Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00831-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00831-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2020-00831-00
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
24 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., Veinticuatro (24) de julio de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado: 11001-03-25-000-2020-00831-00 (2523-2020)1
Demandante: Universidad Nacional de Colombia – Fondo
pensional
Demandado: Bernardo Orozco Obando
Trámite: Acción especial de revisión
Tema: Revisión de la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, el Diecinueve
(19) de octubre de Dos Mil Quince (2015), en el
marco de la causal prevista en el literal b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003
Decisión: Sentencia de única instancia
La Sala decide la acción especial de revisión interpuesta por la Universidad
Nacional de Colombia – Fondo Pensional, contra la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F,
Sala de Descongestión, el Diecinueve (19) de octubre de Dos Mil Quince
(2015), que confirmó parcialmente la sentencia del Dos (2) de julio de Dos Mil
Trece (2013), proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo de
Descongestión del Circuito de Bogotá, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con radicado No.
1001333102520110056800, instaurado por el señor Bernardo Orozco Obando
contra la Universidad Nacional de Colombia, por medio de la cual, se accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda y se ordenó la reliquidación de
la pensión de vejez, bajo el 75% de todos los factores devengados en el último
año de servicios.
I. ANTECEDENTES
1
Expediente electrónico.
2
Número Interno: 2523-2020
Demandante: Universidad Nacional de Colombia
Demandado: Bernardo Orozco Obando
1.1 La demanda de revisión2.
1. La Universidad Nacional de Colombia – Fondo Pensional, formuló acción
de revisión, al amparo de los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003, con el propósito que, se infirmen las sentencias proferidas el Dos
(2) de julio de Dos Mil Trece (2013), por el Juzgado Cuarto Administrativo
del Circuito de Bogotá y el Diecinueve (19) de octubre de Dos Mil Quince
(2015), por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F, mediante las cuales, se accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda instaurada por el señor Bernardo Orozco
Obando y, en consecuencia, se ordenó la reliquidación de su pensión de
jubilación con el 75%, del promedio de lo devengado en el último año de
servicios, incluyendo diversos factores salariales.
2. Como consecuencia de lo anterior, la entidad accionante solicita que, se
dejen sin efectos las decisiones judiciales objeto de revisión y, en su lugar,
se ordene al ente universitario que, profiera una nueva liquidación frente a
la pensión de vejez del señor Bernardo Obando, «tasando el IBL con el
promedio de los últimos diez años de servicio de esta».
3. En esa línea, la Universidad Nacional de Colombia – Fondo Pensional,
sostiene que, las providencias cuestionadas desconocieron el alcance del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, así como, la interpretación fijada por la
Sala Plena de la Corte Constitucional en la Sentencia SU-230 de 2015 y
posteriores decisiones de unificación3, según las cuales, el ingreso base de
liquidación no hace parte del régimen de transición y, por tanto, debe
calcularse con fundamento en el promedio de lo devengado durante los
últimos diez (10) años de servicio, o el tiempo faltante para adquirir el
derecho pensional, según corresponda.
2 SAMAI- Índice 00003.
3 Al respecto citó las sentencias de la Corte Constitucional SU-427 de 2016, SU-395 de 2017, SU-023
de 2018, además, la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, proferida por el Consejo de
Estado en el asunto con radicado No. 52001-23-33-000-2012-00143-01.
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Número Interno: 2523-2020
Demandante: Universidad Nacional de Colombia
Demandado: Bernardo Orozco Obando
4. La accionante también solicita que, se ordene el reintegro y compensación
de las sumas pagadas en exceso, como consecuencia de la reliquidación
reconocida en las sentencias objeto de revisión, debidamente indexadas.
5. Sostuvo que, para la fecha en que se profirió la sentencia de segunda
instancia, ya se encontraba vigente la Sentencia SU-230 de 2015 de la
Corte Constitucional, la cual estableció que, el ingreso base de liquidación
de las pensiones sometidas al régimen de transición, debía regirse por las
reglas previstas en la Ley 100 de 1993 y no, por el promedio salarial del
último año de servicios, previsto en la Ley 33 de 1985; providencia que era
anterior a la sentencia de segunda instancia y que desatendió el tribunal
injustificadamente, transgrediendo la sostenibilidad fiscal.
6. Finalmente, la entidad accionante afirmó que, las providencias objeto de
revisión, vulneraron el debido proceso y desconocieron el precedente
constitucional obligatorio, configurándose las causales previstas en el literal
b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, por cuanto, además de reconocer
una prestación superior a la legalmente debida, generaron un impacto
negativo en la sostenibilidad financiera del fondo pensional universitario y
del erario.
1.2 Sentencia objeto de revisión.
7. A través de la sentencia del Diecinueve (19) de octubre de Dos Mil Quince
(2015)4, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección “F”, Sala de Descongestión, dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, con radicado No. 11001-33-31-025-
2011-00568-02, confirmó parcialmente la sentencia del Veintidós (22) de
julio de Dos Mil Trece (2013)5, proferida por el Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito de Bogotá, mediante la cual, se accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda promovida por el señor
4 SAMAI- Índice 00003- Archivo “7547BBAB961F258B17AB42CB294FED0F 9892AB43CA05A57F
1DAECAED3D4D77B4”- Folios 206 a 270.
