Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-27-000-2021-00009-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-27-000-2021-00009-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-27-000-2021-00009-00
Consejero ponente: Milton Chaves Garcia
17 de noviembre de 2022
Radicado: 11001-03-27-000-2021-00009-00 (25463)
Demandante: Raúl Álvarez Del Pino Botero
FALLO
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Consejero Ponente: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá D.C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-27-000-2021-00009-00 (25463)
Demandante: RAÚL ÁLVAREZ DEL PINO BOTERO
Demandado: U.A.E. DIAN
Temas: Alcance del recurso extraordinario
SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el demandante
contra la sentencia de 24 de julio de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo
del Chocó, que revocó el fallo de 2 de julio de 2015 del Juzgado Segundo
Administrativo Oral del Circuito de Quibdó y negó las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
El 5 de noviembre de 2013, la DIAN profirió mandamiento de pago 01 por
$301.078.000, dentro del proceso de cobro coactivo iniciado contra Ingeniería de
Comunicaciones Satelitales Ltda INGECOM SAT 1. En el numeral 3 del
mandamiento de pago se vinculó como deudor solidario a RAÚL ÁLVAREZ DEL
PINO BOTERO, en su calidad de accionista por $15.053.900.
El 3 de diciembre de 2013, RAÚL ÁLVAREZ DEL PINO BOTERO solicitó la
prescripción de las obligaciones contenidas en el mandamiento de pago. Por oficio
Nº 1188201242-003 de 2 de enero de 2014 la DIAN negó la solicitud.
1 Por concepto de impuesto sobre la renta años 2003, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010 y 2012, impuesto a las
ventas por los periodos 2004-6, 2005-1, 2005-2, 2005-5, 2005-6, 2006-1, 2006-2, 2006-6, 2007-1, 2007-2, 2007-
3, 2007-4, 2007-5, 2007-6, 2008-1, 2008-2, 2008-3, 2008-4, 2008-5, 2008-6, 2009-1, 2009-2, 2009-3, 2009-4,
2009-5, 2009-6, 2010-1, 2010-2, 2010-3, 2010-4, 2010-5, 2010-6, 2011-1, 2011-2, 2011-3, 2011-4, 2011-5,
2011-6, 2012-1, 2012-2, 2012-3, 2012-4, 2012-5, 2012-6 y retención en los periodos 2007-9, 2008-11, 2010-4
y 2010-6
1
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Radicado: 11001-03-27-000-2021-00009-00 (25463)
Demandante: Raúl Álvarez Del Pino Botero
FALLO
El oficio en mención fue demandado en nulidad y restablecimiento del derecho por
el señor ÁLVAREZ DEL PINO BOTERO. El Juzgado Segundo Administrativo de
Quibdó negó las pretensiones de la demanda.
El fallo fue revocado en apelación por el Tribunal Administrativo del Chocó, en
sentencia de 24 de julio de 2020 2 que resolvió anular parcialmente el acto
demandado y, en su lugar, declaró la prescripción de las obligaciones tributarias con
anterioridad al 05 de noviembre de 2008 y declaró vigentes las obligaciones
posteriores a esta fecha. 3
SENTENCIA OBJETO DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
La sentencia de 24 de julio de 2020,4 dictada por el Tribunal Administrativo del
Chocó, tuvo, entre otras motivaciones, las siguientes:
“(…) De lo anterior se concluiría que el 5 de noviembre de 2013, la Dirección
Seccional de Impuestos y Aduanas de Quibdó, libró mandamiento de pago a
Deudor Solidario No. 001 contra INGENIERÍA DE COMUNICACIONES
SATELTALES INGECOM, por obligaciones tributarias de los años 2003 a 2012
por la suma de TRESCIENTOS UN MILLONES SETENTA Y OCHO MIL PESOS
($301.078.000) y se vincula solidariamente a INVERSIONES ALDANA E HIJOS
CIA con Nit 811.030.380, por la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS
MILLONES VEINTI CUATRO MIL CIEN PESOS ($ 286.024.100) y al señor
ÁLVAREZ DEL PINO BOTERO RAÚL con C.C. 11.786.771, por la suma de
QUINCE MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS
($15.053.000), por obligaciones tributarias correspondientes a los años 2003 al
2013, por los conceptos y períodos gravables allí indicados, más el valor
correspondiente a los intereses, sanciones y actualizaciones a que hubiere lugar
de conformidad con los artículos 634 Y 867-1 del Estatuto Tributario, al igual que
las costas procesales, y para esa fecha, las obligaciones tributarias
correspondientes al impuesto de renta y complementarios del año gravable 2007
hacia atrás, impuesto a las ventas de bimestre julio-agosto de 2008, hacia atrás y
la correspondiente a la retención en la fuente al mes de septiembre de 2008 hacia
atrás20 ,ya se encontraban prescritas.
