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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2020-00454-01

Fecha
21 de agosto de 2024
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2020-00454-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia del 3 de marzo de 2022, dictada por el Tribunal Administrativo del Tolima, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el señor José Adán Rengifo Ramírez contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, y la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional que negó las pretensiones de la demanda. Segundo. Sin condena en costas de segunda instancia. Tercero: Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor en la plataforma Samai.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 73001-23-33-000-2020-00454-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

21 de agosto de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 73001 23 33 000 2020 00454 01 (3512-2022)
Demandante: José Adán Rengifo Ramírez
Demandado: La Nación —Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, y
Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional—

Temas: Reajuste del sueldo básico mensual y de la asignación de retiro.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra
la sentencia proferida el 3 de marzo de 2022, por el Tribunal Administrativo del
Tolima, por medio de la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, el señor José Adán Rengifo Ramírez, por medio de
apoderado judicial, formuló demanda ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, en orden a obtener la declaratoria de nulidad de los Oficios S-2019-
069352/ANOPA-GRULI-1.10 del 19 de noviembre de 2019, expedido por la Policía
Nacional en el que se negó el reajuste de salarios; y 533799 del 29 de enero de
2020, proferido por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, en el que
se negó la reliquidación de la asignación de retiro.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó: (i) inaplicar los decretos anuales proferidos por el Gobierno nacional desde
el año 2004; (ii) declarar la pérdida de poder adquisitivo de las asignaciones básicas
salariales decretadas por el Gobierno nacional entre 1993 y 2004 para los ministros
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 73001 23 33 000 2020 00454 01 (3512-2022)
Demandante: José Adán Rengifo Ramírez

de despacho y para lo oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares y de Policía;
(iii) reconocer un reajuste equivalente al 2.49 % de los salarios básicos, subsidios,
primas, compensaciones y bonificaciones percibidas entre enero y diciembre de
2004, de acuerdo con la inflación causada en el año 2003, que afectó «el valor de
la asignación básica de un oficial en el grado de general o almirante, el cual sirve
de referente para establecer de conformidad con la escala gradual porcentual»; (iv)
en virtud del anterior incremento, ajustar y pagar también los salarios causados a
partir del mes de enero de 2005 y hasta la fecha de retiro de la institución,
«equivalente a un 52.2543 %» de conformidad con la actualización plena de los
salarios de 1992 a 2004; (v) efectuar las correspondientes correcciones salariales
en la hoja de servicios.

Adicionalmente, el demandante pidió: (vi) adelantar el trámite correspondiente ante
la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, con el propósito de que dicha
actualización sea tenida en cuenta para la liquidación de la asignación de retiro; (vii)
indexar el valor de la condena; (viii) indemnizar, por concepto de daño moral al
demandante, a Maryory Alexandra Santana, Delio Rengifo y Fanny Ramírez, la
suma de 100 s.m.l.m.v para cada uno; (ix) reconocer, por concepto de «lucro
cesante», los intereses legales de que trata el artículo 1617 del Código Civil,
causados sobre «las sumas retenidas por la Policía Nacional» y la sanción moratoria
de que tarta la Ley 244 de 1995 y el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006, por el pago
desactualizado de las cesantías definitivas; (x) conceder los intereses moratorios
desde el 8 de octubre de 2018, hasta la fecha de la providencia que ponga fin al
proceso; (xi) reconocer «los perjuicios materiales en la modalidad de daño
emergente y/o lucro cesante» la suma de $ 3.000.000 y el 35 % del valor total de la
sentencia; (xii) que el cumplimiento de la sentencia se dé en los términos de los
artículos 189 a 195 del C.P.A.C.A; y (xiii) se condene en costas a la parte demandada
y, en consecuencia se ordene el pago de «$ 3.000.000 y el 30 % del valor total de
la condena».