5 SAMAI- Índice 00003- Archivo “7547BBAB961F258B17AB42CB294FED0F 9892AB43CA05A57F
1DAECAED3D4D77B4”- Folios 180 a 202.
4
Número Interno: 2523-2020
Demandante: Universidad Nacional de Colombia
Demandado: Bernardo Orozco Obando
Bernardo Orozco Obando, contra la Universidad Nacional de Colombia. En
tal sentido, la sentencia de segunda instancia estableció:
«CONFÍRMASE la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto (4) Administrativo de
Descongestión del Circuito Judicial de Bogotá, del 22 de julio de 2003, que accedió a
las pretensiones de la demanda, incoada por el señor BERNARDO OROZCO
OBANDO contra la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, salvo los numerales
2, 3 y 4, los cuales quedarán así:
“Segundo: Como consecuencia de la anterior declaración, ordénase a título
de restablecimiento del derecho, la directora del Fondo Pensional de la
Universidad Nacional de Colombia que proceda a efectuar una nueva
liquidación de la pensión del señor Bernardo Orozco Obando identificado con
la cédula de ciudadanía No. 19.198.720, incluyendo los factores salariales
devengados en el último año de servicios, tales como: asignación básica,
dominicales y festivos, horas extras diurnas ordinarias, indemnización días
compensatorios, y las doceavas partes de la prima de servicios, prima de
navidad, prima de vacaciones, los cuales serán cancelados a partir del 24 de
noviembre de 2008 por prescripción.
Tercero: La entidad demandada deberá pagar la diferencia que resulte entre
la cantidad liquidada y las sumas canceladas por el mismo concepto,
descontando los valores correspondientes a los aportes no efectuados para la
pensión, e indexados pero solo en el porcentaje que le corresponde al
trabajador
Cuarto: Declarar prescritas las mesadas pensionales causadas con
anterioridad del 24 de noviembre de 2008.”»
8. De acuerdo con los elementos probatorios allegados al expediente, el
juzgado en primera instancia concluyó que, el demandante era beneficiario
del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
toda vez que, a la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones,
contaba con más de cuarenta (40) años de edad, razón por la cual, le
resultaban aplicables las Leyes 33 y 62 de 1985, por tanto el
reconocimiento tenía lugar bajo el 75% del salario promedio que sirvió de
base para los aportes durante el último año de servicio.
9. El Tribunal, en segunda instancia, bajo aplicación del mismo supuesto
fáctico y normativo aplicado por el juzgado, determinó que, la pensión
debía reliquidarse, conforme lo previsto por la Ley 33 de 1985, con el 75%
del salario promedio devengado durante el último año de servicios,
comprendido entre el Primero (1) de julio de Dos Mil Siete (2007) y el
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Demandante: Universidad Nacional de Colombia
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Treinta y Uno (31) de mayo de Dos Mil Ocho (2008), incluyendo aquellos
factores salariales percibidos por el demandante.
10. Asimismo, consideró ajustada a derecho la decisión de primera instancia
y, en consecuencia, la confirmó parcialmente, al estimar que, la
demandante tenía derecho a la reliquidación de su pensión, conforme al
régimen previsto en las Leyes 33 y 62 de 1985 y a la jurisprudencia de
unificación de la Sección Segunda del Consejo de Estado del Cuatro (4) de
agosto de Dos Mil Diez (2010), según la cual, los factores salariales fijados
en dichas normas no son taxativos sino meramente enunciativos.
11. No obstante, el Tribunal aclaró la decisión apelada, en el sentido de
establecer, frente a la reliquidación pensional, los factores que integrarían
la base de liquidación de la prestación, definiéndolos en punto de la
asignación básica, dominicales y festivos, horas extras diurnas ordinarias,
indemnización por días compensatorios, las doceavas partes de la prima
de servicios, prima de navidad y prima de vacaciones.
12. Por otra parte, modificó la decisión sobre la prescripción, pues sostuvo que,
«mediante Resolución No. CPS 0064 del 11 de marzo de 2008, le fue reconocida la
pensión de vejez al actor, condicionada al retiro definitivo del servicio el cual se hizo a
partir del 31 de mayo de 2008, luego por medio de la Resolución No. 0279 del 11 de agosto
de 2008, reliquidó dicha prestación, posteriormente el demandante radicó demanda el 24
de noviembre de 2011; teniendo en cuenta lo anterior, el demandante interrumpió el
término prescriptivo hasta la presentación de la demanda, por lo que se reconocerán las
diferencias de las mesadas pensionales reajustadas desde el 24 de noviembre de 2008
en adelante y no como lo dijo el a quo (31 de mayo de 2008), pues se configuró la
prescripción en el presente proceso».
1.3 Causales de revisión invocadas.
13. La entidad accionante, invocó la causal prevista en el literal b) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003, al considerar que, la sentencia objeto de revisión,
reconoció una prestación periódica en una cuantía superior a la legalmente
debida, al ordenar la reliquidación pensional con fundamento en el 75% de
todos los factores devengados durante el último año de servicios.
