirante. Asímismo,
que se reajuste la asignación de retiro teniendo en cuenta los nuevos valores a
que tiene derecho en su base salarial. En consecuencia, debe darse aplicación a
la regla general contemplada en el artículo 255 referenciado con antelación, dado
que el recurso fue declarado infundado.
58. Por su parte, el artículo 366, ordinal 4, del Código General del Proceso
dispone lo siguiente:
[p]ara la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que
establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente
un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza,
calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó
personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que
pueda exceder el máximo de dichas tarifas.
59. Así las cosas, se condenará al pago de las agencias en derecho conforme a
lo establecido en el Acuerdo número PSAA16-10554 del 5 agosto de 2016 del
Consejo Superior de la Judicatura, que se fija en un (1) salario mínimo legal
mensual vigente, en favor de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional, Fuerza
Aérea Colombiana y CREMIL.
60. En cuanto a las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso
y perjuicios, no serán reconocidos, toda vez que no fueron demostrados en el
trámite, conforme lo establecido en los artículos 188 y 255 del CPACA y el 361 del
Código General del Proceso.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala Cuarta Especial de Decisión, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por el señor Diego Moreno Niño contra la sentencia dictada el 21 de
agosto de 2024, proferida por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de
Estado, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
25000-23-42-000-2019-00987-01.
SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS a la parte demandante, de acuerdo con lo
indicado en la presente providencia. La Secretaría General deberá efectuar la
respectiva liquidación de conformidad con lo dispuesto por el numeral 1 del artículo
366 del Código General del Proceso.
TERCERO: ARCHIVAR el expediente del recurso extraordinario de revisión,
cumplido lo anterior y previas las anotaciones pertinentes en el sistema de
información de gestión de procesos y manejo documental Justicia siglo XXI y
SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Magistrado
Con salvamento parcial de voto
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Magistrado
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sala Cuarta
Especial de Decisión en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza
la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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