Al encontrarse probada la prescripción de las deudas exigibles desde el 5 de
noviembre de 2008 hacia atrás, debe declararse la nulidad parcial del acto
administrativo demandado en cuanto incluyó las deudas prescritas; quedando
2 Fls. 190 a 232 c.p.2
3 Índice 61 SAMAI
4 Índice 61 SAMAI
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Demandante: Raúl Álvarez Del Pino Botero
FALLO
vigentes las deudas respecto de las cuales no operó el fenómeno jurídico de la
prescripción (…)».
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
RAÚL ÁLVAREZ DEL PINO BOTERO interpuso recurso extraordinario de revisión
con fundamento en las causales primera y octava del artículo 250 de la Ley 1437
de 2011.
• Sobre la causal primera del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011
(documento recobrado después de dictada la sentencia)
Por oficio de 9 de diciembre de 2020, la DIAN informó al demandante que, mediante
la Resolución de prescripción N°20191824210005000002 de 27 de febrero de 2019,
notificada por la página web de la entidad, declaró la prescripción de las
obligaciones a cargo de INGENIERÍA DE COMUNICACIONES SATELITALES
INGECOM, por $36.193.000, por concepto de impuesto sobre la renta año 2012 e
impuesto sobre las ventas por los periodos 2010-4, 2010-5, 2010-6, 2011-1, 2011-
2, 2011-3, 2011-4, 2011-5, 2011-6, 2012-1, 2012-2, 2012-3, 2012-4, 2012-5, 2012-
6 , contenidas en el mandamiento de pago de 05 de noviembre de 2013 dentro del
proceso de cobro coactivo radicado N° 2003-001, donde figuraba como deudor
solidario.
Se cumplen los presupuestos legales para la procedencia de la causal, en tanto: i)
la resolución de 27 de febrero de 2019, que decretó la prescripción de la obligación
a cargo del actor, fue expedida con anterioridad a la sentencia del Tribunal
Administrativo del Chocó, del 24 de julio de 2020; ii) es un documento decisivo, pues
la declaratoria de prescripción extinguió la deuda por la cual fue vinculado el
demandante al proceso de cobro y iii) el recurrente solo tuvo conocimiento de la
citada resolución por el oficio de 9 de diciembre de 2020, esto es, después de
proferida la sentencia del Tribunal Administrativo del Chocó (24 de julio de 2020).
• Sobre la causal octava del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 (Ser la
sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada)
-
La Resolución de prescripción de 27 de febrero de 2019, hizo tránsito a cosa
juzgada, razón por la que, el Tribunal, al tomar una decisión contraria a la
declaratoria de prescripción de la obligación a cargo del demandante, está
reviviendo un debate jurídico concluido.
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Demandante: Raúl Álvarez Del Pino Botero
FALLO
TRÁMITE PROCESAL
La sentencia recurrida se notificó por correo electrónico a las partes y al Ministerio
Público el 28 de julio de 2020, con lo cual quedó ejecutoriada el 31 de julio de 2020.
El recurso extraordinario de revisión fue radicado el 1 de febrero de 2021 5, dentro
del término previsto por el artículo 251 del CPACA.