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14. Respecto de la causal citada, sostuvo que, la providencia cuestionada,
desatendió el criterio para la liquidación de la prestación, establecido por la
Corte Constitucional en la Sentencia SU 230 del Veintinueve (29) de abril
de Dos Mil Quince (2015), conforme con la cual, la liquidación de la pensión
debía realizarse con todos los factores devengados en los últimos diez
años de servicios, más no en el último año de servicio, como lo
establecieron las sentencias objeto de la revisión.
15. En suma, agregó que, las sentencias cuestionadas, desconocieron el
precedente establecido por la Corte Constitucional en las sentencias C-258
de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-395 de 2017 y SU-023 de
2018, además, la tesis que fijó la Sala Plena del Consejo de Estado en la
sentencia de unificación del Veintiocho (28) de agosto de Dos Mil Dieciocho
(2018), con base en las cuales, el ingreso base de liquidación aplicable al
señor Bernardo Orozco Obando, debía incluir el promedio de los salarios
percibidos en los diez últimos años de servicio, atendiendo a los factores
sobre los cuales efectivamente cotizó, y que están previstos por el Decreto
1158 de 1994, pues, el ingreso base de liquidación no integraría el régimen
de transición que le resulta aplicable.
16. Afirmó que, la decisión objeto de revisión, desconoció igualmente la
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado,
según la cual, el ingreso base de liquidación no hace parte del régimen de
transición y, por tanto, debe sujetarse a las reglas del Sistema General de
Pensiones establecidas en la Ley 100 de 1993.
17. De otra parte, planteó que, la sentencia cuestionada ordenó el
reconocimiento de una prestación pensional, por fuera de los parámetros
legalmente establecidos, al incluir factores salariales no autorizados, y
disponer una reliquidación, con base en el último año de servicios, lo que
incrementó indebidamente la cuantía de la prestación y generó un
detrimento para el erario.
18. Finalmente, indicó que, la interpretación adoptada por los jueces de
instancia, desconoce los principios de sostenibilidad fiscal, legalidad del
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gasto público, igualdad y seguridad jurídica, al apartarse del precedente
constitucional vigente, para la fecha en que se profirió la sentencia de
segunda instancia y reconocer una prestación en condiciones más
favorables que las previstas por el legislador.
1.4 Contestación de la demanda de revisión.
19. Mediante el auto del Seis (6) de Marzo de Dos Mil Veintiséis (2026)6, el
despacho sustanciador admitió la acción especial de revisión y, en
aplicación del artículo 6º, inciso 6º, de la Ley 2213 de 2022, ordenó las
notificaciones de rigor. La providencia fue notificada, en debida forma al
señor Bernardo Orozco Obando, el Veinte (20) de abril de Dos Mil
Veintiséis (2026)7, no obstante, este se abstuvo de pronunciarse frente a la
acción.
1.5 Concepto del Ministerio Público.
20. El representante del Ministerio Público8 rindió concepto, argumentando
que, la acción promovida por la entidad demandante debe declararse
infundada, pues, no se configura la causal de revisión invocada, por cuanto,
la providencia censurada si bien se apartó de lo dispuesto por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-230 de 2015, el juez natural-Consejo de
Estado- para la época no había definido la temática referente a, si el ingreso
base de liquidación era objeto del régimen transición, en los términos del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
21. Estableció que, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, no hizo otra
cosa que, seguir la línea jurisprudencial vigente en el Consejo de Estado
para la época, por tanto, la sentencia se ajusta a derecho y a la congruencia
exigida frente a los hechos probados, máxime, si se considera que cumplió
con la carga de transparencia, a efectos de apartarse de la sentencia que
la demandante refiere que fue desconocida.
6 SAMAI- Índice No. 00015.
7 SAMAI- Índice No. 00020.
8 SAMAI- Índice No. 00022.
8
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22. Por último, indicó que, sólo hasta el año Dos Mil Dieciocho (2018), el
Consejo de Estado unificó su criterio en punto de la temática abordada en
las providencias censuradas, definiendo incluso frente a las reglas de
unificación establecidas en torno a la aplicación del régimen de transición
previsto en la Ley 100 de 1993, que, dichas reglas tendrían aplicación sobre
los casos cuya decisión se encontrara pendiente, más no frente a las
providencias ejecutoriadas que abordaron dichos asuntos.
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia.
23. La Sala de Subsección es competente para conocer y decidir la presente
acción, según lo previsto en los artículos 249 del CPACA9 y 20 de la Ley
797 de 200310, en concordancia con lo previsto en el artículo 13 del
reglamento de esta Corporación, contenido en el Acuerdo 080 del doce (12)
de marzo de dos mil diecinueve (2019)11.
2.2 Oportunidad.
24. En punto de la oportunidad de la acción especial, se tiene que, la sentencia
objeto de revisión, fue proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “F”, Sala de Descongestión,
el Diecinueve (19) de octubre de Dos Mil Quince (2015) y notificada por
edicto, fijado entre el Once (11) y el Trece (13) de noviembre de Dos Mil
Quince (2015), cobrando ejecutoria el Diecinueve (19) de noviembre de
Dos Mil Quince (2015)12, de tal suerte que, el término de caducidad fijado
en el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011, habría corrido entre el Veinte
(20) de noviembre de Dos Mil Quince (2015) y el Veinte (20) de noviembre
9 «[…] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales
Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. […]»
10 «Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que
impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de
dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte
Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias»
11 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».
