Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2022-00286-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-25-000-2022-00286-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2022-00286-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2022-00286-00
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
10 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., Diez (10) de septiembre de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado: 11001-03-25-000-2022-00286-00 (2147-2022)1
Demandante: Universidad Nacional de Colombia – Fondo
pensional
Demandada: Virgelina Henao Pérez
Trámite: Acción especial de revisión
Tema: Revisión de la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, el Diecisiete (17) de
marzo de Dos Mil Diecisiete (2017), en el marco de
las causales previstas en los literales a) y b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Decisión: Sentencia de única instancia
La Sala decide la acción especial de revisión, interpuesta por la Universidad
Nacional de Colombia – Fondo Pensional, contra la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, el Diecisiete (17) de marzo de Dos Mil
Diecisiete (2017), mediante la cual, se modificó y confirmó la sentencia dictada
el Veintidós (22) de septiembre de Dos Mil Catorce (2014), por el Juzgado
Trece (13) Administrativo del Circuito de Medellín, dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la señora Virgelina
Henao Pérez, contra la Universidad Nacional de Colombia, en la que se ordenó
reliquidar su pensión de jubilación, con la inclusión de la prima de servicios, la
prima de vacaciones, la prima de navidad y el subsidio de alimentación,
devengados durante el último año de servicios.
1
Expediente digital.
2
Número Interno: 2147-2022
Demandante: Universidad Nacional de Colombia – Fondo pensional
Demandado: Virgelina Henao Pérez
I. ANTECEDENTES
1.1 La demanda de revisión.
1. La Universidad Nacional de Colombia – Fondo Pensional, promovió la
acción especial de revisión, con fundamento en el literal b) del artículo 20 de
la Ley 797 de 2003, con el fin que se infirme la sentencia proferida el Diecisiete
(17) de marzo de Dos Mil Diecisiete (2017), por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, mediante la cual, se modificó y confirmó la decisión de primera
instancia que ordenó reliquidar la pensión de jubilación de la señora Virgelina
Henao Pérez, con inclusión de los factores salariales devengados durante el
último año de servicios, y se dispuso que, la nueva liquidación se efectuara
con los factores devengados durante los últimos diez (10) años de servicios,
aun cuando no se hubieren efectuado cotizaciones sobre estos.
2. Como consecuencia de lo anterior, la entidad accionante solicita que, se
deje sin efectos la providencia objeto de revisión, se revoque la sentencia
proferida por el Juzgado Trece (13) Administrativo del Circuito de Medellín y,
en su lugar, se nieguen las pretensiones formuladas en el proceso ordinario.
Asimismo, pretende que se ordene a la señora Virgelina Henao Pérez
devolver, pagar o compensar los mayores valores que le fueron reconocidos y
cancelados con ocasión de la reliquidación pensional.
3. En esa línea, la Universidad Nacional de Colombia – Fondo Pensional,
sostiene que, la providencia cuestionada excedió lo solicitado en el proceso
ordinario, al ordenar la reliquidación pensional con los factores devengados
durante los últimos Diez (10) años de servicio, pese a que, según afirma, dicho
período no fue objeto de discusión en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho. Por ello, considera que, la decisión desconoció los derechos de
defensa y al debido proceso de la entidad, al adoptar una determinación ultra
y extra petita.
4. Asimismo, afirma que la sentencia reconoció una prestación superior a la
legalmente debida, al disponer la inclusión de factores salariales sobre los
cuales no se efectuaron las correspondientes cotizaciones y de emolumentos
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Número Interno: 2147-2022
Demandante: Universidad Nacional de Colombia – Fondo pensional
Demandado: Virgelina Henao Pérez
de origen extralegal, entre ellos el «quinquenio» y la «bonificación especial de
bienestar universitario»2, que, a su juicio, no podían integrar la base de liquidación
pensional. También cuestiona la inclusión de conceptos como el subsidio de
alimentación, la bonificación de recreación, las vacaciones y su compensación,
por considerar que no constituyen factores salariales para efectos pensionales.
5. Igualmente, la entidad accionante sostiene que, el Tribunal Administrativo
de Antioquia, desconoció el precedente constitucional fijado en la Sentencia
SU-230 de 2015 y posteriormente acogido por la Sala Plena del Consejo de
Estado, según el cual el ingreso base de liquidación de los beneficiarios del
régimen de transición debe determinarse conforme a las reglas previstas en la
Ley 100 de 1993 y no con base en lo devengado durante el último año de
servicio. En consecuencia, considera que la reliquidación ordenada con
fundamento en los últimos Diez (10) años y sin atender a los factores sobre
los cuales se realizaron cotizaciones, resulta contraria al régimen pensional
aplicable.
6. Finalmente, la Universidad Nacional de Colombia – Fondo Pensional, afirma
que, se configura la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003, por cuanto la sentencia reconoció una cuantía superior a la
legalmente debida, con incidencia en los recursos públicos destinados al pago
de la prestación pensional. Por ello, solicita que se revise la providencia, se
restablezca la situación pensional conforme al régimen jurídico aplicable y se
ordene la devolución, pago o compensación de los mayores valores
reconocidos.
1.2 Sentencia objeto de revisión.
7. Mediante sentencia del Diecisiete (17) de marzo de Dos Mil Diecisiete
(2017), el Tribunal Administrativo de Antioquia, dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, tramitado con el Rad. Núm. 05001-33-
31-013-2012-00441-01, resolvió el recurso de apelación interpuesto por las
2 Se ponen entre comillas estos conceptos, por cuanto su atribución como emolumentos incluidos en la reliquidación
pensional constituye una imprecisión de la Universidad Nacional de Colombia –Fondo Pensional, toda vez que, de
acuerdo dispuesto por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en la sentencia objeto de revisión, se negó
expresamente su inclusión en la reliquidación.
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Demandado: Virgelina Henao Pérez
partes y modificó la sentencia del Veintidós (22) de septiembre de Dos Mil
Catorce (2014), proferida por el Juzgado Trece (13) Administrativo del Circuito
de Medellín, en relación con la reliquidación de la pensión de jubilación de la
señora María Virgelina Henao Pérez.