Por auto de 8 de marzo de 2021, se admitió el recurso extraordinario de revisión, se
ordenaron las notificaciones de rigor 6 y, por Secretaría, se solicitó al Tribunal
Administrativo del Chocó, la remisión del expediente dentro del cual se tramitó el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número 2700- 13-
33-300-2201-500290-01, promovido por Raúl Álvarez del Pino Botero contra la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, que fue recibido el 5 de
mayo de 20217.
El 9 de marzo de 2021, la DIAN se notificó del auto admisorio del recurso de revisión.
OPOSICIÓN
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-, solicitó que se declare
infundado el recurso extraordinario de revisión, por las siguientes razones:
La jurisprudencia ha establecido que para que proceda la causal primera de revisión
se requiere que los documentos que se pretendan hacer valer cumplan los
siguientes requisitos:
Que sean decisivos, es decir, que tengan la entidad suficiente para influir en el
sentido del fallo. En este caso, la resolución N° 201928242100005000002 de 27 de
febrero de 2019 estudió la prescripción de las obligaciones del contribuyente
INGECOM en un momento diferente al de la demanda en el proceso ordinario. Esto
por cuanto el objeto de la demanda fue que se declare la nulidad del oficio N°
1188201242- 003 de enero 02 de 2014, proferido por la jefe de la División de Gestión
Recaudo y Cobranza de Quibdó, quien, para ese entonces (2014), estudió los
requisitos para la procedencia de la prescripción y determinó que no procedía.
5Índice SAMAI 4
6 Se ordenó notificar personalmente del recurso a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, al
Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. (folio 97 cp)
7 Índice SAMAI 20-25.
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Demandante: Raúl Álvarez Del Pino Botero
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Que hayan sido recobrados después de dictada la sentencia: la supuesta prueba
que influiría en la decisión, esto es, la resolución N° 201928242100005000002 de
27 de febrero de 2019 fue conocida por el recurrente desde la notificación en la
página web de la DIAN, realizada el 29 de abril de 2019, conforme con el artículo
568 del E.T. Si consideraba que este acto era importante para la decisión que debía
proferir el Tribunal debió aportarlo al proceso.
Tampoco se cumplen los requisitos de la causal octava de revisión. Lo anterior,
porque la resolución de prescripción de 27 de febrero de 2019 no es una sentencia
que haga tránsito a cosa juzgada. La resolución en mención implica que hace parte
del ordenamiento jurídico y goza de presunción de legalidad.
El Ministerio Público guardó silencio.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para conocer del recurso
extraordinario de revisión interpuesto por la actora contra la sentencia de 24 de julio
de 2020, proferida en segunda instancia por el Tribunal Administrativo del Chocó
(artículo 249 inciso 2 del CPACA).
La recurrente sostiene que se configuran las causales primera y octava de revisión
previstas en el artículo 250 del CPACA.
Respecto a la causal primera, afirma que después de dictada la sentencia conoció
la resolución de 27 de febrero de 2019, que es un documento decisivo, porque en
dicha resolución la DIAN declaró la prescripción de las obligaciones a cargo de la
demandante, como deudor solidario.
Sobre la causal octava de revisión, sostiene que la mencionada resolución hizo
tránsito a cosa juzgada, razón por la que, el Tribunal, al tomar una decisión contraria
a la declaratoria de prescripción, está reviviendo un debate ya definido.
La Sala declara infundado el recurso interpuesto, según el siguiente análisis:
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1. Naturaleza y marco legal de recurso extraordinario de revisión 8
En los términos del artículo 249 del CPACA, el recurso extraordinario de revisión
procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las Secciones y
Subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos, en los eventos
contemplados en el artículo 250 de la misma normativa.
Respecto de la naturaleza del recurso extraordinario de revisión, la Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado 9 explicó que, en general, es
un medio de impugnación excepcional contra la sentencia, que permite el
rompimiento del principio de cosa juzgada. Se propone con el fin de restablecer
tanto el imperio de la justicia como la vigencia del ordenamiento jurídico, que pueden
resultar quebrantados por las sentencias injustas.