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el demandante señaló los siguientes:

i) El señor José Adán Rengifo Ramírez, ingresó a la Policía Nacional con el grado

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Radicado: 73001 23 33 000 2020 00454 01 (3512-2022)
Demandante: José Adán Rengifo Ramírez

de agente el 1 de diciembre de 1992; el 11 de julio de 2013 se conformó su hoja de
servicios, identificada con el número 93373807 y fue retirado de la institución el 3
de octubre de ese mismo año.

ii) Con la información consignada en la mencionada hoja de servicios, se le
reconoció asignación de retiro por parte de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional.

iii) El 16 de octubre de 2019, el demandante solicitó a la Policía Nacional la
«reliquidación, reconocimiento y cancelación» de las diferencias causadas entre lo
efectivamente pagado por concepto de asignación básica salarial y prestaciones
sociales pagadas desde enero de 2004 hasta la fecha del retiro de la institución, y
las que realmente corresponden por ajustes de la actualización de los salarios de
acuerdo con la inflación acumulada entre los años 1992 y 2004.

En la misma fecha solicitó a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional que,
en virtud del reajuste de la asignación básica, se reliquidara la asignación de retiro
que le fue reconocida.

iv) La Policía Nacional negó lo pedido por medio de Oficio S-2019-069352/ANOPA-
GRULI-1.10 del 19 de noviembre de 2019, mientras que la Caja de Sueldos de
Retiro de la Policía Nacional hizo lo propio a través del Oficio 533799 del 29 de
enero de 2020.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como normas infringidas se citaron los artículos 4, 48, 53, 218, 220, 230 y 373 de
la Constitución Política; 2 y 13 de la Ley 4 de 1992; 271 de la Ley 1450 de 2011; y
los Decretos 1211, 1212 y 1213 de 1990. Como concepto de la violación, la parte
demandante expuso los siguientes argumentos:

i) El mantenimiento del poder adquisitivo del dinero es uno de los principios
fundantes del Estado social de derecho y su vulneración contaría pilares
constitucionales como el de progresividad, temporalidad y no regresividad, por lo
que es importante mantener actualizados los salarios de los servidores públicos.

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Radicado: 73001 23 33 000 2020 00454 01 (3512-2022)
Demandante: José Adán Rengifo Ramírez

ii) En desarrollo de la Ley 4 de 1992, el Gobierno Nacional, mediante el Decreto 872
del 2 de junio de 1992, fijó la remuneración mensual de los ministros de despacho,
a partir de la cual se establece, porcentualmente, la asignación de los miembros de
la Fuerza Pública. Así, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2 del Decreto 335
de 1992, el salario de coroneles y generales, desde los que se establece de manera
descendente los salarios de los demás grados inferiores, correspondía al 40 % de
lo que por todo concepto percibiera un ministro.

iii) En contrariedad de los principios de seguridad social y de la Ley 4 de 1992, el
Gobierno nacional expidió el Decreto 921 de 1992, a través del cual disminuyó el
citado porcentaje del 40 % al 31 %. Adicionalmente, a través de los decretos citados
como normas violadas se fijaron, año a año. La asignación básica de los ministros
de despacho «evidenciándose la pérdida de poder adquisitivo en dichas
anualidades, excepto en el año 2000».

iv) A través de otra serie de decretos, también citados previamente, el Gobierno
nacional estableció «la escala de asignación básica de los empleos que sean
desempeñados por empleados públicos de la Rama Ejecutiva, entre los cuales se
fijan las de los Ministros de Despacho; evidenciándose que la pérdida de poder
adquisitivo acumulado en las anualidades de los años 1993 a 2004, excepto en el
año 2000, no han sido reconocidas».

v) A través de la sentencia C-931, la Corte Constitucional ordenó al Gobierno
nacional y al Congreso de la República, realizar el pago de los reajustes salariales
de todos los servidores públicos cobijados por la ley de presupuesto general de la
Nación, antes de que expirara la vigencia fiscal del año 2004; posteriormente, a
través de la Ley 1450 de 2011, en su artículo 271, se dispuso que se buscaría
«establecer una estrategia adecuada para resolver la litigiosidad en torno a los
asuntos relativos a las asignaciones salariales, a las asignaciones de retiro [y] al
ajuste por IPC», asunto que a la fecha no ha sido desatado en sede administrativa.