8. Al respecto, en la sentencia de segunda instancia se resolvió lo siguiente:
«PRIMERO. SE MODIFICA el NUMERAL TERCERO de la providencia dictada el 22
de septiembre del 2014, por el Juzgado Trece Administrativo del Circuito de Medellín,
el cual quedará así:
"TERCERO: SE ORDENA a la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín,
Fondo Pensional, proceder a efectuar una nueva liquidación de la pensión de
jubilación de la señora MARIA VIRGELINA HENAO PÉREZ identificada con la cédula
de ciudadanía número 32’314.030 de Bello Antioquia, incluyendo dentro del cálculo
de la base de liquidación, los factores salariales devengados durante los últimos diez
(10) años de servicios -atendiendo por este aspecto la sentencia SU 230 DE 2015-,
incluyendo como factores a considerar para la liquidación de la pensión, además de
los previstos en el decreto 1158 de 1994, los siguientes: bonificación por servicios,
prima de servicios, prima de vacaciones, prima de navidad, y subsidio de alimentación,
por las razones expuestas en el apartado considerativo de este proveído.
Se autoriza a UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - FONDO PENSIONAL a
descontar del retroactivo a pagar al demandante por concepto de la diferencia
pensional por inclusión de nuevos factores, los aportes correspondientes a los factores
cuya inclusión se ordena y sobre los cuales no haya efectuado la deducción legal, por
toda la vida laboral, en la proporción que corresponde al demandante, y debidamente
indexados, teniendo en cuenta los parámetros señalados en la parte motiva.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - FONDO PENSIONAL queda igualmente
autorizado para repetir contra el empleador, la proporción que a éste corresponde en
relación con los referidos aportes, por todo el tiempo de servicios del demandante con
la entidad, suma que deberá ser indexada a valor presente. Lo anterior en orden a
observar la sostenibilidad financiera en materia pensional
La reliquidación de la pensión decretada será ajustada hasta la fecha de ejecutoria de
la presente providencia, dando aplicación a la siguiente fórmula:
R = Rh x Índice Final
Índice Inicial
NIÉGUESE la inclusión del quinquenio y de la bonificación de bienestar universitario,
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia".
SEGUNDO.- CONFÍRMESE en lo demás la decisión de primera instancia.
TERCERO. - SIN COSTAS en la presente instancia.
[…]»
9. Para adoptar esta decisión, el Tribunal señaló que, la providencia de primera
instancia debía ser objeto de modificación, en cumplimiento de la sentencia de
tutela proferida el Diez (10) de noviembre de Dos Mil Dieciséis (2016), por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante la cual, se ordenó emitir una
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Número Interno: 2147-2022
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Demandado: Virgelina Henao Pérez
nueva decisión teniendo en cuenta los parámetros fijados en dicha
providencia.
10. En relación con el ingreso base de liquidación, el Tribunal consideró que,
de conformidad con la Sentencia SU-230 de 2015, de la Corte Constitucional,
las reglas para determinarlo correspondían a las previstas en el artículo 21 de
la Ley 100 de 1993, por lo que debía acudirse al promedio de los salarios o
rentas sobre los cuales se hubieren efectuado cotizaciones durante los últimos
Diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, o durante todo el
tiempo si este fuere inferior.
11. Asimismo, tuvo por acreditado que la señora María Virgelina Henao Pérez,
era beneficiaria del régimen de transición, establecido en el artículo 36 de la
Ley 100 de 1993, pues, para el momento de entrada en vigor de dicha
normativa, contaba con más de Treinta y Cinco (35) años de edad y más de
Quince (15) años de servicio. En consecuencia, consideró que su pensión
debía reconocerse con aplicación del régimen anterior respecto de los
requisitos para acceder a la prestación, pero con sujeción a las reglas de la
Ley 100 de 1993, en cuanto al ingreso base de liquidación.
12. De igual manera, el Tribunal analizó los factores salariales, que debían
integrar la base de liquidación, y concluyó que, además de los previstos en el
Decreto 1158 de 1994, podían incluirse aquellos conceptos que tuvieran
naturaleza salarial y hubieren sido devengados por la demandante durante el
período correspondiente, siempre que constituyeran una retribución directa del
servicio. En ese sentido, ordenó incluir la bonificación por servicios, la prima
de servicios, la prima de vacaciones, la prima de navidad y el subsidio de
alimentación, y autorizó el descuento de los aportes correspondientes a los
factores sobre los cuales no se hubieren efectuado las respectivas
cotizaciones.
13. Finalmente, el Tribunal negó la inclusión del quinquenio y de la bonificación
de bienestar universitario, al considerar que tales conceptos tenían origen en
acuerdos del Consejo Superior Universitario, y que su incorporación a la
liquidación pensional no resultaba procedente. Además, autorizó a la
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Demandado: Virgelina Henao Pérez
Universidad Nacional de Colombia – Fondo Pensional, a repetir contra el
empleador por la proporción de los aportes que le correspondiera asumir.
1.3 Causales de revisión invocadas.
14. La entidad accionante invocó las causales previstas en los literales a) y b)
del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, al considerar que, la sentencia objeto
de revisión, vulneró el debido proceso y reconoció una prestación periódica en
cuantía superior a la legalmente debida, al ordenar la reliquidación de la
pensión de jubilación de la señora Virgelina Henao Pérez, con base en factores
salariales respecto de los cuales, no se realizaron las correspondientes
cotizaciones y con fundamento en un período de liquidación que, a su juicio,
no fue objeto de debate en el proceso ordinario.
15. Respecto de la causal relativa a la vulneración del debido proceso, sostuvo
que, el Tribunal incurrió en una decisión ultra y extra petita, al ordenar la
reliquidación de la pensión con los factores salariales devengados durante los
últimos Diez (10) años de servicio, pese a que dicho aspecto, no habría sido
solicitado ni debatido por las partes en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho. Asimismo, afirmó que la providencia desconoció el principio de
congruencia, al resolver sobre una materia que excedía los términos en que
fue planteada la controversia.
16. Señaló, además, que la decisión cuestionada careció de una adecuada
motivación frente a los aspectos que sustentaron la reliquidación pensional y
desconoció el derecho de defensa de la entidad, al imponer una obligación
económica derivada de factores y períodos que, según afirma, no fueron objeto
de discusión dentro del proceso.
17. Por otra parte, frente a la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de
la Ley 797 de 2003, adujo que la sentencia reconoció una prestación superior
a la legalmente debida, al ordenar la reliquidación pensional con base en los
últimos diez (10) años de servicio y con inclusión de factores sobre los cuales
no se efectuaron cotizaciones. En ese sentido, sostuvo que, la decisión
desconoció las reglas establecidas por la Corte Constitucional y el Consejo de
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Estado respecto del ingreso base de liquidación de los beneficiarios del
régimen de transición.