12 SAMAI- Índice 00003- Archivo “7547BBAB961F258B17AB42CB294FED0F 9892AB43CA05A57F
1DAECAED3D4D77B4”- Folio 273.
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de Dos Mil Veinte (2020), la demanda fue radicada el Veintiocho (28) de
septiembre de Dos Mil Veinte (2020)13, por lo tanto, no se superó el término
de cinco (5) años previsto para la interposición de este mecanismo de
revisión.
2.3 Problema jurídico.
25. Corresponde a la Sala, establecer lo siguiente:
25.1. ¿La sentencia proferida por la Sala de Descongestión de la Sección
Segunda, Subsección F del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, el Diecinueve (19) de octubre de Dos Mil Quince
(2015), mediante la cual, se confirmó parcialmente la sentencia del
Dos (2) de julio de Dos Mil Trece (2013), proferida por el Juzgado
Cuarto Administrativo de Descongestión del Circuito de Bogotá,
está incursa en la causal de revisión consagrada en el literal b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003? Con tal fin, se debe verificar:
25.2. ¿La reliquidación de la pensión de jubilación del señor Bernardo
Orozco Obando, se efectuó aplicando indebidamente el régimen de
transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 al ingreso
base de liquidación —IBL?
25.3. ¿Cómo consecuencia de ello, la cuantía de la prestación reconocida
excedió lo debido de acuerdo con la ley, al ordenarse la
reliquidación pensional con fundamento en el 75% del promedio de
lo devengado durante el último año de servicios?
26. Con el propósito de desatar el problema jurídico planteado, se abordarán
los siguientes capítulos: 2.4) el marco normativo y jurisprudencial de la
acción especial de revisión; 2.5) el caso concreto; y 2.6) la condena en
costas.
2.4 Marco normativo y jurisprudencial.
13 SAMAI- Índice 00003- Acta de reparto.
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2.4.1 Acción especial de revisión de la Ley 797 de 2003: objeto y alcance.
27. El artículo 20 de la Ley 797 de 2003, instituyó una acción especial de
revisión de providencias judiciales, de la siguiente manera:
«Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del
tesoro público o de fondos de naturaleza pública. Las providencias
judiciales que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al
tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas
periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas
por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus
competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor
General de la República o del Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una
transacción o conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso
extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse por las
causales consagradas para este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso,
y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo
con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»
28. Dicha acción, entonces, está orientada a restablecer la justicia material14 y
comporta una herramienta excepcional que se opone a los principios de
cosa juzgada y seguridad jurídica, razón por la cual, esta Corporación ha
sostenido que «sólo debe admitirse frente a un fin legítimo, que en estos
asuntos es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación
al debido proceso o, si como en este caso se invoca, la cuantía reconocida
excede lo ordenado por la ley»15.
29. Por tanto, las causales que el legislador prevé como únicas para superar y
quebrar la seguridad jurídica que se deriva de una sentencia judicial, en
caso de su prosperidad, atienden a circunstancias específicas y objetivas,
que no corresponden a un cuestionamiento de valoraciones de tipo jurídico,
fáctico o probatorio, adelantado por el juzgador en el proceso que dio lugar
a la decisión cuestionada. Por ello, no puede utilizarse este medio
14 Ver Corte Constitucional, Sala Plena; sentencia C-450 de 16 de julio de 2015.
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia de 1° de agosto de 2024; consejero
ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas.
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impugnativo, so pretexto de reabrir el debate jurídico o revivir una
valoración probatoria, que fue realizada por el juez de instancia.
30. De forma consistente, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado
que, la rigurosidad de esta clase de asuntos, no permite que el juzgador se
aproxime a alguna causal que no fue debidamente planteada y soportada,
ni tampoco permite convertir esta vía en una tercera instancia, pues ello
desnaturalizaría la función de esta clase de instrumentos extraordinarios16.
31. Finalmente, resulta necesario aclarar que la adopción del trámite propio de
la acción especial de revisión establecido en el CPACA, no significa, como
lo explicó la Sala Especial de Decisión 25 de esta Colegiatura, en sentencia
del cuatro (4) de junio de 2019, «que la acción especial contenida en esa normativa
y el referido recurso sean equiparables jurídicamente, sino solo que el trámite 17 […] pues
esta acción especial “tiene un carácter sui generis 18, dado que, más allá de que pueda
infirmar una sentencia ejecutoriada –al igual que el recurso extraordinario de revisión –,
presenta unas particularidades que le otorgan una entidad propia 19», tal como el
análisis que sobre su configuración realiza el juez de esta acción20.
2.4.2. Alcance de la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003 - Ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas
de acuerdo con el régimen de transición dispuesto en la Ley 100 de 1993.
16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alier Eduardo Hernández
Enríquez, 24 de febrero de 2004, exp. 15001-03-15-000-00793-00 y Consejo de Estado, Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo, C.P. Alberto Yepes Barreiro, 26 de febrero de 2013, exp. 15001-03-15-
000-01027-00.
17 Esta Corporación ha indicado que con la demanda de revisión se inicia una instancia con trámite propio
y diferentes etapas procesales que culminan con un fallo definitorio sobre la legalidad de la sentencia
ejecutoriada, conclusión que la ha llevado a concluir que el recurso extraordinario de revisión constituye
un nuevo proceso o inclusive una acción o medio de control más. Ver: Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo. Auto de 12 de agosto de 2014 [Rad. 11001-03-15-000-2013-02110-00]. MP. Bertha Lucía
Ramírez de Páez; Salas Especiales de Decisión No. 22 y 25. Sentencias de 3 de marzo de2015 [Rad.