Dicho recurso, sin embargo, no es el mecanismo para cuestionar la actividad
interpretativa, ni la valoración probatoria del juez, ni para que el afectado con la
sentencia proponga cuestiones que no alegó oportunamente en el proceso
originario. Es un instrumento para discutir y ventilar ciertos hechos procesales
externos a la labor funcional del juez, que pueden llegar a afectar el principio de
justicia material.
De ahí que el ámbito de revisión esté restringido por las causales que el legislador
ha determinado de manera taxativa, causales que, en todo caso, por tratarse de
situaciones excepcionales contra el valor de la cosa juzgada, no admiten
interpretaciones más allá de lo que en buena ley se deducen de su texto.10
Las causales de revisión previstas en el artículo 250 CPACA básicamente tienen
que ver con hechos como la falsedad, el fraude, el error, la aparición de documentos
decisivos que hubieren modificado el sentido de la decisión o incluso la violación del
debido proceso. Esas causales no aluden a errores sustanciales que puedan
derivarse de la falta de aplicación, la aplicación indebida o la interpretación errónea
8 Sentencia del 15 de abril de 2021, radicado número: 11001-03-27-000-2019-00039-00(24762) REV. M.P.
Stella Jeannette Carvajal Basto.
9 Ver, sentencia del 6 de septiembre de 2016, radicado número: 11001031500020130199800. M.P. Hugo
Fernando Bastidas Bárcenas, Sala Especial de Decisión número 3.
10 Sentencia del 2 de octubre de 2019, radicado número: 11001-03-27-000-2017-00021-00(23074). M.P. Milton
Chaves García.
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Demandante: Raúl Álvarez Del Pino Botero
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de una norma sustancial. En ese sentido, no es un recurso que proceda por
violación de la ley 11.
2. Del alcance y requisitos de la causal primera de revisión
La causal primera de revisión del artículo 250 del CPACA, es la siguiente:
“1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos
decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que
el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por
obra de la parte contraria.”
Para que se configure la causal en mención deben concurrir los siguientes
requisitos: (i) debe tratarse de una prueba que aparezca o se encuentre después de
haberse proferido la sentencia; (ii) que la prueba no haya podido aportarse por
causas ajenas a la voluntad del recurrente (fuerza mayor, caso fortuito u obra de la
parte contraria), eventos que deben probarse, y (iii) que sea tan determinante, que
de haber sido tenida en cuenta se hubiera proferido una decisión diferente12.
Por consiguiente, el recurrente que invoca esta causal debe acreditar el
cumplimiento de los requisitos anteriormente descritos.
Cabe precisar que el recurso extraordinario no procede para controvertir las razones
del fallo ni para corregir los errores de apreciación de los hechos y de las pruebas,
en que, a juicio del recurrente, hubiera incurrido el fallador. Un entendimiento distinto
equivaldría a convertir el recurso en un juicio en que se discutirían nuevamente los
hechos, ya dilucidados con fuerza de cosa juzgada13. En los términos de la
sentencia del 11 de octubre de 2005 14, “no se trata de controvertir la corrección o
incorrección del juzgamiento, ni de corregir los errores de apreciación de los hechos
y de las pruebas, en que a juicio del recurrente hubiera podido incurrir el fallador,
pues eso equivaldría a convertir el recurso en un juicio contra el fondo de la
sentencia, discutiendo nuevamente los hechos, ya dilucidados con fuerza de cosa
11 Sentencia del 6 de septiembre de 2016, expediente con radicado número: 11001031500020130199800. M.P.
Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, Sala Especial de Decisión número 3.
12 Sentencia del 15 de abril de 2021, rad. 11001-03-27-000-2019-00039-00(24762) REV, C.P. Stella Jeannette
Carvajal Basto.
13 Sentencias del 16 de agosto de 2018, expediente con radicado número: 23001-33-31-003-2007-00107-01
[47300], Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado, M.P. Guillermo Sánchez Luque Consejo de
Estado, que reitera la sentencia del 11 de octubre de 2005, Rad. 00794-00 de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo.