18. En particular, afirmó que, si bien a la señora Virgelina Henao Pérez, le
resultaba aplicable el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley
100 de 1993, este no comprendía las reglas relativas al ingreso base de
liquidación, razón por la cual, este debía determinarse conforme a las
disposiciones de la Ley 100 de 1993 y del Decreto 1158 de 1994. Asimismo,
cuestionó la inclusión de factores salariales, respecto de los cuales no se
realizaron aportes al sistema pensional.
19. Finalmente, la entidad accionante sostuvo que, el reconocimiento de una
mesada superior a la legalmente procedente generó un detrimento de los
recursos públicos a cargo del Fondo Pensional de la Universidad Nacional de
Colombia y comprometió la sostenibilidad financiera del sistema pensional, por
lo que solicitó que se declare fundada la acción de revisión y se deje sin efectos
la providencia cuestionada.
1.4 Contestación de la demanda de revisión.
20. Mediante auto del Quince (15) de noviembre de Dos Mil Veinticuatro
(2024)3, el despacho sustanciador admitió la acción especial de revisión
promovida por la Universidad Nacional de Colombia – Fondo Pensional contra
la sentencia proferida el Diecisiete (17) de marzo de Dos Mil Diecisiete (2017)
por el Tribunal Administrativo de Antioquia y negó la medida cautelar solicitada
por la entidad accionante, consistente en la suspensión de los efectos de la
providencia objeto de revisión. Asimismo, ordenó notificar a la señora Virgelina
Henao Pérez y al Ministerio Público para que contestaran la acción y solicitaran
las pruebas que consideraran pertinentes.
21. Mediante auto del Diez (10) de junio de Dos Mil Veintiséis (2026) 4, el
despacho sustanciador advirtió que, la señora Virgelina Henao Pérez, fue
notificada del auto admisorio el Veintiocho (28) de enero de Dos Mil Veinticinco
(2025), sin que presentara escrito de contestación dentro del término
3
Índice No. 00007 de Samai.
4
Índice No. 00013 de Samai.
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Demandado: Virgelina Henao Pérez
concedido, motivo por el cual, tuvo por no contestada la acción especial de
revisión. En la misma providencia, tuvo como pruebas los documentos
aportados con la demanda y, de oficio, decretó el expediente correspondiente
al proceso ordinario, para lo cual ordenó requerir al Juzgado Trece (13)
Administrativo de Medellín. Finalmente, dispuso correr traslado de las pruebas
a las partes y al Ministerio Público y, una vez cumplido lo anterior, ingresar el
expediente al despacho para fallo.
1.5 Concepto del Ministerio Público5.
22. El representante del Ministerio Público se abstuvo de rendir concepto.
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia.
23. La Sala de Subsección es competente para conocer y decidir la presente
acción, según lo previsto en los artículos 249 del CPACA6 y 20 de la Ley 797
de 20037, en concordancia con lo previsto en el artículo 13 del reglamento de
esta Corporación, contenido en el Acuerdo 080 del doce (12) de marzo de dos
mil diecinueve (2019)8.
2.2 Oportunidad.
24. En punto de la oportunidad de la acción especial de revisión, se tiene que
la sentencia objeto de revisión fue proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia el Diecisiete (17) de marzo de Dos Mil Diecisiete (2017) y notificada
por estado el Veintiuno (21) de marzo de la misma anualidad, por lo que cobró
ejecutoria el Veintinueve (29) de marzo de Dos Mil Diecisiete (2017), según
consta en la certificación expedida por la Secretaría del Juzgado Treinta y Dos
5
Índice No. 00014 de Samai.
6
«[…] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos
conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. […]»
7
«Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al
tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de
cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con
sus competencias»
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«Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».
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Demandado: Virgelina Henao Pérez
(32) Administrativo del Circuito de Medellín9. De tal suerte que, el término de
caducidad previsto en el inciso final del artículo 251 de la Ley 1437 de 2011
corrió entre el Veintinueve (29) de marzo de Dos Mil Diecisiete (2017) y el
Veintinueve (29) de marzo de Dos Mil Veintidós (2022).
25. En el caso concreto, se advierte que, la acción especial de revisión fue
presentada el Veintinueve (29) de marzo de Dos Mil Veintidós (2022), esto es,
dentro del término de cinco (5) años previsto en el inciso final del artículo 251
de la Ley 1437 de 2011, para su interposición, motivo por el cual fue
presentada oportunamente.
2.3 Problema jurídico.
26. Corresponde a la Sala, establecer lo siguiente:
27. ¿La sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia el
Diecisiete (17) de marzo de Dos Mil Diecisiete (2017), mediante la cual, se
modificó la decisión adoptada el Veintidós (22) de septiembre de Dos Mil
Catorce (2014), por el Juzgado Trece (13) Administrativo del Circuito de
Medellín, cuya revisión se pretende, está incursa en las causales de revisión
consagradas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003? Con
tal fin, se debe verificar:
27.1 ¿La sentencia cuestionada vulneró el debido proceso de la
Universidad Nacional de Colombia – Fondo Pensional, al ordenar la
reliquidación de la pensión de jubilación de la señora Virgelina Henao
Pérez, con los factores salariales devengados durante los últimos diez
(10) años de servicio, pese a que, según la entidad accionante, dicho
período no fue solicitado ni debatido en el proceso ordinario, y al adoptar
una decisión ultra y extra petita que desconoció el principio de
congruencia y el derecho de defensa?
27.2 ¿Como consecuencia de ello, la cuantía de la prestación
reconocida excedió lo debido de acuerdo con la ley, en los términos del
9
Índice No. 00020 de Samai – Folio 565 y 566.
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literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, al ordenarse la
reliquidación de la pensión de jubilación, con inclusión de la bonificación
por servicios, la prima de servicios, la prima de vacaciones, la prima de
navidad y el subsidio de alimentación, respecto de los cuales, según la
entidad accionante, no se efectuaron las correspondientes cotizaciones,
y con fundamento en un período de liquidación que no correspondía al
régimen legal aplicable?
28. Con el propósito de desatar el problema jurídico planteado, se abordarán
los siguientes capítulos: 2.4) el marco normativo y jurisprudencial de la acción
especial de revisión; 2.5) el caso concreto; y 2.6) la condena en costas.
2.4 Marco normativo y jurisprudencial.
2.4.1 Acción especial de revisión de la Ley 797 de 2003: objeto y alcance.
29. El artículo 20 de la Ley 797 de 2003, instituyó una acción especial de
revisión de providencias judiciales, de la siguiente manera:
«Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del
tesoro público o de fondos de naturaleza pública. Las providencias
judiciales que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al
tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas
periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas
por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus
competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor
General de la República o del Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una
transacción o conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso
extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse por las
causales consagradas para este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso,
y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo
con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»
30. Dicha acción, entonces, está orientada a restablecer la justicia material10 y
comporta una herramienta excepcional que se opone a los principios de cosa
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Ver Corte Constitucional, Sala Plena; sentencia C-450 de 16 de julio de 2015.