1.2. Contestación a la demanda

1.2.1. La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional

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Radicado: 73001 23 33 000 2020 00454 01 (3512-2022)
Demandante: José Adán Rengifo Ramírez

La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional guardó silencio.1

1.2.2. Policía Nacional

La Policía Nacional se opuso a la prosperidad de las pretensiones de acuerdo con
los siguientes argumentos:2

i) Los salarios del señor José Adán Rengifo fueron pagados de conformidad con los
decretos expedidos anualmente por el Gobierno nacional y no hay lugar a efectuar
reconocimiento alguno adicional a lo consignado en dichas disposiciones
normativas.

ii) Se ha admitido la posibilidad de ajustar las asignaciones de retiro de acuerdo con
el índice de precios al consumidor, pero ello solo ha sido posible para las mesadas
percibidas entre 1997 y 2004, fecha para la cual el demandante se encontraba aún
en servicio activo.

Debido a que el señor Rengifo solo percibió asignación de retiro a partir del año
2013 y que dicho reconocimiento solo tiene efectos hacia el futuro, no es legalmente
viable reconocer un reajuste sobre una mesada que no devengaba en el momento
en el que se causó el beneficio que pretende.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo del Tolima mediante sentencia del 3 de marzo de 2022,3
negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte demandante,
de acuerdo con las siguientes consideraciones:

i) Si bien es cierto que por orden judicial se ha ordenado el incremento de algunas
asignaciones de retiro con fundamento en el IPC, el fundamento jurídico de esa
determinación no puede utilizarse para modificar la escala gradual porcentual
creada a través del artículo 13 de la Ley 14 de 1992, para ajustar asignaciones
salariales del personal en actividad, pues se trata de debates sustancialmente

1 Constancia secretarial en el documento 19 del expediente digital en Samai.
2 Documento 17 del expediente digital en Samai.
3 Documento 34 del expediente digital en Samai.

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Radicado: 73001 23 33 000 2020 00454 01 (3512-2022)
Demandante: José Adán Rengifo Ramírez

disímiles.

ii) El reajuste de las asignaciones de retiro en lo que se refiere a los incrementos
realizados durante los años 1997, 1999, 2001 a 2004 deviene por fuerza de las
previsiones del artículo 14 de la Ley 100 de 1993, aplicable a los miembros de la
Fuerza Pública, en virtud de la Ley 238 de 1995, tema que ha sido objeto de
numerosos pronunciamientos por parte del Consejo de Estado, lo cual no guarda
relación con lo pretendido por la parte actora, ya que lo pedido se enmarca, en
primera medida, en el reajuste del salario devengado en actividad.

iii) La actual posición del Consejo de Estado señala que el IPC no constituye el único
indicador o variable económica que puede ser aplicado para el reajuste de los
salarios de los servidores públicos, por lo que resulta improcedente el reajuste de la
asignación básica pretendido por el demandante, según la variación porcentual
arrojada por el IPC desde el año 1992 a 2004 y desde esa anualidad hasta la fecha
de su retiro, puesto que al personal en actividad se le efectúa el reajuste de su
salario de conformidad con la escala gradual porcentual.

Finalmente, el a quo condenó en costas a la parte demandante.

1.4. El recurso de apelación

El señor José Adán Rengifo interpuso recurso de apelación contra el fallo del a quo.4
Expuso, en esencia, lo siguiente:

i) La decisión adoptada por el Tribunal Administrativo del Tolima contraría la
interpretación consignada por la Corte Constitucional en la sentencia C-931 de
2004, pues las limitaciones a los incrementos salariales que el a quo desarrolla
desconocen el derecho de los trabajadores a mantener el poder adquisitivo de sus
remuneraciones mensuales.

ii) La Sala de Consulta y Servicio Civil5 ha sostenido que el «salario del trabajador

4 Documento 38 del expediente digital en Samai.
5 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 29 de abril de 2008. Radicado

11001 03 06 000 2008 00009 00.