14 Expediente con radicado número: 11001-03-15-000-2003-00794-01 M.P. Ligia López Díaz, Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo.
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juzgada; sino de la inobservancia de las reglas propias de la sentencia, que vician
su validez”.
En el caso concreto, para demostrar la causal primera invocada, el actor allegó los
siguientes documentos:
Mandamiento de pago a deudor solidario N° 001 de 5 de noviembre de 2013 15
mediante el cual la DIAN resolvió:
“PRIMERO: Librar orden de pago a favor de la Nación Dirección Seccional de
Impuestos y Aduanas de Quibdó y a cargo de la sociedad INGENIERÍA DE
COMUNICACIONES SATELITALES INGECOM, NIT 811.030.380, por la suma de
DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES VEINTI CUANTRO MIL CIEN
PESOS ($286.024.100), por los periodos y conceptos que se señalan a
continuación, más el valor correspondiente a los intereses y actualizaciones a que
hubiere lugar, de conformidad con el artículo 634 y 867-1 del Estatuto Tributario; al
igual que las costas procesales.
(…)
TERCERO: Vincular solidariamente y, en consecuencia, librar orden de pago a favor
de la Nación, Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Quibdó y a cargo de
ÁLVAREZ DEL PINO BOTERO RAÚL con C.C. 11.786.711, por la suma de
QUINCE MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS
($15.053.900), por los conceptos y periodos gravables que se señalan a
continuación, más el valor correspondiente a los intereses y actualizaciones a que
hubiere lugar de conformidad con el artículo 634 y 867-1 del Estatuto Tributario; al
igual que las costas procesales.
[…]”
Oficio No 1188201242-003 de 2 de enero de 2014, por el cual la DIAN negó
la solicitud de prescripción de las obligaciones contenidas en el mandamiento
de pago 01 de fecha 5 de noviembre de 2013, formulada por el señor Raúl
Álvarez Del Pino Botero. Acto demandado en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho No 27001-33-33-002-2015-0290-01.
Resolución de prescripción N°2019182421005000002 del 27 de febrero de
2019, que resolvió16:
15 Folio 968 Índice 27 de SAMAI.
16 Folio 35 Índice 2 de SAMAI.
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Demandante: Raúl Álvarez Del Pino Botero
FALLO
“PRIMERO: DECLARAR prescrita la acción de cobro de la (s) obligación (es) fiscal
(es), a cargo del contribuyente INGENIERIA DE COMUNICACIONES SATELITALES
LTDA que se relacionan a continuación:
N° Documento Clase de Fecha de Tipo de Año Periodo Valor Valor
documento exigibilidad obligación impuesto sanción
1103602097819 Privada 20130415 Impuesto 2012 1 1.344.000 0
sobre la
renta
(…)
TOTAL 36.193.000
SEGUNDO: SUPRIMIR de los servicios informáticos Electrónicos de Contabilidad y
de Obligación Financiera la deuda a cargo del deudor INGENIERIA DE
COMUNICACIONES SATELITALES LTDA con NIT 818000615-7 y relacionada en
el numeral anterior.”
Oficio N° 118201242-000819 del 9 de diciembre de 2020 17, por el cual la
DIAN resolvió la solicitud presentada por el demandante, para obtener la
nulidad y prescripción de la acción de cobro coactivo adelantado contra
Ingeniería de Comunicaciones Satelitales Ltda INGECOM SAT, en el cual se
le vinculó como deudor solidario. En el citado oficio, la DIAN sostuvo lo
siguiente:
“(…) la petición de nulidad no es procedente, pues a la fecha la acción de cobro se
encuentra prescrita, según Resolución de Prescripción N° 2019182421005000002
de fecha 27/02/2019, notificada por página WEB el día 02/04/2019.