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juzgada y seguridad jurídica, razón por la cual, esta Corporación ha sostenido
que «sólo debe admitirse frente a un fin legítimo, que en estos asuntos es determinar si el
reconocimiento pensional se hizo con violación al debido proceso o, si como en este caso se
invoca, la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley» 11.
31. Por tanto, las causales que el legislador prevé como únicas para superar y
quebrar la seguridad jurídica que se deriva de una sentencia judicial, en caso
de su prosperidad, atienden a circunstancias específicas y objetivas, que no
corresponden a un cuestionamiento de valoraciones de tipo jurídico, fáctico o
probatorio, adelantado por el juzgador en el proceso que dio lugar a la decisión
cuestionada. Por ello, no puede utilizarse este medio impugnativo, so pretexto
de reabrir el debate jurídico o revivir una valoración probatoria, que fue
realizada por el juez de instancia.
32. De forma consistente, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha
precisado que, la rigurosidad de esta clase de asuntos, no permite que el
juzgador se aproxime a alguna causal que no fue debidamente planteada y
soportada, ni tampoco permite convertir esta vía en una tercera instancia, pues
ello desnaturalizaría la función de esta clase de instrumentos extraordinarios12.
33. Finalmente, resulta necesario aclarar que la adopción del trámite propio de
la acción especial de revisión establecido en el CPACA, no significa, como lo
explicó la Sala Especial de Decisión 25 de esta Colegiatura, en sentencia del
cuatro (4) de junio de 2019, «que la acción especial contenida en esa normativa y el
referido recurso sean equiparables jurídicamente, sino solo que el trámite 13 […] pues esta
acción especial “tiene un carácter sui generis 14, dado que, más allá de que pueda infirmar una
11
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia de 1° de agosto de 2024; consejero ponente: Rafael
Francisco Suárez Vargas.
12
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, 24 de
febrero de 2004, exp. 15001-03-15-000-00793-00 y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,
C.P. Alberto Yepes Barreiro, 26 de febrero de 2013, exp. 15001-03-15-000-01027-00.
13
Esta Corporación ha indicado que con la demanda de revisión se inicia una instancia con trámite propio y diferentes
etapas procesales que culminan con un fallo definitorio sobre la legalidad de la sentencia ejecutoriada, conclusión
que la ha llevado a concluir que el recurso extraordinario de revisión constituye un nuevo proceso o inclusive una
acción o medio de control más. Ver: Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto de 12 de agosto de 2014 [Rad.
11001-03-15-000-2013-02110-00]. MP. Bertha Lucía Ramírez de Páez; Salas Especiales de Decisión No. 22 y 25.
Sentencias de 3 de marzo de2015 [Rad. 11001-03-15-000-2014-00579-00 (REV)]. MP. Alberto Yepes Barreiro [Rad.
11001-03-15-000-2012-01776-00 (REV)]. MP. (E) Hernán Andrade Rincón. La Corte Constitucional, en el marco de
la acción especial revisión, ha aceptado que esta se realiza a través de una demanda sometida a las formalidades y
requisitos del recurso extraordinario de revisión. Ver: Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo
Rentería.
14
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería. En esta providencia se
indicó, como una novedad del artículo 20 de la Ley 797/03, que la acción especial o “sui generis” de revisión procedía
no solo contra sentencias sino también contra los actos contentivos de transacciones o conciliaciones judiciales o
12
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sentencia ejecutoriada –al igual que el recurso extraordinario de revisión –, presenta unas
particularidades que le otorgan una entidad propia 15», tal como el análisis que sobre su
configuración realiza el juez de esta acción16.
2.4.2 Alcance de la causal prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003 - Reconocimiento pensional obtenido con violación del
debido proceso.
34. Conforme al contenido del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
las providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimientos,
que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública, la obligación
de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza,
podrán ser revisadas por esta Corporación, en los casos que sean de su
competencia, cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al
debido proceso.
35. Así, en asuntos de similares contornos fácticos, en cuanto a los elementos
esenciales que integran el derecho fundamental al debido proceso, la Sala 22
Especial de Revisión de esta Colegiatura ha señalado17:
«Al respecto, la Sala precisa que el derecho fundamental al debido proceso,
consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, es una garantía para
equilibrar la relación autoridad - libertad que surge entre el Estado y los
asociados, y está prevista en favor de las partes y de los terceros interesados en
una actuación administrativa o judicial.
Según la norma en comento, el debido proceso comprende fundamentalmente
tres grandes elementos:
i) El derecho al juez natural o funcionario competente;
ii) El derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o
procedimiento, esto es, conforme con las normas procesales dictadas
para impulsar la actuación judicial o administrativa; y
iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el
derecho a ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción de
inocencia, el derecho a la defensa técnica, el derecho a un proceso
extrajudiciales, con base en las causales generales y el trámite previsto para el recurso extraordinario de revisión en
el CCA – hoy en el CPACA –. Agregó que las dos (2) causales especiales introducidas por esa norma sólo se
predicaban únicamente respecto de las sentencias.
15
Esta Corporación ha destacado que las particularidades de la acción especial de revisión le otorgan una entidad
propia, reflejada principalmente en la legitimación por activa calificada y su finalidad. Ver: Sección Segunda. Auto de
27 de marzo de 2014 [Rad. 11001-03-25-000-2012-00561-00(2129-12)]. MP. Gerardo Arenas Monsalve, y [sA]
sentencia de 17 de mayo de 2018 [Rad. 11001-03-25-000-2014-00665-00(2074-14)]. MP. William Hernández Gómez.
16
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, Exp. 2014-02013-00. M.P. Dra. Marta Nubia Velásquez Rico.
17
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Revisión; sentencia de 5 de
febrero de 2019; expediente 11001-03-15-000-2018-01884-00; consejero ponente: Alberto Yepes Barreiro.
13
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público y sin dilaciones, el derecho a que se produzca una decisión
motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garantía de non bis in
ídem.»
36. Igualmente, sobre el contenido y alcance de la aludida causal de revisión,
esta Sección ha sostenido que «es necesario que se exponga la vulneración del derecho
al debido proceso en relación con los núcleos esenciales que lo componen» 18 y «la parte
interesada debe promover la acción especial de revisión y aportar los elementos sobre los
cuales estructura su petición»19.