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Radicado: 73001 23 33 000 2020 00454 01 (3512-2022)
Demandante: José Adán Rengifo Ramírez

está protegido por un principio general de intangibilidad, que se refleja, entre otros
aspectos, en el derecho a mantener su valor y a que el mismo no sea afectado sino
por las causas previstas por el legislador». Además, el fallo no guarda coherencia
entre lo pretendido, lo sustentado y lo resuelto.

iii) La Corte Constitucional analizó la constitucionalidad del artículo 2 de la Ley 848
de 2003, a través de la sentencia C-931 de 2004, en donde concluyó que «sólo
puede tenerse como ajustada a la Constitución si incorpora las partidas necesarias
para mantener, en los términos de dicha providencia, actualizados los salarios de
los servidores públicos de ingresos medio o altos», lo que implica la actualización
de la asignación básica y gastos de representación del Ministro del despacho para
el año 2004, ajustados a la inflación causada del año 2003.

iv) A partir de la Ley 4 de 1992, el legislador, de manera categórica, le indicó al
Gobierno nacional cuales objetivos y criterios debía tener en cuenta para fijar el
régimen salarial y prestacional, entre los que se destaca, que en ningún caso se
podían desmejorar sus salarios y prestaciones sociales, razón por la que a través
del artículo 21 ibidem se autorizaron los traslados y adiciones presupuestales
correspondientes, en aras de dar cabal cumplimiento a lo ordenad. En ese sentido,
los ajustes salariales efectuados anualmente que no se adecúan al índice de precios
al consumidor contraviene lo dispuesto en la citada norma.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

Solo la parte demandante alegó de conclusión, según se observa en el memorial
que reposa en el índice 15 del portal Samai.

1.6. El Ministerio Público

El agente del Ministerio Público no rindió concepto6

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

6 Constancia en el índice 16.

7

Radicado: 73001 23 33 000 2020 00454 01 (3512-2022)
Demandante: José Adán Rengifo Ramírez

Se circunscribe a establecer si el señor José Adán Rengifo Ramírez tiene derecho
a que se reajuste la asignación básica y prestaciones sociales que devengó durante
los años 1992 al 2004, de acuerdo con el índice de precios al consumidor
establecido para cada anualidad y si, en virtud de ello, hay lugar a reliquidar su
asignación de retiro, con fundamento en la nueva base salarial.

2.2. Marco normativo

2.2.1. El régimen salarial de los miembros de la Fuerza Pública

El Congreso de la República, con fundamento en lo preceptuado en el literal e del
numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política,7 expidió la Ley 4.ª de 1992,
que en su artículo 13 facultó al Gobierno nacional para que fijara una escala
porcentual para nivelar la remuneración del personal activo y en retiro de la fuerza
pública, de conformidad con los principios previstos en el artículo 2.º de la misma
ley.

En cumplimiento de la anterior disposición, el Gobierno ha proferido los Decretos
133 de 1995, 122 de 1997, 58 de 1998, 62 de 1999, 2724 de 2000, 2737 de 2001,
745 de 2002, 3552 de 2003, 4158 de 2004, 923 de 2005, 407 de 2006, 1515 de
2007, 673 de 2008, 737 de 2009, 1530 de 2010, 1050 de 2011, 842 de 2012 y 1017
de 2013, entre otros, en los cuales ha fijado la asignación salarial de cada grado
para oficiales y suboficiales de la Fuerza Pública, a partir de la asignación básica de
un general.

En ese sentido, es claro que los ajustes salariales anuales de las Fuerzas Militares
y de Policía es fijado, por mandato legal y constitucional, por el Gobierno nacional
que es el encargado de establecer, año a año, y, por medio de decreto, el porcentaje
en que se incrementará el salario de los miembros activos de las instituciones

7 Artículo 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes

funciones:
[…]
19.Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse
el Gobierno para los siguientes efectos:
[…]
e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso
Nacional y de la Fuerza Pública. Ver Art. 1° Decreto Nacional 1919 de 2002

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Demandante: José Adán Rengifo Ramírez

castrenses, tal como se ha venido realizando desde el año 1995.

2.2.2. Régimen especial de asignación de retiro y pensiones de las Fuerzas
Militares y de Policía

A partir de la Ley 100 de 1993, se creó el Sistema General de Seguridad Social
Integral, que en el artículo 14 dispuso que con el objeto de que las pensiones no
pierdan su poder adquisitivo deben reajustarse anualmente y de oficio de
conformidad con la variación porcentual del índice de precios al consumidor que
certifique el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, ( DANE), para el
año inmediatamente anterior, excepto aquellas cuyo monto corresponda a un
salario mínimo legal mensual vigente, pues para estas el ajuste se efectuará de
acuerdo con el incremento ordenado por el Gobierno sobre dicho salario.