(…) -en una oportunidad anterior- mediante escrito de fecha 3/12/2013 solicitó la
nulidad, la prescripción de la acción de cobro y la devolución del bien inmueble dado
en garantía, petición que le fue resuelta mediante oficio N° 003 de fecha 02/01/2014,
manifestando que la DIAN para aquella época no podía acceder a su petición, pues
como es de su notable conocimiento la prescripción es un fenómeno consagrado en
las normas y con términos, más no es de libre albedrío. Por lo tanto, la DIAN se ciñó
a lo contemplado en el artículo 817 de nuestro ordenamiento – Estatuto Tributario-
(…) para la época en que solicitó la prescripción del proceso de cobro, las
obligaciones no se encontraban prescritas, pues como se dijo anteriormente, existió
una facilidad de pago que fue declarada incumplida”
La Resolución de prescripción N°2019182421005000002 del 27 de febrero de
2019 no cumple los requisitos para que proceda la causal primera de revisión del
17 Folio 20 Índice 2 de SAMAI.
9
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Radicado: 11001-03-27-000-2021-00009-00 (25463)
Demandante: Raúl Álvarez Del Pino Botero
FALLO
artículo 250 del CPACA, comoquiera que no se trata de una prueba encontrada o
recobrada. Tampoco, de una prueba que no pudo ser aportada al proceso por fuerza
mayor, caso fortuito o por obra de la parte contraria.
En efecto, la Resolución de prescripción N°2019182421005000002 del 27 de
febrero de 2019 no estaba perdida o extraviada, como lo exige la causal alegada y
la demandante la conocía desde cuando fue publicada en la página web de la DIAN,
según el artículo 568 del ET (29 de abril de 2019), esto es, antes de dictarse la
sentencia de primera instancia. En consecuencia, si consideraba que era una
prueba determinante en el resultado del proceso, el actor podía solicitar a la DIAN
copia del acto y aportarlo al proceso o pedir al juez de instancia que oficiara a la
administración para que allegara el acto al proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho.
En consecuencia, el documento allegado no tiene la calidad de recobrado toda vez
que, como lo ha indicado esta Corporación, “no se puede recobrar aquello que pudo
ser solicitado por las partes durante las oportunidades procesales
correspondientes”18.
Además, el demandante no invocó como fundamento del recurso de revisión una
circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito que le impidiera aportar la prueba
dentro del proceso ordinario.
Se desestima, también, el argumento según el cual solo con ocasión del oficio de la
DIAN, de 9 de diciembre de 2020, el actor tuvo conocimiento de la Resolución de
prescripción N°2019182421005000002 del 27 de febrero de 2019, pues, se reitera,
dicho acto le fue notificado mediante aviso publicado en el portal web de la DIAN y
en un lugar de acceso público de esa entidad, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 568 del E.T, notificación que la parte demandante no controvirtió.
Se advierte que lo pretendido por la actora es reabrir el debate jurídico ya concluido
y hacer uso del recurso extraordinario de revisión como si se tratara de una tercera
instancia, pese a que esa no es la finalidad de este mecanismo.
Con fundamento en lo aducido, no se configura la causal primera de revisión
invocada.
18
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 14, sentencia del 4 de febrero de 2020,
radicación 11001-03-15-000-2017-02615-00.
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Demandante: Raúl Álvarez Del Pino Botero
FALLO
3. Del alcance y requisitos de la causal octava de revisión
La causal octava de revisión del artículo 250 del CPACA, es la siguiente:
“8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las
partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a
revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue
rechazada.”
Para que prospere esta causal octava debe demostrarse: i) que existen dos
sentencias contradictorias; ii) que la sentencia anterior se haya dictado en un
proceso en el que hubo identidad de objeto, partes y causa petendi al de la segunda
sentencia y que de aquella se predique la cosa juzgada; y iii) que la cosa juzgada
no se haya alegado como medio exceptivo en el segundo proceso. 19
Con esta causal se pretende que se respeten los principios de seguridad jurídica y
el derecho a una tutela judicial efectiva, de manera que haya un solo
pronunciamiento sobre un mismo asunto, en el que se debaten los mismos derechos
entre las mismas personas y por la misma causa. Que una vez definido el asunto
litigioso, por sentencia en firme, no pueda volverse a discutir, no pueda darse paso
a un nuevo debate.