2.4.3 Alcance de la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003 - Ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas
de acuerdo con el régimen de transición dispuesto en la Ley 100 de 1993.
37. La causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003
dispone que «cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo
con la ley, pacto, o convención colectiva que le eran legalmente aplicables» , es decir,
cuando la sentencia reconoce una prestación por un monto que no
corresponde a lo legal o convencionalmente procedente.
38. Ahora bien, en asuntos como el que nos ocupa, la inconformidad de la
recurrente se funda en la falta de aplicación de las reglas establecidas por la
Corte Constitucional en las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-
427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017, a partir de las cuales se
advierte que el ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas al
amparo del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, es el previsto en el
inciso tercero del artículo 36 de dicha norma, pues aquel no hace parte de los
beneficios que éste otorga.
39. No obstante, el estado del arte normativo y jurisprudencial con respecto a
la interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, revela que la
controversia no se agota en la simple confrontación de las normas aplicables
y la sentencia revisada, sino que impone un análisis más detallado y
cuidadoso. En efecto, se tiene que, antes de la entrada en vigor de la Ley 100
de 1993, los requisitos y condiciones generales para acceder a la pensión de
18
Consejo de Estado, Sección Segunda - Subsección B; sentencia de 30 de mayo de 2024; expediente: 11001-03-
25-000-2019-00728-00 (5558-2019); consejero ponente Juan Enrique Bedoya Escobar.
19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del
Diecisiete (17) de marzo de Dos Mil Veintidós (2022), C. P. César Palomino Cortés, Rad. 11001-03-25-000-2013-
01293-00 (3283-2013.
14
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Demandado: Virgelina Henao Pérez
jubilación, por parte de los servidores públicos, se encontraban contenidas en
la Ley 33 de 1985, norma que tenía previsto que todo «empleado oficial» que
acumulara 20 años de servicio y llegara a los 55 años de edad, tendría derecho
al reconocimiento y pago de «una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al
setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes
durante el último año de servicio».
40. Así, aunque la Ley 100 de 1993 supuso el establecimiento de unas nuevas
reglas, con arreglo a las cuales resulta posible causar el derecho a devengar
una pensión, el Legislador previó la posibilidad de acceder a un régimen de
transición, en los términos señalados en el artículo 36 de la norma en
cuestión20, aludiendo a los componentes de edad, tiempo de servicios y monto
de la pensión, a efectos de proteger las expectativas legítimas de las personas
próximas a pensionarse.
41. Dicho articulado no siempre fue interpretado de manera uniforme, motivo
por el cual la Sección Segunda de esta Corporación, en la sentencia de
unificación proferida el cuatro (4) de agosto de dos mil diez (2010)21, acogió el
principio de inescindibilidad, conforme al cual dispuso que, a los beneficiarios
del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, les debía ser aplicada, en su
totalidad, la normativa de la cual eran destinatarios al momento en que esta
entró en vigor, y concluyó que: «(…) la Ley 33 de 1985 no indicó en forma taxativa los
factores salariales que conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos están
simplemente enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el
trabajador durante el último año de prestación de servicios».
42. Tal interpretación permaneció invariable hasta la expedición de la
sentencia SU-230 de 2015, en la que la Corte Constitucional modificó el
20
«ARTICULO. 36.- Régimen de transición. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y
cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se
incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.
La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de
la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el sistema tengan treinta y cinco (35) o
más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de
servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones
y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones
contenidas en la presente ley. El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso
anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el
tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta fuese igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la
presente ley, el ingreso base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años,
para los trabajadores del sector privado y de un (1) año para los servidores públicos. […]»
21
Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia de Unificación de 4 de agosto de 2010. Radicación: 0112-2009.
Demandante: Luis Mario Velandia. Demandado: Cajanal. Magistrado ponente: Víctor Hernán Alvarado Ardila.
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sentido de su jurisprudencia referente al inciso tercero del artículo 36 de la Ley
100 de 1993, y precisó que el ingreso base de liquidación no es un elemento
del régimen de transición previsto en el artículo 36 ibídem y, por tal razón,
dichas pensiones deben ser liquidadas calculando el porcentaje previsto a
manera de monto por el régimen anterior, sobre el ingreso base de liquidación
previsto en la Ley 100 de 1993.
43. La postura antedicha generó una divergencia interpretativa que sólo fue
superada con la emisión de la sentencia de unificación jurisprudencial del
veintiocho (28) de agosto de 201822, en la cual la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo modificó la postura que sostenía la Sección Segunda, en los
siguientes términos:
«[…] 92. De acuerdo con lo expuesto, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo sienta la siguiente regla jurisprudencial: “El Ingreso Base de
Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace
parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del
mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de
reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985”.
93. Para este grupo de beneficiarios del régimen de transición y para efectos de
liquidar el IBL como quedó planteado anteriormente, el Consejo de Estado fija
las siguientes subreglas:
94. La primera subregla es que para los servidores públicos que se pensionen
conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985, el periodo para liquidar la
pensión es:
• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el
ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el
tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo,
el que fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del
Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el
promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado
durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión,
actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al
consumidor, según certificación que expida el DANE.
[…] 96. La segunda subregla es que los factores salariales que se deben incluir
en el IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la
transición son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes
o cotizaciones al Sistema de Pensiones […]».
44. En consecuencia, si bien es cierto que la jurisprudencia en vigor de la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado prevé que el ingreso base de liquidación
22
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 28 de agosto de 2018, Expediente
52001-23-33-000-2012-00143-01, C.P. Dr. César Palomino Cortés.
16
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no es un elemento integrante del régimen de transición previsto en la Ley 100
de 1993, también lo es que, con antelación a la emisión del citado fallo de
veintiocho (28) de agosto de dos mil dieciocho (2018), la posición unificada del
Máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo era distinta, postura que,
con pleno sustento legal y constitucional, acogieron no pocos juzgados y
tribunales administrativos del país a la hora de proferir sus decisiones.
45. Dicha situación no fue desatendida en la sentencia de unificación del
veintiocho (28) de agosto de dos mil dieciocho (2018) y, con el objeto de
clarificar la aplicación de las reglas jurisprudenciales fijadas, se establecieron
los efectos de la decisión de la siguiente manera:
«[…] 115. La Sala Plena de esta Corporación, por regla general, ha dado
aplicación al precedente en forma retrospectiva, método al que se acudirá en
esta sentencia, disponiendo que las reglas jurisprudenciales que se fijaron en
este pronunciamiento se aplican a todos los casos pendientes de solución tanto
en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo
los casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio
de seguridad jurídica, resultan inmodificables.