11001-03-15-000-2014-00579-00 (REV)]. MP. Alberto Yepes Barreiro [Rad. 11001-03-15-000-2012-01776-
00 (REV)]. MP. (E) Hernán Andrade Rincón. La Corte Constitucional, en el marco de la acción especial
revisión, ha aceptado que esta se realiza a través de una demanda sometida a las formalidades y
requisitos del recurso extraordinario de revisión. Ver: Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime
Araújo Rentería.
18 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería. En esta
providencia se indicó, como una novedad del artículo 20 de la Ley 797/03, que la acción especial o “sui
generis” de revisión procedía no solo contra sentencias sino también contra los actos contentivos de
transacciones o conciliaciones judiciales o extrajudiciales, con base en las causales generales y el
trámite previsto para el recurso extraordinario de revisión en el CCA – hoy en el CPACA –. Agregó que
las dos (2) causales especiales introducidas por esa norma sólo se predicaban únicamente respecto de
las sentencias.
19 Esta Corporación ha destacado que las particularidades de la acción especial de revisión le otorgan
una entidad propia, reflejada principalmente en la legitimación por activa calificada y su finalidad. Ver:
Sección Segunda. Auto de 27 de marzo de 2014 [Rad. 11001-03-25-000-2012-00561-00(2129-12)]. MP.
Gerardo Arenas Monsalve, y [sA] sentencia de 17 de mayo de 2018 [Rad. 11001-03-25-000-2014-00665-
00(2074-14)]. MP. William Hernández Gómez.
20 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, Exp. 2014-02013-00. M.P. Dra. Marta Nubia
Velásquez Rico.
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32. La causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003
dispone que «cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo
con la ley, pacto, o convención colectiva que le eran legalmente aplicables» , es decir,
cuando la sentencia reconoce una prestación por un monto que no
corresponde a lo legal o convencionalmente procedente.
33. Ahora bien, en asuntos como el que nos ocupa, la inconformidad de la
recurrente se funda en la falta de aplicación de las reglas establecidas por
la Corte Constitucional en las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015,
SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017, a partir de las cuales,
se advierte que, el ingreso base de liquidación de las pensiones
reconocidas al amparo del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, es
el previsto en el inciso tercero del artículo 36 de dicha norma, pues, aquel
no hace parte de los beneficios que éste otorga.
34. No obstante, el estado del arte normativo y jurisprudencial con respecto a
la interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, revela que , la
controversia no se agota en la simple confrontación de las normas
aplicables y la sentencia revisada, sino que, impone un análisis más
detallado y cuidadoso. En efecto, se tiene que, antes de la entrada en vigor
de la Ley 100 de 1993, los requisitos y condiciones generales para acceder
a la pensión de jubilación, por parte de los servidores públicos, se
encontraban contenidas en la Ley 33 de 1985, norma que tenía previsto
que todo «empleado oficial» que acumulara 20 años de servicio y llegara a los
55 años de edad, tendría derecho al reconocimiento y pago de «una pensión
mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario
promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio».
35. Así, aunque la Ley 100 de 1993 supuso el establecimiento de unas nuevas
reglas, con arreglo a las cuales, resulta posible causar el derecho a
devengar una pensión, el Legislador previó la posibilidad de acceder a un
régimen de transición, en los términos señalados en el artículo 36 de la
13
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norma en cuestión21, aludiendo a los componentes de edad, tiempo de
servicios y monto de la pensión, a efectos de proteger las expectativas
legítimas de las personas próximas a pensionarse.
36. Dicho articulado no siempre fue interpretado de manera uniforme, motivo
por el cual, la Sección Segunda de esta Corporación, en la sentencia de
unificación proferida el cuatro (4) de agosto de dos mil diez (2010)22, acogió
el principio de inescindibilidad, conforme al cual dispuso que, a los
beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, les debía ser
aplicada, en su totalidad, la normativa de la cual eran destinatarios al
momento en que esta entró en vigor, y concluyó que: «(…) la Ley 33 de 1985
no indicó en forma taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación
pensional, sino que los mismos están simplemente enunciados y no impiden la inclusión
de otros conceptos devengados por el trabajador durante el último año de prestación de
servicios».
37. Tal interpretación permaneció invariable hasta la expedición de la
sentencia SU-230 de 2015, en la que la Corte Constitucional modificó el
sentido de su jurisprudencia referente al inciso tercero del artículo 36 de la
Ley 100 de 1993, y precisó que, el ingreso base de liquidación no es un
elemento del régimen de transición previsto en el artículo 36 ibídem y, por
tal razón, dichas pensiones deben ser liquidadas calculando el porcentaje
previsto a manera de monto por el régimen anterior, sobre el ingreso base
de liquidación previsto en la Ley 100 de 1993.
21 «ARTICULO. 36.- Régimen de transición. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en
cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha
en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los
hombres.