Además, a pesar de que los miembros en uso de buen retiro de la Fuerza Pública
se encuentran exceptuados del régimen general de seguridad social, por pertenecer
a uno especial, la Ley 100 de 1993 les concedió el derecho a que sus asignaciones
de retiro se reajustaran anualmente con base en el IPC del año inmediatamente
anterior.

Sin embargo, el actual régimen pensional de la Fuerza Pública está contemplado
en el Decreto 4433 de 2004, en el que se instituyeron los parámetros para el reajuste
anual de las asignaciones de retiro: así, a partir del artículo 42 se dispuso la
aplicación del principio de oscilación, según el cual se realizará un incremento anual,
pero ya no a partir del índice de precios al consumidor, sino que el reajuste
corresponderá al mismo incremento porcentual en que se aumenten las
asignaciones salariales del personal en actividad para cada grado. Sobre este
punto, esta corporación8 se pronunció en el siguiente sentido:

Para abordar este tema sea lo primero precisar que la asignación de retiro, de
tiempo atrás, ha tenido una forma de actualización diferente a la que de manera
general se ha establecido para las pensiones que devengan los servidores
públicos y trabajadores privados, sistema que se ha conocido como el principio
de oscilación. La oscilación plantea una regla de dependencia entre la
asignación que perciben los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y
aquellos que se encuentran en retiro y que en tal virtud gozan de una prestación,

8 Sentencia de 23 de febrero de 2017, M.P. William Hernández Gómez, radicado 11001-03-25-000-

2010-00186-00 (1316-2010).

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Demandante: José Adán Rengifo Ramírez

ya sea asignación de retiro o pensión de invalidez o los beneficiarios que reciben
pensión de sobrevivientes.

Entonces, de acuerdo con lo anterior, resulta evidente que el incremento de las
asignaciones de retiro del personal de las Fuerzas Militares y de Policía ya no
depende del porcentaje del IPC que disponía la Ley 100 de 1993, sino que obedece
al porcentaje en que se incremente el salario de los miembros activos de la fuerza
pública.

2.3. Hechos probados

De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se establece lo
siguiente:

i) El señor José Adán Rengifo Ramírez laboró en el servicio activo de la Policía
Nacional durante 21 años, 9 meses y 3 días.9

ii) El 18 de septiembre de 2013, por medio de Resolución 7859, la Caja de Sueldos
de Retiro de la policía Nacional le reconoció al demandante una mesada pensional,
con efectos fiscales a partir del 3 de octubre de 2013.10

iii) El 16 de octubre de 2019, el demandante interpuso una solicitud ante la Policía
Nacional, con el propósito de que se le reconociera y pagara la diferencia entre la
asignación cancelada entre los meses de enero a diciembre de 2004 y la que
realmente le corresponde conforme a la inflación causada para el año 2003 y que
afectaron el valor de la asignación básica de un oficial en el grado de General o
Almirante y la diferencia entre las asignación mensual cancelada a partir de enero
de 2005 hasta la fecha en que se dio el retiro del servicio conforme a los decretos
expedidos y la que realmente corresponde por ajustes de actualización acumulada
y causada entre los años 1992 a 2004.11

iv) El 16 de octubre de 2019, el accionante elevó una reclamación administrativa
ante la Caja de Sueldos de retiro de la Policía Nacional, en aras de que, a partir del

9 Folio 61 del documento 3 del expediente digital en Samai.
10 Folios 62 y 63 del documento 3 del expediente digital en Samai.
11 Folios 64 al 68 del documento 3 del expediente digital en Samai.