116. Para la Sala, los efectos que se dan a esta decisión garantizan la seguridad
jurídica y dan prevalencia a los principios fundamentales de la Seguridad Social,
por ello no puede invocarse el principio de igualdad, so pretexto de solicitar la no
aplicación de esta sentencia.
117. No puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de
unificación las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el
régimen de transición, con fundamento en la tesis que sostenía la Sección
Segunda del Consejo de Estado, lo fueron con abuso del derecho o fraude
a la ley; de manera que si se llegare a interponer un recurso extraordinario
de revisión contra una sentencia que haya reconocido una pensión bajo
esa tesis, será el juez, en cada caso, el que defina la prosperidad o no de la
causal invocada […]».
46. Así las cosas, en punto a concretar el alcance de la causal prevista en el
literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, en aquellos casos en los que,
en el marco de interpretación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100
de 1993, se acusa una determinada providencia judicial de ordenar la
liquidación de una pensión en una cuantía que excede lo que legalmente
corresponde, conforme a la copiosa jurisprudencia de esta Corporación, es
viable compilar las siguientes subreglas de aplicación normativa:
a. El cambio jurisprudencial adoptado con la sentencia de unificación jurisprudencial
de 28 de agosto de 2018 23 no configura, por sí solo, infracción de las normas
23
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 28 de agosto de 2018, Expediente
núm. 52001-23-33-000-2012-00143-01, C.P. Dr. César Palomino Cortés.
17
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pensionales que fijan el ingreso base de las pensiones reconocidas en virtud del
régimen de transición de la Ley 100 de 1993.
b. Las sentencias proferidas con antelación a la ejecutoria de la providencia de
unificación jurisprudencial de 28 de agosto de 2018 24 en las que se hubiere
preferido dar aplicación a la posición de unificación impuesta por esta Corporación
con fallo de 4 de agosto de 2010 y no así a la tesis expuesta en sentencia SU-230
de 2015 no contravienen, por ese solo hecho, las normas que rigen el
reconocimiento de pensiones al amparo del régimen de transición del artículo 36
de la Ley 100 de 1993.
c. En todo caso, corresponde al juez de revisión establecer, de acuerdo con las
particularidades de cada caso, si la sentencia objetada hizo posible el
reconocimiento de una pensión con abuso del derecho o fraude a la ley, en la
medida que la cuantía excedió el límite legal.
47. Bajo ese entendimiento, el análisis en sede de revisión, no se agota en la
verificación de la postura jurisprudencial aplicada en la sentencia cuestionada,
sino que exige constatar, en el caso concreto, si la liquidación pensional
reconocida desbordó los parámetros legales, de manera tal, que configure un
reconocimiento indebido de la prestación en cuantía superior a la permitida por
el ordenamiento.
48. Así las cosas, en atención al derrotero jurisprudencial citado en torno al régimen
de transición, se procede a resolver el asunto objeto de revisión.
2.5 Caso concreto.
49. Descendiendo al asunto sometido a consideración de la Sala, se observa
que, la Universidad Nacional de Colombia – Fondo Pensional, sostiene que la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, el Diecisiete
(17) de marzo de Dos Mil Diecisiete (2017), incurrió en las causales previstas
en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, toda vez que
ordenó reliquidar la pensión de jubilación, de la señora Virgelina Henao Pérez,
con fundamento en los factores salariales devengados durante los últimos diez
(10) años de servicio, pese a que, según afirma, dicho período no fue objeto
de debate en el proceso ordinario y sobre algunos de los conceptos incluidos
no se habían efectuado cotizaciones.
24
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 28 de agosto de 2018, Expediente
núm. 52001-23-33-000-2012-00143-01, C.P. Dr. César Palomino Cortés.
18
Número Interno: 2147-2022
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Demandado: Virgelina Henao Pérez
50. Conforme quedó expuesto en el acápite precedente, la acción especial de
revisión, constituye un mecanismo extraordinario y excepcional, cuya finalidad
no consiste en reabrir el debate jurídico o probatorio agotado ante el juez
natural, sino en establecer si la providencia cuestionada se encuentra incursa
en alguna de las causales taxativamente previstas en el artículo 20 de la Ley
797 de 2003. En consecuencia, la Sala debe verificar, a partir de las
circunstancias particulares del asunto, si el reconocimiento pensional fue
obtenido con vulneración del debido proceso o si la cuantía reconocida excedió
lo legalmente debido.
51. En primer lugar, la Sala debe señalar que, la sentencia objeto de revisión
fue proferida el Diecisiete (17) de marzo de Dos Mil Diecisiete (2017), esto es,
con posterioridad a la Sentencia SU-230 de 2015 de la Corte Constitucional,
en la cual se precisó que, el ingreso base de liquidación no constituye un
elemento integrante del régimen de transición, previsto en el artículo 36 de la
Ley 100 de 1993 y que, por tanto, su determinación debe sujetarse a las reglas
previstas en dicha normativa.
52. En efecto, el Tribunal Administrativo de Antioquia, hizo expresa referencia
a la Sentencia SU-230 de 2015 y, con fundamento en ella, consideró que el
ingreso base de liquidación debía establecerse conforme al artículo 21 de la
Ley 100 de 1993, esto es, con el promedio de los salarios o rentas sobre los
cuales se hubieren efectuado cotizaciones durante los últimos diez (10) años
anteriores al reconocimiento de la pensión, o durante todo el tiempo si este
fuere inferior. En consecuencia, no se advierte que la providencia cuestionada
hubiera aplicado, en cuanto al período de liquidación, la tesis que había sido
sostenida por la Sección Segunda de esta Corporación en la sentencia de
unificación del Cuatro (4) de agosto de Dos Mil Diez (2010).
53. Esta circunstancia, resulta relevante para el análisis de la causal prevista
en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, pues la sentencia de
unificación proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el
Veintiocho (28) de agosto de Dos Mil Dieciocho (2018), aunque modificó la
posición jurisprudencial que había sostenido esta Corporación, respecto del
ingreso base de liquidación, de los beneficiarios del régimen de transición,
estableció que, el cambio jurisprudencial no constituye, por sí solo, razón
19
Número Interno: 2147-2022
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Demandado: Virgelina Henao Pérez
suficiente para infirmar una sentencia ejecutoriada. Por consiguiente, el juez
de revisión debe determinar, en cada caso, si la prestación reconocida excedió
efectivamente los límites establecidos por el ordenamiento jurídico25.