La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y
el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el sistema tengan
treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son
hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al
cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para
acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente ley. El ingreso
base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos
de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere
falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con
base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. Sin
embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta fuese igual o inferior a dos (2) años a la entrada en
vigencia de la presente ley, el ingreso base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado
en los dos (2) últimos años, para los trabajadores del sector privado y de un (1) año para los servidores
públicos. […]»
22 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia de Unificación de 4 de agosto de 2010. Radicación:
0112-2009. Demandante: Luis Mario Velandia. Demandado: Cajanal. Magistrado ponente: Víctor Hernán
Alvarado Ardila.
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38. La postura antedicha generó una divergencia interpretativa , que sólo fue
superada con la emisión de la sentencia de unificación jurisprudencial del
veintiocho (28) de agosto de 201823, en la cual, la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo modificó la postura que sostenía la Sección
Segunda, en los siguientes términos:
«[…] 92. De acuerdo con lo expuesto, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo sienta la siguiente regla jurisprudencial: “El Ingreso Base de
Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace
parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del
mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de
reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985”.
93. Para este grupo de beneficiarios del régimen de transición y para efectos de
liquidar el IBL como quedó planteado anteriormente, el Consejo de Estado fija
las siguientes subreglas:
94. La primera subregla es que para los servidores públicos que se pensionen
conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985, el periodo para liquidar la
pensión es:
• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el
ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el
tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo,
el que fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del
Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el
promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado
durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión,
actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al
consumidor, según certificación que expida el DANE.
[…] 96. La segunda subregla es que los factores salariales que se deben incluir
en el IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la
transición son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes
o cotizaciones al Sistema de Pensiones […]».
39. En consecuencia, si bien es cierto que, la jurisprudencia en vigor de la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado prevé que el ingreso base de
liquidación no es un elemento integrante del régimen de transición previsto
en la Ley 100 de 1993, también lo es que, con antelación a la emisión del
citado fallo de veintiocho (28) de agosto de dos mil dieciocho (2018), la
posición unificada del Máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo
era distinta, postura que, con pleno sustento legal y constitucional,
23 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 28 de agosto de 2018,
Expediente 52001-23-33-000-2012-00143-01, C.P. Dr. César Palomino Cortés.
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acogieron no pocos juzgados y tribunales administrativos del país a la hora
de proferir sus decisiones.
40. Dicha situación no fue desatendida en la sentencia de unificación del
veintiocho (28) de agosto de dos mil dieciocho (2018) y, con el objeto de
clarificar la aplicación de las reglas jurisprudenciales fijadas, se
establecieron los efectos de la decisión de la siguiente manera:
«[…] 115. La Sala Plena de esta Corporación, por regla general, ha dado
aplicación al precedente en forma retrospectiva, método al que se acudirá en
esta sentencia, disponiendo que las reglas jurisprudenciales que se fijaron en
este pronunciamiento se aplican a todos los casos pendientes de solución tanto
en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo
los casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio
de seguridad jurídica, resultan inmodificables.
116. Para la Sala, los efectos que se dan a esta decisión garantizan la seguridad
jurídica y dan prevalencia a los principios fundamentales de la Seguridad Social,
por ello no puede invocarse el principio de igualdad, so pretexto de solicitar la no
aplicación de esta sentencia.
117. No puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de
unificación las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el
régimen de transición, con fundamento en la tesis que sostenía la Sección
Segunda del Consejo de Estado, lo fueron con abuso del derecho o fraude
a la ley; de manera que si se llegare a interponer un recurso extraordinario
de revisión contra una sentencia que haya reconocido una pensión bajo
esa tesis, será el juez, en cada caso, el que defina la prosperidad o no de la
causal invocada […]».
41. Así las cosas, en punto a concretar el alcance de la causal prevista en el
literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, en aquellos casos en los
que, en el marco de interpretación del inciso tercero del artículo 36 de la
Ley 100 de 1993, se acusa una determinada providencia judicial de ordenar
la liquidación de una pensión en una cuantía que excede lo que legalmente
corresponde, conforme a la copiosa jurisprudencia de esta Corporación, es
viable compilar las siguientes subreglas de aplicación normativa:
a. El cambio jurisprudencial adoptado con la sentencia de unificación jurisprudencial
de 28 de agosto de 2018 24 no configura, por sí solo, infracción de las normas
pensionales que fijan el ingreso base de las pensiones reconocidas en virtud del
régimen de transición de la Ley 100 de 1993.
24 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 28 de agosto de 2018,
Expediente núm. 52001-23-33-000-2012-00143-01, C.P. Dr. César Palomino Cortés.
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b. Las sentencias proferidas con antelación a la ejecutoria de la providencia de
unificación jurisprudencial de 28 de agosto de 2018 25 en las que se hubiere
preferido dar aplicación a la posición de unificación impuesta por esta Corporación
con fallo de 4 de agosto de 2010 y no así a la tesis expuesta en sentencia SU-230
de 2015 no contravienen, por ese solo hecho, las normas que rigen el
reconocimiento de pensiones al amparo del régimen de transición del artículo 36
de la Ley 100 de 1993.
c. En todo caso, corresponde al juez de revisión establecer, de acuerdo con las
particularidades de cada caso, si la sentencia objetada hizo posible el
reconocimiento de una pensión con abuso del derecho o fraude a la ley, en la
medida que la cuantía excedió el límite legal.