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Demandante: José Adán Rengifo Ramírez

reajuste salarial pretendido de la Policía Nacional, se ajustara también la asignación
de retiro devengada desde el año 2017.12

v) El 19 de noviembre de 2019, la Policía Nacional emitió el Oficio S-2019-
069352/ANOPA-GRULI-1.10 en el que negó lo pedido por el demandante, bajo el
argumento de no tener facultades para reconocer emolumentos salariales por fuera
de los ya fijados por el Gobierno nacional.13

vi) El 29 de enero de 2020, la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional
profirió el Oficio 202021000016481 id: 533799 en el que negó lo pretendido por el
señor José Adán Rengifo, al considerar que ha pagado los incrementos anuales de
la asignación de retiro que corresponden, por lo que no le adeudan suma alguna.14

2.4. Caso concreto. Análisis de la Sala

Para resolver el problema jurídico planteado es necesario tener en cuenta que los
argumentos del apelante único radican en el derecho que considera que le asiste a
que las asignaciones básicas o sueldos percibidos entre 1992 y el 2004 sean
reajustados de acuerdo con el índice de precios al consumidor y que, a partir de
dicho incremento salarial, se reliquide la asignación de retiro que devenga desde el
mes de octubre de 2013.

Pues bien, en cuanto al incremento con base en el IPC, debe decirse que, según el
artículo 4 de la Ley 4 de 1992, el Gobierno nacional debe modificar, anualmente, el
sistema salarial de los servidores de que tratan los literales a, b y c del artículo 1 de
esa norma, los cuales corresponden a los empleados públicos de la Rama Ejecutiva
Nacional, cualquiera que sea su sector, denominación o régimen jurídico; los
empleados del Congreso Nacional, la Rama Judicial, el Ministerio Público, la
Fiscalía General de la Nación, la Organización Electoral y la Contraloría General de
la República; y la Fuerza Pública.

Adicionalmente, el artículo 13 ibidem, dice lo siguiente:

12 Folios 71 al 74 del documento 3 del expediente digital en Samai.
13 Folio 77 del documento 3 del expediente digital en Samai.
14 Folios 78 y 79 del documento 3 del expediente digital en Samai.

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Radicado: 73001 23 33 000 2020 00454 01 (3512-2022)
Demandante: José Adán Rengifo Ramírez

ARTÍCULO 13.- En desarrollo de la presente Ley el Gobierno Nacional establecerá una
escala gradual porcentual para nivelar la remuneración del personal activo y retirado de
la fuerza pública de conformidad con los principios establecidos en el artículo 2.

Como puede observarse, la Ley 4 de 1992, en sus artículos 4 y 13, no establece
ningún tipo de condición en relación con el porcentaje en que deben incrementarse
los salarios anualmente, sino que pone tal obligación en cabeza del Gobierno
nacional. En ese sentido, el mencionado artículo no comporta un sustento normativo
para pretender que la asignación salarial sea incrementada anualmente en un
porcentaje idéntico o superior al índice de precios al consumidor.

Ahora, el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 ordena lo siguiente:

Artículo 14. Reajuste de pensiones. Con el objeto de que las pensiones de
vejez o de jubilación, de invalidez y de sustitución o sobreviviente, en cualquiera
de los dos regímenes del sistema general de pensiones, mantengan su poder
adquisitivo constante, se reajustarán anualmente de oficio, el primero de enero
de cada año, según la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor,
certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior. No obstante, las
pensiones cuyo monto mensual sea igual al salario mínimo legal mensual
vigente, serán reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que
se incremente dicho salario por el Gobierno.

El anterior precepto no deja duda de que la aplicación del índice de precios al
consumidor allí previsto está dirigido al reajuste de pensiones y asignaciones de
retiro y, no se refiere, de ninguna manera, a los incrementos salariales anuales que,
para la Fuerza Pública, se fijan por el Gobierno nacional, por mandato del artículo
13 de la Ley 4 de 1992.

En ese sentido, para los años 1992 al 2004, lapso para el cual el demandante solicita
la reliquidación salarial, el Gobierno nacional, en cumplimiento del artículo 13 de la
Ley 4 de 1992, fijó la escala gradual porcentual para los miembros de la Fuerza
Pública a través de los Decretos 921 de 1992, 25 de 1993, 65 de 1994, 133 de 1996,
122 de 1997, 58 de 1998, 62 de 1999, 2724 de 2000, 2737 de 2001, 745 de 2002,
3552 de 2003 y 4158 de 2004.