54. En el presente asunto, entonces, no basta con afirmar que la sentencia
objeto de revisión, reconoció la pensión con fundamento en los últimos diez
(10) años de servicio, pues ese criterio correspondía a la interpretación
acogida por el Tribunal, a partir de la Sentencia SU-230 de 2015 y, además,
coincide con la regla posteriormente, adoptada por la Sala Plena de esta
Corporación, en la sentencia de unificación del Veintiocho (28) de agosto de
Dos Mil Dieciocho (2018). Por ello, la controversia debe concentrarse en
determinar si los factores incorporados a la liquidación y la forma en que se
ordenó efectuar los correspondientes aportes dieron lugar a un reconocimiento
superior al legalmente debido.
55. Sobre este particular, la Sala advierte que, el Tribunal Administrativo de
Antioquia, ordenó incluir, además de los factores previstos en el Decreto 1158
de 1994, la bonificación por servicios, la prima de servicios, la prima de
vacaciones, la prima de navidad y el subsidio de alimentación. Al mismo
tiempo, autorizó expresamente a la Universidad Nacional de Colombia –
Fondo Pensional, para descontar del retroactivo los aportes correspondientes
a los factores cuya inclusión se ordenó y sobre los cuales no se hubiere
efectuado la deducción legal, por toda la vida laboral y en la proporción
correspondiente a la pensionada. Igualmente, autorizó a la entidad para repetir
contra el empleador por la proporción de los aportes que le correspondiera
asumir.
56. Así las cosas, contrario a lo sostenido por la entidad accionante, la
sentencia revisada, no dispuso la inclusión de los factores salariales
prescindiendo de la obligación de efectuar las correspondientes cotizaciones.
Por el contrario, estableció expresamente un mecanismo para que los aportes
que no hubieren sido realizados fueran descontados y, en lo que
correspondiera, fueran asumidos por el empleador. Esta previsión resulta
25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del Cuatro
(4) de junio de Dos Mil Veintiséis (2026), Rad. 11001-03-25-000-2019-00779-00 (5891-2019), C.P. Jorge Edison
Portocarrero Banguera; y sentencia del Diecisiete (17) de julio de Dos Mil Veintiséis (2026), Rad. 11001-03-25-000-
2020-00850-00 (2578-2020), C.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.
20
Número Interno: 2147-2022
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Demandado: Virgelina Henao Pérez
relevante, pues demuestra que la decisión judicial no desconoció, por sí
misma, la correspondencia entre las cotizaciones y la prestación reconocida.
57. Lo anterior, además, encuentra respaldo en la actuación desplegada por
la propia Universidad Nacional de Colombia – Fondo Pensional, para dar
cumplimiento al fallo. En efecto, mediante la Resolución FP-0112 del
Diecinueve (19) de abril de Dos Mil Dieciocho (2018), la entidad efectuó la
reliquidación ordenada judicialmente y determinó los descuentos
correspondientes a los factores respecto de los cuales no se habían realizado
los aportes pensionales.
58. En particular, el acto administrativo de cumplimiento identificó los factores
incluidos en la reliquidación y estableció los descuentos retroactivos
correspondientes, entre otros, respecto del subsidio de alimentación, la prima
de servicios, la prima de vacaciones y la prima de navidad. Asimismo, efectuó
la liquidación de los aportes destinados al Fondo de Solidaridad Pensional, de
acuerdo con los períodos y factores considerados para la reliquidación. De
esta manera, la propia entidad accionante materializó el mecanismo de
compensación previsto en la sentencia objeto de revisión, así:
21
Número Interno: 2147-2022
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Demandado: Virgelina Henao Pérez
59. En cuanto a los factores salariales, la entidad accionante no solo cuestiona
la falta de cotización previa sobre algunos de ellos, sino también su naturaleza
salarial para efectos pensionales. Al respecto, la Sala advierte que, el Tribunal
Administrativo de Antioquia, examinó la naturaleza de los conceptos discutidos
y concluyó que, podían integrar la base de liquidación aquellos que tuvieran
carácter salarial y constituyeran una retribución directa del servicio. Con
fundamento en ese análisis, ordenó incluir la bonificación por servicios, la
prima de servicios, la prima de vacaciones, la prima de navidad y el subsidio
de alimentación, y negó expresamente la inclusión del quinquenio y de la
bonificación de bienestar universitario.
60. Por tanto, la inconformidad de la Universidad Nacional de Colombia –
Fondo Pensional, frente a la naturaleza salarial de los conceptos incluidos
constituye, en esencia, un cuestionamiento al criterio jurídico adoptado por el
Tribunal, para determinar los factores que debían integrar la base de
liquidación. Tal discrepancia no demuestra, por sí misma, que la sentencia
hubiera reconocido una prestación en cuantía superior a la legalmente debida,
ni permite estructurar la causal especial de revisión por vulneración del debido
proceso.
61. A lo anterior, se suma que, la sentencia objeto de revisión, no dispuso la
inclusión de los factores salariales prescindiendo de las cotizaciones
correspondientes. Por el contrario, autorizó expresamente a la Universidad
Nacional de Colombia – Fondo Pensional, para descontar del retroactivo los
aportes correspondientes a los factores cuya inclusión ordenó y sobre los
cuales no se hubiera efectuado la deducción legal, así como para repetir contra
el empleador por la proporción de los aportes a su cargo.
62. Esta previsión fue efectivamente aplicada por la entidad accionante. En
efecto, mediante la Resolución FP-0112 del Diecinueve (19) de abril de Dos
Mil Dieciocho (2018), la Universidad efectuó la reliquidación ordenada
judicialmente y determinó los descuentos correspondientes a los factores
respecto de los cuales, no se habían realizado los aportes pensionales. De
esta manera, la propia actuación administrativa de cumplimiento, evidencia
que la inclusión de los factores, estuvo acompañada del mecanismo previsto
para obtener las cotizaciones correspondientes.
22
Número Interno: 2147-2022
Demandante: Universidad Nacional de Colombia – Fondo pensional
Demandado: Virgelina Henao Pérez
63. Al respecto, la Sala considera que, la sola circunstancia que, el Tribunal
hubiera precisado el período de liquidación de la prestación, no permite
concluir, por sí misma, que se hubiera configurado una vulneración del debido
proceso. Para que prospere esta causal es necesario demostrar una
afectación real de alguna de las garantías que integran ese derecho
fundamental, y no simplemente una discrepancia de la entidad con el alcance
jurídico dado por el juez natural a las pretensiones y a las normas aplicables.