42. Bajo ese entendimiento, el análisis en sede de revisión, no se agota en la
verificación de la postura jurisprudencial aplicada en la sentencia
cuestionada, sino que, exige constatar en el caso concreto, si la liquidación
pensional reconocida desbordó los parámetros legales, de manera tal que ,
configure un reconocimiento indebido de la prestación en cuantía superior
a la permitida por el ordenamiento.
43. Así las cosas, en atención al derrotero jurisprudencial citado en torno al
régimen de transición, se procede a resolver el asunto objeto de revisión.
2.5 Caso concreto.
44. En el sublite, corresponde a la Sala analizar si se configuró la causal
prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, relativa a si la
cuantía del derecho reconocido, excedió lo debido conforme a la ley,
comoquiera que, se habría reliquidado la pensión de jubilación de
titularidad del señor Bernardo Orozco Obando.
45. Sobre el particular, la Sala reitera la subregla jurisprudencial previamente
expuesta, conforme a la cual, las sentencias proferidas con anterioridad a
la providencia de unificación del Veintiocho (28) de agosto de Dos Mil
Dieciocho (2018), que hubiesen aplicado la tesis acogida por el Consejo de
Estado en la sentencia del Cuatro (4) de agosto de Dos Mil Diez (2010), no
25 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 28 de agosto de 2018,
Expediente núm. 52001-23-33-000-2012-00143-01, C.P. Dr. César Palomino Cortés.
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contravienen, por ese solo hecho, el ordenamiento jurídico aplicable en
materia pensional.
46. En el presente asunto, se observa que, la providencia de segunda instancia
objeto de revisión —proferidas en los años Dos Mil Trece (2013) y Dos Mil
Quince (2015)— fueron dictadas en vigencia de la línea jurisprudencial
consolidada por esta Corporación, según la cual, para los beneficiarios del
régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
resultaba procedente aplicar integralmente el régimen anterior, incluyendo
la forma de determinar el ingreso base de liquidación y la inclusión de
aquellos factores salariales percibidos de manera habitual y periódica
durante el último año de servicios.
47. Asimismo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al resolver el
recurso de apelación, reiteró expresamente que, la interpretación acogida
en la sentencia de unificación del Cuatro (4) de agosto de Dos Mil Diez
(2010), constituía el precedente vertical aplicable para la época y, en
consecuencia, concluyó que, los factores previstos en las Leyes 33 y 62 de
1985 no eran taxativos sino meramente enunciativos, motivo por el cual,
procedía incluir aquellos emolumentos salariales devengados habitual y
periódicamente como contraprestación directa del servicio.
48. Bajo ese entendimiento, la decisión cuestionada no se apartó
arbitrariamente del ordenamiento jurídico, sino que, por el contrario, se
ajustó al precedente jurisprudencial vigente y obligatorio para el momento
en que fue proferida, circunstancia que, impide afirmar que, por ese solo
hecho, se hubiese reconocido una prestación pensional contraria a
derecho.
49. Ahora bien, como lo ha indicado la presente Subsección previamente26, no
basta con constatar la aplicación de una determinada postura
jurisprudencial, sino que, corresponde verificar si, en el caso concreto, la
reliquidación ordenada comportó un reconocimiento pensional excesivo,
constitutivo de abuso del derecho o fraude a la ley; sobre este punto, la
26 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia de 4 de junio de 2026. Radicado:
11001-03-25-000-2019-00779-00 (5891-2019). C.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.
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Sala reitera que, «la acción de revisión se erige como una herramienta judicial cuyo
ejercicio hace prevalecer el interés de la colectividad por encima del particular al detener
o armonizar con la ley el pago de pensiones reconocidas en exceso […]» 27
50. En el asunto objeto de estudio, la Sala advierte que, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, lejos de ordenar una inclusión
indiscriminada de factores salariales, efectuó un análisis detallado de cada
uno de los conceptos devengados por la demandante, durante el último
año de servicios, y excluyó expresamente, aquellos que, no constituían
factor salarial computable para efectos pensionales.
51. En efecto, la sentencia de segunda instancia, precisó que, no había lugar
a incluir en la reliquidación pensional, la bonificación por recreación, las
«vacaciones del periodo», la bonificación de bienestar universitario, el ajuste
compensación de vacaciones por retiro, la bonificación de compensación
por retiro, el ajuste de quinquenio por retiro, al considerar que, tales
conceptos no constituían salario, o no habían sido percibidos habitual y
periódicamente durante el período base de liquidación.
52. Así las cosas, el Tribunal limitó la reliquidación pensional a la inclusión de
la asignación básica, dominicales y festivos, horas extras diurnas
ordinarias, indemnización por días compensatorios, las doceavas partes de
la prima de servicios, prima de navidad y prima de vacaciones, esto es,
factores que, conforme al criterio jurisprudencial vigente para la época, sí
podían integrar la base de liquidación pensional.
53. Tal circunstancia, evidencia que, la reliquidación ordenada en sede judicial,
no obedeció a un reconocimiento arbitrario o caprichoso de emolumentos
extralegales, sino al resultado de un ejercicio argumentativo y probatorio
encaminado a identificar aquellos conceptos salariales que, conforme al
precedente aplicable, para el momento de la decisión, podían integrar el
ingreso base de liquidación de la prestación.