Así, debido a que para esos periodos el señor José Adán Rengifo era miembro
activo de la Policía Nacional, ya que su retiro definitivo se produjo en el año 2017,
el incremento de su sueldo básico mensual debía atender a las citadas
disposiciones gubernamentales y no podía efectuarse con fundamento en una

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Demandante: José Adán Rengifo Ramírez

norma dirigida al personal retirado de la Fuerza Pública. Por tanto, el desacuerdo
con los salarios fijados debió discutirse a partir del contenido de los mencionados
decretos, pues fue en aquellos en donde se plasmó la voluntad de la administración
sobre el particular.

Por consiguiente, la pretensión relacionada con el reajuste salarial por los periodos
1992 al 2004 con base en el índice de precios al consumidor no tiene vocación de
prosperidad, en tanto el Gobierno nacional no se encontraba legalmente atado a
incrementar en ese porcentaje las asignaciones salariales y, por demás, el
contenido de los decretos que establecieron dichos aumentos no ha sido discutido
en el presente asunto.

De ese modo, la fuente legal de los incrementos salariales de la Fuerza Pública son
los decretos antes citados, los cuales no han sido objeto de cuestionamiento por
parte del accionante, quien se ha limitado a solicitar la declaratoria de nulidad de
una serie de oficios en los que la administración simplemente informó sobre la
imposibilidad legal de acceder a sus pretensiones en sede administrativa, pero que,
de ningún modo, contienen la voluntad de la administración respecto de los
incrementos anuales de la asignación básica.

En ese sentido, no hay lugar a acceder a la reliquidación de los salarios del
demandante, toda vez que tal asunto ha sido fijado, y depende, de una serie de
decretos o actos que gozan de la presunción de legalidad que a ellos les atribuye la
norma y que no ha sido desvirtuada en esta oportunidad.

Por otro lado, debido a que la pretensión de reliquidación de la asignación de retiro
depende, necesariamente, de que prosperara la pretensión del reajuste salarial,
pues sería el aumento del sueldo lo que desembocaría en un aumento de la
asignación de retiro, no hay lugar a conceder dicha súplica ni a que se ordene un
aumento de la pensión con base en el IPC, pues el régimen especial de la Fuerza
Pública ordena la aplicación del principio de oscilación.

3. De la condena en costas

El artículo 188 del CPACA establece que «[s]alvo en los procesos en que se ventile

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Demandante: José Adán Rengifo Ramírez

un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil».

Con base en tal mandato, esta Subsección venía sosteniendo que, para imponer
condena en costas, en vigencia del CPACA, se atendía una valoración objetiva, en
la que el juez debía ordenarlas siempre y cuando se hubieran causado y en la
medida de su comprobación, sin considerar factores subjetivos como la buena fe o
la temeridad de las partes.

Sin embargo, dicho criterio debe revisarse a la luz del artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en tanto adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA para precisar que «[e]n
todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

De esta manera, debe entenderse que con la anterior modificación el juez está
llamado a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la sustentación
jurídica de sus intervenciones con el fin de determinar si es procedente o no imponer
costas a cargo de alguna de ellas.

En el presente caso, los sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la convicción
de que contaban con suficiente respaldo legal, también aportaron pruebas y se
apoyaron en la jurisprudencia vigente para obtener un pronunciamiento favorable a
sus intereses, por lo que esta Sala se abstendrá de imponer condena en costas en
segunda instancia.

4. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos
análogos, fáctica y jurídicamente, al que ahora es objeto de estudio y en el acervo
probatorio, la Sala concluye el señor José Adán Rengifo no tiene derecho al
reajuste de los salarios percibidos entre 1992 y el 2004 ni a la reliquidación de su
asignación de retiro, pues no hay lugar a modificar la base de liquidación utilizada

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por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional. En tal sentido, se confirmará
la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia del 3 de marzo de 2022, dictada por el Tribunal
Administrativo del Tolima, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho promovido por el señor José Adán Rengifo Ramírez contra la Nación,
Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, y la Caja de Sueldos de Retiro de
la Policía Nacional que negó las pretensiones de la demanda.

Segundo. Sin condena en costas de segunda instancia.

Tercero: Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones de
rigor en la plataforma Samai.

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente15
MLBC

15 CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma

del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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