64. En el presente caso, además, la determinación adoptada por el Tribunal,
no obedeció a una actuación arbitraria o carente de sustento jurídico, sino que
estuvo precedida por el análisis del régimen de transición aplicable a la señora
Virgelina Henao Pérez y por la aplicación expresa de la Sentencia SU-230 de
2015, en relación con las reglas que debían regir la determinación del ingreso
base de liquidación. En consecuencia, la inconformidad planteada por la
entidad accionante se dirige, en realidad, contra el criterio jurídico adoptado
por el juez ordinario, circunstancia que no resulta suficiente para estructurar la
causal especial de revisión por vulneración del debido proceso.
65. Tampoco advierte la Sala que, la sentencia objeto de revisión, hubiera
reconocido factores completamente ajenos a la realidad salarial de la
pensionada. Por el contrario, la decisión identificó de manera concreta la
bonificación por servicios, la prima de servicios, la prima de vacaciones, la
prima de navidad y el subsidio de alimentación, y negó expresamente la
inclusión del quinquenio y de la bonificación de bienestar universitario. De esta
manera, el Tribunal delimitó los conceptos que debían integrar la reliquidación
y excluyó aquellos respecto de los cuales consideró improcedente su
incorporación.
66. En consecuencia, la Sala no encuentra acreditada la vulneración del
debido proceso alegada por la Universidad Nacional de Colombia – Fondo
Pensional. La sentencia fue proferida por el juez natural de la controversia,
dentro del proceso correspondiente, con fundamento en las normas y criterios
jurisprudenciales que consideró aplicables, y la decisión de reliquidar la
prestación con el período de referencia señalado no evidencia, por sí misma,
una afectación del núcleo esencial del derecho de defensa.
23
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67. Igual conclusión se impone frente a la causal prevista en el literal b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003. La entidad accionante no acreditó que la
cuantía de la prestación reconocida hubiera excedido efectivamente lo debido
de acuerdo con la ley. Su argumento parte, principalmente, de cuestionar el
período de liquidación utilizado y la inclusión de factores sobre los cuales
inicialmente no se habían efectuado cotizaciones; sin embargo, el primero de
esos aspectos fue definido por el Tribunal con fundamento en la Sentencia SU-
230 de 2015 y, respecto del segundo, la providencia dispuso expresamente la
realización de los descuentos correspondientes.
68. Sobre este particular, debe precisarse que, la sentencia del Diecisiete (17)
de marzo de Dos Mil Diecisiete (2017), no fue proferida de manera aislada,
sino en cumplimiento de la sentencia de tutela dictada el Diez (10) de
noviembre de Dos Mil Dieciséis (2016), por la Sección Quinta del Consejo de
Estado, mediante la cual, se dejó sin efecto la anterior decisión del Tribunal y
se ordenó emitir una nueva providencia atendiendo los parámetros fijados en
dicha tutela. En cumplimiento de esa orden, el Tribunal volvió a examinar el
asunto y, en relación con el ingreso base de liquidación, aplicó expresamente
la Sentencia SU-230 de 2015 y el artículo 21 de la Ley 100 de 1993.
69. En ese contexto, la determinación del período de liquidación, no obedeció
a una actuación arbitraria o sorpresiva del Tribunal, sino al cumplimiento de
una orden judicial, que imponía la emisión de una nueva decisión y al análisis
del régimen pensional que consideró aplicable. Por ello, la sola circunstancia
que el Tribunal, hubiera precisado el período de liquidación con referencia a
los últimos diez (10) años, no permite concluir que se hubiera vulnerado el
debido proceso o desconocido el derecho de defensa de la entidad accionante.
70. Debe agregar la Sala que, la circunstancia que, determinados factores no
hubieran sido objeto de cotización al momento del reconocimiento inicial no
significa, por sí sola, que la reliquidación ordenada haya producido un
reconocimiento pensional contrario al ordenamiento jurídico, cuando la propia
sentencia judicial estableció el mecanismo para obtener los aportes omitidos y
la entidad encargada de ejecutarla efectivamente procedió a determinar y
descontar dichos valores.
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Número Interno: 2147-2022
Demandante: Universidad Nacional de Colombia – Fondo pensional
Demandado: Virgelina Henao Pérez
71. Por tanto, no se encuentra demostrado que, la señora Virgelina Henao
Pérez, hubiera obtenido, como consecuencia de la sentencia proferida el
Diecisiete (17) de marzo de Dos Mil Diecisiete (2017), una prestación
manifiestamente superior a la legalmente debida. Tampoco se acreditó que el
fallo hubiera sido obtenido mediante la vulneración del debido proceso de la
Universidad Nacional de Colombia – Fondo Pensional.
72. Siendo así las cosas, la Sala concluye que, la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, el Diecisiete (17) de marzo de Dos Mil
Diecisiete (2017), no incurrió en las causales previstas en los literales a) y b)
del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, razón por la cual la acción especial de
revisión no está llamada a prosperar. En consecuencia, se mantendrá
incólume la providencia objeto de este mecanismo extraordinario.
2.6 Condena en costas.
73. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA, no se dispondrá
sobre la condena en costas, dada la naturaleza del asunto, lo cual, releva de
hacer el estudio de los demás presupuestos establecidos en tal artículo.
2.7 Conclusiones.
74. La Sala concluye que, no se acreditaron las causales de revisión previstas
en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, pues no se
demostró la vulneración del debido proceso de la Universidad Nacional de
Colombia – Fondo Pensional, ni que la sentencia cuestionada hubiera
reconocido una prestación en cuantía superior a la legalmente debida. Por
tanto, la acción especial de revisión, no está llamada a prosperar y se
mantendrá incólume la providencia objeto de revisión.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
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Número Interno: 2147-2022
Demandante: Universidad Nacional de Colombia – Fondo pensional
Demandado: Virgelina Henao Pérez
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADA la acción especial de revisión
interpuesta por la Universidad Nacional de Colombia – Fondo Pensional,
contra la sentencia proferida el Diecisiete (17) de marzo de Dos Mil Diecisiete
(2017), por el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la cual, se
modificó y confirmó parcialmente la sentencia dictada el Veintidós (22) de
septiembre de Dos Mil Catorce (2014), por el Juzgado Trece (13)
Administrativo del Circuito de Medellín, dentro del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho con radicado No. 05001-33-31-013-2012-
00441-01, promovido por la señora Virgelina Henao Pérez, contra la
Universidad Nacional de Colombia, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas
las constancias del caso.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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