54. La reliquidación pensional ordenada en sede judicial, fue materializada
mediante la Resolución FP-0145 del Dieciséis (16) de mayo de Dos Mil
27 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 27 de mayo de 2021. Radicado:
11001-03-25-000-2018-01538-00. M.P.: Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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Dieciséis (2016)28, expedida por el Fondo Pensional de la Universidad
Nacional de Colombia, mediante la cual, la entidad reliquidó la pensión de
jubilación del señor Bernardo Orozco Obando, con fundamento en el 75%
del promedio mensual, de los salarios devengados durante el último año
de servicios, incluyendo la asignación básica, dominicales y festivos,
ajustes a horas extras diurnas ordinarias, ajustes a horas extras festivos,
indemnización por días compensatorios, bonificación por servicios
prestados y, la prima de navidad, prima de vacaciones, bonificación por
servicios prestados y prima de servicios, conforme a lo ordenado por el
Tribunal.
55. Para tal efecto, el Fondo Pensional de la Universidad Nacional de
Colombia, diferenció expresamente, entre factores legales y factores
extralegales, precisando que, respecto de estos últimos, la Universidad no
había efectuado descuentos para aportes pensionales, debido a que la Ley
33 de 1985 no autorizaba su cotización; en consecuencia, la entidad realizó
el cálculo individualizado de los factores incluidos en la reliquidación,
discriminando los conceptos correspondientes a asignación básica,
bonificación por servicios prestados, prima de servicios, prima de navidad
y prima de vacaciones.
56. Así, la resolución de cumplimiento, determinó que, el valor total anual
devengado ascendía a Veinticuatro Millones Novecientos Ochenta Mil
Ciento Doce Pesos ($24.980.112), suma que, dividida en doce
mensualidades y aplicada la tasa de reemplazo del 75%, arrojó una
mesada pensional de Un Millón Quinientos Sesenta y Un Mil Doscientos
Cincuenta y Siete Pesos ($1.561.257), con efectos fiscales a partir del
Veinticuatro (24) de noviembre de Dos Mil Ocho (2008).
28SAMAI- Índice 00003- Archivo “7547BBAB961F258B17AB42CB294FED0F 9892AB43CA05A57F
1DAECAED3D4D77B4”- Folios 296 a 302.
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57. La Sala no advierte que, la cuantía reconocida al señor Bernardo Orozco
Obando, resulte ostensiblemente desproporcionada, exorbitante o ajena a
su historia laboral y salarial, pues, la prestación fue calculada con
fundamento en factores efectivamente devengados y certificados por la
propia Universidad Nacional de Colombia, durante el último año de
servicios.
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58. En esa medida, la Sala no encuentra acreditado que, la reliquidación
pensional, reconocida en las providencias objeto de revisión, hubiese
configurado un abuso del derecho o un fraude a la ley, ni que hubiese
generado un privilegio manifiestamente injustificado, en detrimento del
erario público.
59. Siendo así las cosas, la Sala concluye que, la sentencia cuestionada, fue
proferida en armonía con el marco normativo y jurisprudencial vigente para
la época y que, la cuantía pensional reconocida al señor Bernardo Orozco
Obando, no excedió lo debido conforme a la ley, razón por la cual, no se
configura la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003.
60. En consecuencia, al no acreditarse la configuración de la causal invocada
por la Universidad Nacional de Colombia – Fondo Pensional, se declarará
infundada la acción especial de revisión.
2.6) Condena en costas.
61. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 188 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, no se dispondrá sobre
la condena en costas, dada la naturaleza del asunto, lo cual releva de hacer
el estudio de los demás presupuestos establecidos en tal artículo.
2.7) Conclusión.
62. La Sala concluye que, la acción especial de revisión no está llamada a
prosperar, por cuanto la Universidad Nacional de Colombia – Fondo
Pensional, no acreditó que la sentencia objeto de censura, proferidas por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F, Sala de Descongestión, y el Juzgado Cuarto Administrativo
de Descongestión del Circuito de Bogotá, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con radicado No. 11001-33-31-
025-2011-00568-00 (01), hubieren ordenado la reliquidación de la pensión
de vejez de titularidad del señor Bernardo Orozco Obando, en cuantía
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superior a la legalmente debida.
63. En efecto, quedó demostrado que, la providencia cuestionada fue proferida
con fundamento en la posición jurisprudencial vigente para la época, y que
la propia sentencia previó el descuento de los aportes correspondientes a
los factores salariales incluidos en la reliquidación. En consecuencia, se
declarará infundada la acción especial de revisión y se mantendrá incólume
la sentencia objeto de este mecanismo de impugnación extraordinario.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADA la acción especial de revisión,
interpuesta por la Universidad Nacional de Colombia, contra la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F, Sala de Descongestión, el Diecinueve (19) de octubre de Dos
Mil Quince (2015), mediante la cual, se confirmó parcialmente la sentencia del
Dos (2) de julio de Dos Mil Trece (2013), proferida por el Juzgado Cuarto
Administrativo de Descongestión del Circuito de Bogotá, dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con radicado No. 11001-
33-31-025-2011-00568-00 (01), instaurado por el señor Bernardo Orozco
Obando, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas
las constancias del caso.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
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Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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