El artículo 303 del Código General del Proceso, aplicable por remisión del artículo
306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
establece:
“ARTÍCULO 303. COSA JUZGADA. La sentencia ejecutoriada proferida en
proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso
verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre
ambos procesos haya identidad jurídica de partes. […] La cosa juzgada no se
opone al recurso extraordinario de revisión”.
La cosa juzgada “tiene como objeto efectivizar el derecho constitucional al debido
proceso y la seguridad jurídica, pues se erige en garantía de que una determinada
controversia decidida en sede judicial no será objeto de un proceso posterior. De
esta manera, se impide que los debates se tornen indefinidos en el tiempo y se
procura por la eficiencia en la administración de justicia”.20
19 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Dos Especial de Decisión. Sentencia del 23
de junio de 2022. Consejero ponente: César Palomino Cortes. Exp. 11001-03-15-000-2019-03661-00 (REV).
20 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Dos Especial de Decisión. Sentencia del 23
de junio de 2022. Consejero ponente: César Palomino Cortes. Exp. 11001-03-15-000-2019-03661-00 (REV),
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Demandante: Raúl Álvarez Del Pino Botero
FALLO
En el caso concreto, el demandante considera que la sentencia del 24 de julio de
2020, ahora recurrida, es contraria a la Resolución N°2019182421005000002 de 27
de febrero de 2019 21, que declaró prescrita la acción de cobro de la (s) obligación
(es) fiscal (es), a cargo del contribuyente INGENIERIA DE COMUNICACIONES
SATELITALES LTDA por $36.193.000, por concepto de impuesto sobre la renta año
2012 e impuesto sobre las ventas por los periodos 2010-4, 2010-5, 2010-6, 2011-1,
2011-2, 2011-3, 2011-4, 2011-5, 2011-6, 2012-1, 2012-2, 2012-3, 2012-4, 2012-5,
2012-6 , contenidas en el mandamiento de pago de 05 de noviembre de 2013.
Al respecto, no se configura la causal alegada por el actor porque debe tratarse de
dos sentencias judiciales contradictorias. En efecto, comoquiera que el
demandante se refiere a un acto administrativo y no a una sentencia, se torna inane
un ejercicio comparativo entre el contenido de la sentencia y el de la Resolución de
prescripción N°2019182421005000002 del 27 de febrero de 2019. Por lo demás, la
legalidad de dicha resolución no fue discutida en el proceso ordinario en el que se
dictó la sentencia objeto de este recurso extraordinario, por lo que conserva vigencia
en el mundo jurídico respecto a la decisión que contiene.
Teniendo en cuenta que no prosperan las causales invocadas, se impone declarar
infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la actora.
Costas
De conformidad con lo previsto en los artículos 188 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 365 del Código General del
Proceso, no se condenará en costas a la parte recurrente por cuanto en el
expediente no se encuentran probadas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia, en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por
el demandante contra la sentencia de 24 de julio de 2020, proferida por el Tribunal
Administrativo del Chocó.
que reiteró lo dicho por la Sección Segunda. Subsección B, en la sentencia del 12 de julio de 2012. Consejero
ponente: Víctor Hernando Alvarado Ardila. Radicado 85001-23-31-000-2003-00455- 01(2083-10).
21 Folio 35 Índice 2 de SAMAI.
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Demandante: Raúl Álvarez Del Pino Botero
FALLO
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: Reconocer al abogado Pablo Nelson Rodríguez Silva como apoderado
de la DIAN, en los términos del poder visible en el Índice 77 SAMAI.
CUARTO: Por Secretaría, devolver el expediente ordinario que fue enviado en
calidad de préstamo.
QUINTO: Cumplido lo anterior, archivar el expediente del recurso extraordinario de
revisión.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.
La presente providencia se discutió y aprobó en sesión de la fecha.
(Firmado Electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidenta de la Sección
(Firmado Electrónicamente) (Firmado Electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
13
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